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Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998

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Virginie Laurent

Tercera parte. Poder y ejercicio(s) —indígena(s)— del poder

Capítulo 10. Congresistas indígenas: acciones y contradicciones

Texte intégral

1Además del ejercicio político local o regional, del que los casos de Cauca, Vichada y La Guajira son una ilustración, los representantes del movimiento indígena elegidos en el Senado y en la Cámara de Representantes, por su parte, estarán investidos de cargos de amplitud nacional. En consecuencia, tomarán parte en numerosos debates relativos -principalmente, pero no sólo- a los destinos de las comunidades indígenas.

2Fuera de su actividad legislativa propiamente dicha, los congresistas indígenas se pronunciarán en algunas oportunidades a favor de causas que podrían ser calificadas como extraparlamentarias. Entre ellas, la cuestión de la paz y la inscripción de las comunidades indígenas en los programas gubernamentales han sido objeto de fuertes movilizaciones. Por otra parte, la implementación de dos megaproyectos en territorios indígenas -que dieron origen a fuertes polémicas nacionales- igualmente motivará la toma de posición personal de varios parlamentarios del movimiento indígena en contra de dichas iniciativas.

3Sin embargo, la “presencia indígena” en el Congreso de la República revelará también una serie de contradicciones: disensiones entre fuerzas políticas indígenas nacientes y “partidos tradicionales”; divergencias entre organizaciones políticas indígenas y elegidos; rivalidades entre aspirantes al parlamento –“los que ganan” y “los que pierden”-. Contradicciones que, en ciertos aspectos, tenderán a contrabalancear la acción de los congresistas indígenas y descubrirán numerosos desequilibrios o conflictos internos en el movimiento indígena. Contradicciones frente a las cuales las medidas adoptadas para resolverlas en más de un caso plantearán de nuevo una encrucijada entre instancias de los mundos “indígena” y “no indígena”.

DE LAS LEYES A LAS GRANDES CAUSAS

FUERZAS POLÍTICAS INDÍGENAS Y PARTIDOS TRADICIONALES: “PESO PLUMA” CONTRA “PESO PESADO”. TRABAJO LEGISLATIVO

4En octubre de 1991, cuatro portavoces del movimiento indígena llegaron al Congreso: Floro Alberto Tunubalá -del Movimiento de Autoridades de Colombia-, Anatolio Quirá -de la Alianza Social Indígena- y Gabriel Muyuy -del Movimiento Indígena Colombiano- al Senado; y José Narciso Jamioy -también de Aico-, a la Cámara de Representantes. Puesto que marcó el principio de una etapa hasta entonces totalmente desconocida para el movimiento indígena, otorgando a sus delegados la responsabilidad de contribuir a la conversión de los nuevos principios constitucionales en leyes con base en el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, este primer periodo legislativo posconstituyente es muy significativo y estratégico.

5Encargados de llevar a cabo semejante “misión”, los parlamentarios elegidos en nombre de las organizaciones Aico, asi y mic debieron enfrentar rápidamente una serie de dificultades: sobre todo por la persistencia de una evidente “desigualdad de oportunidades” perceptible tanto en el Senado como en la Cámara frente a la “omnipotencia” de los partidos tradicionales. Al respecto, desde 1992 Gabriel Muyuy anotaría: “[l]legamos al Senado con mucho esfuerzo y sacrificio. Encontramos realidades que quizá nunca soñamos. Pensamos que era más democrático, así como lo hacemos los indígenas, e incluso más limpio, pero allí la democracia es un juego de fuerzas, pues las mayorías son las que deciden” (Onic, UI, n° 101, 1992: 5). Sobre este mismo aspecto, Floro Tunubalá también subrayaría: “[e]n este momento la situación para el movimiento indígena es muy difícil, pues las mayorías del Congreso, en este caso el Partido Liberal, ha decidido la conformación de ¡as comisiones de acuerdo a sus intereses” (Ibid.). Por su parte, Anatolio Quirá declararía: “[e]n el Senado también nos han discriminado” (Ibid.).

6Además de restringir el margen de acción efectiva de los senadores indígenas, esta desproporción impuesta a los parlamentarios de las organizaciones Aico, asi y mic por las mayorías llevaría a cuestionar el sentido de la representación del movimiento indígena en el Congreso. Representación que, al fin y al cabo, podría servir indirectamente para legitimar un sistema dentro del cual los partidos tradicionales siguen ordenando “sus” leyes y al cual las fuerzas políticas indígenas tendrían acceso sólo en apariencia.

7A este propósito, desde 1993 -ya se mencionó- la Onic manifestó ciertas reservas en cuanto a la actividad del movimiento indígena en el Congreso. Según la Organización Nacional, los parlamentarios indígenas eran considerados y tratados, ante todo, como “una carga impuesta por la constitución” y no como “minorías que pueden aportarle mucho al país” (Onic, UI, n° 104, 1993: 4). Por otra parte, los congresistas indígenas debían confrontar los viejos vicios de la clase política tradicional así como la arbitrariedad, dado que sólo los proyectos de ley propuestos por los partidos mayoritarios eran tomados en consideración y, por consiguiente, las minorías políticas eran obligadas a “aceptar las prioridades sugeridas en componendas que desconocen las verdaderas necesidades de la sociedad civil” (Ibid.). Situación favorecida, a la vez, por el peso de los partidos tradicionales y por la falta de experiencia de los congresistas indígenas, su pasividad o su fuerte ausentismo (Onic, UI, n° 105, 1993: 4).

8Por su parte, Anatolio Quirá confirmará la ambigüedad de la experiencia legislativa indígena:

[p]ara nosotros, esta ha sido una importante oportunidad para conocer los diferentes aspectos de la vida política nacional, adquirir experiencias y promover desde allí debates y acciones en defensa de las comunidades indígenas y también de otros sectores de nuestra población. Sin embargo, en el trabajo del Senado hemos enfrentado diversas dificultades. Por un lado, la correlación de fuerzas a su interior no es tan favorable para nosotros los indígenas y para las minorías como lo fue en la constituyente: los espacios de acción son más reducidos y la dinámica de trabajo más lenta. Por otro, la falta de experiencia y dificultades internas, además de que todavía no hemos logrado una buena integración entre los representantes indígenas, nos ha limitado bastante la gestión (Quirá, s. f.: 4).

9La existencia de estos obstáculos también llevó al senador coconuco a decir:

[y]o sé que el país espera mucho de los indígenas pero no va a ser fácil. Nuestros intereses chocan profundamente con los intereses de la gran mayoría de los parlamentarios, principalmente con los que representan los intereses de los terratenientes. (...) También hace parte de nuestra gestión un montón de trámites ante ministerios, instituciones y funcionarios, para atender asuntos específicos de las comunidades, pero sin ninguna estrategia definida al respecto (Ibid.: 6-7).

10Por todas estas razones, según Anatolio Quirá, los parlamentarios indígenas deberían clarificar su perfil, prever una agenda legislativa común e incentivar iniciativas legislativas que recogieran no sólo las propuestas indígenas sino también las de otros sectores sociales sin representación en el Congreso. Además, el movimiento indígena debería reflexionar sobre las formas de su participación en el parlamento colombiano, “diseñando nuevos métodos de trabajo” para que los congresistas elegidos en nombre de él sean aptos para cumplir con todas las funciones que les corresponden:

preparar proyectos de ley, preparar ponencias sobre los proyectos que se reciben en reparto en las comisiones, intervenir en el debate de todos los proyectos que estén a estudio de la comisión o que lleguen a plenaria, participar en las comisiones accidentales que designe la mesa directiva, realizar debates públicos a los ministros de despacho, cubrir los compromisos nacionales y, en fin, cubrir todo tipo de relaciones con los funcionarios e instituciones para contribuir en la solución de las necesidades de las comunidades (Ibid.: 7).

11A pesar de toda recomendación, los problemas que afectaron el movimiento indígena desde principios de la década de 1990 con su llegada al Congreso tendieron a agudizarse a lo largo de los años y de los mandatos parlamentarios. Paralelamente, la actitud de los congresistas de las organizaciones Aico, asi y mic osciló entre dos tendencias principales: estrategias de alianzas a favor de las cuales optó la mayoría de los elegidos del movimiento indígena con el objetivo de no verse aislados totalmente de la toma de decisiones -pero no siempre con el visto bueno de sus organizaciones- o negativa a unirse con los representantes de la clase política tradicional, como sucedió en el caso del senador guambiano Lorenzo Muelas.

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12Mientras estas contradicciones en cuanto a la experiencia del movimiento indígena en el parlamento se perfilaban progresivamente, los congresistas elegidos con el aval de Aico, la asi o el mic asumían sus nuevos papeles. Los que salieron elegidos inmediatamente después de la constituyente fueron nombrados miembros de la comisión de ordenamiento territorial y participaron en las discusiones relativas a la creación de las entidades territoriales indígenas. Sin embargo -como se dijo-, los esfuerzos emprendidos con este fin no permitieron la concreción de dicho proyecto. Por el contrario, la ley 60 de 1993 -relativa a la transferencia de recursos a los resguardos y reglamentada por un decreto gubernamental- fue considerada unánimemente como un éxito por parte de los congresistas indígenas. Además de estos, otros aspectos llamaron la atención de los parlamentarios del movimiento indígena y motivaron su participación en los debates o sus votos en cuanto a asuntos como salud, educación, reforma agraria, medio ambiente y recursos naturales.

  • 1 Las informaciones que se presentan a continuación fueron recolectadas en la oficina de leyes del C (...)

13De otra parte, la mayoría de los parlamentarios indígenas han presentado distintos proyectos de ley o han contribuido, como ponentes, a la exposición de motivos a favor o en contra de las propuestas planteadas por sus colegas. Reformas sugeridas por unos y otros, específicamente relacionadas con las comunidades indígenas o destinadas al conjunto de la sociedad colombiana. Reformas planteadas a veces de manera individual, otras veces por varios senadores indígenas o con el respaldo de delegados de fuerzas políticas diversas1.

  • 2 Proyecto de ley n° 74 de 1992, presentado el 18 de junio de 1992, pero archivado.
  • 3 Ley 99 de diciembre de 1993.
  • 4 Proyecto de ley n° 214 de 1992.

14Desde la comisión segunda del Senado -cuestiones internacionales, política de fronteras, asuntos militares-, Anatolio Quirá promovió tres proyectos de ley ante las comisiones cuarta -presupuesto nacional- y quinta -régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales-. En dos oportunidades, el senador de la asi se pronunció a favor de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Presentada el 18 de junio de 1992, dicha propuesta fue rechazada2. Sin embargo, el 4 de agosto de 1992., la misma idea -sustentada por otro senador indígena, Gabriel Muyuy- fue recibida con mayor entusiasmo por parte de los congresistas, hasta convertirse en ley en diciembre del año siguiente3. El tercer proyecto propuesto por Anatolio Quirá tuvo que ver, directamente, con las comunidades indígenas del Cauca: en conmemoración de los 500 años el senador coconuco pidió que se hiciera un gesto con los pueblos paez y guambiano. Defendido ante la comisión cuarta, este proyecto -21 de 1992-también recibió el respaldo de otro senador indígena, Floro Alberto Tunubalá, quien fue su ponente. No obstante, a pesar de la voluntad común de estos dos elegidos caucanos, no alcanzó a ser votado4.

  • 5 Ley nacida del proyecto de ley n° 17 de 1992.
  • 6 Ley nacida del proyecto de ley n° 114 de 1993.
  • 7 Ley nacida del proyecto de ley n° 57 de 1993.

15Aparte de sus propias iniciativas, Anatolio Quirá fue ponente de otras mociones, relacionadas en su mayoría con la ratificación de acuerdos bilaterales entre Colombia y otros Estados, tales como el Convenio de cooperación cultural y educativa entre el gobierno de la República de Colombia y la República de Cuba, el Acuerdo entre la República de Colombia y la República Federativa de Brasil sobre salubridad animal en zonas de frontera, el Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños o el Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América latina y el Caribe. De estos proyectos, los tres primeros fueron elaborados por quien era entonces ministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín, el último por la viceministra de relaciones exteriores, Wilma Zafra Turbay, y el ministro de Gobierno del presidente Gaviria, Fabio Villegas. Con la excepción de la segunda de estas propuestas, finalmente archivada, las demás se convirtieron en leyes: 39 de 19935, 173 de 19946 y 145 de 1994, respectivamente7. Anatolio Quirá también fue solicitado para defender algunas otras acciones, básicamente ligadas con actas de conmemoración: proyecto 267 de 1993 relativo a los 90 años de la ciudad de Florencia (Caquetá); proyecto 354 de 1993 relacionado con los héroes de las batallas nacionales de la guerra de Independencia; proyecto 22 de 1993 presentado el 27 de julio a favor de la creación de una nueva orden militar -de los Tayronas-. Proyectos todos abandonados. Por último, Quirá se interesó por varios otros asuntos, relativos, por ejemplo, a los medios para luchar contra el secuestro, a las garantías para que se respeten los derechos fundamentales durante los estados de excepción o el derecho a la doble nacionalidad para las comunidades indígenas de las zonas de frontera (Onic, UI, n° 104, 1993: 4).

  • 8 Proyecto de ley n° 26 de 1993.
  • 9 Proyecto de ley n° 78 de 1993.

16Activo en nombre del mic en la comisión quinta, Gabriel Muyuy, por su parte, fue el autor de dos proyectos de ley durante su primer mandato -entre 1991 y 1994-. Uno de ellos8, orientado a la lucha contra el terrorismo, fue planteado conjuntamente por el elegido indígena y otros senadores de distintas tendencias -liberales, conservadores e independientes- el 27 de julio de 1993 ante la comisión primera -asuntos constitucionales; administración nacional; derechos, garantías y deberes; cuestiones étnicas-. El otro9, expuesto el 24 de agosto de 1993, buscaba cancelar el servicio militar para menores. A pesar de ello, ninguna de estas propuestas presentadas por el senador Muyuy fue aprobada.

  • 10 El esbozo de ley propuesto por el representante del gobierno planteaba, entre otras medidas, la ad (...)
  • 11 Ley 160 del 3 de agosto de 1994, de reforma agraria, que no permite el reconocimiento de la exprop (...)

17No obstante, algunos de los proyectos que el dirigente del mic tuvo como ponente tomaron un mejor rumbo, puesto que dos se convirtieron en leyes. Uno corresponde al -ya mencionado- proyecto a favor de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, expuesto por Anatolio Quirá. En cuanto a la segunda toma de posición directa de Gabriel Muyuy, tuvo que ver con la reforma agraria y el Incora. Propuesto el 13 de octubre de 1992 por el entonces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfonso López Caballero, el proyecto 176 de 1994 -precisamente relativo a la reforma agraria- acarreó numerosas críticas del movimiento indígena, de las cuales el elegido de la Onic fue el portavoz10. A pesar de ello, al cabo de unos meses, dicho proyecto se convirtió en ley11. Paralelamente, Gabriel Muyuy participó en otras discusiones relacionadas, por ejemplo, con la libertad religiosa, las regalías, la implementación de un seguro agrario, la creación de un fondo especial de salud para las comunidades o contra el secuestro (Onic, UI, n° 105: 5).

18Al lado de Anatolio Quirá y Gabriel Muyuy, Floro Alberto Tunubalá integró la comisión cuarta del Senado y fue ponente de dos proyectos presentados por el ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente Gaviria, Rudolf Hommes, que buscaban asociar a Colombia a actos de conmemoración. El primero (36 de 1993), pretendía celebrar 80 años de vida jurídica del departamento del Vichada: lo que se logró por medio de la ley 86 del 24 de noviembre de 1993. La segunda de estas propuestas (93 de 1993) sugería que se le rindiera un homenaje al municipio de Caloto fundado en el departamento del Cauca 450 años antes, promoviendo con este fin la realización de varias obras de interés social; unos meses después, este proyecto se convirtió en la ley 126 del 21 de febrero de 1994.

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19Tras las elecciones de 1994, una segunda serie de proyectos fue presentada por los participantes del nuevo equipo legislativo del movimiento indígena, compuesto en ese entonces por Gabriel Muyuy -elegido de nuevo en nombre del mic- y el ex constituyente Lorenzo Muelas -del Movimiento de Autoridades-.

20Presente aún en la comisión quinta del Senado, Gabriel Muyuy fue el autor de varios proyectos. Entre ellos, el proyecto 30 de 1995, que aspiraba hacer posible la expropiación por vía administrativa con el objetivo de agilizar el proceso de la reforma agraria. De acuerdo con los artículos 171 y 176 de la constitución de 1991, el proyecto 79 de 1996 buscaba reglamentar el funcionamiento de la circunscripción electoral especial y asegurar la representación del movimiento indígena en la Cámara. Otro proyecto, presentado el 9 de noviembre de 1995, insistía en la responsabilidad del Estado en cuanto a la promoción de la propiedad. Por último, el proyecto 205 del mismo año, pretendía fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas (mic, En acción, n° 3, 1996). No obstante, una vez más, todos estos proyectos fueron archivados.

  • 12 Proyecto de ley n° 188 de 1995, presentado por Ana García el 15 de noviembre de 1994 y archivado e (...)
  • 13 Proyecto de ley n° 262 de 1997, presentado por Jesús María Huaj Hurtado el 9 de agosto de 1996, ar (...)
  • 14 Este proyecto fue archivado el 21 de junio de 1996.
  • 15 Ley 218 de 1995 que busca responder a las consecuencias del desastre ocurrido el 6 de junio de 199 (...)

21Por otra parte, Muyuy fue el ponente de siete propuestas, varias de ellas relacionadas con la emisión de estampillas con la efigie de la universidad departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina12 o del departamento del Meta13. Otra estaba destinada a condonar la deuda de los caficultores del país -por medio del proyecto 36 de 1995-. Otra preveía la implementación de un régimen normativo de los hidrocarburos y sus derivados14. Pero ninguna de estas sugerencias fue adoptada. En cambio, el proyecto de ley expuesto por Gabriel Muyuy al lado del senador liberal caucano Jesús Ignacio García tuvo más éxito, y se convirtió en ley Páez15.

  • 16 Proyecto de ley n° 210 de 1995.
  • 17 Proyecto de ley n° 189 de 1998.
  • 18 Proyecto de ley n° 17 de 1996.

22Por su parte, como senador miembro de la comisión segunda, Lorenzo Muelas dio origen a tres proyectos. Uno de ellos, destinado a definir el estatuto de las fronteras terrestres de la república y de la frontera marítima del golfo de Urabá así como a reconocer el derecho a la doble nacionalidad para las comunidades indígenas, se convirtió en la ley 191 del 23 de junio de 199516. Por el contrario, los otros dos proyectos sugeridos por Muelas fueron abandonados: el primero, exigiendo una moratoria al acceso, la investigación, la extracción y utilización de los recursos genéticos humanos de los grupos étnicos17; el segundo, buscando nuevamente la creación de un régimen normativo de la industria de los hidrocarburos y sus derivados -respaldado, entre otros, por Gabriel Muyuy-18.

  • 19 Proyecto de ley n° 18 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín el 2 de agosto de 1994 y co (...)
  • 20 Proyecto de ley n° 29 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín y por el director del Insti (...)
  • 21 Proyecto de ley n° 33 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín el 4 de agosto de 1994, con (...)
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  • 25 Proyecto de ley n° 114 de 1996, presentado por la canciller María Emma Mejía el 8 de octubre de 19 (...)
  • 26 Proyecto de ley n° 17 de 1997, presentado por la canciller María Emma Mejía el 30 de julio de 1997
  • 27 Proyecto de ley n° 87 de 1997, presentado por la canciller María Emma Mejía el 19 de septiembre de (...)

23Lorenzo Muelas fue también el ponente de once proyectos que se convirtieron en leyes destinadas a ratificar una serie de acuerdos y convenciones de carácter internacional: convención cultural entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República Helénica19; convención relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional20; convención de intercambio cultural entre los gobiernos de Belice y de Colombia21; acuerdo relativo a las enmiendas al Tratado de Tlatelolco22; acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República Helénica sobre cooperación económica, científica y tecnológica23; convención relativa a la importancia de los bosques tropicales húmedos24; convención internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial25; protocolo del suroriente del Pacífico contra la contaminación radioactiva26; convención interamericana sobre el tráfico internacional de menores27.

  • 28 Proyecto de ley n° 136 de 1995, presentado por los senadores Pedro J. Gutiérrez, Hernando Torres B (...)
  • 29 Proyecto de ley n° 116 de 1997, presentado por el senador Hernán Motta Motta el 20 de octubre de 1 (...)

24Además de éstos, Lorenzo Muelas expuso dos proyectos más: uno que buscaba declarar monumento nacional el Templo del Sol y el Museo Arqueológico de Sogamoso -Boyacá-28; otro, presentado el 20 de octubre de 1997, con el objetivo de rendirle homenaje a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en todo el territorio nacional29. Propuestas que, sin embargo, fueron archivadas.

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25Elegidos -o “designado”- como senadores para el periodo 1998-2002, Francisco Rojas Birry, Jesús Enrique Piñacué y Marceliano Jamioy realizaron su propia labor legislativa: a veces como autores, otras veces como ponentes de proyectos de ley.

  • 30 Proyecto de ley n° 15 de 1998, presentado por el senador Carlos Moreno de Caro el 20 de julio de 1 (...)
  • 31 Proyecto de ley n° 119 de 1998, presentado por el senador Jaime Dussán (Educación, trabajo y cambi (...)
  • 32 Proyecto de ley n° 160 de 1999, presentado por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura (...)
  • 33 Proyecto de ley n° 218 de 2000, presentado por el senador Mario Uribe (Partido Liberal).
  • 34 Proyecto de ley n° 240 de 2000, presentado por el senador Jorge Giraldo.
  • 35 Proyecto de ley n° 272 de 2000, presentado por María Martínez (Partido Liberal).
  • 36 Proyecto de ley n° 273 de 2000, presentado también por María Martínez.
  • 37 Proyecto de ley n° 132 de 1909, presentado por el senador conservador Ciro Ramírez.

26Miembro de la comisión séptima -organizaciones sindicales, seguridad social, régimen de los salarios- y elegido su vicepresidente en agosto de 1999, Francisco Rojas Birry se dedicó, sobre todo, a exponer una serie de mociones. Proyectos para implementar un programa de la mogolla y del vaso de leche para los colegios y las escuelas del territorio nacional30, para hacer posible un plan de jubilación voluntaria para los miembros del sector público31, para escalonar el pago de la indemnización en materia judicial32, para reglamentar la especialidad médica de la radiología33, para definir los principios que regulen la responsabilidad de los profesionales de la salud34, para delimitar las medicinas alternativas y su radio de acción, dictar normas para el ejercicio profesional de estos médicos y crear el consejo colombiano de medicinas alternativas y la dirección de las medicinas alternativas del Ministerio de Salud35, para precisar las normas relativas al ejercicio de la medicina homeopática36 o para la adopción de normas relativas al precio máximo de los productos farmacéuticos37. Francisco Rojas Birry fue el ponente, además, de un proyecto “más específicamente indígena”: el 178 de 1999 presentado por iniciativa de Jesús Enrique Piñacué ante la comisión séptima del Senado el 17 de marzo del mismo año, con el objetivo de que se creara un régimen especial indígena en materia de salud.

  • 38 Comunicado Onic, 11.04.2000

27Por otra parte, el senador Rojas Birry intervino en otros debates, relativos, por ejemplo, a la reforma del Código de salud pública, a la seguridad social para las minorías sin protección, a la defensa de los derechos de los homosexuales y bisexuales, a la aprobación de un proyecto declarando el tejo deporte nacional o a la protección de las madres de niños prematuros38.

  • 39 Proyecto de ley n° 77 de 1998, presentado por Jesús Enrique Piñacué el 16 de septiembre de 1998.
  • 40 Proyecto de ley n° 178 de 1999.
  • 41 Proyecto de ley n° 31 de 1999.
  • 42 Proyecto de ley n° 221 de 1999.

28Miembro de la comisión primera del Senado y elegido presidente de la comisión de ética en 1998, Jesús Enrique Piñacué fue el autor de varios proyectos de ley, unos destinados a las comunidades indígenas en particular, y otros acerca de asuntos de orden más general. Entre ellos, el proyecto 77 de 1998 tuvo como objetivo reformar la ley 60 de 1993 y modificar el acceso de los resguardos indígenas a los recursos de transferencia: con la intención de impedir la intermediación de los alcaldes o de los gobernadores de departamentos en estos procesos (véase el Capítulo 8)39. Dicho proyecto, sin embargo, despertaría “poca simpatía” en el Congreso, según lo anotó el equipo legislativo del parlamentario (Piñacué, s. f. d). Paralelamente, Jesús Piñacué buscó reformar el sistema de seguridad social -proyecto que, como se señaló en las páginas anteriores, fue expuesto por el otro senador de la asi, Francisco Rojas Birry40-. Así mismo, propuso que se reglamentara el artículo 51 de la constitución de 1991 -relativo al derecho de todos los colombianos a tener una vivienda digna y a la responsabilidad del Estado al respecto41- y se pronunció a favor de la emisión de una estampilla en conmemoración del cacique Juan Tama42.

  • 43 Proyecto de ley n° 2 de 1998, presentado por Carlos Moreno de Caro.
  • 44 Proyecto de ley n° 57 de 1998, presentado por Piedad Zucardi el 12 de agosto de 1998, convertido e (...)
  • 45 Proyecto de ley n° 148 de 1908, presentado por Miguel Pineda y Darío Martínez.
  • 46 Proyecto de ley n° 36 de 1909, presentado por Samuel Moreno.
  • 47 Proyecto de ley n° 213 de 1999, presentado por Jorge León Sánchez.
  • 48 Proyecto de ley n° 265 de 2000, presentado por los senadores Oswaldo Darío Martínez, Luis Eladio P (...)

29El senador nasa fue ponente también de diversos proyectos sugeridos por los representantes de distintas agrupaciones políticas -entre otros, para eliminar el servicio militar obligatorio y crear un servicio social43, para luchar contra la violencia familiar44, para reglamentar el ejercicio del notariado45, para rebajar las penas de los prisioneros46, para prohibir la fabricación y el uso de la pólvora47, para convocar a una asamblea constituyente48- y tomó posición en una serie de debates, por ejemplo, para que fuera tomada en consideración la jurisdicción especial indígena en materia de códigos penal, de procedimiento penal y penitenciario; para que el presupuesto nacional se adaptara a las necesidades de las comunidades indígenas; para prohibir la expropiación sin indemnización cuando se trate de comunidades indígenas; para asegurar el derecho al voto secreto y a favor de la modernización de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de una amplia campaña de cedulación; contra el “perdón y el olvido” a cambio de la paz; contra el proyecto 51 de 1997 de reestructuración de la función pública considerado peligroso para cerca de doscientos mil empleados, o contra el plan de ajuste fiscal del gobierno del presidente Andrés Pastrana destinado a reducir el gasto público para la seguridad social de los más pobres. Tentativas de participación en algunas de las reflexiones llevadas a cabo a escala nacional que, en gran parte, no recibieron respuesta (Piñacué, “Informes de trabajo legislativo”). Sin embargo, Piñacué tuvo más éxito en una iniciativa a favor de la creación de una comisión excepcional de paz en el marco del Senado, de la cual él se convirtió en coordinador suplente (Ibid.).

  • 49 A propósito es importante señalar que semejante toma de decisión del senador paez fue en contra de (...)

30De manera un tanto inesperada, Jesús Piñacué llegó a desempeñar, además, un papel determinante en el momento en que se estaba debatiendo la idea de implementar la “reforma política” promovida por el presidente Pastrana. Según el senador, esta reforma presentaba numerosos riesgos y restricciones. Al amparo de las negociaciones de paz con la guerrilla, preveía dotar al presidente de facultades casi ilimitadas, planteaba cambios “centralistas, presidencialistas, bipartidistas y excluyentes” en materia electoral y se había elaborado sin tomar en cuenta los sectores políticos independientes (Piñacué, s. f. b: 3). Por esta razón, después de haber tenido su intención de voto en secreto hasta el último momento, el senador indígena se pronunció contra dicho proyecto, decidiendo así su “hundimiento” en una comisión primera del Senado dividida equitativamente entre los que estaban a favor de la propuesta gubernamental y los que se le oponían49.

  • 50 Proyecto de ley n° 166 de 1999.
  • 51 Proyecto de ley n° 124 de 1998, presentado por el senador Samuel Moreno.
  • 52 Proyecto de ley n° 149 de 1998, presentado por Luis Eduardo Peresi, archivado el 23 de junio de 20 (...)
  • 53 Proyecto de ley n° 151 de 1998, presentado por Tito Rueda Gaviria.
  • 54 Proyecto de ley n° 201 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.
  • 55 Proyecto de ley n° 72 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.
  • 56 Proyecto de ley n° 197 de 1999, presentado por Ramiro Halima Peña.
  • 57 Proyecto de ley n° 244 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.

31Por su lado, el suplente de Martín Tenganá, Marceliano Jamioy, también presentó un proyecto de ley con el objetivo de suspender temporalmente el acceso, la investigación, la salida y utilización de los recursos humanos genéticos de los grupos étnicos50. Por otra parte, el senador de Aico expuso una propuesta a favor de la eliminación del servicio militar obligatorio51, y en distintas oportunidades fue ponente de proyectos destinados a respaldar actos conmemorativos y acuerdos diversos firmados entre Colombia y otros países latinoamericanos: proyecto 149 de 1998 a través del cual la nación se asocia a la celebración de los 100 años de la fundación del municipio de San Francisco de Asís en el departamento de Putumayo y se ordena la realización de obras públicas52, proyecto 151 de 1998 a través del cual se le rinde homenaje a la memoria de presidente de la república don Aquileo Parra53, proyecto 201 de 1999 a través del cual se aprueba el acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia suscrito en Bogotá el 10 de noviembre de 199854, proyecto 72 de 1999 a través del cual se aprueba el acuerdo entre las Repúblicas de Colombia y Ecuador para la recuperación y restitución de los bienes expoliados, suscrito en Bogotá el 17 de diciembre de 199655, proyecto 197 de 1999 a través del cual la nación le rinde homenaje al municipio de Mariquita del departamento del Tolima, se une a la conmemoración de los 450 años de su fundación y se ordenan apropiaciones presupuéstales para la realización de obras de infraestructura e interés social56, proyecto 244 de 1999 a través del cual se aprueba el acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Ecuador, suscrito en Bogotá el 20 de enero de 199957.

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32Al lado de estos senadores, los líderes del movimiento indígena elegidos en la Cámara de Representantes tomaron parte también en el debate nacional, promoviendo o exponiendo varios proyectos de ley.

  • 58 Proyecto de ley n° 154 de 1997; Leonardo Caicedo, “Informe de trabajo”, mimeo., s. l., s. f.
  • 59 Proyecto de ley n° 195 de 1999; Leonardo Caicedo, “Informe de trabajo”, Ibid.

33Así las cosas, a Leonardo Caicedo, miembro de la comisión segunda de la Cámara y representante de la Alianza Social Indígena, le correspondió ser el ponente de dos proyectos: el primero, relativo a las Actas finales de la Conferencia mundial de radiocomunicaciones reunida en Ginebra en 199558; el segundo, para la aprobación de la Convención cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Islámica de Irán59. Conjuntamente con el Grupo de la media Colombia -integrado por los elegidos de los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Chocó, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Vichada-, el parlamentario del Vaupés participó también en distintos debates, para “defender los intereses comunes de estos departamentos” en cuanto al presupuesto general de la nación o a la reforma política del presidente Pastrana, según ellos orientada a hacer posible una mejor representación de estas mismas regiones del país, de los movimientos sociales y de los partidos políticos minoritarios dentro del Senado, así como a “ampliar el espacio de la democracia participativa y representativa” (Caicedo, s. f.). Paralelamente, Caicedo trabajó para constituirse en “puente” entre diversas entidades de orden nacional e internacional, con el objetivo de facilitar el respaldo directo a “proyectos de interés para el departamento del Vaupés”. Como miembro de la comisión de paz de la Cámara, también se asoció en varias reuniones para la “búsqueda de soluciones e instrumentos para alcanzar la paz en Colombia” (Ibid.).

34Por su parte, Jhony Aparicio Ramírez -igualmente miembro de la comisión segunda de la Cámara y elegido en nombre de la Alianza Social Indígena- participó en la preparación de varios proyectos de ley, muchos de ellos elaborados conjuntamente con representantes de otras agrupaciones políticas. Por ejemplo, expuso las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a las convenciones colectivas y los derechos de los trabajadores, con el objetivo de que se implementara un proyecto de ley sobre este mismo aspecto en Colombia. En el marco de la reforma política del presidente Pastrana, sugirió que se previera un régimen especial en materia administrativa, fiscal, económica, social, cultural y ecológica para los departamentos de Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Pidió, además, que se bajará el IVA a los tiquetes de avión hacia esos mismos departamentos, en donde muchas veces es imposible desplazarse por vía terrestre. Preocupado por la cuestión de la educación superior indígena, propuso la institucionalización y reestructuración del Fondo Alvaro Ulcué Chocué destinado a ayudar a los estudiantes indígenas. Por otra parte, Jhony Aparicio Ramírez hizo un llamado al ministro de la Defensa y a los altos mandos militares para que reconsideraran el proyecto a favor de la construcción de un batallón en el territorio de la comunidad de Coco Viejo en el Guainía, por el fuerte impacto social que este tipo de iniciativa podría generar. En contraparte, exigió una mayor presencia del Estado en la región del alto Guainía (Aparicio, s.f .).

  • 60 Proyecto de ley n° 19 de 1998, presentado conjuntamente con los parlamentarios Samuel Ortegón (Lib (...)
  • 61 Proyecto de ley n° 28 de 1998, presentado con los parlamentarios Samuel Ortegón, Héctor Arango (Li (...)
  • 62 Proyecto de ley n° 51 de 1908, presentado con los parlamentarios Elver Arango, Jorge Julián Silva (...)
  • 63 Proyecto de ley n° 84 de 1998, presentado con los parlamentarios Emilio Martínez (Liberal, Tolima) (...)
  • 64 Proyecto de ley n° 120 de 1999, presentado con los parlamentarios Jorge Julián Silva, Rafael Palau (...)
  • 65 Proyecto de ley n° 187 de 1999, presentado con los parlamentarios Álvaro Arango (Liberal, Cesar), (...)

35Junto con elegidos liberales y conservadores, Jhony Aparicio Ramírez promovió, además, varios otros proyectos, relativos al derecho a la educación60, para que se revise el nombre de la capital de Colombia61, a favor de la ampliación de las condición de elegibilidad en el Senado62, para fortalecer el fondo nacional del cacao y promover este cultivo63, para que sean redefinidas las facultades otorgadas a la Cámara de Representantes64 o para extender el campo de las disposiciones reglamentarias en materia electoral65.

INDÍGENAS, GUERRA(S)... ¿Y PAZ?

36Además de esta actividad legislativa propiamente dicha, los congresistas elegidos en nombre del movimiento indígena se comprometieron con cuestiones de amplitud nacional, entre las cuales las discusiones relativas a la guerra y la paz. Sobre todo a partir del proceso de negociaciones iniciado por el presidente Andrés Pastrana en agosto de 1998, esta problemática se convirtió en eje de trabajo significativo para los parlamentarios indígenas. Desde entonces, se trató de reivindicar, en nombre de las comunidades indígenas de todo el país, tanto el derecho de no participar en ¡a guerra como el derecho de participar en la paz.

37Con este propósito, el 10 de marzo de 1999, en el recinto del parlamento tuvo lugar el Foro Nacional Indígena para la Paz: Vida para los Indígenas. Para dicha ocasión fueron invitados numerosos participantes: no sólo el conjunto de los elegidos de la asi y Aico, sino también varios representantes del Estado y del gobierno, voceros de diversas organizaciones indígenas del país, mandatarios de los pueblos rom y raizales así como delegados de universidades, instituciones oficiales y ONG nacionales e internacionales que trabajan a favor de la defensa de los derechos humanos.

38El objetivo de este encuentro era doble. Por una parte, se trataba de ratificar unánimemente las prioridades de los pueblos indígenas de Colombia frente a las políticas nacionales en lo que les concierne, para que fueran reconocidas dentro del plan nacional de desarrollo del presidente Pastrana. Por otra, se buscaba dejar en claro que las comunidades indígenas quieren quedar al margen del conflicto armado que afecta a Colombia y exigen que sea respetado su derecho a no tomar parte en él. La idea de realizar semejante asamblea partió de una paradoja: mientras que los conflictos armados en Colombia tienen repercusiones evidentes en los territorios indígenas y sus habitantes, estas pocas veces han sido invitadas a participar en las negociaciones adelantadas por los gobiernos sucesivos (Documento “Los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia nos declaramos con el derecho a no participar en ninguna guerra”, en Piñacué, s. f. a).

39De acuerdo con el documento, la intromisión repetida de los grupos armados en los resguardos y sus numerosas consecuencias negativas para las comunidades -alteración de la organización política, descomposición social, reclutamiento forzoso de los jóvenes- habrían obligado a las organizaciones indígenas, con regularidad, a tener sus propias “conversaciones de paz” con los grupos armados. En algunos casos se había llegado a acuerdos, aunque fueran efímeros o poco respetados. Sin embargo, con la agudización del conflicto en los últimos años las relaciones de “buen vecindario” poco a poco se habían hecho totalmente imposibles. Más que nunca, los territorios indígenas estarían transformándose en zonas de combates permanentes. Por tanto, según los líderes del movimiento indígena, la situación de guerra vivida en el territorio colombiano amenaza gravemente la “sobrevivencia física y cultural” de muchas de las comunidades del país. Así mismo, la multiplicación de los desplazamientos, asesinatos y masacres perpetradas entre la población indígena era alarmante (Ibid.).

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40Frente a la complejidad de la situación, los representantes elegidos en el parlamento en nombre de las comunidades indígenas buscaron convertirse en sus portavoces para que, frente al conflicto, fueran escuchadas, no sólo por el gobierno sino también por la comunidad internacional. Razón por la cual, durante el foro por la paz, el “derecho de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia de no participar en alguna guerra” estuvo en el centro de las reflexiones. Derecho que, así como lo subrayaron los delegados de los pueblos y organizaciones presentes, precisamente va a la par con su “lucha permanente para la defensa de ¡a unidad, del territorio, de la cultura, la autonomía y la justicia”. Con base en estos elementos, los voceros del movimiento indígena insistieron en el derecho de las comunidades a organizarse, aplicar y hacer aplicar la justicia en sus territorios y a ser gobernados por sus autoridades tradicionales de acuerdo con sus usos y costumbres. Paralelamente, recordaron el “derecho a la neutralidad” reconocido a los pueblos autónomos por el derecho internacional humanitario, rechazando públicamente la incorporación de las comunidades indígenas del país en conflictos ajenos a ellas (Ibid.).

41Semejante derecho de los pueblos indígenas a no tomar parte en los enfrentamientos debería acompañarse de lo que los participantes en el foro consideraron como otro derecho ineludible: el de participar en la paz. Así las cosas, los representantes indígenas dieron a conocer su voluntad que el movimiento indígena fuera tomado en cuenta, en cuanto “parte activa” y “expresión de la sociedad civil”, en la búsqueda de una solución al conflicto armado, a partir de la “visión cultural y política” de las comunidades indígenas y por medio de mecanismos que oxigenen el proceso de paz. Al respecto, manifestaron su intención de hacerse presentes en las mesas de negociaciones y encuentros para la paz organizados en el país o en el exterior, lamentando no haber sido invitados a participar en las discusiones iniciadas a partir del acceso al poder del presidente Andrés Pastrana -como las que tuvieron lugar en Maguncia (Alemania), Caracas (Venezuela) o San Vicente del Caguán (Colombia)-. Los representantes del movimiento indígena reclamaron, además, la implementación de un proceso de paz que velara por la no agresión a las comunidades indígenas, por el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y por el respeto total de los resguardos (Ibid.).

42Por otro lado, con motivo del mismo encuentro del 10 de marzo de 1999, los parlamentarios indígenas y el presidente de la Onic expresaron su pensamiento y sentimiento frente al plan nacional de desarrollo propuesto por el presidente Andrés Pastrana, titulado precisamente, Cambio para construir la paz. Según ellos, dicho proyecto tenía la ventaja de proponer un diagnóstico claro de la situación de los pueblos indígenas. Sin embargo, revelaba también numerosas fallas. Desconociendo los principios constitucionales, haría la economía de estrategias y políticas “claras y eficaces” que permitieran un “reconocimiento efectivo de la diversidad étnica y cultural de ¡a nación colombiana” (Aparicio, Avendaño, Caicedo, Jamioy, Piñacué, Rojas, Tenganá, Valbuena, documento: “El sentir de los pueblos indígenas frente al plan nacional de desarrollo ’Cambio para construir la paz’”, en Piñacué (s. f. a).

43Por esta misma razón, los dirigentes indígenas se pronunciaron a favor de la introducción de una serie de elementos nuevos en el proyecto inicial del poder ejecutivo. Elementos que, según ellos, permitirían asegurar la autonomía y la identidad de los pueblos indígenas. A este propósito, sería necesario, primero, pensar en “medios eficaces para consolidar y fortalecer espacios de concertación entre el Estado y los pueblos y organizaciones indígenas” por medio de distintas instancias creadas con este fin. Con ello, varios aspectos del plan nacional de desarrollo, directamente ligados con las comunidades indígenas, podrían ser analizados en concertación con estas últimas. Igualmente, debería institucionalizarse la consulta previa con las comunidades indígenas en cuanto a todos los asuntos susceptibles de tener que ver con ellas. Con el objetivo de hacer posible un “intercambio permanente entre gobierno y pueblos indígenas”, también tendría que velarse por la concreción de la autonomía territorial indígena con base en la reglamentación de las ETI previstas por la constitución de 1991. Así mismo, el plan nacional de desarrollo debería tomar en cuenta ciertos aspectos relativos a la educación y la salud de las comunidades indígenas. En cuanto al primero de estos sectores, el Estado debería responder por el desarrollo de la etnoeducación para fortalecer y proseguir las experiencias acumuladas desde hace varios años por las organizaciones y pueblos indígenas de distintas regiones del país. El gobierno, igualmente, debería obrar a favor del programa de asistencia a los estudiantes indígenas mediante el Fondo Álvaro Ulcué. En materia de salud, sería necesaria la creación de un régimen especial indígena, que reconociera la medicina y las autoridades indígenas tradicionales, asegurara el carácter gratuito de la asistencia médica para las comunidades y permitiera la formación de personal indígena en este campo (Ibid.).

44Finalmente, los dirigentes formularon otras recomendaciones, relacionadas con los acuerdos firmados con los gobiernos sucesivos. Al respecto se hizo énfasis en el hecho que el plan nacional de desarrollo debería respetar los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas y campesinas, entre otros en el plano económico, para que la política de restricciones presupuestales definida nacionalmente no afectara de manera negativa a los programas destinados a estas poblaciones. En este mismo orden de ideas, la política de desarrollo debería asignarles 2% de los recursos previstos para la inversión social y el medio ambiente a los pueblos indígenas -parte del presupuesto nacional más o menos equivalente a la proporción de la población indígena en el país y sin la cual los objetivos y acciones fijados por el plan nacional de desarrollo de ningún modo podrían ser alcanzados- (Ibid.).

  • 66 Entrevistas con Edilberto Imbachi (sección derechos humanos, Onic), Jesús Enrique Piñacué y Franci (...)

45De manera general, el conjunto de estas propuestas sugeridas conjuntamente por las organizaciones, las comunidades y los parlamentarios indígenas recibieron un eco favorable por parte de las personalidades invitadas en representación de las instituciones estatales y el gobierno. El subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Fernando Tenjo, lamentó el error cometido por el gobierno al haber dejado de lado a las comunidades indígenas y sus necesidades dentro del plan de desarrollo. Por su parte, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, al igual que el presidente de la comisión excepcional de paz del Senado, Juan Manuel Ospina, reconocieron el carácter especialmente difícil de la situación de las comunidades indígenas, entre otros factores por la presencia de los actores armados en sus territorios, a la vez que consideraron urgente el hecho de facilitar la participación del movimiento indígena en el proceso de paz (Ibid.). Sin embargo, a lo largo de los meses, semejantes “buenas intenciones” declaradas oficialmente tendieron a desaparecer, mientras el gobierno de Andrés Pastrana fue acusado con regularidad por las organizaciones y los elegidos indígenas de haberse olvidado por completo de la diversidad étnica y cultural de la nación y de no demostrar ningún interés en cuanto a la situación preocupante de las comunidades indígenas66.

ACCIÓN —PARLAMENTARIA— DIRECTA: PARA LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS U’WA Y EMBERA -KATÍO

46Además de la paz y la toma en consideración de las poblaciones indígenas en el plan nacional de desarrollo, los parlamentarios indígenas elegidos en 1998 se comprometieron con las comunidades u’was y embera-katíos contra dos “megaproyectos” implementados en sus territorios. En estos dos casos, el fondo del problema se relaciona con el hecho que, sin consulta previa con dichas comunidades, el Ministerio del Medio Ambiente autorizó la realización de obras en las tierras indígenas. Oxycol -filial colombiana de la estadounidense Occidental Petroleum- tuvo a su cargo la exploración petrolera en la zona tradicionalmente habitada por los indígenas u’was, y la empresa multipropósito Urrá S. A. la construcción de una represa gigantesca en uno de los resguardos embera-katíos. Sin embargo, según las comunidades indígenas, el gobierno no había respetado el marco legislativo vigente en el país -basado en la ley 21 de 1991 adoptada con base en el acuerdo 169 de la OIT, en la constitución de 1991, en una serie de sentencias de la Corte Constitucional así como en diversas recomendaciones hechas por instituciones internacionales-, que reconoce claramente que las comunidades deben ser consultadas para toda toma de decisión susceptible de afectarlas.

El conflicto Urrá/embera-katíos

47Originario de la región del alto Sinú (Córdoba), el pueblo embera-katío a finales de la década 1990 contaba una población de alrededor de dos mil personas (Arango, Sánchez, 1998: 88) que desde 1993 disponen de un resguardo de 193.510 hectáreas (Ibid.: 178). Según las autoridades embera-katíos, la construcción de una represa en la región tendría consecuencias negativas para los habitantes indígenas, cuya cosmovisión está estrechamente ligada con el río Sinú, su principal medio de transporte y de sobrevivencia alimenticia. Así las cosas, la llegada de la empresa Urrá a la zona de hábitat embera-katío habría generado la descomposición de más de 7.000 hectáreas de biomasa, la alteración de los ecosistemas y la degradación de la economía de esta población de pescadores. Inundando las tierras más fértiles de su territorio, el proyecto hidroeléctrico Urrá habría acabado, además, con numerosos cementerios y otros sitios sagrados, obligando a muchas personas a desplazarse. Por último, habría dado origen a un sinnúmero de conflictos internos entre los embera-katíos, agravados por la intervención de diversos actores armados (Cabildos Mayores de Río Verde y Río Sinú, 1999; Onic, 1996, 1998, 2000b, 2000c, s. f.).

48El proyecto Urrá nació en 1951, año en el que se inició la investigación sobre las posibilidades de construir una represa en el alto Sinú. En 1977 se realizó el primer estudio concreto al respecto, el cual, sin embargo, no hace mención alguna de la presencia de comunidades indígenas en el perímetro previsto para esta obra -comunidades indígenas que tampoco fueron consultadas-. En 1989, con el objetivo de poner en marcha el programa hidroeléctrico, el sector fue declarado de utilidad pública y, tres años después, se creó la empresa Urrá S.A. El 13 de abril de 1993, las cosas se aceleran. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) le otorgó a la empresa Urrá la autorización para construir la represa. Pocos meses después hubo la primera movilización masiva del pueblo embera-katío contra esta iniciativa. Las comunidades indígenas denuncian el hecho de que las obras empezaron a pesar de no haberles consultado previamente. A partir de 1995, con el objetivo de “calmar las cosas” y compensar los efectos negativos del proyecto hidroeléctrico en las comunidades, se prevé la implementación de un plan de etnodesarrollo respaldado por la empresa Urrá. El año siguiente, tomándose la embajada de Suecia, las autoridades embera-katíos dan a conocer nuevamente su descontento: a pesar de sus compromisos, Urrá no respetó de ninguna manera las iniciativas promovidas por dicho plan de etnodesarrollo. Empieza entonces una nueva etapa de negociaciones, al cabo de la cual se define una serie de contraprestaciones de Urrá a favor de las comunidades embera-katíos: en compensación por la inundación de su territorio, se anuncia que estas podrán tener acceso a parte de los beneficios de la empresa. Entre tanto, en este proceso se hace cada vez más evidente la intromisión simultánea de la alcaldía del municipio de Tierralta, de la gobernación del departamento de Córdoba, así como de la oficina de asuntos indígenas. Paralelamente, se multiplican las tentativas de manipulación de los líderes indígenas, mientras toda posición en contra del proyecto se interpreta como un obstáculo al desarrollo, no sólo del departamento sino también de todo el país. Poco a poco las divisiones internas se suceden y, a partir de 1997, el conflicto se intensifica. Para demostrar su oposición frente a la situación, parte de la población embera-katío organiza una toma de la alcaldía de Tierralta. En respuesta, argumentando la existencia de desacuerdos comunitarios, Urrá suspende unilateralmente los proyectos ligados con el plan de etnodesarrollo (Ibid.).

49Al año, con el objetivo de contrarrestar las crecientes dificultades en materia de salud y alimentación, las autoridades embera-katíos que rechazan la actividad de Urrá optan por un modus operandi alternativo, de ahora en adelante fundado en la ley. El 20 de marzo de 1998 presentan una acción de tutela en contra de la empresa Urrá y de la alcaldía de Tierralta. Por otra parte, en el mes de julio se lleva a cabo, por fin, una consulta de la comunidad embera-katío, que luego es reconocida tanto por la oficina de asuntos indígenas como por el Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, según el sector embera-katío que se niega a aceptar la presencia de Urrá, dicha concertación es parcial en la medida en que en ella sólo participó el grupo que respalda a la empresa. Teniendo la responsabilidad de juzgar el caso embera-katío, la Corte Constitucional entrega su sentencia el 10 de noviembre de 1998, que resulta a favor de las comunidades indígenas pero es dada a conocer públicamente ¡con un retraso de diez días! Los jueces ordenan a la empresa Urrá indemnizar al pueblo embera-katío mediante una ayuda económica durante veinte años, realizar un proceso de consulta real, financiar un plan que permita la conversión de las prácticas tradicionales de pesca y caza en nuevos métodos productivos, reiniciar los programas del plan de etnodesarrollo y, sobre todo, suspender el llenado de la represa hasta que cada una de estas primeras condiciones sea respetada, así como todas las normas del marco legal en vigor. Por otra parte, la Corte Constitucional exige de la alcaldía de Tierralta que reconozca las autoridades tradicionales embera-katíos, le asegure a su pueblo el acceso al sistema general de seguridad social y se abstenga de interferir en los asuntos internos de las comunidades -isiendo esta última regla igualmente válida para la gobernación del departamento de Córdoba, para el Ministerio del Interior, para Urrá y para toda otra institución!-. Así mismo, la Corte Constitucional hace un llamado a los ministerios del Interior y del Medio Ambiente para que se encarguen del proceso de consulta, velen por la salud y la sobrevivencia del pueblo embera-katío y contribuyan a la creación de un presupuesto especial destinado al territorio indígena. Por último, recomienda al Incora la unificación del resguardo del pueblo embera-katío del alto Sinú (Ibid.)

50Paralelamente a este episodio judicial se desarrolla una tercera fase en el conflicto Urrá/embera-katío, caracterizada por la generalización de la violencia. El 12 de julio de 1998, la lancha de la Onic fue incendiada, al parecer por paramilitares. Con ello empezó una serie de agresiones en contra de los indígenas. En el curso de pocos meses, varios de sus líderes fueron asesinados. Constantemente amenazadas, las poblaciones tienen que dejar la región. En este contexto violento, y más allá de la decisión de la Corte Constitucional, la implementación del plan de etnodesarrollo sigue siendo lenta, mientras prosiguen las discusiones en torno a la consulta previa. El 26 de mayo de 1999 se firma un acuerdo entre Urrá y el sector “disidente” de la comunidad, que acepta el proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, dicho acuerdo no toma en cuenta el carácter colectivo de la propiedad del resguardo, razón por la cual es rechazado por la mayoría de los embera-katíos. Por su lado, el ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, se pronuncia a favor de Urrá, reconociéndole de hecho a la empresa el derecho de iniciar el funcionamiento de la represa sin más consulta con las comunidades. En reacción, a partir de agosto de 1999 varios representantes embera-katíos nuevamente dan a conocer su oposición al proyecto, insistiendo en el hecho que no tiene ninguna validez jurídica y representa un riesgo enorme para su pueblo. Frente a esta situación, aparentemente sin salida, a partir de finales de 1999 decenas de embera-katíos se desplazan hacia Bogotá, en donde durante casi cinco meses acampan en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente (Ibid.).

El caso u’wa

51Presentes en varios departamentos del oriente colombiano -Boyacá, Norte de Santander y Arauca-, las comunidades u’was vieron modificadas sus condiciones de vida en estos últimos años por el descubrimiento de petróleo en sus tierras.

52El 7 de abril de 1992, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) aprueba un contrato a favor de la empresa Occidental de Colombia (Oxy) en el que se estipula la realización de un programa de adquisición de información sísmica antes del 23 de junio de 1996 en la región conocida como Samoré. Con este propósito, el 14 de mayo del mismo año, la Oxy le pide al Inderena la autorización para su entrada en la zona u’wa. Para ello, una vez más, es necesaria una primera etapa de consulta de las comunidades indígenas. Sin embargo, la Oxy opta por concertar sólo con algunas personas, de manera individual. De carácter informal, estas reuniones no gozan del reconocimiento del Ministerio del Interior o del Ministerio del Medio Ambiente. Por esta misma razón, el Ministerio del Interior llama a una verdadera consulta de las comunidades u’was. Con motivo de una asamblea organizada para este fin, los días 10 y 11 de enero de 1995, sus representantes dan a conocer que exigen la ampliación de la consulta a toda la comunidad y, en especial, a sus autoridades tradicionales. A pesar de ello, el 3 de febrero de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente otorga a la Oxy la autorización de entrar a la zona petrolera (Onic, 1999a, 2000).

53Considerándose traicionadas, las comunidades u’was interponen un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, la cual, el 10 de agosto de 1995, presenta una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, denunciando la violación, por parte del gobierno, del derecho al territorio, a la autodeterminación, la lengua, la vida, la sobrevivencia y la integridad cultural del pueblo u’wa. En respuesta, la sentencia del Tribunal es favorable a las comunidades indígenas: partiendo del principio que se les debe respetar sus derechos, ordena la realización de una consulta ampliada. Por otra parte, el Tribunal pide que se cancele la autorización concedida a la Oxy. Las empresas Oxy y Ecopetrol apelan entonces a la Corte Suprema de Justicia y, esta vez, ganan el pleito. El veredicto de la Corte Suprema de Justicia invalida la primera sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Frente a la insistencia de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional asume la responsabilidad en el proceso y se encarga de estudiar el litigio. El 3 de febrero de 1997 se pronuncia a favor de los u’was, reconociendo la falta de consulta previa a la comunidad y dándole a la Oxy y al Ministerio del Medio Ambiente un plazo de treinta días para llenar este vacío. A pesar de ello, la batalla jurídica no se ha ganado; unas semanas después, el Consejo de Estado interviene a su vez, dándole su aval a la Oxy, autorizando la prospección y, por tanto, invalidando la sentencia de la Corte Constitucional. En respuesta, el 28 de abril de 1997 los representantes del pueblo u’wa mandan una carta a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que protestan contra el irrespeto de sus derechos y garantías. El caso u’wa trasciende así el territorio colombiano, para ser estudiado por diversas cortes e instituciones internacionales, ganándose el respaldo de numerosas ONG, colombianas y extranjeras. Por su lado, el gobierno colombiano pide un concepto a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Contra toda expectativa, al cabo de unas semanas, la Universidad de Harvard, encargada de la investigación, también declara que la Oxy debe ¡parar inmediatamente toda prospección! (Ibid.).

54A partir de ese momento las tensiones entre las partes en conflicto aumentan. Por un tiempo, el gobierno, la Oxy y Ecopetrol sólo demuestran lo que la Onic califica de silencio sospechoso. Finalmente, el 6 de agosto de 1999 el Incora declara el reconocimiento del resguardo único u’wa, del cual quedan excluidos numerosos lugares sagrados. El 21 de septiembre de 1999, el Ministerio del Medio Ambiente devuelve a la Oxy la autorización de iniciar las obras de prospección en el sitio llamado Gibraltar I -ubicado apenas un kilómetro fuera del perímetro del resguardo y, por tanto, excluido de hecho por la delimitación del Incora-, En adelante, para que las tierras que el Incora les niega les sean restituidas, las comunidades u’was se dedican a comprarlas, convirtiéndose así en sus dueñas a partir de documentos legales. No obstante, dado que las riquezas del subsuelo legalmente pertenecen a la nación, estos títulos de propiedad tampoco permiten restringir la excavación. El 15 de noviembre de 1999, doscientas cincuenta personas llegan a ocupar pacíficamente la zona destinada a la actividad petrolera. El 19 de enero de 2000, cinco mil hombres de las fuerzas armadas son enviados al territorio u’wa para que la Oxy pueda introducir la maquinaria destinada a las obras. Al día siguiente, más fuerzas de policía toman posición en la zona y varios miembros de las comunidades u’was son arrestados. Cinco días después, la oficina de asuntos indígenas y la gobernación del departamento de Norte de Santander ordenan la evacuación de los individuos presentes en el sitio. Alejados de su territorio, son llevados del corregimiento de Samoré -en los límites entre Arauca y Norte de Santander- hasta un lugar conocido como Caño Limón, fuertemente protegido por una base militar, en donde son detenidos. A partir del 11 de febrero de 2000, este tipo de operaciones se repite: unos u’was intentan bloquear el acceso al sitio petrolero pero son evacuados por la policía. Esta vez, la intervención de la fuerza pública se acompaña de varias muertes y desapariciones (Ibid.).

Parlamentarios indígenas y huelga del hambre

55Mientras cada vez es más difícil resolver los problemas ligados con las comunidades u’was y embera-katíos, en una reunión general de la Onic se llega a la conclusión de que, frente a la situación, es necesario llevar a cabo una iniciativa conjunta con los parlamentarios elegidos con el aval de la asi. La idea es, básicamente, presionar al gobierno para que acepte el diálogo. Al respecto la organización nacional indígena da a conocer que se niega a negociar directamente en nombre de las comunidades en conflicto, pero que es solidaria con todas sus peticiones. Por su parte, los congresistas Jesús Enrique Piñacué, Francisco Rojas Birry, Jhony Aparicio Ramírez y Leonardo Caicedo consideran que hay que realizar una acción más radical, para movilizar la opinión pública. En los años anteriores, el senador Lorenzo Muelas había dado su propio respaldo a la causa u’wa, por medio de campañas de información y denuncias efectuadas por ONG nacionales e internacionales. Esta vez, sin embargo, la estrategia por la que optan los cuatro parlamentarios busca tener un eco aún más fuerte: se trata, en efecto, de emprender una ¡huelga de hambre! A partir del 4 de abril de 2000 los representantes de la asi empiezan a ayunar (Onic, 2000a; Cric, 2000; Comité Coordinador del Pronunciamiento Indígena Nacional, 2000).

56Entre tanto, para que se establezca un diálogo directo con el gobierno nacional, varias comunidades indígenas de Colombia conforman la Coordinadora Nacional de la Posición Indígena, representativa de las distintas macro-regionales de la Onic, por medio de la cual se organiza una movilización nacional. En dicha oportunidad participan “los pastos en la carretera a Ipiales; negritudes y embera-katíos en el parque central de Buenaventura; emberas, u’was, y el Cric en el espacio público en Bogotá; y los senadores y representantes indígenas en huelga de hambre” (Cric, 2000). También están presentes los embera-katíos, desde sus tierras inundadas, el pueblo u’wa de Arauca y Norte de Santander, los kofanes y los inganos de Putumayo, los wayuus de La Guajira. Según las palabras de sus representantes, las comunidades indígenas quieren que sea escuchada su voz

para exigir al gobierno revocar la licencia ambiental a la empresa Occidental Petroleum de Estados Unidos, para la perforación petrolera en el territorio u’wa y la salida inmediata de las petroleras de la región y por una solución aceptable para los embera-katío de los ríos Sinú y Verde y Beguidó, cuya vida e integridad cultural, económica y social han sido lesionadas gravemente por la represa hidroeléctrica Urrá S.A. (Comité Coordinador del Pronunciamiento Indígena Nacional, 2000).

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57Paralelamente, un segundo tipo de acción se va iniciando desde el Congreso: mientras los parlamentarios indígenas prosiguen su huelga de hambre, el representante a la Cámara elegido en nombre de la Alianza Democrática M-19, Gustavo Petro, presenta una moción de censura contra el ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado. El objetivo es sencillo: promover su destitución por haber permitido a las empresas Urrá y Oxy realizar obras en territorios embera-katío y u’wa sin consulta previa y a pesar del rechazo de las comunidades indígenas. Durante horas, reunido en plenaria, el Congreso se dedica a escuchar acusadores y defensores de una y otra parte, y se da un plazo de diez días para que el parlamento analice la situación antes de pronunciarse. Del lado de las comunidades, organizaciones y parlamentarios movilizados, lo que está en juego con el conflicto aparece como un “asunto de vida o muerte”. Según ellos, los pueblos indígenas corren el riesgo de desaparecer: no sólo por la permanencia de procesos violentos que, a lo largo de cinco siglos, no han dejado de atacarlos sino también por la naturaleza de las políticas económicas y sociales del gobierno colombiano. Razón por la cual la situación parecería llegar a un extremo: habría que “vivir como indígenas” o “desaparecer bajo el peso de los megaproyectos y las nuevas formas de colonización territorial y biológica” (Comité Coordinador del Pronunciamiento Indígena Nacional, Ibid.).

58Tachado de haber favorecido homicidios -o, incluso, un genocidio-, el ministro del Medio Ambiente plantea diversos argumentos para su defensa. Según él, actuó de buena fe, se esforzó por respetar la constitución y la ley, y tomó en cuenta la acción de tutela adelantada por el pueblo embera-katío. Pretendió velar rigurosamente por la vida y la integridad de este pueblo a la vez que se empeñó en defender los intereses de la nación y el Estado. Por tanto, de ninguna manera las culturas indígenas de Colombia estarían en peligro por la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. Además, la explotación petrolera más importante del país -en territorio u’wa- permitiría una ganancia anual de nueve mil millones de dólares, mientras que, en caso de tener que abandonar el proyecto, el país estaría obligado a importar petróleo a partir de 2004 (Onic, 2000c; El Tiempo, “Editorial”, 12. 04. 2000, 16. 05. 2000).

59El 10 de abril se programa un encuentro entre representantes de la Onic, u’was y embera-katíos, por una parte, y gobierno nacional -ministro del Medio Ambiente, ministro de Minas y Energía y viceministro del Interior- por otra. Reunión que, sin embargo, no da los resultados esperados. Frente al fracaso de las negociaciones, la Asamblea Indígena decide levantar la huelga de hambre al día siguiente. Según ella, dado que la posición del gobierno no deja ninguna esperanza, después de haber consultado a los médicos tradicionales de diferentes regiones del país el ayuno se revelaba inútil y, por tanto, hay que “cambiar de método de lucha” (Onic, 2000c).

60El 12 de abril de 2000, finalmente, tuvo lugar el voto relativo a la mención de censura. En la Cámara de Representantes, la mayoría de los parlamentarios se pronuncia en contra del ministro del Medio Ambiente: 72 votos contra 59. No obstante, por una diferencia mínima, la iniciativa de la moción de censura fracasa: 42 senadores respaldan al ministro mientras que sólo 25 se expresan en su contra (El Tiempo, “Moción de “alerta” al Gobierno”, 11.04.2000). A pesar de todo, según la Onic, este episodio parlamentario marcó “una etapa definitiva para la lucha indígena” puesto que, por primera vez en la historia del país, una moción de censura cuestionando la responsabilidad del gobierno en cuanto a una problemática indígena despertó tanta controversia en una corporación pública (Onic, 2000c).

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61Desde entonces, las relaciones entre comunidades indígenas y gobierno toman dos rumbos distintos. Por un lado, se inicia un proceso informal de discusión y acercamiento: entre los cabildos embera-katíos, la Onic, los ministros del Medio Ambiente, de Minas y Energía y del Interior y la empresa Urrá (Comisión séptima del Senado, 2000). En respuesta, se firma, nuevamente, un acuerdo que preveía la atribución de una serie de beneficios económicos para la comunidad, la protección de los dirigentes y autoridades indígenas, la cancelación del proyecto de construcción Urrá ii y el abastecimiento de las comunidades en pescado. Por otra parte, queda claramente establecido que el gobierno nacional debe ordenar a los funcionarios públicos que se abstengan de tomar posición en contra de los líderes y asesores de las comunidades embera-katíos. Buenas intenciones que, sin embargo, no impiden que las consecuencias de la implementación del megaproyecto para dicha población sigan siendo problemáticas. Por el contrario, en el caso de las comunidades u’was, las negociaciones se rompen. Además del cese definitivo de toda actividad petrolera en su territorio, estas insisten en varias reivindicaciones: compromiso claro, por parte del gobierno nacional, en cuanto al respeto de sus derechos, consulta previa real de las comunidades como lo exigen las leyes y la constitución colombiana, toma en consideración de las necesidades de las comunidades en los campos de la salud, la educación y el ordenamiento territorial, implementación de una reforma agraria, aplicación de todos los acuerdos regionales firmados con los representantes del Estado (Onic, 2000b). Sin embargo, semejante posición de las comunidades u’was se enfrentaba a la del gobierno. En efecto, este dijo que no aceptaba la cancelación unilateral de las autorizaciones concedidas a la empresa Oxy, dado que, según sus voceros, no existía fundamento legal al respecto (Réplica de los congresistas indígenas a las respuestas del ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, frente a la moción de censura, 5. 04. 2000). Independientemente de todas las tentativas de apelación y concertación y de otras sentencias nuevamente a favor de los u’was, las exploraciones pronto volvieron a empezar, contra su voluntad y bajo la protección del ejército colombiano, hasta que unos meses después este episodio terminó -por lo menos temporalmente- al no hallarse el petróleo tan esperado.

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  • 67 Entrevistas con Francisco Rojas Birry (Bogotá, 3.07.00), Leonardo Caicedo (Bogotá, 26.07.00), Jhon (...)

62Del lado de los parlamentarios elegidos en representación de la Alianza Social Indígena y personalmente comprometidos con el proceso de presiones y negociaciones frente al gobierno, la experiencia, hasta entonces desconocida, de este tipo de acción directa a favor de reivindicaciones comunitarias conjuntamente con la Onic, apareció en parte como un éxito: en la medida en que habría permitido la aceptación del diálogo por parte del gobierno, lo que era, a la vez, punto de partida y primer objetivo de los parlamentarios, organizaciones y comunidades indígenas. No obstante, también se señaló que se hubiera podido esperar mejores resultados y se lamentó el poco interés demostrado por el gobierno en cuanto al destino de poblaciones amenazadas por un “desarrollo salvaje” favorecido por las políticas neoliberales. Por otra parte, parece que la aparente unidad demostrada entre dichos parlamentarios se debilitó poco a poco, a medida que avanzó la semana de la huelga de hambre: unos queriendo parar, otros queriendo seguir. Por último, según los congresistas de la asi, el trabajo de coordinación de la acción del movimiento indígena que le correspondía a la Onic durante la movilización nacional no funcionó de manera adecuada. Opuesta al hecho de que los mandatarios de la asi pudieran sacar provecho personal de la situación, la Onic parece haber demostrado un interés limitado en relación con su compromiso a favor de las causas u’wa y embera-katío. Actitud que, según los parlamentarios del movimiento indígena, habría contribuido a restringir el impacto esperado en la opinión pública a raíz del inicio de la huelga de hambre y de la realización de las marchas indígenas en todo el país67. Posición de los congresistas de la asi expresadas contra “la” de la Onic y divergencias que, una vez más, revelaron la existencia de divisiones internas -o por lo menos del carácter precario del equilibrio- entre organizaciones y elegidos.

LÍMITES E INCOMPATIBILIDADES

63Sumándose a la limitación del margen de acción de parlamentarios en posición minoritaria, este problema del fraccionamiento que afectó la experiencia política indígena a lo largo de la década de 1990 también se expresó desde el escenario del Congreso. Al respecto, dos conflictos fueron significativos.

64El primero de ellos opuso, uno a otro, a los representantes de dos organizaciones políticas indígenas, el mic y el Movimiento Aico: un senador indígena elegido -Martín Tenganá- a uno “destituido” y algo “mal perdedor” después de las elecciones de marzo de 1998, Gabriel Muyuy. Detrás de estas divergencias personales, dos sistemas judiciales parecen enfrentarse: sistema nacional, encabezado en dicha oportunidad por el Consejo de Estado, y sistema de las llamadas normas indígenas. La segunda pelea fue regional -en el departamento del Cauca- antes de tener repercusiones nacionales, siendo en parte resuelta “subregionalmente” por algunos dirigentes comunitarios. Estalló a raíz de las elecciones presidenciales de mayo de 1998, entre algunos de los cabildos del Cauca -principalmente los de la zona norte del departamento-, los representantes regionales y nacionales de la asi, por un lado, y uno de los senadores indígenas elegidos en nombre de esa misma organización para el periodo 1998-2002. -Jesús Enrique Piñacué-, por otro lado.

MUYUY FRENTE A TENGANÁ

65Por medio de la resolución 218 del 15 de abril de 1998, el Consejo Nacional Electoral reconoció la validez de la elección del senador Martín Tenganá, inscrito en la circunscripción electoral especial. Sin embargo, este representante del Movimiento de Autoridades se vio confrontado rápidamente a un problema inesperado. Pocas semanas después de su elección, Gabriel Muyuy -aspirante del mic al Senado, y no elegido por el voto del 8 de marzo de 1998- presentó una denuncia ante la justicia argumentando una violación de las reglas nacionales -específicamente los artículos 171 y 172 de la constitución-. El instigador del litigio buscaba la cancelación electoral de la victoria del candidato de Aico. Paralelamente, como reparación de este “error”, el principal líder del mic pretendía recuperar su rango de senador: según su planteamiento, el Consejo de Estado debería reconocer su elección como reemplazo de Martín Tenganá, ya que le seguía en cuanto al número de votos dentro e la circunscripción especial indígena (Sánchez, s. f.).

66Los cargos señalados por el dirigente del mic se expresaban en distintos niveles, en contra de cada una de las tres personas inscritas en la lista de Aico. Por medio de su abogado, Gabriel Muyuy puso en evidencia que Martín Tenganá no estaba habilitado para ejercer su función de senador dado que no cumplía con las cláusulas previstas al respecto por la ley colombiana; en otras palabras, por haber tenido menos de treinta años en el momento de su elección. Sobre este asunto, los demandantes anotan: “[e]l ciudadano Martín Efraín Tenganá no tenía las calidades exigidas por el artículo 172 de la constitución política de Colombia, al no contar con los 30 años que aquel impone como uno de los requisitos, pues sólo tenía 29 años, 3 meses y 20 días de edad” (Ibid.: 41). De hecho, Martín Tenganá no había alcanzado los treinta años, ni al momento de su elección, ni para el momento en que debía empezar su labor legislativa, el 20 de julio de 1998. Sólo los cumplió el 16 de noviembre del mismo año. Este mismo argumento de la edad reglamentaria opera igualmente en contra del segundo inscrito en la lista de Aico -Cristófer Orozco- nacido en 1975 y, por tanto, de apenas “22 años, 10 meses y 7 días” en marzo de 1998 (Ibid.: 42). La ironía parece llegar así a su paroxismo para el equipo del senador Tenganá, que ni siquiera podía recurrir al segundo de su lista, ¡que era muy joven para acceder al rango de senador! Por último, Gabriel Muyuy protesta contra la idea de sustituir a Martín Tenganá por el tercero inscrito en la lista de Aico, Marcelino Jamioy. Esta vez, para justificar su posición, el líder del mic aduce que, según “fuentes conocidas”, este kamsá oriundo del departamento de Nariño tampoco había respetado las condiciones fijadas por el artículo 171 de la constitución para tener derecho a presentarse en la circunscripción especial, por no haber ejercido previamente la función de autoridad tradicional que pretendía haber asumido. Por otra parte, a Marceliano Jamioy, ¡se le olvidó firmar ante los funcionarios de la Registraduría al momento de la inscripción de listas para el Senado! (Ibid.).

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67Para entender mejor la naturaleza de este desacuerdo es importante mirar más de cerca los dos artículos -171 y 172 de la constitución de 1991- que están en juego y que, ambos, hacen referencia a la elección de senadores. El artículo 171 trata de la circunscripción especial reservada a las comunidades indígenas del país. No sólo asegura una participación indígena en el Senado, sino que, también, prevé con precisión las condiciones requeridas para competir en esta circunscripción nacional especial. Así las cosas, dicho artículo estipula, textualmente:

[e]l Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. (...) Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministerio de Gobierno.

68Por su parte, el artículo 172 considera que “[p]ara ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección”. Con base en estos dos artículos se inicia entonces una “guerra de palabras” entre las dos partes en conflicto.

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69Según el representante del mic, es evidente que la elección de Martín Tenganá es contraria a las “normas superiores a las cuales debió sujetarse” (Ibid.: 43). A este propósito, Gabriel Muyuy insistía: “[c]omo se aprecia a simple vista y sin necesidad de esfuerzo analítico alguno, la carta fundamental exige tres atributos que a la fecha de la elección deben concurrir integralmente en quien aspire a ser elegido Senador de la República: que nació en Colombia, que se encuentra en ejercicio de su ciudadanía y que es mayor de treinta años” (Ibid.). Según él, estas calidades deben aplicarse a la elección de todos los senadores, independientemente del tipo de circunscripción escogida para competir y, por tanto, el carecer de una de estas propiedades haría inaceptable la elección de un aspirante al Senado.

70Sobre este punto los opositores de Martín Tenganá van todavía más lejos. Según ellos, las condiciones fijadas por el artículo 171 de la constitución son complementarias de otras, más generales, previstas por el artículo 172, pero de ninguna manera pueden modificar o sustituir las calidades “con carácter universal y perentorio” que establece este último artículo. En el caso contrario, los riesgos serían demasiado grandes para la nación colombiana dado que:

[p]redicarse por ejemplo, que el requisito de ser mayor de treinta años no es aplicable para los candidatos de la circunscripción especial, dejaría un espacio imposible de suplir por cuanto no existiera autoridad competente para establecer la edad exigible a dichos candidatos, ni se contaría tampoco con criterios para precisarla, pudiéndose llegar al absurdo de candidatizar a una persona sin consideración a su edad, incluyendo los menores de edad (Ibid.).

71De tal manera que, según la opinión de los demandantes, la particularidad de la circunscripción especial sólo residiría en el vínculo que mantienen con las comunidades indígenas los candidatos que se presentan en ella. Al respeto, el abogado de Gabriel Muyuy es explícito. De acuerdo con el espíritu del constituyente, se espera que “quienes deseen acceder al Senado tengan raigambre y ascendiente sobre la comunidad que aspiran a representar en el Congreso, y se encuentren en condiciones de encarnar sus tradiciones, valores, costumbres y creencias, es decir, esa identidad cultural que nuestra Carta reconoce, respeta, protege y promueve” (Ibid.: 44). ¡Nada más!

72Frente a este tipo de reflexión, la defensa de Martín Tenganá, por su parte, será categórica, fundándose en el hecho de que, en ningún caso, en el artículo 171 se hace referencia a la edad de los candidatos inscritos en la circunscripción especial. Artículo 171 que -obviamente- ¡aparece antes que el artículo 172. en la constitución! Por tanto, según los defensores de Tenganá, quienes optan por la circunscripción especial sólo tienen la obligación de responder a las exigencias de los usos y costumbres indígenas. En este mismo orden de ideas, Martín Tenganá se empeñará en recordar que, entre estas, no es nada raro encontrar dirigentes menores de edad o que, incluso, tienen menos de quince años. Esa sería una de las expresiones del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana.

73Según los demandantes, semejante argumentación, basada en la necesidad de hacer respetar la diversidad -entre otros- de las formas políticas y jurídicas, tampoco sería válida y constituiría una “amalgama” entre el régimen electoral general, por una parte, y las disposiciones específicas consignadas por la constitución de 1991 en relación con los pueblos indígenas, por otra. Además, el derecho reconocido a las comunidades indígenas para que funcionen según su propia justicia sólo podría ejercerse en el marco de los territorios indígenas -y no en el territorio nacional- porque, según ellos, la jurisdicción especial reconocida a los territorios indígenas estaría vinculada con objetivos y efectos muy distintos de las propiedades generales que la constitución espera de los candidatos al Senado. Explicaciones que en ciertos aspectos no dejarán de sorprender en la medida en que provienen de un líder que, precisamente, decidió inscribirse en la circunscripción especial para las elecciones parlamentarias de 1991,1994 y 1998, y que, sin embargo, parecerán suponer una especie de “jerarquía de las jurisdicciones” a partir de la cual las normas indígenas deberían doblegarse, en todo caso, a las normas nacionales.

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74Para zanjar este caso complicado, finalmente se pidió ayuda a un órgano del sistema judicial nacional: el Consejo de Estado. Este, en parte, le dio la razón a Gabriel Muyuy, aceptando la cancelación de la elección de Martín Tenganá e impidiendo su posesión como senador. Así las cosas, el 21 de mayo de 1998, al recibir la demanda expresada en contra del “senador demasiado joven” por la figura principal del mic, el Consejo de Estado hizo pública su sentencia a favor de una suspensión provisional del parlamentario pasto, considerando su elección contraria a las normas vigentes en el país (Ibid.). No obstante, el Consejo de Estado no obligó al Movimiento de Autoridades a retirarse del Senado. A pesar de las acusaciones proferidas por Gabriel Muyuy en cuanto a Marceliano Jamioy, un “estudio” del pasado de este último reveló su papel de alguacil entre los kamsás de Putumayo, razón por la cual el Consejo de Estado, finalmente, le concedió a este tercer renglón de la lista de Aico el cargo de senador en nombre de esta organización.

  • 68 Entrevistas con Martín Tenganá (Bogotá, 11.12.98) y Rafael España (Bogotá, 11.12.98). Semejante in (...)

75En contraparte, sin nunca haber podido integrar el Senado, Martín Tenganá debió abandonar su puesto. El 2 de junio de 1998, optó, no obstante, por apelar la decisión del Consejo de Estado, buscando la cancelación de la decisión de suspender su actividad, pero de nuevo recibió una respuesta negativa a su pedido. Una tercera vez, Martín Tenganá exigirá que sea estudiado su caso por el conjunto de jueces del Consejo de Estado y no por las personas encargadas específicamente de los asuntos electorales, como había ocurrido hasta entonces. En esta última oportunidad, el equipo de Martín Tenganá agregará un elemento nuevo al expediente, que tendrá la particularidad de inspirarse en algunas de las normas nacionales: las que prohíben el aborto, con la idea de que, desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento, el embrión es un ser humano que, como tal, tiene derecho a la vida. Partiendo de este principio Martín Tenganá ¡habría tenido treinta años en el momento de su elección!68

EL “ASUNTO PIÑACUÉ”

76Mientras las quejas y pleitos entre Gabriel Muyuy y Martín Tenganá se sucedían, a raíz de las elecciones presidenciales de 1998 el “asunto Piñacué” revelaba una serie de contradicciones internas en el seno de la Alianza Social Indígena.

Elecciones presidenciales, Franja Amarilla y Alianza Social Indígena: el objeto del conflicto

77Como se mencionó anteriormente (véase el Capítulo 5), para las elecciones parlamentarias de marzo de 1998, Jesús Enrique Piñacué ganó una curul en el Senado con base en una alianza entre la asi y la organización Franja Amarilla dirigida por Gustavo Álvarez Gardeazábal, recién elegido a la gobernación del Valle. Unos meses después, al acercarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales del mismo año, la asi respaldó una coalición propuesta con miras a la presidencia y vicepresidencia de la República. Encabezada por Noemí Sanín y Antanas Mockus, esta llamada Opción Vida se constituyó entonces en la tercera fuerza del país, respaldada por una asociación de diversos sectores que se reivindicarían como independientes y alternativos frente a los partidos Liberal y Conservador, representados por Horacio Serpa y Andrés Pastrana, respectivamente.

78A pesar de las numerosas esperanzas que llegó a generar, la Opción Vida fue eliminada en la primera vuelta, dejando a los dos candidatos en juego para la segunda en una situación de aguda competencia. Conciente del gran impacto que podría tener una toma de posición de parte suya, Noemí Sanín dijo que dejaba el campo libre tanto al electorado como a cada una de las organizaciones que la habían respaldado. En respuesta, durante las tres semanas que separaron la primera de la segunda vuelta, varios líderes alternativos hicieron pública su decisión de apoyar a uno u otro de los candidatos para la presidencia -ganando Andrés Pastrana la mayoría de las preferencias-. Otros, sin embargo, decidieron abstenerse de toda posición partidaria, aprobando la idea del voto en blanco. Esta alternativa fue la que escogió la asi. Paralelamente, la organización decidió cancelar su tercera Convención nacional, prevista inicialmente para antes de la segunda vuelta, entre otros aspectos para concertar con sus filiales regionales la posición a tomar frente a las opciones presidenciales.

79Independientemente de las consignas a favor del voto en blanco, Jesús Enrique Piñacué tomó parte en el acto de clausura de la campaña electoral de Horacio Serpa, respaldándolo ante las cámaras de los noticieros nacionales. Mientras tanto, Francisco Rojas Birry también se pronunció públicamente -pero lejos de los medios de comunicación- a favor del mismo candidato. Sin embargo, esta posición serpista, expresada abiertamente por los dos senadores de la asi, alejada de la posición de las directivas exhortando al voto en blanco, tuvo consecuencias. En efecto, la actitud de los senadores dio lugar a numerosos debates, concentrados primero en la organización política, luego ampliamente comentados en todo el país. Esta fuerte resonancia de la controversia confirmó la existencia de una serie de ambigüedades latentes en la fuerza política, a la vez que evidenció el peso creciente de las organizaciones y representantes indígenas en el escenario político nacional.

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  • 69 Conversaciones con directivos de la asi (Bogotá, julio de 1998).

80A raíz de la declaración pública de Jesús Enrique Piñacué a favor del candidato liberal, el 6 de julio de 1998 se convocó a una reunión de la asi en Popayán. Participaron no sólo varios dirigentes -nacionales y regionales-de la organización política, sino también delegados del Cric, voceros de distintos cabildos del departamento, así como diversos representantes elegidos en nombre de la asi en calidad de alcaldes, concejales o diputados en el Cauca. Durante el encuentro, muchos se pronunciaron contra Jesús Piñacué. Se le reprochaba el haber estado en dos frentes: invitar a las comunidades de la región a votar en blanco, por un lado, y respaldar a Horacio Serpa dos días antes de las elecciones, por otro. Con esta actuación, el senador no sólo había contrariado el acuerdo a favor del voto en blanco sino también había traicionado a quienes lo respaldaron por considerarlo un líder alternativo a los partidos tradicionales. En últimas, según sus críticos, se había vendido, convirtiéndose en -o revelándose como- un politiquero como los demás. Al adoptar actitudes distintas frente a las comunidades indígenas del Cauca y a las cámaras de televisión, se había burlado de los que, hasta entonces, habían confiado en él. En respuesta, frente a esta falta de seriedad, era necesario tomar medidas firmes69.

81Las críticas más virulentas provenían de la asociación de cabildos de la zona norte. El aspecto particularmente interesante del proceso tiene que ver con el hecho que estos exigían que se recurriera a un castigo severo y ejemplar, de acuerdo con los usos y costumbres indígenas para una falta que, más bien, parece relacionarse con aspectos modernos del ejercicio político. ¡Entre las sanciones sugeridas se propuso someter el senador a ciento cincuenta fuetazos o al cepo, y obligarlo a regresar al trabajo en la tierra en su comunidad de origen y a renunciar a todo tipo de cargo político después de su mandato! Esta petición recibió el respaldo de varios dirigentes de la asi, lo que, sin tardar, hizo saltar el polvorín. En un ambiente marcado por profundos desacuerdos entre los participantes, la reunión culminó sin que se lograra definir claramente el castigo adecuado y los medios para llevarlo a cabo.

82Al día siguiente, Piñacué declaró que renunciaba a su curul de senador hasta nuevo aviso de los gobernadores, pero que se mantenía a su disposición. En contraparte, manifestó que, de ninguna manera, obedecería a una sanción dictada por los dirigentes de la asi y que tampoco se presentaría ante una asamblea compuesta únicamente por las autoridades tradicionales de la zona norte, dado que, según él, sólo una audiencia constituida por el conjunto de los dirigentes comunitarios del departamento era apta para juzgarlo, cumpliendo de esta manera con una tarea que, en principio, le correspondía a su comunidad de origen. Mientras tanto, la asi le advertía al senador que se tomarían dos tipos de sanción contra él: una, de carácter jurídico, determinada por los representantes de las comunidades indígenas del Cauca, y otra, de orden político, que sería decidida por los delegados regionales y nacionales de la organización durante su Convención nacional, prevista para los días siguientes. En este mismo momento, el acontecimiento salió del marco de la asi y de su regional Cauca, para ser divulgado a la opinión pública por los medios de comunicación. Artículos, reportajes y comentarios de toda índole se multiplicaron, acompañados por cierta confusión general. Para algunos parecía totalmente inadmisible que unos dirigentes – “blancos”- de la asi pretendieran condenar a un senador -indígena- por un acto que, al fin y al cabo, era sólo la expresión de una opinión personal. Por tanto, la asi estaría procediendo como una “organización estalinista”. Para otros, la asi, las comunidades indígenas del Cauca y el senador Piñacué, por el contrario, deberían ser citados como modelos para la vida política colombiana: las primeras por ser capaces de exigir de sus líderes el respeto a sus compromisos; el segundo porque, a pesar de su lamentable error, estaría dispuesto a asumir las consecuencias de su inoportuna toma de posición, aceptando someterse al juicio de sus autoridades.

Del juicio de las autoridades tradicionales a la sanción política

83Mientras tanto, pocos días antes de la posesión de los senadores -el 20 de julio-, los días 15 y 16 de julio de 1998 tuvo lugar en Paniquitá -municipio de Totoró, Cauca- una reunión convocada por el Cric, que buscaba llegar a un acuerdo que permitiera resolver la crisis.

84Con el objetivo de evitar una escisión dentro de la organización regional, los cabildos de la zona norte -que en un principio habían exigido la sanción-decidieron retirarse de la asamblea. No obstante, su posición siguió siendo defendida por algunos gobernadores de la zona nororiente así como por el diputado asi Manuel Santos Poto, oriundo del municipio de Toribío. Estos insistieron en la importancia de construir un movimiento alternativo, distinto de los partidos tradicionales, rechazando por tanto la actuación de Jesús Enrique Piñacué, que había contribuido a despistar a las comunidades:

[p]ara nosotros en ese momento quedó claro que tiene que ser necesariamente nuestro proyecto político alternativo, muy diferente al que hemos vivido o que vivieron nuestros padres (...) De allí en adelante, muchos compañeros indígenas, campesinos, sectores que estaban cerca de nosotros preguntaron: ¿Qué pasó? ¿Dónde está la seriedad de Chucho [Piñacué]? Como nos dijeron que había que votar en blanco, ¿qué pasó? ¿Hay división? ¿Quién decidió eso? ¿O es que nos siguen engañando también a nosotros otra vez nuevamente?, estábamos convencidos de ustedes pero miren lo que está apareciendo (intervención del gobernador del cabildo de Pueblo Nuevo-Caldono; documento sonoro: Asamblea de la junta directiva del Cric, Paniquitá, 15-16 de julio de 1998).

85Paralelamente, se llamó a las comunidades indígenas de la región al consenso, invitando a los participantes a pensar en una sanción que limpiara al movimiento y a la asi de toda huella de alianza con los partidos tradicionales:

“[h]emos dicho ’si aquí, en una asamblea, como lo decimos también en Popayán, si aquí no hay correctivos, si aquí no hay quien vaya a levantar este proyecto político, con los que queden y los que confíen en ese proyecto, así nos toque aportar nuevamente muchas vidas para seguir avanzando, lo vamos a seguir haciendo. Pero si no hay un control que parte de nuestras comunidades y que parte de nuestro comunero como es el compañero Chucho Piñacué, hasta aquí, si no hay un apoyo y un control desde nuestra manera de controlar y sancionar, si es el caso, hasta aquí hemos acompañado al compañero Chucho, políticamente” (Ibid.); “Comprometámonos a limpiar esa organización y a mantener viva la imagen de la asi, viva la imagen del Cric, la única organización del mundo que todavía resiste. Y mantengamos independientes de estos jefes políticos” (intervención de Manuel Santos Poto, Ibid.].

86Tal actitud permitiría demostrar la unidad de la asi al igual que su capacidad para enfrentar los golpes duros. Serviría para comprobar que no se trataba de represalias deseadas por dirigentes “blancos” de la organización sino, más bien, de una decisión del movimiento indígena caucano en su conjunto. Se trataría entonces de sacar provecho de esta situación impuesta a la asi, convirtiéndola en una herramienta apta para fortalecer la organización en beneficio de las comunidades. Por tanto, era necesario corregir a Jesús Piñacué, para que pudiera sobrevivir el proyecto político hasta entonces defendido por el movimiento indígena del departamento:

Chucho debe salir más fortalecido de lo que estaba, la asi debe salir más fortalecida de lo que estaba, el Cric debe salir más grande. Las discusiones se dan y son sanas. Digan qué sirve un senador allá si no hay respaldo de la gente que ha estado al frente de esto y seguir fortaleciendo a Chucho. ¿Será para que se burlen los berracos senadores allá?... Hay que ir al fondo de las cosas, qué significa corregir un error. Y esto que se dice no es un castigo, es una manera de levantar una cosa que está caída. Una manera de fortalecer esto, que en los viejos se llama ’corrección’, ’superar’ o ’fortalecer’. Y no manejemos la cuestión de castigo, manejemos la cuestión de fortalecer y este fortalecer es tomar una decisión, una, de todos los cabildos, que le sirva a todos. Si es una sanción que sea una sanción pero que todos estén de acuerdo. Si eso no es así, ya ha dicho una gente ’no se va a meter más’. Pero hagamos hasta el último esfuerzo... (Ibid.).

87Al lado de los cabildos de las zonas norte y nororiente, los gobernadores -coconucos y yanaconas- de las partes sur y centro del departamento prefirieron adoptar una posición neutral, afirmando que respaldarían la decisión tomada por los delegados de las comunidades paeces, partiendo del principio según el cual sólo estos pueden juzgar a un paez, de acuerdo con sus usos y costumbres:

“[a] nivel de nuestra zona analizamos que, en primer lugar, cada pueblo tiene su propia etnia, y cada pueblo tiene sus propios usos y costumbres, su propia forma de castigar. Así es que nosotros lo vemos muy conveniente de que los compañeros y hermanos paeces quienes utilizan su método, su propio uso y costumbre de castigar a sus propios indios, pues de pronto no vamos a decir las otras etnias de que nosotros nos adaptamos a esa, a esas costumbres, porque todos somos diferentes” (intervención del delegado de la zona sur, Ibid.); “[L]a propuesta de la zona centro (...) es la siguiente: que de acuerdo a la jurisdicción especial indígena y a la autonomía territorial, consideramos que es el pueblo paez quien debe tomar las decisiones y las formas de castigo si esa es la decisión. Por tanto, estamos de común acuerdo con la zona sur” (intervención del delegado de la zona centro. Ibid.).

88Además, los representantes de la zona centro agregaron unos puntos a tomar en cuenta. Jesús Enrique Piñacué debería manifestar públicamente su pertenencia o no a la asi y ratificar el cumplimiento durante su trabajo en el Senado de la república de los acuerdos con las comunidades indígenas y demás sectores sociales que lo apoyaron. Así mismo, habría que pensar en una mejor coordinación de las estructuras del movimiento indígena, regionales y nacionales. Por último, el pueblo coconuco solicitaría “al senador el compromiso de fortalecer la unidad del movimiento indígena, y las estructuras organizativas y políticas como lo venía haciendo años atrás” (Ibid.).

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89Por su parte, el interesado expresó, una vez más, su voluntad de someterse al juicio de la asamblea, no sin preparar su propia defensa. Al respecto explicó, primero, el por qué de su decisión de renunciar al cargo de senador. Sintiéndose totalmente deslegitimado por la asi, habría preferido dejar su suerte “en manos de los gobernadores, quienes son las autoridades legítimas cuando mi caso, como paez, lo tienen que realizar...” (intervención de Jesús Enrique Piñacué; Ibid.). Jesús Enrique Piñacué también dio a conocer su sorpresa ante el aplazamiento de la Convención nacional de la asi: “[n]o entiendo por qué, cuando había que hacer la convención, tal vez por miedo porque no iban a concebir acuerdo... Porque si todos decidimos, ese era el momento de decidir con quién nos vamos en la segunda vuelta” (Ibid.). Explicó cómo su “doble pertenencia” -a la asi y a la Franja Amarilla- lo había convertido poco a poco en sujeto de un dilema y una tensión permanente entre las dos fuerzas políticas. Mientras que los dirigentes de la asi esperaban que se pronunciara a favor del voto en blanco, el movimiento de Gustavo Àlvarez Gardeazábal -frente al cual tenía una “deuda ” de cerca de veinte mil votos-le habrían exhortado a respaldar a Horacio Serpa: “[d]icen que no se les puede servir a dos señores. O quedo bien con uno o quedo mal con el otro, finalmente parece que quede mal fue con ustedes” (Ibid.). Finalmente, Piñacué condenó la “falta de coherencia” de la asi, contando cómo a pocas semanas de las elecciones presidenciales el propio presidente de la organización le habría incitado a tomar contacto con el candidato liberal a la presidencia de la república (Ibid.).

90A sus alrededores, el senador nasa se benefició del respaldo de un sector constituido por el conjunto de cabildos de Tierradentro, su región de origen, quienes dieron a conocer que, después de haber “analizado en profundidad” el caso litigioso, habían llegado a sus propias conclusiones. Por un lado, se declararon “convencidos de los grandes esfuerzos que la asi ha venido realizando por consolidar la opción de un movimiento político alternativo, serio, claro, transparente y respetuoso de los diversos pueblos en aras de reivindicarlos derechos de las clases más desamparadas por un Estado que como el nuestro es cada vez más opresor ” (intervención del delegado de la zona Tierradentro; Ibid.). No obstante, los delegados de las asociaciones de cabildos de los municipios de Páez e Inzá paralelamente se indignaron por la obstinación manifestada por los dirigentes de la fuerza política en contra de un “congresista, paez, hijo de Tierradentro, consagrado en la defensa de los pueblos indígenas y minorías” (Ibid.). Por tanto, según ellos, habría que revisar los objetivos, estatutos, estructura y funciones de la asi, tanto nacionales como regionales. Así mismo, habría que determinar con precisión el poder de cada una de las instancias del movimiento indígena -cabildos, asi, asociaciones de cabildos, consejos regionales- para definir “quién puede juzgar a quién”. Por último, los cabildos de Tierradentro insistieron en el hecho de que la legislación indígena no contempla en ninguna de sus normas el castigo por opiniones políticas o religiosas. Por todas estas razones, la zona Tierradentro rechazó unánimemente la idea de que Piñacué fuera sancionado por la asi (Ibid.).

***

91Después de varias horas de acusaciones, justificaciones y deliberaciones, la propuesta de las comunidades de Tierradentro -mayoritarias-, fue ratificada por la asamblea. Quedó establecido entonces que Jesús Piñacué debía posesionarse como senador a partir del 20 de julio de 1998. Se reconoció que había cometido un error, el cual merecía ser corregido pero de ninguna manera por medio del fuete o de un descrédito público. Más que de un castigo, debía tratarse de una reprimenda. Paralelamente, Jesús Piñacué tenía la responsabilidad de lamentar solemnemente su gesto de respaldo hacia Horacio Serpa para comprometerse en adelante a cumplir con su cargo de senador siendo fiel a los objetivos e intereses de las comunidades. Sin embargo, estas determinaciones generales se acompañaron de un elemento más: por decisión de la asistencia, el líder nasa debía prestarse para la realización de un ritual de refrescamiento en la laguna de Juan Tama, ubicada a varias horas de camino en el páramo de Tierradentro. Ritual que permitiría que tomara conciencia de su paso en falso pero que, en el contexto de las creencias paeces, correspondería a permitirle ingresar al Senado con la mejor disposición posible, purificado y, por consiguiente, más fuerte. Ritual que, por tanto, de ninguna manera tendría que ver con una sanción, al contrario de lo que pudo concluir una opinión pública mal informada, a la vez “horrorizada” por las prácticas ancestrales de la población nasa -que obligaban al “pecador” a sumergirse en calzoncillo en aguas heladas a la media noche- y llena de admiración por la capacidad organizativa y el respeto a las autoridades en estas mismas comunidades. Ritual que, de hecho, fue llevado a cabo unos días después con la ayuda de los médicos tradicionales, con el respaldo del “grupo de apoyo” de Tierradentro y nuevamente frente a reporteros de periódicos nacionales interesados en cubrir este episodio fuera de lo común.

***

92En el momento en que los gobernadores del Cauca oficializaban su decisión en cuanto al destino de Jesús Piñacué en el plano jurídico y mientras este se hallaba en camino hacia la laguna sagrada, los dirigentes y representantes regionales y nacionales de la asi, por su parte, decidían del futuro político del elegido paez, con motivo de la convención nacional de la organización, finalmente realizada en Bogotá los días 16, 17 y 18 de julio de 1998. ¡Esta vez, al contrario de lo que pasó en la asamblea de Paniquitá, los representantes de Tierradentro y Jesús Enrique Piñacué estaban ausentes, mientras que los cabildantes de la zona norte del Cauca sí participaban! De tal forma que, de las ciento setenta y cinco personas invitadas inicialmente, ciento trece delegados oficiales tomaron parte en la reunión: treinta y cuatro de Bogotá, treinta y uno del Cauca, dieciséis de Antioquia -entre los cuales el senador Francisco Rojas Birry-, quince del Valle, ocho del Tolima, cuatro de Santander y los cinco miembros del comité ejecutivo de la asi. Y esta vez sí se aprobó una sanción en relación con Jesús Enrique Piñacué. Sanción que, así como lo había advertido con anticipación la Alianza Social Indígena, no le correspondería a la autoridad de los cabildos sino a la de la organización (asi, 1998b).

93No obstante, en esa ocasión también el destino de los dos senadores elegidos en nombre de la asi -Jesús Enrique Piñacué y Francisco Rojas Birrydio lugar a numerosas controversias, que revelaron o agudizaron las divergencias existentes en el seno de la fuerza política. Divergencias entre las regionales del Cauca y del Tolima por una parte -las cuales, hasta entonces, habían sido favorables a Jesús Enrique Piñacué pero que a partir de ese momento pidieron que fuera castigado- y, por otra, el sector de los departamentos de Antioquia y Chocó, en esa época “incondicionales” de Francisco Rojas Birry y, por tanto, dispuestos a defender su senador, oponiéndose a todo tipo de condena. Así las cosas, tras un día entero de reflexiones en el marco de una comisión especialmente prevista para analizar la situación, dos posiciones se opusieron durante la plenaria. Para los representantes del Cauca y Tolima, al igual que para parte de la regional Bogotá, respaldando públicamente la candidatura de Horacio Serpa, Francisco Rojas Birry y Jesús Enrique Piñacué habrían infringido la filosofía y el programa de la Alianza Social Indígena. Dada esta falta de respeto con sus compromisos, tendrían que aclarar oficialmente su relación con la organización política y deberían ser sometidos a una amonestación pública por parte de los participantes en su Convención nacional. Sin embargo, la opinión de los delegados de la zona Antioquia-Chocó, al igual que la de otra parte de los dirigentes bogotanos de la organización, iba en una dirección muy distinta: según ellos, de ninguna manera debería preverse una sanción para los senadores. Independientemente de estos desacuerdos el voto a favor de la amonestación ganó con amplia mayoría (setenta y ocho, contra treinta y cinco). Los representantes de los departamentos de Antioquia y del Chocó decidieron abstenerse de tomar posición en cuanto a Jesús Enrique Piñacué para permitir que el Cauca juzgara a su mandatario, no sin antes dar a conocer que, por su parte, en todo caso seguían respaldando a Francisco Rojas Birry (Ibid.).

***

94Dos días después, en medio de un ambiente tenso, los dos elegidos de la asi se posesionaron, pero hubo que esperar varios meses antes de que hubiera un acercamiento, precario y lleno de rencores, entre Jesús Enrique Piñacué y los dirigentes -caucanos y nacionales- de la organización política. De manera paradójica, ¡la “moraleja de esta historia” parece haber resultado favorable a todas las partes en conflicto! Ante una opinión pública muchas veces desubicada, tanto la asi como el congresista nasa dejaron una imagen positiva saliendo “limpios” y con mayor popularidad de esta pelea frontal -y eso a pesar de que, lejos de las apariencias, los choques entre ellos no terminaron-. Más allá de este aspecto positivo, este incidente puso una vez más en evidencia, sin duda, una serie de contradicciones latentes en la asi. Contradicciones perceptibles en cuanto al funcionamiento de una organización que se reclama como amplia y fundada en diversos sectores de la población, pero que debe enfrentar formas de poder y representantes comunitarios cuando se trata de resolver conflictos que involucran líderes indígenas. Contradicciones que se expresaron entre las principales bases de influencia de la asi (Cauca-Tolima y Antioquia-Chocó), así como a escala de algunas subregiones del Cauca -encabezadas, en este caso preciso, por los cabildos de la zona norte, de un lado, y los de Tierradentro, del otro-. Por último, contradicciones entre dos organizaciones que, en los periodos electorales, se habían presentado bajo la forma de una coalición: asi y Franja Amarilla.

Notes

1 Las informaciones que se presentan a continuación fueron recolectadas en la oficina de leyes del Congreso de la república, a partir de documentos entregados por las organizaciones indígenas o en los informes de actividades preparados por los congresistas del movimiento indígena. Por la heterogeneidad de estas fuentes, no se pretende realizar un estudio completo de los proyectos de ley presentados o expuestos por los parlamentarios indígenas, sino, más bien, dar una idea de algunos de los principales temas que han llamado la atención de los que fueron elegidos en 1991, 1994 y 1998.

2 Proyecto de ley n° 74 de 1992, presentado el 18 de junio de 1992, pero archivado.

3 Ley 99 de diciembre de 1993.

4 Proyecto de ley n° 214 de 1992.

5 Ley nacida del proyecto de ley n° 17 de 1992.

6 Ley nacida del proyecto de ley n° 114 de 1993.

7 Ley nacida del proyecto de ley n° 57 de 1993.

8 Proyecto de ley n° 26 de 1993.

9 Proyecto de ley n° 78 de 1993.

10 El esbozo de ley propuesto por el representante del gobierno planteaba, entre otras medidas, la adjudicación de tierras a colonos dentro de las reservas y los resguardos -sobre todo en las regiones de la amazonia y la orinoquia así como en el Chocó-. Igualmente, le otorgaba al Incora la posibilidad de intervenir en la repartición de las parcelas, independientemente de la responsabilidad del cabildo -u otras autoridades tradicionales-. Respaldado por Anatolio Quirá, por la Onic y por una Coordinadora de Organizaciones Agrarias e Indígenas de Colombia (Conaic), el senador Gabriel Muyuy dio a conocer su oposición frente a tales medidas, insistiendo en el carácter comunitario específico de los grupos étnicos. De esta manera, alcanzó a hacer nombrar a un representante indígena en la junta directiva del Incora. Por otra parte, el representante ingano exigió que los territorios utilizados por las comunidades indígenas de cazadores, recolectores y agricultores itinerantes se reservaran exclusivamente para ellas, con la intención de impedir su invasión y limitar el poder de acción del Incora en las llamadas zonas destinadas al alto desarrollo. Véase Onic, “Las reservas indígenas son de nosotros. La nueva ley de “reforma agraria’ y los indígenas”, Unidad Indígena, n° 108, 1994:5; Muyuy, Trabajo legislativo. Informe n° 2, 1993.

11 Ley 160 del 3 de agosto de 1994, de reforma agraria, que no permite el reconocimiento de la expropiación por vía administrativa, autorizándola sólo por medio de recursos jurídicos –más demorados-, limitando el presupuesto del Incora y dándole a este último la responsabilidad de repartir las tierras en las propiedades indígenas y evaluar en qué medida se respeta el medio ambiente dentro de sus límites. Sobre este tema, véase Onic, “Las reservas indígenas son de nosotros...”, op. cit.: 5, Velasco, “La nueva ley de ra”, Gaia, 1: 1995.

12 Proyecto de ley n° 188 de 1995, presentado por Ana García el 15 de noviembre de 1994 y archivado el 30 de septiembre de 1996.

13 Proyecto de ley n° 262 de 1997, presentado por Jesús María Huaj Hurtado el 9 de agosto de 1996, archivado también.

14 Este proyecto fue archivado el 21 de junio de 1996.

15 Ley 218 de 1995 que busca responder a las consecuencias del desastre ocurrido el 6 de junio de 1994 en la región de Tierradentro (Cauca). Sin embargo, el voto a su favor generó numerosas controversias en las comunidades y organizaciones indígenas del departamento del Cauca: directamente afectadas por el deslizamiento del río Páez, las comunidades de la zona siniestrada se consideraron engañadas por la ley Páez, la que de ninguna manera les beneficiaría. Entre otros aspectos, esta ley preveía una serie de ventajas tributarias para favorecer la inversión en el Cauca, y tuvo como consecuencia la aparición de un nuevo mercado en algunos municipios - principalmente en el norte del departamento-, lo que, según las organizaciones indígenas, no aprovecharía a las zonas y poblaciones más afectadas por la catástrofe. Por tanto, la mal llamada ley Páez sólo contribuiría a aumentar la diferencia entre “ricos” y “pobres” en el departamento.

16 Proyecto de ley n° 210 de 1995.

17 Proyecto de ley n° 189 de 1998.

18 Proyecto de ley n° 17 de 1996.

19 Proyecto de ley n° 18 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín el 2 de agosto de 1994 y convertido en ley n° 205 del 3 de agosto de 1995.

20 Proyecto de ley n° 29 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín y por el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Rafael Orduz, el 4 de agosto de 1994, convertido en ley n° 265 del 25 de enero de 1996.

21 Proyecto de ley n° 33 de 1994, presentado por la canciller Noemí Sanín el 4 de agosto de 1994, convertido en ley n° 247 del 29 de diciembre de 1995.

22 Proyecto de ley n° 204 de 1995, presentado por el canciller Rodrigo Pardo García-Peña el 28 de marzo de 1995, convertido en ley n° 303 del 5 de agosto de 1996.

23 Proyecto de ley n° 268 de 1996, presentado por el canciller Camilo Reyes el 6 de mayo de 1996, convertido en ley n° 370 del 16 de mayo de 1997.

24 Proyecto de ley n° 270 de 1996, presentado por el canciller Camilo Reyes y por el ministro del Medio Ambiente, José Vicente Mogollón, el 6 de mayo de 1996, convertido en ley n° 357 del 21 de enero de 1997.

25 Proyecto de ley n° 114 de 1996, presentado por la canciller María Emma Mejía el 8 de octubre de 1996, convertido en ley n° 467 del 4 de agosto de 1998.

26 Proyecto de ley n° 17 de 1997, presentado por la canciller María Emma Mejía el 30 de julio de 1997.

27 Proyecto de ley n° 87 de 1997, presentado por la canciller María Emma Mejía el 19 de septiembre de 1997, convertido en ley n° 470 del 5 de agosto de 1998.

28 Proyecto de ley n° 136 de 1995, presentado por los senadores Pedro J. Gutiérrez, Hernando Torres Barrera y Ciro Ramírez Pinzón el ii de octubre de 1995, archivado el 8 de mayo de 1996.

29 Proyecto de ley n° 116 de 1997, presentado por el senador Hernán Motta Motta el 20 de octubre de 1997.

30 Proyecto de ley n° 15 de 1998, presentado por el senador Carlos Moreno de Caro el 20 de julio de 1998.

31 Proyecto de ley n° 119 de 1998, presentado por el senador Jaime Dussán (Educación, trabajo y cambio social).

32 Proyecto de ley n° 160 de 1999, presentado por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gustavo Cuallo Iriarte y por la juez Luz Estela Mosquera de Meneses.

33 Proyecto de ley n° 218 de 2000, presentado por el senador Mario Uribe (Partido Liberal).

34 Proyecto de ley n° 240 de 2000, presentado por el senador Jorge Giraldo.

35 Proyecto de ley n° 272 de 2000, presentado por María Martínez (Partido Liberal).

36 Proyecto de ley n° 273 de 2000, presentado también por María Martínez.

37 Proyecto de ley n° 132 de 1909, presentado por el senador conservador Ciro Ramírez.

38 Comunicado Onic, 11.04.2000

39 Proyecto de ley n° 77 de 1998, presentado por Jesús Enrique Piñacué el 16 de septiembre de 1998.

40 Proyecto de ley n° 178 de 1999.

41 Proyecto de ley n° 31 de 1999.

42 Proyecto de ley n° 221 de 1999.

43 Proyecto de ley n° 2 de 1998, presentado por Carlos Moreno de Caro.

44 Proyecto de ley n° 57 de 1998, presentado por Piedad Zucardi el 12 de agosto de 1998, convertido en ley 575 del 2 de febrero del 2000.

45 Proyecto de ley n° 148 de 1908, presentado por Miguel Pineda y Darío Martínez.

46 Proyecto de ley n° 36 de 1909, presentado por Samuel Moreno.

47 Proyecto de ley n° 213 de 1999, presentado por Jorge León Sánchez.

48 Proyecto de ley n° 265 de 2000, presentado por los senadores Oswaldo Darío Martínez, Luis Eladio Pérez y Jaime Dussán.

49 A propósito es importante señalar que semejante toma de decisión del senador paez fue en contra de las consignas defendidas por su organización, la Alianza Social Indígena, que era favorable a la reforma política.

50 Proyecto de ley n° 166 de 1999.

51 Proyecto de ley n° 124 de 1998, presentado por el senador Samuel Moreno.

52 Proyecto de ley n° 149 de 1998, presentado por Luis Eduardo Peresi, archivado el 23 de junio de 2000.

53 Proyecto de ley n° 151 de 1998, presentado por Tito Rueda Gaviria.

54 Proyecto de ley n° 201 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.

55 Proyecto de ley n° 72 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.

56 Proyecto de ley n° 197 de 1999, presentado por Ramiro Halima Peña.

57 Proyecto de ley n° 244 de 1999, presentado por el canciller Guillermo Fernández de Soto.

58 Proyecto de ley n° 154 de 1997; Leonardo Caicedo, “Informe de trabajo”, mimeo., s. l., s. f.

59 Proyecto de ley n° 195 de 1999; Leonardo Caicedo, “Informe de trabajo”, Ibid.

60 Proyecto de ley n° 19 de 1998, presentado conjuntamente con los parlamentarios Samuel Ortegón (Liberal, Cundinamarca), Darío Saravia (Liberal, Magdalena), Germán Aguirre (Liberal, Risaralda), Leonor González (Liberal, Bogotá), José Maya (Liberal, Cauca), Jorge González (Liberal, Caldas), archivado el 22 de enero de 1900.

61 Proyecto de ley n° 28 de 1998, presentado con los parlamentarios Samuel Ortegón, Héctor Arango (Liberal, Antioquia), Leonor González, José Maya, Jorge González, Elver Arango (Liberal, Valle), Irma Caro (Conservadora, Boyacá).

62 Proyecto de ley n° 51 de 1908, presentado con los parlamentarios Elver Arango, Jorge Julián Silva (Liberal, Vichada), Odín Sánchez (Liberal, Chocó), Alvaro Díaz (Liberal, Valle), Jaime Puentes (Liberal, Amazonas), archivado el 22 de enero de 1999.

63 Proyecto de ley n° 84 de 1998, presentado con los parlamentarios Emilio Martínez (Liberal, Tolima), Roberto Camacho (Movimiento de Salvación Nacional, Bogotá), Guillermo Botero (Conservador, Risaralda), Miguel Ángel Flórez (Movimiento “Apertura Liberal Nuevo Santander”, Santander), Alfredo Colmenares (Liberal, Arauca), Jorge Julián Silva y Odín Sánchez, archivado el 21 de junio de 1999.

64 Proyecto de ley n° 120 de 1999, presentado con los parlamentarios Jorge Julián Silva, Rafael Palau (Liberal, Valle), Raúl Rueda (Conservador, Boyacá), Zamir Silva (Liberal, Boyacá), Luis Felipe Villegas (Liberal, Sucre) y Rafael Amador (Liberal, Bogotá), archivado el 13 de diciembre de 1999.

65 Proyecto de ley n° 187 de 1999, presentado con los parlamentarios Álvaro Arango (Liberal, Cesar), Bernabé Celes (Liberal, Santander), Jesús Ignacio García (Liberal, Cauca), Pompilio Avendaño (coalición “alternativa”, Tolima) y José Maya, archivado el 15 de junio del 2000.

66 Entrevistas con Edilberto Imbachi (sección derechos humanos, Onic), Jesús Enrique Piñacué y Francisco Rojas Birry, Bogotá, septiembre de 2000. Véase también más adelante.

67 Entrevistas con Francisco Rojas Birry (Bogotá, 3.07.00), Leonardo Caicedo (Bogotá, 26.07.00), Jhony Aparicio Ramírez (Bogotá, 27.07.00) y Jesús Enrique Piñacué (Bogotá, 26.07.00).

68 Entrevistas con Martín Tenganá (Bogotá, 11.12.98) y Rafael España (Bogotá, 11.12.98). Semejante iniciativa tampoco tuvo consecuencias positivas para el líder pasto.

69 Conversaciones con directivos de la asi (Bogotá, julio de 1998).

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