1La comunidad encuentra su expresión institucional a través de órganos de poder específicos. En este capítulo, nos interesaremos por las modalidades de selección de las autoridades, así como por el fundamento de la autoridad en la comunidad. Igualmente, analizaremos el marco social de toma de decisiones en este nivel, a través y también más allá, del marco estrictamente institucional y conforme a los usos locales. Enseguida, trataremos acerca de las empresas públicas que emanan del poder local, así como el cumplimiento de las obligaciones delos ciudadanos y la repartición de los beneficios que resulta de ello.

EL PODER Y LOS CARGOS DE AUTORIDAD

2La comunidad aldeana de San Carlos posee una organización política propia. Los órganos que se derivan de ella debaten y toman decisiones que tienen que ver con la defensa y el funcionamiento de la comunidad en su conjunto, así como las relaciones que mantiene con las comunidades vecinas como con las personas y las instituciones exteriores y, entre estas últimas, las instancias políticas y administrativas que dependen del Estado central del Perú. Este último, en la continuación de las medidas adoptadas en la época colonial -en un momento puestas entre paréntesis por las políticas post independentistas y republicanas que reflejan el individualismo liberal del siglo diecinueve- ha institucionalizado la estructura social y política comunitaria aldeana indígena en el marco de una relación colectiva y autónoma a una posición determinada del territorio. Este-estatus está garantizado en la comunidad por una disposición de la constitución peruana de 1920. Una entidad aldeana debe, sin embargo, ser precisamente designada como comunidad por el gobierno central antes de beneficiarse como tal. La ley sobre las comunidades campesinas elaborada a inicios de los años 70 bajo el régimen del general Velasco, y hoy día en tela de juicio, precisa el derecho constitucional y el derecho consuetudinario en la materia que, al mismo tiempo, impone a la comunidad formas de decisión inspiradas en modelos democráticos exteriores. Estas disposiciones constitucionales y legales están todavía en vigencia, a pesar de las amenazas recientes de desmembramiento institucional comunitario. Es así como en el Perú, la comunidad aldeana “indígena” hasta 1970 y “campesina” después, dispone de órganos políticos distintos de los de la municipalidad, centro urbano del distrito y escalón inferior de la administración del Estado central.

3Conviene tener presente previamente que, más que las instituciones, son las modalidades locales de puesta en práctica, incluso el desvío, de estas instituciones, las que nos informan acerca de las estructuras particulares de autoridad de la comunidad, independientemente de la voluntad del legislador central o exterior.1

4El gobernador es el representante principal de las autoridades administrativas del Estado en el territorio del distrito, su más pequeña división territorial, del cual el municipio de San Carlos constituye el centro residencial. La aldea de Pedro-Ruiz-Jazán, en lo que a ella respecta, está constituida desde 1981 en distrito propio, sobre las partes inferiores de los territorios de San Carlos y Cuispes. El Gobernador se encarga de hacer aplicar las instrucciones del poder central, así como las de las autoridades municipales y comunales del distrito. Recibe las más diversas quejas, instruye los delitos locales y, de manera general, asegura el orden público. Ocasionalmente, es asistido en estas tareas por un teniente gobernador, incluso en caso de necesidad, por la policía nacional que tiene su base en Pedro-Ruiz-Jazán. El gobernador confía al juez de paz las personas susceptibles de ser sancionadas o las que sufran querellas judiciales. Así, el juez puede imponer pequeñas sanciones o diferir un caso a la jurisdicción provincial. Igualmente, el juez sirve de árbitro en los conflictos de interés o entre personas y habitantes de la aldea o del distrito, sobre aspectos que no conciernen la relación con la tierra comunal. Además de sus funciones oficiales, el juez garantiza el respeto general a las instituciones consuetudinarias. Para este propósito, es él quien exhorta a los habitantes a la toma de responsabilidades sociales, especialmente rituales, en el ámbito de la comunidad y que controla la buena ejecución de ellas. El gobernador está especialmente encargado de asistirlo en esta tarea, interpelando directamente a las personas involucradas. Igualmente, el juez cuenta con la asistencia de dos alguaciles que desempeñan el papel de encuestadores y con un secretario. El gobernador y el juez tienen cada uno una pequeña oficina puesta a su disposición por el Consejo municipal.

5El conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres de más de 18 años domiciliados en San Carlos, se reúne de vez en cuando en una asamblea que lleva el nombre de cabildo abierto. Este último determina, desde su propia iniciativa o por proposición de sus representantes que forman el Consejo municipal, los actos que tienen que cumplirse en materia de urbanización y de servicios colectivos en el territorio del centro residencial. Antes de la reforma de tas comunidades campesinas y de las municipalidades realizada por el régimen velazquista al inicios de los años 70, el cabildo abierto no era más que un órgano de ratificación de las decisiones tomadas por el Consejo municipal que se confundía con el Consejo distrital, compuesto de personalidades locales que representaban oficialmente al poder central y los poderes regionales, y que se reunían raramente. Actualmente, el Consejo municipal, que está colocado bajo la presidencia del alcalde, no es en principio más que el órgano administrativo encargado de ejecutar tas decisiones tomadas por el cabildo y administrar cotidianamente el entorno urbano. Por otra parte, el cabildo abierto y el Consejo municipal instauran de común acuerdo, en algunas oportunidades, comités formados por un presidente, un secretario y un tesorero, a menudo antiguas autoridades locales. Estos comités se encargan de tomar en sus manos la ejecución de obras particulares decididas por la asamblea y sus responsables ante ella. Así sucedió, particularmente, con los comités para el dispensario y para la distribución del agua potable creados en el transcurso de los años 80, o los que fueron establecidos en los años 90 para instalar el sistema de alcantarillados y la red de electricidad.

6Hasta la entrega por el Estado de los títulos oficiales de la comunidad a las nuevas autoridades comunales, el 5 de enero de 1949, el Consejo municipal instaurado en el siglo veinte en la prolongación de tas antiguas instituciones indígenas que existían en el escalón local en la época colonial, cumplían igualmente las funciones de las autoridades actuales de la comunidad, institución independiente del municipio. El reconocimiento oficial y legal de la comunidad de San Carlos fue acordado inmediatamente después de las diligencias efectuadas en este sentido por las autoridades municipales del momento, con el fin de oponerse al acaparamiento privativo, de parte de algunos de sus miembros influyentes, de las tierras de la comunidad, que numerosos fallos que resultaron de juicios territoriales habían ya ratificado en su existencia jurídica.

7La comunidad ejerce institucionalmente su autoridad a través de los órganos establecidos por la legislación nacional, a comienzos de los años 70, sobre las comunidades campesinas. Se trata de la asamblea compuesta de todos los miembros de la comunidad, en realidad de los jefes de unidades domésticas en su mayor parte. Igualmente, se trata del Consejo de administración y del Consejo de vigilancia, ambos compuestos de representantes de la asamblea y llevados a fines de los 80 a un solo órgano: el Consejo de dirección.

8La asamblea constituye la autoridad principal de la comunidad. Es ella la que toma las decisiones esenciales que salen de esta. Entre las funciones ejercidas por la asamblea, existe la que consiste en acordar y retirar el estatus de miembro a una persona determinada. Así, es la comunidad misma la que determina los contornos de su identidad de grupo. La asamblea toma estas decisiones con respecto de las personas originarias de la aldea e igualmente de los inmigrados, especialmente en función del comportamiento social del cual hacen prueba estas personas respecto de la comunidad. Por otro lado, garantiza la integridad de su territorio y de los recursos naturales que la componen frente a las codicias de las comunidades vecinas o de propietarios territoriales particulares, incluidos allí sus propios miembros. Asimismo, sancionando el lazo entre el conjunto de sus miembros y su territorio, en estas porciones indivisibles y en sus espacios repartidos en parcelas, construye y mantiene la solidaridad y el equilibrio internos de los componentes de la comunidad. De hecho, es en su función de garante territorial que la asamblea comunitaria invierte más energía. Es igualmente ella, por modalidades concretas puestas a punto en el Consejo de los dirigentes de la comunidad, que autoriza el uso residencial y la explotación temporal de la tierra por sus miembros individuales y que fija la naturaleza y el calendario de las operaciones agrícolas y pecuarias en ciertas porciones del territorio. Por último, la asamblea determina su propio reglamento interno y elige en su seno ciertos responsables principales, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por las autoridades nacionales. Por otra parte, la comunidad decide y dirige los trabajos de infraestructura llevados a cabo, generalmente, con fines ante todo estratégicos, sobre el territorio comunal exterior al centro urbano residencial.

9El Consejo de dirección de la comunidad se encarga tanto de la ejecución delas decisiones de la asamblea comunitaria como del establecimiento de proposiciones por realizar en este. Se compone de un presidente, de un vicepresidente, de un secretario, de un tesorero y de otros dos miembros llamados vocales. Se reúne regularmente en alternancia con la asamblea. Tiene como función velar por el respeto de los reglamentos comunitarios y, si es necesario, apelar a la colaboración del gobernador y de voluntarios. Asimismo, representa a la comunidad en el exterior. A veces debe tomar decisiones en los asuntos urgentes sin referirse a la asamblea, pero debe dar cuenta de sus acciones a esta. Además de pedirle cuentas, la asamblea puede exigir y obtener el reemplazo de los miembros del Consejo y, en los casos más graves, enjuiciarlos ante las jurisdicciones provinciales. Los consejeros de la comunidad intervienen también para resolver los conflictos que se manifiestan en el acceso a la tierra como al uso de esta. Hasta fines de los años 80, un Consejo de-vigilancia, instituido sobre el mismo modelo que el Consejo de dirección, entonces denominado de administración, tenía como función específica el control de la actividad y del buen funcionamiento de este ultimo y dar cuenta, eventualmente, de sus observaciones a la asamblea. Más allá de ciertas especificidades de función, los miembros de cada uno de los Consejos, al ser cada uno completamente responsable, trabajan en estrecha cooperación con los otros miembros de su Consejo respectivo. Es siempre el caso del actual Consejo de dirección de la comunidad.

10Debemos hacer notar que, además de las personas oficialmente investidas de autoridad en ámbito local, ya sea en los órganos de la comunidad, en aquellos de la municipalidad o en los puestos de justicia o de la policía, existen ciertas personas que han ocupado numerosos cargos públicos en el curso de sus carreras y que disponen de una autoridad moral particular. Ellas intervienen frecuentemente ante los diversos órganos de decisión y en materias variadas. Además, juegan un papel decisivo en las decisiones más diversas y constituven las asesores secretos del poder local.

11Las autoridades de la comunidad no intervienen directamente en la toma de responsabilidades rituales y festivas. De todas maneras, no se observa aquí la imbricación estrecha en el seno de un mismo sistema de autoridad, de las jerarquías civiles y religiosas de los cargos, tal como frecuentemente se menciona en el mundo andino tradicional más meridional.2 Sin embargo, los habitantes otorgan un prestigio particular a las personas que se muestran más activas en la toma de responsabilidades tanto rituales como políticas, que consideran como un factor esencial de integración en la comunidad.

12El gobernador y el juez son designados a sus puestos por sus superiores respectivos, ejecutivos y judiciales, sucesivamente en la capital de la provincia y en los escalones superiores del Estado. La designación se realiza sobre la base de la elección efectuada por las autoridades provinciales, entre los nombres de una lista que se presenta a estos por las personas que los preceden en sus cargos. Las autoridades escogidas proponen enseguida a la nominación superior, los nombres de los que desean tener como asistentes.

13Desde principios de los años 80, las autoridades municipales son elegidas cada tres años por el conjunto de los ciudadanos sobre la base de listas competidoras, afiliadas cada una a uno de los grandes partidos nacionales. Sin embargo, estas listas no retoman los temas de la campaña municipal nacional de los partidos que ellas representan. Por otra parte, a diferencia de las numerosas listas nacionales, las listas locales en San Carlos son dos, y esto dentro de la tradición de lo que, dado el carácter cósmico y ciertos antecedentes locales, podría eventualmente ser una oposición dual tradicional entre personas locales influyentes. Las autoridades de la comunidad, en lo que a ellas respecta, en principio son elegidas cada dos años por los miembros de la comunidad sobre la base de listas competidoras, que se sitúan en una relación bastante relajada con uno de los grandes partidos existentes, que sirven más de emblema a las oposiciones locales que de fuente de inspiración. Aquí, a diferencia de las prácticas corrientes en el plano nacional, las listas son dos y dividen a los electores en dos mitades. En principio, cada representante de unidad doméstica y, por otra parte, cada ciudadano adulto, es decir, todo hombre o mujer de más de 18 años es elegible, conforme a la ley nacional, respectivamente en el Consejo comunal y el municipal. Una vez elegidas, las autoridades municipales y las autoridades comunales, se reparten de común acuerdo los puestos en el seno de los Consejos, aunque cooperan estrechamente entre ellas al interior de sus despachos.

14Los cargos políticos locales son ocupados, de manera rotativa, por la mayor parte de los comuneros y ciudadanos masculinos. Raros son los hombres que no ocupan nunca cargos en el curso de sus vidas. En efecto, los habitantes consideran la ocupación de diferentes puestos políticos, con la misma calidad que los cargos religiosos, de lo que trataremos más tarde, como un servicio obligatorio a la colectividad para cumplir por turnos, más que como un medio de diferenciación social, y de ningún modo como un fundamento de privilegios individuales.

15Sin embargo, los puestos de autoridad son jerarquizados, y los principales entre ellos, la presidencia de la comunidad y el puesto de alcalde, son ocupados de manera rotativa, y obligatoriamente por un número limitado de personas. Habida cuenta de la duración de los cargos y de la población, estadísticamente, aproximadamente uno de cada cuatro jefes de familia tiene la posibilidad de ocupar el puesto de presidente del Consejo de administración o de alcalde de la municipalidad en el curso de su vida. En realidad, menos personas ocupan estos puestos. Algunas personas vuelven a ocupar el mismo cargo en varias oportunidades.3 Por otra parte, una persona ocupa el puesto de presidente de la comunidad antes que el de alcalde. Los puestos de juez y de gobernador son, en lo que a ellos respecta, ocupados por cualquier persona que haya antes efectuado una u otra función, al menos de consejero de la comunidad o de la municipalidad. Sus titulares, por otra parte renovados o confirmados cada año, a veces asumen la responsabilidad durante varios años o en diversas ocasiones en el curso de su vida, lo que limita efectivamente el acceso a otros habitantes.

16Los criterios de selección más corrientemente entregados por mis informantes para ocupar un puesto de autoridad, y particularmente un puesto principal, son de orden moral, y secundariamente del orden de las competencias. Así, las personas solicitadas prioritariamente para ocupar puestos de responsabilidad son aquellas que son reconocidas por haber dado pruebas de iniciativa, de entrega social, de generosidad y de honestidad, y de las que el carácter ilustrado de las capacidades administrativas o las relaciones sociales con las personas influyentes en el plano regional se agregan a estas cualidades reconocidas y exigidas. La toma de responsabilidades en celebraciones rituales, aunque no sea formalmente requerida, constituye un criterio importante de apreciación de la generosidad del candidato y por eso, un criterio selectivo de hecho.4 La edad de los candidatos a un puesto de autoridad no es considerada como criterio de selección, como tampoco su grado de riqueza o su pertenencia a un clan familiar. Sin embargo, podemos constatar que los puestos corrientes de autoridad son ocupados por jóvenes adultos, y los puestos altos de la jerarquía están ocupados por personas no tan jóvenes, pero que no alcanzan -con la excepción de algunos personajes dominantes de la vida pública local-, la cincuentena. Si ciertas personas utilizan su posición de autoridad, no remunerada institucionalmente, para otorgarse algunas ventajas materiales, igualmente se les solicita que compartan el producto de su posición estratégica y la acumulación material eventual que puedan haber logrado. Las personas más acomodadas, particularmente aquellas que poseen rebaños importantes, tienden a huir de las exigencias de redistribución que se les asigna. No se interesan mucho por el poder, y más bien lo perciben como una fuente de preocupaciones particulares, tanto por los problemas relacionales que implica su toma de responsabilidad como por los gastos personales y materiales que supone. Estas mismas personas, cuando ocupan el poder, lo hacen para consolidar ciertas ventajas materiales y sociales, más que en el sentido de redistribución conforme a la justificación explícita del poder. Por último, debemos hacer notar la ausencia de las mujeres en los puestos de autoridad política local, con la excepción de un breve período como miembro del Consejo municipal por una mujer en 1963, y más recientemente en 2000 por una joven que ocupó el puesto de teniente alcalde. Las mujeres participan en las asambleas y en los cabildos como comuneras jetes de familia monoparental y como ciudadanas del municipio, pero raramente toman la palabra. Eso no les impide de ninguna manera manifestar sus opiniones en familia o en privado y presionar a sus cónyuges en diversas circunstancias cuando lo estiman útil.

17La rotación de los cargos resulta, especialmente, del control efectivo ejercido sobre las autoridades por la asamblea de los comuneros o de los ciudadanos v, por consiguiente, dejar de lado, según la experiencia, a personajes que se revelan inaptos para los criterios de ocupación de los cargos en materia de generosidad y honestidad cívica. Además, el reforzamiento reciente de la educación secundaria y de las experiencias de vida en el mundo del trabajo exterior ha aumentado el prestigio potencial de ciertos jóvenes familiarizados con ese mundo. Las personas investidas de autoridad son, por tanto, más frecuentemente jóvenes y formalmente mejor educadas, aunque relativamente menos experimentadas. Las personas de mayor edad permanecen apartadas, va sea porque tienen un nivel de educación formal bajo, o porque han dado pruebas de descuido o han cometido abusos contra sus conciudadanos cuando ocupaban anteriormente puestos de autoridad. Ciertas personas, independientemente de su edad, se mantienen apartadas de las responsabilidades comunales o municipales.

18Los gastos materiales de las autoridades locales, en términos de servicios a la comunidad5, en su mayor parte comprenden los gastos de juicios de tierras, especialmente en materia de honorarios de abogados, de recepción de autoridades o de viajes para visitarlas en el marco de los litigios, pero igualmente muestran los gastos ligados a la gestión administrativa local. Más recientemente, con el otorgamiento de nuevos subsidios del Estado, que acompañan a menudo las campañas electorales nacionales, la adquisición de materiales de construcción de obras públicas se ha reforzado, mientras que se ha extendido la remuneración de los servicios proporcionados anteriormente bajo la forma de impuesto al trabajo. Sin embargo, las autoridades no disponen de ningún ingreso personal para compensar el gasto de energía y de tiempo que su cargo les ocasiona. No se benefician tampoco de las parcelas o de la mano de-obra puesta a su disposición en relación con sus cargos. Estos son efectivamente considerados como un servicio rotativo a la colectividad.

19Las instituciones oficiales sobre las cuales hemos tratado aquí, no constituyen sino un modelo exterior del poder ligado a las estructuras del Estado central y a las concepciones de sus dirigentes. Las modalidades efectivas según las cuales se ejercela autoridad en San Carlos nos enseñan, más precisamente, sobre la concepción y la práctica autóctonas del poder. Conviene, por consiguiente, interrogarse sobre el proceso efectivo tanto de la decisión como de las modalidades de ejecución dela autoridad, situándolo, en la medida de lo posible, en su contexto histórico.

20En la práctica, la naturaleza de la competencia de los diversos órganos de-poder no corresponde exactamente a aquella que ha querido concederle la legislación nacional, que se inspira en un derecho extranjero y de la imagen particular, a veces muy exótica pero igualmente oportuna, que se hace de las comunidades campesinas andinas. La repartición de las funciones entre los diversos puestos de autoridad está, igualmente, mucho menos marcada de lo que está previsto por la legislación. Tanto las decisiones que conciernen iniciativas nuevas o las modificaciones para aportar al entorno público o extradoméstieo -como la gestión de este medio y el mantenimiento en equilibrio de los diversos intereses locales y extra locales que implican la sociedad aldeana- son a menudo el producto de una acción colectiva de las autoridades locales.

21En principio, la asamblea comunal toma sus decisiones por mayoría simple. El quórum se ha fijado en la mitad más uno de los miembros por el reglamento comunal interno, para que la asamblea pueda celebrar sesión de manera válida. En 1949, la asamblea comunal que acababa de ser instituida, ratificaba las decisiones de las autoridades comunales. En realidad, hasta 1970 casi no se reunía. En 1970, se dio el marco de la confirmación de la propiedad territorial comunal y de los poderes soberanos de la asamblea comunal, inmediatamente después de los decretos leyes del régimen velasquista. Es debido a esta confirmación, acompañada de la organización de la elección periódica de las autoridades del Consejo comunal, que la asamblea de los miembros de la comunidad va realmente a ejercer el poder soberano sobre el territorio de la comunidad y sobre los miembros de esta. Al mismo tiempo, ella reduce el poder absoluto que había sido hasta entonces el delas autoridades ejecutivas principales de la comunidad, y que en adelante estaría efectivamente al servicio de esta y controlado por ella.

22Antes de 1970, y sobre todo antes de 1949, las autoridades locales, nombradas por el poder central sobre la base de proposiciones de las autoridades locales llegadas al fin de su mandato -ellas mismas nombradas de la misma manera-, ejercían un poder autoritario que hoy día sería calificado de abusivo por los habitantes. Estos eran frecuentemente requisados para trabajar en sus campos o en su domicilio, o llamados a ocupar la función de mensajeros entre las autoridades locales y las autoridades regionales del Estado central. El producto de los campos comunales, en principio destinados a cubrir ciertas necesidades colectivas, fue acaparado por las autoridades.6 Y, sobre todo, según mis informantes de edad avanzada que se acuerdan de ello o reproducen los recuerdos de sus parientes, las autoridades locales y personas influyentes del lugar acaparaban las tierras de los habitantes con la complicidad, por lo menos pasiva, de las autoridades provinciales o departamentales. Esos apoyos permitían a las autoridades locales disuadir a los habitantes de realizar una determinada acción que los hubiera perjudicado, amenazándolos de apropiarse demás tierras a través de juicios. También hacían aplicar castigos corporales a los insumisos. Según mis informantes, muchos habitantes huían con la esperanza de encontrar mejor fortuna en otra parte. Las actas de las reuniones hacen continuamente referencia a algunas personas que ocupan los cargos dirigentes en diversas ocasiones. Estas personas firman las actas verbales de las reuniones, incluso cuando oficialmente no están ocupando un cargo y, de este modo, parecen atestiguar una presencia permanente en las esferas del poder local, como lo hacen siempre hoy día personas de más edad que hayan ocupado en el pasado cargos políticos locales importantes. Sin embargo, podemos imaginar que, incluso si no consultaban a los habitantes -como se hace hoy a través de las asambleas-, las autoridades locales no podían ignorar totalmente la opinión de los habitantes cuando tomaban decisiones importantes relativas a la aldea. Además, dada la competencia entre ellas, estas debían cada una apoyarse en una clientela numerosa.

23Las principales autoridades, sobre todo municipales y comunales, hoy día tienden a utilizar su posición para adquirir beneficios materiales diversos, ya sea en forma de “regalos” o de ventajas jurídicas en el acceso a la tierra, incluso malversando bienes públicos. Los medios públicos son el objeto de juegos de influencia, sobretodo con el desarrollo en el curso de los últimos decenios de políticas de subsidios del Estado y de nuevas posibilidades de acceso a numerosos servicios exteriores. Ciertos responsables y personalidades locales influyentes tienden, de esta manera, a reorientar las inversiones públicas en función de su propio interés, buscando, al mismo tiempo, favorecer a sus hijos en el acceso a las escuelas superiores y a empleos seleccionados. Ciertas personas que ocupan puestos de autoridad han obtenido facturas fraguadas de los prestadores de seivicios especializados destinados a la colectividad. En 1969, después de la intervención de una de las personalidades locales, el trazado de la pista transitable fue modificado de manera perjudicial al tráfico para evitar la invasión de sus terrenos. Así también, los fondos otorgados a la municipalidad en los años 60 para rehacer el techo de la iglesia, cuya fecha de construcción se remontaba a fines del siglo dieciocho, no tuvieron el uso al cual estaban destinados. Por ello, la circulación de las aguas produjo la lenta deterioración de la obra hasta el derrumbe, en 1986, del techo y de una parte del edificio. Este fue reconstruido en los años que siguieron, a través de una nueva ayuda del Estado. Asimismo, para terminar la instalación del depósito y de las canalizaciones de agua potable en el pueblo, fueron necesarios más de 10 años, desde la recepción de los tubos y la intervención repetida de los agentes del Estado. Una cierta corrupción y la actitud descuidada del poder local, sin duda son siempre estimuladas por el hecho de que las autoridades no perciben remuneración oficial para sus prestaciones, mientras que tienen que gastar una dosis de energía importante en el marco de sus funciones, en detrimento de sus ocupaciones privadas. Estas actitudes se benefician, más allá de las críticas que levantan, de una cierta tolerancia del público, cuando no sirven de instrumentos jurídicos en arreglos de cuentas personales.

24Sin embargo, las autoridades del Consejo ejecutivo sufren un control creciente-de parte de la asamblea, cuyos miembros, a menudo más experimentados que antes en materia de relaciones sociales y legales exteriores, son mucho más proclives a interrogar al poder. En consecuencia, los desvíos de tierras o de trabajo por las autoridades se han limitado fuertemente. Los miembros del Consejo de dirección comunal, como aquellos del Consejo municipal, se ven reducidos a un papel ejecutivo del cual son ahora responsables ante la asamblea. Cuando los consejeros comprometen a la asamblea y a la comunidad en asuntos externos, estos actúan colectivamente para evitar encontrarse aislados delante la asamblea. Es de este modo, que son siempre varios concejales los que entablan ciertas diligencias ante las autoridades provinciales o departamentales y firman acuerdos con ciertas personalidades exteriores. Por otro lado, los miembros del equipo que asume el traspaso del poder verifican colectivamente la conformidad de los bienes y documentos públicos entregados por el antiguo equipo en presencia de este y de testigos notables, antes de aceptar ejercer efectivamente el cargo de los puestos de autoridad por transmitir, puesto que las nuevas autoridades tendrán igualmente que rendir cuentas, a más tardar con motivo de la próxima transmisión de poder. En este nuevo contexto, la comunidad ha sido capaz, incluso, de recuperar numerosas tierras acaparadas por personalidades que perdieron su poder anterior.

25En este marco, y de manera general, se evita el debate de opinión, mientras las confrontaciones ocasionales se relacionan con problemas concretos. Se tiene, de manera general, poca consideración en San Carlos por la política, que es casi automáticamente calificada por los habitantes como una lucha de influencias entre clanes personales, menos cuidadosos del bien colectivo que de la satisfacción de sus intereses particulares. Los actores políticos implicados en estas confrontaciones son formalmente respetados cuando acceden a los puestos de autoridad, pero igualmente son percibidos como los responsables de los problemas locales. Ellos se convierten rápidamente en chivos expiatorios de las desgracias colectivas. Se sospecha de ellos, no siempre sin fundamentos, de utilizar sus posiciones para procurarse ventajas personales y, en el mejor de los casos, de comportarse como irresponsables. Este clima de sospecha latente frente a las autoridades, además de las exigencias antes mencionadas, ligadas a la ocupación de cargos políticos locales no remunerados, termina de alejar a numerosos comuneros o ciudadanos de la toma de responsabilidades políticas y no estimula la participación a las empresas comunales. Ciertos habitantes oponen, por otra parte, la época presente en la que se supone que predominan políticos irresponsables e interesados, a una época pasada, anterior a la hispánica, durante la cual no había “'política” ni autoridad, todo el mundo vivía bien y todo se arreglaba amistosamente. El mundo político actual, aunque desprestigiado, es percibido como necesario a la colectividad y como lugar de paso obligado de todo comunero o ciudadano que está llamado a probar allí su entrega a la colectividad. Los que conocen un enriquecimiento económico relativo se alejan de hecho de los puestos de autoridad de San Carlos, que son ocupados por personas que quedan un poco al margen con relación a las nuevas actividades económicas y sociales que se han desarrollado en el valle. Por otra parte, lejos de acrecentar su poder como lo hicieron sus predecesores, que habían actuado de-manera similar en otra época, las autoridades que trataron de sacar provecho personal de sus puestos han tenido éxito solamente en debilitar aún más el prestigio de estos. Resulta de ello un vacío institucional que, por una parte, favorece a las personas que ocupan las posiciones más estratégicas en términos económicos, educacionales y sociales, y, por otra parte, facilita una concentración relativa de las riquezas, particularmente en materia de rebaños, así como de tierras próximas a la aldea o de la carretera y, por consiguiente, potencialmente más rentables.

26El carácter colectivo de las decisiones tomadas por los órganos políticos locales refleja el de su elaboración. Si el Consejo comunal prepara a menudo las proposiciones que se harán a la asamblea, estas proposiciones emanan también de esta. Pero sobre todo, los proyectos elaborados por el Consejo lo son basadas en discusiones que lo desbordan y que reflejan ampliamente la opinión de-personas como algunos notables que han ejercido en el pasado numerosos cargos de autoridad, así como profesores de escuela local. Sin embargo, esta opinión no se impone, sino que progresivamente y al filo del tiempo incorpora los sentimientos y pensamientos diversos compartidos por la población. Por tanto, la mayor parte del tiempo, las decisiones no se toman por las asambleas, sino sobre la base de un consenso, de hecho, más bien de un equilibrio de opiniones que toma tiempo elaborar para absorber las oposiciones, que siempre se manifiestan, y que obligatoriamente serán tomadas en cuenta.7 La autoridad no es concebida como la expresión de una mayoría que se impone a una minoría, y menos aún, por supuesto, como aquella de personas aisladas con respecto de la comunidad. En estas condiciones, y a pesar de ciertas acusaciones y sospechas en este sentido, las autoridades difícilmente se dejan manipular por individuos aislados, incluso relativamente poderosos y, contra la opinión de la mayor parte de los habitantes, no encuentran problemas en la ejecución de las decisiones. Así, cuando afiches manuscritos de las autoridades principales informan sobre las paredes del pueblo de la próxima asamblea comunal, o cuando la campana de la iglesia o, más recientemente, el alto parlante de un músico local o de la escuela, llaman los comuneros a las asambleas, las decisiones que están a la orden del día han sido ya prácticamente tomadas par negociaciones previas en la población, a menudo por iniciativa del Consejo comunal y de sus miembros. Las relaciones entre el Consejo municipal y el cabildo abierto, instituciones separadas de las dela comunidad en San Carlos desde 1949, tienden a seguir el mismo informe que el que liga la asamblea comunal al Consejo comunal. La asamblea aparece claramente de este modo como una institución de ratificación, no de decisiones autoritarias, sino más bien de proposiciones laboriosamente elaboradas sobre la base de amplias negociaciones fraccionadas en el seno de la población.

27En tal contexto de decisiones, las innovaciones se imponen difícilmente y lo hacen generalmente bajo la presión de instituciones o sucesos exteriores o apoyándose en estos. Es así como la instalación de un sistema de distribución de-agua potable a domicilio, bajo presiones repetidas de parte de representantes del Estado, ha sido objeto de varias decisiones antes de ser realizada, así como ha sido necesario el hundimiento del techo de la iglesia para que sea renovado. Por otra parte, la decisión tomada en 1975 de encarrilar por el buen camino un provecto de plantación comunal de eucaliptos que había previamente fracasado, fue retomado por una débil mayoría bajo la presión de la agencia local del Ministerio de Agricultura y con la complicidad del Consejo de administración comunal, que obtuvo un voto ligeramente mayoritario en la asamblea, después de un anterior rechazo. El proyecto fue, además, ampliamente descuidado más tarde, obtuvo poco apovo activo de la comunidad y numerosas críticas de parte-de sus miembros. Los más fervientes opositores a este proyecto incluso realizaron actos de sabotaje contra él, habiéndose reunido para emprender colectivamente sus propios trabajos en el espacio previsto para la plantación de los árboles, ganándola a esta en rapidez. Es preciso tener en cuenta en este último caso, el hecho de que la comunidad no constituye el nivel institucional habitual para emprender ciertas realizaciones de tipo productivo.

28Si las autoridades emprenden acciones, que son sobre todo conservadoras, sobre la base de amplias consultas, son igualmente llevadas a zanjar conflictos que surgen entre ciudadanos. El gobernador y el juez están legalmente obligados de intervenir a este respecto. A los ojos de los habitantes, el gobernador y el juez cumplen en dos niveles diferentes las mismas funciones de mantenimiento o de restablecimiento del orden. Mientras que el gobernador y, en segunda instancia el juez, zanjan conflictos que enfrentan directamente individuos concernidos por asuntos personales (robo de ganado, deudas impagas, disensión sobre la indemnización de los daños cometidos por animales, etc.) y otros respecto a las relaciones con la tierra y a los recursos naturales de esta, el Consejo municipal resuelve problemas que enfrentan vecinos y que tienen que ver con el respeto del medio ambiente urbano del centro residencial. Por su parte, el Consejo comunal concilia los intereses que enfrentan, en sus relaciones con la tierra, a ciertas personas de las cuales una, al menos, es miembro de la comunidad. Solamente en los pocos casos en los que ninguna solución puede encontrarse por las autoridades locales, se hace un llamado a las autoridades exteriores de las cuales dependen las primeras o que están encargadas de controlarlas. En los conflictos locales, las autoridades del pueblo juegan el rol de árbitros, más que de garantes de las leyes o de reglamentos, y buscan esencialmente la conciliación. Esta actitud parece inscribirse en la búsqueda de un equilibrio entre mitades complementarias, que se encuentran, por otro lado, en el número de fracciones políticas, así como en una cierta concepción local ideal de la organización social. Este mismo equilibrio es ajeno a cualquier confrontación o imposición de un orden absoluto. Así, un día, en mi presencia, dos hombres reivindicaron al presidente de la comunidad el derecho de ocupación de una misma parcela que cada uno había comenzado a desbrozar de un lado opuesto. Al término de largas discusiones y con la ayuda del presidente, que no actuaba sino como intermediario y conciliador, los dos hombres aceptaron, el uno abandonar la parcela y el otro a indemnizar al primero por el trabajo de desbrozo efectuado, ignorando quién se beneficiaba del trabajo anterior o quién había obtenido la autorización de usufructo de la parcela. En el caso de pequeños daños sufridos, muchas personas evitan denunciar las responsabilidades para no desequilibrar las relaciones complejas que mantienen con la persona denunciada, sobre todo cuando se trata de un pariente.

29El equilibrio consensual en el cual se fundamentan la toma de decisiones, la resolución de litigios y el mismo poder, pueden debilitarse en ciertos momentos de crisis. Eso se expresa muy a menudo en un primer momento, no en una confrontación, sino por ausencia. Así, sucede frecuentemente que una autoridad principal que no goza más de la confianza, no logre reunir a sus consejeros o a la asamblea, ni obtener la colaboración de sus conciudadanos. Eso se traduce por un ausentismo a las reuniones y a las convocatorias hechas por las autoridades para efectuar trabajos colectivos y gratuitos en beneficio de la comunidad o de la municipalidad. Inversamente, ciertos responsables locales evitan reunir asambleas, incluso llamar a elecciones, de las cuales temen las manifestaciones de oposición a su autoridad o de amenaza con respecto del equilibrio social. Un presidente de consejo puede, por otra parte, pedir vacaciones por conveniencias personales en caso de que no logre imponer su autoridad. Salvo en caso de malversación grave y reconocida a cargo de una persona que ocupa un puesto de autoridad, esta no dimite. Se evita o se retrasa, en todo caso, el momento de la confrontación pública. Finalmente, esta se produce por la destitución de la autoridad y su reemplazo solicitado por la asamblea a las autoridades superiores o se expresa por nuevas elecciones. La oficialización de la ruptura por consenso debe entonces desembocar lo más rápidamente posible en un nuevo consenso y el olvido del desacuerdo. Una persona destituida pierde la autorización para asumir funciones públicas durante un cierto tiempo, pero no ve perturbadas sus relaciones con su entorno.

30La introducción en la comunidad, a principio de los años 70 y por medidas de carácter nacional, del voto electivo y de decisión, expuso públicamente los desacuerdos y las oposiciones políticas que tienen que ver tanto con las medidas particulares como con las grandes orientaciones por imprimir en el orden social. Eso no ha hecho sino institucionalizar ciertas oposiciones latentes y asumidas, endureciéndolas peligrosamente. Así, se crea la amenaza, por medio del juego del voto -con unos vencedores y unos vencidos-, de dejar al margen una fracción importante de la sociedad al fragilizar, de esta manera, el equilibrio comunitario. También la comunidad construye la competición entre dos equipos mucho más concebidos como complementarios que como opuestos. Cada uno de estos equipos se organiza en torno de una personalidad local. Esta constituye sus lazos de clientelismo no solamente a través de las redes de parentesco o de alianza matrimonial que serían susceptibles de hacer perennes los antagonismos, sino también a través de las relaciones sociales estratégicas construidas en el curso de la vida extra-familiar y profesional de sus miembros. Estas relaciones permiten relativizar los lazos sociales demasiados apremiantes del parentesco y de la alianza.8 Por otro lado, estas personalidades no se encuentran necesariamente en la lista presentada a los sufragios. Asimismo, la oposición no se hace tampoco sobre programas antagónicos. Además, la comunidad entiende que no se trata de reducir, sino más bien reconocer la oposición, incorporando uno de sus miembros influyentes en el Consejo elegido. En efecto, los habitantes valorizan la cooperación y no la confrontación entre las dos listas, la colaboración entre los aldeanos y no los antagonismos. Las divisiones existentes, ya se trate de los barrios o de las listas políticas, tienen un aspecto más ritual o administrativo que político o ideológico: valorizar la igualdad y lo complementario y no la dominación o la exclusión.

31Se puede decir, en conclusión, que el ejercicio del poder local está reglamentado por disposiciones de carácter nacional y que su ejercicio está influido por las experiencias de los habitantes fuera de la aldea y las expectativas nuevas que están ligadas a ellas. Eso implica una reducción de la importancia relativa de los lazos comunitarios y familiares en la orientación social de las autoridades locales. La sucesión de parentesco y la alianza intracomunitaria no intervienen mucho en la selección de las autoridades o en el reconocimiento de su poder, de hecho, en parte dejado de lado, mientras que la personalidad y la inserción regional y nacional de los interesados desempeñan un papel creciente en la fijación de sus cargos de-autoridad. El sistema comunitario y municipal de autoridad, tal como se manifiesta en San Carlos, constituye, sin embargo, en sus modalidades de funcionamiento que reflejan la búsqueda de un equilibrio dual, un conjunto institucional relativamente autónomo con relación al sistema político nacional.

2. OBLIGACIONES Y SERVICIOS COMUNALES

32Las autoridades políticas y los ciudadanos locales que estos representan deben emprender una serie de actos con vistas, no solamente a garantizar el orden institucional local, sino también a imprimirle un contenido y arreglar los espacios colectivos del medio de vida de los habitantes. En este cuadro, cada ciudadano de la municipalidad y cada miembro de la comunidad están llamados a cumplir una serie de obligaciones, cuyos cargos políticos ya analizados, así como los cargos rituales que serán abordados en el próximo capítulo, constituyen los elementos más estratégicos y más prestigiosos. En efecto, al lado de las funciones, existen obligaciones ordinarias ordenadas o coordinadas por las autoridades locales. Las más corrientes entre ellas se llaman obligaciones y a veces faenas, y consisten en una imposición en trabajo tradicionalmente no remunerado en beneficio de la colectividad. Las prestaciones efectuadas por obligación son tareas esencialmente no especializadas y requeridas de cada uno de los contribuyentes. Sin embargo, otras formas de imposición, menos frecuentes o complementarias, consisten en proporcionar gratuitamente materiales para una obra pública o a pagar una cotización monetaria puntual por una finalidad precisa y explícita.

33En San Carlos, todo ciudadano o residente, es decir cada adulto, en principio hombre o mujer, de 18 años de edad y de 60 años como máximo, está obligado a cumplir sus obligaciones municipales, en trabajo u otros, ya sea o no reconocido como miembro de la comunidad. Por otra parte, todos los comuneros menores de 60 años, que comprenden a los que residen en la aldea nueva de Pedro Ruiz y que ya no son ciudadanos de San Carlos, tienen la obligación, en nombre de la unidad doméstica que representan, de cumplir las obligaciones hacia la comunidad de que siguen siendo miembros. A diferencia de los ciudadanos, cuyo estatus es individual conforme a las leyes nacionales, los comuneros son los jefes de familia doméstica, igualmente las viudas y las mujeres solteras o separadas con niños, incluso también hombres jóvenes que viven en pareja y forman parte todavía provisionalmente de la unidad doméstica de sus padres. Ciertas personas están exentas de sus obligaciones municipales o comunales por el hecho de que ellas otorgan servicios particulares a la colectividad. Estos servicios pueden ser funciones de vigilancia ejercida sobre los bienes colectivos o la realización de ciertas obras públicas que implican calificaciones especiales, en particular en materia de construcción, o la realización de diligencias administrativas o judiciales a nombre de la colectividad.

34La mayor parte de las obligaciones en trabajo son emprendidas por la municipalidad. Se trata, más precisamente, de mantener los servicios de vía pública del centro residencial, construir y arreglar los locales de servicios colectivos (sala de reuniones, oficina de las autoridades, escuela, dispensario, terreno deportivo), así como desarrollar y mantener el depósito y las canalizaciones de agua potable y, desde hace algunos años, los conductos de evacuación de aguas residuales, una red de distribución de electricidad o transportar materiales de construcción. Igualmente, se trata de mantener los lugares que tienen una función esencialmente ritual: la iglesia, la plaza o plaza central y el cementerio. Por otra parte, la escuela misma, por intermedio de su asociación de padres de familia, organiza excepcionalmente ciertos trabajos efectuados por estos últimos para particulares (contra remuneración) en provecho de la caja de la escuela, con el fin de poder financiar la compra de material ligado a sus actividades. Más frecuentemente, la escuela organiza ciertas fiestas pagadas o quermeses con este objetivo.

35La ayuda que los ciudadanos aportan en el pueblo para la construcción del techo de la casa de uno de ellos, aunque corresponde hoy día a una oferta espontánea efectuada por un gran número de habitantes de todo el pueblo, e incluso idealmente de todos los habitantes de este, fue antes el objeto de una obligación convocada por las autoridades municipales. Cada ciudadano tenía la imposición de contribuir con un cargamento de paja que debía servir de material a la construcción del techo, o de transportar un cargamento de tejas desde un pueblo de la región en donde se los fabricaba. Por el contrario, la ayuda a la construcción de los muros dela casa sale, tradicionalmente, de la contribución benévola de los parientes y amigos y, más particularmente, de los miembros del vecindario.

36Las obligaciones comunales tienen como objeto el fomento del territorio rural y, sobre todo, las acciones conducidas en defensa de este. Ellas se refieren particularmente al mantenimiento, incluso la apertura de caminos ampliamente frecuentados y situados fuera de la aglomeración residencial, así como a la construcción y la reparación de puentes situados en su recorrido. En una época reciente, más precisamente antes de la llegada de la carretera al fondo del valle, estos trabajos se efectuaban en el marco intercomunal, en lo que se refiere a vías de uso con las comunidades vecinas. Al interior de la comunidad, las vías más frecuentadas son esporádicamente mantenidas por el trabajo comunal, mientras que ciertos ribereños particulares toman a cargo, bajo la forma de cooperación restringida, el mantenimiento de los caminos y de los puentes secundarios que son casi los únicos por frecuentar. Las realizaciones efectuadas por obligación comunal implican, igualmente, el desbrozo de áreas comunales de pastoreo, así como la construcción y el mantenimiento de cierres que separan las áreas agrícolas de las áreas de crianza y de las vías de comunicación. Contrariamente a lo que se observa corrientemente en las regiones más meridionales y más secas de los Andes o sobre la costa, y es frecuentemente relatado en la literatura9, estas obligaciones no se refieren a las obras de irrigación. El agua es abundante casi a lo largo de todo el año, por lo que solamente el drenaje es una actividad por considerar. Ya que el agua no necesita ser canalizada ni orientada como en el caso de la irrigación, este trabajo es efectuado local y separadamente por los usuarios individuales del sector drenado. Así, un tema clave de la organización social comunitaria (incluso intercomunitaria) presente en los Andes centrales y meridionales y, sobre todo, en los valles áridos de la ladera occidental de los Andes está, por tanto, ausente. Eso da un carácter menos limitante a los lazos comunitarios, que se manifiestan aquí esencialmente con motivo de las crisis que tienen que ver con las fronteras externas e internas del territorio común. Eso deja, igualmente, más autonomía que en otras partes a la unidad domestica, así como a los lazos de parentesco y de alianza, incluso de vecindario, de los cuales ella sale.

37Excepcionalmente, la comunidad organiza en su beneficio una obligación para la ejecución de tareas de producción o de construcción, que no son de su competencia en tiempo normal. Es así como la comunidad efectuaba, hace algunas decenas de años, un trabajo de producción por obligación en parcelas de carácter comunal, en el cultivo de plantas destinadas a ser vendidas en beneficio de la caja comunal para permitir a la comunidad hacer frente a ciertas obligaciones administrativas y judiciales. Un fenómeno de corrupción interna puso fin a esta práctica. Una plantación comunal de eucaliptos realizada en 1975 constituye otra empresa productiva colectiva. Ella se llevó a cabo con la insistencia de las autoridades ministeriales del Estado. Las prestaciones proporcionadas en su marco, lo fueron mediante remuneración sobre la base de un crédito bancario del Estado por rembolsar a mediano plazo por la comunidad con la venta de los árboles. Esta empresa no exige muchas inversiones hoy día, sino un corte ocasional organizado por obligación de parte de la comunidad. Sin embargo, la elección aparentemente poco óptima del medio para la especie plantada, limita la rentabilidad de la empresa, debido a que los árboles tuvieron un desarrollo relativamente mediocre. Por otra parte, en la misma época, un toro fue puesto a disposición de la comunidad por un técnico agropecuario del Estado, con el fin de permitir a los miembros de la comunidad efectuar cruzamientos para mejorar la raza bovina. Este fue prestado con ese objetivo por las autoridades de la comuna a cada uno de los miembros por turnos, pero, al parecer, por falta de cuidados adecuados el toro murió de peste bovina. A fines de los años 80, la comunidad estudia, en un terreno que un particular le disputaba a Pedro Ruiz, la construcción de un depósito comunal en los alrededores del mercado, con el fin de sostener la actividad comercial subsidiaria emprendida por sus miembros. Este depósito debía permitir a los vendedores de la comunidad, en el período de hiperinflación de aquella época, no solamente resistir la especulación tradicional de los comerciantes intermediarios, sino también aprovechar la depreciación rápida de la moneda por las alzas de precios correspondientes a estos mismos períodos y aplicables sobre sus productos en stock. La estabilización monetaria a partir de 1990 limitó el alcance de este proyecto que, finalmente, no se concretó nunca.

38Las empresas de producción de carácter comunal no son muy movilizadoras de energía, ya que son ampliamente extrañas a las costumbres locales. Las experiencias realizadas en este sentido, en el curso de los últimos decenios, han fracasado todas o se inscriben, de manera provisional, no tanto en una lógica de mejoramiento de la producción, ya que la producción económica fue dejada a los cuidados de la unidad doméstica, sino más bien en una acción cuyo alcance es ante todo estratégica y ritual y ligada al mantenimiento del orden social comunitario y en la defensa del territorio comunal. Así, ciertas prestaciones han sido entregadas por la comunidad a particulares y, particularmente, en parcelas de una autoridad local a cambio de una remuneración de su parte, con el fin de recoger el dinero necesario para el financiamiento de un proceso en defensa de las tierras de la comunidad frente a un propietario de terrenos.10

39Aún actualmente, la comunidad organiza de vez en cuando un nabajo por obligación en las tierras reservadas al uso comunal, va sea emprendiendo colectivamente el cultivo de una parcela, o construyendo allí un edificio, o inclusive cerrando una parcela, con el solo fin de ocupar el espacio disputado con la comunidad vecina de San Pablo o con uno que otro de sus propios miembros. El trabajo colectivo obligatorio puede incluso consistir en la destrucción en las tierras de cultivo disputadas, de un cerco o una casa de un miembro particular o de un habitante de San Pablo que ocupa ilícitamente la parcela o que hace de ella un: uso considerado inapropiado por la comunidad.

40Las autoridades, municipales o comunales según los casos, son responsables no solamente de emprender y de organizar las obligaciones, sino también de orientar y controlar la ejecución de los trabajos. Generalmente, es el alcalde o el presidente, o el presidente de un comité específicamente constituido para tomar la obra a su cargo, el responsable de estas funciones. El responsable debe, especialmente, juntar los materiales que se requieren de cada uno de los contribuyentes y que son necesarios para la ejecución de las tareas, verificar y anotar la contribución o la participación de unos, así como las carencias o las ausencias de otros. La ejecución de los trabajos por obligación se hace, sin embargo, en el marco de una organización y de una coordinación bastante flexible de las tareas. De manera general, las obligaciones comunales y municipales, que implican generalmente el uso de una mano de obra abundante y no especializada, son efectuadas por una reunión de los contribuyentes en la tarea. Las operaciones se reparten de manera flexible y espontáneamente entre diversos grupos de algunas personas compuestas sobre la base de afinidades de parentesco, de alianza y de vecindario, y dentro de los cuales las diferencias de capacidades se equilibran para constituir grupos casi iguales en términos de eficiencia.

41Los contribuyentes son a veces convocados por grupos para ser repartidos en el espacio o en el tiempo, va sea en obligación municipal o en obligación comunal. Dichos grupos se forman generalmente por barrio, o sea, según una división en cuatro partes que corresponde a las cuatro divisiones del centro residencial.

42A cada barrio, entonces, se le asigna su área de intervención, tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, cuyos barrios tienen su representación homóloga en el espacio rural. De este modo, a cada barrio se le atribuye su porción de camino que mantener o su sector de pastoreo comunal que cerrar o desbrozar, o inclusive, una cantidad específica de materiales que entregar para la construcción de mi edificio público y, en una época anterior, para la construcción del techo de una casa doméstica. La repartición de las tareas entre los barrios no responde a ninguna especialización técnica, sino que se efectúa sobre porciones idénticas de una misma tarea que los barrios se reparten en partes iguales del espacio.

43El despliegue de las tareas puede, igualmente, hacerse en el tiempo y confiando para ello la responsabilidad de manera rotativa, sucesivamente a cada uno de los cuatro barrios. Eso ocurre particularmente en el caso de amenazas ejercidas con respecto del territorio o de los recursos de este, ya sea que estas amenazas vengan de personas externas o internas a la comunidad. Se trata, en particular, de tarcas de vigilancia del pastoreo, de las cabezas de ganado, de los campos, de las casas y de los bienes en general, para protegerlos contra ciertas agresiones o usos ilícitos eventuales. Por otra parte, la protección contra el robo del ganado de propiedad individual necesita de un cuidado particular. El robo de ganado, designado en los Andes por el término específico de abigeato, es, de hecho, una práctica extendida dada la concentración de valor de mercado o de intercambio que representa, de su naturaleza ampliamente reproductiva, así como de la facilidad relativa en la región de desplazarlo al abrigo de las miradas. Esta vigilancia, a cargo de cada uno de los barrios sucesivamente, se organiza esporádicamente en momentos en que los robos de ganado adquieren proporciones juzgadas exageradas, y se relaja enseguida con la disminución delos robos, para ser retomada en otra ocasión. Cuando un barrio determinado cumple en el tiempo su turno comunitario en la vigilancia del conjunto del territorio y de los bienes que allí se encuentran, reparte a sus miembros en el espacio por controlar en función de cuatro sectores. Así, en 1989, cada uno delos cuatro barrios asumía, por turnos, la vigilancia del territorio durante un período de dos días. El barrio responsable repartía entre sus miembros vigilantes el espacio por controlar en cuatro sectores, según el modelo de repartición delos sectores agropecuarios que se han definido en el capítulo precedente. La rotación de los servicios es motivada no solamente por una preocupación de igualdad entre los barrios, sino también (se dice en el pueblo), con el fin de evitar toda colusión eventual entre ladrones y patrulleros. Esta práctica, designada con el nombre de ronda, tiene esencialmente un objetivo disuasivo.11

44Las autoridades pueden encargar a los diversos habitantes la realización de un trabajo, no tanto en función a su pertenencia a la comunidad, a la municipalidad o a un barrio particular, sino en función del gozo personal que ellas tendrán de este. Las autoridades enfrentan, de esta manera, las reticencias que experimentan ciertas personas a participar en ciertas tareas de las cuales estiman no beneficiarse o de las que el beneficio está desigualmente repartido. Así, en 1986, cada ribereño del centro residencial fue obligado a cavar delante de su domicilio el foso que iba a recibir la sección correspondiente de las canalizaciones subterráneas de agua proyectadas por la municipalidad con destino, no tanto de lugares centrales como lo eran las antiguas canalizaciones a tajo abierto, sino más bien a cada uno de los hogares domésticos. Sin embargo, ciertas personas locales influyentes compensan los descuidos de las autoridades al organizar ciertas tarcas de interés público con los voluntarios que llegan a reunir. Es así como, por ejemplo, en 1975, un comunero organiza y efectúa la reparación de las balaustradas del portal de la iglesia con la ayuda de algunos voluntarios. Por otra parte, frente a las carencias del poder local en la materia, los ribereños toman la iniciativa de arreglar el tramo del camino deteriorado que les concierne.

45Las tarcas por obligación que consisten en la elaboración de materiales determinados y divisibles son efectuadas individualmente o en familia, sin intervención de las autoridades en la organización propiamente dicha del trabajo. Así, Una cuota de producción, más alta para los hombres que para las mujeres, es impuesta a cada participante.

46El desarrollo del trabajo realizado colectivamente por obligación no está exclusivamente condicionado por normas de eficiencia. Cualquiera que sea el objetivo de la tarca, esta se realiza en una atmósfera de celebración alegre. Es la ocasión de una emulación lúdica entre los participantes, así como de intercambio de placeres diversos. En el marco de las obligaciones particularmente importantes y con fuerte carga simbólica, al término del trabajo, las autoridades ofrecen bebida a los participantes con la caja común. Por otra parte, la reunión colectiva que tiene lugar con motivo de la obligación constituye en sí misma un acto cargado de significación ritual. Este último contribuye, en efecto, a reforzar la identidad comunal por tura presencia masiva y espectacular de sus miembros en torno de un mismo objetivo, que reviste para la ocasión un valor simbólico particular, sobre todo si se trata del mejoramiento de espacios con fuerte valor emblemático, tales como la Plaza o la iglesia, o de la defensa de los límites del espacio comunal.

47La frecuencia de las obligaciones es muy irregular. Ella cambia con la existencia de provectos particulares, que son a menudo iniciativa de la autoridad municipal. Sin embargo, se puede estimar, sobre la base de informaciones orales y observaciones personales, que casi una jornada por mes, en promedio, es dedicada por cada habitante a diversas tareas por obligación, independientemente de las cotizaciones en materiales o, más raramente, en dinero. Las prestaciones por obligación, casi siembre son efectuadas al mismo tiempo por todo el conjunto de los contribuyentes. Cada uno lleva sus propios instrumentos, que se agregan a los instrumentos menos corrientes puestos a disposición de los prestatarios por las autoridades locales. La frecuencia de la participación debida a las obligaciones, así como la cantidad de trabajo o de material requerida, responde a las mismas exigencias para cada uno, cualquiera sea su grado de riqueza o sus cargas familiares. Sin embargo, las exigencias son menores para las mujeres y para los viejos. Fuera de este correctivo basado en el género y la edad, el sistema de imposición se basa en una igualdad supuesta de medios entre los residentes o los representantes de las diferentes unidades domésticas: No reduce de ninguna manera las diferencias socioeconómicas entre estas últimas unidades.

48Cuando la municipalidad Iva obtenido ciertos subsidios para las obras emprendidas, las prestaciones en trabajo o en materiales son remuneradas por las autoridades locales a una tasa lijada unilateralmente por ellas y, generalmente, inferior a las tasas del mercado. Los prestatarios reciben, entonces, un salario proporcional al esfuerzo entregado en tiempo de trabajo o en cantidad de bienes, esfuerzo que puede variar de una persona a otra. Las obligaciones municipales, más particularmente, combinan diversos tipos de aportaciones de parte de los ciudadanos Todas las operaciones que consisten en proporcionar materiales deben ser efectuadas en un lapso relativamente limitado, previsto en cada ocasión, y del orden de algunas semanas. Como formas de aportaciones en las obligaciones municipales, se puede notar, por ejemplo, que en 1975, la municipalidad decidió exigir a cada contribuyente a cooperar en la construcción del techo del nuevo local municipal y comunal de la manera siguiente: Cada ciudadano fue deudor de la suma de dinero ganada durante cuatro jornadas de trabajo efectuada en la plantación comunal de eucaliptos, suma destinada a la compra del material necesario para la obra. Por otra parte, cada ciudadano debió proporcionar, va sea 30 adobes o ladrillos de tierra seca, o el contenido de dos trineos de piedras. Las tareas especializadas de la construcción fueron confiadas, por contrato remunerado, a un albañil del pueblo. Asimismo, en 1986, las autoridades municipales encargaron a cada ciudadano el aporte de 100 adobes y un tronco de eucalipto cortado en la plantación comunal, con el acuerdo de la comunidad, para la reparación de la iglesia. Esta última tarea fue efectuada por jornaleros locales pagados por la municipalidad con el dinero dado por un organismo del Estado, que también entregó los clavos. En 1987, cada ciudadano debió llevar de lugares específicos para la construcción de la posta de salud un cierto número de sacos de arena y de carga de trineos de piedra. En esa ocasión, los prestatarios recibieron un salario otorgado gracias a un subsidio del Estado acordado con la municipalidad para este trabajo.

49La imposición de prestaciones colectivas en trabajo y materiales es el fruto de una formalización de la ayuda colectiva y generalizada más informal, que se entrega espontáneamente entre los miembros de una misma comunidad, en el marco de relaciones de solidaridad social. Esta ayuda se refiere particularmente a la construcción del techo de casas particulares, rito de instalación pública de una nueva unidad doméstica. Antes, las autoridades municipales intervenían para convocar a las personas que les concernían estas prestaciones. La avuda generalizada hecha de forma espontánea se manifiesta, por otra parte, en el momento de la reunión de los pobladores en torno de una persona muerta y de sus parientes próximos. Esta reunión afirma y celebra el entorno del difunto frente al mundo de los ancestros de este. La solidaridad comunitaria se manifiesta aún con brillo (lo veremos en el capítulo siguiente), en torno de la responsabilidad de la organización de celebraciones de santos que garantizan el bienestar y la reproducción de la comunidad. Conforme a la identificación colectiva con la comunidad, a través de los diferentes santos que allí se asocian, cada uno de los comuneros está moralmente obligado a tomar el cargo de la celebración de cada uno de ellos, en nombre y por el bienestar de toda la comunidad.

50Pero si la imposición en trabajo colectivo constituye una formalización de la ayuda comunitaria espontánea, igualmente puede transformarse en contratos con carácter interpersonal entre la administración local y ciertas personas individuales. La imposición en trabajo, en tanto expresión de solidaridad social, cualquiera sea el universo que ella exprese: familia, barrio, comunidad, incluso el mundo más amplio, dan lugar a contratos en los que predominan las relaciones de fuerzas particularistas. Para hacer esto, la administración municipal utiliza subsidios del Estado. Las prestaciones contractuales se realizan, esencialmente, sobre actos con carácter especializado, efectuados en el marco del arreglo del espacio urbano. Los individuos que obtienen los contratos, los llevan a ejecución bajo su propia responsabilidad y haciendo, eventualmente, un llamado a ciertos asistentes que ellos mismos pagan con el dinero recibido para la ejecución del connato según la tarea. La elección delos contractuales es efectuada por las autoridades municipales. Pero, hasta recientemente, y cuando el Estado no subsidiaba el poder local, el cumplimiento individual de un contrato sobre una tarea especializada era remunerada bajo forma de exoneración de obligaciones sobre otras tareas durante un cierto período. El llamado a los servicios contractuales más que el impuesto en trabajo, si es posible por la existencia de liquidez monetaria, está justificado por el carácter especializado de las capacidades de las personas a las que se han solicitado el servicio y, por tanto, por la imposibilidad de una movilización general para prestar el servicio pedido y mantener la igualdad en las prestaciones requeridas. Igualmente, se hace mención a la gran seriedad con que sería acordada en las obras pagadas no tanto en tiempo de trabajo, sino a la tarea cuya calidad se estima comparando un especialista a otro.

51Para hacer frente a los gastos implicados por el ejercicio del poder y por la realización de obras con carácter público, las autoridades locales recurren a los limitados subsidios del Estado. Igualmente, se hace un llamado a óbolos voluntarios en moneda, entregados por nuevos ciudadanos inmigrados de otros pueblos y deseosos de consolidar, de esta manera, su integración en San Carlos. También llevan impuestos percibidos por cabeza de ganado sobre la utilización de los pastoreos comunales y, por unidad vendida, sobre el comercio de alimentos o la explotación de ciertos recursos naturales, como la madera, que la comunidad desea proteger. Igualmente, las autoridades obtienen multas por infracciones diversas a las reglamentaciones locales y, especialmente, por atentar contra la higiene o al orden público como el abandono de los grandes animales domésticos en la vía pública. Además, ciertas cotizaciones financieras son impuestas puntualmente a cada uno de los hogares domésticos para realizar un gasto preciso, que a menudo se realiza debido a un juicio de tierras o que sirve para financiar, en relación con esos juicios, los desplazamientos de autoridades locales a la ciudad y la recepción en el pueblo de autoridades y abogados que provienen de ella.

52Por otra parte, en 1969, como hecho totalmente inusitado, el Consejo comunal decide vender una parcela de tierra comunal para financiar la construcción del tramo de carretera que une la comunidad de San Carlos con la aldea de Pedro Ruiz en el valle. El Consejo se basa en lo que llama una causa de utilidad pública como, según él, lo autorizaba la nueva ley de reforma agraria de 1969.

53Aunque todos los ciudadanos o todos los comuneros sean llamados a participar en las tareas por obligación, para las cuales han sido convocados por las autoridades locales, los ausentes a la realización de estas tareas son numerosos y constituyen muy a menudo cerca de la mitad de los contribuyentes. La municipalidad o la comunidad les inflinge, entonces, una multa o un trabajo compensatorio.

54La asamblea fija el principio y el monto de las multas impuestas a los habitantes que no cumplen sus obligaciones en el trabajo gratuito requerido por la comunidad, como lo hace para las multas inflingidas a las personas que dejan vagabundear sus animales en las calles del pueblo o en los espacios reservados a la agricultura por las autoridades comunales. Estas multas son poco elevadas y no tienen mucho carácter disuasivo; además, tienen un alcance simbólico y sirven de advertencia. En particular, ocasionan poco daño a los ingresos que puedan ser obtenidos de la crianza de los animales que originan una sanción. Un miembro de la comunidad o de la municipalidad que no se presenta a una jornada de-trabajo requerida por una de estas instancias, paga a la entidad correspondiente el equivalente de una jornada de trabajo. En esas condiciones, las personas más afortunadas, así como aquellas cuyo ingreso jornalero es superior a la multa, tienden a reemplazar sistemáticamente su participación a los trabajos obligatorios por el pago de la multa. Por otra parte, los habitantes exigen que se les pague por las prestaciones, generalmente municipales, de las cuales estiman no obtener beneficios en la misma medida que los otros. Con la extensión de los subsidios del Estado a las autoridades municipales, los habitantes tienden a reclamar un pago por las tareas obligatorias. Por tanto, las multas no disminuyen el ausentismo, ni corrigen las diferencias socioeconómicas en el seno de la comunidad. Los que infringen los reglamentos pueden también ser obligados a efectuar gratuitamente ciertas tareas de utilidad pública. Pero estas no son más pesadas que la tarea que ha sido objeto del ausentismo y su imposición no tiene-mucho carácter disuasivo. Frente al rechazo de uno de sus miembros de plegarse a las órdenes que han sido comunicadas, en última instancia, la comunidad puede suspenderlo de su pertenencia a la comunidad. Eso le priva, en principio, del derecho a beneficiarse de las tierras comunales que no están sometidas al régimen de sucesión. Esta medida es completamente excepcional y fue aplicada al principal dirigente del grupo de personas que en 1981 clausuró y sembró tierras cometiendo una infracción al reglamento comunal para los sectores altos del territorio. El gobernador o el juez pueden, por su lado, encerrar por veinticuatro horas en el local municipal a personas cuyo comportamiento constituye una amenaza inmediata para el entorno o que adoptan una actitud de rebeldía hacia las autoridades.

55El carácter no proporcional a los medios de los que dispone la persona que ha sido objeto de una sanción, no incita tampoco a las personas que han respondido a la convocación a dar pruebas de mucho celo en el trabajo y debilita inevitablemente su aspecto ritual, disminuyendo, de esta manera, la obligación moral que constituye para los habitantes. Cuando hay demasiados ausentes, el trabajo se cumple de mala gana por las personas presentes, que encuentran en la ocasión mucho más un medio de divertirse en común que de servir a la colectividad.

56Las sumas asignadas por el Estado a las municipalidades en los años 80 y el pago de salario por prestaciones antes realizadas por obligación, así como las experiencias de vida al exterior donde todo servicio público tiende a ser privatizado, han desvalorizado el servicio solidario a la colectividad. La participación desigual en las obligaciones con trabajo y la inadaptación del sistema de imposición local a las diferencias socioeconómicas entre los habitantes, no favorecen el mantenimiento de las obligaciones en tanto institución solidaria.12

57Por otra parte, numerosas mujeres solteras, separadas o viudas, con hijos, están corrientemente ausentes de las obligaciones a las que son convocadas en tanto jefes de familia de la comunidad o como ciudadanas de la municipalidad. Sus cargas familiares, relativamente más pesadas, constituyen un freno evidente a su participación. Las autoridades y los otros habitantes hacen prueba de tolerancia con respecto a su ausentismo. Igualmente, ellos se resignan respecto al ausentismo de personalidades influyentes, cuyas prestaciones de autoridad son percibidas como una contribución a las obligaciones.

58El principio de igualdad de las cargas, ligado al beneficio común de los bienes, no implica de ningún modo una relación igualitaria con los recursos y, por consiguiente, con los beneficios que resultan de las contribuciones colectivas. Al contrario, disminuye el peso proporcional de la contribución pública de los más grandes propietarios, mayormente de ganado vacuno.

59El principio de la igualdad de las cargas reposa en San Carlos sobre una presunción de igualdad entre los habitantes en sus relaciones con la tierra. Pero esta igualdad es inexistente y no podría hacerse en el marco comunal, sino a través de una redistribución periódica de las parcelas o de los sectores territoriales, así como de los recursos ganaderos, realizada por la comunidad a sus habitantes, en función de sus necesidades domésticas respectivas, en el marco de una economía de autosubsistencia, igualmente muy relativa. Los propietarios de grandes rebaños comprometidos en las prácticas comerciales exteriores apoyan de manera particular a las autoridades de la comunidad, para mantener un carácter colectivo de los pastizales. De este modo, ellos obtienen un beneficio inmediato más importante, sin aumentar significativamente sus contribuciones a la comunidad, y sin ver limitado su espacio de crianza por la fragmentación que implicaría su privatización o, inclusive, su redistribución regular por la comunidad.

60Los servicios dispensados por la municipalidad, sobre la base de las contribuciones de los ciudadanos, son variados. La municipalidad mantiene al día el registro civil, redacta y entrega los actos en relación a este. Traza y mantiene las calles del centro residencial; construye y repara los edificios públicos; asegura el buen funcionamiento de la escuela primaria gratuita y obligatoria, así como de la posta de salud. Esta última, equipada de manera rudimentaria, estaba atendida, a fines de los años 90, por dos enfermeras. Ellas son pagadas por el Estado, prestan atenciones médicas elementales y se desplazan a domicilio en caso de necesidad. La instalación de un motor y de una red de electricidad, así como la garantía de la higiene pública por las obras ligadas a la distribución de agua potable, a la evacuación de las aguas servidas, así como el establecimiento y la protección de normas de circulación de los animales, son igualmente responsabilidad de la municipalidad.13

61Las expresiones de solidaridad, que se expresan en el cumplimiento de los diversos servicios colectivos en el ámbito de la comunidad y de la municipalidad, y las que aparecen en las celebraciones rituales comunitarias, de hecho constituyen una afirmación, incluso una búsqueda, del equilibrio interno del mundo aldeano local, más allá de lo que diferencia a sus miembros en los lazos sociales internos V el acceso a los recursos del territorio. Pero la igualdad ideal de los servicios y de los beneficios y la solidaridad comunitaria, si no son continuamente construidos en la práctica política, dan lugar a un individualismo creciente y a una diferenciación social interna al mundo aldeano, por el hecho de una inserción desigual de sus miembros en el mundo del mercado y en el marco de las instituciones nacionales. La comunidad, como sus representantes, tienden de esta manera a perder una parte de su legitimidad. Pero es, igualmente, por una especie de conjura frente a esta pérdida de legitimidad que los comuneros se aferran a estas formas ritualizadas de la obligación y de los servicios solidarios sobre la tierra colectiva que sirve de referencia a la comunidad.

62El ejercicio del poder local, más allá de la diferenciación de las posiciones en términos estratégicos y de ciertos intereses competitivos, tiende, a la vez, a reconocer y a conciliar los componentes diferentes que lo integran. Reposa ante-todo en una búsqueda de equilibrio, apartándose de todo centralismo homogenizador. Desde esta óptica, el ejercicio colectivo de servicios solidarios construye permanentemente la comunidad, sobre la base misma de materiales variados, y a veces divergentes, moderando la estructura jerárquica del poder.