Introducción general

1El destino de Bolivia, país andino dotado de una gran originalidad cultural, preocupa. En 1994, según el Banco Mundial, fue el país más pobre de Latinoamérica, con un PIB de 770 dólares americanos por habitante, contra 3.340 dólares para el conjunto de América Latina y el Caribe. Bolivia se enfrenta, además, con grandes problemas de inseguridad alimentaria, con la tasa de desnutrición infantil más alta del continente: afecta al 16% de los niños menores de cinco años (Franqueville, 1997).

2Los estudios de la década de 1980-1990 subrayan la persistencia de la desnutrición, el deterioro de las condiciones de vida de un gran número de bolivianos, la disminución de los índices de producción agrícola, la creciente dependencia de las importaciones y de las donaciones alimentarias internacionales (Dandler y Muñoz, 1987; Prudencio y Velasco, 1988; Franqueville y Laure, 1988; Franqueville y Prudencio, 1988). En este contexto, el campesinado, al igual que la población urbana de bajos ingresos, se constituye en uno de los sectores más vulnerables (Abegglen et al., 1987; Junac, 1987; Urioste, 1992). Véase también Anexo 3, Dossier 1.

3Esta situación se inscribe en el contexto de la evolución económica y política del país después de los años cincuenta. La Reforma Agraria de 1953, acontecimiento trascendental y altamente simbólico de la historia boliviana, ha originado un verdadero trastorno de las estructuras agrarias del país. Antes de la Reforma, el 82% de las tierras cultivables del país estaban en manos del 4% de los agricultores, y 615 haciendas ocupaban el 50% de las tierras. Mediante la ley del 3 de agosto de 1953, por primera vez en la historia boliviana se reconoció legalmente la existencia de las «comunidades indígenas»; sin embargo, este reconocimiento fue sobre todo formal, ya que los sindicatos seguían siendo la única instancia rural realmente representativa (Vellard, 1963). Asimismo, la Reforma Agraria puso fin al sistema de haciendas y procedió a la redistribución de las tierras a los campesinos otorgándoles un título legal de propiedad. Sin embargo, al mismo tiempo la Reforma iba a favorecer el desarrollo de un nuevo dualismo agrario.

4El otro objetivo de la Reforma Agraria era corregir los desequilibrios demográficos del país impulsando la conquista de las tierras del Oriente. Recordemos que en Bolivia las presiones del medio (grandes altitudes, fuertes pendientes, riesgos de helada, sequía e inundación, etc.) hacen que solamente el 33% de la superficie sea apta para la actividad agropastoril y apenas el 3% (es decir 3.6 millones de hectáreas) para la agricultura, según Franqueville (1997). En este contexto, la inmensa llanura amazónica del Oriente del país quedó por mucho tiempo sin cultivar y sin ser ocupada. Actualmente, la mayor parte de la actividad agrícola se concentra todavía en las altas tierras andinas, donde desde hace milenios las poblaciones han sabido emplear técnicas sabiamente adaptadas que se basan en los pisos ecológicos y la dispersión de los riesgos (Sautier, 1989; Morlon, 1992b).

5Las políticas de colonización agrícola han impulsado el capitalismo agrario en las llanuras del Oriente, permitiendo la creación de grandes predios modernizados en tierras todavía vírgenes (Drevon y Treche, 1976; Rivière, 1981). En total, un tercio de la superficie cultivable del país (es decir, 12 millones de hectáreas de un total de 36 millones) fue distribuido a grandes terratenientes del Oriente, con un promedio de 700 ha.

6En estas regiones, el límite superior de los predios determinado por la ley agraria de 1953, fue de 2.000 ha hasta 50.000 ha, cuando se trataba de ganadería extensiva. Por su parte, los 550.000 campesinos que se beneficiaron de la redistribución de la tierra, cultivaron solamente 4 millones de hectáreas, es decir 7 ha en promedio (2.5 ha en el Altiplano, 3.6 ha en los valles y 30 ha en las llanuras). Hoy en día, estos campesinos se dividen solamente el 11% de la superficie apta para la agricultura, pero trabajan el 94% de la superficie realmente cultivada (Urioste, 1992).

7De esta manera, cuarenta años después de la Reforma Agraria, en Bolivia se mantiene una distribución de las tierras muy desigual, con un fuerte dualismo latifundio / minifundio. El fracaso de la Reforma Agraria se debe no solamente a la aplicación lenta y parcial de la legislación, sino también a una concepción que va en detrimento del sector campesino tradicional. En estos últimos treinta años, las regiones orientales del país (particularmente la llanura de Santa Cruz) han atraído la mayor parte de las inversiones públicas y privadas, con la voluntad de integrar la agricultura en el mercado internacional (Dandler, 1984). La distribución de los créditos que el Estado ha concedido al sector agrícola a través del Banco Agrícola, ilustra perfectamente las políticas agrarias en vigencia desde los años sesenta, los cuales conceden prioridad al Oriente.

8Entre 1964 y 1971, el 90% de los créditos fueron otorgados a los agricultores de la región de Santa Cruz. Por su parte, los campesinos, que recibieron todavía en los años ochenta el 31% del presupuesto destinado al sector agrícola, obtuvieron únicamente el 26% en 1986 y el 16% en 1987 (Urioste, 1992).

9Además de la redistribución espacial de la población, las políticas de colonización de las llanuras de pie de monte estaban orientadas hacia la seguridad alimentaria del país, apostando a los cultivos comerciales (caña de azúcar, algodón, arroz y plantaciones frutales) y en la ganadería a gran escala. A partir de 1960, se logró la autosuficiencia alimentaria para algunos productos (azúcar y arroz). Sin embargo, lo que se ha denominado el «milagro boliviano», se convirtió rápidamente en un espejismo. Se pudo observar, por un lado, el estancamiento o el descenso de la producción alimentaria (entre 1980 y 1992, la superficie cultivada de papa disminuyó en un 47%) y, por el otro, la crisis internacional de la industria del algodón y del azúcar, así como la escasa competitividad de la economía agrícola boliviana en el mercado mundial. Desde el año 1975, el país ha caído en el círculo vicioso de la dependencia externa: mientras que las exportaciones disminuyen, las importaciones y la ayuda alimentaria aumentan de manera vertiginosa (Franqueville y Prudencio, 1988; Prudencio, 1988). El endeudamiento del país se convierte entonces en uno de los factores principales de la crisis de los años ochenta (Prudencio, 1985; Morales, 1985; Bohrt 1985).

10En los años 1980-1985, como respuesta a la crisis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso a la mayoría de los países del Sur las políticas denominadas «de ajuste estructural» (Prudencio, 1985; Maletta, 1988). En Bolivia, la inflación galopante fue detenida mediante un programa monetario de «choque»: la inflación anual pasó del 66% en 1986 al 11% en 1987. El gobierno implementó medidas de liberalización económica y de reestructuración del empleo en el sector público (congelación de los salarios y reducción de personal). La reducción del presupuesto público y de las inversiones dirigidas hacia el sector campesino (Urioste, 1992), el incremento de los programas de asistencia alimentaria, la promoción de las políticas agrarias de exportación, así como la apertura de las fronteras a los productos y capitales extranjeros fueron las principales orientaciones económicas y políticas. Al mismo tiempo, la caída vertical de los precios del estaño en el mercado mundial provocó el cierre de las minas en 1986, marcando definitivamente el fin de la prosperidad minera en el país: más de 20.000 mineros fueron despedidos.

11Desde hace unos quince años, Bolivia está ligada al narcotráfico internacional de la cocaína. Con el aumento de la demanda en los países occidentales (Estados Unidos y Europa), las regiones orientales del país, especialmente el Chapare, se han convertido en el dominio de los cultivadores de coca. Bolivia es el segundo país exportador de hojas de coca, después de Perú. La crisis nacional de los años ochenta, los años de sequía de 1982-1983 y el cierre de las minas en 1986 son también factores que incitaron a la población a lanzarse en la producción ilícita de la coca y en la elaboración de la pasta base de cocaína. Desde los años noventa, las instancias internacionales y los Estados Unidos condicionan su ayuda a la erradicación de estas plantaciones.

12Aunque se dispone de pocos estudios sobre el tema, parece que las orientaciones políticas de estos últimos años han acentuado el deterioro y la marginación de las economías campesinas (Maletta, 1988; Urioste, 1992; Franqueville et al, 1992). Sin embargo, la población rural boliviana mantiene un peso de primera importancia en el país, a pesar del indiscutible proceso de urbanización. Aunque en el transcurso de los últimos veinte años, el porcentaje de la población rural está bajando considerablemente, su disminución es relativamente lenta en comparación con otros países de América del Sur.

13En 1992, el 58% de la población boliviana vivía en ciudades de más de 2.000 habitantes, mientras que esta proporción era del 42% en 1976 y del 267o en 1950 (véase Anexo 3, Dossier 2).

14La importancia de la población rural no es solamente numérica, sino también económica. Según los datos oficiales, desde los años setenta el 90% de la demanda alimentaria estaría cubierta por la producción nacional, lo que demuestra que el campesinado tradicional juega un papel fundamental en términos económicos.

15En términos de empleo, en 1992 los agricultores representaron el 49% de la población activa, y de este porcentaje el 86% son campesinos denominados «tradicionales», que aseguran el 70% de la producción agroalimentaria del país (Prudencio, 1986; Dandler et al, 1987; Urioste, 1992; Franqueville, 1997).

16Finalmente, el medio rural boliviano se caracteriza por el peso de la población llamada «autóctona» o también «indígena». Siendo las fronteras de las pertenencias a una identidad y una cultura difícilmente identificables (Le Bot, 1994), se puede tomar en consideración tan sólo el criterio lingüístico. Según el censo de 1992, la población «criolla» (es decir, nacida en el país pero descendiente de antiguos o recientes inmigrantes) que habla solamente el español, representaría el 41% de la población del país. El resto estaría constituido por la población indígena (nativos) que habla quechua (34%), aymara (23%) o guaraní (1%) (INE, 1993b). Destaquemos, además, que los pueblos autóctonos son esencialmente rurales.

17Es en este contexto que se inscriben las migraciones rurales: las presiones de un medio poco favorable al aprovechamiento agropastoril son suficientes para explicar que el campesinado andino siempre ha practicado cierta forma de migración temporal. En el transcurso de los periodos prehispánicos, ésta estaba ligada a la utilización simultánea de los diferentes pisos ecológicos y después, en tiempos de la colonización española y el principio de la República, a la explotación de las minas y la reciente urbanización.

18La creciente urbanización del país, la conquista de las tierras del Oriente y la Reforma Agraria de 1953, han conducido a la liberación de un campesinado hasta entonces controlado por la oligarquía terrateniente española. Desde entonces, la movilidad espacial de la población rural no ha hecho más que acentuarse. Si bien las migraciones hacia las llanuras orientales fueron inicialmente el resultado de las políticas gubernamentales de colonización dirigida, han cedido al desplazamiento espontáneo hacia el Oriente y, a partir de los años ochenta, hacia las zonas de producción de coca del Chapare. A estos flujos se añadieron migraciones hacia las ciudades y al extranjero.

19La aceleración de la emigración rural como respuesta a la situación de crisis que vive el campesinado boliviano, suscita preguntas. ¿La migración de uno o varios miembros de la familia, sea de larga o corta duración, a lugares lejanos o cercanos, y bajo la forma que sea, traduce una descomposición o una desestructuración de las economías familiares? ¿O bien puede la migración ser considerada como una alternativa que permite la supervivencia –incluso el desarrollo– de la sociedad campesina? Si es así, ¿en qué medida y hasta qué punto?

20Estas preguntas se inscriben en un debate teórico sobre el devenir del campesinado, que a partir de los años sesenta ha tomado una amplitud considerable. Esquemáticamente, las reflexiones al respecto se dividen entre dos corrientes de pensamiento. Por un lado, los autores de filiación marxista (o «neo-marxista») manifiestan una «angustia obsesiva frente a la constatación de la desintegración o de la destrucción de las microsociedades campesinas» (Riviére d'Arc, 1991: 77). La emigración –incluso el éxodo– de la población rural no sería otra cosa que la expresión de este proceso de desintegración. A su vez, los teóricos «neo-clásicos» de los años cincuenta a sesenta, dan la primacía a las determinantes macroeconómicas. La emigración rural correspondería más bien a un proceso de transición inevitable hacia un modelo de desarrollo o a un fenómeno de reequilibrio de las disparidades espaciales (véase Anexo 3, Dossier 3).

21Estos modelos teóricos presentan la migración siempre como un mecanismo ligado a relaciones de dependencia económica y a fenómenos de atracción o expulsión. En este contexto, el campesinado es atraído, absorbido, explotado, dominado o marginalizado y en todos los casos da la impresión de ser una sociedad pasiva. Se concede poco espacio al papel del «actor migrante» en busca de su devenir. El razonamiento debe ser invertido. En vez de preguntarse sobre las modalidades de integración del campesinado en el sistema económico dominante, se trata de comprender cómo estas sociedades asumen las presiones del sistema a través de su lógica de supervivencia.

22El fenómeno migratorio se convierte entonces en un elemento determinante para comprender el devenir del espacio rural y de las sociedades campesinas andinas. Más concretamente, se trata de analizar las consecuencias económicas, sociales y culturales de la emigración rural en los espacios de origen. Tomando en cuenta el marco institucional, político y económico de la sociedad global, el fenómeno migratorio se encuentra entonces reubicado en el seno de la lógica campesina, la cual da prioridad a la reproducción económica, social y cultural del grupo familiar y comunitario (Martínez, 1985; Pachano, 1985; Vimard, 1991; Araujo 1991; Locoh, 1991; Dupont y Guilmoto, 1993). Antes de partir, el migrante habita, vive, produce y se identifica con un espacio y con su sociedad de pertenencia. Este «arraigo territorial» remite a proyectos de vida, a estrategias individuales y familiares, que pueden ir desde la sencilla necesidad de subsistencia alimentaria hasta la voluntad de un mejor bienestar material o también de ascenso social... (Arguello, 1981; Saenz et al, 1981; Sánchez-Parga, 1984; Dupont y Guilmoto, 1993).

23Este marco teórico sirve de referencia al estudio comparativo de dos ejemplos de migración rural observados en los valles interandinos de Cochabamba (Mapa 2). En la comunidad de altura, Pampa Churigua, los campesinos migran temporalmente a las zonas de producción de coca del Chapare, situadas a 150 km de distancia. El segundo caso concierne a dos pueblos situados más abajo, en el Valle Alto de Cochabamba (Santa Rosa y Arbieto), en los que los campesinos optan por la migración de larga duración al extranjero. Se aplicaron los mismos esquemas de encuesta a dos tipos de migración: durante un año hemos realizado un seguimiento mensual de varios hogares a partir de una tipología de familias (migrantes y no migrantes). Además de la identificación de los comportamientos migratorios y de los sistemas de producción agrícola, se realizó en cada familia un registro de los ingresos, de los gastos y del consumo alimentario (véase Anexo 1). Este trabajo de investigación, llevado a cabo simultáneamente en las dos zonas, ha permitido captar los cambios económicos y socioculturales que conciernen actualmente a estos espacios rurales andinos fuertemente afectados por la emigración.