La segmentación social

Los particularismos sociales

1País enclaustrado, dos veces más extenso que Francia, Bolivia es una tierra de contrastes, en el que los geógrafos acostumbran distinguir tres grandes conjuntos: el Altiplano, entre 3.500 a 4200 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado frío; es una estepa de 700 km de largo y una centena de ancho, anidada entre las cordilleras andinas, limita al norte con el Lago Titicaca y, al sur, con las fronteras de Argentina y Chile; los llanos orientales, con clima tropical y subtropical, que se extienden desde los piemontes andinos hasta las fronteras con el Brasil al este y noreste, el Perú al noreste, el Paraguay y la Argentina al sur, y que abarcan el 60% del territorio nacional; y, finalmente, los valles intermedios, con un clima templado cálido, yungas cerrados al norte y depresiones más abiertas hacia el sur.

2Estos tres pisos ecológicos, con sus paisajes pintorescos y cambiantes, suponen culturas diversas y, a la vez, complementarias: tubérculos (papa, oca) y cereales (quinua y cañagua, de un alto valor en proteinas, y cebada) en el altiplano; maíz, coca, legumbres, uvas, café, cacao y bananas, en los valles; arroz, algodón, caña de azúcar, maní, soja, en los llanos.

Cuadro 1. Repartición de la población según regiones en 1976

3En 1976, la mayoría de los habitantes del país (3.699.902) habitaba en el Altiplano y los valles (80%), donde se encuentran las ciudades más importantes: La Paz (635.283 habitantes), Cochabamba (272.050), Oruro (151.794). La única aglomeración urbana prospera en los llanos es Santa Cruz (254.682 habitantes).

4Pero, la Bolivia de 1976 seguía siendo un país rural: 58.1% de los habitantes vive en el campo, en pueblos de menos de 2.000 habitantes, y 46.2% de la población se dedican a la agricultura. Las densidades rurales varían enormemente de un piso ecológico a otro y, aún, al interior de los mismos. Islotes poblados viven separados por enormes extensiones vacías, a menudo muy accidentadas, algunas de las cuales son inadecuadas para el cultivo (37.7%) y otras son bosques (40.8%). Sin mencionar la parte oriental, donde a algunos lugares sólo se puede llegar por avión o siguiendo el curso de los ríos; aun los trajectos más frecuentados, como el camino desde La Paz hacia Cochabamba, atraviesan vastos contrafuertes montañosos prácticamente desiertos. Un breve examen de las dinámicas poblaciones recientes destaca la importancia de dos corrientes migratorias, que se aceleran a partir de la revolución de 1952: los habitantes rurales del Altiplano y de los valles migran hacia las ciudades o hacia los llanos orientales o septentrionales.

5La Paz ocupa el lugar central en el dispositivo urbano. En 1976, la sede de gobierno -Sucre conserva al título honorario de capital nacional- alberga a cerca de un cuarto de la población total del país; colinda con un barrio satélite, El Alto, habitado sobre todo por migrantes rurales, que suponen un 15% de la población de este conglomerado urbano.1 Pero, en general, las migraciones rurales han contribuido al crecimiento de otras ciudades porque, entre 1950 y 1976, la población de los centros con más de 100.000 habitantes aumenta un 4.3% anual. o sea, más del doble de la medida del país, 2.14% (Romero Pittari 1982: 51-57). El salto más espectacular es el de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuya población pasa de 41.461 habitantes en 1950 a 254.682 en 1976, convirtiéndose en la tercera ciudad más grande el país.

6Un otro flujo de migrantes se orientó hacia las zonas de colonización rurales, sobre todo, en los yungas paceños y en el departamento de Santa Cruz; este último recibe, principalmente, a campesinos originarios del departamento de Cochabamba y, en menor grado, de otros departamentos altiplánicos. Estos inmigrantes chaquean nuevas parcelas de cultivo u, otros, son mano de obra en la agroindustria comercial (caña de azúcar. algodón, soja, maderas...).

7En 1976, cerca de la mitad de la población del país todavía utiliza cotidianamente un idioma vernacular: 48.9%, de acuerdo a los datos del Censo. En su mayoría, son de origen campesino. Ciertamente, esta cifra refleja la de los grados de alfabetización. Siempre en 1976, el país cuenta con un 49.4% de analfabetos adultos (más de 15 años de edad). 20.6% de los niños campesinos no van a la escuela. De hecho, desde el punto de vista lingüístico, el mundo rural está dividido en tres zonas que corresponden, en grueso, a las tres grandes zonas geográficas: en el Atiplano, en los departamentos de La Paz y Oruro, habitualmente se habla ay0ara; en los valles, el quechua (el idioma de los incas) es el idioma dominante; en los llanos, como también en el departamento meridional de Tarija, se habla sobre todo en castellano. Para completar, todavía nos falta mencionar los grupos selvícolas, dispersos, desde la cuenca amazónica hasta el Chaco, que utilizan sus propios idiomas y donde el guaraní es el más difundido.

8Si uno observa el conjunto de los datos de geografía física y humana hasta aquí señalados, no se sorprende que el economista Cornelius Zontag haya podido afirmar que Bolivia, constituida por tres regiones tan disímiles, agrupa, de hecho, a tres países diferentes, donde cada uno de ellos tiene su propio territorio, clima y población (cf. Zontag 1968).

9Lo que hasta aquí se ha puesto en evidencia es la heterogeneidad de los islotes de población asentados en el territorio y su relativo aislamiento. Evidentemente, esta segmentación geográfica no es nada propicia para las acciones colectivas nacionales, teniendo en cuenta, además, que las distancias que las separan son grandes y los trayectos accidentados. Los particularismos locales -estimulados, a la vez, por las singularidades climáticas, económicas y culturales- tienden hacia las querellas regionales o, mejor dicho, regionalizadas. El mundo rural se encuentra separado en dos grandes conjuntos lingüísticos, rodeados, a su vez, por otros grupos de menos importancia numérica: el aymara en el Altipliano sobre todo, y el quechua en los valles. Y la historia post-revolucionaria al 52 en Bolivia demuestra que estos dos conjuntos difícilmente operan juntos: en los años 50, el sindicalismo campesino se expande desde su epicentro quechua en los valles de Cochabamba; después de 1970, la movilización indianista toma cuerpo en el altiplano aymara.

10Pero, ciertamente, no es este tipo de segmentación geográfica el que tiene en mente Oberschall. A él le interesa la separación, la ruptura eventual, entre la cumbre y la base de la pirámide social, y la debilidad de los grupos intermediarios. Una protesta puede arrancar y tomar cuerpo cuando las élites se encuentran separadas de la población (distinción vertical) y cuando los sectores populares se encuentran ensamblados por medio de organizaciones o de redes de varios tipos (distinción horiontal) (cf. Oberschall 1973). Así, pues, nos vemos remitidos, me parece, hacia un examen más detallado de la estratificación o de las clase sociales, por un lado, y, por otro, hacia un análisis de la evolución política o, más exactamente, de las formas de la representación y de la dominación políticas, es decir, finalmente, hacia la separación entre gobernantes y gobernados.

Estratificación social y movilización política

11Esto nos conduce a presentar brevemente la economía del país y la estructura social que ésta engendra. Podemos resumir la situación diciendo que, en los años 70, Bolivia es un país rural, marcado por la extracción de minerales e hidrocraburos, pero que, desde entonces, su riqueza ha sido generada, sobre todo, por el sector terciario.

12El paisaje agrícola presenta dos caras distintas. Por un lado, una agricultura tradicional, débilmente productiva, en el Altiplano y los valles, y, por otro, una agricultura más moderna, principalmente en el departamento de Santa Cruz, pero también en el Beni y en algunas zonas bajas de los valles (como en los yungas, por ejemplo), generadora de una agroindustria que ha logrado cubrir las necesidades del país en azúcar, arroz, carne, especialmente; exportando, además, sus excedentes. En 1976, existen 692.933 agricultores (46.26% de la PEA), entre los cuales 12.33 son asalariados, mientras que sólo 4455 poseen el rango de patrón empleador de mano de obra.

13Pero, es inegable que el sector minero continúa modelando la identidad económica boliviana. El principal mineral extraído y exportado es el estaño, entre muchos otros, también se explotan cobre, antomonio, zinc, plata, plomo, o, tungsteno... Los yacimientos mineros se encuentran en el Altiplano y en la cordillera oriental, al interior de una franja que, en grueso, se extiende sobre 700 km de largo y 90 de ancho, desde del norte del Lago Titicaca hasta la frontera argentina. Las grandes ciudades del país, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, se encuentran dentro de esta franja; Cochabamba se encuentra muy cerca, en su borde oriental.

14En relación a los campesinos, los mineros son pocos: 61.800, o sea, 3.2% de la PEA. Pero, entre 1971 y 1978, la producción minera genera entre 7 y 11% del PIB, proporciona entre 20.9 y 36% de las recaudaciones fiscales del Estado, representa, de acuerdo a los años, entre 59.5 y 80.2% del total de las exportaciones del país y atrae casi la mitad de las divisas del país (Ayub y Hashimoto 1985).

15El petróleo y el gas, extraidos principalmente en la región de Santa Cruz, constituyen una otra importante fuente de beneficios fiscales y de divisas. En 1975, el sector sólo empleaba a 8.000 personas y sin embargo generaba el 5.7% del PIB (Banco Mundial 1971).

16La ciudades albergan lo esencial del débil sector industrial, que consiste, sobre todo, en pequeñas y medianas empresas, poco competitivas, desde ya, que se dedican principalmente a la fabricación de productos alimenticios y artículos livianos (textiles, cueros...). Si a este sector le añadimos el de la construcción -que se expande mientras la industria se estanca-, las dos ramas emplean 271.600 personas, o sea, 9.9% de la PEA y generan cerca del 20% del PIB.

17Obviamente, es también en las ciudades donde se encuentran los sectores terciarios con fuerte crecimiento (finanzas, comercio, función pública, transportes, comunicación, servicios...), que generan cerca del 55% del PIB y agrupan a un 25% de la población activa (465.100 personas) (cf. Calderón 1988). Entre 1950 y 1976, los PCS de profesionales y directores -o sea, aproximadamente, los cuadros superiores y profesiones liberales- han sido los que más han crecido. Destaquemos también el alto crecimiento de los empleados de servicios -principalmente personales- y, finalmente, el de los artesanos.

18Dicho de otra manera, y para resumir, son los "cuellos blancos" los que logran un creciente lugar en el mercado de trabajo, mientras que disminuye la parte relativa a los trabajadores del sector primario. Por su parte, el sector secundario ha aumentado no tanto en obreros como en trabajadores por cuenta propia.

Cuadro 2 Categorías Profesionales según los Censos de 1950 y 1976

19Si, a continuación, intentamos precisar dónde en este conjunto se encuentran las rupturas, podemos concentrar nuestra atención en los ingresos respectivos entre diversos sectores. Se nota que la distribución es muy desigual. La ruptura más clara opone a los asalariados y los no-asalariados quienes constituyen, desde lejos, la mayoría de la población (81.6% ante 18.4%, en 1975): la relación entre los unos y los otros es, en promedio, de 1 a 5. Es entre los campesinos parcelarios donde se encuentra la más fuerte concentración de bajos ingresos (59% de estos se encuentran en la columna del 40% de los más bajos, cf. infra Cuadro 3). En cambio, es en el sector terciario moderno (banca, electricidad, gas, servicios de salud, transportes, comunicación y función pública) donde se encuentra la casi totalidad de los asalariados con los más altos ingresos. Dos sectores, la industria y la construcción, donde se encuentran, a la vez, tanto trabajadores por cuenta propia como asalariados -mano de obra, sobre todo-, se encuentran entre los más pobres, mientras que los mineros y los trabajadores del petróleo se sitúan en una franja intermedia.

Cuadro 3 Distribución de los Ingresos de los Trabajadores según los Sectores de Actividad

20Pero, la sola consideración de los datos precedentes no explica el abismo que separa la cumbre de la base en la pirámide social, desde el punto de vista de los ingresos y los modos de vida. ¿Qué pueden tener en común el propietario de una "mina mediana" o el de una casa de importación-exportación y, por ejemplo, el campesino del altiplano, propietario de una pequeña parcela de tierra?

21Y esta distancia socioeconómica se duplica aquí con una distancia cultural, tal que el primero puede, sin problemas, no entender una palabra del idioma cotidiano del otro, y vice versa. Por otra parte, esto conduce a una racionalización de la distancia cultural por parte del dominante quien estigmatiza al segundo tratándolo de "indio"; la indianidad, en este caso, significa inferioridad racial o cultural, o las dos a la vez.

22En suma, la jerarquía social boliviana está concebida en dos escalas: una escala socioeconómica (riqueza y posición social) y una escala que, a falta de otro nombre, se denominaría étnica (raza y cultura). Los dos criterios se utilizan permanentemente para situar a un interlocutor y para situarse a uno mismo. Si en el ejemplo anterior coinciden, esto es porque ahí se encuentran dos extremos. Pero, de hecho, en las posiciones intermediarias, no existe, necesariamente, un ajuste entre los dos tipos de calificación, aun si, a grosso modo, a medida que uno asciende en la escala social, sea por enriquecimiento o por educación, uno de "blanquea" -o "criolliza"-, independientemente del color de la piel o del origen cultural. Inversamente, la caída social implica un "encholamiento" o "indianización", incluidos aquellos cuya filiación europea es relativamente inmediata.

23El criterio de distinción socioeconómica parece, a primera vista, muy marcado puesto que existe una gradación tanto en lo que a la fortuna como a las posiciones sociales se refiere. Las apreciaciones que permite contrastan la oposición blanco-indio o criollo-indio. Pero, de hecho, existe un conjunto de términos para designar los mestizos culturales o raciales: mestizo, cholo, chola, cholita, birlocha, mozo, chuta, medio, indio o campesino refinado... La apreciación del número de los indios o los mestizos es un problema complejo. En rigor, irresoluble. Probablemente, desde el punto de vista biológico, dadas la historia de la Conquista y las migraciones posteriores, la mayoría de los bolivianos son mestizos. También lo son desde el punto de vista cultural, aunque se puede discutir hasta el infinito los grados de aculturación de tal o cual segmento de la población. Pero, en esos recuentos, no podemos descuidar las apreciaciones subjetivas de los principales involucrados, es decir, la posición étnica que ellos se asignan a sí mismos en este universo social y la que les asignada por otros; apreciaciones que varían según las circunstancias y los interlocutores. Actualmente, ¿no es acaso signo de orgullo, en los centros urbanos principalmente y, sobre todo, ante los extranjeros, el autodefinirse como "indio," portador de una cultura "auténtica"? (!) Y esta autoevaluación, ¿no es frecuente, precisamente, entre aquellos individuos que, debido a su uso del castellano o su forma de vestir, uno se vería inclinado a considerarlos como cholos o criollos?

24Se podría, evidentemente, utilizar estos criterios, idioma cotidiano, vestimenta -los que, dicho sea de paso, fueron utilizados en el censo de 1950 para discernir a los indígenas- o, también, el de las creencias religiosas, para clasificar a los habitantes dentro sus tipos culturales, pero, fuera del hecho que estos criterios no se ajustan unos con otros, eso sería cerrar los ojos ante la dimensión subjetiva cuya importancia determinante acabamos de examinar.

25Volvamos, pues, a nuestro propósito inicial. Lo que aquí nos importa es saber si hay rupturas verticales en las escalas de clasificación, dónde se encuentran y si éstas determinan a los grupos susceptibles de conformar alianzas. La apreciación es muy difícil si uno se limita a la sola presentación de los criterios demográficos, económicos, sociales y culturales, que acabamos de destacar.

26Para ver más claro, es también necesario tener en cuenta -como acabamos de señalar- las apreciaciones subjetivas de los actores e inscribir a estos últimos en una trayectoria histórica.

27Retomando la revolución de 1952, se puede apreciar un doble proceso de movilización social, tal como la entiende Karl Deutsch (cf. Deutsch 1961): tenemos, por un lado, la exposición de grandes grupos tradicionales a la modernización, y, por otro, la incorporación política o incorporación ciudadana de estos mismos sectores, excluidos, hasta entonces, de los mecanismos de decisión política.

28Retomemos algunos indicadores utilizados por K. Deutsch para caracterizar la movilización. El mejoramiento de la infraestructura del transporte es evidente y se manifiesta en la apertura de nuevos caminos (ruta Cochabamba-Santa Cruz en 1958; 11.053 kms de rutas en 1947; 31.000 en 1964,37.784 en 1976), de líneas férreas (Santa Cruz-fronteras brasilera y argentina) y de nuevos transportes aereos civiles (Lloyd Aereo Boliviano) y militares (Transportes Aereos Militares). Es obvio que estas facilidades en la comunicación facilitan la migración y, en consecuencia, tanto la urbanización como la colonización del frente oriental, que ya hemos señalado. A su vez, la urbanización facilita las comunicaciones sociales. Las líneas telefónicas se multiplican (22.500 teléfonos en 1964, 63.647 en 1976 y 112.600 en 1979). En 1978, el país cuenta también con 119 emisoras de radio y la televisión, que apareció a principios de la década, gana rápidamente en audiencia.

29Esta exposición a la modernidad se manifiesta también a nivel cultural. Como dice Javier Albó (1975), antes de 1952, la educación rural era una idea loca difundida por un puñado de idealistas. En 1976, es un servicio ampliamente difundido: la cabecera de puente más numerosa y la cobertura territorial más amplia del Estado en las zonas rurales.

30En 1950, 84.7% de la población rural de 6 a 14 años no asistía a la escuela; en 1976, este porcentaje es de sólo 20.6%. Aunque no cesa de existir una brecha grande entre la educación de los jóvenes de origen campesino y la de los de origen citadino, es claro que el nivel educativo en el campo cambió radicalmente en 20 años. Después de 1952, la demanda educativa fue muy fuerte en el campo, a tal punto que, en 1966,1.424 escuelas rurales eran todavía privadas -o sea, un tercio del total-porque el presupuesto público no alcanzaba para cubrir el gasto de los cargos.

31En el conjunto del país, en cien años de alfabetización el porcentaje sólo había crecido en un 19%, mientras que, en los últimos veinticinco años, ésta había aumentado en un 35% (cf. Romero Pittari 1971). Para captar mejor este fenómeno, conviene comparar las cifras de las poblaciones alfabetizadas de más de 15 años de edad, que han cursado, por lo menos, tres años de estudio. En efecto, más allá de un determinado número de años de escolarización, los resultados son fácilmente reversibles. En 1975, 50.62% entran en esta categoría. En 1950, los alfabetizados mayores de 15 años, independientemente del número de años escolares, representaba solamente el 32.27%. Por otra parte, en 1975, el porcentaje de alfabetizados es más elevado en la categoría de los 15-19 años: un 77.36%; la cifra disminuye en la medida que uno avanza hacia las categorías de mayor edad. En otras palabras, cuanto más joven uno es, más posibilidades tiene de contar con más años de estudio.

32Por supuesto, tanto el incremento en las comunicaciones sociales como la educación tienden a modificar las prácticas idiomáticas. Como dice Javier Albó, "hay un doble intercambio lingüístico y cultural entre el campo y las ciudades. Por una parte, a través de las escuelas y otros servicios nacionales, el castellano está penetrando más en el campo, consiguiendo mayores porcentajes de bilingüismo entre la población quechua y aymara, sobre todo entre los varones de la generación joven. Por otra parte, el quechua y aún más el aymara ha penetrado mucho más la periferia de las ciudades, sin llegar a perderse al llegar ahí" (Albó 1979: 22).

Cuadro 4 Idioma habitual en Bolivia en 1950 y en 1976

33En el departamento de La Paz, si bien el castellano es el idioma habitual del 88% de los habitantes de la ciudad de La Paz, en el campo, sólo lo utiliza habitualmente un 12% de los campesinos. Pero, se puede observar que ante un 24% de mo-nolingües en castellano y un 21% en aymara, existen 46% de bilingües y un 2% de trilingües (que también hablan quechua). O sea, hay una mayoría de 73% que puede expresarse en castellano en este departamento. En los departamentos de Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, el idioma dominante es el quechua, con un alto porcentaje de biblingües. En los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, el castellano es, de lejos, el idioma dominante.

Cuadro 5 Reparticipación de los Hablantes en Porcentajes

34En conclusión, la tendencia es hacia el aprendizaje del castellano, sin eliminación de los idiomas nativos, y, entonces, hacia un incremento del bilingüismo. Esta comprobación se presta a diversas interpretaciones contradictorias. Asumiendo que el idioma constituye la trama de una cultura, se puede afirmar que la cultura hispánica prima sobre las culturas quechua y aymara. O, en cambio, como propone Javier Albó, se puede insistir sobre el hecho que el aymara y el quechua han penetrado la periferia de las ciudades y, en ese caso, es posible hablar de la emergencia de culturas urbanas aymara y quechua.

35En lo que a la incorporación ciudadana se refiere, ésta ha sido directamente provocada por la revolución de 1952. En efecto, el gobierno fruto de la insurrección de abril de 1952 realiza un cambio radical del paisaje político. El derecho al voto universal se decreta el 21 de julio de ese mismo año. Pero, ésta es sólo la más fundamental y simbólica de una serie de otras medidas que implican esta inclusión política y esta afirmación de la ciudadanía para todos. También hay que mencionar la Reforma Agraria (2 de agosto de 1953) que distribuye las tierras de los grandes latifundios entre los campesinos, convirtiéndoles en pequeños propietarios independientes, la Reforma Educativa (25 de enero de 1955) cuyos efectos acabamos de examinar o, también, la puesta en marcha de una Caja Nacional de Seguro Social (14 de diciembre de 1956) que incluye a la mayoría de los sectores asalariados.

36Esta ciudadanía ha sido más una conquista que una concesión, gracias a la insurreción que no sólo instituye al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el poder sino que también constituye (17 de abril de 1952) a la poderosa y única conferederación obrera, que agrupa a todos los sindicatos del país: la Central Obrera Bolivia (COB); una confederación lo suficientemente poderosa, vigorosa y bien organizada como para imponer al MNR el famoso "cogobierno": cuatro ministerios son ocupados por responsables sindicales. Y, finalmente, el avance popular es tal que, con el ejército derrotado y humillado, se organizan milicias populares -a menudo, con las armas y fusiles incautados a los militares- para garantizar la seguridad del Estado; las milicias de los mineros y los campesinos eran las más numerosas y mejor estructuradas. En cuando a las Fuerzas Armadas, reprimidas pero, pese a todo, conservadas, se las aleja de las ciudades y se las obliga a realizar tareas civiles de desarrollo.

37Estos dos movimientos convergentes de inclusión-participación ciudadana y de movilización social provocan alteraciones en la pirámide social. Estas son particularmente notables en el campo, de donde se expulsa a la aristocracia terrateniente y donde nuevos canales de movilización social se abren para los campesinos: comercio y transporte, cargos de responsabilidad sindical y política locales, además, de empleos o de cargos en la enseñanza para los que emprenden estudios ahora posibles. Pero, también son perceptibles en otros sectores. El sector obrero, por ejemplo, consolidado en su poder sindical, es ahora capaz de influir en la organización del trabajo y en las remuneraciones. Este es, notablemente, el caso de los mineros quienes logran el derecho de designar un representante en cada una de las minas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la poderosa compañía creada con la nacionalización de las minas de los tres "barones del estaño" (Patiño. Hoschild y Aramayo). Este representante, el "control obrero," tiene derecho a veto ante las decisiones que le parezcan inapropiadas. De manera general, el sindicalismo se asemeja a una gigantesca empresa de promoción social. Según el Ministerio del Trabajo, habría aproximadamente un dirigente sindical por cada tres adscritos, y aquéllos gozarían de una serie de ventajas como un menor tiempo de trabajo, bonos suplementarios y, entre otros, acceso a la compra de productos importados a precio reducido (cf. García 1966).

38El sector educativo y, en general, toda la función pública ofrecen nuevas oportunidades de trabajo; y, también, el comercio y el trasporte, como ya hemos mencionado. En suma, a principios de los 50, el conjunto de perspectivas abiertas de movilización tanto geográfica como social ofrece la imagen de una sociedad en movimiento, que contrasta con el mundo social estático del periódo precedente.

39Pero, muy rápidamente, los canales de movilización vertical serán obstruidos y las posiciones sociales volverán a detenerse. De los dos procesos en marcha, los de movilización social y de incorporación ciudadana, sólo el primero continuará. La política de apertura se detendrá a partir de los años 60 y, mucho más, con el retorno de los militares al gobierno (1964).

40Desde entonces, los sectores organizados durante el período previo -en sindicatos, sobre todo- se enfrentarán frontalmente a los gobiernos que minimizan el papel de los partidos políticos y que, en general, tienden a liberalizar la economía y reducir los logros sociales: salarios, condiciones de trabajo, modos de representación... La lucha se torna más encarnizada en la medida que todos esos sindicatos -con excepción de los campesinos- se reagrupan en la Central única que es la COB, dominada por la poderosa Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

41Estamos, pues, ante una situación donde existe una ruptura neta -donde existe segmentación- entre las élites económicas y políticas, y la gran mayoría de los asalariados -y, en ciertos momentos, los trabajadores por cuenta propia, notablemente campesinos, organizados gremialmente.

42Entre tanto, los empresarios quienes crean la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en 1962 son poco activos como grupo, no comprenden la "filosofía democrática" sino a fines de los 70, hasta ignoran "los elementos dinámicos de un mercado competitivo" (Libermann 1994) y, así, se contentan con el slogan "orden, paz y trabajo" de los gobiernos que controlan los avances sindicales; aunque algunos de ellos se sienten molestos ante el control estatal de grandes franjas de la economía.

43En suma, por lo tanto, podemos presentar la sociedad boliviana de 1977 como una sociedad segmentada; y, para aquellos que son sus víctimas, esta segmentación se torna cada vez más insoportable, en la medida que la movilización social continúa, pues permite el contacto y la información recíprocos entre los sectores víctimas de la segregación.

El contexto internacional y las presiones democratizantes

44En el caso de las protestas en favor de los derechos humanos o, más bien, en el del movimiento por los derechos humanos, parece evidente que su estudio no puede limitarse al examen de las oportunidades políticas a nivel nacional y que, al contrario, es necesario adoptar una "perspectiva globalista," como la denomina Aristide R. Zolberg (cf. 1985). La secuencia política que se observa en la Bolivia de las dictaduras militares a partir de 1964 -combatiendo guerrillas (1967, 1970) y combatiendo, a la vez, las luchas internas por los derechos humanos-, se reconoce igualmente en otras partes de la America del Sur. Y, tampoco basta la sola dimensión sudamericana basta para explicar el alcance de las batallas locales que, en realidad, sacan una parte de sus recursos a nivel mundial y, también, adquieren sentido a este nivel: Bolivia representa uno de los territorios de enfrentamiento entre los dos bloques; lo que ahí se libra es la batalla del bloque occidental contra el comunismo. El golpe de Estado de 1964 se hizo posible y probable por la revolución cubana (como también toda la serie de putschs en América del Sur); es la respuesta del bloque occidental que fortalece las fuerzas armadas del Sur y las entrena en la contraguerrilla; cuando esas guerrillas, atizadas por Cuba, florecen en el subcontinente, tratando de multiplicar los Viet Nam (cf. Mercier Vega 1968). Con las dictaduras instaladas y las guerrillas debilitadas, entonces, devienen posibles las resistencias internas, las" resistencias civiles," diría Jacques Semelin (1995), aunque no las únicas, ante los regímenes autoritarios en nombre de los derechos humanos; resistencias, en cierta forma, importadas o copiadas de las realizadas por los disidentes en el bloque comunista. De modo que, tanto en el Este como en el Oeste, encontramos formas de lucha idénticas y en nombre de los mismos principios, rápidamente apoyadas, desde ya, por los países del bloque occidental porque parece evidente que este tipo de luchas resulta eficaz para combatir al comunismo.

45Si bien la secuencia de las respuestas norteamericanas a la revolución cubana y, más particularmente, de los entrenamientos contraguerrileros de las fuerzas armadas del Sur es algo bien conocido, así como también el pasaje hacia la dictadura en la mayor parte de los países del subcontinente americano, no sucede lo mismo con la trayectoria de las acciones colectivas y de las políticas en favor de los derechos humanos.

46Un primer paso, decisivo, se da en 1966, cuando la ONU impulsa dos pactos internacionales: el primero relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y el segundo a los derechos civiles y políticos. Poco tiempo después la Convención americana para los derechos humanos, firmada en Costa Rica, fortalece este tipo de revindicación. Da lugar a la Comisión interamericana de los derechos humanos y recomienda la creación de una Corte de justicia interamericana para juzgar las violaciones de los mismos en el continente (cf. Pastor (comp.) 1989). En el seno de la Iglesia, sería el papa Paulo VI quien introdujo la expresión derechos humanos en ocasión de su alocución de año nuevo en 1969: "La promoción de los derechos humanos, camino hacia La Paz" (cf. Plongeron 1981: 52-62).

47En la URSS, el Comité de derechos humanos presidido por Andrei Sajarov, Andrei Tverdoklebov y Valeri Chalidze nace en noviembre de 1970. Este es un momento clave de la "disidencia" típica de los años 1969-1979; "disidencia" que también se manifiesta en los paises del Este vecino (Carta 77 en Checoslovaquia, KOR (Comité de Defensa de los Obreros), Grupo de Expertos y Solidaridarnosc en Polonia...). Así, el problema de los derechos humanos se torna central, desde el punto de vista de la estrategia política internacional. En 1975, la Conferencia de Helsinski sobre la seguridad y la cooperación, en su acta final, vincula -y hasta subordina- las relaciones internacionales con la libre circulación de las ideas y personas. Esta tendencia se precisa y destaca aún más cuando Jimmy Carter ocupa la Casa Blanca, en noviembre de 1976, justo cuando el problema de los derechos humanos en el mundo agita la opinión pública en los Estados Unidos (cf. Brinbaum 1987:92-105, Rouquié 1981: 49-56).

48Respecto a la América del Sur, el gobierno de Jimmy Carter se propone "hacer respetar los derechos humanos en el triple plano de la seguridad personal, las libertades civiles y políticas, y del bienestar económico", "empleando sólo medios acordes con los ideales americanos" y "facilitar la reforma por medio de una ayuda económica y militar para evitar la revolución" (Granjon 1981: 57-71). En efecto, ciertos países, cuyos métodos expeditivos se mostraban muy claramente excesivos, vieron cortada su ayuda del norte: ayuda militar -Argentina, Uruguay, Salvador, Guatemala, Brasil, Chile-; ayuda económica -Uruguay, Chile (después del asesinato, en los Estados Unidos, de Orlando Letelier, ex ministro de Asuntos Exteriores chileno), Bolivia (luego del golpe de Estado de García Meza). Al mismo tiempo, las transiciones democráticas fueron fomentadas directamente. La propia esposa del presidente estadounidense oficia de embajadora en el primer viaje diplomático realizado en la región, para intentar convencer a los gobiernos del Brasil, Perú y Ecuador. De acuerdo a lo prometido, realizadas las elecciones en el Perú y Ecuador, en 1979 y 1980 respectivamente, ella retorna a estos países para asistir a la ceremonia de investidura de los nuevos presidentes. Otros países, como Panamá, la República Dominicana, Honduras, también convocan a elecciones.

49En esa coyuntura, en los países sudamericanos con régimen dictatorial, surgen, en prácticamente todas partes, resistencias sociales en nombre de los derechos humanos (Arns Cardinal 1980:43). Es en el Brasil, en 1973, que el Arzobispo de Sao Paolo organiza la primera semana de defensa de los derechos humanos, apoyándose en "fundamentos bíblicos." Siempre en el Brasil, ese mismo año, la Conferencia de obispos, en su trigésima asamblea general, aprueba un conjunto de proposisiones relativas a la participación de los cristianos brasileros en la defensa de estos derechos. A principios de 1974, siempre en Sao Paolo, se crea un Comité de defensa de los prisioneros políticos, que el es punto de partida del Movimiento pro-amnistía. Y, es interesante constatar que, en abril de 1975, las mujeres brasileras, con motivo del Año Internacional de la Mujer, organizan un movimiento femenino para la amnistía, que tuvo una amplia repercusión. En todos estos movimientos, la Iglesia estuvo siempre muy cerca. El cardenal Arns, arzobispo de Sao Paolo, encabeza un ayuno colectivo de 24 horas, en el que participan los católicos de su diócesis, para protestar contra la tortura o la violación de los derechos penales (cf. Marka (Lima), 18.12.1975). En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, como en el de la conformación de las comunidades eclesiales de base, el espicopado brasilero es, ciertamente, el pionero, a la manera de Chile y de Perú. A fines de los años 70, estas luchas son ya corrientes tanto en el Cono Sur como en América Central.

50En Bolivia, la presión de la administración Carter se inicia en 1977, con motivo de la vista de Terence Todman, secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos.2 Y es en Washington, el 10 de setiembre, que el presidente Bánzer, quien estaba invitado por Jimmy Carter con motivo de la firma de los nuevos tratados relativos al Canal de Panamá, declara por primera vez sobre una eventual convocatoria a elecciones antes de 1980. Según una declaración del embajador de los Estados Unidos en Bolivia, publicada en el diario Presencia el 3 de noviembre, el presidente Carter le habría expresado al general Bánzer su "firme anhelo" de ver al país gobernado por un régimen civil y constitucional. Una vez hecha pública la convocatoria a elecciones (el 9 de noviembre de 1977), el gobierno estadounidense saluda esta importante decisión "como un primer paso hacia medidas más liberales", sobre todo, en lo que a la vigencia de las organizaciones representativas (partidos, sindicatos, asociaciones...) se refiere (cf. Presencia 16 de noviembre de 1977).

51Venezuela juega un papel de intermediario de los Estados Unidos para incitar al gobierno boliviano para que se comprometa a emprender el camino de la liberación política. Así, el 30 de junio, con motivo de la visita del general Bánzer a este país, la Cámara de diputados aprueba una resolución donde reafirma su fe en el pronto reestablecimiento de las instituciones democráticas y la eliminación de toda dictadura en Bolivia (Boletín IPE, 08.1977). Nada más claro. Ahora bien, pocos países eran más dignos de atención que Venezuela, firme en su apoyo a la política de "retorno al mar," tan cara a Bolivia, y generoso donante de un barco prometido a las fuerzas navales nacionales.

La estructura de las ocasiones políticas

52Caracterizar las situaciones políticas en las cuales los gobiernos son vulnerables ante las acciones colectivas protestatarias o, más exactamente, aislar los aspectos del contexto político que hacen posibles y viables las protestas y sus éxitos, es la idea resumida en la expresión "estructura de las ocasiones políticas," formalizada por Sidney Tarrow3. Nos invita a prestar especial atención al grado de apertura de la polity, la estabilidad relativa de los acuerdos o alianzas (aligments) políticos, la presencia o ausencia de aliados para los protestatarios, las divisiones en el seno de la élite, así como también a su grado de tolerancia a la protesta y, finalmente, la capacidad del gobierno para gobernar, para desarrollar políticas públicas.

53Analizando está lista, Tarrow advierte que esta noción designa más un conjunto de variables ligadas entre ellas que una sola variable. Siguiendo a Doug Mc Adam, añadamos que una lista definitiva de tales condiciones es, en rigor, imposible de realizar (Mc Adam 1982: 146); de hecho, todo aquello que fragiliza una situación de poder constituye una oportunidad de protesta para los contestatarios.

54Un estudio comparativo reciente de Hanspeter Kriesi y varios colaboradores, relativo a los nuevos movimientos sociales en Europa, muestra bien la dificultad que existe para transponer un modelo de estudio relativo a las ocasiones políticas de un contexto a otro (cf. Kriesi, Koopmans, Duyvendak y Gugni 1995).

55De entrada, estos autores proponen restringir la noción de estructura de ocasiones políticas a las características del sistema que determina o, más bien, condiciona al movimiento protestatario, independientemente de los fines de los actores implicados (purposive action), quienes deben elaborar sus estrategias a corto plazo en función de esas condiciones. En segundo lugar, distinguen tres conjuntos de propiedades del sistema político: las instituciones formales, los procedimientos informales y las estrategias que sobresalen entre los constatanos, y, finalmente, las configuraciones de poder que de todo ello resultan para enfrentar tales desafíos.

56Notemos, al pasar, que, en esta presentación, únicamente el primer conjunto de variables puede ser considerado como una estructura, es decir, como un cuadro normativo relativamente fijo y estable. Las estrategias de los actores y, en consecuencia, las configuraciones del poder, que de ello resultan, son evidentemente mucho más móviles y fluctuantes. Y de lo que se trata es de reconocer entre ellas algunas, las más particularmente propicias para la acción protestataria.

57En este estudio, dentro el ámbito de las instituciones formales, los autores se interesan por el acceso a las instituciones del Estado. Y este acceso está en función del grado de descentralización territorial: "Cuanto mayor la descentralización, tanto más fácil el acceso formal" (Kriesi et al 1995: 171). De ello resulta que los Estados federales, como Alemania, Suiza y Estados Unidos se contraponen a los Estados centralizados, como Francia, Holanda, Suecia. En segundo lugar, este acceso está en función del grado de centralización del Estado. Cuanto más separados los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial), más fácil es su acceso. En este caso, Alemania y los Estados Unidos son más abiertos que Francia y, hasta cierto punto, que Holanda. En tercer lugar, depende de la coherencia (coordinación interna, profesionalismo) de la administración pública. Según este criterio, Francia muestra mayor coherencia que Estados Unidos o Suiza; Alemania y Holanda serían casos intermedios. Finalmente, el acceso formal es también función del grado de institucionalización de los procedimientos de democracia directa. En este caso, el indicador es el referendum; un procedimiento relativamente frecuente en Suiza y en ciertos estados de los Estados Unidos.

58En base a estos indicadores se distingue entonces entre Estados abiertos y cerrados. Suiza tendría el Estado más abierto -el más accesible-, Francia el más cerrado. Alemania sería relativamente abierta, debido a sus instituciones federales y un poderoso aparato judicial; en cambio, Holanda sería más bien cerrada, debido a su centralismo y su poder ejecutivo fuerte.

59Esta rápida presentación muestra, sin necesidad de entrar en mayores detalles, que no podemos utilizar estas variables en el caso que nos ocupa. Como afirma Hanspeter Kriesi: "The opportunity structure refers to the aspects of the political system that are relatively stable over time" (: 173); ahora bien, las dictaduras no son modelos de estabilidad.

60La segunda variable del modelo que se ocupa de los procedimientos informales y de las estrategias utilizadas por los contestararios tampoco puede ser utilizada al nivel de generalización pertinente en el caso de los países europeos. La idea de culturas políticas inscritas en esta tradición, sean éstas cerradas o exclusivas -es decir, represivas, de oposición, polarizantes...- o ya sean integrativas -facilitadoras, cooperantes, asimilantes...-, implica también una cierta permanencia. Pero, cuando de las dictaturas se trata, esa tradición, o esa permanencia, habría sido rota. ¿No se decía, acaso, que Chile tenía una tradición democrática, y también Uruguay? (!).

61En la clasificación de Hans Peter Kriese, Suiza tiene un Estado débil (instituciones formales) e integrador (estrategias informales), por oposición a Francia que tiene un Estado fuerte y cerrado. Si siguiéramos este tipo de lectura, podríamos decir que los Estados de Chile y de Bolivia serían parecidos al de Francia. O sea: los hilos de este tipo de tejido son demasiado gruesos como para poder especificar qué dictadura nos ocupa.

62Además, en este caso, siendo dudoso y aceptable el carácter duradero de la dictadura, siendo débil su legitimidad, la noción misma de estructura de las oportunidades u ocasiones políticas presenta problemas. Aun teniendo en cuenta que el régimen del general Bánzer duró siete años -todo un record en el panorama político boliviano- ello no basta para garantizar su estabilidad y, por otro lado, es difícil, si no imposible, referirse a la ley (o a las leyes) para caracterizar el tipo de marco en el que se desarrolla la vida política. Los puntos de referencia son, pues, necesariamente vagos allí donde la Constitución no es respetada. En otras palabras, la expresión "coyuntura de las ocasiones políticas" o la de "ocasión política" son más adecuadas para designar el contexto favorable en el que toma forma la protesta.

63En este caso, nos parece necesario pintar, describir, directamente la configuración del poder militar e identificar los factores que influencian los costos de la acción -o de la inacción-colectiva. Lo que implica un análisis detallado del ejecutivo marcial y de su grado de tolerancia ante la protesta -dos variables que figuran en la lista de Sidney Tarrow.

64En esta misma lista figura también la existencia de aliados u asociados cuya colaboración disminuye el costo de la acción colectiva y que, al mismo tiempo, incrementa el de la respuesta de los enemigos. Para evitar repeticiones, este punto crucial de las alianzas será examinado en el capítulo consagrado a la organización de la protesta. De modo que, aquí, nos ocuparemos únicamente de los datos contextuales o ambientales, relativos al campo de los miembros de la polity, dicho sea retormando los términos de Charles Tilly.

La dictadura

65El 21 de agosto de 1971, el coronel Bánzer y sus aliados expulsan al general Juan José Torres del gobierno. El golpe de Estado ocurre cuando se había conformado una franja de gobiernos socializantes en el Cono Sur: Chile estaba gobernado por Salvador Allende, y el vecino Perú por el general Velasco Alvarado; por otra parte, en ese mismo período, diferentes grupos de guerrilleros operaban en la Argentina y los Tupamaru uruguayos estaban en su zenit. En cierta forma, con el golpe boliviano del 21 de agosto, se prepara el retorno del bastón de mando en esta parte del subcontinente: siguen Chile y Uruguay, en 1973; luego Perú, con el reemplazo del general Velasco por el general Bermúdez, en 1975; y, finalmente, Argentina, cuando, en 1976, el general Videla toma el poder.

66Según J. Dunkerley, surge, entonces, un "modelo del cono sur," caracterizado por la prohibición del ejercicio de las libertades sindicales vigentes, por un Estado-cuartel autoritario, por la exaltación belicosa del "cristianismo occidental" y por sistemas corporativistas de organización social (cf. 1987: 174).

67Al principio, el coronel Bánzer gobierna con una coalición de dos partidos políticos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB) -sus dos líderes, Víctor Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez respectivamente, son nombrados ministros-; estos tres aliados conformaron el Frente Popular Nacionalista (FPN), que también incluía a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); su slogan, constantemente machacado por la propaganda oficial, era de: "Paz, orden y trabajo."

68En septiembre de 1974, por medio de un decreto, el ejecutivo se autoriza a gobernar como crea conveniente; en el mismo, afirma la vigencia de la Constitución de 1967 y, al mismo tiempo, limita su la aplicación a "todos los aspectos que no contradicen el espíritu y la naturaleza del gobierno nacionalista" [sic]. Poco tiempo después, legaliza la pena de muerte y la detención de sospechosos por tiempo indefinido (junio de 1972).

69Más adelante, el 8 de julio de 1974, con el pretexto oficial de la necesidad de una reforma constitucional, los civiles son expulsados del gobierno y, en consecuencia, las Fuerzas Armadas gobiernan solas. Finalmente, pocos días después de un golpe de Estado fallido, el 7 de noviembre del mismo año, el ejecutivo marcial fortalece su aparato autoritario, reproducien do el modelo corporatista del vecino régimen chileno: todos los partidos políticos fueron proscritos; los responsables sindicales reemplazados por "coordinadores," oficialmente nombrados; se institucionalizó un servicio civil obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad, quienes, así, debían ocupar los cargos para los que eran directamente designados; se prohibieron las huelgas y las manifestaciones. Toda transgresión a estas disposiciones sería sancionada por la ley marcial. Finalmente, bajo esta forma, las Fuerzas Armadas se auto facultan para gobernar al país hasta 1980.

70Pero, en el fondo, este cuadro general importa menos que la realidad de la represión, sus blancos, sus etapas, sus formas, y es sobre éstas que es necesario insistir. Entre octubre de 1971 (es decir, después del momento duro del golpe de Estado) y fines de 1977, la documentación reunida por las organizaciones para la defensa de los derechos humanos reconoce por lo menos 200 muertos, 14.750 prisioneros -sin juicio previo, en su mayoría- y 19.140 exilados políticos y el número de exilados económicos asciende a 78.000.4 Como destaca J. Dunkerley, esta enumeración es engañosa. En primer lugar, el régimen dictatorial del coronel, luego general, Bánzer puede, a primera vista, parecer relativamente moderado. De hecho, hay que medir estas cifras dentro la población del país (5 millones de habitantes en 1976, con casi 60% rurales). Es decir que "en los centros urbanos e industriales, donde se concentraba la vida pública y política, el impacto de la represión fue considerable" (Dunkerley 1887: 179).

71Excepto el empresariado, ningún sector organizado fue descuidado por la represión (mineros, obreros, campesinos, empleados, estudiantes, periodistas...); ciertamente, la mayoría de los partidos políticos fue perseguida, y muchos de sus líderes obligados al exilio o a la clandestinidad; las iglesias también fueron tocadas, principalmente la católica, cuya ala progresista fue particularmente atacada. Los detalles sobre la intensidad de la represión se encuentran en el próximo capítulo, dedicado a las organizaciones de apoyo a las huelguistas. Aquí, nos limitaremos a subrayar, una vez más, el hecho de que es el conjunto de la sociedad boliviana el que está implicado -con la "buena sociedad" paceña incluida, varios de cuyos hijos no fueron ajenos a la agitación universitaria y, por lo tanto, fueron víctimas de las batidas policiales; se verá, por ejemplo, que, en la Universidad Católica, que acoge a un estudiantado privilegiado, los responsables universitarios fueron apresados y que sus compañeros organizaron varias manifestaciones para lograr su liberación.

72Después de la fase de instauración del régimen -fase marcada por la brutalidad del coronel Selich en tanto que comandante del regimiento Rangers de Santa Cruz (98 personas asesinadas y 506 heridos en 30 horas de asalto a Santa Cruz5), primero, y, luego, como ministro del interior-, no es fácil discernir etapas claras en la administración de la represión. El ritmo está marcado, a la vez, tanto por determinadas operaciones policiales preplanificadas como por la necesidad que tiene el aparato policial de reprimir las movilizaciones protestatarias. Más adelante, veremos que los aparatos represivos fueron requeridos sucesivamente para controlar las huelgas de mineros, estudiantes y obreros -cuyas protestas, a menudo, eran simultáneas-; también lo fueron durante los intentos de golpe de Estado, en las purgas internas -militares o civiles (luego de haber sido uno de los miembros más eminentes del FNP y del gobierno, Víctor Paz Estenssoro tuvo que exiliarse, a principios de 1974).

73En suma, si bien existe un proyecto claro para destrozar todas las oposiciones, atacando sus recursos materiales -censura de prensa, congelamiento de los recursos financieros de los campesinos kataristas, por ejemplo- o a sus responsables -sea de manera preventiva o, si se puede decir, directamente curativa-, lo que al fin de cuentas sobresale -pese al derroche de esfuerzos- es el lado caótico, borroso, del conjunto del proyecto, y sus dificultades. Estas, dicho sea de paso, se notan precisamente, en los múltiples tipos de resistencia que el gobierno tuvo que enfrentar.

74A este nivel, sería necesario completar la información incorporando los diversos mecanismos de represión, su coordinación (buena o mala) y sus resultados. Se trata, evidentemente, de una tarea delicada, por no decir imposible. Sin embargo, al respecto, con J. Dunkerley se puede destacar que, en Bolivia la brutalidad y el "entusiasmo visceral" primaban, a menudo, sobre el profesionalismo en lo que a control público y a la eliminación de la oposición se refiere; por otra parte, con el tiempo, fue posible rescatar las huellas de todos las personas que fueron víctimas del aparato policial -algo que no fue posible en Argentina y Chile (Dunkerley 1987:178-179).

75De todas maneras, parece claro que una de las causas de la longevidad del general Bánzer se debe a la omnipresencia y la eficacidad de los servicios de información y de represión política: en primer lugar, los servicios de información de las Fuerzas Armadas, pero también del Servicio de Inteligencia del Estado (SIE), dependiente de la Presidencia de la Reública, y el Departamento de Orden Político (DOP), dependiente del ministro del Interior. Cada una de estas instancias tenía sus respectivas antenas departamentales, que vigilaban tanto a los civiles como a los militares. Según Gerardo Irusta Medrano, todos los jefes de estos servicios eran, de lejos, anticomunistas confesos y el menor signo de progresismo les hacía "ver rojo" (1990:111-112).

76En teoría, la movilización contestaria debería haberse vuelto muy difícil, hasta casi imposible, se diría, durante este período dictatorial; el papel de la represión era, precisamente, el de encarecer el costo de la misma. Pero, al mismo tiempo, la represión ofrecía motivos para la protesta. Además, como vimos, aunque brutal y masiva, no dejaba de ser caótica. Dejaba abiertos algunos espacios para la acción contestataria y, a la vez, alimentaba la esperanza de su eventual manifestación. Además, como veremos más adelante, las divisiones existentes en el bloque gobernante y algunas decisiones inoportunas o generatrices de efectos -tal la decisión, por ejemplo, de retornar a un gobierno civil- permitieron el surgimiento de ocasiones políticas. Finalmente, como subraya Albert Hirshman, la vocación militante tiene más grandes posibilidades de expandirse en ciertos regímenes represivos: "[L]as sociedades que ofrecen las más grandes posibilidades de expresar y manifestar verdaderas intensidades" son determinados regímenes represivos en los cuales todas las manifestaciones del espíritu crítico, desde las más moderadas hasta las más extremas, implican altos "costos signados en términos de penalidades y de varias sanciones" (1983: 181). Situaciones que, en efecto, contrastan con el confort, el aburrimiento, la rutina democráticos, en los que "el sufragio universal humilla la expresión de la intensidad de los sentimientos que aquejan a los ciudadanos ante los poderes públicos" (: 180).

Las divisiones en las Fuerzas Armadas

77Cuando el entonces coronel Bánzer toma el poder luego del golpe de agosto de 1971, las Fuerzas Armadas ya habían estado gobernando el país desde el 5 de noviembre de 1964. Los golpes de Estado sucesivos que marcan su administración demuestran claramente que las Fuerzas Armadas estaban divididas: divisiones organizativas tradicionales, generacionales, promocionales; rupturas entre los militares acuartelados y aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad, acusados de enriquecerse ilícitamente o de reprimir abusivamente; diferendos ideológicos que separan a los nacionalistas de los liberales, y a los constitucionalistas de los partidarios de perpetuar la presencia de los militares a la cabeza del país.6 La duración -siete años- del gobierno de Bánzer inclina a pensar que habría logrado, por lo menos, una apariencia de unidad en el seno de las Fuerzas Armadas. De hecho, eso no sucedió: las depuraciones de los oficiales de alto rango rivales y las reiteradas tentativas de golpe de Estado son los signos más visibles de ello.

78Señalemos, de entrada, que en agosto de 1971 aún no se había designado al sucesor de J.J. Torres. La decisión fue tomada el 22 de agosto, en La Paz; los candidatos potenciales eran el coronel Hugo Bánzer Suárez, el general Florentino Mendieta, el coronel Remberto Iriarte Paz y el mayor Humberto Cayoja Riart (Irusta Medrano 1990:101). Gana el coronel Bánzer, pero era el mayor Cayoja quien contaba con el apoyo de la oficialidad joven. Y estos ultimos deseaban que, luego de un prudente período de transición, sean convocadas las elecciones para retornar a un Estado de derecho (: 102).

79El primer contendiente eliminado fue el general A. Selich, ministro del Interior del gobierno fruto del golpe de Estado, particularmente activo en su labor represiva. En enero de 1972, fue nombrado, primero, embajador en el Brasil, luego, cuatro meses más tarde, fue destituido del cargo. En mayo de 1973, fue apresado y asesinado por sus carceleros (: 101-107; cf., también, Dunkerley 1987: 179). En agosto de 1972, el coronel Juan Ayoroa Ayoroa, comandante de la 2a. división del Ejército, es exilado a Brasil. 1973 es el "año de los complots" como titula un capítulo del boletín Bolivie: a la recherche d'une solution, editado por el Boliviacentrum de Amberes (1974). Es retirado el general César Ruiz Velarde, jefe del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas; el coronel Mario Adett Zamora, ministro del Interior, es designado embajador en Brasil, el 27 de abril de 1973; el general Joaquín Zenteno Anaya, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es delegado a la embajada en Francia -será asesinado en mayo de 1976-, y, mientras tanto, se elimina el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un cope de Estado fallido (07.11.1974), permite descartar a los coroneles José Patiño Ayoroa, ministro de Urbanismo y Vivienda, y a Miguel Ayoroa Montaño, ministro de Industria y Comercio; este putsch sirve de pretexto, por otra parte, para establecer un gobierno completamente militar. Finalmente, el 1^o. de junio de 1976, el general J.J. Torres, exilado en Argentina, es asesinado -poco después de la toma del poder por parte del general Videla en ese país. Ciertamente, estas son sólo las medidas más notables y las más conocidas para ir descartando contendientes directos; muchos otros oficiales fueron advertidos, frenados en sus carreras, designados a lejanos puestos fronterizos, intimidados o, finalmente, comprados.

80Sin embargo, el fenómeno más determinante, en lo que a cambios en el seno de las Fuerzas Armadas se refiere, es la llegada de nuevos oficiales a los puesto de comando en las unidades militares. Se trata de los oficiales formados en el Colegio Militar Gualberto Villarroel, después de la revolución de 1952. Denominados "oficialidad joven" o "grupo generacional," estos se agruparon en una organización colegiada que incluía a los mejores oficiales de las primeras cinco promociones después del 52 (Irusta Medrano 1990:63). Algunos de ellos se encontraron en primera línea durante las operaciones en contra de la guerrilla del Che Guevara; operaciones que, como se sabe, fueron rápidamente victoriosas. Lo que, ciertamente, fortaleció su credibilidad ante sus pares.

81El grupo estaba lejos de ser uniforme desde el punto de vista ideológico. Existían, por lo menos, tres tendencias: algunos radicales inspirados por el marxismo (Arsenio González. Carlos Escóbar...), una mayoría de moderados (entre los que se encuentran Jorge Echazú, Gary Prado, Raúl López Leytón, Lucio Añez... quienes tendrán un papel político protagónico más adelante) y, finalmente, un grupo nacionalista radical, inspirado en los escritos y acciones de la logia Razón de Patria (RADEPA), "guiado por Humberto Cayoja apoyado por los oficiales de la promoción de 1961 del Colegio Militar."7

82El 5 de junio de 1974, los mayores Gary Prado Salmón y Raúl López Leytón se rebelan con el fin de obtener la renuncia del presidente, acusado de estar rodeado por colaboradores mediocres, que ponen en peligro la integridad nacional y "cuyas locuras comprometen a las Fuerzas Armadas" (Irusta Medrado 1990: 109). Demandan que se instale un gobierno militar sin colaboradores de los partidos civiles, cuya tarea sea la de poner en marcha un proceso que lleve al retorno de un gobierno constitucional. Con este fin, exigen la convocatoria a elecciones. La conspiración fracasa -el intento estuvo mal planificado, mal coordinado, y sólo un regimiento acampañó la rebelión- y los responsables fueron exilados a Paraguay. En los hechos, no permanecieron mucho tiempo fuera porque, como señala J. Dunkerley, Bánzer se vio obligado a reincorporarlos pocos meses después, ya que ellos representaban una corriente muy importante entre los oficiales del post-52, con la que el presidente debía negociar si quería permanecer en el poder (cf. Dunkerley 1987: 185).

83Otro golpe de Estado, intentado por este mismo grupo, pasa casi desapercibido. Tuvo lugar en 1976 y condujo a la detención -y luego el exilio- de dos de los oficiales más radicales de la Oficialidad Joven, el general Arsenio González y el capitán Carlos Escóbar. De hecho, la oposición de los generacionales a la política del general Bánzer estuvo motivada, a la vez, por la corrupción de ciertos jefes -aunque los escándalos más notables no explotarán sino en 1977-, las vacilaciones para el retorno a la democracia y, finalmente, la política exterior del gobierno que emprende transacciones con las potencias vecinas, las que se consideran atentatorias contra la soberanía nacional.

84En estas motivaciones, la "negociación marítima" es la que, sin duda, más agudiza las pasiones y coloca al presidente en una situación débil e incómoda.

El acceso al Litoral del Océano Pacifico

85La recuperación de un acceso al mar perdido como resultado de la Guerra del Pacífico de 1880 constituye uno de los temas recurrentes y centrales de la política exterior boliviana. Para las Fuerzas Armadas, éste es un mito institucional fundamental:" El mar nos pertenece por derecho. Recuperarlo es un deber," se lee en los umbrales de los cuarteles y encabeza los documentos oficiales militares.

86Las relaciones diplomáticas con Chile habían sido rotas el 15 de abril de 1972, debido al desvío de las aguas del río Lauca para alimentar la central hidroeléctrica chilena de Chapiquina. Una nueva fase de negociaciones empezó a emprenderse en marzo de 1974, cuando, con motivo de la investidura presidencial del general Geisel, Bánzer y Pinochet se encontraron en Brasilia -Pinochet ya era presidente de Chile, desde septiembre de 1973. Un documento de la embajada chilena en Brasil comunica que los dos jefes de Estado han acordado resolver los problemas fundamentales que separan a ambos países. Poco menos de un año después, en febrero de 1975, Bánzer y Pinochet se encuentran en la localidad fronteriza de Charaña: a cambio del reconocimiento diplomático por parte de Chile, le ofrece a Bolivia buscar una solución al famoso problema de su "mediterraneidad."

87El 20 de setiembre de 1975, Chile se muestra dispuesto a ceder un corredor hacia el Pacífico de 300 km² a cambio de una superficie igual en la sierra de Lípez, como se sabe, rica en minerales. Este corredor, para el cual Chile exige la desmilitarización y, más aún, la garantía expresa de la OEA sobre la inviolabilidad del territorio cedido, no carece de problemas. De hecho, está situado en la parte arrebatada a Perú durante la Guerra del Pacífico; ahora bien, según un tratado de 1929, este último debe ser necesariamente consultado respecto a todas las transacciones relativas a su ex-territorio. A fines de 1976, Perú expresa su conformidad con la condición de que una zona franca común a los tres países sea creada en la región de Arica, antes peruana. La propuesta peruana fue rechazada por Chile y, a partir de ese momento, era claro que las negociaciones habían fracasado. A principios de 1977, el general Bánzer no tuvo otro remedio que el de renunciar a su proyecto. Entonces, en una especie de voltereta, sostiene que el problema del acceso al mar, que le había servido de pretexto para detener el proceso electoral en 1975, sólo puede ser válidamente abordado por un gobierno democrático: "Sólo un parlamento elegido por el voto popular decidirá si Bolivia acepta o no el intercambio territorial con Chile para terminar con el problema centenario de la ‘mediterraneidad’ de Bolivia" declara al diario El Nacional de Caracas (10.10.1977). El giro se completa definitivamente cuando, el 17 de marzo de 1978, Bolivia rompe nuevamente sus relaciones diplomáticas con Chile.

88Entre tanto, y desde los últimos meses de 1975, era claro que las propuestas chilenas no satisfacían a nadie en Bolivia. Las negociaciones fueron duramente criticadas en la prensa. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) había lanzado una campaña con grandes resonancias en los cuarteles, distribuyendo miles de folletos con la figura del más importante héroe boliviano, Eduardo Abaroa, bajo el slogan "A canjear a su abuela, carajo" (Irusta Medrano 1990: 113).

89Durante estos dos últimos años, también se había estructurado una oposición al proyecto en el seno mismo de las Fuerzas Armadas. Incluía, desde ya, a la oficialidad joven -aquella que se había manifestado durante el golpe de Estado de 1974. En diciembre de 1974, el propio Instituto Geográfico Militar elabora un documento secreto en el que demuestra los inconvenientes de un acuerdo de este tipo con Chile. Los militares generacionales se guiaban por este tipo de estudios antes de tomar sus posiciones y estudiaban con mucho cuidado todos los documentos y las tomas de posición políticas (cf. Irusta Medrano 1990: 113).

90Pero no fueron los únicos en adoptar dichas posiciones. Esa fue también la actitud de un conjunto de oficiales de alto rango. Desde ya, los de la familia Ayoroa: el general Juan Ayoroa Ayoroa, el coronel José Patiño Ayoroa, el mayor Miguel Ayoroa Montaño8: luego, el coronel José Antonio Zelaya, ministro de Minas y Metalurgia, a quien el general Bánzer le había pedido convencer a los habitantes de Potosí para que acepten ceder a Chile una porción de su territorio en Lípez, y que prefiere renunciar (Latin American Rcport, 19.11,1976); o, también, el general Remberto Iriarte que, en una carta abierta, declara: "Los actos de los gobiernos de jacto son nulos", tanto de hecho como jurídicamente, por lo tanto, destaca Iriarte Paz, su valor legal a nivel internacional sería nulo (Boletín IPE, 16.01.1977). Aun los oficiales en retiro, muchos de los cuales eran miembros del grupo cívico-militar Topater, declaran públicamente:" La causa sagrada de las revindicaciones marítimas ha sido convertida en causa perdida después del ‘abrazo’ de Charaña".

91Finalmente, parece evidente que, a principios de 1977, en todos y cada uno de los cuarteles, los jefes y oficiales compartían un estado de ánimo parecido al que describe el general Añez a propósito de la 5a. división de ejército, de la que acaba de ser nombrado jefe de Estado Mayor: había una tenaz resistencia a los tratados con Chile -todos los regimientos rechazaban la idea de un trueque territorial.

92La negociación fallida tuvo, pues, un doble efecto. En primer lugar, el de fortalecer a la oposición al general Bánzer al interior de las Fuerzas Armadas y, en segundo lugar, dar validez a la idea del retorno a un régimen constitucional (cf. Presencia, 08.06.1977). Al respecto, militares legalistas y civiles multiplican sus contactos. Si bien la mayoría son discretos -especialmente los de determinados oficiales generacionales con los miembros del MIR-, hay varios mucho más explícitos. En una carta pública dirigida a la nación, que incluye, a la vez, un pedido de convocatoria a elecciones libres, el reconocimiento de los derechos organizacionales y sindicales, la amnistía para los exilados y prisioneros -demandas similares, salvo el pedido de elecciones, a la de las futuras huelguistas de hambre-, entre los firmantes, se encuentran juntos tanto representantes de los partidos políticos (MNR, FSB, PSD, PDC.) como los siguientes oficiales: los generales César Ruiz Velarde, y Federico Arana Serrudo y los coroneles Manuel Aguirre Q. y José Patiño Ayoroa (Presencia, 18.06.1977). Este mensaje respalda a aquellos que, en ese período, habían sido difundidos por diversos partidos políticos, como el MNR y la FSB.

93Finalmente, habría que añadir toda una serie de escándalos tanto en la administración como en las empresas públicas -particularmente numerosos a partir de septiembre de 1977-, revelados por la prensa, escándalos que involucraban a oficiales, ministros y parientes del presidente (cf. Gutiérrez 1978). Estas revelaciones contribuyen a acentuar aún más las divisiones en el seno de las Fuerzas Armadas y, por otro lado, les permite a los oficiales constitucionalistas utilizar el argumento de un necesario abandono de las funciones públicas para reparar la algo mancillada imagen de la institución militar.

Una candidatura confusa

94El 9 de noviembre de 1977 se anuncia la convocatoria a elecciones para 1978. Pero, los rumores ya circulaban desde el mes de setiembre.9 Y, a partir del momento en el que se hizo evidente que las elecciones habrían de llevarse a cabo, la agitación se aceleró, tanto por el lado de los civiles como por el de los militares gobernantes, pues, al respecto, ninguno tenía nada realmente planificado. Al contrario, hasta la víspera de la huelga de hambre, todo indicaba que la balanza se inclinaba hacia un modelo de gobierno corporativista; tendiente a instaurar un definitivo nuevo Código del trabajo, cuyo fin primordial -calcado del vecino modelo chileno- era el de redefinir el modo de representación de los asalariados.

95Y, ahí, el espectáculo que ofrecen los oficiales de alto rango -incluido el presidente Bánzer-, con sus dudas, laboriosas transacciones, conflictos más o menos ocultos10, que se traducen en noticias sorprendentes y a veces contradictorias, provocó, ciertamente, un halo de incertidumbre que no pudo evitar engendrar esperanzas entre los opositores de todo tipo.

96Lo más sorprendente para todos -incluidos muchos militares- es el anuncio11, luego el desmentido12, de la candidatura del general Bánzer a su propia sucesión y, al mismo tiempo, su pedido de retiro a la reserva activa de las Fuerzas Armadas13 -considerada necesaria por sus allegados para que pueda postular a la presidencia-, lo que, días más tarde, se transforma en su nombramiento como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cargo que había sido suprimido en 1973 para descartar a los reemplazantes potenciales del jefe del Estado. Todo sucede como si el general convertido -¿o forzado?- a la democratización se hubiese súbitamente percatado que el control de las Fuerzas Armadas le aseguraba una longevidad más certera que una hipotética victoria electoral como candidato civil. Al mismo tiempo, no deja de promover a un delfín de su confianza, el general de aviación Pereda Asbún, su último ministro del Interior.

97Sus temores, en lo que a su destino personal se refiere, pueden ser percibidos escuchando el discurso que dirigió a los representantes campesinos reunidos en un congreso en La Paz. De entrada, les explica que no será candidado, que su decisión es irrevocable, pero que vigilará para que el proceso de nacionalización que ha emprendido se perpetúe; luego, termina su arenga precisando: Por esta razón, prefiere estar "junto a las fuerzas armadas" (Presencia 20.12.1977). Se entiende bien que todas estas vacilaciones son fruto de los serios desacuerdos que existen dentro de las Fuerzas Armadas: en un sector, sobre todo entre los oficiales jóvenes, que se opone al continuismo y en muchos que no ven con buenos ojos la promoción del general Pereda Asbún, primero, como presidente interino, y, luego, como candidato a la presidencia -el hecho que sea general de aviación disgusta a otros oficiales, los del Ejército especialmente, que deseaban mantener su preeminencia dentro las Fuerzas Armadas.14

98Según El Diario (15.09.1977), hasta habría habido una tentativa de golpe de Estado o aun un atentado. Se habría colocado una bomba en el avión presidencial que iba hacia Santa Cruz. Al día siguiente, el gobierno reconoce un intento de subversión dirigido por el coronel Jorge Echazú, comandante del poderoso regimiento blindado Tarapacá -uno de los fundadores del "grupo generacional"- y por un dirigente de la FSB, Luis Mayser. Cinco otros oficiales del Ejército estarían también implicados (Presencia, 25.12.1977). Pero, ¿no se trataría de un pretexto para una nueva purga? (cf. Latin American Report, 23.12.1977). Sea como sea, la fragilidad del bloque gobernante es la comidilla de las conversaciones.

99Al mismo tiempo, mal que bien, había que organizar la futura lid política. Y, en consecuencia, empieza a soplar un leve aire de apertura. El anuncio de la convocatoria a elecciones se acompaña de un parcial entredicho con los decretos de noviembre de 1974: los partidos recuperan su vigencia; los derechos de reunión y manifestación son reinstaurados; se organizan comisiones para estudiar el problema de la representación de estudiantes, patrones, artesanos, comerciantes y sus cuadros. En lo que a los sindicatos se refiere, como ya hemos mencionado, sólo podrán retomar sus actividades una vez que el nuevo Código del trabajo sea aprobado. También se anuncia una amnistía, la más amplia posible, salvo para los" delincuentes políticos" (cf. Presencia, 10.11.1977).

100Y la prensa se hace eco de las posiciones que toman los diversos partidos ante las próximas elecciones: se diseñan las primeras alianzas electorales; se multiplican las demandas por una amnistía general e irrestricta.15 En suma, sopla, pues, un aire de libertad como ninguno que el país conociera después de 1971, aunque el aparato dictatorial permanece vigente. Y, ahí, uno se encuentra con una situación como la que pintara Alexis de Tocqueville en su obra L'Ancien Régime et la Révolution: "La experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno es, generalmente, aquel en el que éste empieza a reformarse. Sólo un genio excepcional puede salvar a un príncipe que trata de cuidar a sus súbditos después de una larga opresión" (1986: 1058).

La aministía trucada

101Era tradicional en Bolivia decretar una amnistía con motivo de las fiestas navideñas. En su momento, cada año, las más altas instancias de la Iglesia exigían esta medida de clemencia. Ahora bien, después de 1972, los decretos de amnistía se habían limitado, de hecho, a grupos reducidos de prisioneros o exilados, entre los que se incluían, mezclados, prisioneros comunes o falsos sospechosos arrestados en las vísperas, con la única finalidad de que la lista de los amnistiados no sea demasiado corta.

102En 1977, la campaña en favor de la amnistía fue muy vigorosa. Emprendida, sobre todo, por la APDH -y activamente movilizada durante los dos últimos meses del año-, había empezado el mes de junio y había concluido el 10 de diciembre con conferencias de prensa en once capitales de Europa y América. La Iglesia, por medio de la Conferencia episcopal, se pronunció en favor de una amnistía amplia e irrestricta el 2 de noviembre; y el diario Presencia también hizo suya esta demanda. Poco después, todos los sectores organizados, independientemente de sus ideologías, se unieron a la campaña; además, el anuncio de las próximas elecciones había suscitado todo tipo de esperanzas y, al mismo tiempo, les había dado a los demandantes un argumento suplementario: que todos los bolivianos debían votar, que era necesario que todos los bolivianos participen en el sufragio.

103El 21 de diciembre, el veredicto se hace público: sólo 33 detenidos son puestos en libertad y 19 deben ser juzgados en los tribunales ordinarios. De los 632 exilados (de acuerdo a la lista del Ministerio del Interior), 348 no pueden retornar al país. Entre estos se encuentran el ex-presidente de la República Hernán Siles Suazo, un ex-vicepresidente, varios ex-ministros, un ex-comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la mayoría de los jefes de los partidos y de los sindicatos, considerados como "extremistas," si no "delincuentes políticos."

104Más aún, la APDH señala una serie de anomalías en la lista de los condenados al exilio: muchos de los ciudadanos ahí mencionados ya se encuentran legalmente en el país, algunos patronímicos son falsos o se repiten varias veces; además, también se incluyen a dos niños de 8 y 12 años, así como el nombre de un hombre asesinado por los servicios de seguridad del Estado; por lo visto, "Hasta los muertos deben permanecer en el exilio" (APDH 1978: 18).

105La decepción provocada por el decreto de amnistía es proporcional a las esperanzas que había despertado. Los comunicados de protesta inundan los diarios de la semana siguiente y las radios los difunden ampliamente; "amnistía mezquina," "escándalo," "ofensa" son los calificativos más frecuentemente utilizados.

106Esta falsa aministía y esta amnistía trucada funcionan como una especie de catalizador de la huelga, de ocasión crítica o de "factor precipitante," dicho sea utilizando la expresión de Neil Smelser quien así designa un acontecimiento susceptible de aumentar, agravar, hasta crear una situación de tensión (1963: 352). Por un lado, provee el pretexto y el tema para los futuros huelguistas y, por otro, aclara, para la opinion pública, la manera en la que los gobernantes conciben a la democracia: una elección apresurada para impedir que los rivales se organicen y, en consecuencia, puedan realmente compartir.

107La ocasión política es, pues, la culminación o la resultante en un momento dado de la fragilización de la dictadura. Esta ha sido provocada, sobre todo, por las luchas internas en las Fuerzas Armadas, agudizadas por la negociación fallida para un acceso al litoral del océano Pacífico, y por las presiones norteamericanas hacia una liberación del régimen, en nombre de los derechos humanos. En la terminología de Tocqueville, la convocatoria a elecciones y el aura de liberación que la acompaña (vigencia de los partidos políticos) es "el principal accidente" de esta ocasión. Es decir, nos encontramos ante una fragilización del aparato coercitivo gubernamental y, a la vez, ante una medida política de autoeliminación de sus capacidades de intervención. Finalmente, el pretexto -o el "factor precipitante" de la huelga- es, indudablemente, la amnistía trucada y el restrictivo decreto del 21 de diciembre.

Política internacional de los Estados Unidos en favor de los derechos humanos y de la democratización.

108Sin embargo, no habría que ocultar el hecho que la ocasión se construye poco a poco o, más bien, golpe a golpe, en la interacción existente entre el gobierno y sus opositores. En efecto, hemos visto que los partidos políticos de oposición se manifiestan en favor de un retorno a la democracia mucho antes de estar nuevamente autorizados, y en conjunción con algunos militares constitucionalistas. Así mismo, sería incongruente olvidar que la APDH y los sindicatos no han cesado de aguijonear al gobierno. La debilitación de este último y, por lo tanto, la ocasión son también consecuencia de estas interacciones hostiles -las más importantes serán detalladas en el capítulo dedicado a las organizaciones que apoyaron la huelga. Y, así, llegamos a una coyuntura, donde, retomando a Mc Adam, la represión directa de los opositores se torna cada vez más costosa y donde, debilitado el poder de los gobernantes, el de los opositores -aunque todavía están lejos de haber conformado una coalición- se hace, a su vez, cada más fuerte.

La huelga de hambre en el repertorio protestatario boliviano

109Con Charles Tilly asumimos aquí que "toda población cuenta con repertorio de actividades colectivas, es decir, con medios para actuar en común sobre la base de intereses compartidos" (1986: 591). Desde ya, esta población conoce más o menos bien las reglas y las adapta, las rearticula, en función de sus objetivos. Cuando se produce, la innovación opera en el marco de las formas existentes. El interés de esta perspectiva radica en que, en cierta forma, se encuentra en la intersección de, por un lado, la evolución de los contextos -Ch. Tilly muestra que, por ejemplo, con la aparición de los Estados nación, las protestas adquieren formas más ofensivas, dirigidas por organizaciones modernas-, y por otro, las estrategias de los actores en presencia. Es en este sentido y este lugar de nuestra argumentación que, a continuación, podemos dedicarle un acápite a la huelga de hambre como pieza del repertorio protestatario boliviano ante los poderes públicos.

110Falta investigar los orígenes de la utilización de la huelga de hambre en el país. Podemos imaginar, pero esta es sólo una hipótesis, que las huelgas de los prisioneros políticos republicanos irlandeses a partir de las primeras décadas del siglo xx (James Connoly 1931; Thomas Ashe 1917; Terence Mac Swiney, alcalde de Cork, 1920 -por citar a los más célebres) o los ayunos protestatarios de Gandhi y sus discípulos en India, de 1920 a 1947, habrían inspirado a los primeros huelguistas bolivianos.

111Es esta última tendencia -así como también sus profundas convicciones cristianas16 - la que, en diciembre de 1956, habría guiado al entonces presidente de la República Hernán Siles Suazo a realizar una huelga de hambre para que el país acepte una serie de medidas económicas impopulares. Luego de la puesta en marcha del Plan de Estabilización Monetaria, cuyas drásticas medidas habían provocado una poderosa oposición sindical, el gobierno del MNR se había escindido en dos fracciones y el vicepresidente (Juan Lechín Oquendo) había renunciado a sus funciones. Debilitado al interior de su propio gobierno, antes que echarse atrás, el presidente decide ayunar públicamente, como para subrayar que él también está dispuesto a "ajustarse el cinturón." Además, así ratificaba su convicción de que había otra solución para el país y su determinación para llevar a cabo su plan. Después de tres días de tensión, una imponente multitud se dirigió hacia su residencia para manifestarle su apoyo y llevarlo en andas hasta el palacio presidencial. Su valiente desafío había conquistado las simpatías populares.17

112Si bien esta forma de compromiso personal ha contribuido, sin duda, a popularizar el recurso de la huelga de hambre en el país, con todo, representa un caso único, en el que la más alta personalidad del país, elegida ese mismo año, se presenta en una situación de extrema debilidad, para lograr una especie de plebiscito popular, que le permite neutralizar sus rivales inmediatos y a quienes les apoyan.

113Algunos años antes de esta audaz apuesta de Siles Zuazo, podemos también reconocer, en la vida sociopolítica boliviana, una forma más clásica de la "huelga de personalidades," dicho sea con la terminología de J. Roux (1997: 121). Por lo menos dos veces, el líder sindical minero Juan Lechín Oquendo utilizó la huelga de hambre como una forma de resistencia. Primero, en Chile, en junio de 1949, junto a otros tres representantes sindicales, cuando se encontraba exiliado en el norte de ese país y las autoridades les impedían circular por el territorio chileno; luego, en mayo de 1951, cuando se encontraba prisionero en una isla del lago Titicaca (Coatí), Lechín ayunó 14 días para obtener su libertad (cf. Cajías 1988).

114Pero, si es necesario encontrar un modelo -o por lo menos una filización- más directo vis-a-vis la huelga de hambre de las mujeres en 1977-1978, lo encontraremos en las huelgas colectivas de mujeres, que motivaron impresionantes movilizaciones y que han sido hitos en la historia del país.

115El primer caso se remonta al año 1951. El 20 de abril, 27 mujeres, pertenecientes al MNR, acamparon en el palacio de justicia de La Paz y se declararon en ayuno, exigiendo la liberación de un centenar de militantes del partido, recientemente arrestados. La ola de arrestos, que esgrimía como pretexto las actividades subversivas de los movimientistas, tenía por objetivo entorpecer su campaña electoral, pues el país se encontraba en las vísperas de las elecciones nacionales -las que se llevarán a cabo el 6 de mayo y donde el MNR sería el vencedor.

116La primera respuesta a la represión fue un recurso de habeas corpus contra el jefe de policia de La Paz por transgresión a las garantías constitucionales y detención arbitraria. El jefe de policia no presentó a los detenidos a la audiencia, pese a la obligación que tenía de acuerdo al artículo 8 de la Constitución. Es entonces que las 27 mujeres deciden ayunar dentro del tribunal para ganar el pleito. La huelga dura ocho días y logra la liberación de los detenidos, entre los cuales se encontraban varios candidatos de las futuras elecciones.

117Al principio, tanto los familiares de las huelguistas como el principal responsable del MNR, el futuro presidente de la República Hernán Siles Suazo, les pidieron abandonar "su actitud extrema." Ellas se negaron. Se trata, pues, de una movilización, ante todo, femenina, cuyas modalidades habían sido previstas por ellas mismas. Muy rápidamente, recibieron apoyos. Lydia Gueiler, una de las huelguistas, precisa que "los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en general organizaron diversas manifestaciones de apoyo" (1959:47). También revela que un segundo grupo de mujeres estaba encargado, a la vez, de la logística, de la agitación externa y de la negociación con las autoridades.

118La prensa difunde ampliamente las noticias del hecho y las huelguistas, expuestas ante la opinión pública, debieron" soportar, a veces, la insolencia de unos y, otras, la conmiseración de miles de personas que las visitaban cada día". Y también les llegaron apoyos desde el extranjero, especialmente desde Buenos Aires -Carmela Cerruto de Paz Estenssoro, esposa del jefe del MNR en el exilio, Evita Perón-y, curiosamente, desde Washington: Eleanor Roosevelt. La operación provocó, pues, una enorme resonancia y motivo numerosas simpatías. La audiencia popular del movimiento apareció claramente cuando, al final de la huelga, las protagonistas fueron llevadas triunfalmente en andas por la multitud, antes de ser llevadas a las clínicas de la ciudad, pues algunas habían perdido el conocimiento.

119Al pasar, señalemos que este caso difícilmente entra dentro de la tipología de Jacques Roux quien, en las huelgas de hambre colectivas, sólo reconoce a "personas anónimas" (1977: 47). Estaría más cerca de la huelga de hambre "política" analizada por Olivier Duhamel (cf. 1984), con esta salvedad: en este caso, el partido no planifica la huelga -hasta le sería hostil.

120En este mismo ciclo de manifestaciones previas a la revolución de abril de 1952 y que marcan el poder creciente del MNR, se produjo una segunda movilización durante los meses de febrero y marzo. El 5 de febrero, el comando femenino del MNR y los estudiantes organizan, en La Paz, una marcha del hambre para protestar contra la penuria alimenticia. La manifestación fue reprimida y 31 personas fueron detenidas. Una vez más, los abogados del MNR recurren al habeas corpus contra el jefe de policia, quien no sólo no asiste a la audiencia sino que, es más, los hace arrestar. Entonces, dos mujeres del partido asumen la tarea de los abogados y, el 1^o. de marzo, logran que la Corte Suprema del distrito conmine al jefe de policia a presentar a los detenidos ante la justicia; reemplazadas por otros militantes, el 4 de marzo, las mujeres entran nuevamente en huelga de hambre para acentuar aún más la presión sobre la autoridad policial. Una vez más, el gobierno cede y libera a los detenidos (cf. Peñaloza 1963:259-261 y Arauco 1984: 74).

121Una segunda secuencia de huelgas de hambre realizadas por mujeres arranca en 1961, como respuesta a la política minera de la segunda presidencia de Víctor Paz Estenssoro (1960-1964). Habiendo optado por una serie de reformas económicas de inspiración liberal, el jefe del Estado solicita la ayuda de los Estados Unidos. Por su parte, la administración norteamericana estima que Bolivia es un terreno propicio para aplicar su política de la Alianza para el Progreso. Al pasar, habría que recordar que esta Alianza para el Progreso tenía como objetivo principal contrarrestar los efectos políticos de la revolución cubana: por medio de inversiones en las infraestructuras, ayuda al desarrollo agropecuario y a la industrialización, se intentaba desarticular los conflictos sociales y, así, bloquear su posible avance hacia el comunismo. En concreto, esta cooperación se tradujo en la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la COMIBOL, denominado Plan Triangular porque se trataba de una inversión conjunta, en la que participaban Estados Unidos, Alemania y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Los tres asociados se comprometieron a invertir 37.8 millones de dólares a condición que la empresa racionalice su administración, clausure las minas no rentables y despida a su mano de obra supernumeraria. En los hechos, la ejecución de esta política económica impone un ajuste a la izquierda sindical y política, contraria, por supuesto, al proyecto y hostil, de todas maneras, al gobierno. Así, el 6 de junio de 1961, en el momento en el que se anuncia el plan18, el ministro del Interior ordena la detención de dirigentes obreros y universitarios, comunistas y troskistas, a los que luego deportan hacia lejanas comunidades del trópico boliviano, todo bajo el pretexto de un "complot comunista." Entre los detenidos se encuentran dos de los principales representantes sindicales del más importante centro minero del país, Siglo xx-Catavi, vinculados con el partido comunista. A partir del 7, los mineros de este centro entran en huelga. El gobierno no sólo hace caso omiso de su protesta sino, más aún, retrasa el pago de sus salarios y cesa de aprovisionar las pulperías; asimismo, el hospital local empieza a carecer de medicamentos. Los mineros deciden organizar una marcha por la libertad, desde las minas hasta La Paz. En represalia, el gobierno ordena arrestar a otros dirigentes más. Es entonces que las mujeres "sienten la necesidad de unirse para lograr la liberación de sus esposos y aprovisionar las pulperías, vacias desde hace un mes" (Nash 1976). "Ya no teníamos alimentos ni dinero para comprarlos. Hasta habían cortado el agua," afirma Daimona (Nash 1976). El 8 de agosto, un grupo de mujeres se instala en el local de la Federación de Fabriles, en La Paz, y se declaran en huelga de hambre. Poco a poco, las esposas de mineros de otros campamentos, de fabriles, y estudiantes se les unen (Viezzer 1977: 79). Se producen manifestaciones de apoyo en varios centros mineros (Colquiri, Kami, Huanuni, Catavi) (Ardaya 1978:235). El 16 de agosto, los representantes de la COB deciden plegarse a los huelguistas. Al cabo de diez días, el gobierno cede, se libera a los prisioneros, se pagan los salarios y se aprovisiona la pulpería de Siglo xx.

122En octubre de 1963, el problema del aprovisionamiento de las pulperías motiva, una vez más, la movilización de las Amas de Casa de Siglo xx. Esta vez, 150 a 200 mujeres entran en huelga de hambre. Hubo una víctima que dejó ocho huérfanos, la más extrema consecuencia de los sufrimientos que estas mujeres decidieron soportar porque, como dice Domitila de Chungara, durante las huelgas "[m]uchas compañeras abortaron en huelgas de hambre. De otras, sus hijos son muy anémicos por lo que padecieron sus mamás. Muchas compañeras se hallan enfermas por lo que sufrieron" (Viezzer 1977: 81). Este otro ayuno se inscribe dentro de un conjunto de huelgas, realizadas a partir del mes de agosto de este año, cuyo objetivo era frenar la aplicación del Plan Triangular en Siglo xx y Catavi, un plan que implicaba el despido de 3.000 mineros,19 el desconocimiento de los privilegios sindicales del líder Irineo Pimental y el retiro del responsable del control obrero20 Federico Escóbar, ambos miembros de partidos comunistas. Desde ya, la modalidad del control obrero con derecho a veto fue suprimida el 3 de agosto.

123Si bien las mujeres del MNR habían abierto el camino para el uso colectivo de la huelga de hambre en los años 50, este modelo de protesta se incribe, pues, en el repertorio de las mujeres mineras en los años 60. Hay que destacar también que este modelo nace en el corazón del complejo minero más grande y mejor organizado sindicalmente: Siglo xx-Catavi, el "Petrogrado boliviano," como lo denomina un conocido dirigente minero, Filemón Escobar. Es de allí, precisamente, que provienen las mujeres de la huelga de 1977-1978.

124Los varios casos aquí examinados permiten también explicitar dos aspectos coyunturales, que parecen favorables a la acción colectiva. En primer lugar, tenemos el hecho que los otros medios de acción utilizados habitualmente por los hombres hayan sido intentados, pero sin mayores resultados, es decir, que, en el fondo, los hombres habrían sido reducidos a la impotencia. Lo que, por otra parte, también significa que la huelga de hambre no es un medio de lucha aislado sino que es parte de un repertorio del que parece ser, de acuerdo a los casos aquí examinados, un recurso de última instancia. En segundo lugar, tenemos la existencia de problemas de sobrevivencia; todo sucede como si las mujeres se viesen obligadas a intervenir cuando el problema de la alimentación cotidiana se vuelve tan agudo que la vida en común, sobre todo la de los niños, entra en peligro. Ultimas consideraciones: los varios casos aquí presentados podrían dar la impresión que las mujeres en lucha sólo utilizan la huelga de hambre para hacerse escuchar. Esto no es cierto, como demuestra el enfrentamiento siguiente.

125Las mujeres de Siglo xx-Catavi tuvieron, una vez más, la ocasión de manifestarse espectacularmente a fines de 1963. En esa ocasión, dos de los dirigentes mineros más notables, Irineo Pimental y Federico Escóbar, habían sido capturados en una emboscada. Ambos retornaban del XII Congreso de la FSTMB realizado en Colquiri, un congreso marcado por la ruptura del líder histórico de los mineros Juan Lechín Oquendo con el presidente Víctor Paz Estenssoro. En Siglo xx-Catavi, empezó a circular el rumor que los dirigentes habían sido asesinados, pues uno de sus acompañantes llegó herido de bala. En represalia, los mineros aprisionaron a un grupo de norteamericanos, técnicos y diplomáticos, presentes en la región y amenazaron con colgarlos. El gobierno respondió ordenando el sitio del centro minero, a cargo de una fuerza combinada de soldados y milicianos, sobre todo, campesinos.

126Es entonces que las Amas de Casa, empeñadas en evitar un baño de sangre, deciden tomar la iniciativa (cf. Nash 1972: 542). Proponen vigilar a los rehenes, con el fin de poder intercambiarlos por los dirigentes capturados, si es que, claro, todavía estaban en vida. Y, así, las mujeres organizaron su vigilancia, conformando un cerco de seguridad en torno a los prisioneros, recluidos en la biblioteca del local sindical. La tensión es muy fuerte, porque las mujeres son objeto de una doble amenaza: la de los mineros exasperados que exigen venganza y la de las milicias campesinas pro-gubernamentales. "Entonces tomamos la decisión de trasladarnos con nuestro hijos y nuestros compañeros allí al sindicato y disponer las dinamitas de tal forma que, si fuera necesario, desaparezcamos con más el edificio, pero cosa que ninguno salga de allí con vida, ni nosotros ni ellos. [...] Pusimos dinamita en las mesas, en las puertas, en las ventanas y también en nuestro cuerpos, en los cuerpos de nuestros hijos, listos para prender en caso de ataque," relata Domitila de Chungara (Viezzer 1977: 9-92).

127Finalmente, a pedido de los propios dirigentes encarcelados, luego de una asamblea general, los "gringos" son liberados. Por su parte, los dirigentes permanecen en prisión, pero, sus familiares pueden, ahora, visitarlos libremente. Serán liberados como consecuencia del golpe de Estado de 1964.

128En este mismo orden de ideas, no hay que asumir que las mujeres bolivianas siempre han utilizado, únicamente, el arma de la no-violencia. En efecto, como lo atestigua Lidia Gueiler (cf. 1959), los comandos femeninos armados del MNR jugaron un papel determinante en los enfrentamientos armados de abril de 1952.

129Pero, convengamos, estos enfrentamientos armados son escasos, si no excepcionales, en la historia reciente del país -más frecuentemente, las mujeres se encuentran en la retaguardia de los enfrentamientos violentos masculinos, tanto en las minas como, por ejemplo, en las guerrillas- y que, en general, las mujeres bolivianas utilizan medios no-violentos, siendo la huelga de hambre la táctica más utilizada. E, incluyendo la protesta que analizamos en este libro, la huelga de hambre colectiva es utilizada, sobre todo, por las mujeres -sólo los estudiantes que también la utilizan recurren a ella durante la dictadura de Bánzer.21

130Uno de los espisodios más significativos de su utilización, que prefigura la huelga de 1977, tuvo lugar en febrero de 1972, después de la primera ola de violencia represiva ligada al golpe de Estado de 1971, que llevó al coronel Bánzer al gobierno del país. Una treintena de parientes de los prisioneros políticos se refugió en la iglesia de San Agustín, en La Paz. Permanecieron allí durante seis días, al cabo de los cuales, gracias a la mediación de la Iglesia, el gobierno se comprometió a revisar, caso por caso, los legajos de todos los detenidos políticos y sindicales. Como resultado, algunos de ellos fueron liberados cinco o seis meses más tarde (cf. CLAT 1974).

131En conclusión, la alternativa de entrar huelga de hambre por parte de las mujeres es una medida, en parte, condicionada, pues, parece producirse cuando los otros medios de presión, eventualmente violentos, ya han sido intentados por los hombres. Pero, se puede notar, asimismo, que se trata de una alternativa particularmente apta, en el sentido que las analogías simbólicas mujer/no violencia y mujer/protectora de la vida son, efectivamente, capaces de motivar la opinión pública; su lucha no violenta por la vida -hemos visto que ellas intervienen cuando, debido a la represión, la falta de alimentos, de medicamentos... la vida de sus parientes y, especialmente, la de sus hijos se encuentra en peligro- aparece, entonces, como algo particularmente legítimo.