1El análisis de las negociaciones en el conflicto implica dos tipos de actores-clave: los miembros del comité de apoyo a los huelguistas y los mediadores. Desde ya, de acuerdo al momento de su realización, las negociaciones pueden ser consideradas como parte de la serie de golpes y contragolpes previamente analizados o, también, pueden ser tentativas reales de compromiso entre las partes en conflicto -sin que, por otra parte, los protagonistas deban previa y necesariamente contar con decisiones al respecto, pues, por lo menos en parte, sus acciones dependen de las de sus adversarios. Al respecto, como destaca J. Siméant siguiendo a T. Schelling: "Los militantes de los comités de apoyo, encargado de la mediación entre los poderes públicos y los huelguistas, deben ser considerados como un 'elemento particular de la estructura de comunicación o [como] un tercer jugador, que posee un sistema de valores propios, capaces de influir en el sistema de comunicación" (Siméant 1995: 354). Personalmente, juzgo conveniente distinguirlos de los mediadores quienes, ostensiblemente, no pertenecen a ninguno de los campos en disputa, pero, en determinados momentos, intervienen -por voluntad propia o a solicitud de uno u otro de los protagonistas- para intentar encontrarle una salida al conflicto.

2Ya conocemos el trabajo de representación de los huelguistas, delegado a Domitila de Chungara, en primera instancia, y, luego, asumido por la APDH. Pero, el gobierno no quiere saber nada de cualquier posible embajada de los huelguista de hambre. Les niega todo tipo de representatividad y sólo quiere discutir con los "verdaderos" representantes obreros, o sea, los coordinadores que ha nombrado e instituido el Ministerio del Trabajo.

3Mientras tanto, los huelguistas no cesan en su tentativa de designar sus propios delegados para emprender las negociaciones con los poderes públicos. De entrada, nombran al expresidente de la República Luis Adolfo Siles Salinas, responsable de la APDH. Ante las reiteradas negativas gubernamentales, proponen la idea de una mediación encabezada por Henry Mayer, jefe de la delegación de las NN UU en Bolivia, quien acepta esta misión. Pero, una vez más, el gobierno rechaza la propuesta, argumentando, sobre todo, que se trata de un extranjero.

4Entonces, sin tomar en cuenta la eventual aceptación de un mediador por parte de las autoridades, los huelguistas deciden nombrar un grupo de tres representantes: Luis Adolfo Siles Salinas, el padre Julio Tumiri y Hugo Fernández. "Siles Salinas estaba por su nombre y su categoría y porque daba seriedad a la cosa, ¿no? Tumiri porque era sacerdote y era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos... Yo caí ahí, medio..., de una manera curiosa, ¿no? Bueno, yo era miembro de la Asamblea... Se necesitaba alguien que trasmita a los grupos todo lo que ha pasado, que restituya detalles... Fue cuestión de elegir quien sea y eligieron quien estaba limpio... que no tenga pasado de lucha con el gobierno. Yo, como yo había estado mucho tiempo fuera, yo dije, yo no tengo nada, pero... Entonces, de esta manera me eligieron, ¿no?, e intervine en esta negociación," nos informa Hugo Fernández (Entrevista personal, 05.1978).

5La representación fue formalizada en un documento firmado el 7 de enero por diversos grupos de huelguistas paceños: los del arzobispado, de Presencia, de la iglesia de María Auxiliadora, de la ONU, de la OMS y de la universidad. Y, a partir de ese momento, el conjunto de las negociaciones que se llevaron a cabo entre los huelguistas con los intermediarios designados o acordados por el gobierno se realizaron por intermedio de este triunvirato de "embajadores."

6Respecto al mediador, F. G. Bailey escribe que este debe tener dos características ideales: la neutralidad respecto de los concurrentes -no es uno de los jugadores, no puede obtener la victoria, tampoco llevarse el trofeo- y el poder de hacerse obedecer, si no a nivel normativo, por lo menos, ejerciendo una autoridad capaz de hacerse escuchar. Bailey añade que, en la mayoría de los casos, permite, sobre todo, "salvar la cara" y conservar la comunicación entre los concurrentes. Más que imponerlos, el mediador sugiere los compromisos (cf. Bailey 1971:47).

7En la medida en que cada campo se esfuerza por convencer al otro, hubo un juego cotidiano de contactos públicos y privados, abiertos o guardados en secreto, entre los representantes, agentes, intermediarios, mediadores, juego que no intentaremos recoger aquí en toda su magnitud y detalle. Por un lado, debido a las informaciones fragmentarias con las que cuento, y, por otro lado, debido a mi objetivo: no se trata de reconstruir la historia de la huelga sino, únicamente, intentar comprender el éxito (final) de los huelguistas. Con este fin, me parece pertinente rescatar tres momentos fuertes, tres etapas de la negociación, que, por un lado, fueron conocidos públicamente, y, por otro, implicaron tanto a los representantes de los huelguistas como a los mediadores, y que, por ello, permiten discernir su lugar específico y, también, su propio papel en el desarrollo de los acontecimientos y su resultado.

8La primera tentativa, a iniciativa del gobierno, utilizó la mediación del cardenal Maurer, presidente de la Conferencia episcopal; la segunda fue una iniciativa personal del presidente de la Corte Nacional Electoral, destinada a tener un importante papel en el proceso electoral previsto; y, la tercera, que logrará el acuerdo final, fue encabezada por un médico, presidente de la Caja Nacional de Seguridad Social, el doctor Rojas Tardío, íntimamente relacionado con personalidades de primer nivel en ambos campos.

El juego de la jerarquía eclesiástica

9Teniendo en cuenta la participación de los religiosos tanto en la APDH como en la huelga misma y la imagen de un bastión del nacionalismo cristiano, con la que se presenta el gobierno, es fácil comprender que la posición de la jerarquía católica haya sido crucial para los dos campos en disputa y que haya influido en el curso de la huelga. Ya conocemos sus opciones previas al arranque de la huelga de hambre. La hemos visto ceder ante las presiones gubernamentales, aceptando, por ejemplo, el fin de las actividades de la comisión Justicia y Paz, pero, también la hemos visto protestar enérgicamente ante las injusticias sociales y la represión, sobre todo en noviembre de 1976, en el documento "Paz y Fraternidad."

10De entrada, durante la huelga, la Iglesia fue solicitada para colaborar como mediadora, a pedido del presidente de la República. En un primer momento, sus posiciones reflejan las del gobierno, luego, en un segundo momento, ella suscribe públicamente la causa de los huelguistas y, sin lugar a duda, este giro empuja a las autoridades para que estas acepten, finalmente, las reivindicaciones de aquellos.

11Es evidente que la jerarquía se encuentra dividida. Algunos de sus representantes -como monseñor Manrique, cuyo arzobispado en La Paz cobija a las mujeres de los mineros, y quien, desde los primeros días, hace todo lo posible para arreglar la situación, tanto ante los huelguistas como ante el gobierno, o monseñor López Lama, arzobispo del centro minero de Corocoro- son solidarios con los huelguistas y con los religiosos comprometidos, de una u otra forma, con el movimiento, mientras que otros, la mayoría, optan por posiciones afines a las del gobierno.

12Para simplificar, en lo que sigue, aquí veremos la línea oficial, es decir, la que se encuentra en los comunicados públicos, y, también, veremos algunas peripecias de la negociación entre los representantes de la Iglesia y los de los huelguistas. El caso que nos ocupa muestra no solo la tentativa gubernamental por lograr una alianza con la "autoridad" eclesiástica sino, más aún, la de encerrarla, obligarla a permanecer en esa posición de aliado y, por ahí, utilizar su crédito moral para justificar una actitud intransigente ante las demandas de los huelguistas.

13La mediación del cardenal Maurer, obispo de Sucre, quien preside la Conferencia Episcopal, fue solicitada por el propio presidente de la República, en ocasión de una reunión de esta Conferencia en La Paz. En ese momento, la huelga ha entrado a su décimo día.

La Iglesia, alternativa gubernamental

14Durante su estadía en la sede de gobierno, los obispos celebraron una misa de acción de gracias con motivo de la onceava jornada mundial de la paz, en presencia del presidente y varios ministros. Una parte del clero interpreta esta ceremonia como signo de solidaridad con el gobierno, una ausencia de preocupación real por la suerte de los huelguistas y una falta de interés por sus reivindicaciones; de los 200 religiosos que podían estar presentes en dicha ocasión, sólo se presentaron 23 (APDH 1078:197). De hecho, los obispos no emiten ningún mensaje público relativo a la huelga –"El único comunicado alentador que salió de la reunión de la Conferencia Episcopal fue el que el Cardenal Maurer expresara su preocupación por la huelga de hambre" (: 199).

15El 9 de enero, el cardenal invita a los representantes de los huelguistas para discutir un compromiso. Durante la reunión, presenta un documento escrito que presentaba las propuestas del gobierno. Según Hugo Fernández, "le dijimos al cardenal [que] nosotros quisiéramos leer eso. Leímos y, claro, comenzamos nuestras observaciones. El Cardenal estaba en un tono amenazante... Con el cardenal estaba Mestre también, que se notaba que trasmitía un poco la tónica del gobierno. Decían: 'Si Uds no aceptan, se pueden entrar agentes, puede ser muy grave la cosa.' O sea, en cierto modo, el cardenal nos amenazaba igual que el gobierno, ¿no?" (entrevista personal con Hugo Fernández, 1978). Durante la conversación, los tres negociadores logran que el cardenal firme el documento de compromiso que defiende. Logran, también, que dicho documento les sea entregado. Luego de una concertación con los huelguistas, elaboran las contrapropuestas que serán enviadas a las autoridades eclesiásticas. El 11 de enero en la tarde se realiza una segunda reunión. "La cosa es que la segunda vez ya vinieron [el cardenal y monseñor Mestre] con la contrapropuesta a la propuesta que habíamos hecho, y, entonces, sí nos dejaron tocar ese papel. Y, el cardenal estaba en este momento, en esta segunda entrevista, con su [ropa], sus maletas, todas listas. Eran las tres de la tarde y decía que tenía mucha prisa, que su avión iba a partir, que él se había quedado únicamente para arreglar este asunto, que no podía perder más tiempo. Entonces leyó el acuerdo. Y, claro, comenzamos a decir que eso era..., que no se podía, que era una imposición y que no podíamos nosotros aceptar porque no se había contemplado las observaciones que habíamos hecho. Entonces, el cardenal ya no amenazaba tanto, pero se veía que estaba en una posición muy difícil. El que sí amenazó fue Mestre. Nos dijo: 'Bueno, esto es intransigencia. Si ustedes no quieren aceptar, verán las consecuencias'... Nosotros dijimos que queríamos leerlo y discutirlo. Y, entonces, de un momento a otro, ellos se fueron, dijeron que tenían prisa y se fueron" (Fernández, entrevista personal, 1978).

16Poco después, los tres representantes de los huelguistas fueron llamados al arzobispado, donde les esperaban los periodistas. Sucedió que, entre tanto, había circulado la noticia, difundida por el gobierno, de un acuerdo entre las partes. En los locales del arzobispado encontraron a monseñor Manrique, el superior de los jesuitas, otros religiosos y al monseñor Mestre quien, en ese momento, les entregó un documento firmado por el cardenal y el ministro del Interior, "que era más o menos el borrador de lo que habíamos discutido un ratito y al que habíamos estado en desacuerdo una hora antes, pero ya todo como hecho y cocinado, y ahí discutimos como locos. Yo grité de una manera espantosa, Mestre también gritó. Y ahí nos plantamos nuevamente, ¿no? Y ahí, nuevamente, nos repitió la amenaza: 'Si ustedes no aceptan esto, va a correr sangre.' Claro, la argumentación [fue] que, con eso, la Iglesia le autoriza al gobierno a que corra sangre... Y, claro, rechazamos eso" (Fernández, entrevista personal, 1978).

17Antes de seguir, detengámonos en el contenido de las propuestas y contrapropuestas en juego. La oferta gubernamental del 9 de enero esquiva las demandas de los huelguistas: análisis caso por caso de la situación de los mineros exiliados en función de una eventual amnistía; ejercicio sindical suspendido hasta la aprobación de un nuevo Código laboral -en proceso de discusión- con un mes de plazo; consideración caso por caso de las posibilidades de retorno al trabajo para los mineros despedidos por razones sindicales o políticas; rechazo a la desocupación de las minas por parte del ejército, aunque ofrece corregir algunos errores y evitar abusos en el futuro. En breve, se trataba de un catálogo de intenciones sin garantías, que no mostraba ninguna novedad respecto a la oferta inicial, salvo la cláusula de la amnistía, que se ampliaba a todos los prisioneros, exiliados, residenciados o fugitivos por razones sindicales o políticas, con la excepción de aquellos que, por su conducta, estaban sujetos a las sanciones previstas por las leyes vigentes en el país en aquel entonces. Como apropiadamente subraya un comentario del Comité de huelga, fechado el 13 de enero, según las leyes vigentes en el país, que incluyen la ley de seguridad del Estado y el decreto del 9 de noviembre de 1974, las que restringen toda actividad política y sindical: una elección de delegados sindicales y una huelga son aún delitos. Ahora bien, la mayoría de los que vivían en el exilio lo hacían porque, precisamente, habían protestado en contra de tales decretos por considerarlos anticonstitucionales (APDH 1978: 181).

18En esas circunstancias, los representantes de la Iglesia que negociaron con el gobierno (principalmente, el cardenal Maurer, apoyado por monseñor Mestre y monseñor Prata) presentan una posición pública en la que atribuyen a los representantes de los huelguistas toda la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones. En el aeropuerto, el cardenal declara: "Ahora depende de los mismos huelguistas que comprendan que hemos hecho todo lo posible para solucionar la situación." Y, según monseñor Mestre: "El cardenal se fue con la esperanza de que dicho acuerdo sería aceptado por los huelguistas y sus representantes." Mientras que, por su parte, el general Bánzer alababa "la buena voluntad y el espíritu cristiano del cardenal" (: 200).

19Cuando ya es algo evidente que los huelguistas no aceptarán ese acuerdo como base para emprender un diálogo directo con las autoridades gubernamentales, "la Iglesia Católica decidió retirar su mediación entre el gobierno y las personas que mantienen la huelga de hambre por considerar que dicho movimiento tiene fines políticos" (: 201).

20Ahora bien, como hemos visto, esta es, precisamente, la versión gubernamental o, por lo menos, uno de los puntos esenciales de la explicación de los hechos, que intenta imponer. La tesis de la subversión en marcha estuvo claramente propagada desde el 6 de enero. Ese día, el ministro del Interior denuncia una conspiración "bien planificada y establecida," cuyos cabecillas se encuentran camuflados entre los huelguistas. Y, por su parte, el presidente de la República declara que el gobierno ha hecho todo lo posible para lograr una solución a este problema, que no tiene la importancia y la trascendencia que se le atribuye, pero que, como es parte de una conspiración, se le otorga un alcance que, según esta autoridad, en rigor no tiene (Presencia, 07.01.1978). Esta tesis es retomada con aún mayor vehemencia por el ministro del Interior el 10 de enero, quien acusa a los extremistas de haber tomado la huelga de hambre como "bandera política" para crear el caos y la anarquía. Entre los extremistas incluye, al azar, a los miembros del POR (trotskista), del ELN (castrista), del MNRI (del ex-presidente Siles Suazo) y hasta del Movimiento Cívico Topater, compuesto, sobre todo, por militares retirados, quienes apoyan el retorno a un régimen constitucional (: 10.01.1978).

21Por supuesto, el gobierno no cesará de explotar a fondo -y hasta el último momento- la posición de la jerarquía eclesiástica -como aliado aparente- e, igualmente, la significación que este le atribuye a esta huelga -que converge con la suya- como movimiento político o, mejor dicho, politizado. Un comunicado del Gabinete de ministros del 13 de enero dice, textualmente, que "a pesar de haberse firmado un compromiso con su Eminencia el Cardenal Clemente Maurer, la huelga de hambre continúa, actitud que tipifica a este conducta como un hecho totalmente político, calificado de la misma manera por el propio señor Cardenal Maurer Máxima autoridad de la Iglesia católica de Bolivia" (Presencia, 14.01.1978). Y, el ultimátum lanzado por el gobierno a los huelguistas el 16 en la noche, previo al desalojo de los locales de la huelga y la detención de los huelguistas, cita una vez más (dos veces) al cardenal para legitimar sus acciones. En primer lugar, recuerda los términos del acuerdo que había intentado lograr por su intermedio y, luego, lo invoca nuevamente para indicar que, en virtud de ese compromiso, los huelguistas no disponen sino de unas pocas horas más para abandonar su acción si no quieren ser objeto de las sanciones penales correspondientes (: 17.01.1978).

El giro de la Iglesia

22De hecho, ya lo sabemos, la Iglesia se encuentra dividida, así como su jerarquía. Y, así, la maniobra del gobierno en la que las autoridades eclesiásticas se habían dejado atrapar -donde primó, momentáneamente, la opinión de los obispos más próximos al gobierno- terminó por volcarse en contra de este. Todo, simplemente, porque era algo absolutamente inaceptable que la Iglesia convalide una intervención violenta en contra de los huelguistas. En consecuencia, el cardenal Maurer, apoyado por el clero chuquisaqueño, lanza el 15 de enero una verdadera advertencia pública a los gobernantes (Presencia, 16.01.1978).

23A mi entender, tres importantes ideas se exponen en este texto, en el que, también, se nota el molesto sentimiento de haber sido víctimas de una manipulación. En primer lugar, la huelga se interpreta como un movimiento por la defensa de todos aquellos privados de justicia, libertad y trabajo. Se recuerda que Bolivia ha firmado un acuerdo con la ONU para la defensa de estos derechos. En segundo lugar, se subraya que la acción emprendida es no violenta y tiene la forma de un sacrificio por la comunidad. Finalmente, el comunicado incluye un comentario sobre la significación con la que conviene entender la noción de política: "Cualquier acción humana, en una colectividad, debe ser considerada como política ya que el hombre ha sido creado por Dios para construir en común -políticamente- la ciudad terrena."

24Este giro tardío fue el resultado de múltiples consultas al interior de la Iglesia, en las que participó el nuncio apostólico. Según el padre Nino Marzoli,1 la tensión era muy fuerte y el clero iba a dividirse públicamente. Desde ya, el relato que hace este religioso de las transacciones en las que participó traduce muy bien ese tenso ambiente, mientras, también, nos informa -parcialmente, por lo menos- del giro en la posición de la jerarquía. El llamó personalmente al cardenal Maurer para pedirle que retorne a La Paz, describiéndole los peligros que percibe de una división en el clero. El cardenal le responde que no quiere retornar. Entonces, le propone ir a verle en Sucre. Después de haber convencido a monseñor Manrique, parte hacia Sucre el 14, en auto pues no había avión. Allí, le explica al cardenal como el documento que había firmado de buena fe no es sino la ratificación de la posición gubernamental, y como tal documento puede ser utilizado en contra de la Iglesia y los huelguistas. Por otra parte, le convence de que tiene el derecho de darle otra interpretación. En seguida el cardenal llamó al prefecto de Sucre para decirle que no iba a aceptar que su nombre sea utilizado para convalidar la represión y que tampoco podía permitir que la Iglesia se vea comprometida. Inmediatamente, el prefecto llamó al presidente y le envió una carta al ministro del Interior. Según el padre Marzoli, así se habría evitado que pase lo peor. En Sucre, el cardenal les pide a dos de sus sacerdotes que ayuden personalmente durante el desalojo de los huelguistas. El padre Marzoli, quien no tuvo tiempo de retornar a La Paz, también estuvo presente durante esos acontecimientos.

25A partir del momento en el que se publica el mensaje del cardenal y del clero chuquisaqueño, la interpretación del movimiento que prevalecerá -y que se consagra, a nivel de sentido, el triunfo de los huelguistas- es la que asume, por un lado, que se trata de un movimiento humanitario y que, por otro lado, señala que la Iglesia habría sido abusivamente manipulada por el gobierno. "La noble figura del Cardenal Maurer ha sido feamente manipulada para atribuirle la responsabilidad de hechos que una gran parte de la opinión pública reprueba. No, no se puede atribuir a un alto dignatario de la Iglesia que ha procedido con limpios propósitos humanitarios y cristianos la justificación de medidas que son responsabilidad única y no transferible a nadie y menos a quienes han buscado el diálogo," declaró sentenciosamente el padre José Gramont en un editorial de la Radio Fides (propiedad de los jesuitas de La Paz), reproducido en el diario Presencia el 18 de enero, el día siguiente al desalojo de los templos.

26Pero, la demarcación de la Iglesia respecto del gobierno no se detiene ahí. La satanización del régimen se acentúa aún más, luego de la intervención policial, con la amenaza de monseñor Manrique quien dijo que suspendería todo tipo de ceremonia religiosa en la arquidiósesis de La Paz, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de enero, si, en las próximas 24 horas, no se ofrece una solución satisfactoria a los problemas denunciados por los huelguistas; pues, según el comunicado del arzobispo, apoyado por todo el clero paceño, estaría en entredicho una sanción extremadamente grave, sancionada por el Derecho Canónico. Y, como si eso fuera poco, se reserva también el derecho de recurrir a la medida extrema de la excomunión en "contra de los autores intelectuales y materiales" de la violación de los templos y el arresto de los huelguistas, acciones llevadas a cabo por la fuerza pese a la debilidad de las víctimas, en clínicas y locales de reclusión (Presencia, 18.01.1978). Según el representante del National and World Council of Churches de los Estados Unidos, Wilson T. Boots, presente en La Paz a pedido de la APDH, "para el extranjero, este declaración producía una especie de shock cultural, un retorno a la Edad media. Pero, en La Paz, fue algo serio "-y no sólo para los bolivianos: un diplomático norteamericano nos confió que su esposa, católica ella, "se había sentido anonadada." Más aún, si el gobierno "ignoraba la amenaza u optaba por una actitud desafiante, se exponía a la unión del pueblo detrás de la Iglesia y a un deterioro de su imagen internacional," en un momento en el que se declaraba comprometido con el proceso de democratización (Boots 1978). El texto del arzobispo fue entregado al gobierno el 17 de enero, durante una reunión del gabinete ministerial; algunas horas después, a medianoche, el presidente anuncia por radio y televisión que ha sido promulgado el decreto de amnistía general.

27El arzobispado de La Paz no fue el único en oponerse vehementemente a la violación de los templos y a la represión en contra de los huelguistas. Monseñor Rodríguez, obispo de Santa Cruz, exige sanciones contra los responsables locales quienes, el 15 de enero, rompieron puertas y ventanas para arrestar a los huelguistas refugiados en la iglesia de San José Obrero (Presencia, 17.01.1978). En Potosí, monseñor Fey, luego de haber recordado que "es deber de la Iglesia defender y amparar a los más pobres, a los perseguidos, a todos aquellos que carecen de medios para defensa de sus derechos más elementales" (Presencia, 20.01.1978), fustiga a los agentes y policías que invadieron y dañaron varias de las iglesias de Potosí el 17 en la mañana, utilizando la fuerza bruta para desalojar a los huelguistas. Por su parte, en vista de las violaciones de templos y otros lugares sagrados, el obispo de Oruro, apoyado por su clero, decide el 19 -o sea, ya levantada la huelga- suspender todos los cultos en la ciudad durante el domingo 22 y convoca a la población para que asista a un acto religioso en el atrio de una de las iglesias violadas (: 17.01.1978). Este último caso es especialmente significativo si tenemos en cuenta que este obispo había esperado más de diez días antes de preocuparse verdaderamente por los huelguistas de su parroquia. Pero, el último día había impedido la captura de un padre jesuita y de tres mujeres huelguistas. Por otro lado, como se relata en La huelga de hambre, la noche del 17, "el prefecto había atentado gravemente en contra de la dignidad y la autoridad del obispo al ordenar invadir la parroquia del Rosario en su presencia, y, durante las acciones, los agentes habían intentado interceptar su vehículo" (APDH 1978: 194-195). El hecho de haber experimentado personalmente esta situación ha debido motivar, sin duda, su actitud posterior.

28Por supuesto, no podemos atribuirle la decisión gubernamental únicamente a esta firme respuesta de la jerarquía religiosa. Pero, además de manifestar claramente la oposición2 de la Iglesia ante las maniobras represivas del gobierno, esta actitud acredita, al mismo tiempo y definitivamente, la honorabilidad de los huelguistas de hambre.

Las vacilaciones de los huelguistas

29Sin embargo, asumir de que no habría existido ninguna tentación de ceder ante las presiones y chantajes del gobierno, ni de levantar la huelga aceptando el (primer) acuerdo propuesto por el cardenal Maurer, sería un grave error. Cierto: el libro La huelga de hambre nada dice al respecto y muy pocos testigos -entre los que pudimos consultar- mencionan esta hipótesis. Pero, en torno a esta posibilidad, dos episodios merecen ser examinados, no solo porque explicitan discusiones agitadas y permiten indicar líneas de clivaje entre tal o cual huelguista o sus aliados, sino, sobre todo, porque las transacciones internas facilitan la puesta a punto del escenario del último acto, del acuerdo final del 18 de enero, porque son, se diría, el "último ensayo."

30La primera versión es la de Julieta Montaño. Por razones de salud, se había visto obligada a abandonar la huelga el 8 de enero: estaba embarazada y el feto de cuatro meses había empezado a sufrir. Había sido traslada a un clínica y, cuando salía, llegó a Cochabamba la noticia de una posibilidad de acuerdo con la mediación de la Iglesia. Entonces, el grupo organizador de Cochabamba decide enviar tres personas a La Paz, para analizar la situación y para informar mejor a los huelguistas locales y, también, poder participar de las decisiones. "En principio se estaba nominando a personas que no habían entrado en la huelga, que eran dirigentes de los profesores de la Universidad, pero el grupo ejecutivo de la Asamblea de derechos Humanos me pidió que vaya. Ante todo, ellos pensaban que este documento requería de una lectura jurídica y no sólo política" (testimonio de Julieta Montaño: 1996).

31Conocido el documento, Montaño se opuso "tenazmente" a su firma por parte de la APDH, por los motivos que ya hemos visto más adelante (cf. supra, Cap. XX). Así, se encontraba en desacuerdo no solo con los dos maestros de Cochabamba que la acompañaban -miembros, según ella, del MIR- sino, también, con Luis Adolfo Siles Salinas, el padre Tumiri y otros miembros de la APDH. "Tuvimos una discusión muy agria, especialmente con el doctor Luis Adolfo Siles Salinas porque, según la óptica de él, todo estaba muy bien, y algunos militantes del MIR de esa época también creían que estaba bien este documento y que no había que hacer mayor problema y que lo único que íbamos a conseguir era que el gobierno endurezca más su postura y que, más bien, intervenga los piquetes de huelga [...] Se me acusó de ser joven-zuela, ignorante del derecho, y de ser una terrorista" (Julieta Montaño, testimonio, 1996). Finalmente, esta agitada discusión terminó en la idea de consultar a otros grupos de huelguistas antes de tomar una decisión al respecto. Y, se dirigieron hacia la sede de Presencia. "Allá, tanto el padre Pastor Montero, Javier Albó, Domitila y los otros compañeros inmediatamente me dijeron que 'está bien,' que ellos entendían, pero que, de todas maneras, no podía hacerse nada sin la aceptación o rechazo de la Federación de Mineros y de la COB [...], que ellos debían ser los encargados de decir la última palabra. De esta forma se postergó la discusión para la noche." Luego de varias horas dedicadas a contactar a los dirigentes, en la noche, uno de ellos, Guillermo Dalence, visitó directamente a los huelguistas para explicarles la posición de la Federación. Era urgente conocer su postura "porque ya había algunos piquetes que estaban ya a punto [de suspenderse] porque ya corrió la voz que se había suscrito el documento, además el gobierno estaba interesadísimo y decía que sí, que ya se había acordado, que solamente había algunos extremistas que no estaban permitiendo que todo se llevara a cabo [...]; pero el trabajo de este compañero facilitó para que nuevamente la gente se mantenga en su lugar."

32Domitila de Chungara nos ofrece un relato muy parecido al de esta discusión interna. "Llegaron los del Comité," cuenta Domitila de Chungara, "el padre Julio Tumiri y Siles Salinas, que había retornado al país días antes y se incorporó a la Comisión del Comité de Huelga. Y nos leyeron el documento que decía:

33'Se da amnistía general e irrestricta a todos los presos y perseguidos políticos, menos a aquellos que hayan infringido las leyes en actual vigencia.' Nosotros preguntamos qué quería decir eso de las leyes en actual vigencia, y nos dijeron que eso quería decir que no estábamos haciendo huelga por los maleantes, los traficantes, los asesinos, o sea, por los presos comunes. Entonces dijimos, 'claro que no estamos haciendo por ellos' 'Eso nomás quiere decir,' nos dijeron.

34Entonces Julieta, una de las representantes de Derechos Humanos que tenía profesión de abogado, dijo:

35-A ver présteme un rato ese documento, Doctor Siles -lo leyó y dijo-: No. Este documento no puede ser. ¿Cuáles son las leyes en actual vigencia en este momento? -preguntó-. Son la Ley de Seguridad del Estado, la Ley del Servicio Civil Obligatorio, y de acuerdo a estas leyes, todos los que en este momento estamos luchando por la amnistía, por los presos, estamos infringiendo esas leyes. Con esto no hay amnistía para nadie. ¡Aquí nos están queriendo meter gato por liebre! Esto no puede ser.

36Entonces Siles dijo que no, que esto está bien. Y quería obligarme a que firme ese documento, porque las compañeras del Arzobispado le habían dicho que si yo no firmo ellas tampoco firmarían. Con la experiencia pasada ya no firmaron.

37-Mientras no vea la aceptación de la Federación de Mineros y la COB no voy a firmar -le dije.

38-Los de la Federación han visto el documento y están de acuerdo -me dijeron.

39-Y si ellos estaban de acuerdo, ¿por qué no han firmado? Yo quiero ver siempre la firma de ellos y después recién lo vamos a firmar nosotros -así.

40-Justo cuando estábamos diciendo esto apareció el compañero Dalence de la Federación de Mineros [...] y le dijimos:

41-¿Es cierto que ustedes están de acuerdo con este documento?

42-El compañero lo leyó y dijo:

43-¡Está mal!- que no se aceptaba ese documento (Acebey 1984: 56-57).

44Según esta versión, los miembros de Comité pretendían que eso era lo máximo que podían lograr y que, para lograrlo, se habían comprometido a hacer levantar la huelga. Luego, interviene el representante de la FSTMB, quien confirma el análisis de Julieta Montaño y convence a los huelguistas para que continúen su movimiento hasta obtener un compromiso más acorde con sus demandas.

45Aquí vemos claramente cuales son las dificultades de una labor de representación y negociación en un caso de este tipo, y como finalmente se resuelven. La separación existente entre las posiciones de representantes y representados es posible en todo tipo de representación; es, desde ya, una de las principales dificultades en este tipo de ejercicio. Aquí, sucede que son los huelguistas quienes asumen una posición dura, en relación a algunos miembros del Comité, más inclinados hacia el compromiso. Se podría también encontrar una situación inversa, con una asociación de apoyo maximalista y de huelguistas desencantados. Parece que, en algún momento, habría sucedido algo parecido, cuando el grupo del arzobispado estaba acosado por las presiones y tentaciones de los emisarios del gobierno, visitado también por los miembros hostiles de la jerarquía, mientras los grupos de apoyo tardaban en organizarse; en ese momento, la intervención de los representantes de la APDH, que se hizo cargo de la coordinación, fue, sin duda, decisiva para la continuación de la huelga.3

46En el caso de la imagen mediadora del cardenal, se puede pensar -o imaginar- que, tanto el padre Tumiri como Siles Salinas y otros hayan obedecido a una suerte de argumento de autoridad moral, cuya garantía era el compromiso del cardenal. En lo que a los representantes del MIR se refiere, su posición refleja la de su partido, muy interesado en las elecciones que se aproximan.

47Se nota, además, que los delegados del Comité consultan a sus representados antes de tomar su decisión; desde ya, ellos no se limitan a visitar a un único grupo -aunque los testimonios aquí recogidos solo muestran la visita a los huelguistas alojados en los locales de Presencia; hasta donde era posible, visitaron a todos los que pudieron. Este procedimiento hizo que la decisión resultara más transparente.

48Y, sobre todo, el triunvirato de delegados consulta también a los representantes sindicales (FSTMB y COB). Es la propia y prestigiosa Federación la que tiene la última palabra. Con gran riesgo, un representante de la Federación acude a exponer, explicar la posición sindical a los varios grupos de huelguistas. Ahí tenemos, creo, una otra clave del éxito del movimiento: tanto los huelguistas como sus representantes de la APDH le reconocen a la prestigiosa y experimentada FSTMB clandestina un papel de consejera, hasta de guía del movimiento, y confían en sus consejos y consignas. Lo que habría podido degenerar en una cacofonía de iniciativas contradictorias de los diversos grupos comprometidos en la acción, y de aquellos que los apoyaban o representaban, encuentra aquí un alto grado de coherencia gracias a la representación visible, designada y deseada por los huelguistas, de la APDH y la tutela velada de la FSTMB. Los delegados tenían "un contacto bien, clandestino naturalmente, pero regular, confiado con la Federación de mineros, que es la que estaba, digamos, detrás, asesorando un poco lo que había que ceder y lo que no había que ceder [...] Lo que nosotros debíamos hacer lo teníamos bastante estudiado" (entrevista con Fernández, 1978).

49Según J. Siméant, "el hecho de representar a personas en peligro de muerte o de secuelas graves es lo que distingue a las negociaciones en el caso de huelgas de hambre de otros tipos de acción" (1995: 356). No parece evidente que ese factor específico haya jugado un papel fundamental en el caso que nos ocupa. En primer lugar, porque el tipo de huelga emprendido -con azúcar y vitaminas, con traslado de las personas en peligro hacia clínicas- no provocó situaciones tan dramáticas. En segundo lugar, porque el contingente de huelguistas aumentaba sin cesar, nunca faltaron reemplazos para colmar los vacíos. Los problemas de representación que surgieron fueron, pues, más clásicos, digamos, y la dificultad principal consistió en encontrar la manera de hacer aceptar una- "embajada" común y un compromiso común ante un conjunto múltiple de huelguistas con orígenes y sensibilidades sociales diversas: acabamos de ver como ello fue posible.

La intervención del presidente de la Corte Electoral

La negociación

50Fue solo 48 horas antes del desenlace final que la embajada de los huelguistas pudo encontrar un emisario del gobierno o, si se prefiere, que las autoridades decidieron, finalmente, aceptar una negociación en presencia de un mediador y de testigos presenciales. Este reconocimiento del adversario -al que, en rigor, con el gesto de la negociación, se le reconoce la existencia- tuvo lugar el 16 de enero, a iniciativa del presidente de la Corte Nacional Electoral, Julio Mantilla. En Bolivia, recordemos, el poder electoral es independiente, y es significativo que, en la víspera de elecciones, sea el presidente de esta instancia quien ofrezca sus servicios como mediador. Además del emisario del gobierno Edwin Tapia Frontanilla (secretario general de la Presidencia) y los tres representantes de los huelguistas, participaron en esta reunión tres figuras de partidos políticos moderados (Víctor Quinteros del PRA, Remo di Natale del PDC y Guillermo Aponte Burela del PS). Como lo destaca apropiadamente Hugo Fernández, "Mantilla le dio esa salida al gobierno, es decir, en tiempo de elecciones hay un cuarto poder y así es como Mantilla presentó la cosa. [...] Fue una iniciativa de él muy hábilmente pensada, ¿no?, porque planteaba darle una salida honorable al gobierno que estaba ya muy deteriorado, es decir, que no se rebaja a dialogar con los huelguistas sino que era este cuarto poder el que iba a negociar, a propiciar, una reunión entre representantes de los huelguistas y del gobierno" (entrevista personal, 05.1978). Por otra parte, el tema de la huelga se vio "camuflado" en una propuesta de discusión más amplia, entre la oposición política admitida y el gobierno, relativa al tema de la próxima democratización. Según Hugo Fernández, este encuentro implicaba que al gobierno se le garantizaba que los partidos políticos de oposición "no iban a aprovechar esto sino que se iba a llegar a un acuerdo de convivencia. [...] Digamos, era una manera de salvar el plan inicial del gobierno, de democratización sin democratización, que había llevado a todas las consecuencias a través de la amnistía tan absurda y de la huelga de hambre" (: 05.1978). De hecho, el representante del gobierno se embarcó en una larga introducción al debate para precisar que lo que se buscaba era la democratización, pero que "no estaba permitido volver al caos".

51La reunión empezó alrededor de las 15.30 en la tarde del 16 de enero, en la residencia de Julio Mantilla, con el objetivo inicial de no suspenderla hasta llegar a un acuerdo. Las demandas iniciales de los huelguistas fueron examinadas una por una. No se pudo lograr un consenso en torno al punto crucial de la amnistía general. Las otras demandas parecían logradas, salvo el abandono de los centros mineros por parte del ejército, algo que los representantes de los huelguistas -con permiso de los principales grupos en huelgas y la FSTMB- estaban dispuestos a renunciar. En lo que a la amnistía se refiere, señala Hugo Fernández, el texto de Tapia Frontanilla proponía, "una amnistía amplia, ¿no?, pero, después, 'excepto los que hayan infringido las leyes vigentes.' Claro, para nosotros eso era lo mismo [...], nosotros, en cambio, propusimos una fórmula diciendo que la amnistía era general y aunque sea irrestricta, exceptuando aquellos que [cumplían condenas] por causa de delitos comunes tipificados como tales, porque el juego del gobierno era confundir delitos comunes y delitos políticos [...], entonces, ahí, fue chistoso, porque ahí se le vio la cola a Tapia Frontanilla, porque él dijo de nuestra formulación: 'Pero, ¡aquí se ve únicamente delitos comunes!' Y, entonces, casi a coro, no tanto nosotros como los de los partidos políticos, dijimos: '¿De qué estamos hablando entonces? Lo que estamos discutiendo aquí es de derechos políticos y sindicales y no de derechos comunes...' Entonces, ahí quedaron claras las posiciones. Y ahí no pudo resistir y dijo: 'No tengo jurisdicción para ceder a este punto'" (: 05.1978). Eran más de las 8.00 hrs. de la noche. Los protagonistas de la reunión acordaron separarse para consultar a sus respectivos representados con la consigna de volver a reunirse a las 23.00 para continuar con la discusión hasta lograr el acuerdo final, como se había previsto al principio. A continuación, los representantes de los huelguistas visitan los varios piquetes de huelga para informarles del estado de las tratativas. En San Calixto, donde van a encontrar a Adolfo Siles Salinas -quien descansa, pues ya ha comenzado su huelga de hambre-, este les informa de un llamado de Julio Mantilla quien le indicaba -furioso- que el gobierno había roto las negociaciones; eran las 22.30. Poco después, la opinión pública se entera que los huelguistas cuentan con una hora para abandonar sus refugios.

52De hecho, mientras la negociación seguía su curso, el palacio de gobierno era el lugar de reiterados encuentros y consultas, que acabaron en una reunión de los principales ministros y los comandantes en jefe de las FF AA, acompañados de sus respectivos jefes de Estado mayor. Es después de esta última reunión, que termina a las 22.00, que se hace público un comunicado oficial en el que se llama a los huelguistas para que acaben con su movimiento- "de conformidad con el acuerdo suscrito entre su eminencia el Cardenal José Clemente Maurer y el señor ministro del Interior"; en este comunicado, que insiste en la tesis según la cual la huelga es subversiva -y que "cuenta con ingentes recursos financieros y está respaldada por corrientes externas poderosas" (Presencia, 17.01.1978)-, no se hace mención alguna a la negociación emprendida esa misma tarde.

Representación y mediación

53Desde el punto de vista táctico que nos ocupa, Hugo Fernández destaca el hecho que los delegados de los huelguistas habrían cometido un error: "La cosa era muy secreta [...] Y eso fue un pequeño error nuestro, por lo que pasó después [...] Una de las cosas que era importante en la huelga era la cobertura de noticias de los periódicos y aquí nos descuidamos porque ni siquiera la gente de la Asamblea sabía donde estábamos" (entrevista personal, 05.1978). Cuando dejaron la residencia de Mantilla a las 20.30, se precipitaron a informarles a los grupos de huelguistas y "ahí vimos la gran desinformación de la gente que estaba con nosotros, porque no sabían donde estábamos y nosotros, quizá, al salir de allí, debíamos ir a la prensa y decir hay eso y estamos en este punto y se va a reanudar eso a las once" (: 05.1978).

54En cuanto a los responsables gubernamentales, estos evidentemente jugaban dos cartas al mismo tiempo: mientras se tramaba la intervención policial, el asesor personal del presidente negociaba -¿o fingía negociar? Más adelante, no se dejará de reprocharles esta duplicidad -algo que, sin duda, debilitará su causa. Por su parte, los representantes de los partidos políticos presentes emitirán un comunicado muy severo. Resumiendo el alcance de la reunión, subrayan que el gobierno "lejos de buscar un clima de paz y tranquilidad está empeñado en hacer uso de su habitual arbitrariedad y prepotencia, sin importarle ni la vida de los huelguistas ni el prestigio nacional que está obligado a preservar con decoro y serenidad. [...] Al desautorizar a su propio delegado ante las conversaciones con los huelguistas, el gobierno ha asumido una nueva actitud que le resta toda fe y credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional" (Presencia, 18.01.1978). Así, pues, la maniobra gubernamental tuvo como efecto que la posición política moderada acabe por apoyar decididamente a los huelguistas -o, si se prefiere, aislar aún más al gobierno. Pero, evidentemente, en pocas horas más, la intervención policial iba a cambiar sustantivamente el estado de las fuerzas en pugna.

55Uno percibe claramente que el problema de la representación afectaba a los dos campos en conflicto. A priori, la presencia del secretario de la Presidencia, con rango de ministro, permitía asumir -y fue así como los otros participantes en la discusión entendieron el hecho- que la negociación era algo serio. Pero, ¿cuál era el mandato exacto de Tapia Frontanilla? ¿Sabía él que había una operación policial en marcha? Dicho de otra manera, ¿qué representaba y porqué? Nos faltan datos para responder directamente a estas preguntas. Pero, de hecho, para que una negociación logre sus fines, es necesario que los delegados o representantes lo sean efectivamente. Si el secretario personal de la Presidencia no estaba allí sino para distraer a los delegados de la parte contraria, mientras se preparaba el asalto policial, entonces, no se trataba de una negociación sino, simplemente, de un bluff, de una trampa en la partida que se jugaba. Una jugada torpe, a la larga, porque, entre otros, motivará el vengativo comunicado de la oposición política moderada. Y, más torpe aún, si, siguiendo a Hugo Fernández, uno piensa que, dadas las circunstancias de la negociación, los tres delegados habrían podido ser fácilmente arrestados y sin que nadie se de cuenta, por ejemplo, a las 20.30, cuando salían del domicilio del presidente de la Corte Nacional Electoral.

56En cuanto a la mediación y en relación a los acontecimientos que vendrán, este episodio nos enseña que, sin lugar a dudas, la persona del presidente de la Corte Nacional Electoral no les ofrecía a las autoridades vigentes la suficiente garantía o credibilidad como para sentirse seguras que sus intereses no serían descuidados, más aún si se tiene en cuenta que estaba entornado de tres representantes de la oposición. Sobre este hecho, indica Hugo Fernández: "Los de los partidos intervenían a favor nuestro, era lo curioso [...] Se veía un poco la intervención de ellos, que era, muy elegantemente, para debilitar al gobierno. Claro, no mostraban las cosas, pero argumentaban, de modo general, de que la amnistía debía ser amplia [...] Mayormente, yo podría decir que, en esa negociación, casi todo el mundo, aun Mantilla, estaba de parte nuestra, muy sutilmente, y el único que estaba en contra era Tapia Frontanilla." Dicho de otra manera, el gobierno se había colocado en una situación desfavorable de negociación.

57Con todo, a falta de informaciones más precisas, no nos apresuraremos a concluir que fue por este motivo -y luego de un análisis del alcance de la conversación entre los diversos protagonistas de la reunión, cuando el secretario de la Presidencia hubo presentado su informe en el palacio presidencial-que se rompieron las negociaciones y se decidió la posterior intervención policial.

La mediación final

La situación de mediación

58La tercera negociación que marca el fin de la huelga, dado el acuerdo finalmente logrado, empezó el 18 de enero a las 13.00 (Presencia, 21.01.1978). Fue llevada a cabo, por un lado, por la embajada de los huelguistas, y, por el otro, por un médico, el doctor Jorge Rojas Tardío que, en ese momento, era el director general de la Caja Nacional de Seguridad Social, cargo en el que había sido nombrado por el gobierno como parte del servicio civil obligatorio entonces vigente, cuando, según Rojas Tardío, estaba a punto de retirarse y vivir su jubilación en Cochabamba (entrevista personal con Rojas Tardío, 08.1996). En la entrevista que nos concedió, se presentó como amigo personal del general Bánzer, pero, antes, también había sido ministro de Salud Pública de Luis Adolfo Siles Salinas, con quien también tenía estrechas relaciones -le conocía desde muy joven, cuando el ex-presidente de la República Hernando Siles, padre de Luis Adolfo, era embajador de Bolivia en Chile, donde Rojas Tardío estaba estudiando. Contaba, pues, con vínculos personales y con la estima de dos de las principales figuras del conflicto, las que, por otra parte, compartían el rango de presidente de la República. Además, era un católico convencido, practicante reconocido y fue invitado a servir de mediador por el arzobispo de La Paz, monseñor Manrique, quien también era su amigo personal. "'Tienes que venir inmediatamente, te necesito,' fue, un poco, una orden del arzobispo," recuerda Rojas Tardío. Finalmente, como médico, había ejercido en las minas y, sobre todo, en Siglo xx-Catavi. Esta conjunción de relaciones personales y de experiencias le favorecen para poder negociar con los diversos campos en disputa y, en cierta forma, resulta un mediador ideal, tal como lo arquetifica (cf. supra) T. Siméant. En efecto, él no puede llevarse el trofeo; posee una estatura moral reconocida y se encuentra lo suficientemente cerca de algunos de los principales protagonistas del conflicto como para poder hacerse escuchar.

59Añadamos que, a todo esto, la situación ya estaba madura para una verdadera negociación. A postcriori, evidentemente, no es difícil reconocer que los dos campos, debilitados, sentían la necesidad de acabar de una vez por todas. Por el lado de los huelguistas, el asalto de la policía había provocado un gran desorden y muchas dudas acerca de los pasos a seguir. En las provincias, ciertos grupos se habían dispersado aun antes de la llegada de la policía, como en Cochabamba. En La Paz, sólo quedaban cuatro piquetes de huelga, el del arzobispado, el del colegio San Calixto donde se habían acogido los estudiantes benianos y el ex-presidente Siles Salinas, un grupo refugiado en un templo metodista y, por último, los huelguistas de la iglesia de María Auxiliadora, que habían salido antes de la llegada de los policías y habían encontrado refugio en un local situado en las alturas de La Paz, en el barrio popular de El Tejar. Añadamos a estos liberados de la acción policial un puñado de protagonistas hospitalizados en diversas clínicas o, aunque detenidos en las celdas policiales, estaban decididos a continuar su huelga y hasta radicalizarla con una huelga de sed. Al mismo tiempo, el temor a la represión había incrementado las desersiones entre los solidarios y, según Luis Adolfo Siles Salinas, quien sin duda tiñe un poco el cuadro -desde el 14, él mismo se encontraba en huelga-, al referirse a San Calixto, dice: "El gobierno no sabía que sólo quedaban doce de los mil trescientos huelguistas; doce que tenían miedo y que querían salir" (entrevista personal, 1978). Siempre según él, "el asalto del gobierno y las deserciones por miedo nos hundieron en una situación crítica, de angustia... la angustia de no saber si podíamos continuar así reducidos a un puñado aislado... si nosotros también íbamos a ser desalojados... en el colegio San Calixto había el miedo de un ataque de la policía... pensamos en tomar algunas precauciones... hacer sonar las campanas... así estuvimos durante 48 horas, bajo la impresión de encontrarnos rodeados por un anillo de acero que nos iba a desarticular y reducirnos a una piel de zapa fue un momento dramático." Más sobriamente, Hugo Fernández reconoce que "la mañana siguiente [al asalto de la policía] había un poco de temor porque realmente nuestras fuerzas habían disminuido y las noticias que nos llegaban del interior no eran buenas." Los arrestos de diversos pilares de la APDH, como la hermana Amparo Carvajal y, luego, el padre Gregorio Iriarte quien, bajo el manto de su cargo como secretario de Relaciones Internacionales había realizado un trabajo de coordinación considerable, incrementaban aún más la confusión.

60Con todo, en ese mismo momento, el gobierno también se encontraba enormemente debilitado. Como dice el doctor Rojas Tardío, "realmente, esta huelga tuvo un impacto extraordinario porque lo desprestigió tremendamente al gobierno de Bánzer." En efecto, el país marchaba hacia una parálisis total, debido a la huelga en las minas y las fábricas y la amenazada por los medios de comunicación, "o sea que la huelga había ganado en este aspecto, ya que no era una huelga de 1300 personas sino que, paralelamente, se desarrollaba -pero totalmente coordinada- una huelga laboral de enormes proporciones porque las bases fueron más allá que las instrucciones de sus propios dirigentes"; la huelga de 24 horas, luego de 48, amenazaba en convertirse en una huelga indefinida: se había convertido en "un problema nacional, el problema nacional" (Siles Salinas, entrevista personal, 1978). Hugo Fernández confirma este análisis: "Lo que más ayudó a la huelga, aun a pesar del allanamiento, de lo debilitado por el allanamiento, fue que la Federación de mineros había decretado una huelga estando en la clandestinidad y se había cumplido en un 90% [...] Aun el prefecto de Oruro lo trasmitió así, ¿no? Entonces, claro, esto era un aval muy fuerte, y, en los grupos, simplemente se decía 'Miren, hay algunos puntos que se han cedido, pero todo ha sido con el aval de la Federación de mineros'." Si a ello añadimos la satanización por parte de la Iglesia, el eco internacional -estaban presentes no solo los observadores de las iglesias y de organizaciones humanitarias, sino también los enviados especiales de las agencias de noticias y canales de televisión internacionales-, el hecho que la red de los "coordinadores" del mundo obrero empezaba a destrozarse, los rumores de un golpe de Estado, se comprende fácilmente la posición extremadamente delicada del gobierno. Cada uno de los dos campos tenía, pues, interés o, mejor, sentía la necesidad y urgencia de encontrarle una salida al conflicto.

61Al respecto, Hugo Fernández narra una interesante anécdota. La noche del 17 de enero, después de que el general Bánzer había leido su discurso anunciando unilateralmente y sin mayores precisiones una amnistía general, donde les pedía a los partidos políticos una especie de tregua, de pacificación, para poder restaurar la democracia, Fernández tuvo una discusión con Filemón Escóbar, un dirigente minero (de tendencia trotskista). Habiendo escuchado ese discurso por la radio, "él vino y me dijo 'Te felicito' o 'Les felicito,' 'Han ganado' o algo así, claro, nosotros habíamos visto lo de la televisión y eso no nos [parecía] nada. Dijimos: 'Bueno, va esto' [...] El tipo comenzó así, 'Pero, ¿sabes lo que significa'... y ta, ta, ta... y me comenzó a dar, digamos, la interpretación política que él veía de la cosa. Decía que, aunque parecía nada, él veía como un gran logro el que se había despertado el país políticamente y eso era lo más importante y que en ese momento había que llegar a un acuerdo. [...] Esto reanimó mucho porque el doctor Siles estaba muy desanimado, entonces, lo que vino a través del Filemón animó mucho porque él veía las cosas totalmente distintas y era genial porque coincidió con lo que realmente había pasado al nivel de la evolución política del país. [...] Después de esta charla, que tuvimos por la noche, fue aquella mañana que vino Rojas Tardío" (entrevista personal, 1978).

62Nos encontramos, pues, ante una situación en la cual, por un lado, parece que todas las partes presentes sienten la necesidad de negociar: gobierno, huelguistas de hambre, Iglesia -fue monseñor Manrique, algo asustado con la idea que hasta la sede del arzobispado podría ser asaltada por la policía, quien llama a Rojas Tardío- y, aun, hasta los representantes de los mineros; y, por otra parte, surge un mediador, creíble para todos. Al respecto, el testimonio de Hugo Fernández es muy significativo: "Yo tengo que reconocerlo: es con el primer negociador con el cual hemos negociado honestamente, [en el] que nosotros veíamos honestidad. [...] Yo no sé la posición de Rojas Tardío, pero ciertamente él venía a negociar honestamente."

El modo de negociación

63Sobre la negociación en sí misma, varios puntos son dignos de atención. De entrada, veamos los relativos a la forma. Rojas Tardío negocia solo. Se traslada, una y otra vez, entre el palacio de gobierno y el colegio San Calixto, donde se encuentran los representantes de los huelguistas. Esta manera de operar evita el contacto directo entre los rivales -tampoco es necesario encontrar un lugar neutro para la negociación-, y no introduce en la escena ningún otro negociador que aquel familiar a los encargados de uno y otro campo, evitando así las crispaciones, las vejaciones, los enfrentamientos; cada uno de los protagonistas se encuentra ante un prójimo con el que mantiene un contacto inmediato y fácil, al que además, a priori, le tiene confianza y de quien asume su buena voluntad.

64En segundo lugar, es evidente que el asunto llega a su término porque Rojas Tardío estuvo siempre en contacto directo con el jefe de Estado y, finalmente, porque actuaba en su nombre, y a solicitud del mismo. La prensa y el libro La huelga de hambre hacen empezar las negociaciones entre Rojas Tardío y los huelguistas el 18 de enero, a eso de las 13 hrs. Pero, según él, su trabajo había empezado en la víspera, cuando, después del llamado del arzobispo, se había entrevistado directamente con las mujeres huelguistas refugiadas en el arzobispado. Estas, después de haber rechazado toda discusión, imaginándolo como otro representante más de las autoridades, habrían cambiado de actitud al enterarse de que había sido ministro de Salud del gobierno de Siles Salinas. Poco después, había ido al colegio San Calixto para hablar con este último y había logrado una primera propuesta de acuerdo, la que vanamente había tratado de comunicar al general Bánzer. "Fui al palacio de gobierno, estaban en reunión de gabinete. Pese a toda la amistad que tengo con Bánzer, fue imposible conseguir que vieran el papel. [...] A todo esto, eran las nueve de la noche. [...] Salió el ministro de Gobierno, Jiménez Gallo [y le dije:] 'Mira, viejo, no seas loco, aquí están los puntos de la solución... dile a Hugo que salga un ratito, ustedes deberían estar tratando esto, pues, la huelga se arregla y muy favorablemente para ellos y para ustedes, no va haber ni vencedores ni vencidos, pero, sobre todo, ustedes no van a perder nada'" (entrevista personal, 1996). Pero, finalmente, le dijeron que volviese nomás a su casa y que se lo llamaría si había necesidad de sus servicios. Recién al día siguiente el presidente fue informado: "Entonces, me llamó Bánzer, en la tarde, y me dijo: 'Me dicen que estuviste acá,' 'Sí' le dije. '¿Puedes venir?' Me fui. [...] Le mostré cuales eran las conclusiones. Se enojó muchísimo. '¡Qué imbéciles!,' dijo. '¡Cómo no me avisaron!' 'Es lo que yo pensé,' dije, 'cuando te escuché anoche.' '¿Y crees que se puede hacer algo?,' [preguntó] y empecé de nuevo a trabajar" (: 1996). Sin duda, se trata de una información inédita, pero es sobre todo a partir de ese instante que el negociador se encuentra en relación directa con el jefe de Estado y bajo su mandato.

65Por el lado de los huelguistas, el asunto resulta más complejo. No se trataba simplemente de convencer a Siles Salinas ni a los tres mediadores designados, había también que contar con el aval de los propios huelguistas. Es por ello que, luego de la firma por parte del ministro del Interior de lo que habría de ser el acuerdo final, los representantes de los huelguistas visitan los piquetes de huelgas restantes para mostrarles el texto y obtener su apoyo. Y, además, aseguran el aval de la FSTMB. "Nosotros, en un cierto rato de esos, consultamos también al emisario que teníamos en la Federación de mineros, a ver si ese acuerdo, con ese texto, era ya aceptable y le pedimos que, por favor, firmara. [...] Y él lo firmó. Firmó en una copia que no es la que entregamos a Rojas Tardío. Y el argumento que nosotros utilizamos con la gente de los grupos, que también estaba muy fatigada, es éste: 'Miren, esto tiene aval de la Federación.' Y, claro, esto era muy importante. [...] Simplemente, se decía: 'Miren, hay algunos puntos que se han cedido, pero todo ha sido con el aval de la Federación de mineros'" (Fernández, entrevista personal, 1978). Al leer este relato, uno se da cuenta de que el protocolo laboriosamente articulado, pese a las reticencias, luego de la mediación fallida del cardenal, se respeta rigurosamente: los miembros del Comité de huelga consultan al delegado de la FSTMB antes de firmar o aceptar cualquier cosa; aseguran su permiso aun antes de ir a visitar a los huelguistas, y así ganan en credibilidad ante estos últimos.

66Finalmente, pues, el gobierno cede sobre el punto de la amnistía general e irrestricta; admite el retorno al trabajo de los mineros víctimas de la represión; además, admite no emprender ningún tipo de sanción para los huelguistas y sus colaboradores. Por su parte, los huelguistas ceden respecto a la permanencia del ejército en las minas; en cuanto al libre ejercicio del derecho sindical; y admiten que únicamente los mineros puedan retornar a sus previos puestos de trabajo4. Dicho de otra manera, cada parte hace concesiones, como debe ser en todo tipo de (verdadera) negociación).

67Superficialmente, el gobierno sale con la cara limpia. Desde ya, el acuerdo empieza con la fórmula: "Aclarando los alcances del acuerdo suscrito con su Eminencia el Cardenal José Clemente Maurer en los siguientes aspectos..." De hecho, ha cedido en toda la línea, o casi. Cuando los representantes sindicales mineros aceptan no hacer figurar en el acuerdo el respeto al derecho sindical, saben, dada la movilización en las minas y fábricas y teniendo en cuenta que los "coordinadores" están arrinconados -y hasta expulsados por las asambleas generales-, que, a corto o mediano plazo, contarán con ese derecho. Es por eso que, cuando charlan con los embajadores de los huelguistas, se les dice: "Miren, este punto de la vigencia sindical, este punto, nos encargamos nosotros. [...] Los puntos en los cuales hay que insistir [son] la reposición [laboral] y la amnistía general" (Fernández, entrevista personal, 05.1978). Desde ya, el 21 de enero, el titular de primera página de Presencia anuncia: "El gobierno estudiará el retorno a las libertades sindicales. Proyecto de decreto será analizado la próxima semana." Hecho que sucede el 24 de enero.