Introducción
p. 31-40
Texte intégral
1Desde principios de la década de 1970, las comunidades indígenas1 de Colombia han adquirido creciente “visibilidad”, han ido consolidando su participación en la vida política nacional, y entraron, de manera decidida, en la escena electoral, en un proceso que puede dividirse en tres grandes etapas. A partir de 1971, comenzaron a organizarse y a dar forma a un movimiento relativamente unificado, por medio del cual expresan sus reivindicaciones de manera directa. Veinte años después, en 1991, tres de sus representantes tomaron parte en la Asamblea Nacional Constituyente, convocada, de manera excepcional, para reformar la constitución política. Desde ese año ha ido aumentando el número de líderes de organizaciones indígenas en ser elegidos, local o regionalmente —en las alcaldías, los concejos municipales, las asambleas departamentales o las gobernaciones— y, también, en el ámbito nacional, en el Congreso de la República —Cámara de Representantes y Senado—.
DINÁMICAS IDENTITARIAS Y ESPECIFICIDADES COLOMBIANAS
2En algunos aspectos, la inserción reciente de las comunidades indígenas en el contexto político electoral no deja de sorprender en un país como Colombia, gobernado durante muchos años por un cuasi monopolio liberal-conservador, y en donde parecían destinadas o a una fusión indiferenciada en la sociedad o a una discriminación negativa.
3De cierto modo, ese fenómeno se inscribe en una dinámica observada en América latina y en distintas regiones del mundo que, desde hace décadas, testimonia el (re)surgimiento de demandas identitarias de carácter étnico, religioso y cultural, alimentadas por la construcción de discursos políticos que contribuyen a cuestionar el equilibrio de las sociedades nacionales2. En algunos casos, esas demandas han coadyuvado a generar su destrucción o a acelerar su fragmentación, tal como podrían ilustrarlo muchos de los conflictos surgidos recientemente en Europa oriental, Asia o África.
4En otros contextos, por el contrario, las “minorías” han formulado sus reivindicaciones en términos de una voluntad de integración –autorregulada– en la nación. Así las cosas, los movimientos étnicos en América latina han pretendido, más bien, conducir una lucha, iniciada treinta años atrás, con el objetivo de afirmarse como ciudadanos en pleno derecho. Como respuesta, varios Estados han optado por redefinir su posición dentro de la nación. Han sido necesarias muchas reflexiones, relativas, por ejemplo, al marco jurídico en el que se inserta la “cuestión indígena”, y ha habido reformas constitucionales que dan cuenta del carácter multiétnico y plurícultural de las naciones, tal como sucedió en Colombia en 1991, así como en muchos otros países de la región. En este sentido, la trayectoria del movimiento indígena colombiano se parece a la de otras comunidades organizadas del continente.
5Sin embargo, más allá de las similitudes mencionadas, el caso colombiano presenta algunas particularidades que le confieren una dinámica fuera de lo común. En primer lugar, Colombia se distingue de otros países de América latina por el tamaño reducido de su población indígena -oficialmente menos de 2% del total de los habitantes (Arango, Sánchez, 1998: 20)-. Segundo, a pesar de su número limitado, los indígenas colombianos han estado entre los primeros en conquistar numerosos derechos: territoriales, económicos, sociales y políticos, y en contraste con el hecho de que el país se conoce por su carácter violento, estos “puntos” han sido obtenidos, ante todo, por medio de la ley.
PUNTOS DE PARTIDA
6La presencia del movimiento indígena en la política nacional tiene sus antecedentes, ya que durante la primera mitad del siglo veinte varios líderes indígenas se destacaron por sus acciones en este plano, entre ellos Manuel Quintín Lame, quien dio origen a las reivindicaciones de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos y planteó algunos “intentos de incursión”, sin éxito, en la escena electoral, así como José Gonzalo Sánchez, que participó en la creación del Partido Comunista Colombiano, y Eutiquio Timote, quien fue candidato de dicho partido en elecciones presidenciales en la década de 1930. Además, desde hace años las comunidades indígenas han brindado apoyo significativo a los dos partidos políticos principales, el Liberal y el Conservador.
7Por otro lado, su contribución a los procesos electorales se corresponde con una expresión no-exclusiva de sus modos de hacer política, ya que en el ámbito comunitario funcionan otros mecanismos políticos -tales como los cabildos, los consejos de ancianos u otras asambleas- que, reivindicados como tradicionales, se ejercen básicamente desde la unidad local, al mismo tiempo o independientes de las prácticas electorales. No obstante, a partir de los años 1990 la experiencia política de las comunidades indígenas adquiere un carácter específico, pues por primera vez afirman y confirman su voluntad de participar en las corporaciones públicas por medio de fuerzas que, nacidas dentro del seno del movimiento indígena de los años 1970 y 1980, se proponen defender, entre otros, los intereses de este; fuerzas tales como el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), la Alianza Social Indígena (ASI) y el Movimiento Indígena Colombiano (MIC)3, a las que se hará referencia de manera prioritaria cuando se hable de candidatos -o candidatas-4, listas, campañas electorales, programas, estrategias o discursos políticos indígenas que, desde entonces, se imponen y oponen en el escenario electoral5.
8Tal cambio de perspectiva, perceptible en la orientación general del movimiento indio y sus repercusiones en la esfera política colombiana, induce a interrogarse sobre las interrelaciones posibles entre los fenómenos de identificación -étnica, religiosa, de clase, de género, regional, pos nacional- y las movilizaciones -individuales o colectivas, políticas, sociales, simbólicas-. Más concretamente, la progresión del movimiento indígena colombiano en el universo electoral lleva a considerar la relación aparente entre indianidad y retos políticos. ¿En qué medida los argumentos identitarios pueden dar forma a un capital político hasta transformar los términos, formas, lugares, representaciones del poder? ¿Cómo, por el contrario, puede la apertura de nuevos espacios para los “protagonistas étnicos” en el sistema político contribuir a fomentar la reafirmación de los particularismos? En el caso colombiano, ¿qué razones motivaron a las comunidades indígenas a buscar una representación por la vía electoral? ¿Existe para ellas, en adelante, una oportunidad verdadera de participación, negociación y decisión en la esfera política nacional? ¿Qué impacto puede tener su inserción en el “juego electoral” sobre sus modos de organización y sobre el conjunto de la sociedad?
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9En primer lugar, la movilización creciente de las comunidades indígenas en el universo político-electoral puede interpretarse como el resultado de la conjunción de múltiples factores, como el mencionado acerca de la debilidad cuantitativa de la población indígena, que no sería percibida como un peligro potencial. Además, en Colombia el Estado ha sido débil tradicionalmente, por lo que en muchas regiones del país la fragilidad de las instituciones ha dado paso a actores diversos que han buscado asumir algunas de sus funciones y han contribuido a incrementar su desestabilización y a generalizar la violencia (Pécaut, 1988, 1993, 1999, 1999a, 2000, 2001). A partir de los años 1980, el Estado colombiano aceptó el diálogo con las comunidades indígenas, principalmente en cuanto a la cuestión territorial: para fortalecer su legitimidad en algunas zonas de riesgo, se afirma como un árbitro frente a ellas y les reconoce el estatus de interlocutores (Gros, 1991, 2000a). Por otro lado, la naturaleza del movimiento indígena colombiano incrementó, seguramente, su potencial de acción. Nacido en la década de 1970, se asemeja a un movimiento social; más allá de reivindicaciones de identidad tiene como proyecto una nueva sociedad. Junto a otros grupos “excluidos” de la sociedad colombiana -campesinos, obreros, mujeres, etcétera- pretende adelantar una lucha contra las relaciones de dominación impuestas por la clase dirigente. Por último, la implantación a finales de los años 1980 de políticas que buscaban, desde el punto de vista oficial, una apertura democrática -reforma municipal a partir de 1988, elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990— le dará al movimiento indígena -al igual que a otros grupos de la sociedad civil- la oportunidad de beneficiarse de este contexto inusual de cambios institucionales hasta la adopción de la constitución de 1991. Constitución que define la nación colombiana como multiétnica y pluricultural y reconoce a los habitantes indígenas del país un conjunto de derechos sin precedentes, a la vez generales -en cuanto ciudadanos colombianos- y particulares -como portadores de una identidad reivindicada como específica: derecho a una educación, a un trato especial en materia de salud, a territorios, autoridades, jurisdicción y representación política propios-.
10Tales medidas harán posible, entre otros elementos, la elección de los alcaldes y de los gobernadores de departamento -nombrados antes por el poder central- así como la creación de una circunscripción electoral especial que asegura la presencia de dos delegados de organizaciones indígenas en el Senado, lo que motivará, de inmediato, la multiplicación de las “candidaturas indígenas”. Sin embargo, estas nuevas condiciones estarán acompañadas también, rápidamente, de incertidumbres, relativas, por ejemplo, a la legitimidad de los candidatos elegidos en nombre del movimiento indígena, a la adecuación entre autoridades tradicionales y nueva elite política indígena, y al paso de un modo de participación directa, comunitario, a un sistema de delegación de poderes a partir del voto; a la existencia eventual de modos indígenas de hacer política; a las posibles rivalidades intra e intercomunitarias que podría despertar la participación en el “juego electoral”, entre los que participan en las elecciones y los que, por el contrario, quedan aislados de ellas; o a los medios de resistir frente a tentativas de manipulación y asimilación susceptibles de alcanzar a los representantes de las comunidades indígenas, dado el alto número de actores -incluso armados- ajenos a ellas pero presentes en sus territorios.
PROCEDIMIENTO, OBJETIVOS Y LÍMITES
11Con el propósito de reunir elementos que permitieran responder a estas inquietudes e hipótesis, esta investigación giró en torno a distintos ejes. En primer lugar, a raíz del acercamiento a las teorías de la etnicidad y a la “cuestión indígena” me interesé por la evolución del movimiento indio en el contexto sociopolítico colombiano a partir del nacimiento de organizaciones que, desde finales de los años 1970, han aparecido como antagónicas (Primera parte).
12Me pareció útil, entonces, reconsiderar el transcurso y los fundamentos de estas últimas, en la medida en que es precisamente desde su ámbito, primero, y luego en sus “huellas”, que el movimiento indígena hizo su entrada en la escena electoral. Esta etapa me llevó a una “redefinición terminológica” entre, por un lado, organizaciones comunitarias o político-comunitarias -que se reclaman como fundadas ante todo en el funcionamiento de las autoridades locales y formas de poder tradicionales, y que se proponen actuar como voceras de las comunidades indígenas, por ejemplo, frente al Estado- y, por otro, organizaciones políticas o político-electorales -que además de esta función de representación pretenden asumir un cargo de participantes directos en las corporaciones públicas, objetivo al que pueden aspirar por medio de las elecciones-. Luego consideré la inserción del movimiento indígena en los procesos electorales: volviendo primero sobre algunos de los “pioneros” indios de la experiencia electoral de principios del siglo veinte, después a partir del análisis de las distintas elecciones efectuadas entre 1991 y 1998, que mostraron, progresivamente, dinámicas, resultados y zonas de influencia diferentes para cada una de las fuerzas político-electorales indígenas (Segunda parte).
13A este respecto me propuse una aproximación a los programas, estrategias y discursos de las organizaciones y representantes del movimiento indígena -programas, estrategias y discursos que serán a la vez lo suficientemente pero no demasiado indios para convencer a un electorado constituido también por no indígenas-. Así mismo, concedí importancia al seguimiento de los modos de selección de los candidatos y al análisis de campañas electorales -durante las cuales elementos reivindicados como consustanciales al mundo indígena, tales como, por ejemplo, el recurso a médicos tradicionales o la utilización de las lenguas autóctonas se suman a veces a otros aspectos, más “clásicos” de las épocas electorales, como los mítines en lugares públicos, la preparación de carteles o los anuncios publicitarios por los medios de comunicación-. Paralelo, opté por transcribir fragmentos de las trayectorias individuales de algunas “figuras claves” de la experiencia electoral del movimiento indio. En su mayoría, se trata de personas oriundas de distintas comunidades indígenas del país, que pueden aparecer como su nueva elite política; en otros casos, sin embargo, son no indígenas que se destacan por haber desempeñado un papel de acompañantes del movimiento indio, por lo general -pero no necesariamente- favorables a su incursión en el universo electoral.
14Por último, a partir del campo de las elecciones, interrogué sobre la manera en que, desde el cabildo hasta el recinto del Congreso de la República, distintos modos de ejercicios del poder llegan a cohabitar en Colombia -unos comunitarios, otros destinados a la sociedad colombiana en su conjunto (Tercera parte)-6.
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15Además de una gran heterogeneidad, el acercamiento a la movilización electoral de las comunidades indígenas de Colombia durante la década de 1990 y comienzos del siglo veintiuno me ha permitido perfilar tendencias generales en las que es posible observar su afirmación en el paisaje electoral, lo que no impide cuestionamientos múltiples relacionados, entre otros aspectos, con el fraccionamiento del movimiento indio a lo largo del periodo estudiado, con la capacidad de los elegidos frente a nuevas responsabilidades y a una “pérdida de referentes” posible y peligrosa; y ha puesto de relieve, también, numerosas intersecciones y un vaivén permanente entre prácticas que se reivindican como específicas y una dimensión de carácter nacional. Con ello se ha revelado el peso y el carácter maleable de las asignaciones identitarias: la aptitud de los protagonistas para “cumplir papeles” que varían en función de las circunstancias y adversarios; y la apropiación o el rechazo -a menudo fuertemente instrumentalizado- de usos y costumbres considerados tradicionales. Por todas estas razones, a compás de esta investigación, una especie de multiculturalismo de hecho se revelaba en Colombia, que tendría la particularidad de ser, en parte, evidenciado o incentivado por los principios de la constitución de 1991, y que dejaba percibir, a diario -y al mismo tiempo- las dificultades de su implantación, aún borrosa.
16Todo lo anterior me llevó a considerar de nuevo, al final del estudio, una serie de reflexiones relativas a un “cambio de paradigma” que atestigua la sustitución progresiva del modelo de ciudadanía anterior, regulado por la negación de los particularismos en la esfera pública, por la opción multicultural, aun cuando esta nueva situación esté acompañada de numerosas incertidumbres. A la crisis del modelo de integración mediante la uniformidad responderían efectos perversos del multiculturalismo: repliegue, estigmatización, victimización, dispersión de los individuos o pluralismo sólo de fachada. Debate entre defensores del universalismo o del multiculturalismo que, no obstante, resulta demasiado limitado cuando se concibe sólo en términos de oposición entre lo general y lo particular, y frente al que resulta más válido pensar en una fórmula alternativa, que pueda combinar referencias identitarias, valores universales y subjetividad, y aspire a la ampliación del ejercicio democrático sobre la base de la interculturalidad (Conclusión).
17Finalmente, es importante llamar la atención sobre el hecho de que en este estudio se enfatizó sobre la década de 1990 para apreciar las motivaciones, los campos de acción y los impactos de la movilización electoral indígena en Colombia, pero que no se quiso “cerrar” sin una mirada -aunque sea rápida- a los procesos electorales posteriores, es decir, a las elecciones municipales y departamentales de 2000, a las parlamentarias de 2002, y a las municipales y departamentales de 2.003 (Epílogo).
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18Frente a la diversidad y complejidad de los contextos -nacional, regionales y locales- dentro de los que se inscriben las dinámicas político-electorales del movimiento indígena colombiano en los últimos años, pronto fue evidente que esta investigación de ningún modo podía -y tampoco debía pretender- ser exhaustiva. Por esta razón se buscó, más bien, dar una visión de conjunto, intentando, al mismo tiempo, aportar elementos de información lo más concretos y precisos posibles, a partir de la descripción o el análisis de situaciones particulares -lugares, entornos, periodos, organizaciones, actores dados- que, ciertamente, son enriquecedoras como ilustración pero frente a las que siempre es necesario matizar cuando se piensa en la relación entre comunidades indígenas y espacios políticos en Colombia durante la década, aproximada, de 1990, dado que, al fin y al cabo, puede estarse en presencia de experiencias múltiples.
19Además, cualquier evaluación de estas está limitada, también, por la distancia relativamente corta que separa del periodo actual la fecha en que comenzaron a implantarse los cambios institucionales mencionados. De hecho, hay que recordar que el ejercicio político-electoral de las comunidades indígenas por medio de organizaciones propias está cumpliendo apenas alrededor de quince años y, por tanto, continúa aún en una etapa “iniciática”. En este sentido, más que como un estudio terminado este trabajo debe entenderse como nuevos puntos de partida que deberán ser profundizados y complementados por indagaciones futuras.
Notes de bas de page
1 Se entiende aquí por comunidad a la unidad territorial y administrativa en la que está mayoritariamente asentada la población indígena en Colombia —por lo general dentro de un territorio colectivo, el resguardo, o en menor medida la reserva (véase el Capítulo i)—; por extensión, a sus habitantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la presencia de habitantes indígenas fuera de los resguardos, por ejemplo, en las ciudades —y quienes, de hecho, son más difíciles de censar—; si bien puede intuirse que en muchos aspectos se prestan para algunas de las dinámicas presentadas en este estudio —agrupación en torno a organizaciones reivindicadas como indígenas, movilización en la escena electoral—, hay que anotar que en este trabajo no han sido objeto de un estudio diferenciado —lo que de pronto podría plantearse para investigaciones futuras—. En cuanto a los términos indígena(s) e indio(as), independientemente de sus connotaciones fuertes y distintas en función de las épocas y de quienes los emplean (véanse los Capítulos i y 2) —connotaciones que, puede anotarse también, no son equivalentes, por ejemplo, en francés—, se utilizarán de manera indiferenciada. Para más precisión sobre quiénes pueden ser considerados como indígenas en Colombia, véase el Capítulo i.
2 Desde los años 1970, las problemáticas identitarias -y, en especial, la etnicidad- son objeto de una producción científica abundante, siendo dos aspectos los que más llaman la atención de los investigadores. Por un lado, la manera como se concibe la identidad -más precisamente, las identidades- pasó por transformaciones profundas e importantes: más allá de enfoques esencialistas, según los cuales la identidad descansa en criterios “objetivos”, la subjetividad y los procesos de auto y hetero definición adquieren importancia central: si la identidad no existe en sí, los fenómenos de identificación merecen ser estudiados, en una perspectiva situacional que permite apreciar su carácter cambiante (Barth, 1995; Bayart, 1996; Poutignat, Streiff-Fenart, 1995; Restrepo y Uribe (eds.), 1997; Saez (dir.), 1995; Sotomayor (ed.), 1998; Tap, 1979, Wieviorka, 1993a, entre otros) (véase el capítulo 1). Por otro lado, la multiplicación de las demandas identitarias desde los años 1970 y sus implicaciones políticas dieron lugar también a numerosas reflexiones (Adler, 1997; Balibar, 1997; Barber, 1995; Camilleri, 1997; Feher, 1995; Gosselin, Lavaud, 2001; Gossiaux, 1997; Jaccoud, 1992; Mongin, 1995; Renaut, 1997; Rocher, Salée, 1997; Saez, 1995; Schnapper, 1997; Todorov, 1995; Touraine, 1988, 1997; Walzer, 1995, 1997; Wieviorka, 1997, entre otros) (véase la Conclusión).
En América latina, estos asuntos han sido tratados ante todo a partir de la “cuestión india” -aunque hay que resaltar también el auge de trabajos relativos a las poblaciones negras y al género-. Además de la existencia de numerosos estudios de etnología, varios trabajos de sociología han hecho énfasis en la indianidad, en la creación de organizaciones indígenas, en el contenido y el alcance de sus movilizaciones, así como en las políticas indigenistas de ¡os Estados latinoamericanos (Assies, Van der Haar, Hoekema (eds.), 1999; Barre, 1981; Bartolomé, Bonfil Bonilla et al., 1979; Baud, Koonings et al., 1996; Bonfil, 1977, 1981; Bonilla, 1988a, 1995; Chaumeil, 1990; Findji, 1993a; GRAL-Ciela, 1982; Gros, 1991, 1997, 1999, 2000, 2000a; Le Bot, 1982, 1982a, 1989, 1994, 2000; Morin, 1992; Perroud, 1992; Rodríguez, 2002; Stavenhagen, 1983; Taylor, 1991, entre otros). Más recientemente, la inserción de las poblaciones indígenas en la escena electoral ha motivado interés en todo el continente (Albo, 1993, 1999; Lacroix, 2002; Mendoza, 2003; Recondo, 2001, 2002; Santana, 1992; Van Cott, 2003; Viqueira, Sonnleitner (coords.), 2000, entre otros), con un número creciente de trabajos al respecto en los últimos años en Colombia (González, 2003; Londoño, 2002; Meneses, 2002; Molina, 1995; Orjuela, 1998; Rojas, 1991).
3 El MIC perdió su personería jurídica en 1998 y, por tanto, no existe actualmente en cuanto organización reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Como podrá observarse más adelante, a pesar de esto, participó en los procesos electorales locales, regionales y nacionales hasta finales de la década de 1990.
4 En esta investigación no se hizo estudio alguno de género -relación hombres/mujeres- dentro del movimiento indígena y sus organizaciones electorales -aspecto que, sin duda, merece consideración y necesitaría más detenimiento-. Sin mayores elementos concretos de análisis, puede señalarse al respecto que la composición interna de las fuerzas políticas indígenas no se diferencia radicalmente de las demás: una proporción de hombres mucho más alta que de mujeres, pero con una presencia femenina de hecho entre las personas que se acercan directamente a los procesos electorales -como candidato(a)s o elegido(a)s- locales, regionales y nacionales. Entre las mujeres que llegan a ser protagonistas en elecciones, unas se destacan de manera más evidente, en especial en cuanto diputadas o candidatas al Congreso (véase el capítulo 7). Cabe anotar, sin embargo, que para hacer más liviana la lectura de este trabajo, en adelante se usarán los términos “candidatos” y “elegidos” en referencia no sólo a hombres sino también a mujeres involucradas en la competición electoral.
5 Hay que señalar, primero, que no todos los miembros, candidatos o elegidos de estas organizaciones son indígenas; y, segundo, que pudo haber indígenas que aspirasen a corporaciones públicas fuera de dichas organizaciones, y quienes por no “diferenciarse” de los demás candidatos son más difíciles de censar, en especial regional y localmente.
6 Para llevar a cabo esta investigación usé distintos procedimientos -teóricos y empíricos- y privilegié varios niveles de observación, entre escenarios nacional, regionales y locales. A raíz de las primeras lecturas, efectué “trabajo de campo” en Colombia, de enero a junio de 1995, marzo a junio de 1996, septiembre de 1996 a diciembre de 1997, febrero a diciembre de 1998, marzo a junio de 1999, y junio a octubre de 2000. Durante estadías en Bogotá recolecté datos estadísticos relativos a la población indígena o a las elecciones que tuvieron lugar en la década de 1990, principalmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) o la biblioteca Luis Ángel Arango. En esta etapa tuvo gran importancia el análisis de la serie de elecciones de 1994: con ellas se revelaría la consolidación del “paisaje político-electoral indígena” en Colombia, a pesar de numerosos límites y obstáculos, y se destacarían regiones representativas de este último. Entretanto, inicié el contacto con dirigentes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, la Alianza Social Indígena y el Movimiento Indígena Colombiano. Por medio de ellos reuní una serie de documentos: programas y estatutos de las organizaciones políticas indígenas, volantes de campaña de algunos de sus candidatos, toma de posiciones y cartillas diversas, al igual que todos los números del periódico Unidad Indígena (UI), publicado en principio por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y luego por la Onic. Simultáneamente, estas entrevistas iniciales sirvieron de base para la investigación emprendida luego a escala regional. Tomé parte también en eventos tales como el cuarto Congreso de la Onic, en diciembre de 1998, o en las convenciones nacionales de la ASI, en mayo de 1997 y junio de 1998. Por último, también en Bogotá, tuve acceso a algunos proyectos de ley presentados por los líderes indígenas elegidos como parlamentarios en nombre de las organizaciones Aico, ASI y MIC a lo largo de la década de 1990.
Tras esta fase de “exploración” desde el ámbito nacional, empecé a acercarme a dinámicas regionales y locales en tres departamentos que consideré interesantes para estudios de caso: Cauca, La Guajira y Vichada. Desde 1996 efectué salidas a estos departamentos: en abril al Cauca (Popayán y Silvia), en donde dialogué con representantes del Cric y del Movimiento Aico; en mayo a La Guajira, a partir de un recorrido entre los municipios de Fonseca, Distracción, Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, así como en algunas rancherías wayuus; por último, en junio, a Puerto Carreño, en Vichada, en donde conversé con los elegidos de las organizaciones ASI y MIC ante la asamblea departamental al igual que con unos capitanes -representantes del poder comunitario indígena-. A finales de 1996 hubo otros periodos de “campo”. Entre octubre y noviembre, el segundo viaje al Cauca me permitió conocer a líderes comunitarios o elegidos del movimiento indígena en buena parte del territorio departamental: cabildantes, miembros del Cric o del Movimiento de Autoridades, alcaldes, concejales y diputados, y asesores. Unos meses después, durante otra estadía en el Vichada en enero de 1997 -municipio de Cumaribo, resguardo de Santa Teresita del Tupano y resguardo de Cavasi: comunidad de Santa Marta- asistí al tercer Congreso del Consejo Regional Indígena del Vichada (Crivi), así como a reuniones para la selección de candidatos en nombre de la ASI y el MIC; hablé también con algunos representantes de estas mismas organizaciones y con representantes de “colonos”. Entre septiembre y octubre de 1997 regresé al departamento de La Guajira -viaje de sur a norte, hasta Nazaret en la alta Guajira-, en donde conversé con líderes wayuus involucrados en el “juego político-electoral” de -o desde- la península. Inicialmente había previsto pasar un tiempo equivalente en cada uno de los departamentos seleccionados para un análisis más profundo. Sin embargo, en el ámbito material el trabajo de campo se reveló más difícil de lo previsto en La Guajira y el Vichada, debido a su lejanía de Bogotá y a las dificultades que implica la realización de estadías frecuentes o prolongadas en esas zonas remotas, hacia las cuales y dentro de las que las posibilidades de movimiento -a fortiori de carácter individual- están condicionadas por diversos elementos -geográficos, climáticos, de “orden público”-, y en donde frente a las distancias y la falta de infraestructura, los medios de transporte -carro campero, lancha, avioneta- son difíciles y costosos. En cambio, la mudanza a Popayán en marzo de 1997 facilitó la comunicación más frecuente con organizaciones y dirigentes políticos indígenas en el departamento de Cauca, e hizo posible el seguimiento de una campaña electoral en el municipio de Páez, entre abril y octubre de ese año. Paralelamente, reuní la colección completa del periódico Unidad Álvaro Ulcué (UÁU), publicado por el Cric. Por último, fuera del Cauca, el Vichada y La Guajira, tuve entrevistas individuales o charlas colectivas con habitantes zenúes del resguardo de San Andrés de Sotavento (Córdoba), kankuamos y koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar), así como con algunos de los “acompañantes” del movimiento indígena en Bogotá y Cali. Así mismo, en la Fundación Colombia Nuestra pude reunir numerosas cartillas y demás documentos del Cric en su versión “sector crítico”, de los movimientos Gobernadores en Marcha y Autoridades Indígenas del Suroccidente, y de los Solidarios (véase el Capítulo 2)
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