Capítulo 2. Bolivia: crisis estatal y protagonismo de los movimientos indígenas
p. 55-93
Texte intégral
«No vamos a suspender los bloqueos, no hasta que hayan soluciones. Podemos dialogar, pero sin levantar los bloqueos, porque tenemos que consultar con los compañeros que están en los caminos... Si siguen matando o apresando a nuestros hermanos, vamos a tener que capturar a los soldaditos, pero nosotros no los vamos a torturar como hacen ellos. Nosotros somos más humanos que ellos... El gobierno quiere que seamos mansos, que sigamos siendo pongos como nuestros padres y abuelos. No se dan cuenta que somos indígenas de la posmodernidad»1.
1Con estas palabras, el «mallku» Felipe Quispe amenazó al gobierno boliviano, luego de ocurridos los sucesos del 19 de setiembre de 2003, que han sido bautizados como «masacre de Warisata». Ese día, en medio de una jomada de lucha nacional convocada por diversas organizaciones sociales para impedir la exportación del gas boliviano a través de la costa chilena, tropas del ejército reprimieron violentamente un bloqueo de caminos realizado por los comuneros de Warisata —comunidad aymara ubicada en el altiplano paceño—, dejando el saldo de decenas de heridos y seis muertos (entre ellos una niña de apenas ocho años de edad). Dicha acción punitiva en contra de los campesinos de Warisata, fue ejecutada con el pretexto de liberar a cientos de viajeros, entre ellos decenas de turistas extranjeros, que debido a los bloqueos habían quedado varados en el altiplano paceño. Ocurrida la masacre, su impacto fue inmediato, no solo por la crueldad y extrema violencia de los sucesos, sino también porque Warisata constituye un símbolo de las luchas campesinas en Bolivia, pues allí se formó la primera escuela ayllu del país en la década de 19302. En contra de lo esperado por el gobierno, la respuesta de las organizaciones y movimientos sociales fue de indignación y radicalización de las protestas. Tres semanas después, en medio de un clima insostenible de conflictividad social extendido a todo el país, que ha sido bautizado como «la guerra del gas», Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de la República y fugó hacia los EE. UU.3.
2Tres años antes, el encendido discurso del «mallku» acerca de la existencia de dos naciones en Bolivia —una nación indígena compuesta por indígenas y otra extranjera compuesta por los llamados «qaras», blancos y mestizos— fue uno de los aspectos más notorios de una movilización contra la erradicación de la coca que durante un mes paralizó buena parte del país, llevando al movimiento indígena al primer plano de la escena política nacional. En ese contexto, en octubre de 2000, se realizó una negociación entre los dirigentes indígenas y los representantes del gobierno, en la cual el «mallku» increpó a los funcionarios diciéndoles:
«Les hemos dado nuestro territorio, les hemos alojado a ustedes, extranjeros, ¿y ahora? ¡Nos matan! ¡Carniceros! ¿Por qué no me matan a mí? ¿Por qué matan a mis hermanos quechuas? ¿Porqué matan a mis hermanos aymaras? Quiero saber la respuesta... Me da pena ver a estos sanguinarios (que) se han manchado con la sangre indígena... Yo no voy a venir a arrodillarme y bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme si son hombres, ahorita fusílenme. O si no pueden descuartícenme como a Tupaj Katari. Si a Tupaj Katari ustedes han descuartizado con cuatro caballos, a mí me descuartizarán con cuatro tanques, o sino con cuatro aviones y esa sangre va a derramar a toda la población boliviana... Yo no les voy a mirar sus caras, porque sus caras estan bañadas de la sangre indígena»4.
3Unos momentos después, uno de los ministros respondió con un discurso en defensa de la bolivianidad amenazada, señalando enfáticamente que: «no existen dos Bolivias, hay un solo presidente que es el Gral. Hugo Banzer Suárez y hay una sola Bolivia compuesta por trabajadores que luchan por sacarla adelante».
1. Crisis de hegemonía estatal y emergencia de nuevos sectores movilizados
4Los discursos mencionados, así como los sucesos conflictivos en medio de los cuales fueron emitidos, hacen parte de un proceso sumamente complejo de transformación política en la actual sociedad boliviana: el agotamiento del modelo de Estado, de representación política y de construcción ciudadana instauradas como consecuencia de la revolución de 1952. Medio siglo después de dicha gesta que transformó la historia contemporánea de ese país, en febrero de 2003, en plena Plaza Murillo —símbolo del poder en Bolivia y sede de los principales poderes del Estado— ocurrió un enfrentamiento a balazos entre grupos de militares y policías; es decir, entre los encargados de garantizar la soberanía estatal. Este hecho, ocurrido en el contexto de los sucesos conocidos como «la guerra del impuestazo»5, graficó de cuerpo entero la crisis del régimen estatal instaurado desde 1952, y de sus principales mecanismos de intermediación: el prebendalismo, el clientelismo, el corporativismo y el tutelaje, utilizados durante décadas por el Estado como eficaces medios de gobierno y de poder.
5Desde 1952, el Estado boliviano se sustentó y expandió en gran medida, a través de este tipo de relaciones de clientela en el poder, las cuales permitieron el control estatal sobre el conjunto de sectores sociales movilizados, a lo largo y ancho del país, y mantuvieron la hegemonía política del MNR6. Gracias a la distribución clientelista de los ingentes recursos provenientes de la actividad de producción y exportación minera —durante mucho tiempo, la actividad económica principal del país—, el Estado emenerista logró mantener dentro de los márgenes del campo político oficial a los diferentes sectores sociales, al margen de si se vivían tiempos de dictadura o democracia. Pero este modelo estatal entró en una franca situación de crisis desde inicios de la década de 1980, coincidentemente con el retorno al periodo democrático que se prolonga hasta hoy, teniendo como trasfondo la reducción de su capacidad redistributiva por efecto de la caída internacional del precio de los minerales, especialmente del estaño.
6La pérdida de la capacidad redistributiva, clientelista y prebendalista del Estado, vinculada directamente a la severa crisis económica, aceleró la ruptura de los compromisos y alianzas del pacto revolucionario que, desde 1952, había sustentado la estabilidad de la hegemonía estatal. Esto, a pesar de los vaivenes entre democracia y dictadura7. Uno de los cambios más importantes vinculados a la erosión de la capacidad de coerción económica y política del Estado boliviano desde la década de 1980, fue la recomposición de los sectores sociales que durante décadas fueron el sostén del modelo hegemónico posrevolucionario, sobre todo el campesinado sindicalizado y el proletariado minero. Paulatinamente, a la par que se ahondaba la crisis del conjunto del sistema estatal, en Bolivia ocurrió una abrupta transformación de las clases y sectores sociales organizados, que se manifestó en la pérdida de fuerza y capacidad de acción de organizaciones otrora poderosas, como la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos campesinos.
7La crisis de la COB tuvo su raíz en la desarticulación del proletariado minero (verdadero núcleo de la clase obrera boliviana), como efecto de las políticas de relocalización impulsadas por el Estado desde la década de 1980, a través del famoso Decreto Supremo 2 1 0608. En cuanto al sector campesino sindicalizado, si bien durante décadas mantuvo un alto nivel de articulación a través del formato sindical, éste mantuvo siempre una relación tensa con las estructuras comunales, basadas en formas tradicionales de organización y ocupación del territorio. La resistencia de los campesinos comuneros indígenas a la primacía del modelo sindical, se expresó con claridad en el proceso de formación de un movimiento autónomo, desde la década de 1970. El katarismo, en sus múltiples vertientes, fue sin duda la principal expresión política de esta autonomización campesina9.
8Durante los últimos gobiernos de Hernán Siles Zuazo y Víctor Paz Estensoro (1982-1985 y 1985-1989, respectivamente), se desarrolló paulatinamente la práctica gubernamental de recurrir a la implementación de sucesivas reformas neoliberales, como forma de enfrentar el ahondamiento de la crisis estatal10. Estas medidas, sin embargo, tuvieron efectos contradictorios, pues lejos de articular efectivamente a los diversos sectores sociales y políticos bajo la égida del Estado —que a pesar de los remiendos neoliberales, mantuvo en el fondo sus rasgos tradicionales—, acrecentaron las fisuras que pronto revelarían una grave crisis de hegemonía estatal. La crisis económica, galopante desde inicios de la década de 1980, fue acompañada de esa forma por la creciente disminución de la influencia política y la capacidad de coerción del Estado; situación que se ahondó a lo largo de la década de 1990 y estalló con toda crudeza y violencia desde el año 2000. Desde entonces, Bolivia vive una coyuntura política sumamente conflictiva, riesgosa y que constituye una de las más severas encrucijadas de su historia republicana.
9La cronología de esta crisis puede establecerse siguiendo como hilo conductor los sucesivos conflictos ocurridos en diversos lugares del país, desde que en abril de 2000 estalló la llamada «guerra del agua» de Cochabamba. Un breve recuento de los sucesos principales, que destacan por haber logrado trascender sus escenarios inmediatos, al punto de desatar crisis políticas nacionales que se vinculan con los principales sucesos políticos ocurridos en el periodo, puede verse en el cuadro 1.
10Lo que se puede apreciar al examinar la evolución de conjunto de la crisis, considerando su cronología temporal, su expresión territorial, la participación de diversos actores sociales movilizados y sus impactos políticos, es su rápida transformación de protesta popular de corte antineoliberal a un conflicto bastante más complejo, con crecientes connotaciones regionalistas, étnicas y clasistas. Lo que en abril de 2000 estalló como una protesta localizada de sectores populares urbanos y rurales en contra de la privatización de la empresa local de agua potable, se ha convertido en una confrontación explícita de dimensión nacional, crecientemente violenta, entres diferentes actores sociales movilizados, con sus respectivas agendas políticas acerca del presente y el futuro de Bolivia. Actualmente, son tres los principales actores del conflicto boliviano: a) los llamados «movimientos sociales», que encarnan una agenda de corte antineoliberal y de nacionalización económica; b) los llamados «movimientos cívicos», que encarnan una agenda de reivindicación regionalista y de defensa del orden de cosas en el aspecto económico; y c) entre ambos, el Estado, controlado desde que Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006 por una coalición político-social articulada en torno a su partido, el MAS.
Cuadro 1 - Cronología de la crisis boliviana, 2000-2007

11Cada uno de estos actores presenta una múltiple y compleja configuración, tanto en términos sociales como políticos. Los «movimientos sociales», por ejemplo, están conformados por distintos sectores movilizados, entre los cuales destaca sin duda el movimiento indígena con sus distintas vertientes11, pero también otros movimientos, tales como los colonizadores, fabriles, maestros rurales, mineros, entre los principales12.
12En cuanto a los llamados «movimientos cívicos», se trata de una coalición interregional liderada por la burguesía de Santa Cruz e integrada por otros sectores urbanos —sobre todo los de clase media y alta, organizados en «comités cívicos»— de los departamentos de la llamada «media luna»13.
13La confrontación regionalista que actualmente divide a Bolivia, al punto que se ha llegado a mencionar el peligro de una fragmentación territorial del país14, enfrenta a las dos zonas socioterritoriales reconocibles en el país. De un lado, se encuentra la «media luna», correspondiente a las tierras bajas orientales. En esta región, existe un fuerte discurso construido durante décadas por las élites regionales —sobre todo por la burguesía de Santa Cruz— que enfatiza su diferenciación del resto del país, mostrándose como una región «rica», «progresista», «moderna» y habitada por gente «blanca»15. Durante los últimos años, una versión extremista de dicho discurso, que reivindica la pertenencia a la llamada «nación» Camba, ha ido ganando terreno rápidamente. De otro lado, se halla la zona conocida como el «Occidente», visto como «pobre» y predominantemente indígena, que ha sido el principal escenario del desarrollo de los movimientos indígenas aymaras y quechuas16.
14Sin embargo, ninguno de estos dos «bloques» regionales es realmente homogéneo en términos sociales y étnicos. En la llamada «media luna», por ejemplo, además de población «blanca» y «mestiza», reside una cantidad importante de migrantes indígenas quechuas y aymaras; así como indígenas originarios de las tierras bajas bolivianas. El «Occidente», asimismo, no alberga solamente comunidades indígenas quechuas y aymaras, sino también a un importante conglomerado de población no-india. Ciudades tales como La Paz, donde habitan —en una situación que podríamos describir como una vecindad estrecha, pero al mismo tiempo fuertemente segmentada por las diferencias clasistas y étnicas— sectores de clase media y alta, junto a los pobres urbanos, gran parte de ellos indígenas, muestran esta compleja y conflictiva configuración de la sociedad boliviana.
15Recientemente, un sugestivo trabajo de Willem Assies (2006), pone el dedo en la llaga al señalar las intrincadas relaciones entre configuración nacional, relaciones de clase, diferencias étnicas y pertenencias regionales que componen la crisis actual de la sociedad boliviana. Señala este autor que:
«Bolivia se encuentra en un cruce de caminos. Todo tipo de tensiones se han construido en el país durante las últimas décadas y ésas han estallado durante los últimos años» (Assies, 2006: 100).
16Uno de los rasgos potencialmente explosivos de esta situación, sería la existencia de condiciones propicias para el surgimiento de discursos (y actores) etnonacionalistas, tanto indígenas como blanco-mestizos, contrapuestos entre sí en términos étnico-clasistas y regionales:
«El etnonacionalismo está lejos de estar ausente del escenario en Bolivia. A partir del 2000, Felipe Quispe, el entonces líder de la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos de Bolivia, llamó la atención mediática con su discurso, principalmente basado en lo aymara, que reivindicaba la reconstrucción de Kollasuyu y decía que cuando fuera Presidente crearía un Ministerio para Asuntos Blancos. El discurso de Nación Camba ganó terreno en reacción a tales afirmaciones, las cuales estaban teñidas de elementos de los campesinos indígenas de las tierras altas y sectores de la población indígena urbana de El Alto y La Paz.
La base social de tales movimientos, sin embargo, es algo diferente (...) el discurso etnonacionalista de Felipe Quispe llega a sectores de la población de las tierras altas donde la educación se ha expandido sin una mejora de oportunidades para la movilidad social. El discurso de la Nación Camba, en contraste, es básicamente un producto de sectores de la clase media que sirven de (intelectuales orgánicos) para apoyar la hegemonía, en el sentido gramsciano de consentimiento más coerción, de los sectores localmente dominantes» (Assies, 2006: 103).
17La crisis boliviana expresa, pues, los límites de las diferenciaciones regionales, clasistas y étnicas erigidas históricamente en Bolivia, en medio de una coyuntura de aguda crisis de hegemonía estatal y socioeconómica; situación que revela los bloqueos del proceso de conformación nacional y el agotamiento de la promesa republicana liberal con la cual la nación boliviana —al igual que el resto de naciones andinas— vio la luz en las primeras décadas del siglo xix.
2. Revolución, emenerismo, democracia y katarismo
18En 1952, en un lapso de solamente tres días, entre el 9 y 11 de abril, el ejército fue combatido y vencido por las milicias populares y campesinas organizadas por el MNR, a las cuales se plegaron los carabineros. El líder del MNR en el exilio, Víctor Paz Estenssoro —a quien las fuerzas armadas habían impedido asumir el poder a pesar de haber ganado las elecciones de junio de 1951—, se convirtió así en el nuevo Jefe de Estado. Culminaba de esa forma, con una nueva derrota del ejército boliviano17, el enfrentamiento entre la oligarquía minero-terrateniente y la nueva élite nacionalista civil y militar surgida después de la Guerra del Chaco (Lavaud, 1998: 27). Enfrentamiento que se decidió por la capacidad de la nueva élite nacionalista para captar el apoyo de los sectores populares en efervescencia, y específicamente del campesinado movilizado en contra del poder oligárquico18.
19El resultado de la revolución boliviana de 1952, fue la implantación de un modelo nacional de desarrollo basado en la administración estatal de la renta minera y el encuadramiento clientelar de la sociedad, a través de una extensa malla de organizaciones que comenzaron a ser manejadas directamente por el nuevo partido en el poder: el MNR. Obreros, campesinos, sectores medios y populares urbanos, pasaron a constituir el sostén social del modelo estatal emenerista. Pero los engranajes entre el nacionalismo estatal y los sectores populares comenzaron a mostrar serias fisuras que se acrecentaron con el paso de los años.
20En lo que respecta a la vinculación entre el régimen emenerista y el campesinado indígena, las cosas llegaron a un punto de quiebre durante la segunda mitad de la década de 1960. Luego de años de eficaz cooptación estatal, lograda mediante un pacto estatal-campesino que alcanzó su punto más alto durante el gobierno del Gral. Barrientos, lentamente comenzaron a surgir algunas organizaciones autónomas. Pero esa no era su única novedad. También lo era su discurso, que se diferenció del campesinismo propio de los sindicatos rurales, dirigiéndose hacia una encendida reivindicación identitaria. Así emergió en la escena política, entre fines de la década de 1960 e inicios de la de 1970, el movimiento katarista. El discurso katarista de reivindicación étnica y autonomía frente al Estado emenerista, se extendió rápidamente entre los jóvenes migrantes aymaras en ciudades como La Paz y Oruro (especialmente entre grupos de jóvenes estudiantes universitarios y miembros de asociaciones culturales), así como entre las organizaciones sindicales campesinas de las comunidades aymaras del altiplano. El sentimiento de reivindicación étnica aymara —que inicialmente se expresó como un movimiento cultural— pronto se convertiría en un fenómeno político sin precedentes, logrando una extensa base social entre los migrantes aymaras residentes en los barrios pobres de las ciudades y en las propias comunidades rurales.
21El katarismo se fue extendiendo rápidamente en el aparato sindical campesino, hasta que finalmente, en el VI Congreso Nacional de la Central Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) realizado en 1971, los kataristas, liderados por Jenaro Flores, lograron derrotar la hegemonía de los antiguos dirigentes relacionados con el MNR y afiliados al Pacto Militar Campesino. De esa manera, el katarismo se convertía en la corriente principal de un nuevo sindicalismo campesino autónomo. El «pongueaje político» impuesto desde el gobierno de Barrientos a través del pacto militar-campesino, denunciado frontalmente por los kataristas, fue reemplazado por un proceso organizativo dirigido por nueva generación de líderes que asumían un inédito discurso de reivindicación étnica.
22A las pocas semanas del Congreso de la CNTCB, se produjo el golpe de Estado del Cnel. Hugo Banzer. Quedaba cancelado, así, el breve periodo de apertura democrática, por lo cual las organizaciones kataristas pasaron a la clandestinidad. En julio de 1973, a pesar de la existencia de la dictadura, el movimiento katarista hizo público el Manifiesto de Tiawanaku, el cual representa la primera manifestación pública de un programa político katarista, dirigido a transformar el modelo hegemónico de construcción ciudadana y nacional. Denunciando ser «extranjeros en su propio país», los kataristas delinearon los términos de un nuevo proyecto nacional de base indígena:
«Nosotros los campesinos quechuas y aymaras, lo mismo que los de otras culturas autóctonas del país, decimos lo mismo. Nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una superposición y dominación, habiendo permanecido nosotros en el estrato más bajo y explotado de esa pirámide»19.
23El paulatino desgaste de la dictadura permitió expandir la férrea resistencia política clandestina de esos años y el descontento generalizado de la población ante el agravamiento de la crisis económica. A ello se sumó el surgimiento de graves conflictos al interior de las Fuerzas Armadas y las presiones internacionales para el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ante esa situación, a inicios de noviembre de 1977, el dictador Hugo Banzer dio a conocer la convocatoria a elecciones y la declaratoria de una amnistía política parcial. Esas medidas daban término a la ilegalidad de la actividad política y sindical, pero sobre todo, abrieron un largo y difícil periodo de transición democrática que se prolongó durante cinco años, hasta octubre de 1982, fecha definitiva del retorno a la democracia. Durante este periodo —de noviembre de 1977 a octubre de 1982, sin lugar a dudas uno de los más complicados de la historia política boliviana— la transición democrática se convirtió en la verdadera arena de lucha política entre diversas fuerzas sociales. Sobre todo, entre dos bloques: las Fuerzas Armadas coludidas con la clase dominante neo-oligárquica ya plenamente reconstituida, y el bloque obrero, popular y campesino. El movimiento katarista tuvo un papel destacado en esta lucha por la recuperación democrática, enfrentando como consecuencia de ello la represión de las sucesivas dictaduras militares20. Finalmente, con la caída del dictador García Meza y la elección de Hernán Siles Suazo como presidente, Bolivia iniciaba un nuevo periodo democrático.
3. Propuesta plurinacional, participación electoral y neoliberalismo
24Con el retorno a la democracia, el movimiento katarista entra a un momento de declive, ocasionado por la fragmentación de sus diversas vertientes. La CSUTCB logró alcanzar protagonismo, articulando las demandas agrarias ante el gobierno de Hernán Siles Suazo (1982-1985). Uno de sus principales logros políticos fue la realización del II Congreso Nacional en 1983. En dicho evento, en el cual se definieron los lineamientos ideológicos de la organización, se enuncia por primera vez la propuesta de constitución de un Estado plurinacional. Dicha tesis fue suscrita por diversas organizaciones participantes en la estructura sindical, entre ellas las pertenecientes a las diversas ramas kataristas:
«No queremos parches ni reformas parciales, queremos una liberación definitiva y la construcción de una sociedad plurinacional que, manteniendo la unidad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, quechua, tupi-guaraní, ayoreode y todas las que la integran.
No puede haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos» (CSUTCB, 1983).
25La crisis económica y el bloqueamiento político del gobierno de Siles Suazo le obligaron a recortar un año su mandato, convocando a elecciones anticipadas. La nueva coyuntura electoral fue el contexto en el cual los grupos kataristas intentan reagruparse, mediante el I Cabildo Nacional Katarista realizado en La Paz en marzo de 1985. El resultado de dicha reunión fue la constitución del Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), cuyos principales dirigentes —Jenaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas y Walter Reinaga— expresaban diversos matices ideológicos del katarismo. Este movimiento se presentó a las 67 elecciones en alianza con algunos sectores obreros. Jenaro Flores fue acompañado por el dirigente minero Filemón Escobar en la fórmula presidencial y aunque no lograron un resultado notorio sí consiguieron la elección de dos diputados: Víctor Hugo Cárdenas por el departamento de La Paz y Walter Reinaga por Potosí.
26A Víctor Paz Estenssoro, viejo dirigente histórico del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue elegido como Presidente en las elecciones de 1985, le tocó la paradójica tarea de iniciar la liquidación del modelo estatal emenerista de 1952. Ello ocurrió a los pocos días de haber asumido la presidencia, mediante la aplicación de la llamada Nueva Política Económica (NEP), cuya pieza maestra fue el decreto 21060, el cual significó la suplantación definitiva del nacionalismo revolucionario por el neoliberalismo. Este decreto, de acuerdo al credo neoliberal que por entonces estaba siendo aplicado en diversos países, buscó implementar un modelo económico basado en la apertura externa, la retracción estatal y el impulso del mercado como principal elemento organizador de la economía. Como sugieren Yacksic & Tapia (1997: 60), es probable que el decreto ya estuviese diseñado desde antes de las elecciones, debiendo aplicarse por cualquiera de los candidatos ganadores.
27El ámbito en el cual la aplicación de las reformas neoliberales tuvo mayor impacto fue la minería. La Nueva Política Económica generó la relocalización laboral de más de treinta y cinco mil trabajadores, lo que trajo consigo, como hemos indicado líneas arriba, la desarticulación del sindicalismo minero y la pérdida del sostén social de la COB. Las organizaciones sociales intentaron resistir la aplicación de las reformas, realizando diversas huelgas y manifestaciones, así como la «Marcha por la vida» de agosto de 1985, en la cual desde los campamentos mineros marcharon a La Paz alrededor de quince mil mineros, siendo recibidos por la declaratoria de Estado de sitio y la represión indiscriminada del ejército. Debido a que la resistencia minera antineoliberal no logró cambiar el rumbo de las cosas, la desactivación de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) significó nada menos que «la muerte de la condición obrera del siglo xx en Bolivia» (García Linera, Gutiérrez, Prada & Tapia, 2000).
28La represión ante las protestas de trabajadores mineros y campesinos, durante los meses siguientes a la aplicación del Decreto 21060, fue encargada por el gobierno a las fuerzas militares. De esa manera, el gobierno impuso una hegemonía política basada en el consenso de las diversas fuerzas, mediante la firma de un acuerdo político con la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del ex dictador Hugo Banzer. Dicho pacto, llamado «Acuerdo por la democracia», permitió la obtención de una mayoría parlamentaria proclive a la imposición de las reformas, en tanto que la movilización social declinaba, pero al mismo tiempo se desgajaba cada vez más de los partidos políticos aupados al nuevo orden democrático-neoliberal.
29En este nuevo contexto económico y social, el resquebrajamiento del movimiento katarista, como efecto de su atomización política e ideológica, fue irremediable. La propia CSUTCB, al mando de Jenaro Flores, no logró articular una respuesta unitaria y de alcance nacional frente a la aplicación de las reformas neoliberales. En el III Congreso de la CSUTCB, realizado en Cochabamba en junio de 1987, se hizo frontal la división entre dos corrientes diferenciadas al interior de esta organización matriz del campesinado boliviano: una primera corriente, encabezada por Jenaro Flores, con un discurso predominantemente étnico, y una segunda encabezada por Víctor Morales, con un discurso más bien «clasista», se enfrentaron entonces por el control de la organización. A pesar del desgaste de su liderazgo, Flores fue reelecto como Secretario Ejecutivo debido a la coalición entre su grupo y agrupaciones políticas como el Partido Comunista Boliviano (PCB) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL). El desconocimiento de su reelección por parte de Morales, apoyado por el Movimiento Campesino de Bases (MCB) acarreó, sin embargo, la ruptura de la CSUTCB.
30Casi un año después, a fines de mayo de 1988, se realizó el II Cabildo Nacional Katarista, reunión en la cual se hicieron insostenibles las discrepancias ideológicas y las pugnas por el liderazgo entre las corrientes dirigidas por Jenaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas y Walter Reinaga. Flores se retiró de la reunión y posteriormente anunció la creación del Frente de Unidad de Liberación Katarista (FULKA).
31De otro lado, a fin de superar las discrepancias y el relativo vacío político producido al interior de la CSUTCB, diversas organizaciones propusieron la realización de un Congreso Extraordinario, el cual se realizó entre el 11 y el 17 de julio de 1988 en Potosí, siendo facilitado por la sorprendente renuncia de Jenaro Flores en abril de ese año. Las declaraciones autocríticas de Jenaro Flores explicando su decisión de allanar el camino de la unidad organizativa mediante su renuncia, dejan entrever la pérdida de sustento social de la CSUTCB:
«Cuando he participado por última vez en el congreso nacional de Cochabamba, a mí me nombran, creo que cinco o siete partidos políticos, me ponen como candidato de ellos. Ahí he visto en la práctica que Jenaro Flores ya no era candidato del campesinado boliviano, sino de los partidos políticos. Si un dirigente es elegido por los partidos políticos, éste jamás va a luchar por los intereses del campesinado boliviano, eso lo he probado en mi última gestión, por eso he dejado la secretaría ejecutiva de la Confederación de Campesinos» (citado en Ticona, 2000: 59).
32Como era previsible, debido al desgaste político de Flores y la ruptura interna del katarismo, el resultado de este congreso fue el ascenso de un nuevo liderazgo representado por dirigentes afiliados a organizaciones políticas como el Eje Comunero y el Movimiento Campesino de Bases (MCB). Este grupo, trocó rápidamente su discurso clasista por una retórica de reivindicación de las «nacionalidades», por lo cual se aprobó la convocatoria a una Asamblea de Nacionalidades.
33De esa manera, el liderazgo katarista en la CSUTCB, iniciado desde la fundación de esta organización en 1979, llegaba a su fin, imponiéndose una nueva dirección política. Esta nueva hornada dirigente, asumió como eje de su discurso la demanda plurinacional delineada en el II Congreso de la CSUTCB, en 1983. De esa forma, la organización buscó atraer a las diferentes organizaciones étnicas de pueblos y nacionalidades originarias, que se habían venido constituyendo desde inicios de la década de 198021.
4. Irrupción de las nacionalidades y los cocaleros
34El declive de las organizaciones kataristas dejó el espacio libre para el protagonismo público de otras organizaciones indígenas, constituidas a lo largo de la década de 1980. Destacan entre éstas diversas organizaciones amazónicas, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y también el movimiento cocalero surgido en la zona del Chapare cochabambino.
35La formación de las organizaciones indígenas amazónicas fue el resultado de la «avanzada hacia el oriente» impulsada por el Estado boliviano desde 1952. Los extensos territorios indígenas de las llanuras y el trópico amazónico, fueron el escenario de un proceso de modernización que puso en contacto a las poblaciones indígenas con nuevos actores, como los colonizadores, los organismos estatales y las empresas petroleras. Mientras que algunos pueblos indígenas optaron por adentrarse aún más en el bosque, otros vieron transformadas rápidamente sus condiciones de vida, lo que significó el afloramiento de condiciones para el redescubrimiento de sus identidades étnicas. Durante las décadas de 1970 y 1980, esta situación se acentuó, a medida que aumentaba la influencia estatal se expandía el mercado, se acentuaba la presencia de empresas petroleras y madereras, y llegaban a los territorios indígenas nuevas oleadas de colonos, en su gran mayoría de origen aymara y quechua.
36Entre los nuevos actores llegados a los llanos orientales y el trópico cochabambino, también figuraron algunas iglesias y ONGs, las cuales impulsaron el proceso de organización indígena. Fue así como se conformaron las primeras organizaciones y surgieron los primeros liderazgos indígenas en la Amazonia boliviana. Este proceso fue alentado en gran medida por el ejemplo que representaban las organizaciones amazónicas de otros países, como Ecuador y Perú, en los cuales un proceso organizativo similar ya se había consolidado con la formación de organizaciones sumamente influyentes, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Una de las primeras organizaciones bolivianas que rápidamente tomó contacto con sus similares de otros países amazónicos, fue la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), nacida en un congreso de comunidades realizado en 1987.
37Un proceso similar condujo a la formación de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, constituida en 1989 en el Primer Congreso Departamental de Cabildos, Sub-centrales y Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). En dicha reunión se acordó una plataforma de lucha que incluyó la demanda de reconocimiento territorial, la revalorización cultural indígena, el cese de la actividad de las empresas madereras y ganaderas en los territorios indígenas, y la convocatoria a una marcha por el Derecho al Territorio y la Vida de los Pueblos Indígenas.
38Luego de un primer intento frustrado por falta de autorización gubernamental para la realización de dicha marcha, ésta se realizó finalmente en 1990. Fue un acontecimiento de gran impacto simbólico, pues los indígenas de los diversos pueblos amazónicos, acompañados por algunos dirigentes quechuas y aymaras, llegaron hasta La Paz para presentar formalmente su propuesta de reconocimiento del carácter plurinacional del Estado boliviano. Uno de los resultados de la marcha fue la unificación de diversas organizaciones amazónicas en torno a la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la adopción de la propuesta plurinacional como eje programático principal de sus demandas ante el Estado.
39Además de los pueblos originarios del Oriente, el otro actor que ingresó en escena desde mediados de la década de 1980 fue el movimiento cocalero del Chapare. El antecedente de este movimiento fue la constitución de diversas organizaciones de colonizadores, que anteriormente, a inicios de la década de 1970, habían logrado independizarse del pacto militar-campesino. Existía pues una cierta tradición de autonomía entre los colonos de origen serrano (quechuas y aymaras) que desde la década de 1950 habían comenzado a ocupar los territorios tropicales. Pero la base social del movimiento cocalero, se conformó sobre todo debido a las oleadas de colonos —muchos de ellos ex mineros quechuas y aymaras relocalizados por el Decreto 21060— que hallaron en la producción de coca una forma de sobrevivencia. Es posible señalar que la transformación de los obreros de las minas en cocaleros que redescubrieron su identidad indígena, fue facilitada por el hecho que la condición obrera en las minas de los Andes siempre ha estado teñida del origen culturalmente indígena —quechua y en menor medida aymara— de los mineros22.
40El factor que cohesionó a los cocaleros desde la segunda mitad de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990, fue la represión de los diversos gobiernos ante el incremento de los cultivos de coca. El resultado fue la conformación de diversas federaciones que asumieron un discurso de reivindicación del sentido cultural de la planta de coca, postulada como un símbolo de la propia bolivianidad. Ante la represión gubernamental —digitada directamente por la embajada de los EE. UU.—, los cocaleros desarrollaron una política de identidad que les condujo a redescubrir y reinventar sus orígenes étnicos. Para la gran mayoría, provenientes de familias de colonos quechuas y aymaras, el uso de la noción de territorio significó considerar que el Chapare no era un simple destino de colonización, sino más bien un territorio ancestral. Mediante la adopción de la palabra «originarios», eludieron las connotaciones discriminatorias contenidas en el uso de otros términos de identificación (como «indios», «cocaleros» o «pichicateros») y asumieron con orgullo la defensa de la hoja de coca y de sus reinventados orígenes étnicos. Como señala Andreu Viola en un estudio sobre los nuevos discursos de identidad de los cocaleros del Chapare:
«Si anteriormente los dirigentes de la región se autodenominaban ‹colonizadores› o ‹productores de coca›, ahora se han generalizado expresiones como originarios (es decir, miembros de las nacionalidades originarias), y algunos hablan incluso en nombre de los ‹quechuas, aymaras y tupí-guaraníes›» (Viola, 1996: 170).
41Entre los símbolos étnicos que permitieron la cohesión ideológica y simbólica de los colonos —ahora convertidos en cocaleros originarios— destaca la whiphala, usada como emblema de su demanda de reconocimiento en tanto miembros de los pueblos originarios.
5. Apertura étnica, reformas y marchas de los nuevos actores indígenas
42La conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, brindó el contexto que la CSUTCB y las organizaciones amazónicas (especialmente CIDOB) esperaban para posicionar públicamente la propuesta de reforma plurinacional del Esrado. Para ello, se convocó a la realización de la ansiada Asamblea de Nacionalidades, la cual debía reunirse el 12 de octubre de 1992 en La Paz. Las expectativas políticas que muchos dirigentes se habían hecho en torno a esta convocatoria, eran bastante ambiciosas. Sin embargo, llegado ese día, primó la ausencia de cohesión, resultado de los celos políticos entre las organizaciones convocantes, así como un intensa lluvia que dispersó a los manifestantes impidiendo la realización de la Asamblea.
43Aunque el fracaso de la Asamblea de Nacionalidades fue un fuerte revés para las organizaciones indígenas y campesinas (sobre todo para las amazónicas agrupadas en la CIDOB), el intenso discurso desplegado en torno al reconocimiento del carácter plurinacional y pluricultural del país impactó positivamente al resto de actores políticos, así como a diversos sectores de la opinión pública23. Ello se expresó en las elecciones de 1993, en las cuales la propuesta plurinacional fue asumida por diversas organizaciones políticas. Fue así como Víctor Hugo Cárdenas, dirigente de una de las fracciones más importantes del katarismo —el Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación (MRTKL)—, llegó a ser vicepresidente en la fórmula encabezada por Gonzalo Sánchez de Lozada.
44El nuevo gobierno llevó adelante diversas reformas dirigidas a la modernización del país. Entre las más importantes figuran las que se implementaron mediante la Ley de Capitalización y la Ley de Participación Popular24. Estas normas fueron acompañadas por la puesta en marcha de un plan de educación bilingüe y la reestructuración del aparato administrativo estatal. La base jurídica para la implementación de estas medidas fue una reforma constitucional efectuada en agosto de 1994, que elevó a rango de norma nacional el proceso de modernización esratal. Uno de los cambios constitucionales aprobados como parte de dicho proceso, fue la modificación del Artículo 1o de la Constitución, reconociendo a Bolivia como sociedad «multiétnica y pluricultural». Asimismo, se otorgó personería jurídica a las comunidades indígenas y campesinas.
45La relativa apertura étnica del Estado en este periodo, conduce a reflexionar acerca de la confluencia entre la aplicación de un proceso neoliberal de reforma económica y estatal, y la flexibilización política ante las demandas étnicas. De hecho, dicha apertura facilitó el desarrollo de las vertientes indígenas al interior de la CSUTCB y catapultó hacia una mayor notoriedad pública al sector cocalero.
46Entre las luchas que los cocaleros pudieron desarrollar entonces, caben destacar reiterados bloqueos de caminos, que proyectaron la resistencia cotidiana de las miles de familias del Chapare ante la política de erradicación de los cultivos de coca, hacia el espacio de discusión pública nacional. Las demandas del movimiento cocalero se proyectaron así al primer plano de la conflictividad nacional, hallando un importante eco entre la opinión pública urbana. En este proceso, tuvo especial importancia la realización de la «Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional», una caminata masiva que del 29 de agosto al 19 de setiembre de 1994, condujo a centenares de cocaleros desde el Chapare hasta La Paz, con amplia cobertura de los medios de comunicación.
47Al año siguiente, ante la continuidad de las políticas de erradicación de los cultivos de coca, se realizó otra marcha, denominada «Marcha por la Vida y la Soberanía Nacional», la cual fue bastante publicitada porque se trató de una marcha de decenas de mujeres cocaleras, cuyas representantes negociaron de igual a igual sus demandas con las esposas del Presidente y el Vicepresidente: Ximena Iturralde y Lidia Catari, esta última de origen aymara.
48La utilización de la marcha como mecanismo de lucha, fue sumamente eficaz en tanto recurso de acción colectiva que permitió a los cocaleros visibilizarse frente al país. Como concluye Natalia Camacho en su detallado estudio sobre las marchas cocaleras (Camacho, 1999: 7), más que un recurso de «rebelión» éstas deben ser vistas como un recurso de «revelación» del movimiento cocalero ante el resto del país y del mundo. Las marchas resultan ser una táctica de presión dirigida a generar «espacios públicos» de negociación, no solo con el gobierno sino incluso con la opinión pública. Se puede anotar, además, que las marchas lograron visibilizar al movimiento cocalero en tanto movimiento de reivindicación étnica y en defensa del carácter «sagrado» de la hoja de coca. Las marchas cocaleras actuaron como demarcadores simbólicos que lograron remarcar imaginariamente las fronteras étnicas de la sociedad boliviana, desplegando de manera eficaz, al mismo tiempo, la reinventada identidad indígena de los cocaleros en el escenario público.
49El clima de apertura estatal ante las demandas de inclusión étnica en el juego político, tuvo un momento especial en 1995, al realizarse las primeras elecciones municipales bajo los términos de Ley de Participación Popular. En dichos comicios fue bastante notoria la participación indígena. Al amparo de la Ley, se crearon más de trescientos municipios locales; hecho que permitió el acceso a los cargos de alcaldes y concejales a centenares de candidatos indígenas. En los municipios ubicados en zonas de predominancia indígena, la gran mayoría de las nuevas autoridades electas fueron indígenas (Albo & equipo CIPCA, 1999). De ese modo, por primera vez los indígenas accedieron de manera masiva a la gestión de los poderes locales, anteriormente restringidos solo a los notables blancos y mestizos.
50También en 1995, como otra muestra de su voluntad de apertura, el gobierno convocó a las principales organizaciones a discutir un nuevo proyecto de Ley Agraria, en sustitución de la histórica Ley de Reforma Agraria de 1953. Las negociaciones entre los técnicos gubernamentales y los representantes de los gremios agrarios, así como de las organizaciones indígenas, se prolongaron durante catorce meses debido a la dificultad de conciliar criterios25. Mientras que el gobierno proponía la Ley Inti (Ley del Instituto Nacional de Tierras), las organizaciones buscaban la aprobación de la Ley Inka (Ley del Instituto Nacional Kollasuyo-Andino-Amazónico). Al final, se acordó un proyecto de Ley denominado Inra (Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria). Todo parecía ir viento en popa para el interés de las organizaciones de lograr una representación directa en dicho Instituto y frenar la formación de un mercado libre de las tierras. Sin embargo, antes de enviar el proyecto de ley al Congreso, el gobierno introdujo modificaciones que incumplían los acuerdos de consenso. Esto generó la convocatoria a una marcha nacional de campesinos e indígenas en demanda de la aprobación de la Ley Inra consensuada anteriormente. A pesar que la denominada «Marcha del Siglo» logró reunir a más de cuarenta mil personas en la ciudad de La Paz, fue debilitada por el divisionismo alentado por el gobierno, que negoció separadamente con la CIDOB los temas referidos al reconocimiento de los territorios indígenas ancestrales. El gobierno anunció que de ningún modo cedería frente a la presión que significaba la toma de La Paz por miles de campesinos e indígenas, lo cual desalentó a la debilitada dirección de la marcha. Mientras los dirigentes de la CSUTCB y la COB acusaban a la CIDOB de haber traicionado al conjunto del movimiento campesino-indígena por privilegiar únicamente sus demandas, la mayoría parlamentaria gubernamental aceleró la aprobación de la Ley, la cual fue promulgada el 18 de octubre de 1996 por Víctor Hugo Cárdenas, quien se hallaba encargado de la Presidencia debido a un viaje de Sánchez de Lozada. De esa manera, irónicamente, la nueva Ley Agraria de signo neoliberal resultó siendo impuesta a las organizaciones campesinas e indígenas por quien era visto como su representante y defensor de sus intereses en el seno del gobierno.
51Como producto del fracaso de la «marcha del siglo», la posibilidad de una articulación orgánica de las diversas fuerzas campesinas e indígenas del país quedó bloqueada. La división entre las organizaciones indígenas amazónicas agrupadas en la CIDOB y las organizaciones quechuas y aymaras de la Sierra articuladas en la CSUTCB, ha sido uno de los factores que, desde entonces, ha impedido la articulación de las demandas indígenas y campesinas en una plataforma nacional. A diferencia de lo ocurrido en el Ecuador26, el movimiento indígena y campesino boliviano acabó, de esa manera, fraccionado ante las oportunidades abiertas por la apertura étnica del Estado en el marco de la transformación neoliberal del país.
6. Nuevos liderazgos
52Las elecciones de 1997 expresaron el ahondamiento de la diversificación política en Bolivia. Los tiempos de la predominancia de los partidos históricos —tales como el MNR y el MIR— habían quedado definitivamente enterrados. Debido a la extremada fragmentación del voto entre diez opciones electorales diferentes, el ex dictador Hugo Banzer obtuvo una victoria parcial. Siguiendo la práctica inaugurada desde el retorno a la democracia a inicios de la década de 1980, los principales partidos establecieron, entonces, negociaciones para la designación del nuevo presidente por parte del Congreso. De esta manera, mediante la formación de la denominada «megacoalición» —integrada por la mayoría de agrupaciones políticas, entre ellas ADN, MIR, CONDEPA, UCS, FRI, NFR, KND, entre otras— Hugo Banzer logró retornar al poder, quedando clausurada de esa forma el periodo de relativa apertura democrática del régimen anterior.
53Además de la fragmentación política, otra novedad de las elecciones de 1997 fue la elección de algunos líderes de las organizaciones sociales como parlamentarios. En cierta medida, esto fue facilitado porque en dicha elección, por primera vez se procedió a la elección de diputados uninominales, de acuerdo a la reglamentación aprobada el año anterior27. Uno de los diputados uninominales electos fue el dirigente cocalero Evo Morales. Así, el movimiento cocalero, que logró participar en las elecciones mediante el uso de la sigla MAS-U, logró una representación política propia en el parlamento.
54El liderazgo de Evo Morales no fue el único que comenzó a destacar en la escena política. Otro líder que ganó popularidad rápidamente fue el «mallku» Felipe Quispe; pero a diferencia de Morales este dirigente no saltó a las primeras planas debido a su elección como parlamentario, sino como principal representante de la mayor organización sindical del país: la CSUTCB.
55En el VIII Congreso de la CSUTCB, realizado en julio de 1998, se habían agravado las discrepancias entre las tendencias representadas por Evo Morales, líder del movimiento cocalero, y Alejo Veliz, líder de los valles campesinos de Cochabamba. Aunque se aprobó una tesis política unitaria, se produjo una división entre los partidarios de ambas tendencias, debido a la disputa por el control del liderazgo y a los rencores subsistentes de la participación electoral del año anterior. Tres meses después, los dos bandos en pugna acordaron realizar un nuevo Congreso Nacional con la finalidad de reunificar a la CSUTCB. En este congreso, realizado en octubre de 1998, subsistió el conflicto por el control de la organización entre Morales y Véliz. Debido al ánimo de preservar la unidad de la organización, entre los asistentes fue ganando terreno la propuesta de hallar una solución de consenso, mediante el nombramiento de un tercer dirigente independiente de ambos bandos en pugna. De esa manera, el líder aymara Felipe Quispe, conocido como el «mallku», resultó elegido Secretario Ejecutivo de la CSUTCB.
56En la historia interna de la CSUTCB, la elección de Quispe significó el retorno del control de la organización a los dirigentes aymaras, luego de años de hegemonía de los quechuas, posibilitada por la disgregación del katarismo. El primer acto de Felipe Quispe como flamante Secretario General, fue anunciar su autonomía respecto a las corrientes sindicales manejadas por Morales y Quispe, ventilando públicamente sus discrepancias con ambos. De esa forma logró abrir espacio a una tercera corriente sindical, cuya principal novedad fue su discurso enérgico en torno a la vigencia de la nación aymara y la propuesta de reconstrucción del Kollasuyu como alternativa frente a la sociedad boliviana dominada por los llamados q’aras28. Se iniciaba así una nueva corriente étnica aymara liderada por Quispe, que poco tiempo después se manifestó como una inesperada fuerza social que sacudió por entero a la sociedad boliviana.
7. Crisis política y luchas étnico-ciudadanas
57El aspecto institucional de las relaciones entre el Estado y las organizaciones indígenas en Bolivia, revela que en éstas predomina la preferencia por una agenda política que busca articularse a demandas más amplias y convocar a sectores más amplios que solamente a los campesinos. Las organizaciones, conscientes de la estrecha vinculación entre la dominación étnica y clasista, apelan a un abanico de demandas que no se restringen a los temas étnicos, sino que buscan proyectarse más allá, convocando a otros grupos sociales. De allí el carácter ambiguo de la relación establecida con los organismos estatales especializados en la administración de las políticas étnicas29.
58Por muchos años, en Bolivia, dichas políticas fueron ejecutadas a través del Instituto Indigenista Boliviano (IIB). Durante el gobierno de Sánchez de Lozada, este organismo fue suplantado por la Secretaría de Asuntos Étnicos (SAE), entidad del también flamante Ministerio de Desarrollo Humano (MDH). Posteriormente, el gobierno de Banzer pretendió mostrar una actitud abierta a las demandas indígenas y campesinas mediante la implementación de una política de corte multiculturalista, destinada a promocionar el desarrollo de las comunidades y pueblos originarios. Para ello, el mismo año de su llegada al poder se creó el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO), como dependencia del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación30.
59Sin embargo, la respuesta de las organizaciones no fue la esperada por el gobierno, pues no disminuyó la desconfianza inspirada en el pasado dictatorial del Presidente, ni tampoco se recibió con buenos ojos la formación de una instancia estrictamente étnica, bajo el argumento que ello prolongaría una actitud paternalista y de separación de los indígenas ante el Estado, respecto al resto de ciudadanos del país.
60En las actuales organizaciones indígenas, la formulación de un abanico amplio de demandas, que, más allá de sus connotaciones étnicas, pueden ser denominadas como étnico-ciudadanas, responde a diversos factores. En primer lugar, a la estrecha vinculación —vivida todos los días por los indígenas y campesinos— de la dominación étnica y social en la realidad cotidiana. Un segundo elemento, de bastante importancia, es la tradición de un discurso en torno al colonialismo interno, el cual postula que además de la superación de la situación colonial, se requiere de un cambio mayor en el conjunto de la sociedad boliviana31. Esta idea entronca muy bien con el reclamo de pertenencia a una nacionalidad oprimida, como ocurrió en el caso del katarismo, entre las diversas vertientes indianistas y también ahora, entre las actuales organizaciones aymaras.
61Sin embargo, el horizonte étnico-ciudadano de las demandas indígenas no es tanto un punto de partida, sino más bien el resultado de los conflictos y las negociaciones en contextos precisos32. En ese sentido, no resulta casual que ante la aplicación de las políticas neoliberales de efectos desnacionalizadores, las organizaciones indígenas respondan con una afirmación de sentido nacionalista en el cual muchas veces resulta predominante el aspecto étnico de las demandas (como ocurre con el movimiento comunal aymara, expresado políticamente en el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) formado por Felipe Quispe) o bien el aspecto ciudadano (como es el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales). Estos horizontes de discurso político adquieren mayores posibilidades de influencia, en el contexto de crisis como la que actualmente vive Bolivia, luego del desplome del sistema político emenerista.
62El gobierno de Banzer aceleró la implementación de las recetas neoliberales. De esa manera el matiz participacionista y la relativa apertura étnica del gobierno de Sánchez de Lozada —que le permitieron impulsar las reformas neoliberales de «segunda generación»— fueron reemplazados por un estilo gubernamental que suplantó el participacionismo por el verticalismo y la mano dura (es lo que ocurrió en el Chapare con la aplicación del denominado «Plan Coca 0»).
63Las cosas no parecían ir demasiado mal, a pesar de la resistencia de los cocaleros a la continuidad de la política de erradicación forzada de cultivos. Sin embargo, en abril de 2000, al estallar la llamada «guerra del agua» en Cochabamba, el gobierno enfrentó una coyuntura crítica que marcó un antes y un después en la política boliviana actual. La crisis de Cochabamba no solamente echó por tierra el aparente éxito gubernamental, sino que dio inicio a un ciclo de movilizaciones sociales que no ha cesado desde entonces y que ha dejado en evidencia la profunda crisis política del país.
64La mayor novedad de la crisis es el grado de protagonismo alcanzado por los nuevos movimientos sociales, entre los cuales destacan claramente el movimiento cocalero y el movimiento comunitarista aymara-quechua, que se han convertido en los actores principales de las sucesivas protestas y movilizaciones33.
65La «guerra del agua» ocurrida en Cochabamba, representa sin duda alguna el primer momento de manifestación de la actual crisis política boliviana. Pero este suceso no tuvo como actor proragónico a alguna organización indígena, sino más bien a una organización surgida al calor de los acontecimientos: la Coordinadora del Agua de Cochabamba. A inicios del 2000, como producto de la privatización de la empresa de agua potable de dicha ciudad en beneficio de un consorcio transnacional, estalló un fuerte movimiento de oposición a dicha privatización. Se conformó así la Coordinadora del Agua, que desde enero de 2000 condujo varias acciones de protesta, así como las negociaciones con los representantes del gobierno y de la empresa Aguas del Tunari. A inicios de abril, frente a la continuidad de los planes estatales privatizadores, la Coordinadora decidió convocar a una movilización que fue denominada como la «batalla final», en defensa del agua. Las calles de Cochabamba, así como los valles cercanos, se convirtieron así en un enorme campo de batalla, que tuvo a la plaza central de la ciudad como su punto neurálgico. La represión gubernamental indiscriminada, que incluyó el apresamiento de los dirigentes de la Coordinadora, generó un efecto contrario al esperado por las autoridades: en vez de dispersarse, los manifestantes crecieron por miles y se apoderaron de la ciudad, manteniendo fuertes enfrentamientos con los policías y militares. Luego de varios días de violencia, que dejaron al menos un muerto y decenas de heridos, el gobierno se vio obligado a negociar las demandas de la Coordinadora. Todos los puntos planteados —entre ellos el retiro de la empresa transnacional y la derogatoria de la ley que amparó la privatización del agua— fueron aceptados incondicionalmente por las autoridades.
66Entre las razones por las cuales el gobierno se vio obligado a aceptar las demandas de la Coordinadora del Agua, figura la expansión de las protestas, tanto a la zona cocalera del Chapare como al altiplano aymara, donde se realizaron bloqueos de caminos en apoyo al pueblo de Cochabamba, convocados por Felipe Quispe.
67Pero recién en setiembre de ese mismo año, estas dos zonas —el Chapare y el altiplano aymara— fueron el epicentro de una nueva crisis desatada por las protestas, movilizaciones y bloqueos de caminos por parte de cocaleros y comunidades indígenas. El suceso que desencadenó los hechos fue la protesta de un pueblo de colonizadores del trópico cochabambino para ser declarado municipio. Rápidamente se sumaron a esta protesta localizada los productores de coca de todo el Chapare, seguidos por los cocaleros de los Yungas de La Paz y finalmente por las comunidades aymaras del altiplano. Durante cuatro semanas, los bloqueos de caminos paralizaron el altiplano y la zona central del país, obligando al gobierno a entrar en negociaciones con los representantes de los movimientos sociales, y a solicitar la mediación de la Iglesia y algunas organizaciones de derechos humanos para la discusión de los cincuenta puntos planteados por las organizaciones.
68La fuerza de la protesta en la zona altiplánica fue el centro de atención de los medios de prensa. El encendido discurso de reivindicación étnica del «mallku» Felipe Quispe, su impresionante liderazgo entre los ayllus aymaras y la eficacia de la organización comunitaria para el sostenimiento del bloqueo de caminos durante semanas, fueron algunos de los rasgos más importantes de la protesta que habían logrado arrinconar al gobierno de Banzer.
69Una vez finalizados los bloqueos y ante la cercanía de la renovación de cargos sindicales en la CSUTCB, Felipe Quispe conformó el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), organización política que vio la luz en la localidad de Peñas, el 14 de noviembre de 2000. Insurgía entonces un nuevo actot político que buscaba interpretar y representar las demandas de reconocimiento étnico de las comunidades aymaras.
70Unos meses después, hacia mediados de 2001, la situación de enfrentamiento entre Estado y campesinos en la zona cocalera de los Yungas, se agravó debido a la intensificación de la militarización, como forma de control de las plantaciones de coca. Eso generó la realización de protestas por parte de los cocaleros de dicha zona, hecho que fue aprovechado por Felipe Quispe para la convocatoria a un nuevo bloqueo en el altiplano, que se inició el mes de junio. A pesar de sus declaraciones previas desestimando la realización de nuevas protestas, el «mallku» convocó a dicho bloqueo, cuyo epicentro esta vez fue Achacachi, localidad vecina a su comunidad natal. El bloqueo se extendió por varias provincias, demostrando nuevamente la creciente convocatoria del «mallku». Luego de un mes de bloqueos, el gobierno amenazó con reprimir la medida mediante el envío de más tropas militares. Fue entonces que la medida de lucha de los aymaras del altiplano, fue apoyada por Evo Morales y Osear Olivera (este último, líder de la «guerra del agua» de Cochabamba). La posibilidad de la expansión de los bloqueos al Chapare y Cochabamba, hizo retroceder al gobierno y lo obligó a negociar nuevamente, de manera pacífica, el cese de las medidas.
71En agosto de 2001, debido al resquebrajamiento de su estado de salud a consecuencia de un cáncer terminal, Banzer se vio obligado a renunciar, siendo reemplazado en el cargo por el vicepresidente Jorge Quiroga, quien continuó al pie de la letra el rumbo dejado por su antecesor en el poder, con el apoyo explícito de la Embajada de los EE. UU. Es por ello que este cambio en el gobierno, no significó una transformación de las condiciones del enfrentamiento entre los movimientos sociales y el Estado. Por el contrario, en enero de 2002, Quiroga intentó demostrar «autoridad» y «mano dura», dando luz verde a un decreto que prohibía la comercialización de las hojas de coca del Chapare en los mercados de todo el país. La medida, como era de esperarse, generó la inmediata protesta de los cocaleros, a la cual se plegaron la Coordinadora del Agua, los cocaleros de los Yungas y el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ)34. La represalia del gobierno no solo ocurrió en las zonas del conflicto, sino también en el parlamento, donde Evo Morales —acusado de ser el causante de las protestas— fue separado de la Cámara de Diputados. El último en sumarse a las protestas fue Felipe Quispe, con lo cual también el altiplano aymara se paralizó. Finalmente, la situación se hizo tan crítica que el gobierno no tuvo más remedio que retroceder en la aplicación del decreto que impedía la comercialización de la hoja de coca del Chapare.
72Las elecciones de junio de 2002 mostraron claramente la influencia del ciclo de protestas —y de los nuevos actores sociales que las protagonizan—, sobre el mapa político boliviano. La alta votación (21 %) alcanzada por Evo Morales, candidato del MAS, parecía ser la expresión en las urnas de su liderazgo social entre los cocaleros, y del protagonismo de los movimientos sociales en la crisis política abierta desde el año 2000. Sin embargo, como no todo Bolivia es el Chapare, resultó claro que dicho respaldo fue también el resultado del perfil político más amplio de Morales. Ese perfil se reflejó en el discurso electoral del MAS, que buscó articular las demandas cocaleras y de reivindicación étnica con un programa antineoliberal, manteniendo al mismo tiempo una fuerte crítica contra los partidos anteriormente hegemónicos. Es decir, articulando demandas sectoriales y particularistas a reivindicaciones de orden nacional, como parte de un programa político dirigido a distintos sectores sociales. El bajo respaldo político obtenido por Felipe Quispe (6 %), en cambio, reflejó la situación inversa: la débil convocatoria de un discurso político restringido exclusivamente en las demandas étnicas y dirigido básicamente a los campesinos indígenas del altiplano.
73Algunos extractos de declaraciones políticas brindadas por ambos líderes pueden brindar una imagen de lo señalado. En vísperas de las elecciones de 2002, en una entrevista publicada por un semanario boliviano, Evo Morales sintetizó el programa y el sentido de la participación política electoral del MAS en los siguientes términos:
«Si usted quiere ahondar en nuestro programa yo le digo que nosotros estamos firmemente convencidos que debemos democratizar no solo la política, sino también la economía. Hasta hoy los empresarios, los políticos y los banqueros se unieron en una Santa Alianza para gozar del poder económico; con nosotros eso se acabará para siempre (...) Nosotros gobernaremos con el microempresario, con el pequeño productor agropecuario, con los maestros, con los policías, con los pequeños comerciantes (...) El movimiento campesino, el movimiento cocalero, las resistencias urbanas como las de Cochabamba han tenido en estos últimos cinco años cerca de 90 muertos ¿Quién los mató? ¿Los mataron Banzer o Tuto Quiroga? Sí, pero también los mató el sistema y nosotros vamos a ser elegidos por el pueblo para combatir ese sistema injusto desde sus propias entrañas. Quiero que lo sepa el pueblo boliviano desde hoy, desde antes de las elecciones, el MAS va a llevar los bloqueos al Parlamento, esa es nuestra teoría del ‹Cerco Interior›, por primera vez en 17 años el neoliberalismo a va a tener una oposición activa, dispuesta a legislar a favor de Bolivia y no de las transnacionales» (Morales, 2002).
74Unos meses antes Felipe Quispe, por su parte, explicó las razones de la formación del MIP y su rechazo a la participación política electoral —a pesar de lo cual aceptó ser candidato presidencial— con las siguientes palabras:
«Nosotros vemos en el MIP el instrumento político ideológico de otro Estado, de la nación Qullasuyana. No podemos tener relaciones con la otra Bolivia. Sé que vamos a tener problemas porque si entramos al juego estaríamos obligados a reconocer las leyes bolivianas y tener personería jurídica extendida por la Corte Nacional Electoral. Todo esto hay que pensarlo con calma, nos hemos reunido anteriormente pero no hemos ttatado el tema en concreto, hay sectores que piensan que hay que entrar al juego político, pero yo personalmente no estoy de acuerdo en entrar en el juego de los q’aras (blancos), sometido a sus leyes, reconociendo al sistema imperante (...) Esta tierra, este territorio es nuestro, nos han usurpado, no han despojado del poder inclusive, tenemos que recapturar el poder político y restaurar el Qullasuyu en nuestro territotio. Esto implica que vendrán luchas violentas, para ellos tenemos que estat preparados. Es la única salida, es la única vía, la más honesta, la más revolucionaria. Ellos se quedarán con las ciudades, pero el territorio es nuestro y vamos a seguir reclamando y algún día conseguiremos reconstruir el Qullasuyu» (Quispe, 2001).
75Durante el 2003, ya con Sánchez de Lozada en el gobierno, la crisis política se tornó aún más profunda. El detonante de los sucesos del 12 y 13 de febrero, bautizados como el «febrero negro», fue el intento gubernamental de decretar un impuesto a los salarios, acatando las recomendaciones de una delegación del FMI. Ello generó una huelga policial que dejó desguarnecida la ciudad de La Paz, produciendo protestas y saqueos en medio de un clima de incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. Ante el caos reinante, el gobierno ordenó a los militares salir a las calles para restablecer el orden, produciéndose una fuerte represión que dejó decenas de muertos y heridos. Un suceso que refleja la gravedad de la crisis, fue el enfrentamiento armado entre militares y policías en huelga en plena Plaza Murillo, sede del poder gubernamental.
76Luego del «febrero negro», el centro de La Paz parecía haber salido de una guerra. Edificios públicos quemados, vidrios rotos y restos de las barricadas en las calles eran los restos de los enfrentamientos. En los diversos medios de comunicación se publicaron artículos que llamaban la atención sobre la necesidad de un nuevo pacto social en el país. Diversos analistas políticos destacaron el colapso del modelo estatal fundado en 1952 y el fracaso del intento de los partidos tradicionales por reflotarlo en términos neoliberales. La propuesta de realizar una Asamblea Constituyente destinada a sentar las bases para la refundación del país, comenzó a ganar el apoyo de diversos sectores políticos y sociales.
77A pesar de lo ocurrido en el aciago «febrero negro», durante los meses posteriores el gobierno continuó empeñado en aplicar las recomendaciones del FMI para la reducción del déficit fiscal. Esa fue una de las razones que aceleraron las negociaciones para la exportación del gas de Tarija a través de un puerto chileno. En defensa del gas «de todos los bolivianos» y en contra del proyecto gubernamental de exportar dicho recurso a través de territorio chileno, la Coordinadora del Agua y otras organizaciones convocaron a protestas que se iniciaron en setiembre de 2003. Dicho llamamiento, tuvo inicialmente una audiencia entusiasta pero básicamente limitada a algunos pocos sectores en Cochabamba y La Paz, pero conforme fueron transcurriendo las semanas, logró convertirse en una generalizada protesta nacional que articuló múltiples demandas postergadas, las cuales parecían condensarse en la defensa del gas y el rechazo a su exportación por un puerto chileno. El suceso que desencadenó dichos hechos fue la matanza de Warisata, localidad del altiplano en la cual las tropas del ejército mataron a seis personas —entre ellas a una niña de ocho años de edad— con el pretexto de liberar a un grupo de turistas que no podían continuar viaje debido a los bloqueos.
78La matanza de Warisata ocurrió el día 19 de setiembre. Durante las semanas posteriores, especialmente durante la primera y segunda semana de octubre, las protestas se multiplicaron al punto de convertirse en un levantamiento nacional en contra del gobierno y su proyecto de exportación del gas. Diversos sectores sociales del país fueron movilizándose a medida que el gobierno seguía demostrando intransigencia. De ese modo, la lucha se tornó en una movilización nacional para exigir la renuncia del Presidente. Cuando Sánchez de Lozada intentó revertir la situación anunciando que todos los puntos podían ser negociables —no solo la venta del gas, sino también la convocatoria a una Asamblea Constituyente— era demasiado tarde. La situación era inmanejable y había llegado a un nivel de tensión que obligó a las fuerzas políticas de la coalición gubernamental —incluyendo a los Ministros y al propio Vicepresidente— a sumarse al pedido de renuncia presidencial.
79El 13 de octubre, en un dramático mensaje transmitido por los diversos medios nacionales e internacionales, el presidente Sánchez de Lozada anunció que no renunciaría a su cargo y denunció que sus opositores buscaban destruir el país:
«Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la Patria y los Santos Evangelios: cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura. No es posible que se destruya lo que ha sido algo construido por el pueblo de Bolivia. Lo van a barrer para crear un nuevo autoritarismo y una nueva dictadura que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia. No lo vamos a permitir, se va a reponer el orden y se va a derrotar a los sediciosos. Vamos a denotar a la gente que quiere terminar con la democracia boliviana, que quiere eliminar Bolivia y desintegrarla. No lo vamos a permitir y no va a suceder. Yo no me voy a ir a ningún lado, y quiero decirle a Evo, al Mallku y a toda esta gente que se han unido para traer violencia y sangre a la familia boliviana que no van a tener éxito. Quiero apelar a rodos que vengan y se unan alrededor de su país, por el bien de su familia, por el bien de nuestra nación, por el bien de nuestra democracia. Ellos nos quieren traer un proyecto de violencia, de odio, de división, de muerte y de luto. No van a tener éxito. Se va a restablecer el orden, se va a derrotar a los enemigos de la democracia y se va a vivir en paz y diálogo para enfrentar y solucionar nuestros problemas» (Sánchez de Lozada, 2003a).
80Las palabras del Presidente resultaban sorprendentes, tanto por la evidente tergiversación de lo que realmente venía ocurriendo en Bolivia, como por su conservadora invocación a la «democracia», el «orden», la «nación», su «juramento», la «Constitución», «Dios, la Patria y los Santos Evangelios». 85 Asimismo, en su discurso resultaba impactante la alusión a quienes denomina simplemente como «Evo y el Mallku», acusándolos de «sediciosos» y de pretender «destruir la democracia», «traer violencia y sangre a la familia boliviana», «crear un nuevo autoritarismo y una nueva dictadura que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia», y a fin de cuentas «eliminar Bolivia y desintegrarla».
81Unos momentos antes de este mensaje de Sánchez de Lozada, los medios habían propalado una entrevista hecha por la cadena CNN al vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, en la cual éste había señalado —alejándose por completo del gobierno— que debido a la magnitud de la crisis social y política en la que se hallaba sumida Bolivia, el margen de juego y negociación de Sánchez de Lozada ya se había agotado. El Presidente, sin embargo, parecía cerrar los ojos ante el evidente desmoronamiento de su gobierno. Sus palabras ya no tenían ninguna credibilidad. Incluso el periodista de un canal de televisión boliviano, inmediatamente después de transmitido su mensaje, hizo los siguientes comentarios:
«El señor presidente Gonzalo Sánchez de Lozada eludió hacer cualquier referencia a la determinación asumida por su vicepresidente Carlos Mesa y se refirió a otros temas. Son las palabras del Presidente de la República. Dice que no se va a ir, que tiene el apoyo de la policía, de los militares y de la Coalición. Sin embargo, sabemos que Nueva Fuerza Republicana ya ha solicitado su alejamiento de la Coalición de Gobierno. Jhony Fernández también habría pedido la renuncia del Presidente de la República en Santa Cruz de la Sierra. Renunció Jorge Torres y hay masivas marchas de protesta que se aproximan a la ciudad de La Paz»35.
82Cuatro días después, el 17 de octubre, Sánchez de Lozada hizo pública su carta de renuncia y abandonó el país, siendo reemplazado en el cargo, ese mismo día, por Carlos Mesa Gisbert. En su carta señaló que su renuncia, sin embargo, no correspondía, y que Bolivia vivía el peligro de la desintegración:
«Al poner mi renuncia a consideración del Honorable Congreso Nacional lo hago con la íntima convicción que la aceptación de la misma no corresponde ya, que no se puede retirar a un Presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión y de violencia que están al margen de la Ley y éste es un funesto precedente para la democracia boliviana y continental (...) es mi deber advertir que los peligros que se ciernen sobre la Patria siguen intactos, la desintegración nacional, el autoritarismo coorporativista y sindical y la violencia fratricida» (Sánchez de Lozada, 2003b).
83La gravedad de la crisis política empujó a los diversos sectores políticos a asumir la propuesta de una Asamblea Constituyente como posibilidad para el rediseño de un nuevo modelo estatal. Las palabras de Carlos Mesa en su discurso de posesión como presidente resultan bastante ilustrativas al respecto:
«El verdadero nudo que tenemos que ser capaces de desatar para la construcción de ese país nuevo que necesitamos es la demanda de la Asamblea Constituyente, ¿qué quiere decir Asamblea Constituyente?, y aquí quiero expresar claramente y ustedes colegas parlamentarios, el país lo sabe; yo originalmente no fui proclive a la Asamblea Constituyente en el contexto de cómo concebía la visión de nuestra Constitución, pero un ciudadano —y eso es lo que soy— debe expresar una opinión y escuchar las opiniones del conjunto de la sociedad.
Indudablemente el escenario histórico de hoy, parece demandar la respuesta de un diseño de sociedad distinto, del diseño de sociedad que nos ha llevado hasta donde hoy estamos.
Una Asamblea Constituyente quiere decir que vamos a discutir qué país queremos y cuáles son las reglas del juego sobre las que este país va a funcionar una vez que ese proceso se lleve adelante. Esto quiere decir que todos y cada uno de nosotros, debe llevar a la propuesta de la Asamblea Constituyente, elementos centrales de forma y de fondo; elementos centrales que definirán temas esenciales sobre nuestros recursos naturales, sobre el tema de la tierra, sobre la concepción de la participación democrática ciudadana, sobre la estructura del funcionamiento de un mecanismo de representación como es el Congreso Nacional, sobre el conjunto de los temas» (Mesa, 2003).
84Al día siguiente, en una manifestación de respaldo a su gestión, Mesa prometió cumplir los tres puntos principales de la llamada «agenda de octubre»: la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la realización de un referéndum sobre la explotación y exportación del gas, y la reforma de la Ley de Hidrocarburos. De esa manera, estas tres reivindicaciones —que durante los meses previos habían sido el principal objetivo de las protestas antigubernamentales— se convirtieron de pronto en la agenda principal del gobierno. De esa manera, con la inclusión en la agenda estatal de los principales reclamos de los movimientos sociales, Mesa logró obtener una tregua política que durante algunos meses le otorgó un importante margen de acción a su gobierno36.
85Durante los meses iníciales de su gobierno, Mesa recibió el apoyo político del MAS, dirigido a brindar al gobierno, el clima de tranquilidad necesario para la aplicación de las reformas prometidas a los movimientos sociales. El liderazgo de Evo Morales se convirtió entonces en un factor importante de estabilidad política, debido a que, sin estar de por medio una alianza política, en diversos momentos apoyó las iniciativas políticas de Mesa, tales como la reforma constitucional para permitir el referéndum sobre los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
86El 18 de julio de 2004, se realizó el referéndum sobre la política estatal de hidrocarburos. Para el gobierno, los resultados de esta consulta resultaban decisivos pues convalidarían o rechazarían su estrategia de obtener una salida al mar usando para ello el tema de la exportación del gas por territorio chileno; al mismo tiempo que definirían los lineamientos generales del tratamiento a las empresas dedicadas a la explotación de los hidrocarburos. La campaña a favor del referéndum fue asumida de manera personal por el presidente Mesa, quien realizó giras por todo el país, utilizando hábilmente el referéndum para ampliar el respaldo a su gestión. La formulación de las preguntas del referéndum generó confusión entre distintos sectores37. Paradójicamente, los grupos más extremistas de los movimientos sociales y de los comités cívicos del Oriente, terminaron rechazando el referéndum por considerarlo contrario a sus expectativas. Para las vertientes más radicales de los movimientos sociales, el referéndum dejaba de lado el objetivo de la nacionalización de los recursos estratégicos. Para los comités cívicos de los departamentos de la «media luna», representaba una clara usurpación de su derecho a administrar autónomamente sus recursos naturales. Sin embargo, dicha oposición no pudo generalizarse frente a una campaña que presentó la opción por el SI como una alternativa en pos de la defensa de los intereses nacionales. El MAS —que había participado en la redacción de algunas preguntas de la consulta— contribuyó parcialmente a la campaña de Mesa, pues sugirió votar por el SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas.
87El resultado del referéndum fue un triunfo del SI. A pesar que las cinco preguntas resultaron aprobadas, fueron sobre todo las tres primeras —por las cuales había hecho campaña el MAS— las que alcanzaron más del 85 % de respaldo. El referéndum, sin embargo, mostró claramente la división regional en que estaba sumido el país, pues tanto los niveles de participación en la consulta, como los resultados de la misma, fueron bastante diferenciados entre los departamentos del occidente y el oriente del país38.
88Una vez realizado el referéndum, parecía trazado el rumbo a seguir por el gobierno. Sin embargo, con el paso de los meses, se hizo claro que las dificultades provendrían de dos frentes. El primero de ellos era la presión de los movimientos sociales y los comités cívicos del Oriente, para ninguno de los cuales los términos del referéndum habían sido completamente satisfactorios. El segundo, que a la larga resultó siendo el detonante de la caída en picada del gobierno, era la difícil relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
89A lo largo de la segunda mitad del año 2004, la lentitud en la implementación del mandato del referéndum hizo que la imagen del gobierno se viera seriamente cuestionada. Se fue generalizando, así, la idea que Mesa representaba una simple continuidad del gobierno anterior (pues, finalmente, había sido el Vicepresidente de Sánchez de Lozada). La situación se fue agudizando a medida que se hacían evidentes las dificultades para la implementación de las medidas señaladas en el referéndum, las cuales tuvieron que ver con problemas de interpretación del sentido de las preguntas, cierta inacción del gobierno y la dificultad de convenir un acuerdo con el Congreso.
90Con el desgaste de la figura de Mesa, las protestas no tardaron en reaparecer. Durante los primeros meses del 2005, en diversos lugares del país, los movimientos sociales desarrollaron movilizaciones y bloqueos que acentuaron todavía más el clima de desconfianza popular hacia el gobierno, el cual parecía desbordado por las protestas. Una de las protestas más fuertes ocurrió en El Alto, que en el mes de enero fue escenario de una masiva paralización activada por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) en contra de la empresa Aguas del Illimani, que había obtenido una concesión para administrar los servicios de agua potable en La Paz. Ante la fuerza de las movilizaciones, el gobierno se vio obligado a rescindir el contrato con la mencionada empresa.
91Ese mismo mes, también se registraron masivas protestas en Santa Cruz, que tuvieron cierto eco en otros departamentos orientales. El motivo de la protesta cruceña fue la demanda de una rebaja en el precio del diesel, el cual se había elevado durante los años previos. Uno de los argumentos esgrimidos entonces, fue que resultaba escandoloso que los departamentos que finalmente eran dueños de los recursos, pagasen precios tan altos. De esa manera, la protesta en torno al precio de diesel fue acompañada por el reclamo de la autonomía departamental y el rechazo a la predominancia política del Occidente en el país. A pesar que el gobierno cedió a los reclamos rebajando el costo del diesel, durante los meses posteriores, el reclamo de autonomía se hizo cada vez más fuerte.
92Durante los últimos años, uno de los recursos utilizados por algunos sectores de la burguesía de Santa Cruz, con la finalidad de articular con mayor solidez sus demandas regionales, ha sido la apelación a una supuesta «nación Camba». A pesar que Santa Cruz ha sido una región de colonización, poblada e impulsada en términos económicos —durante décadas— por los recursos del Estado boliviano, sectores de la élite regional han encontrado una forma de arraigarse simbólica y territorialmente a través de las referencias a la nación Camba. Se trata de un discurso de evidente carácter racista que puede ser visto como una respuesta —activada deliberadamente por sectores extremistas de la burguesía cruceña— ante el surgimiento de los discursos de reivindicación de las nacionalidades indígenas. Al mismo tiempo, la prédica sobre la nación Camba permite sustentar las reivindicaciones regionales ante el Estado boliviano, ampliando así los márgenes del interés autonomista de la burguesía cruceña.
93Algunos sectores hablan incluso de una propuesta federal, mientras que los más extremos han propuesto la independización del Estado boliviano. En distintos momentos de las múltiples movilizaciones, paralizaciones, manifestaciones e incluso consultas regionales a favor de la autonomía, desarrollados en Santa Cruz en los últimos años, los líderes de este movimiento regional han amenazado al gobierno boliviano con la posibilidad de la separación del país. Algunas organizaciones extremistas, tales como el Movimiento Nación Camba de Liberación (MNC-L), sustentan de la siguiente forma sus reclamos independentistas ante el Estado boliviano:
«En general, se conoce a Bolivia como un país fundamentalmente andino, encerrado en sus montañas, una especie de Tibet Sudamericano constituido mayoritariamente por las etnias aymaráqueschua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto, comunalista, pre-republicana, iliberal, sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus «colonias internas», se apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura.
Pero también existe otra «Nación» no oficial y que representa más del 30 % de la población y se asienta sobre un territorio predominantemente constituido por selvas y llanuras ubicadas en el corazón de América del sur y que constituye más del 70 % del territorio nacional —unos 700 000 km2, cuya cultura mestiza proviene del cruzamiento de hispanos y guaraníes—. Su índice de Desarrollo Humano (IDH) es el más alto de Bolivia y se halla por encima del promedio de América Latina. Su analfabetismo no excede al 7 %, y desde el punto de vista productivo, es el quinto productor mundial de soja. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra —1,2 millones de habitantes—, se realizan al año más de 600 eventos internacionales, lo que demuestra su amplia e indiscutible inserción en el mundo globalizado. Constituye «la otra versión» de Bolivia y cuyo Movimiento aspira a lograr la autonomía radical de esta nación oprimida (...)
Aspiramos a crear nuestro propio Estado sobre la base de nuestra cultura y nuestra historia. Nosotros, la Nación Camba, y su instrumento de lucha, el Movimiento Nación Camba de liberación, vamos a ser lo que NOSOTROS QUEREMOS SER, y no lo que OTROS QUIEREN QUE SEAMOS» (Movimiento Nación Camba, s/f).
94La semejanza entre este discurso y las declaraciones racistas efectuadas por la ex Miss Bolivia, Gabriela Oviedo, en mayo de 200439, revelan el grado en que dichas concepciones se vienen expandiendo entre la población de Santa Cruz, convirtiéndose en el sustento del movimiento de reivindicación regionalista expandido al resto de departamentos del oriente boliviano en los últimos años.
95Otro capítulo crítico del gobierno de Mesa, ocurrió el mes marzo de 2005. Nuevamente la ciudad de El Alto se convirtió en escenario de fuertes protestas, en exigencia que se mantenga la expulsión de la empresa Aguas del Illimani, y que el gobierno decrete la nacionalización del manejo de los recursos estratégicos. La situación crítica, generada por los bloqueos en El Alto, se agravó debido al llamamiento efectuado por Evo Morales para la realización de un bloqueo nacional de caminos por la Asamblea Constituyente y en contra de la Ley de Hidrocarburos que por entonces venía siendo discutida en el Congreso. En este contexto, buscando adelantarse al previsible incremento de las protestas en todo el país, el presidente Mesa decidió efectuar una riesgosa maniobra política y presentó su renuncia ante el Congreso, hecho que generó movilizaciones a su favor en la ciudad de La Paz y el inmediato respaldo internacional. En un dramático discurso de renuncia, el Presidente señaló que se hallaba sitiado por la actitud intransigente de quienes solamente privilegiaban sus intereses de grupo y no los del conjunto de la nación boliviana, señalando a Evo Morales del MAS, Abel Mamani de la FEJUVE y a los dirigentes de Santa Cruz. Indicó que no se hallaba dispuesto a derramar la sangre de más bolivianos, hecho al cual parecían empujarlo las protestas. Señaló que ante esa disyuntiva prefería renunciar al cargo, y que lo que podría pasar después en el país sería responsabilidad de los sectores y dirigentes intransigentes40.
96El Congreso, como era previsible, decidió no aceptar la renuncia de Mesa, ratificándolo así como Presidente. Pero la jugada de Mesa no resultó completamente exitosa, pues durante las semanas posteriores las protestas continuaron en diversos puntos del país. El 15 de marzo, Mesa intentó una nueva jugada política, presentando al Congreso el pedido de adelantar las elecciones presidenciales y de la Asamblea Constituyente para el 28 de agosto. Este pedido significaba, en la práctica, una nueva renuncia de Mesa a culminar su mandato (véase Mesa, 2005a). Sin embargo el Congreso decidió rechazar dicha solicitud, dejando al Presidente con un reducido margen de acción política.
97El último acto del drama protagonizado por el gobierno de Mesa durante la primera mitad del año 2005, ocurrió en los meses de mayo y junio. Dos factores configuraron entonces el escenario de crisis social y política que Mesa decidió enfrentar con una tercera renuncia al cargo de Presidente: las protestas sociales y los problemas de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en torno a la Ley de Hidrocarburos.
98El detonante que agudizó la crisis fue la discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al contenido de la Ley de Hidrocarburos. El proyecto de Ley enviado por el gobierno había sido cambiado para ser discutido en el Congreso, razón por la cual el presidente Mesa se negó a promulgar la Ley aprobada por los parlamentarios, dejando dicha potestad al Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez. El 17 de mayo, éste procedió entonces a la promulgación de dicha norma. La respuesta de los distintos movimientos sociales, fue la realización de diversas protestas en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Los bloqueos y movilizaciones se agudizaron a inicios de junio, en que la ciudad de La Paz quedó completamente sitiada, en tanto que varios departamentos del país se hallaban paralizados. El 6 de junio, el presidente Mesa optó por el camino de presentar su renuncia definitiva, mediante un mensaje en el cual pidió disculpas al país por no haber podido cumplir la agenda planteada al inicio de su mandado:
«Quiero primero expresarle a la Patria mi disculpa si no he sido capaz de conducirla adecuadamente, quiero expresarle a usted ciudadana, ciudadano que ha creído en mi y que me ha acompañado durante todos estos meses que hice lo que estuvo en mis manos para entregarle una manera distinta y una visión distinta y una acción distinta, para lograr que Bolivia cumpliese una agenda, que es la agenda de todos. La agenda que pasa por la Asamblea Constituyente, la agenda que pasa por el Referéndum Autonómico, la agenda que pasa por unos hidrocarburos que sean de Bolivia, de los bolivianos y que favorezca a los bolivianos. Una agenda que tenemos que seguir construyendo, pero que no va construirse como estamos» (Mesa, 2005b).
99La renuncia de Mesa fue seguida por una bochornosa pugna entre Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, y Mario Cossío, presidente de la Cámara de Diputados, quienes buscaron asumir el cargo de Presidente. Luego de varios días de tensión, en medio de movilizaciones populares ocurridas en distintas ciudades del país, en exigencia de la renuncia de Hormando Vaca Díez, en el Congreso, reunido en Sucre, se llegó finalmente a una fórmula para la sucesión presidencial. Luego que Vaca Díez y Cossío renunciaran a ejercer la primera magistratura, fue nombrado como presidente Eduardo Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
100Durante el breve gobierno de transición de Rodríguez, las protestas amainaron, viviéndose seis meses de tensa calma y un prolongado clima electoral. La mesurada gestión de Rodríguez permitió la convocatoria a nuevas elecciones, realizadas en diciembre de 2005. Como era previsible, en dichos comicios el ganador inobjetable fue Evo Morales, quien coronaba de esa forma una notable trayectoria política que lo condujo de ser el principal dirigente cocalero a convertirse en el gobernante electo con la más alta votación de la historia del país. Con la elección de Morales, además, la crítica coyuntura política boliviana dio un giro de 180 grados, pues el líder más influyente de los movimientos sociales se convertía en el primer Presidente indígena, contando para ello con el respaldo de un sector poblacional bastante amplio que no solo incluyó al campesinado indígena, sino también a los sectores populares urbanos y a las clases medias. El amplio respaldo electoral obtenido por Morales reflejó, en gran medida, la audiencia obtenida por el discurso de reivindicación nacional elaborado por parte del MAS41.
101El gobierno de Evo Morales abrió paso a un nuevo periodo de la historia política reciente de Bolivia. Constituye, al mismo tiempo, un capítulo decisivo del ciclo de inestabilidad abierto desde el año 2000, el cual desembocó en una de las más graves crisis de la historia boliviana.
Notes de bas de page
1 Declaraciones de Felipe Quispe recogidas por distintas agencias de prensa bolivianas e internacionales, el 24 de setiembre de 2003.
2 Sobre la experiencia de la escuela de Warisara véase Salazar Mosrajo, 2006.
3 Se estima que el número de víctimas en esas tres semanas de extrema crisis social y política que precedieron a la caída de Sánchez de Lozada, también llamadas como el «octubre negro», fue de unos ochenta muertos y centenares de heridos. Por ello, hasta la fecha el ex presidente Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, se hallan requeridos a enfrentar un juicio de responsabilidades. El ex ministro Yerko Kukok es uno de los procesados por los sucesos de octubre de 2003, específicamente por haber dispuesto de «gastos reservados» —es decir, por realizar un uso indiscriminado— de alrededor de siete millones de dólares que fueron retirados del Banco Central de Bolivia, por el gobierno, para enfrentar la crisis.
4 Declaraciones reproducidas por los diversos medios de comunicación televisada y escrita.
5 Se ha denominado así a la crisis social y política desatada en febrero de 2003, a raíz del intento de imponer un impuesto al salario por parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, siguiendo la sugerencia de una delegación enviada por el FMI. La crisis se inició con una huelga policial que fue respondida por el gobierno sacando a los militares a las calles, y rápidamente se convirtió en una protesta generalizada que incluyó desmanes y saqueos, sobre todo en La Paz. La represión de las fuerzas del orden (que incluyó a francotiradores), dejó el saldo de decenas de heridos y alrededor de cuarenta muertos.
6 Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido que desde la revolución de 1952 se convirtió en uno de los actores políticos hegemónicos en el país.
7 Desde la revolución de abril de 1952 hasta el presente, Bolivia vivió periodos democráticos entre 1952-1964 (gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo), en 1969 (gobierno de Luis Adolfo Siles), en 1979 (gobierno de Wálter Guevara Arze), entre 1979-1980 (gobierno de Lidia Gueiller) y entre 1982-2007 (gobiernos de Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa Gisberr, Eduardo Rodríguez y Evo Morales). Los periodos de dictadura militar ocurrieron entre 1964-1969 (gobiernos de René Barrientos y Alfredo Ovando), 1969-1979 (gobiernos de Alfredo Ovando, Juan José Torres, Hugo Bánzer, Juan Pereda, David Padilla), en 1979 (gobierno de Alberto Natusch), y entre 1980-1982 (gobiernos de Luis García Meza, Celso Torrelio y Guido Vildoso).
8 Este decreto, promulgado en 1985 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, dispuso la relocalización de alrededor de treinta y cinco mil trabajadores mineros, desactivando de esa manera al proletariado minero boliviano. Al respecto véase García Linera, 1999, 2001.
9 La auronomización del movimiento campesino e indígena respecto a las estructuras sindicales, ha sido destacada por Silvia Rivera Cusicanqui, 1983- Sobre el katarismo, el mejor texto sigue siendo la monumental monografía de Hurrado, 1986.
10 La más importante de estas medidas fue el mencionado Decreto Supremo 21060, el cual dio inicio a la llamada Nueva Política Económica, de corte neoliberal, destinada a estabilizar económica y políticamente al país.
11 El movimiento indígena boliviano presenta varias vertientes, entre las cuales podemos mencionar cinco principales: a) el movimiento comunitario del altiplano (básicamente aymara); b) el movimiento de reivindicación quechua-aymara conformado por organizaciones de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, entre otros; c) el movimiento indígena de las tierras bajas; d) el movimiento cocalero; y e) el movimiento indígena urbano asentado básicamente en la ciudad de El Alto. Una malla de organizaciones y gremios que no se halla centralizada y unificada nacionalmente, articula dichos movimientos. Entre las principales organizaciones podemos mencionar a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FMCBBS), la Con federación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), las Federaciones Cocaleras del Chapare Cochabambino y los Yungas de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), entre otras.
12 Las organizaciones que agrupan a estos movimientos sociales también son múltiples. Entre las principales podemos mencionar a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), el Movimiento sin Tierra de Bolivia (MST), la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CMRB) y La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Al calor de los conflictos ocurridos en los últimos años, se han conformado nuevas organizaciones como la Coordinadora del Agua en Cochabamba. Una visión de conjunto de la historia y liderazgo de los movimientos sociales bolivianos se encuentra en el libro Sociología de los movimientos sociales en Bolivia (Carcía Linera, 2004).
13 Como «media luna» se denomina al bloque territorial conformado básicamente por los departamentos de la zona oriental del país: Santa Cruz, Tanja, Chuquisaca, Pando y Beni. Los actores de esta zona del país que asumen una agenda regionalista, se hallan organizados a través de «movimientos cívicos» departamentales. Asimismo, han emergido organizaciones que reivindican un proyecto «nacional» opuesto al de los movimientos indígenas, tales como el Movimiento Nación Camba de Liberación (MNC-L) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). En oposición al área de la «media luna», se suele hacer referencia al «Occidente» de Bolivia, conformado por los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
14 Esto ha sido señalado por diversos analistas, así como por los propios dirigentes de los «movimientos cívicos» de Santa Cruz y otros departamentos del Oriente boliviano.
15 Una muestra de ello fueron las declaraciones racistas de la ex Miss Bolivia Gabriela Oviedo, quien al participar en el concurso Miss Universo, en mayo de 2004, en una entrevista de los organizadores del concurso que fue publicada en su sitio web y reproducida por los agencias internacionales, dijo lo siguiente: «Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia, piensa que todos somos indios del lado oeste del país. Es La Paz la imagen que refleja eso, esa gente pobre, de baja estatura e india. Yo soy del otro lado del país, del lado este, que no es frío, es muy caliente. Nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos ingles y ese concepto erróneo que Bolivia es solo un país andino está equivocado».
16 No así del movimiento indígena de las tierras bajas, articulado sobre todo en torno a la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).
17 Las anteriores habían ocurrido como resultado de guerras internacionales: la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile entre 1879 y 1884, y la Guerra del Chaco, que entre 1932 y 1935 opuso a los ejércitos de Bolivia y Paraguay.
18 Para una perspectiva renovada sobre la revolución de 1952, que enfatiza el papel de la movilización popular obrera y campesina, véase el número especial de la revista DATA (1993).
19 Citado en el fundamental libro de Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidas. Luchas del campesino aymara y quechua de Bolivia (1984). Los trabajos de esta autora resultan fundamentales para comprender el profundo significado histórico de la movilización campesina e indígena boliviana de las últimas décadas, la cual, en su opinión, constituye un proceso democratizador y anticolonial en la sociedad boliviana contemporánea. Véase además del libro ya citado, Rivera, 1983; 1991; 1993.
20 Como destaca Rivera (1984: 172), el principal logro político del katarismo fue la constitución de una central campesina e indígena autónoma: la CSUTCB, que desde entonces es la principal organización agraria de Bolivia.
21 Para un acercamiento detallado a los debates y documentos de este congreso véase Calla et al., 1989.
22 La bibliografía al respecto, tanto en Bolivia como en Perú, es bastante extensa. Entre los trabajos más recientes sobre el peculiar universo simbólico de los mineros de origen indígena en los Andes, véase Absi, 2005; Salazar-Soler, 2006.
23 Entre los propulsores de la propuesta plurinacional, estuvieron también diversas ONGs, que elaboraron libros y documentos de gran impacto. Fue el caso de los libros de dos publicaciones ampliamente difundidas de CIPCA: Por una Bolivia diferente (CIPCA, 1991), y En busca de una Bolivia diferente. Sociedad y Estado plurinacional (CIPCA, 1994). También tuvieron bastante importancia los diversos trabajos escritos por académicos e intelectuales, entre los cuales cabe destacar los múltiples textos de Xavier Albo (especialmente Albó, 1991; 1993; Albó & Barnadas, 1990; Albó & Barrios, 1993; Albó et al., 1995) así como la reflexión colecriva del Taller de Historia Oral Andina (THOA). Fue sobre todo bajo el influjo del CIPCA y del THOA, que se conformó una nueva generación de intelectuales y académicos indígenas.
24 La Ley de Capitalización, promulgada en marzo de 1994, establecía la venta del 50 % de acciones de las empresas estatales, las que de esa manera debían administrarse mediante la figura de la sociedad anónima mixta, con el 50 % de acciones en manos del Estado. Se introdujo, asimismo, un bonificación llamada bonosol, consistente en la entrega de doscientos veinte dólares anuales a los mayores de sesenta y cinco años. La Ley de Participación Popular, promulgada en abril de 2004, buscó aumentar el nivel de participación política a través del fortalecimiento de los municipios como células básicas de la organización del país y eje de las relaciones entre Estado y sociedad.
25 Las organizaciones participantes fueron: la CSUTCB, CIDOB, COB y representantes de los colonizadores. Además, también participaron los representantes de empresarios agrarios agrupados en la CAO.
26 Al constituirse en 1986, la CONAIE agrupó a la mayoría de organizaciones indígenas del Ecuador, hecho que, sin embargo, no impide las divisiones y discrepancias internas. Aunque siempre han existido otras organizaciones de alcance nacional, como la FEINE y la FENOCIN, en determinadas coyunturas, los recelos y las tensiones mutuas ceden lugar a una plataforma común, como ocurrió durante el último gran levantamiento indígena, realizado entre fines de enero e inicios de febrero de 2001, bajo el lema «nada solo para los indios». Sobre este levantamiento véase Acosta et al., 2001.
27 La reforma de 1996 estableció que sesenta y ocho diputados —de un total de ciento treinta— serían elegidos como representantes directos de las nuevas jurisdicciones electorales: los distritos uninominales. El resto de diputados, continuarían siendo elegidos de manera plurinominal, proporcionalmente a la votación obtenida por las listas de sus partidos.
28 Q’ara quiere decir, literalmente, pelado o desnudo. Los campesinos aymaras suelen llaman así a los blancos y mestizos, debido a que no utilizan el poncho en su vestimenta cotidiana.
29 De allí también que el discurso más cerradamente etnicista del «mallku» Felipe Quispe, haya impactado fuertemente no solo en el conjunro de la sociedad boliviana, sino entre las propias organizaciones indígenas y campesinas, acostumbradas por décadas a la búsqueda de enlaces con las demandas de otros sectores sociales. Antes de Quispe, incluso el katarismo, en sus vertientes mayoritarias, buscaba insertar sus demandas de reconocimiento étnico en una agenda más amplia de encuentro con otros sectores populares de la sociedad boliviana.
30 Véase un repaso de las políticas étnicas del Estado boliviano, desde la perspectiva de los propios organismos oficiales, en VAIPO, 1998.
31 La tesis del colonialismo interno fue uno de los elementos mis importantes del discurso katarista. También fue uno de los aspectos más discutidos por los intelectuales indianistas, véase Reinaga, 1970; 1971. En la intelectualidad académica boliviana, asimismo, existe una importante reflexión al respecto que ha tenido un fuerte impacto sobre los movimientos indígenas, destacando las reflexiones de Carlos Montenegro (1943), René Zavaleta (1986), Marcelo Quiroga (1972) y posteriormente de Silvia Rivera Cusicanqui (1984; 1991; 1993). Actualmente, un sector al interior del gobierno de Evo Morales, compuesto por intelectuales indígenas —entre ellos el ex ministro de Educación Félix Patzi—, propone la necesidad que el Estado impulse una «descolonización» de la sociedad en Bolivia. La tradición boliviana de pensamiento en torno al «colonialismo interno», debe distinguirse de corrientes intelectuales actualmente muy influyentes, tales como los estudios sobre colonialidad del poder, el poscolonialismo y los estudios de la subalcernidad. lo cual no niega que entre los intelectuales bolivianos busquen establecer resonancias entre el «colonialismo interno» y otras perspectivas (por ejemplo Rivera & Barragán, 1997).
32 Fue el caso, por ejemplo, de la articulación entre las demandas étnicas y las luchas por la recuperación democrática de la década de 1970 e inicios de 1980. Véase al respecto Rivera Cusicanqui, 1983.
33 Líneas arriba esbozamos una cronología de estas protestas, así como de la composición social y política de los movimientos sociales bolivianos.
34 La CONAMAQ es una importante organización indígena que ha crecido rápidamente en los últimos años, con base en un discurso de reivindicación de la territorialidad y la religiosidad aymara. Su propuesta es la reconstrucción de los territorios indígenas originarios, como base para la reformulación de la geografía política boliviana.
35 Las palabras corresponden al noticiero matinal del Canal ATB noticias. La Paz, 13 de octubre de 2003.
36 Felipe Quispe anunció que el MIP otorgaba noventa días de tregua al nuevo gobierno. El MAS, por su parte, brindó su apoyo político parlamentario para el cumplimiento de las promesas del gobierno, en tanto que uno de sus militantes, Justo Seoane —aunque a «título personal»—, asumió la cartera de Asuntos Campesinos.
37 Las cinco preguntas del referéndum fueron las siguientes:
1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada?
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: a) cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas; b) fomente la industrialización del gas en el territorio nacional; c) cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50 % del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos.
38 Un análisis pormenorizado de los resultados del referéndum puede verse en Tapia, 2004.
39 Véase, páginas atrás, la nota 15.
40 El dramático discurso de renuncia de Mesa puede verse en: http://www.democraciasur.com/documentos/ BoliviaMcnsajeMesaRenuncia.htm
41 En este punto, puede trazarse el contraste con la candidatura del candidato del MIP, Felipe Quispe. En tanto que Evo Morales logró representar demandas más amplias que incorporaron la agenda étnica en una plataforma de proyección nacional, Quispe se fue atrincherando cada vez más en el particularismo étnico de tintes racistas. Al final, el resultado electoral convirtió al primero en el Presidente más votado de la historia del país y dejó al segundo convertido en un personaje cercano a la marginalidad política.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Sociedad y gobierno episcopal
Las visitas del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo (Cuzco, 1674-1694)
Pedro Guibovich Pérez et Luis Eduardo Wuffarden
2008
Indigenismo y nación
Los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua en el Boletín Titikaka (1926-1930)
Ulises Juan Zevallos Aguilar
2002
Los Andes y el reto del espacio mundo
Homenaje a Olivier Dollfus
Jean-Paul Deler et Évelyne Mesclier (éd.)
2004
Memorias en conflicto
Aspectos de la violencia política contemporánea
Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori et al. (éd.)
2004
De los Andes hasta Pará
Ecuador - Perú - Amazonas
Marcel Monnier Edgardo Rivera Martínez (trad.)
2005
Del trono a la guillotina
El impacto de la Revolución Francesa en el Perú (1789-1808)
Claudia Rosas Lauro
2006
Ladrones de sombra
El universo religioso de los pastores del Ausangate (Andes surperuanos)
Xavier Ricard Lanata
2007