1Al cabo de una década de movilización electoral indígena en Colombia en los años 1990, la entrada al tercer milenio estuvo acompañada de nuevas series de elecciones: municipales y departamentales en 2000; parlamentarias en 2002; y municipales y departamentales en 2.003. En cierta medida, estas confirmaron tendencias ya discernibles en años anteriores: éxito relativo de las opciones políticas indígenas en el escenario electoral; identifica-ción de zonas claves en cuanto al voto (pro) indígena(s); presencia de líderes indígenas en la esfera pública, etcétera. En algunos otros aspectos, los pro-cesos electorales de 2000, 2002 y 2003 trajeron consigo câmbios significativos en el paisaje político nacional y en las dinámicas internas de las fuerzas que encarnan el movimiento indígena: con una expansión fuerte de la ASI y del Movimiento de Autoridades hacia la zona selva-llano -región del país hasta entonces cuasi desconocida por esta última organización- tras la perdida de la personería jurídica y, por tanto, la desaparición del MIC del “juego electoral” después de las elecciones de 1998; con la elección, por primera vez en la historia del país, de un gobernador indígena de departamento, en 20001; con una pequeña pero sensible baja de los resultados de las organizaciones indígenas en un entorno electoral marcado por los cambios de las “reglas del juego” introducidos por la reforma política en 2003. Elementos sobre los cuales, a manera de un epílogo -por cierto provisional-, se propone volver y hacer una presentación sucinta en las próximas páginas.

ELECCIONES DE 2000: “PUNTO CULMINANTE”2

2De todos estos procesos electorales, los de 2000 aparecen, sin duda, como los más destacados para las organizaciones políticas indígenas en cuanto a sus expectativas, reflejadas en una profusión de sus candidaturas, y en sus resultados, a la altura de estas últimas. Entre los diversos tipos de eleccio-nes en esta oportunidad hubo, de nuevo, más de quinientos aspirantes en nombre del movimiento indígena; de ellos, doscientos setenta y seis acce-dieron a los cargos disputados: quince elegidos de los cincuenta candidatos para alcaldías; doscientos cuarenta y nueve de los cuatrocientos treinta y uno para concejos municipales, doce de los cuarenta y nueve para asam-bleas departamentales, distribuidos en todo el país en representación de las organizaciones Aico y ASI -sin hablar de una serie de coaliciones con otros sectores políticos, que a veces resultaron positivas-. Paralelamente, hay que subrayar para ese mismo año la elección de Floro Alberto Tunubalá como jefe del ejecutivo en el departamento del Cauca.

3Respecto de las candidaturas para alcaldías, se repartieron de la siguiente manera (véase la tabla 23): treinta y dos para la Alianza Social Indígena: dieciséis en el Cauca; tres en el Choco; dos en Antioquia, en Cundinamarca y en el Vichada; y una en cada uno de los departamentos de Amazonas, Huila, Meta, Risaralda, Tolima, Valle y Vaupés; y dieciocho para el Movimiento de Autoridades, asi: siete en Nariňo; cuatro en Antioquia; dos en el Cauca; y una en Caldas, Guainía, Tolima, Sucre y Valle. En respuesta la ASI sumo un total de once alcaldes, de los cuales ocho salieron elegidos en el Cauca -en Bolívar, Florencia, Jambaló, Paez, Patía, San Sebastián, Santa Rosa y Toribio-, es decir, no sólo en municípios marcados por la experiência dei movimiento indígena, sino también en otros, caracterizados por la presencia de organizaciones campesinas, en especial el ya mencionado Cima3; uno en el Choco -municipio de Jurado-; uno en Cundinamarca -en Zipacón-; y uno en Risaralda -Mistrató-. Por su parte, el Movimiento de Autoridades conservo dos alcaldías -perdiendo otras dos- en Nariňo -en los municípios de Aldana y de Mallama- así como la de Silvia -en el Cauca-, mien-tras ganó una en el departamento de Antioquia -en Murindó-. Adernas, al lado de candidaturas propias, la Alianza Social Indigena y el Movimiento de Autoridades formaron alianzas con otras agrupaciones políticas: Anupac, Partido Visionario, Progresismo Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido Comunista. A este propósito, es importante destacar la victoria de algunas de estas coaliciones: en Bogotá, con la elección de Antanas Mockus a partir de un esfuerzo conjunto entre la ASI, la Anupac y el Partido Visionario; en el municipio de Caramanta (Antioquia), entre la ASI y el Progresismo Democrático; о en Riosucio (Caldas), entre la ASI, el Partido Liberal y el Partido Comunista.

TABLA 23. ELECCIONES DE ALCALDES, 2ООО

4Las candidaturas para concejos municipales revelaron también una tendencia al alza para las organizaciones en representación del movimiento indígena (véase la tabla 14): con doscientas setenta y tres candidaturas y la victoria para ciento setenta y un curules -doscientas sesenta y dos y ciento dos en 1997, respectivamente- para la ASI; con setenta y ocho elegidos por ciento cincuenta y ocho aspirantes para el movimiento Aico -que tuvo treinta y cinco elegidos de cincuenta y nueve candidatos en 1997-; y, nuevamente, con la formación de coaliciones en varias regiones del país: Bogotá, Antioquia, Cauca, Cundinamarca, La Guajira o el Valle. Una vez más, Cauca y Nariño aparecieron como “puntos fuertes” para cada una de las organizaciones políticas indias, con la presentación de ciento dieciséis listas por parte de la ASI en el primero de estos departamentos, y de sesenta y seis por parte de Aico en el segundo. Paralelamente, la ASI presentò treinta y cinco candidatos en Antioquia; veintiuno en el Chocó; dieci-siete en el Tolima y en el Vichada; ocho en Vaupés; siete en La Guajira; seis en Córdoba; cinco en Amazonas, en Cundinamarca, en Nariño y en Sucre; cuatro en Santander y en el Valle; tres en Caldas, en Guainía, en Putumayo y en Risaralda; dos en el Huila y en el Meta; y uno en Norte de Santander y en el Quindío.

TABLA 24. ELECCIONES DE CONCEJALES, 2000

5Por su lado, el Movimiento de Autoridades totalizó diecisiete listas en Putumayo; catorce en Córdoba; trece en Vichada; ocho en Cauca y en Sucre; siete en Guainía; cinco en Antioquia; cuatro en Caldas y en el Huila; tres en La Guajira y en el Vaupés; y una en Bogotá y en cada uno de los departamentos de Caquetá, Meta, Risaralda, Tolima y Valle.

6Los resultados fueron especialmente altos para la ASI en el Cauca, con la elección de un total de ciento dos concejales en este departamento: once en Santa Rosa; diez en Jambaló; nueve en Toribio; siete en San Sebastián; seis en La Vega; cinco en Caldono, Florencia, Páez-Belálcazar y Puracé; cuatro en Almaguer, Morales y Patía-El Bordo; tres en Bolívar y en Totoró; dos en Balboa, Corinto, Inzá, La Sierra, Santander de Quilichao, Silvia y Timbío; y uno en cada uno de los municipios de Buenos Aires -iel cual, dicho sea de paso, tenia la particularidad de aparecer registrado bajo el nombre de Manuel Quintín Lame Chantre!-, Cajibío, El Tambo, Mercaderes, Miranda, Sotará y Timbiquí. De esta forma se confirmo el peso electoral de la ASI en numerosos municipios del departamento, entre ellos varios de la zona sur, caracterizados por intentos de acercamiento entre organizaciones indígenas y campesinas4. Aun-que en una menor medida, el movimiento Aico alcanzó la elección prometedora de cuarenta y dos de sus aspirantes en Nariño: cinco en Aldana, Cuaspud-Carlosama, Cumbal y Guachucal; cuatro en Córdoba y Mallama; tres en Ipiales y Ricaurte; dos en Imues, Santacruz, Túquerres; y uno en Contadero y Potosí.

7Fuera del Cauca, la Alianza Social Indígena contó con la llegada a los con-cejos municipales de diecisiete de sus candidatos en el Chocó (seis en Juradó; cinco en Riosucio; tres en El Litoral de San Juan; y uno en Bajo Baudó, Lloró y Nuquí); trece en Antioquia (dos en Murindó; y uno en cada uno de los municipios de Andes, Apartadó, Arboletes, Bello, Cáceres, Dabeiba, Fredonia, Jardin, Marinilla, Rionegro, San Juan de Urabá) ; siete en el Vichada (cinco en Cumaribo; y uno en Santa Rosalia y en La Primavera); seis en el Tolima (dos en San Antonio; y uno en cada uno de los municipios de Chaparral, Natagaima, Ortega y Planadas, municipios significativos en cuanto a lucha indígena en el departamento); cuatro en el Vaupés (tres en Carurú; y uno en Mitú); tres en Nariño (en el municipio de San Pablo) y en Sucre (uno en Sincelejo, capital del departamento; y uno Palmito y en Toluviejo); dos en Caldas (en Riosucio), Putumayo (en Puerto Caicedo), Risaralda (uno en Mistrató y Quinchía) y Santander (en Chipatá); uno en cada uno de los departamentos de Amazonas (Puerto Nariño), Córdoba (en San Andrés de Sotavento), Cundinamarca (Ubaque), Guainía (Inírida), Huila (La Plata), La Guajira (Barrancas), Norte de Santander (Sardinata) y Valle (Florida).

8De su lado, Aico logró (además de Nariño) acceder a siete concejos municipales en el Cauca (cinco en Silvia, y uno en Buenos Aires y en La Sierra) y en el Putumayo (dos en Colón y en Sibundoy, y uno en cada uno de los municipios de Puerto Leguizamo, San Francisco y Santiago); cinco en Córdoba (Ciénaga de Oro, Chima, Chinú, Momil, San Andrés de Sotavento) y en el Vichada (todos en Cumaribo); tres en Caldas (dos en Riosucio y uno en Supia) y en Sucre (dos en Sampués y uno en Palmito); dos en Guainía y el Huila (Iquira, La Argentina); y uno en La Guajira (Uribia) y en el Meta (Puerto Gaitán).

9En los departamentos, las asambleas constituyeron un escenario más para la movilización política indígena, con un total de treinta y dos candidatos de la ASI y de dieciocho del Movimiento Aico; hubo nueve y tres elegidos de cada una de estas agrupaciones, respectivamente (véase la tabla 25). En esta oportu-nidad hay que anotar un doble fenómeno digno de interés: ambas organizacio-nes políticas indias no sólo tendieron a dirigir sus estrategias preelectorales hacia la zona selva-llano -como pudo observarse en la competencia para acceder a las alcaldías y los concejos municipales-, sino que, además, las tierras bajas se convirtieron en uno de sus espacios privilegiados, sustituyendo en esta ocasión a los departamentos andinos de Cauca y Nariño.

TABLA 25. ELECCIONES DE DIPUTADOS, 2OOO

10Así las cosas, los candidatos de la ASI buscaron demostrar su fuerza -a pesar de que, más bien, contribuyeron a agudizar una tendencia a la extrema dispersión- en Vaupés (nueve candidatos), Vichada (seis) y Guainía (cuatro). A estos aspirantes hay que sumar -en una medida уа mucho más razonable-cuatro en el Cauca, tres en el Chocó y uno en cada uno de los siguientes departamentos: Amazonas, Antioquia, La Guajira, Putumayo, Tolima y Valle -entre los que es importante subrayar, nuevamente, una voluntad de presencia en la amazonia-. A pesar de estas múltiples candidaturas fuera de las “zonas fuertes” de la organización, el Cauca volvió a constituirse en punto sobresaliente en materia de resultados: con la elección de tres diputados - Arquimedes Vitonas, Marcos Avirama y Luis Alberto Fiscué- en su nombre. Al lado de ellos, otros cinco representantes de la ASI formaron parte de las asambleas departamentales del país: dos en el Vichada -Argenid Silva y Aldenar Gómez-; y uno en Antioquia -Gerardo Jumí, quien unos meses después dejó su curul para asumir una en el Senado-, en Guainía -Jorge Villegas-, y en Vaupés -José Alvaro Bustos-.

11Por su parte, el Movimiento de Autoridades reiteró su entrada en la zona selva-llanos con cinco candidatos en Guainía, cuatro en Vichada, dos en Putumayo, uno en Amazonas y en Vaupés. Además, presentó dos candidatos en el Cauca y uno en cada uno de los departamentos de Antioquia, Caldas y Huila. Entre estos se destacaron tres ganadores, empezando con la victoria, por tercera vez consecutiva, de una mujer -Dioselina Bailarín- en Antioquia, al lado otros dos diputados en el Cauca -Segundo Tombe Almendra- y el Vichada -Fabrício Peña-.

12Finalmente, el mismo año, 2000, se efectuo también la elección de gober-nadores. Con este motivo, la Alianza Social Indígena y el Movimiento de Autoridades mostraron interés de nuevo por la zona selva-llano -con candidatos en su nombre en Guainía y Vaupés, así como otro más en el Vichada en representación de la ASI (véase la tabla 26)-, aun cuando estos esfuerzos no dieron los resultados esperados. Sin embargo, una vez más es en el Cauca donde debe buscarse el fenómeno más llamativo de la movilización indígena en este proceso electoral, pues allí fue elegido el guambiano Floro Alberto Tunubalá, con base en una coalición entre las dos organizaciones indígenas.

TABLA 26 ELECCIONES DE GOBERNADORES, 2000

“EN MINGA POR EL CAUCA”: VIDA Y MUERTE DE UN PROYECTO5

13Para alcanzar a medir la dimensión de la elección de este líder indígena en la gobernación del Cauca es importante señalar que está asociada con una fuer-te carga simbolica. En efecto, se da en un departamento que -como se seña-ló- se destaca a la vez por la trayectoria de lucha de la población indígena y por la presencia de una elite local fuertemente anti-indios, que se reclama de ascendencia española, estrechamente vinculada con la Iglesia católica y los partidos tradicionales y de grandes familias de terratenientes, que en las últimas décadas se han visto desposeídas por operaciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por las organizaciones indias creadas en los años 1970 (véanse los Capítulos 2 y 9).

14Dado el impacto de estos contrastes, la eleccion de Tunubalá puede ser interpretada a primera vista como una victoria del movimiento indígena. Sin embargo, un aspecto interesante es que la “apuesta” parece haber ido aún más lejos. De hecho, el candidato guambiano a la gobernación fue ava-lado por una coalición amplia, multiétnica y heterogénea, el llamado Bloque Social Alternativo, constituido no sólo por las organizaciones indígenas6, sino también por múltiples otras agrupaciones “cívicas” del departamento, de índole local, subregional o regional, rurales o urbanas: asociaciones de campesinos, centrales obreras, sindicatos de profesores o personal de la salud, organizaciones de población negra, etcétera. De esta forma, cuando en agosto de 2000 se lanzó la candidatura del líder guambiano a la gobernación se esperaba que encarnara los intereses de todos los que, hasta entonces, no tenían acceso al poder regional pero proponían unirse en adelante alrededor de un mismo proyecto político, más allá de cualquier pertenencia étnica u organizativa. Además, el Bloque Social Alternativo atrajo la simpatia de unos liberales que se reclamaban independientes frente a los potentes cuadros del partido presentes en el departamento.

15En cuanto a la decisión de recurir a la candidatura de Tunubalá dentro de este bloque, tomada después de una serie de reuniones entre estos sectores, parece poder justificarse por varias razónes. En primer lugar, por la trayectoria personal del líder indígena: miembro del Movimiento de Autoridades, Tunubalá fue uno de los primeros senadores indígenas elegidos, en 1991; paralelamente, durante 1998-1999 desempeñó el cargo de máxima autoridad en su comunidad de origen, en cuanto gobernador de cabildo. Adernas, otro factor puede haber contribuído a su escogencia: la conversión -y a veces utilización estratégica-de la indianidad como argumento electoral desde principios de los años 1990, perceptible de manera significativa en las “palabras” e “imágenes” que acom-paňan las campañas electorales: mediante una serie de temas y lemas privilegiados por los candidatos del movimiento indio y que muchas veces son respaldados por una reafirmación visual de lo indio (véase el Capítulo 6). De hecho, los indígenas guambianos usan generalmente un vestido que se parece a una larga falda azul, lo que hacía de Floro Alberto Tunubalá un candidato particularmente visible y reconocible, escogido entre otros posibles aspirantes -entre los cuales, рог ejemplo, un no indígena apoyado por la ASI, Henry Casallero (véase el Capítulo 7 y más adelante) -. En este mismo orden de ideas, cabe mencionar que la campana llevada a cabo por el Bloque Social Alternativo utilizó un eslogan, En minga роr el Cauca, que hacía referencia clara a lo indígena (Bloque Social Alternativo, 2000).

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16Finalmente, las elecciones se ganaron contra un solo rival, del Partido Liberal, con una de las votaciones más altas de la historia del departamento: 148.183 votos para Tunubalá, contra 132.956 para el otro competidor, César Augusto Córdoba (véase la tabla 27) (RNEC, 2000).

17La movilización a favor de Floro Tunubalá fue alta en las zonas indígenas, en especial en los municipios de Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Toribio y Totoró, en donde las comunidades más bien son cercanas al Cric y la ASI, y en Silvia, en donde están ubicadas la mayoría de las comunidades guambianas, más favorables al Movimiento de Autoridades -y entre ellas la de Tunubalá-. Fue muy significativa también en algunos municipios con población negra como Guapi y Timbiquí en la costa pacífica, Patía, Puerto Tejada o Santander de Quilichao; en el sur del departamento, marcado por la influencia del Cima, por ejemplo, en Argelia, La Vega, Rosas y San Sebastián, a pesar de que en otros municipios -Almaguer, Bolívar o Suárez, entre otros-la votación respaldo mayoritariamente al candidato liberal, originario de esta zona; y, por último, de manera algo sorprendente, en la capital departamental (Popayán) en donde al parecer hubo un respaldo no sólo en los barrios populares sino también entre sectores más favorecidos; es posible, en este caso, que la presencia de los “liberales independientes” para respaldar al Bloque Social Alternativo haya concurrido a influir en la votación a favor del candidato indígena.

TABLA 27. VOTCACIÓN PARA GOBERNADOR EN EL CAUCA, 2000

18Obviamente, el fuerte “choque” generado por la candidatura de Tunubalá adquirió proporciones aún más grandes en el momento de su elección. De repente, el que era calificado durante su campaña de indio patirajado, indio culimocho, se volvió gobernador de todos los habitantes del Cauca y llegó acompañado de dos secretarios -guambianos también- a las oficinas de la gobernación, en la iciudad bianca! Además, como gobernador, el mismo Tunubalá debía tomar parte en las procesiones de semana santa, organizadas cada año por la elite local y que son el orgullo de la capital departamental, lo que dio lugar a un “espectáculo” algo raro y, sobre todo, sin precedentes, con el paso del líder guambiano en el desfile de notables de Popayán, entre el arzobizpo y el Cristo resuscitado y bajo los aplausos del público.

19En cuanto al gabinete del gobierno departamental encabezado por Tunubalá, reflejo la diversidad de los sectores que componían el Bloque Social Alternativo: indios, negros, mestizos, miembros de sindicatos y del Comité de Integración del Macizo Colombiano, liberales independientes. Sin embargo, como no había de esperarse, entre los representantes de las organizaciones indigenas hubo relativamente pocos indios, y, según sus opositores, más asesores “blancos”.

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20Pasado el efecto sorpresa generado por esta elección fuera de lo común, la alianza que la hizo posible dejó entrever sus limites.

21Los primeros signos reveladores de sus fallas aparecieron con motivo del acercamiento de las siguientes elecciones, las parlamentarias de marzo de 2002. En ese momento varios candidatos originarios del Cauca y vinculados a las distintas organizaciones del Bloque Social Alternativo pretendieron acceder al Congreso -en especial a la Cámara de representantes- reafirmando sus pertenencias iniciales, dejando de lado el esfuerzo unificador del Bloque y presentándose de nuevo como rivales. Al respecto pueden señalarse, por ejemplo, las candidaturas paralelas de Lorenzo Almendra, por Aico, y de Carlos Emiro Solarte, por la ASI (véanse, más adelante, las páginas dedicadas a las elecciones parlamentarias de 2002).

22En los meses siguientes, las divergencias o, incluso, divisiones, se hicieron cada vez más evidentes, hasta una desintegración progresiva del Bloque Social Alternativo como tal. Es más, las oposiciones más fuertes al equipo de gobierno de Floro Alberto Tunubalá nacieron en el propio seno de la coalición.

23Por un lado, se dio a conocer la inconformidad de ciertos sectores -en particular, un sindicato de profesores, Asoinca- según los cuales el gobierno de Tunubalá estaria basado en una alianza demasiado restringida entre la ASI, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Cima, a los que estaban directamente ligados varios miembros del gabinete. Paralelamente, el Mo-vimiento de Autoridades decidió tomar distancia frente al gobierno departamental, lo que de alguna forma dejó en claro, de nuevo, las diferencias entre las dos vertientes del movimiento indígena del Cauca. Por último, si bien había cierto consenso para reconocer la honestidad del gobernador Tunubalá, hubo también críticas, manifiestas o latentes, por parte de otros tipos de seguidores o electores del Bloque Social Alternativo en relación con el hecho que las esperanzas motivadas por su llegada al poder no ha-bían sido cumplidas7.

24Además, una vez posesionado, el gobierno alternativo de Floro Alberto Tunubalá tuvo que hacer frente a dos dificultades grandes, que contribuye-ron a reducir su margen de acción: el estado de quiebra de un departamento fuertemente endeudado y la presencia de actores armados que en más de una oportunidad atacaron municipios, amenazaron a los elegidos o, incluso, los mataron8.

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25En semejante contexto, al cabo de tres años de gobierno alternativo y con la llegada de nuevas elecciones para escoger alcaldes y concejales, y diputa-dos y gobernador, en octubre de 2003, la incertidumbre en cuanto a quién podría ser el sucesor de Tunubalá era grande.

26De nuevo se intentó constituir una fuerza alternativa a los partidos tradi-cionales, respaldada por casi los mismos sectores que apoyaron al Bloque Social Alternativo en 2000. No obstante, esta vez no hubo candidato indígena. Además, a pesar de la voluntad de la ASI de proponer “su” candidato - Henry Caballero, ex secretario de Gobierno de Tunubalá y consejero departamental para la paz, en otras palabras, una figura clave en el seno del Bloque Social Alternativo-, este fue derrotado por medio de un voto de preselección por un candidato que representaba al Polo Democrático Inde-pendiente -una opción de otro tipo, que se presentó, por cierto, como alternativa a los partidos tradicionales, pero no indígena-9.

ELECCIONES DE CONGRESO 2002

27Entre tanto, a “mitad de camino” del gobierno Tunubalá en el Cauca, tuvie-ron lugar elecciones legislativas, en marzo de 2002.

28En dicha oportunidad llamó especialmente la atención la gran prolifera-ción de listas para competir рог la circunscripción nacional especial, dentro y fuera de los esquemas programáticos propuestos por las fuerzas políticas indígenas representadas nacionalmente. En efecto, además de candidatos en representación del Movimiento de Autoridades -Efrén Félix Tarapués: 35.215 votos- o de la Alianza Social Indígena -el caucano y coconuco José Domingo Caldón: 19.776-, se encuentran los nombres de muchos otros aspirantes, en su mayoría уа conocidos en el ámbito politico-electoral indígena nacional. Entre ellos, para empezar, debe destacarse la presencia de los dos ex constituyentes indígenas, quienes tuvieron la particularidad de figurar más allá de los ran-gos de sus “organizaciones madres”, con el aval de fuerzas independientes no indígenas: Francisco Rojas Birrry (29.578), inscrito por el movimiento Visión Étnica Huella Ciudadana10; y Lorenzo Muelas (12.012), inscrito como candidato del Frente Social y Político. Otro fenómeno llamativo del proceso electoral de marzo de 2002 fue que dio cabida a la inscripción de dos hermanos, ipara la misma curul!: Antonio y Benjamín Jacanamijoy Tisoy, por el Partido del Socialismo Democrático (11.279) У el Movimiento Comunal у Comunitario (5.210), respectivamente. Para la misma circunscripción electoral especial indígena aparecieron, además, Marcelino Chindoy Chicunque por un -nuevo- Partido Indígena Colombiano (11.266); Myriam Chamorro Caldera por el Movimiento Defensa Ciudadana (8.082); el ex representante a la Cámara de la ASI Jhony Aparicio Ramirez por el Movimiento Convergencia Ciudadana (5.546); así como el wayuu Alvaro Ignacio Iguarán Uriana, mandatario de una llamada Asocia-ción de Autoridades Tradicionales Wayu de Uribia (4.654). Paralelamente, la circunscripción ordinaria conto, de nuevo, con la candidatura de Jesús Enrique Piňacué, en representación de la ASI (83.594)11.

29Por su parte, la circunscripción especial para la Cámara de representantes -que, después de una interrupción de varios años fue reintroducida para 2002, al lado de otras dos, para las “negritudes” y para los “colombianos en el exterior”- reunió a varias candidaturas: Lorenzo Almendra Velasco -del Movimiento de Autoridades, 70.463-; Pedro César Pestaña Rojas -del Cabildo del Resguardo Indígena Zenú-Huella Ciudadana, 45.793-; Moisés Villafañe Izquierdo -por la Organización Gonawindua Tayrona, 40.040-; Amanda Tascón Panchi -por la Comunidad Indígena de Cristianía/Movimiento Vía Alterna, 22.529-; Fredy Campo Chicangana -en nombre del Cabildo Indígena de Rioblanco-Frente Social y Político, 14.633-; Alvaro Corpus Pito -por el Cabildo Indígena de Pioya/Onic, 6.183-; Casimiro Cabrera Rodríguez -Macroregión de la Amazonía/Onic 3.984-; Roberto Dacsarara Axdobidora -por un llamado Movimiento Asocbari: Asociación de Comunidades Motilón Bari de Colombia, 3.692-12.

30Además de estas, hubo otras candidaturas en representación de las orga-nizaciones indígenas -por vía ordinaria-: Eulalia Yagarí, Carlos Emiro Solarte y Elides Pechene, por la ASI, en Antioquia -21.62.6 votos-, el Cauca -14.160 votos- y Bogotá -3.067 votos-, respectivamente; Amanda Bailarín en Antioquia (3.562); Marcelino Sosa en el Vichada (813); Emperatriz Cahuache en Amazonas (629); y Pablo Acosta en el Guainía (80), con el aval del Movimiento de Autoridades. Candidatos que, sin embargo, no alcanzaron ninguna curul.

31En cuanto a los resultados de estas elecciones del Congreso en 2002, ase-guraron a la vez cierta continuidad con la reelección de Jesús Enrique Piňacué -en el puesto doce- y de Francisco Rojas Birry, así como elementos nuevos, con la llegada de otras dos figuras al recinto del Senado: el pasto Efrén Félix Tarapués, originario de Nariňo; y el embera Gerardo Jumí, de Antioquia, quien alcanzó su curul gracias a los buenos resultados de la lista encabezada por Antonio Navarro -primera votación para Senado, con 212.507 votos- en la que aparecia como segundo renglón. Del lado de la Cámara, el guambiano Lorenzo Almendra -rival, en el Cauca, de un antiguo aliado dentro del Bloque Social Alternativo, como lo fue Carlos Solarte- fue el único en alcanzar una curul.

ELECCIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES, 2003

32Unos meses después, octubre de 2003 se prestó para nuevos escrutinios: a favor o en contra de un referendo propuesto por el presidente Alvaro Uribe (2004-2008), el sábado 25; y para la escogencia de alcaldes y concejales, gobernadores y diputados, al día siguiente.

33Sobre el referendo, conviene subrayar el llamado a la abstención promovido por las organizaciones indígenas, con el objetivo de impedir que se alcanzara el umbral -de una cuarta parte del censo electoral- necesario para su validez. En este sentido, el fracaso de la iniciativa presidencial fue interpretado como una victoria del movimiento indígena, y, de manera más general, de la mayoría de los sectores alternativos.

34Por su parte, las elecciones municipales y departamentales estuvieron precedidas por una reforma política, que trajo consigo una serie de cambios en el sistema electoral colombiano, más precisamente en cuanto a los procedimientos utilizados para la elaboración de las listas, el conteo de los votos y la repartición de las curules. Al respecto, fueron introducidos nuevos elementos entre los cuales, Además de la obligación que tienen las organizaciones políticas de competir por medio de unas listas únicas, se destacan las modalidades de los llamados voto preferente, umbral y cifra repartidora.

35Con el primero las organizaciones políticas del país -entre ellas las indígenas- tienen la posibilidad de decidir si presentan listas preestablecidas, enca-bezadas por el candidato según ellas más opcionado -como solía hacerse hasta entonces- o si brindan a los votantes la oportunidad de dar a conocer directamente su preferencia por uno u otro de los candidatos propuestos, indepen-dientemente del orden en el que aparecen en las listas: en este caso -y esta es la novedad de la reforma- un candidato que aparece, por ejemplo, en la tercera posición en la lista pero que reúna la cantidad de votos más alta resultaria ser un elegido potencial. Para tener el total de votos obtenidos por una lista usando el voto preferente se suman los resultados alcanzados por cada uno de los candidatos inscritos en ella -más los reunidos por la lista en general-13. El segundo punto significativo de la reforma política es el umbral, en otras palabras, el número mínimo de votos que debe lograr una lista para poder entrar en la asignación de curules. Finalmente, también conocida como ley d'Hondt -del nombre de su inventor-, la cifra repartidora remplaza el antiguo esquema cuociente-residuo (véase la nota II del Capítulo 5), asegura la asignación de curules de manera proporcional en función del número de votos obtenidos14. Según sus defensores, estas medidas buscan evitar la dispersión y las microempresas electorales; según sus opositores, significan una amenaza para la sobrevivencia de los partidos pequeños.

36Dadas estas nuevas condiciones de juego y después de sus logros asom-brosos en 2000, las organizaciones políticas indígenas acusaron una baja con motivo de las elecciones municipales y departamentales de octubre de 2.003, por primera vez en una década -es decir, más precisamente, desde los proce-sos electorales de 1994-15. Baja que puede percibirse, en cierta medida, en cuanto al número de listas presentadas, pero también, de manera más sensible, a los resultados alcanzados por la Alianza Social Indígena y el Movimiento de Autoridades.

37En 2003, treinta candidatos -dos menos que en 2000- aspiraron a las al-caldías del país en nombre de la Alianza Social Indígena (véase la tabla 28): la gran mayoría de ellos en el Cauca (doce) y en Antioquia (siete); los demás en el Chocó (dos), Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre y el Vichada (uno). De estos, sólo seis salieron elegidos. Debe destacarse una victoria especialmente significativa, la llegada de Sergio Fajardo como primer mandatario en Medellin. Al lado de este, otro municipio antioqueño -Mutatá- ganó un alcalde en representación de la ASI. Por otra parte, la ASI volvió a ganar cuatro alcaldías -y perdió otras cuatro- en el Cauca: no sólo en sus “municipios fuertes” de Jambaló y Toribio sino, también, en Caldono y en San Sebastián.

TABLA 28. ELECCIONES DE ALCALDES, 2003

38Por su parte, el movimiento Aico contó con quince candidatos -en vez de dieciocho en 2000-, cerca de la mitad de ellos en Nariño (seis), dos en Caldas, y uno en cada uno de los departamentos de Antioquia, Casanare, Cauca, Guainía, Valle y Vichada; además, es importante llamar la atención sobre una candidatura de Aico para la alcaldía de Bogota: la de Gloria Gaitán, lo que dejaría entrever que, por lo menos en algunos aspectos, la concepción de la relación entre indígenas y nación ha tendido a modificarse en los últimos años, icon nada menos que la presencia de la hija de una de las figuras nacio-nales más importantes de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, encabezando la lista de una organización indígena para la capital del país! A pesar de estas expectativas, el movimiento Aico apenas consiguió tres alcaldías -en dos municipios de Nariño- (Aldana, ya ganada en 2000, y Piedrancha) y en Riosucio (Caldas).

39En cuanto a la competencia electoral para concejos municipales, en com-paración con 2000 fue testigo del descenso en el número general de listas, acompañado, sin embargo, de la multiplicación de los candidatos -favorecida por la introducción de la herramienta del voto preferente-.

40Del lado de la ASI motivó la preparación de ciento dieciséis listas (véase la tabla 29): veintiocho sin voto preferente, y ochenta y ocho con voto preferente, las cuales sumaron seiscientos veintidós candidatos -contra doscientas setenta y tres candidaturas en 2000-. Se presentaron en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada. Permitieron así la elección de ciento cincuenta concejales -en vez de ciento setenta y uno en 2000- en representación de la organización: ochenta y ocho en el Cauca; trece en Antioquia; ocho en el Chocó; siete en La Guajira; seis en Sucre; cuatro en Córdoba, Nariño y el Tolima; tres en Risaralda y en Santander; dos en Putumayo, y el Valle; y uno en cada uno de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cesar y Meta.

41Por su parte, Aico presentó cuarenta y ocho listas (véase la tabla 29): dieciséis sin voto preferente, y treinta y dos con voto preferente, con doscientos treinta y seis candidatos, en vez de ciento cincuenta y ocho en 2000: en Antioquia, Bogotá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada. Aspiraciones que se concretaron en la elección de sesenta y cuatro concejales: treinta en Nariño; once en el Cauca; ocho en Caldas y en Vichada; dos en Guainía; y uno en cada uno de los departamentos de Antioquia, Huila, La Guajira, Putumayo y Vaupés.

TABLA 29. ELECCIONES DE CONCEJALES, 2003

42En el caso de las elecciones de asambleas departamentales se observa el mismo fenómeno -baja del número de listas/alza del número de candidatos-que en el caso de los concejos municipales. En esta oportunidad, siete listas y veintisiete candidatos (treinta y dos en 2000) se presentaron en nombre de la Alianza Social Indígena; y nueve listas y cuarenta candidatos (en vez de die-cisiete en 2000) para Aico (véase la tabla 30). Estas dos organizaciones le dieron prioridad al Cauca, con nueve y once candidatos, respectivamente -que compitieron por medio de listas con voto preferente-.

43De estos veinte candidatos, tres salieron victoriosos: dos de la ASI (Daniel Piňacué y Ricardo Gembuel); uno de Aico (Harold Humberto Ruiz). Fuera del Cauca, la ASI agrupó candidatos en competición según la modalidad del voto preferente en el Tolima (siete); Valle (cuatro) y Vaupés (siete). Paralelamente, propuso listas sin voto preferente en Antioquia, Chocó y Risaralda. Esfuerzos que, no obstante, sólo tuvieron resultados positivos en Antioquia, con, una vez más, la elección de Eulalia Yagarí. De tal forma, en 2003 la ASI perdió cinco representantes en las asambleas departamentales del país en comparación con 2000. Por su parte, el Movimiento de Autoridades elaboró dos listas sin voto preferente, en el Amazonas y el Valle; siete más con voto preferente en Antioquia (tres candidatos), Guainía (siete), Nariño (cinco candidatos), Putumayo (dos), Vaupés (cinco candidatos), Vichada (siete). En cuanto a los resultados de Aico, sin cumplir con sus expectativas, comprobaron una leve progresion de la orga-nización, con la elección de cuatro diputados -en vez de tres en 2000-: uno en Guainía (Rafael Edwin Guzmán), uno en Nariño (Silvio Antonio Lagos) y uno en Vichada (Aldemar Gómez), Además del ya mencionado elegido caucano.

TABLA 30. ELECCIONES DE ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, 2003

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44Finalmente, en octubre de 2003 tres candidatos se pelearon las gobernaciones del país en nombre de las fuerzas políticas indígenas: uno por la ASI, en Nariño; y dos por Aico: en Guainía y Vichada (véase la tabla 31). Los resultados de estas elecciones hicieron posible, por segunda vez después de la poco afortunada experiencia de la ASI durante el periodo 1997-2000 (véase el Capítulo 5), el acceso de un representante elegido con el aval de una organización india -en esta oportunidad, el Movimiento de Autoridades- en el departamento del Guainía: Efrén de Jesús Ramirez, indígena curripaco.

TABLA 31. ELECCIONES DE GOBERNADORES, 2003

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45Paralelamente, es válido detenerse en el proceso que vivió el Cauca con motivo de estas elecciones. Como se señaló, en esta oportunidad el movimiento indígena no tenia candidato propio, sino que respaldó a un representante del Polo Democrático Independiente: el antiguo ministro de Salud de la Alianza Democrática M-19, Camilo González Posso.

46Dadas estas circunstancias, el 26 de octubre de 2003 los partidos tradi-cionales parecieron tomar su revancha con la elección de un candidato conservador para la gobernación del departamento, quedando un candidato liberal en el segundo puesto y dejando atrás al candidato del Polo, un resultado desalentador, que además contrasta con victorias sin precedentes de los sectores alternativos en otras regiones del país como Bogotá, Medellin y Cali.

47Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones un elemento inesperado vino a modificar las cosas en el departamento. Declarado inelegible por cinco años por la justicia colombiana, el supuesto vencedor no fue autorizado para asumir sus funciones; por tanto, el Cauca debió poner de nuevo en marcha la máquina electoral y volver a las urnas, el 22 de febrero de 2002. Nuevas elecciones que, no obstante, no tuvieron un final más feliz para el candidato alternativo, otra vez respaldado por las organizaciones indígenas -y, para la ocasión, por algunos liberales-16, pero vencido de nuevo por un miembro de la clase política tradicional: el ex senador liberal Juan José Chaux Mosquera.

48Con base en estos elementos, seria posible interpretar el desenlace de tres años de gobierno alternativo en el Cauca como un retroceso del movimiento indígena. Sin embargo, esta seria una lectura demasiado apresurada. En erecto, más allá del fracaso del Polo las organizaciones indígenas lograron asegu-rar su posición en algunas de sus “zonas fuertes” en el departamento -el norte, el oriente y la zona de Tierradentro- a pesar de una excepción, sin duda significativa: la pérdida de la alcaldía del municipio del cual es orginario Floro Tunubalá, hasta entonces en manos del Movimiento de Autoridades. En este sentido, mientras la suerte de la gobernación reflejaría el carácter vacilante de un intento de movilización social amplia en el Cauca, los resultados en la demás corporaciones públicas, al contrario, parecen confirmar la dinámica de un movimiento indígena caracterizado por su trayectoria de más de diez años en el ámbito electoral.

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

49En el momento en que se comenzó este trabajo, uno de sus principales obje-tivos ега dar cuenta de la reciente experiencia política de las comunidades indias de Colombia, en particular, a partir de la apertura de campos de repre-sentación desconocidos local, regional y nacionalmente. Para eso, se descri-bieron distintas etapas del movimiento indígena colombiano: su creación y desarrollo, hasta el momento clave de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; los diez primeros años de su “aprendizaje de la política moderna” en un nuevo entorno legal y durante varias series de elecciones; los efectos de su inserción en el universo politico-electoral. A partir de esta observación, sin embargo, fue cada vez más evidente cuán difícil es, en Colombia, hablar de una participación política indígena: en cuanto modo de expresión que, a la vez, sea homogéneo, responda a cierto grado de unidad y encarne los intereses de un grupo de la población que podría considerarse como suigeneris a partir de su auto y heterodesignación bajo el término genérico de indígena. Al contrario, más bien se pudo tener en cuenta como múltiples modos de ejercicio de lo político - y la política- se combinan o, a veces, se oponen: en espacios que van del plano comunitario a la escala nacional y en los que comunidades, organizaciones y elegidos toman parte, de manera paralela, en representación del movimiento indígena.

50A grandes rasgos pudieron distinguirse, además, dos inclinaciones principales. Por una parte, se destaca un movimiento relativamente sòlido y bien construido que, desde su nacimiento, hizo la apuesta -y parece lograria con cierto éxito- de reunir en sí las reivindicaciones de las comunidades indígenas al lado de las de otros sectores, considerados populares, de la sociedad colombiana: reivindicaciones no sólo identitarias y puntuales -por la tie-rra, la educación o la salud-, sino, también, más generales, en favor de la apertura y modernización dei sistema político, de la transformación de las relaciones de poder, de la reelaboración de la toma de decisiones, más allá de la mera modificación de su estatus dentro de la nación. Objetivos, ya anti-guos, para los cuales el acceso a la escena electoral seria un instrumento más. Por otra parte, no obstante, el escenario político igualmente se prestó para la aparición de otros tipos de aspiraciones, también nacidas en el seno del movimiento indio y expresadas por lo general en su nombre, pero justificadas por estrategias a menudo más bien individuales: manifestadas por medio de asociaciones de amplitud variable; con un apoyo a veces relativamente indeciso e inconstante de las comunidades; en respuesta a las reformas fomentadas desde el final de la década de 1980 y al multiculturalismo oficialmente reconocido por la constitución de 1991.

51A pesar de todo, el movimiento indígena debe entenderse como involucra-do en la esfera politico-electoral colombiana. Ante tal fenómeno, varias incer-tidumbres permanecen, las que deberán tenerse en cuenta para su evolución en los próximos años. Entre ellas puede uno preguntarse, en primer lugar, sobre la capacidad que tendráel movimiento indígena colombiano de reducir los problemas a los que se ha visto enfrentado: a partir de las numerosas divisio-nes internas en su seno; debido a la precariedad del equilibrio entre comunidades, organizaciones y elegidos; y en cuanto a la aptitud de sus dirigentes para enfrentar las nuevas responsabilidades que les incumben no sólo en las согро- raciones públicas sino también en los resguardos. A este respecto, seguiran mereciendo atención especial, sin duda, las coaliciones y acercamientos de todo tipo realizados en algunas oportunidades, más aún en un contexto marcado por los cambios introducidos por la reforma política: entre sectores hasta entonces calificados de rivales dentro del movimiento indígena pero que parecen a veces buscar devolver la imagen de un “frente indio unido”; o con otras fuerzas politico-sociales, no indígenas.

52Más allá de estas dificultades que pueden afectar al movimiento indio, puede uno preocuparse, Además, por la evolución que tomará el tratamien-to de los principios asegurados por la constitución de 1991 en favor del reco-nocimiento del carácter diverso de la nación colombiana. Unos pudieron traducirse y tenerse en cuenta, legalmente, pero otros permanecem al contrario, sin resolver. Y otros, reconocidos por la ley, son desviados en la práctica: por el Estado, el mercado o los protagonistas armados, por razones “de orden público”, “de interés general” o “revolucionarias”. Al respecto siguen siendo cruciales las cuestiones relativas a la jurisdicción especial, punto revelador de la tensión entre la identidad, los valores universales y el Suje-to; al acceso de las comunidades indias a los recursos de la nación, hoy admitido por el marco jurídico pero sometido a la intermediación de agentes acreditados por el Estado: alcaldes o gobernadores de departamentos, pero también autoridades que tienen que ser reconocidas como “tradicionales” por las oficinas de asuntos étnicos del Ministerio del Interior; por último, a la cuestión de la autonomia territorial, aún en suspenso desde el abandono parlamentario del proyecto de creación de las ETI, pero todavia en el centro de las reflexiones y el orden del día del movimiento indígena.

53Finalmente, puede uno preguntarse como las comunidades indígenas lle-garán a administrar la presencia de los protagonistas armados en sus territorios y si, de manera más general, podrá alcanzarse un compromiso claro a favor de la paz: para una “reinvención” de lo político lejos del recurso a la violencia, para una nueva equidad social y para la expresión de la ciudada-nía en términos de concertación y respeto mutuo, con el fin de que los es-fuerzos emprendidos a tal efecto, entre otros, por el movimiento indígena, no resulten vanos.

54Bogotá, diciembre de 2004