Introducción: ¿Hacia un movimiento amazónico?

1Como vimos en los capítulos anteriores, el nacimiento de la industria petrolera aceleró la irrupción de la modernidad en la región amazónica. En Ecuador, particularmente, la importancia estratégica del petróleo y los problemas planteados por el conflicto con Perú llevaron a que el Estado consolidara su hegemonía sobre el territorio, la población y los recursos de la región. Pues la paradoja es que la región amazónica, fuente de la mayor parte de las divisas para este país, era también la menos provista de servicios públicos y estaba afectada por los peores indicadores sociales. Es más, ninguna solución permitió remediar los efectos nefastos de las actividades petroleras de las décadas del setenta y del ochenta, pese a la multiplicación de los estudios de impactos y de los planes de manejo ambientales, e incluso pese a la creación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, de la Unidad de Gestión Ambiental de Pe-troecuador y finalmente del Ministerio del Ambiente. En estas condiciones, en la década del noventa las organizaciones ecologistas tuvieron que asumir un papel protagonista en la difusión de la información sobre las actividades petroleras. Esta tendencia se sumó a la evolución del movimiento indígena amazónico, hasta tal punto que podríamos caer en la tentación de hablar de la emergencia de un movimiento social amazónico.

2Nos quedaría por estudiar, entonces, cómo los movimientos ecologistas e indígenas consiguieron influir en la política petrolera en Ecuador y Colombia. Una primera hipótesis es que la organización social actual de las comunidades indígenas es el resultado de un proceso de etno-génesis iniciado en la época colonial, como lo demostraron Whitten y Muratorio con respecto de los quichuas de la Amazonia ecuatoriana. Una segunda hipótesis, resultado del cambio histórico que, siguiendo a Urban y Sherzer, es fruto de la evolución de sus relaciones con las sociedades nacionales, en el contexto de la colonización agraria, y que explica la formación de un nuevo modelo de organización política (Cf. Ν. Whitten, 1987; Β. Muratorio, 1998; y G. Uban et al., 1992 b). Etno-génesis y proceso de organización constituirían entonces las dos caras del proceso de resistencia de las poblaciones indígenas ante los avances del frente petrolero. En este sentido, la resistencia a la actividad petrolera en la década del noventa es tanto la consecuencia del cambio social acelerado desde la irrupción de la modernidad en la región en la década del sesenta, como la condición del dominio de la historicidad en sociedades llamadas a conformar nuevas alianzas con los actores sociales, como las organizaciones campesinas o ecologistas. Puede manifestarse por el rotundo rechazo, como en el caso de los u’wa ante Oxy, por la negociación de indemnizaciones, como en el caso de los secoya ante OEPC, o por una reubicación estratégica a largo plazo, como en el caso de los quichuas ante Arco. En todos los casos, la estrategia adoptada por las organizaciones indígenas es un elemento determinante en la institucionalización de los conflictos socio—ambientales y redefine el papel del Estado en este tipo de confrontación.

La sociedad civil frente a la política petrolera en Ecuador

3Cabe subrayar que el interés por la región amazónica surgió en países donde la cultura política y los intereses difieren de aquellos de los países de la cuenca amazónica. En particular, fue en los países industrializados donde las violaciones de derechos humanos y la destrucción o la amenaza de destrucción ambiental dieron lugar a un cuestionamiento de las bases de la sociedad occidental, física e ideológicamente. Como lo subrayan Bustamante y Espinosa, en muchos casos las ONG del Norte desarrollaron vínculos con ONG nacionales —a veces creadas ex nihilo— para canalizar recursos y facilitar la capacitación y la circulación de la información, difundiendo un discurso ideológico ya estructurado. Por lo tanto, la ecología como pensamiento y práctica —tanto en Ecuador como en Colombia— es un fenómeno importado, así como la creación de ONG locales que hicieron suyos los postulados y los planteamientos de los ecologistas europeos y estadounidenses frente al Estado. Puede ser que la defensa de la Amazonia se haya vuelto una preocupación de las elites científicas y económicas locales o que haya sido incorporada a la dinámica de la lucha y a la retórica populista que defendía la necesidad de “revolucionar la sociedad”. Pero en el peor de los casos, el discurso de la ecología se erigió en una “jerga legitimadora” para un grupo de científicos, casi una secta con posturas radicales, que en la década del noventa seguía estando poco articulado, y seguía siendo sentimental y globalizador. De todos modos, estas relaciones Norte / Sur reprodujeron la dependencia financiera y técnica, y limitaron las posibilidades de desarrollar referentes y opciones que privilegiaran las prioridades y demandas de la población amazónica y de la realidad regional (Cf. T. Bustamante et al., 1993 a: 310—311).

Clientelismo y renta petrolera

4Por su lado, el Estado no demoró en recuperar el tema de la ecología como un elemento de patriotismo y de su discurso de legitimación. Esta preocupación ecologista y estratégica se volvió entonces un mecanismo de acceso a los recursos financieros de los países ricos. Desde este punto de vista, la conservación ambiental parecía no ser tomada en cuenta sino en la medida en que la naturaleza pudiese capitalizarse. Para las organizaciones internacionales, al parecer, las ONG representan la solución a la ampliación de espacios democráticos, como lo muestra su asociación en la Cumbre de Río. Pero en realidad, esta estrategia se asemejaba a una “eliminación mágica del conflicto”, para usar la expresión de Wright Mills, y operaba una inversión en la relación de legitimidad, ya que se otorgaba a las ONG el papel de representantes de unas poblaciones a las que quedaban ajenas y de las que no dejaban de ser mediadores ventrílocuos. De hecho, al alejarse de su misión originaria de aporte y de trabajo, éstas sustituían una democracia de delegación a la democracia parlamentaria. Su papel se encontraba sobrevalorado hasta convertirse en depositarias de la legitimidad redistribuidora y planificadora del Estado, en una suerte de “ficción de democracia” (Ibíd.: 317).

5Ante esto, la sociedad civil seguía siendo débil, con sus formas de presión esporádicas y poco articuladas, lo que se manifestaba, según el contexto socio-político, en sus vacilaciones entre alianza y oposición, o entre denuncia y adhesión, a las políticas públicas amazónicas. En otras palabras, no formulaba propuestas específicas, ni tampoco promovía una participación responsable. Ahora bien, los conflictos socio-ambientales muestran que la acción no coordinada de todos tiene consecuencias nefastas sobre las relaciones sociales. En efecto, no sólo multiplica los intereses en competencia sino que también crea desequilibrios entre los actores, que obstaculizan la resolución o la anticipación de esos conflictos. Este último efecto se agrava por el hecho de que el Estado nunca supo regular ni tratar los conflictos sociales. Por el contrario, su política favoreció tradicionalmente la multiplicación de las confrontaciones entre empresas o campesinos colonos y organizaciones indígenas, mediante la imposición de un tipo de racionalidad económica que produce “individuos anti-solidarios” (A. Varea et al., 1995 b).

6Al analizar las dificultades que encontró el Estado ecuatoriano para imponer una dominación racional o legal en la región amazónica, Muratorio subraya que éste carece tradicionalmente de recursos y de personal para administrar sus fronteras y controlar las exportaciones. Desde 1886, el Estado trató de controlar el Oriente a través de una primera colonización dirigida; pero fracasó debido a la falta de tecursos y apoyo material concedido a los campesinos, que acabaron por robar a los grupos indígenas. Lo mismo ocurrió con el proyecto de administración de la Amazonia por los militares, ya que estos últimos carecían a la vez de recursos y de disciplina, y acabaron también por abusar y robar a los indígenas. La burocratización de la administración amazónica no consiguió contrarrestar el contrabando ni la deserción de los “pueblos indígenas”, ni tampoco ayudó a que el Estado recolectara los impuestos y tasas sobre la extracción y el comercio de caucho y los productos importados que pasaban por el río Napo, el Cu-raray y el Pastaza a inicios del siglo xx. Tampoco fue posible controlar los abusos perpetrados por los traficantes de caucho en el reclutamiento de la mano de obra. Por tanto, es fácil entender por qué nunca se institucionalizaron los conflictos socio-ambientales en el Oriente (B. Muratorio, op. cit.: 172-176).

7Según Bustamante, es preciso distinguir cuatro periodos en la política social de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE). En un primer período, que va desde el inicio de la exploración hasta la década del treinta, el Estado persiguió el objetivo de incrementar el nivel de bienestar de la población a través de la monetarización de los intercambios; por lo tanto, puso en marcha mecanismos de regulación de los intercambios, pero la mayoría de la población quedaba entonces fuera de la economía monetarizada. Tras el conflicto de 1941 con el Perú, el régimen militar desarrolló una política de integración de la población indígena al mercado nacional, que se prolongó en los proyectos lanzados en la década del sesenta, cuando simultáneamente, se estructuraba una confrontación social en el marco de la lucha de clases. En la década del setenta, el segundo gobierno militar empezó a organizar a las instituciones que regulaban la distribución de la renta petrolera. Desde entonces, el Estado se volvió un eje central de la distribución de los recursos, a través de la creación de un salario indirecto que había de transformarse en una parte importante de los procesos de distribución de los ingresos en Ecuador. El problema de los conflictos relacionados con la renta petrolera se debe a la vez a la ausencia de consenso para canalizar la inversión social y a la escasa participación de los sectores sociales a esta renta. Los mecanismos de distribución de la renta dependen de unos mecanismos de legitimación y dominio de los actores, de suerte que la dinámica de confrontación social y de concentración de poder entraña una estructuración parcial de los enfrentamientos, que impide formular demandas coherentes en el nivel regional (T. Bustamante, 1995: 222-225).

8En su lucha por el acceso a los recursos procedentes del petróleo, los actores manipulan, como una estrategia, identidades variables. Cada sector crea entonces una identidad particular, es decir “una forma específica de agrupación de intereses en torno a una línea de interpolación del sistema político” (Ibid.: 220).

9Las instituciones político—administrativas, por ejemplo, son entidades conformadas por las autoridades locales, siguiendo unas estrategias y una institucionalización del desarrollo regional. Por su lado, las organizaciones indígenas desarrollan propuestas sociales cada vez más globalizadoras en las que se mezclan el acceso a la tierra, el cuestionamiento a la legitimidad del Estado y reivindicaciones de autodeterminación272. A esto se puede añadir que “la forma de asignación de los recursos y las condiciones de las negociaciones parecen consolidar un conjunto de relaciones clientelares y patrimonialistas entre compañías y comunidades locales beneficiarias, que se van reproduciendo en forma arbitraria dependiendo de quién maneje los recursos” (M. Navarro, 1995: 262). Sirve lo mismo para la relación directa entre las comunidades y las empresas como para la distribución de recursos a los gobiernos locales y a los municipios. Navarro explica que la política de asignación y de uso de los fondos de beneficio social o de compensación de los impactos ambientales debidos a las actividades hidrocarburíferas se inscribe en un conflicto estructural de acceso a los recursos. En general, la política de asistencia a las autoridades locales y las relaciones comunitarias de las empresas tienen como función el evitar la interrupción de dichas actividades, y obedecen por lo tanto a una lógica de prevención de crisis. El problema es que esta interacción entre las empresas privadas y los beneficiarios crea una lógica de presiones y concesiones mutuas, según el grado de organización de las comunidades afectadas. Navarro señala la falta de racionalidad específica en las políticas públicas, o sea la asignación de recursos provoca conrradicciones “intra” e “inter” comunitarias o entre las comunidades y el poder local.

10Pues bien, más allá del papel de las empresas en los conflictos socio—ambientales, lo que se cuestiona es precisamente la ausencia de racionalidad específica de las políticas públicas. Como lo recuerda Varea, después de Navarro, el clientelismo sigue siendo el eje de las relaciones políticas tradicionales en la RAE, entre las comunidades locales campesinas e indígenas, por un lado, y los grupos de poder local por el otro (hacendados, comercianres, madereros, etc.), lo que tiene una incidencia en la toma de decisiones por parte de los organismos públicos locales. En este contexto, la forma de asignación arbitraria de los recursos y las condiciones desiguales de negociación desembocan en el aumento de las prácticas clientelares, definidas como mecanismos de dominio y exclusión colectiva que descansan en el predominio de dispositivos informales de otorgamiento de los beneficios individuales, a través de complejas redes de intermediación para la prestación y contraprestación de servicios. Esto conlleva no sólo a la práctica de regateos y a la erosión de las participaciones de la renta distribuida, sino que contribuye a la formación de entidades político-administrativas y de redes de actores sociales, que gozan de una precaria legitimidad (Varea et al., op. cit.: 104).

11La resolución duradera de los conflictos socio—ambientales queda sometida entonces a los cambios de orden político nacional. Podría pasar por la descentralización y la creación de instancias regionales de participación en el debate político. Así, el informe sobre la Amazonia, publicado por el Tratado de Cooperación Amazónica antes de Río 1992, insiste en la necesidad de desarrollar espacios y mecanismos de participación de las poblaciones para llegar a un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonia. Considera que la participación de las poblaciones amazónicas es “la piedra angular” del desarrollo sostenible y que es necesario llevar a cabo la descentralización y la desconcentración administrativa para mejorar esa participación. Esto implica instalar “consejos o cabildos verdes” al nivel municipal, como en Colombia, o incluso desarrollar los mecanismos de consulta permanente para los temas que afectan al conjunto de la población. Por otra parte, se trata de valorar la “experiencia milenaria indígena” y sustituir las “transferencias de conocimientos” por las “transferencias de tecnologías”, entre otras formas mediante la educación intercultural, el reconocimiento de territorios o, incluso, el reconocimiento de derechos prioritarios en lo que atañe a la explotación de los recursos naturales (TCA, 1991: 79—81).

12Este informe reconoce al respecto que el desarrollo de los pueblos requiere amplios territorios debido a la relación que estos mantienen con el medio ambiente. En este sentido, recomienda que se reconozca la propiedad de los suelos y del bosque, así como el derecho exclusivo de usufructo sobre los ríos y las playas en estos territorios. Según el TCA, las estadísticas demográficas sobre las poblaciones indígenas muestran hasta qué punto éstas fueron maltratadas por “la civilización occidental vanidosa”. Por lo tanto, considera no sólo un acto de justicia sino una necesidad básica el reconocimiento de los derechos a la tierra, a la cultura, a la educación bilingüe, a la organización y a la satisfacción de “todas sus necesidades particulares”. Por otra parte, el TCA enfatiza la necesidad de valorar los conocimientos de los pueblos extractivos273, que ya tienen cierta importancia debido al creciente interés por la biodiversidad en la región, en particular por su conocimiento de las propiedades medicinales y alimenticias de la fauna y la flora (Ibíd.: 32, 36-37).

13No obstante, ni el Estado ni los movimientos colectivos regionales ni, tampoco, los movimientos ecologistas son homogéneos. Así, el sector indígena sigue organizándose según códigos distintos a los de los campesinos. Además, la interacción entre estos actores depende tanto de la densidad del tejido social como de las prácticas clientelares y las relaciones con las autoridades locales. Al fin y al cabo, las relaciones que hacen y deshacen los actores sociales son determinadas por el grado de intereses comunes y por el contexto socio-histórico en el que se inscriben esos conflictos. Pero no obedecen a la presencia de redes y estrategias de resolución de conflictos que se institucionalizan alrededor del poder de movilización y de la legitimidad de los gobiernos locales o de las agencias públicas. Ahora bien, como lo destacó en varias oportunidades Bustamante, en la medida en que cada uno de esos actores enfrenta el problema de conseguir legitimidad y reconocimiento, construye su discurso legitimador en torno a la distribución de los recursos procedentes del petróleo (Cf. T. Bustamante, 1993: 188; T. Bustamante, Op. cit., 1995: 232; y T. Bustamante, 1999: 259-260).

14Al fin de cuentas, tanto en Ecuador como en Colombia, la sociedad civil carece de una cultura política que le permita crear un sistema que organice, ubique y trate las demandas de los distintos sectores sociales. Esto aparece como una condición necesaria pero insuficiente para institucionalizar los conflictos socio-ambientales e incorporar la discrepancia como un motor del cambio social. Así mismo, la transformación en el tratamiento de los problemas de la Amazonia implica un cambio en las modalidades de participación e intervención de la sociedad civil y del Estado, o sea la ampliación del diálogo entre la clase política, la sociedad civil y el Estado. Entonces, es menester redefinir en el nivel político las formas de representación y participación de las ONG, que no pueden sustituir a los mecanismos de representación y participación de la población. En los términos de Habermas, las ONG que representan a la sociedad civil deberían autolimitarse para asumir un papel protagónico en la definición de modelos alternativos de desarrollo y crear nuevas formas de poder susceptibles de apoyar las movilizaciones colectivas. A lo mejor, su función debería limitarse a un apoyo técnico para evitar caer en las rigideces estructurales del parlamentarismo o en la “democracia de lobbying” que es parte de la mitología del Norte.

El conflicto alrededor del balance de la era Texaco

15El conflicto entre los ecologistas y el gobierno de Durán Bailén sobre el caso Texaco atempera este diagnóstico pesimista, sin llegar a desestimarlo. Este conflicto —cuya particularidad es inscribirse a la vez en un marco local e internacional— puede ser considerado como un ejemplo de la competencia por el acceso a recursos políticos (A. Varea, 1995: 295-337). Aquí, el sujeto se constituye alrededor de un discurso que opone los valores de conservación y justicia ambiental a las necesidades fiscales y al discurso desarrollista neoliberal del Estado. Las organizaciones ecologistas buscan representar políticamente los intereses particulares de las comunidades afectadas, para organizar una campaña internacional, cuyo lema es la defensa de la vida en el nombre de la humanidad.

16En abril de 1992, el gobierno de Rodrigo Borja firmó un contrato con la empresa canadiense HBT Agra, para la realización de una auditoria ambiental sobre las actividades de Texaco. El informe preliminar, entregado en noviembre de 1993, fue difundido tras una dura lucha de poder entre su sucesor, Sixto Duran Ballén, y el Congreso. Efectivamente, Duran Ballén se rehusó a publicitario, aunque la Comisión de fiscalización y control político del Congreso presionara para conseguir una copia del documento. Cuando finalmente la Comisión consiguió esta copia, contrató a dos biólogas274 para analizarla. Estas expertas rechazaron el “Informe HBT Agra” tanto en el fondo como en la forma. Subrayaron los numerosos errores de traducción y la inexactitud de las fuentes bibliográficas. Criticaron, por otro lado, las soluciones planteadas por el Plan de manejo ambiental, que consistía en tapar con tierra las fugas y las piscinas de desechos hi-drocarburíferos que seguían abiertas. Finalmente, exigieron que se realizara un buen Plan de manejo ambiental, que incluyera medidas preventivas de control y mitigación de los impactos, un plan de contingencia y rehabilitación y recomendaciones a las autoridades. De paso, notaron que el informe no contemplaba medidas de indemnización y reparo para las poblaciones afectadas por la contaminación. La Comisión del Congreso y las organizaciones ecologistas organizaron un foro muy mediatizado sobre el tema “petróleo, naturaleza y vida”, el 14 de abril de 1994, al cual acudieron representantes de Petroecuador, del Ministerio de Energía, del Colegio de Ingenieros Geólogos, junto a organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonia. Con esta oportunidad se creó un Comité de seguimiento intersectorial cuya misión era vigilar y controlar la actividad petrolera en la región amazónica. El 6 de junio, el Ministro de Energía admitió que la auditoría no cumplía con las exigencias y que, por lo tanto, Texaco tendría que pagar por los daños ocasionados, bajo pena de ser demandada por el gobierno ecuatoriano.

17En el mismo año, las poblaciones afectadas por la era Texaco se organizaron en un Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) para agrupar las demandas de indemnizaciones e intereses ante la Corte Suprema del distrito Sur de Nueva York (sede de Texaco Inc.). Por su lado, el gobierno inauguraba la Séptima ronda de licitaciones para la contratación petrolera. En esta ronda (la más importante en la historia petrolera del Ecuador), se licitaron ocho bloques: seis en la RAE y dos en la Costa275. El gobierno enfrentaba entonces un dilema: no podía rechazar las acusaciones del Congreso y de los ecologistas pero tampoco podía correr el riesgo de asustar a los inversionistas al desvincularse de Texaco, a la cual el Estado ecuatoriano debía 20 años de bonanza petrolera. En este contexto, el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Edgar Terán Terán, trató de desacreditar a los demandantes en la demanda de Nueva York, mediante una carta con fecha 3 de diciembre de 1993. Cuando se la publicó en la prensa nacional276, esta carta reavivó las discrepancias entre el ejecutivo y el legislativo, el Congreso protestó por las declaraciones del embajador, mientras que Duran Ballén las respaldaba277.

18Según Ortiz y Varea, la particularidad de este conflicto es el efecto de interpelación hacia otros actores que, pese a la naturaleza eminentemente política del asunto, no se identificaron con posruras ideológicas. En efecto, en el foro “Petróleo, Naturaleza y Vida”, cada actor estaba presente a título institucional y no partidario. La Comisión del Congreso esraba además integrada por seis diputados procedentes de distintos partidos: la Presidenta, María Eugenia Lima (del Movimiento Popular Democrático), el vicepresidente, Aníbal Nieto (Partido Conservador) y cuatro portavoces: Eduardo Villaquirán (Partido Social Cristiano), Ramiro Rivera (Democracia Popular), Mauricio Larrea (Izquierda Democrática) y Bolívar Tapuy (Independiente, ex Movimiento de Liberación Nacional) (Varea, op. cit.: 327-328). La Comisión del Congreso apareció además como un nuevo actor, con el cual los ecologistas formaron una alianza táctica. Cabe precisar que, si bien es cierto que este asunto fue presentado en sesión plenaria del Congreso en enero, las decisiones fueron tomadas generalmente por la presidenta de la Comisión. Esto muestra que el Estado no es monolítico, ya que esta Comisión se opuso eficientemente al poder ejecutivo. Aprovechándose de la oposición entre el legislativo y el ejecutivo, los ecologistas intentaron interpelar directamente al Estado para que el Ministerio de Energía se pronunciara sobre la validez de la auditoria ambiental.

19El estudio de este conflicto se interesa por evidenciar la dificultad que los actores sociales encuentran para que se les escuche y para que se les deje participar en los procedimientos de decisiones políticas. Más allá de la pelea de expertos, Varea subraya la insuficiencia de disposiciones y antecedentes legales que pudiesen tratar los intereses en contradicción, a lo cual se suma la multiplicidad y la heterogeneidad de las políticas públicas. Así, por primera vez, un conflicto socio—ambiental pudo ser institucionalizado y forzó la cohesión de las disposiciones legales y de la política petrolera y ambiental. Por otra parte, con la publicación y la refutación del informe HBT Agra, el movimiento al parecer alcanzó sumayor grado de unidad y legitimidad. Varea comenta que la colaboración con la Comisión del Congreso fue decisiva para que se tratase el tema desde lo político. No obstante, si se considera que este conflicto acabó con la entrega del documento al Congreso y con la declaración del Ministro de Energía contra Texaco, sigue el conflicto de fondo, es decir el que derivaba de la contaminación provocada por el consorcio durante veinte años. Es más, pese al indiscutible efecto demostrativo de este caso, cabe preguntarse cuáles fueron las consecuencias prácticas en el tratamiento de los conflictos socio—ambientales. De hecho, aunque los ecologistas hayan logrado conformar un comité de seguimiento de las actividades petroleras en junio de 1994, este último tan solo encontró una escasa participación y provocó una creciente división entre las organizaciones que lo conformaban. Esto se debe a las discrepancias con respecto a la Séptima ronda, la cual, como vimos, era el telón de fondo del conflicto alrededor de la auditoria HBT Agra.

20Algunos consideran que la protección del medio ambiente es ajena a las preocupaciones de los indígenas, cuyos intereses se concentran en los problemas de territorio, identidad cultural y servicios sociales básicos (Cf. E. Martínez, 1995: 198—199). Este punto de vista hace caso omiso de las organizaciones indígenas amazónicas, de las cuales se sabe sin embargo que asumieron desde un buen tiempo atrás un papel protagónico en los conflictos petroleros. Además, oculta las divisiones que oponen a las principales organizaciones ecologistas ecuatorianas, y que impiden la formación de un verdadero movimiento nacional. En efecto, las organizaciones ecologistas se dividen entre los partidarios de una negociación directa y de una asistencia técnica a las empresas o al Ministerio de Energía, y los partidarios de una oposición frontal y acciones directas en contra de las empresas y el Estado. En un extremo encontramos a la Fundación Natura, que colabora con la UICN en el programa de constitución de áreas protegidas. Esta organización fue consultora ante la OLADE para la elaboración de los términos de referencia de la Séptima ronda de licitaciones. En el otro extremo encontramos a Acción Ecológica, que encabezó la campaña Amazonia por la Vida en 1989 con otras ONG e instituciones ecuatorianas como el Movimiento por la Paz de Monseñor Leonidas Proaño, Gaia, la Cordavi, el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Movimientos Sociales Ecuatorianos (CEDIME), el FEPP, el CEPP, el Comité Ecológico de ESPOL, Arco Iris y la Fundación Conservación Semilla de la Vida. En el nivel nacional, esta campaña fue apoyada por organizaciones indígenas (CONFENIAE, CONAIE y OPIP) mientras que en el nivel internacional conseguía el apoyo de tres organizaciones estadounidenses: RAN, WWF y ΝRDC278.

21Según Varea, la campaña Amazonia por la Vida surgió para hacer públicos los problemas ecológicos y buscar estrategias que permitieran contener la destrucción del medio ambiente en la RAE, mientras que estimulaba la participación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a esos problemas. No obstante, los esfuerzos de los ecologistas por unirse no fueron más allá de la conformación de un Comité Ecuatoriano Por la Defensa de la Naturaleza y del Medio Ambiente (CEDENMA), compuesto en su origen por unas cuarenta ONG. Este comité debía ser parte de la comisión de expertos encargada de estudiar las candidaturas de las empresas petroleras en la Séptima ronda. Iba a funcionar a través de nueve comisiones especiales, entre éstas la Comisión Amazonia y Petróleo (creada en 1993), integrada por 12 organizaciones279'. Sin embargo, esta comisión funcionó de manera errática y quedó bajo el control de Acción Ecológica, cuya oposición radical a la actividad petrolera no dejaba lugar a una colaboración con las empresas o el Estado. El propio CEDENMA, sometido al filo de las presidencias a la influencia de Fundación Natura y Acción Ecológica, se volvió el escenario de rivalidades entre radicales y progresistas. Ahora bien, no sólo que estas organizaciones tenían estrategias diferentes, sino que no compartían el mismo análisis de la situación de la Amazonia y de las responsabilidades de las empresas petroleras. Así, Fundación Natura destacaba la responsabilidad de Petroecuador mientras que Acción Ecológica echaba a Texaco toda la culpa280.

22Esta división se lee en la contradicción entre las acciones directas y las negociaciones que marcaron la campaña de la Séptima ronda. El 24 de enero de 1994, día del lanzamiento de la operación, los ecologistas radicales encabezados por Acción Ecológica y algunas organizaciones indígenas organizaron una demostración en Quito y ocuparon el Ministerio de Energía. Estas acciones directas forzaron al gobierno y a Petroecuador a abrir las negociaciones con sus adversarios, y después a conformar la comisión de expertos que se acaba de mencionar. Pero a pesar de esta iniciativa, una nueva demostración contra las licitaciones se llevó a cabo el 31 de mayo de 1994, día de la firma del acuerdo ministerial de seguimiento de las actividades petroleras y de la publicación de los nombres de empresas retenidas. Para los ecologistas radicales, la única regla era la no—explotación de los recursos no renovables. De allí su dificultad para encontrar una estrategia consensual con otros sectores. La única solución hubiese sido un cambio radical y estructural en las relaciones de poder.

23Desde el punto de vista teórico, esto equivale a decir que cualquier propuesta de resolución del conflicto, independiente de una estrategia global, según ellos, resulta poco significativa y viable a mediano plazo. El activismo de los ecologistas radicales —a través de las manifestaciones, ocupaciones de sitios, manifiestos reivindicativos y campañas de prensa— busca menos un cambio en la práctica del Estado que una redefinición del modelo de desarrollo. Por lo tanto, busca más la ampliación del conflicto al conjunto de la sociedad que su resolución, incluso pretende incluirlo en la agenda de las políticas públicas. No fue sino hasta mediados de la década del noventa, con la creación del CDES, cuando la estrategia del movimiento ecologista radical evolucionó hacia un tipo de movilización social que privilegiaba el conflicto sobre la crisis. Este cambio fue a la vez una causa y una consecuencia de la convergencia de los movimientos ecologistas y de los movimientos indígenas y campesinos amazónicos.

24El fracaso de la política amazónica y la incoherencia jurídica entre las normativas ambientales, industriales e indigenistas obligaron a las comunidades indígenas a organizarse para ocupar el campo del poder e imponerse como sujetos del desarrollo, frente a un Estado que solía encerrarlas, a lo mejor en un rol pasivo como poblaciones asistidas, a lo peor en un papel negativo como obstáculos al progreso. No obstante, cabe recordar que esta estrategia era viable siempre y cuando la legitimidad y la presencia del Estado en la región amazónica fueran precarias, es decir hasta la década del sesenta. De hecho, el despegue de la industria petrolera en la década del setenta y la colonización agrícola que conllevó trastornaron las condiciones de esta política. Esto dio lugar a un “neoindigenismo reformista”, según la expresión de Ruiz, que descansaba por un lado en la relación direcra entre el Estado y las organizaciones indígenas, y por el otro en la valoración de los aspectos culturales del discurso indianista, a costa de reformas estructurales (L. Ruiz, 1993 b: 116). Como lo subraya Ruiz, esta recuperación del discurso de la indianidad se operó en el momento en que la creciente denuncia de la destrucción del medio ambiente ya no suscitaba sino respuestas programa-doras por parte del Estado sin un real sustento político. A nombre del “desarrollo sostenible”, del “ecodesarrollo” o del “etnodesarrollo”, este último se olvidaba de que los actores económicos e indígenas tenían intereses distintos y que, lo sostenible para los unos no lo era necesariamente para los demás.

25Por su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) encontró ciertas dificultades para definir una postura clara en cuanto a las actividades petroleras, vacilando entre el rechazo radical y la aceptación condicional de los proyectos del gobierno. Por un lado, en la medida en que el petróleo era un recurso estratégico para el país, la organización no podía oponerse a su explotación, bajo pena de enemistarse con la opinión pública por dar la impresión de que quería ocultar los recursos nacionales que pertenecían a la nación ecuatoriana y no a un solo sector (V. Grefa, 1993: 416—417). Por el otro, no podían sino oponerse a la manera como se explotaban estos recursos en la Amazonia, al mal uso que se hacía de las ganancias que resultaban de esta explotación ni tampoco a la contaminación provocada por el trato de los desechos y por los accidentes del SOTE o en las estaciones de bombeo. Finalmente, la CONFENIAE presentó varias demandas en la década del noventa contra la explotación de la mano de obra indígena por las empresas y sus contratistas (Varea et al., op. cit.: 79). En un primer momento, tal y como la OPIP, solicitó una moratoria de 15 años sobre las actividades de las hidrocarbu-ríferas en la Región Amazónica Ecuatoriana, pero de pronto semejante planteamiento resultó insostenible ante la presión política y económica internacional, como lo mostraron los crecientes esfuerzos de exploración y la apertura a los capitales foráneos en esta década. En un segundo momento, entonces, buscó ampliar el espacio político de participación, llegando a pedir la nominación de una subsecretaría indígena en el Ministerio de Energía y de representantes indígenas en el consejo de administración de Petroproducción.

26Más allá del papel político, lo que está en juego es de orden técnico. Por eso es que la CONFENIAE empezó a apuntar su estrategia hacia la participación de las poblaciones en los procesos de decisiones, luchando por la consulta previa, la capacitación y la participación en los beneficios. Así, según Germán Antuni, Presidente en 1999—2000, era preciso capacitar e informar a los actores del gobierno y de las empresas sobre las especificidades culturales locales y estos últimos debían capacitar e informar a las comunidades sobre los beneficios e inconvenientes de la actividad petrolera281. Por otra parte, Antuni insistía en la necesidad de obligar a que las empresas realizaran consultas previas teniendo en cuenta al conjunto de las poblaciones y difundiendo la mayor cantidad posible de informaciones a los interesados. Subrayaba de paso que Petroproducción era la primera que hacía caso omiso de estos requisitos legales.

27Esta orienración, aunque fuese bastante cercana a la línea política de la COICA, no significaba que la CONFENIAE diera su firma en blanco a la industria petrolera en la región. Se trataba, más bien, de canalizar los recursos de una actividad considerada como estratégica para el país en su conjunto, mientras controlaba y mitigaba sus impactos negativos al medio ambiente y a las poblaciones. En este sentido, la organización no descartaba la eventualidad de valorar su plan alternativo de desarrollo llamado “Proyecto Oro Verde” en oposición al “oro negro”. Este proyecto era, ante todo, un vasto inventario de los recursos de la biodiversidad, llevado a cabo por la Universidad de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana y financiado por la cooperación internacional. La CONFENIAE defendía la idea de que el Estado no era capaz de proponer alternativas a la explotación petrolera porque desconocía las riquezas del suelo y del subsuelo amazónico. Así, según Antuni, el “Proyecto Oro Verde” ayudaría al gobierno a negociar con los organismos internacionales y con las empresas multinacionales, mientras defendía este patrimonio natural. Esto implicaría el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre los recursos y el usufructo de los bosques tropicales (plantas y prácticas medicinales tradicionales, etc.).

Actores y lógicas racionales en el bloque 10

28En el momento en que Arco y Agip entraron al bloque 10, tuvieron que enfrentar un movimiento indígena bien organizado, cuyas exigencias éticas y culturales influyeron en la política petrolera de la región. Este conflicto es entonces un ejemplo de los avances pragmáticos de la etno—génesis en un ámbito que va más allá de la responsabilidad del Estado pero que tiende a abrirse para liberar espacios de participación, tanto en la elaboración de los planes de gestión ambiental como en la delimitación de áreas de influencia de los proyectos petroleros. En este sentido, el conflicto entre la OPIP y el consorcio Arco — Agip es un ejemplo de los cambios políticos y prácticos necesarios para anticipar y desarrollar un modelo de resolución duradera de los conflictos socio-ambientales.

29Las relaciones pasaron por sucesivas fases de arreglo o polarización, en las cuales los actores en pugna se movieron según lógicas racionales distintas. Eso pudo haber llevado a la superposición de intereses y necesidades contradictorios o complemenrarios. Según las fases, las empresas, los moradores de las comunidades y los líderes indígenas ocuparon lugares de mayor o menor grado de influencia sobre sus adversarios o interlocutores. Según lo que estaba en juego, los adversarios de un día pudieron volverse aliados en la mañana.

30Por lo tanto, no parece apropiado un análisis en términos de arreglos o elecciones racionales, conforme lo recomiendan las teorías de la negociación o bargaining, promovidas por algunos mediadores (Cf. Fisher et al., 1991; y Fisher et al., 1996). Para ciertos observadores, lo que está en juego para los indígenas, en el conflicto del bloque 10, es ante todo de orden económico. En este sentido, la OPIP se impuso como representante de las comunidades pero esta representación era percibida por las comunidades como un recurso para incrementar su capacidad de negociación con las empresas (Cf. Varea et al., op. cit.). En ese sentido, la defensa de la identidad y del medio ambiente puede interpretarse como una táctica para maximizar los recursos económicos a conseguir de las empresas. Sin embargo, este análisis hace caso omiso de los demás aspectos del conflicto, que no encajan tan fácilmente en un razonamiento en términos de intereses y necesidades. Con estos antecedentes, proponemos analizar las lógicas racionales en las que se mueven los actores del bloque 10 según cuatro dimensiones: económica, política, social y ética.

31En la dimensión económica, se incluyen el contrato de prestación de servicios firmado en 1988, el acuerdo de Plano, Texas, y los acuerdos firmados con las organizaciones indígenas y comunidades del bloque 10, que precisaron el nivel de participación, compensaciones e indemnizaciones a las comunidades afectadas. En la dimensión política se inscriben los “Acuerdos de Sarayacu” firmados en 1989, la marcha de 1992, que planteó la necesidad de legalización de los territorios indígenas de Pastaza, el Plan de Desarrollo Participativo y Sostenible para el área del Bloque 10, elaborado por el gobierno y las empresas petroleras en 1999, y el marco jurídico y legal en el cual se inscribe el conflicto del bloque 10. En la dimensión social se inscriben, no solo la gestión social de las empresas, sino también la motivación de las comunidades del bloque 10 en constituir sus propias organizaciones con el afán de acceder a los recursos generados por las actividades petroleras. Indirectamente, creemos que esta dimensión explicita la elección de la OPIP de alejarse de las corrientes radicales del movimiento ecologista y buscar el apoyo de organizaciones que apuntaban al fortalecimiento identitario y de las capacidades locales. En fin, la cuarta dimensión, que llamaremos “ética”282, proporciona el marco idóneo para entender la demanda de autonomía expresada por las comunidades del bloque 10 y las organizaciones indígenas ecuatorianas en general. En esta dimensión se inscribe también el debate sobre el desarrollo sostenible, que se abrió en la década del noventa, y la propuesta alternativa de manejo de recursos naturales, formulada por la OPIP en su programa “Patrimonio de la bio-diversidad y cultura de los pueblos quichua y shiwiar” (1996) y su “Plan integral de auto—desarrollo de los pueblos indígenas del Pastaza” (1998).

32Desde la perspectiva de las comunidades, la dimensión económica del conflicto abarca las negociaciones con las empresas para conseguir trabajo, ampliar la ayuda comunitaria en actividades productivas. Es también el marco referencial en el cual se formula la necesidad de integración al mercado regional y nacional, cuya consecuencia lógica es la exigencia de la construcción de una carretera hacia la vía a Arajuno.

33Esta dimensión se articula con una dimensión política, verdadero marco referencial de las negociaciones encabezadas por la OPIP, que (en la ausencia de un marco normativo claro en el Ecuador) se amparó en el Convenio 169 de la OIT para plantear como prioridad el derecho a la consulta y participación. Es también el marco en el cual se inscribe la reivindicación ante el Esrado y las empresas del bloque 10 de administrar la provincia de Pastaza como un “territorio autónomo”, lo cual dio lugar a la legalización de los títulos de propiedad comunal y el de la Colonia Liquino en el bloque 10. En fin, es la dimensión en la cual se ubicaron las negociaciones para llegar a los Acuerdos de Sarayacu, que superan sobremanera el ámbito estricto del bloque y fueron complementados por el Acuerdo de Plano, de naturaleza más contingente y pragmática.

34En el ámbito de las comunidades, es más evidente la articulación de lo económico con la dimensión social, que abarca la necesidad de fortalecer las organizaciones de segundo grado. El intento fracasado de constituir el Frente Indígena del Pastaza y las alianzas estratégicas con actores exógenos, en particular las ONG ecologistas, pueden interpretarse como una voluntad de lograr un nivel de organización política que dé acceso al campo de poder en el ámbito nacional. No obstante, la capacidad organizativa de las comunidades no alcanza este ámbito, parte debido a su aislamiento en el escenario nacional, parte debido a los procesos de fragmentación en obra a lo largo del conflicto. Al respecto, cabe resaltar que todas comparten el afán de controlar su proceso de desarrollo, resumido en los estudios socioeconómicos realizados en 1998-1999 y en la creciente institucionalización del programa de relaciones comunitarias, que se hizo manifiesto con la firma de los acuerdos de cooperación de septiembre de 2001 y febrero de 2003.

35Con todo, las reivindicaciones del sector indígena se articulan con la dimensión ética del conflicto que, desde su perspectiva, refiere al control de la modernidad y la defensa de las idenridades colectivas (de las comunidades, nacionalidades y pueblos amazónicos). En ese sentido, las negociaciones sobre las compensaciones, el monitoreo ambiental y la mitigación de los impactos socio—ambientales de las actividades petroleras se inscriben en una problemática más compleja que la simple cogestión de los riesgos. La cogestión no es sino una modalidad de la protección o conservación del medio ambiente, cuya contraparte política y administrativa es la autonomía territorial. Ahora bien, la reivindicación territorial no puede entenderse desde la sola perspectiva económica o política, sino que debe relacionarse con la construcción identitaria a la que aludimos respecto de la etno-génesis.

36Desde la perspectiva de las empresas, el conflicto abarca, en primer lugar, una dimensión económica, que se traduce por la necesidad de rentabilidad impuesta por el contrato de prestación de servicio. Por lo tanto, las consecuencias de los enfrentamientos que desctibimos anteriormente se miden ante todo en la baja de la rentabilidad de las operaciones a consecuencia del lucro cesante y las pérdidas de ganancias en la fase de producción y desarrollo. Por lo demás, dado que Petroecuador asume los gastos operativos inducidos por las actividades del bloque 10, la dimensión económica es ante todo una preocupación para el Estado.

37La dimensión política permite ante todo entender que las operadoras del bloque 10 tuvieron que operar en un contexto de alta incertidumbre e inestabilidad políticas e institucionales. Eso es particularmente válido por lo que atañe a las normas de regulación de la consulta y participación, que tan solo fueron aclaradas a finales de 2003. Al fin y al cabo, el bloque 10 fue también el escenario de una serie de experiencias en la construcción de consensos en el ámbito socio-ambiental, que respondieron a las carencias de la normatividad ecuatoriana. En este contexto se puede considerar que los espacios de consulta sui generis (Comisión Técnica Ambiental y Foros de Buena Vecindad) que se crearon a lo largo del conflicto proporcionaron tantos intentos de institucionalizar las relaciones con las organizaciones y comunidades indígenas.

38La dimensión social abarca los aspectos no—económicos del Programa de Relaciones Comunitarias (la educación formal, la salud, vuelos, becas y proyecto de medicina alternativa), los acuerdos de cooperación 2002 y 2003 y los convenios específicos de ayuda comunitaria. Esta dimensión es la más cuestionada por las organizaciones indígenas, en cuanto a la forma en que se manejaron las relaciones comunitarias hasta la fecha en contra de las reivindicaciones de autonomía y consolidación organizativa de las comunidades. No obstante, al parecer, la evolución reciente (en particular los convenios de 2002 y 2003) constituye un paso hacia una consolidación del Programa de Relaciones Comunitarias que valora la autonomía y la capacidad de planificación del desarrollo al nivel comunitario. Este cambio será, sin lugar a duda, un elemento clave que facilitará la convivencia entre la operadora y los moradores del bloque 10 en el futuro.

39Ello nos lleva a considerar la dimensión ética del conflicto, desde la perspectiva de las empresas. Esta dimensión se refiere a la responsabilidad moral que las empresas deben asumir frente a las comunidades del área de influencia. Se trata en primer lugar del respeto al medio ambiente, que constituye un espacio de vida y de supervivencia. Desde la reforma constitucional de 1998, este aspecto ha sido cada vez más enmarcado por una reglamentación estricta (Ley Ambiental y Reglamento Ambiental de las Operaciones Hidrocarburíferas). Vale destacar aquí el papel fundamental que asumieron las organizaciones indígenas y ecologistas en la década de los noventa, para la implemenración de este marco, no solo al nivel nacional sino también al nivel de los países de la cuenca subandina. Así mismo, es preciso resaltar los avances en el monitoreo del bloque 10, que atestiguan una gestión ambiental cuidadosa y responsable por parte de la operadora actual. Ahora bien, más allá de los aspectos ambientales, las empresas deberían considerar que la dimensión ética de su actuar incluye también las relaciones directas con las poblaciones del área de influencia. Eso implica un gran respeto por las identidades y culturas indígenas, que significa en particular el respeto a sus formas de elegir las autoridades legítimas, sus mecanismos de consulta, tomando en cuenta las dificultades físicas que presenta el medio para la reunión de asambleas comunitarias y la situación de aislamiento en la cual se encuentran algunos asentamientos. Al respecto, vale mencionar la reciente iniciativa de elaborar un “Código de conducta” entre las empresas y las comunidades del bloque, que debería proveer una herramienta valiosa para facilitar las relaciones entre los actores.

40Desde la perspectiva del Estado, el conflicto del bloque 10 tiene una dimensión específicamente económica, en la medida en que Petroecuador asume los gastos operativos de las operaciones del bloque. Pero es preciso recordar que el marco general en el que se reformaron los contratos y se instauraron los contratos de prestación de servicio, a inicios de la década del ochenta, coincide con la negociación de los términos de pago de la deuda externa con los organismos financieros multilaterales. Desde luego, la dimensión económica abarca no solo el pago de las inversiones de infraestructura, indemnizaciones por el derecho de vía del oleoducto, y financiamiento del Programa de Relaciones Comunitarias en general, sino también el pago de la deuda externa. Esta dualidad obliga al Estado a realizar ciertos arbitrajes, que a su vez pueden chocar con las otras dimensiones del conflicto.

41En particular, eso se articula con la dimensión política que, desde la perspectiva del Estado, atañe al desarrollo nacional. Vale decir que si, como en cualquier país democrático moderno, estas responsabilidades son preocupaciones prioritarias de los gobiernos de turno, en el caso específico del Ecuador se enfrentan con una serie de obstáculos que caracterizan una “crisis de la gobernabilidad” (G. Fontaine, 08/2002 a). Por lo tanto, así como la dimensión económica es doble desde la perspectiva del Estado, así lo es la dimensión política, al abarcar las competencias de los organismos seccionales y la legitimidad del gobierno central. El problema de la legitimidad del Estado y de la política nacional puede chocar con las reivindicaciones de autonomía de la OPIP, pero también con las reivindicaciones de las organizaciones y comunidades locales. Eso es particularmente relevante en cuanto a la construcción de la carretera, que fue descartada en un primer tiempo bajo la presión de la OPIP y se volvió un tema de prioridad para las comunidades del bloque 10 desde mediados de la década del noventa. Por otra parte, el problema de las competencias de los organismos seccionales (en particular el del Consejo Provincial) puede chocar con la falta crónica de recursos y obligar a una renegociación de las prebendas para asumir los gastos del desarrollo local. Esta dualidad a su vez oscurece los mecanismos de repartición de la renta petrolera, en la ausencia de unas reglas claras que deberían ser incorporadas en la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Descentralización en proceso de elaboración.

42La dimensión social del conflicto abarca el desarrollo local, la elevación del nivel de vida, que se mide a través del mejoramiento de los indicadores sociales como son las tasas de analfabetismo, mortalidad infantil, morbilidad, etc. En este ámbito, existe una clara articulación entre los esfuerzos del Estado y los de las empresas, por lo menos en cuanto a la salud y educación. Esto puede ser un factor de éxito en el Programa de Relaciones Comunitarias, o por lo menos así lo deja percibir el alto nivel de consenso en los Foros de Buena Vecindad. En particular, el proyecto de rescate de la medicina tradicional responde, al parecer, a las preocupaciones de las organizaciones y comunidades indígenas del bloque. Sin embargo, cabe indicar que los programas educativos (becas y contratación de maestros) descuidan sobremanera las condiciones específicas de vida en las cuales se inscriben, lo cual puede traer contradicciones entre las expectativas de las comunidades y las propuestas del Estado y las empresas. Por lo tanto, se puede recomendar otorgar una mayor atención a las demandas de recursos pedagógicos y personal calificado para la enseñanza de la agronomía agroforestal, así como un mayor peso a la educación bilingüe y multicultural.

43En fin, desde la perspectiva del Estado, la dimensión ética se refiere al desarrollo sostenible y la responsabilidad en la protección del bosque, que choca con el modelo desarrollista en marcha desde los años sesenta en la Región Amazónica Ecuatoriana. Si bien es cierto que existe una política ambiental que valora la protección de los recursos y la delimitación de áreas protegidas, desde los años setenta ésta chocó con los intereses locales y las necesidades económicas del país. En particular, las actividades petroleras en el nororiente fueron parte del modelo de colonización dirigida implementado por el Estado tras la segunda ley de Reforma Agraria (1979). Ahora bien, las ganancias de la “bonanza petrolera” acumuladas con los efectos de la agricultura intensiva no proporcionaron los recursos necesarios como para garantizar al país un nivel de desarrollo satisfactorio (G. Fontaine, 04/2002). En este sentido, la historia del bloque 10 plantea un reto ético para el Estado, cuyo papel debería ser el reubicar la problemática del manejo del conflicto en el marco general de la gobernabilidad democrática. Solo de esta forma será posible encontrar un marco institucional y duradero que posibilite el manejo sostenible de las actividades petroleras en la región amazónica.

Estrategias y lógicas de conflicto

44Según Luis Yanza283, el objetivo final del FDA consistía en hacer que cambie la política pública y la práctica del Estado en el ámbito de los derechos humanos y del medio ambiente. Este objetivo se logró, si uno considera que las comunidades indígenas y campesinas de la RAE consiguieron el fortalecimiento de la reglamentación y de las normas industriales, obligando a que las empresas adoptaran nuevas tecnologías de explotación menos contaminantes. Desde entonces, la te-inyección de las aguas residuales se volvió una obligación legal, así como la elaboración de planes de manejo ambiental y la consulta a las poblaciones indígenas se volvieron dos condiciones previas para la obtención de licencias de exploración o explotación. Esto no elimina, por supuesto, el riesgo de accidentes, en particular los que se deben a equipos obsoletos de transporte y tratamiento en los lugares más antiguos. Pero la toma de conciencia de esos riesgos por las poblaciones afectadas, sin lugar a duda, incrementó su capacidad de presión hacia los actores institucionales y económicos, obligando a que las empresas tomaran medidas de prudencia y elaboraran planes de contingencia más estrictos, mientras que obligaban a que el Estado asumiera sus responsabilidades en el ámbito. No obstante, la utilización de nuevas tecnologías para la producción y el transporte de hidrocarburos implica tremendas inversiones, que el Estado ecuatoriano no podía asumir solo en la década del noventa, lo que reforzó a posteriori su dependencia externa.

45El hecho de plantear una demanda en contra de Texaco ante tribunales estadounidenses permitió que el Estado hiciese caso a las poblaciones indígenas y campesinas y a las organizaciones sociales, al mismo tiempo que creaba un precedente en la lucha por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. La posibilidad de negociar con una empresa multinacional, aunque fuera ante una instancia judicial foránea, constituyó, en efecto, una novedad para poblaciones que disponían de escasos ingresos como para pagar a abogados. Por otra parre, el caso Texaco tuvo una incidencia en la práctica de las organizaciones ecologistas, en particular en la Séptima ronda de licitaciones y en la campaña Amazonia por la Vida, donde el gobierno accedió a su solicitud de conformar un comité de seguimiento de las actividades petroleras. Cierto es que esta decisión no tuvo las consecuencias esperadas por los ecologistas, en la medida en que el funcionamiento de este comité fue trabado por la falta de recursos económicos y por las divisiones entre organizaciones radicales y sociales. Sin embargo, la Campaña trajo una nueva experiencia al movimiento social—ecologista en su habérselas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las empresas. En aquella época, las ocupaciones de sitios y las manifestaciones constituían todavía la mayor parte de las acciones orquestadas por Acción Ecológica, sea para conseguir la publicación del “Informe HBT-Agra”, para oponerse a la entrada de Maxus al parque Yasu-ní o para conseguir el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas del Pastaza frente a Arco y Agip. Al hacer esto, los ecologistas buscaban, ante todo, multiplicar los conflictos con el Estado y las multinacionales.

46Esta estrategia cambió con la creación del CDES, para el cual se volvió prioridad la asistencia a las poblaciones afectadas por la actividad petrolera. Esto no significa que esta organización ecologista haya renunciado a la lucha contra las empresas, sino que daba una nueva forma a esta lucha, al actuar ante todo como un socio de las organizaciones sociales de base. Es así como las manifestaciones y las ocupaciones de sitios entre los años 1992 y 1995 se acompañaron de reuniones de información y de capacitación en las comunidades locales, que se volvieron una actividad dominante a medida que se multiplicaban las demandas por daños a las personas y al medio ambiente. Esta mutación del movimiento ecologista tuvo como telón de fondo el derrumbamiento del régimen de Abdalá Bucaram y la preparación de la nueva Constitución, adoptada en 1998, por la cual los derechos colectivos fueron reconocidos e instauraron nuevos espacios de participación en el campo del poder. En el mismo momento, el caso Texaco dejaba de ser un mero asunto planteado ante una corte neoyorquina, para volverse el punto de convergencia de las organizaciones campesinas e indígenas de Sucumbíos, y luego de las demás provincias de la RAE. En otras palabras, el movimiento ecologista ecuatoriano dejó de ser defensivo para volverse ofensivo, dejó de estar encabezado por algunos intelectuales o activistas urbanos para volverse un movimiento autónomo, llevado a cabo por las organizaciones comunitarias de base. Desde entonces, se volvió absolutamente erróneo el asimilarlo a un movimiento de extrema izquierda “verde por afuera y rojo por dentro”, según palabras de un ex—ejecutivo de Texaco284. Mientras que las actividades de Acción Ecológica consistían principalmente en la denuncia del modelo de desarrollo, usando los estudios de impactos ambientales en el área Texaco, la agenda del CDES y del FDA se concentró más en la política petrolera stricto sensu. Más que animar un movimiento colectivo radical, se trataba de sensibilizar a la opinión pública con los problemas ecológicos patentes, para insuflar a la sociedad civil la confianza necesaria que le permitiría cambiar el sistema político.

47El primer aspecto esencial de esta estrategia es la articulación de las acciones con las de otras organizaciones, preferiblemente internacionales. Aunque esta colaboración no sea novedosa, evoluciona hacia una nueva definición de la misión de las ONG ecologistas, en la medida en que se apoya en proyectos cada vez más específicos, en vez de descansar tan solo en el principio del lobbying o de financiar campañas de prensa. Es así como el CDES pudo movilizar recursos económicos y científicos ante la Cooperación de los Países Bajos y varias fundaciones estadounidenses, en particular el Instituto de Ciencias y Estudios ínter-disciplinarios de la Universidad de Amherst (Massachussets), estrechadamente asociado, como lo hemos visto, con la negociación entre los secoya y OEPC. Esto no le impide formar parte de la red transnacional de ONG ecologistas que conforman la RAN, sobre la cual volveremos a propósito del conflicto entre los u’wa y Oxy. Por su lado, el FDA dependía entonces del apoyo financiero de Ox-fam América y de la cooperación austríaca para un programa de asesoría jurídica.

48Un aspecto complementario de esta estrategia es el acceso a las personas—recursos en el sistema político, conocido como la “incidencia” en la jerga activista. Se trata, en particular, de tener contactos seguros en el seno del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Energía o de las empresas públicas, para tener acceso a las informaciones de primera mano sobre el funcionamiento de la industria petrolera, los proyectos pendientes o incluso la política del Estado. Semejantes relaciones dependen, obviamente, de la credibilidad de estas organizaciones y se benefician, de paso, de la presencia de aliados estratégicos como un ministro que haya sido parte de una ONG de primer plano. No prohiben ejercer ciertas presiones sobre el gobierno de turno, por ejemplo con la oportunidad de la reforma del Código Minero, del Reglamento Ambiental y del Reglamento de Consulta y Participación para las operaciones hidrocarburíleras, al formular propuestas en nombre propio y alertar regularmente a los medios.

49El tercer aspecto esencial de la nueva estrategia de los ecologistas es el fortalecimiento de la capacidad de organización de las comunidades afectadas, que diferencia fundamentalmente al CDES de Acción Ecológica. Cierto es que la presencia de Acción Ecológica en las comunidades amazónicas fue desde el origen un punto fuerte de su estrategia. Pero mientras que esta presencia se limitaba a las comunidades radicalmente opuestas a las actividades petroleras, la presencia del CDES era tan activa, como lo hemos visto, al lado de estas comunidades como entre las que habían emprendido una negociación, sobre las modalidades de estas actividades, con la industria o el Estado. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, por un apoyo logístico a las organizaciones shuar y achuar que lucharon para impedir el acceso de Arco, Burlington y CGC a los bloques 23 y 24, al sur de Pastaza, o por el mismo apoyo a la organización secoya que negociaba compensaciones de la actividad de OEPC en el bloque 15, en el norte de Sucumbíos.

50Según Paulina Garzón, la colaboración del CDES con los secoya se inició con una serie de reuniones de información sobre los impactos socio–ambientales de las actividades petroleras. Los temas abordados en estas reuniones iban desde la tecnología usada por las empresas, hasta las modalidades de sus relaciones comunitarias, pasando por la explicación de los contratos de prestación de servicio o de asociación. Se trataba, ante todo, de mostrar a los secoya cuál había sido la experiencia del Ecuador en este ámbito y cuáles etan las posibilidades para mitigar los impactos de las políticas públicas: “En este caso es difícil no manipular a la gente, porque si ve las operaciones petroleras en el Ecuador, no encuentra una sola cosa de decir: “eso podría pensar”; ha sido muy mala la experiencia.

51Es lo que se comunica, de experiencia hemos tratado de presentarlo de la manera más objetiva posible, y también presentando lo que le va a decir la empresa en real. Que ellos estén por lo menos avisados que hay este tipo de tecnología”285.

52Pues bien, era menester que los secoya pudieran distinguir la comunicación—marketing de la auténtica información. Como hemos visto, OEPC había presentado un discurso que enfatizaba las relaciones de buena vecindad y las tecnologías limpias, no porque se diferenciaba fundamentalmente de las otras empresas sino porque había escogido hacer de una obligación legal un punto fuerte de su comunicación externa. No obstante, para los interesados la mejor manera de confrontar estas declaraciones con la realidad consistía en informarse de la experiencia de otras comunidades indígenas en contacto con la industria petrolera, trátese de los u’wa en Colombia o de los quichuas en Pastaza. Al respecto, el CDES fue un buen asesor, ya que facilitó la organización de varias reuniones con organizaciones procedentes de estas comunidades, así como procuró dar informaciones sobre los antecedentes de Occidental Inc. en América Latina y fue la primera en tener acceso al estudio de impactos ambientales realizado por Walsh para la perforación de los pozos exploratorios en el bloque 15. A manera de anécdota, no fue sino hasta julio de 2000 cuando Roberto Cobaría consiguió copia del estudio de impactos ambientales para el bloque Siriri, mientras que los u’wa llevaban entonces unos ocho años en conflicto con Oxy y no habían tenido acceso a los estudios anteriores.

53Al fin y al cabo, el gran cambio que se produjo en la lógica de los conflictos socio-ambientales en Ecuador, en la segunda mitad de la década del noventa, radica en el acceso de la población a la información y en la conquista de sus derechos positivos. Como lo resume muy juiciosamente Luis Yanza: “en el tiempo que operó Texaco [...] la gente campesina o indígena de base, la gente local, casi nada denunciaba. Hoy ha cambiado su mentalidad y su actuación. Sabe que si están contaminando un río o destruyen un cultivo por provoco de un derrame, están violando muchos de sus derechos, por lo tanto saben que tienen que reclamar. Es un proceso que se inició hace cuatro años, cuando se creó el Frente, y eso tiene que cambiar poco a poco, creando confianza en ellos mismo y sabiendo que sus derechos no tienen que ser violados y que hay que exigir que se respeten. Por lo tanto, ahora son los mismos campesinos e indígenas quienes le denuncian por los medios de comunicación o directamente a las empresas, sobre accidentes que ocurren en esos territorios” (Ibid.).

Las metamorfosis del movimiento ecologista colombiano

54A lo largo del conflicto entre los u’wa y Oxy, se constituyó un movimiento social alrededor del Cabildo Mayot, en el que participaron las organizaciones ecologistas, la ONIC y los campesinos del Sarare. En el centro de este movimiento, los u’wa elaboraron un discurso identitario étnico fundamentalmente ético, en el cual es preciso ver la marca de diversas influencias exógenas, de las cuales este grupo se apoderó para integrarlas a un proceso de etno-génesis. Su principal argumento, reiterado en los documentos públicos y en las comunicaciones dirigidas a la opinión nacional o internacional, para rechazar las actividades petroleras en la zona que ellos defendían como su territorio ancestral, se puede resumir en este leitmotiv. “El petróleo es sagrado, con lo sagrado no se negocia, no negociamos con Oxy”. Esta declaración se articula con varios temas, como la defensa de la identidad colectiva y del territorio, del medio ambiente y de la paz.

55Siguiendo el modelo que hemos construido a lo largo de nuestro análisis, es posible ubicar los elementos de este discurso en los campos ético, social, político y económico. En el campo ético, se ubica lo que hace referencia a la cosmología y a los valores tradicionales. En el campo social se ubican las referencias a la identidad y a la cultura u’wa, definidas por la relación con el entorno socio-ambiental. En el campo político, identificamos lo referido al derecho y la ley, que se divide a su vez entre ley escrita del Estado-nación y la ley no escrita de los u’wa. Finalmente, en el campo económico, es posible ubicar un conflicto de intereses entre los intereses económicos y el patrimonio ancestral. La sistematización del análisis del discurso y de las alianzas elaborados por los u’wa a través de estos campos nos permite identificar las dimensiones del conflicto según dos temas genéricos, que se encuentran bajo diversas modalidades en las declaraciones de los u’wa. Por un lado, se perfila una dimensión de crisis en el ambito económico y social, a través de la amenaza y la violencia generalizada que ellos perciben detrás de la llegada de la industria petrolera. Por el otro, en los ámbitos ético y político se oponen la determinación a no negociar los valores y el llamamiento al respeto del derecho a la diferencia o a la diversidad étnica. Veremos cómo, procedentes del campo ético, la cosmología y los valores tradicionales de los u’wa encuentran un prolongamiento en el campo social a través de la organización social y la existencia de la comunidad. Luego veremos cómo la pérdida del patrimonio ancestral, que se manifiesta en el campo económico con las actividades petroleras y la colonización, encuentran un prolongamiento en el campo político a través de la lucha por el resguardo único y la demanda de consulta previa.

Colonización y etno–génesis entre los u’wa

56Los u’wa practican tradicionalmente una agricultura itineraria, adaptada a los distintos niveles climáticos de la Sierra Nevada del Cocuy, siguiendo un calendario astronómico y ritual que incorpora una primera división en 12 meses y una segunda en 15 ciclos lunares, cada uno marca un momento de la organización comunitaria. Antes de la colonización de las décadas del cincuenta y del sesenta, el territorio u’wa se dividía en tres zonas definidas por la orientación del Cocuy y la trayectoria del Sol en el cielo. Al inicio del siglo xx, este territorio cubría la parte de los Andes orientales de Téchira (que es parte de Venezuela) a Chinácota, pasando por Malaga, Oiba, Chima, Bucaramanga, Chiscas, Chata, Güicán y, en la llanura oriental, Tamra, Tame, y Morcote. La repartición de los clanes y las tierras que les correspondían se basaba en la presencia de las fuentes de agua de la región, distribuidas alrededor de Güicán y del Cocuy, bajando de la Sierra Nevada. La colonización rechazó a los u’wa hacia las alturas, a medida que los colonos se apoderaban de las tierras de los Llanos Orientales (A. Osborn, 1995: 55—56). El ritmo de sus desplazamientos se marcaba por los equinoccios de marzo y septiembre, épocas en las que el Sol se encuentra en la misma posición con respecto de la montaña. Las tres zonas de residencia se ubicaban en las tierras bajas (zona de bosque tropical húmedo), el “piedemonte” (a partir de 760 m de altitud) y la “montaña” (a tres horas de caminata del piedemonte, más allá de 1.300 m). A los niveles altos y fríos correspondían principalmente los cultivos de habas, maíz, cebolla, berenjena, etc., mientras que al nivel inferior caliente correspondían los cultivos de papas, yuca, plátano, aguacates, lulo, etc. La recolección, la pesca artesanal y la caza eran actividades secundarias pero la apicultura cumplía un papel predominante (según Osborn, los u’wa identifican 30 especies de abejas).

57Hasta la época contemporánea, la unidad de base de la organización social no era entonces la familia nuclear, sino el grupo ceremonial de residencia, con una tendencia a la residencia matri—local. Las relaciones de parentesco seguían el modelo dravidiano, simétrico de dos líneas (E Cabrera, 1995: 16). Cada clan contaba con cuatro uejená (chamanes), que asumían las funciones de jefe civil y religioso, siendo a la vez juez, sacerdote y guerrero. La tradición cultural se basa en la interpretación de los mitos cantados o werjaya, unos largos poemas que conocían de memoria los uejená286. Los clanes mantenían relaciones comerciales y rituales, formando alianzas matrimoniales y eligiendo los sacerdotes según un sistema de alianzas exógamas, que privilegiaba los grupos pares y un modo de transmisión matri—lineal (E. Aguablanca et al., 1993 b: 167). Este modo de transmisión de la tierra frecuentemente fue usado a propósito por los colonos que se aprovecharon del matrimonio para apropiarse de las tierras fértiles (Os-born, op. cit.: 25). Sin embargo, en la época contemporánea la práctica del matrimonio exógamo se ha vuelto escasa, debido a la desintegración de las relaciones entre los grupos y a la desaparición de algunos de ellos. En cambio, el matrimonio endógamo se volvió el modelo dominante de alianzas matrimoniales, lo que implica que se excluyen de facto de la comunidad de origen a los u’wa que se casan con una persona ajena (A. Osborn, 1985: 30).

58Hasta finales del siglo xix, este grupo étnico estaba integrado por ocho clanes establecidos en la Sierra Nevada del Cocuy, que mantenían relaciones con los grupos de la región del Sarare, radicados entre la Sierra de Mérida y los Llanos Orientales, hasta el río Casanare y por el otro lado hacia la región de Málaga. A inicios de la década del ochenta, los u’wa se repartían entre dos grupos con distintos modos de vida: por un lado los u’wa “tradicionales”, monolingües y garantes de la tradición de los mitos cantados; por el otro los u’wa “en transición” frente a un modo de vida moderna, más o menos asimilados por la sociedad mestiza. En aquella época, dos clanes —los Kubaru’wa y Kaibaká o, en español, Co-baría y Aguablanca— seguían viviendo según la tradición; un tercero —los Ta-grinu’wa o Tegría— se ubicaba entre tradición y transición; otros tres —los Bhi-yuku’wa, Riku’wa y Yithkaya— se encontraban en vía de integración; y los tres últimos —los Biribirá, Ruba y Bethu’wa— habían sido asimilados por la sociedad mestiza.

59Osborn identifica cuatro modelos de relaciones: las relaciones entre hermanos y hermanas del mismo grupo, las relaciones de pareja entre los miembros de distintos grupos, las relaciones ceremoniales y residenciales entre ambos grupos, y las federaciones de varios grupos, como las de los clanes Bachira, Bókota y Sin-siga, respectivamente ubicados en las riberas de los ríos Cubugón, Royota y Sin-siga (Ibid.: 27 y 140; y Osborn, op. cit., 1995: 57—59). Sin embargo, ella no analiza las relaciones con los blancos y mestizos que, desde nuestra perspectiva, condicionaron la evolución de las comunidades o clanes hasta el conflicto alrededor del bloque Samoré / Sirirí. Si bien es cierto, hasta una época reciente las autoridades tradicionales se esforzaron en mantener a distancia las influencias externas, ello resultó ya contraproducente cuando la colonización dirigida arrancó en la década del sesenta (si uno se fija en la degradación del medio ambiente y en la reducción del territorio de la que fueron víctimas) y se volvió totalmente insostenible cuando se lanzó el proyecto Samoré. Considerado el cambio social desde esta perspectiva histórica, al parecer, los procesos de colonización y evangeliza-ción dieron lugar a dos tipos de tácticas de resistencia, que pasaron por una etapa de aislamiento —en la que buscaron refugio en el corazón del territorio ancestral— y luego una etapa de fortalecimiento de la organización política, en la que buscaron la legalización del territorio en sus partes neurálgicas287.

60Los primeros contactos habían ocurrido desde la Conquista, de tal suerte que en el siglo xvii algunos u’wa ya hablaban español. No obstante, la colonización y la evangelización fueron llevadas a cabo esencialmente en la década del veinte, tras la “misión Sarare” encabezada por el padre Rochereau, en 1914. A partir de 1954, la región se volvió un refugio para los campesinos desplazados por la violencia. Esta colonización apoyada por el Estado se prolongó y se amplió en 1964 con la reforma agraria. Desde entonces, la colonización no dejó de expandirse hasta encontrar un relevo, en la década del ochenta, con el inicio de la producción hidrocarburífera y la construcción del oleoducto Caño Limón — Coveñas entre 1984 y 1985. Esta promiscuidad impidió que los u’wa practicaran la cuarentena que hasta ese entonces relativamente les había protegido de las epidemias. A inicios de la década del noventa, la población se encontraba en un estado sanitario y social muy precario, agravado por la presencia de la guerrilla en la región (Aguablanca et al., op. cit.: 178).

61Los testimonios recogidos por Esperanza Aguablanca indican que, antes de fallecer, varios ancianos habían predicho la desaparición de la cultura y del conocimiento u’wa. Estos últimos serían absorbidos por una cultura ajena. Pero lo más preocupante es, sin lugar a duda, la división que había surgido recientemente entre los werjaya (o uejena), por culpa de la colonización y de sus efectos secundarios sobre el desplazamiento de las comunidades: “Cuando los viejos estén muertos, se llevarán su sabiduría sin transmitirla completamente a sus sucesores. De aquí surge la posibilidad de modificar, inventar y cambiar el contenido de los ritos y la libre interpretación [...] los Uejená no luchaban entre ellos, se ayudaban mutuamente; en la actualidad cada Uejená pretende tener la razón y pensar a su manera. Cada uno está solo y la comunidad vive dividida” (Ibíd.: 179—180). Esto confirma las conclusiones de Osborn, que señalaba que los u’wa habían sido sometidos a un largo proceso de cambio social y que los mitos estaban sometidos a la interpretación cambiante de los werjaya, influenciada por los cambios producidos por la cultura occidental.

62Pese a esta fragmentación social, los u’wa supieron preservar cierta homogeneidad, gracias a una estrategia de diferenciación cultural y a una agrupación de las familias o individuos desplazados en caso de conflicto de origen exógeno. De tal suerte que una multitud de u’wa unidos por alianzas más o menos antiguas cohabitan en una de las dos zonas correspondientes a los tres principales clanes tradicionales: Cobaría, Tegría y Aguablanca. Esta homogeneidad se fortaleció a partir de 1972, después de que los u’wa hubiesen emprendido los primeros trámites para conseguir la creación de una reserva en su territorio histórico. La ampliación de esta reserva (Aguablanca—Tauretes), en 1979, y la constitución de los resguardos Cobaría-Tegría y Bókota—Rinconada permitieron contener por un tiempo el proceso de reducción iniciado tres siglos antes. No cabe la menor duda de que la mejor protección contra los peligros que amenazaban la integridad de la comunidad en su conjunto era la constitución de un resguardo único, al igual que la constitución del resguardo Makú Nukák, acelerada por la exploración petrolera en el Guaviare en 1991.

63Como se ha dicho, algunos defienden la tesis según la cual, en el momento del conflicto con Oxy, los u’wa estaban ya dispersados en un “archipiélago étnico” rodeado por campesinos radicados en la región desde dos o tres generaciones. De hecho, si uno contrasta las estadísticas producidas por Osborn con las de la DGAI en 1995, no cabe duda de que los u’wa se dividieron en comunidades cada vez más pequeñas. Mientras que a finales del siglo xix los 16 grupos identificados por Osborn como pares que mantenían relaciones matrimoniales y rituales se concentraban en el piedemonte de la Sierra Mérida, el Sarare, el norte del Boyacá, el norte Santander, Santander y Arauca, un siglo más tarde los 36 grupos identificados por la DGAI estaban dispersados entre los departamentos de Norte Santander, Santander, Boyacá, Arauca y Casanare. El contraste es chocante, si uno considera que cada clan tiende a separarse del conjunto mediante el mero proceso de desdoblamiento debido a la presión demográfica en las derras. No obstante, Mesa Cuadros enfatiza con razón la estructura por zona de población u’wa, lo que permite identificar ya no 36 sino 16 grupos concentrados en tres áreas (Boyacá — Santander, Norte Santander — Arauca y Casanare) que coinciden precisamente con las comunidades representadas por Aso u’wa, con excepción del clan Cobaría, que no está representado legalmente por un Cabildo sino por sus autoridades tradicionales288.

64Según Montero y Páez, los u’wa ocultan esta fragmentación geográfica para hacer hincapié en la dimensión histórica y mítica del territorio, dejando de lado los aspectos culturales y políticos. Es así como estos autores consideran que el cambio social al que fueron sometidos los u’wa, en particular los radicados en áreas de colonización, entrañó un cambio en su organización socio-política que (según ellos) debería fijarse a través de la fragmentación del territorio, invirtien-do el argumento de Osborn en cuanto a la descentralización y la flexibilidad de la cultura u’wa. No obstante, Cabrera propone interpretar de otra manera la relación entre cambio social y cambio de organización en el caso u’wa. La organización social y política descentralizada, conformada por unos grupos de la misma etnia que hablan dialectos que derivan del mismo idioma “representa una notable estrategia de adaptación política y social que permite cubrir un amplio territorio como etnia”. En esta perspectiva, el antropólogo subraya que no son diferencias culturales sino variaciones de un mismo modelo, que pueden observarse en la diversidad de los grupos residenciales y ceremoniales localizados por Os-born. De tal modo que los u’wa seguirían un proceso de etno—génesis que les permita adaptarse a los cambios impuestos por la colonización y el contacto con la sociedad mestiza (F. Cabrera, op. cit.: 16).

65Al fin y al cabo, en vez de ver una división en esta nueva organización socio—política, Cabrera subraya que existe una solidaridad mecánica, en el sentido durkheimiano, entre los distintos grupos, aunque estén confrontados con distintos niveles de cambio social: “La organización social u’wa se basa en el manejo y en la responsabilidad asumida para dicho manejo, para propender al equilibrio de su hábitat y de su mundo. Esta responsabilidad social colectiva, ha sido asumida pot esta sociedad como ente, mediante una cultura, en la cual se han se-mantizado y se han convertido en objeto de una minuciosa atención, extensas áreas de fenómenos de la naturaleza, para ponerlos bajo su cuidado ceremonial”. Estas consideraciones hacen eco de las palabras de un werjaya citado por Osborn, que Cabrera ha traducido del inglés: “Si no cantásemos el mundo se desmoronaría... se vendría abajo... cantamos también por los blancos, para que ellos en su mundo puedan seguir viviendo...” (en Osborn, op. cit., 1995: 26). Este sentido de responsabilidad hacia los extranjeros y los blancos (riowa) de parte de los u’wa no es para nada abstracto, ya que tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de defender su habitat y se manifiesta en el ámbito del medio ambiente por una concepción que les prohibe separar territorio legal y territorio tradicional. Cabrera advierte al respecto: “las nociones de territorio y territorialidad están inmersas, en forma operativa y vivencial, en contextos más amplios que concluyen en una visión, si se quiere tridimensional, y no sólo material, sino mental y ética”. Mesa Cuadros agrega que el control del territorio constituye uno de los objetivos fundamentales para los u’wa, “para lograr un desarrollo autónomo que les permita tener el control efectivo sobre sus recursos humanos, naturales, técnicos y económicos” (Cabrera, op. cit.: 20; y Mesa Cuadros, op. cit.: 15).

66Esto explica que la lucha por la recuperación y la legalización del territorio ancestral se haya desencadenado a finales de la década del sesenta y que haya desembocado en la constitución de las reservas Cobaría en 1974 —convertida en resguardo en 1987— y Aguablanca en 1979. Este control territorial pasó por una nueva configuración de la organización socio—política y la redefinición del papel de los Cabildos, única figura jurídica reconocida por el Estado colombiano. En efecto, la primera organización u’wa, Asoptunebo (Asociación pro defensa Tunebo del Sarare), surgió en la época en que se definió la estrategia de rescate de las tierras acaparadas por la misión católica, llegada en la década del treinta. Esta asociación desapareció a finales de la década del setenta, tras el asesinato de varios líderes y la dispersión de los demás289. Entre 1982 y 1984 se conformaron los primeros Cabildos en las comunidades de Bókota, Tegría y Aguablanca, de pronto agrupadas en un Comité Central Indígena Tunebo (CCIT). En 1987, nació la primera organización regional, la Organización Indígena Tunebo del Oriente Colombiano (OITOC), apoyada por la ONIC conforme al modelo de las organizaciones del Cauca y del Tolima. En 1990, ésta se volvió la ORI-WOC, que se incorporó a Aso u’wa en 1994. Al inicio del conflicto con Oxy, los u’wa estaban organizados en un cabildo mayor y 15 cabildos locales, en los tres departamentos del territorio ancestral290, incluso las seis comunidades ubicadas en el área de influencia de la plataforma Gibraltar 1. Por lo tanto, no se justifica excluir estas últimas del grupo étnico bajo el pretexto de que se quedaron fuera de los resguardos y de la reserva históricos, tampoco se justifica el hecho de considerarlas como parte de la población campesina mestiza, mayoritaria en sus áreas de vivienda.

67No obstante, sería exagerado decir que los u’wa lograron un nivel de unidad suficiente para hablar con una sola voz, como lo hizo Aso u’wa en sus declaraciones públicas a lo largo del conflicto. En efecto, los u’wa subrayan que la ORIWOC y el concepto de Cabildo no eran parte de su forma de organización tradicional, lo que generó dos tipos de problemas. En primer lugar, se produjo una división del grupo étnico en dos sectores: los más tradicionales ubicados en la parte alta del resguardo, que prefirieron delegar los problemas y la mediación a los de la parte baja, más influenciados por la colonización y la evangelización. En segundo lugar, este cambio de organización política generó una falta de coordinación entre las comunidades y, de manera general, en la estrategia de lucha por los derechos colectivos (Ibid.: 2). Así mismo, Mesa Cuadros subraya que los u’wa encontraron dificultades para fortalecer la organización central, no sólo por falta de preparación y de capacitación o incluso debido a su relativa dependencia en el ámbito de la educación y la salud, sino también por culpa de las divisiones internas entre los clanes y entre las instancias legítimas de poder. Según Mesa Cuadros, esta debilidad se explica, por un lado por el hecho de que los Cabildos no conocían sus responsabilidades y carecían de experiencia para administrar los problemas comunitarios en su conjunto. De esto resultó una exclusión de facto de los grupos marginales de Santander y Norte Santander, que dejaron de sentirse representados por el Cabildo Mayor, como lo subraya con énfasis el “Estudio etnográfico” presentado por Oxy. Es más, para la ONIC, este dualismo entre u’wa tradicionales y u’wa en contacto con el frente de colonización fue explotado y ampliado, tanto por las prácticas de Oxy y del gobierno colombiano, como por las de las ONG, que privilegiaron el reconocimiento de las autoridades no tradicionales sobre la autoridad de los werjaya291.

La reinvención de la comunidad

68En el conflicto que les oponía a Oxy, los u’wa tomaron por primera vez la palabra en público el 7 de enero de 1995, tras su tercer congreso. En el texto publicado en esta oportunidad —que fue retomado en la declaración final de la reunión de Arauca, el 11 de enero— los u’wa manifiestan que viven en un mundo diferente al de los blancos, por su forma de “entenderlo, concebirlo y estudiarlo” según los preceptos de sus antepasados. Estos rechazan la actividad petrolera a nombre de esta concepción particular y exigen el respeto de su cosmología contra la colonización o la conquista (sic.)292. Es interesante anotar que, en los textos de 1995 y 1996, citan en varias oportunidades a Osborn, a propósito de la delimitación de su territorio ancestral y de sus tradiciones. Todo hace pensar que las citas de la etnóloga británica son utilizadas para dar mayor credibilidad a sus propios argumentos, como si el proceso de etno—génesis implicase un ejercicio de re—apropiación y de movilización del pasado como recurso.

69Según el mito de los orígenes citado en el documento de la “Audiencia u’wa por la Vida”, el ser supremo (Sira o Rukwa) hizo el mundo de arriba para abajo y lo proveyó con piedras, montañas, ríos, lagos y animales. Luego lo entregó al dios Yagshowa, que se hizo cargo de crear a la gente293. Conforme a este mito, los u’wa tienen a cargo la vigilancia del mundo intermedio, entre los extremos inferior y superior. Cumplen con esta tarea con la celebración de los mitos cantados y regulan su vida según el ritmo de la naturaleza: “Si ese equilibrio se rompiese, sobrevendría una situación inversa al orden; Rojo se movería hacia arriba e invadiría a Blanco; lo cual significaría el fin del universo”294. Esta cosmología es parte de un modo de pensar “integral”, regido por el conocimiento y una ética de convicción que determina la organización social de los u’wa, ritmada por los cantos, las danzas y los períodos de ayuno de carácter religioso, hasta procurarles las herramientas de la resistencia: el pensamiento, la palabra, la sabiduría. Esto explica la importancia de las autoridades tradicionales, en particular de los werja-ya, en las decisiones que afectan la conducta general de la comunidad, incluso en el rechazo a las actividades petroleras295.

70Una mayor exégesis ayudaría a ubicar exactamente el momento en que apareció la figura de la “madre rierra” y la idea según la cual el petróleo (ruirá) es la “sangre de la tierra”, que, aunque no aparezca en los escritos de Osborn, aparecieron de manera reiterativa en las declaraciones y los documentos públicos a lo largo del conflicto con Oxy. Mientras tanto se puede formular la hipótesis de que estas figuras de estilo aparecieron por primera vez en un texto publicado en junio de 1995 con el título “Territorio U’wa — Colombia” y fueron conceptualizadas en agosto de 1996, en la declaración de la Audiencia por la Vida. De pronto, se volvió un argumento para descartar cualquier posibilidad de negociar alrededor del territorio y de los recursos naturales, que según los u’wa no tienen precio ya que no pertenecen al hombre ni al Estado. Desde entonces, esta figura de estilo se volvió el marco de una reorientación etnocéntrica y antropomórfica, en la cual se encuentran todos los elementos de lo sacro, como el agua, las rocas y el petróleo. Considerada como un ser vivo, la tierra necesita del petróleo como el cuerpo humano necesita de sangre: tiene una cabeza, brazos, piernas “y el territorio u’wa es su corazón, el que sostiene el Universo; si se desangra no puede seguir dando vida al resto de cuerpo. El petróleo y los demás recursos son su sangre, por eso tenemos que cuidarlos”. El petróleo es presentado por los u’wa como un “espíritu mayor”, de la misma categoría que las lagunas y los ríos. Recordemos que los clanes estudiados por Osborn mantenían una estrecha relación con los lugares donde se encuentra la fuente de los ríos, en la Sierra Nevada del Cocuy. Así, mientras estos últimos son lugares de nacimiento y de creación, el petróleo es lo que les sostiene y da la fuerza a los árboles, los animales y los hombres. Es más, el petróleo se vuelve “la madre de todas las lagunas sagradas”, lo que le confiere un valor supremo y un carácter intocable296.

71En la recreación del mito de los orígenes, Sira colocó el petróleo debajo de las montañas como un vínculo entre los mundos de arriba y abajo. Esta representación permite encontrar una explicación mítico—religiosa a los impactos ecológicos de las actividades petroleras en Arauca, en particular a la destrucción de la laguna de Lipia y a las inundaciones crónicas denunciadas por las organizaciones sociales de este departamento. Tal vez, esta concepción explique por qué el petróleo es parte de los valores y, por lo tanto, no es negociable. Para los u’wa, tocar al petróleo provocaría no solamente un desorden cósmico a través del secamiento del subsuelo, sino también la destrucción de la cultura, una pérdida de sentido que llevaría al etnocidio, como resultado del hecho de que ellos ya no tendrían un mundo al que vigilar: “Si se da la explotación de ruiría, las razones por las cuales hay pueblo u’wa se acabarán, así moriremos todos los u’wa... Pero, si eso ocurre, también morirá el mundo, porque entonces nadie mantiene el equilibrio”297.

72A esto se añade la amenaza de la destrucción física, cuyos impactos ambientales en Arauca ofrecen un ejemplo dramáticamente explotado por los sectores sociales que sostenían a los u’wa. En efecto, hasta julio de 2000, las declaraciones públicas de los u’wa se acompañaban del balance crítico, realizado por la USO, de las actividades petroleras en la región de Caño Limón. Entre las amenazas que enfatizaban se encuentran los impactos culturales, sociales, económicos y sociales. En el ámbito cultural, señalan la pérdida de identidad, de la lengua materna, de la tradición, del pensamiento y de la historia. En el ámbito social, mencionan la alteración del orden público, la colonización, el mestizaje y las violaciones de los derechos humanos por culpa del conflicto armado. En el ámbito económico, mencionan la pérdida de actividades comunitarias y del sentimiento de solidaridad, el desequilibrio social y la corrupción administrativa. Finalmente, en el plano territorial, evocan los cambios del ecosistema y la interrupción del desarrollo armonioso con la naturaleza. Por un lado los u’wa temen una catástrofe ecológica, porque ni el Estado ni las empresas pueden enfrentar las situaciones de emergencia que provocarían los accidentes; por el otro, consideran las actividades petroleras como sinónimas de invasión de tierras y de desórdenes sociales298.

73Frente a esta pérdida de sentido y a esta amenaza física inminente, la decisión de suicidarse colectivamente, anunciada por los u’wa en junio de 1995, deriva al parecer de un razonamiento lógico: “ante la muerte segura, al perder nuestras tierras, el exterminio de nuestros recursos naturales, la invasión de nuestros sitios sagrados, la desintegración de nuestras familias y comunidades, el silencia-miento de nuestros cantos y el desconocimiento de nuestra historia, preferimos una muerte digna, propia del orgullo de nuestros antepasados que retaron el dominio de los conquistadores y misioneros: el suicidio colectivo de las comunidades u’wa”299. La eventualidad del suicidio colectivo, reiterada a lo largo de los textos y comunicados de prensa publicados a nombre de las autoridades tradicionales, fue ampliamente difundida por la prensa nacional e internacional. Para darle mayor credibilidad, los u’wa argumentaron que semejante evento ya había ocurrido en el siglo xvii, cuando el werjaya Güicanito y su clan se lanzaron al vacío, desde un sitio conocido como el Cerro de la Muerte300.

74Sin lugar a duda, éste es uno de los puntos más delicados de analizar en este conflicto. En efecto, sea real o no, la amenaza no podía ser descartada por los poderes públicos y las empresas asociadas en el proyecto Samoré / Sirirí. En la tipología de Durkheim, se trata de un suicidio altruista obligatorio, que tiene que ver con la pérdida de honor o el auto—castigo, a diferencia del suicidio egoísta, anó-mico o fatalista. Durkheim subraya que el suicidio altruista es bastante frecuente en las comunidades regidas por la solidaridad mecánica, donde el consenso social puede ser omnipotente, aunque surja también en sociedades modernas, donde la tradición reina, como en los cuerpos militares u oficiales. El suicidio altruista implica a individuos tan integrados en su comunidad que son incapaces de enfrentar una desgracia que les afecte. En este caso, la coacción social es tan fuerte que el destino de algunos se acaba con el de los demás (E. Durkheim, 1986: 238).

75El punto de partida de un análisis del problema planteado por el posible suicidio de los u’wa tiene que ver con el vínculo mecánico que les une al territorio que ocupan y a todo el territorio ancestral (Kerá Chica). Recuerdan a menudo que este territorio les fue confiado por Sira para que lo cuidaran y que, por lo tanto, no pueden ni siquiera imaginar el separarse de él. En esta perspectiva, los u’wa enfatizan el sentimiento de responsabilidad que ellos tienen al actuar conforme a las reglas y costumbres que les ayudaron a mantener cierta cohesión social y a ubicarse en el orden cósmico. Por esta tazón, el hecho de fracasar en su función existencial no puede sino suscitar la vergüenza y la culpa, que legitima la opción del suicidio altruista obligatorio301.

76Lo que está en juego, aquí, no es la eventual contaminación del territorio, ni tampoco la muerte de los animales o la destrucción del medio ambiente, sino el sentimiento compartido de lo sacro. En efecto, los seres vivos son parte del conjunto que Osborn divide en dos grupos (Raba y Shara) y que, como seres vivos, “morirían de tristeza”. En una perspectiva cosmológica, lo que se perfila atrás de las actividades petroleras es un verdadero cataclismo: “la tierra lloraría tanto que el último pico y Ritakuba nevado del Cocuy bajará Abará (sic), la deidad que custodia las aguas malignas, Abará guiaría las lágrimas de la tierra y se unirá con kuiya, el dueño y señor de la tierra y de su cópula surgiría desde la oscuridad del mundo de abajo Yara; Yara es el terremoto, culebra y dolor y entonces Yara como una gigantesca serpiente de lodo producto de cópula de la deidad que custodia las aguas malignas y el señor de la tierra, se deslizará por entre las montañas buscando los valles y a su paso se tragaría por igual a indios y a blancos a hierros y árboles, a malocas y a campamentos, arrastraría por igual la pava del u’wa y quedará sobre la tierra”. De esto resulta que el “testamento de los u’wa” suena más como un grito de alarma que como una señal de desesperanza. De hecho, más allá de la resignación, lo que aparece detrás de este proyecto es una condena moral de lo que hace el hombre blanco (riowa), que se opone a la virtud de los u’wa en la preservación del patrimonio de la humanidad a través de su territorio. Es así como se opera una inversión semántica entre “salvaje” y “civilizado”: el hombre blanco es el salvaje, por ser capaz de violar el espacio sagrado de los u’wa y no respetar los valores que estos últimos asimilan con la vida; el hombre blanco trae la muerte mientras que los u’wa defienden la vida302.

77Al fin y al cabo, dos argumentos motivaron el anuncio del suicidio colectivo: el sentimiento de vergüenza y el riesgo de etnocidio. El primero hace referencia a la función de su existencia como “guardianes de la tierra”, el segundo alude a los impactos socio-ambientales. Sin embargo, hemos visto que ambos argumentos llevan a dos opciones distintas. En efecto, por un lado no cabe duda de que la eventualidad de una irrupción brutal de la modernidad representa una amenaza mortal para la cohesión social, y por lo tanto una “muerte digna” constituye la mejor alternativa, conforme a la ética de convicción; por el otro lado, la perspectiva del caos relacionado con el conflicto armado, la destrucción del sistema agrario provocada por la aceleración del cambio social y por el deterioro de las condiciones de vida debidas a la urbanización descontrolada les llevó a adoptar una estrategia de fortalecimiento de la organización política, que se armonizaba con el proyecto de constitución del resguardo único. Así, la lucha por el territorio llevó a ocupar un lugar creciente en las declaraciones públicas, mientras que la amenaza del suicidio colectivo pasaba al segundo plano.

78De manera sensacionalista, los medios enfatizaron más este último punto que el primero, y presentaron a los u’wa como un pueblo tradicional y homogéneo, aterrado por la eventualidad del caos o del exilio, cuya estrategia de resistencia era el aislamiento o la huida, hasta contemplar la muerte como la única salvación. Sin embargo, el éxito conseguido a través de la constitución del resguardo único, en 1999, se volvió un elemento clave en la constitución de un movimiento social alrededor de los u’wa, que implicaba a tres tipos de actores: la ONIC, los ecologistas y los campesinos del Sarare. En el origen, el proceso de agrupamiento de los Cabildos seguía, en parte, el modelo de federaciones de grupos de residencia y de ceremonias identificado por Osborn. Esto explica la contradicción aparente que plantea la creciente importancia de Aso u’wa —o el fortalecimiento de la organización— en una sociedad que se caracterizaba tradicionalmente por la ausencia de centralismo. Esta forma de etno—génesis fue todavía más amplificada por el conflicto con Oxy. En efecto, ante la amenaza de desintegración comunitaria que represenraba el proyecto de exploración, los u’wa adoptaron dos tácticas complementarias. Por un lado, aumentaron la centralización de las tomas de decisión en el seno de las comunidades, hasta proclamar que el único interlocutor legítimo del Estado y de las empresas era el Cabildo Mayor. Por otro lado, movilizaron recursos financieros y humanos desde afuera, para contrarrestar el avance de sus adversarios. Apertura y fortalecimiento de la organización política son los dos términos de la estrategia que se elaboró desde 1995, año en el que se sostuvo el primer encuentro con los que habían de volverse sus aliados objetivos: los ecologistas de RAN.

La convergencia de los sectores sociales

79Si bien es cierto que desde el inicio del conflicto con Oxy, los u’wa opusieron la “ley de la vida” (u 'wchita) a las leyes del Estado, lo sacro versus lo normativo, ellos nunca perdieron de vista el hecho de que el derecho positivo podía protegerles contra el mismo Estado. De este modo, nunca perdieron de vista que la cuestión territorial constituía la piedra angular del conflicto. En este sentido, el año 1997 fue decisivo, no sólo porque el conflicto alcanzó una dimensión internacional con la misión de mediación OEA - Harvard, sino sobre todo porque el procedimiento de la constitución del resguardo único avanzó de manera significativa. En ese momento, apareció un cambio táctico que se manifestó en el hecho de que los u’wa ya no se limitaran a amenazar con suicidarse sino que buscaran movilizar a nuevos actores —sectores campesinos del Sarare, organizaciones ecologistas internacionales, organizaciones de derechos humanos, ONIC— en lo que llamaron “una cruzada mundial por la defensa de la vida”303.

80Esta ruptura ya era perceptible en la Audiencia por la Vida, o sea un año después del anuncio del suicidio colectivo, pero se volvió más clara a medida que los u’wa ampliaban su presencia en los medios y ganaban un reconocimiento en el ámbito jurídico.

81La dimensión económica del movimiento social que se conformó alrededor de los u’wa se expresa por el rechazo de cualquier tipo de acuerdo de cooperación con Oxy y de cualquier ayuda por parte de la empresa, lo que muestra que en este conflicto los intereses y las necesidades ocupan un rango secundario si se compara con los valores y los derechos. Por el contrario, las dimensiones ética, social y política del movimiento predominan. La alianza de los u’wa con la ONIC era fundamentalmente política, en la medida en que la ONIC presionó mucho al Estado para la constitución del resguardo único e hizo del derecho a la consulta previa su caballo de batalla. La alianza estratégica entre los u’wa y los ecologistas de RAN es más de naturaleza ética, ya que descansa en un acervo de valores compartidos que corresponden a una ética de convicción. Finalmente, la alianza entre los u’wa y los sectores campesinos es más bien de tipo social, no sólo debido a la multiplicación de los “paros cívicos” y manifestaciones que ésta entrañó, sino también por la aparición del concepto de identidad regional del Sa-rare y lo que se puede llamar una “etnización” del discurso del movimiento campesino, para caracterizar las referencias a esta identidad cultural o colectiva, cada vez más frecuente desde 1998. El papel de las guerrillas, en particular del ELN, se tiene que estudiar a parte, en la medida en que se manifiesta de manera esporádica pero pesa como una sombra encima de las alianzas y oposiciones que marcan el conflicto.

82De manera significativa, la ONIC estableció un paralelo entre la situación de los u’wa frente al proyecto Samoré / Sirirí y los etnocidios ocurridos en varias regiones de Colombia, que acompañaron a la expansión de la frontera petrolera a lo largo del siglo xx. En su órgano de prensa “Unidad Indígena” la organización denuncia la exterminación de los indígenas del Magdalena Medio y de los Yariguíes del Cararare-Opón a inicios del siglo xx, así como los impactos a los Barí de la región del Perijá (Catatumbo), a los Saliva de Orucué, a los Guahibo, Cuiva, Macaguán, Hitnu y Sikuani del Arauca o incluso a los Cofán del Putu-mayo y los Nukák del Guaviare304. Sobre la base de esos antecedentes, la ONIC subraya que las argucias jurídicas generadas por la disputa alrededor de la consulta previa en el caso u’wa aportan la prueba, por un lado, de “la inutilidad y vacuidad de las normas constitucionales y la legislación nacional”, y por el otro, de las contradicciones de la política neoindigenista estatal, que privilegia el interés general de la nación a costa de los derechos de los pueblos indígenas305.

83Vistas como un factor de colonización imprescindible, las actividades petroleras son asociadas con los peores estereotipos de la Conquista: “Hace quinientos años, los banqueros ingleses, alemanes y holandeses financiaron la conquista de nuestros tetritorios (...) los reyes, virreyes y navegantes, las monarquías eran sus agentes. Hoy y ayer, la Oxy, la Shell, la Texas, la Hocol, la Amoco, la British Petroleum, han ubicado a sus funcionarios en el gobierno... Gladys Ji-meno, Hernán Darío Correa y seguramente muchos otros funcionarios grandes y pequeños...”306. Siguiendo este comentario, los ataques del entonces Presidente de la ONIC, Abadio Green Stocel, se concentraron particularmente en contra de la DGAI y el INCORA, ambos acusados de servir a los intereses de las empresas petroleras: la primera por facilitar consultas previas truncadas, el segundo por atrasar los plazos de legalización de los resguardos. Abadio Green cita en particular el caso del territorio Nukák, que fue reducido en la constitución del resguardo, mientras que el Estado planeaba explorar la zona fronteriza, lo que justificó la “acción de tutela” de 1992307. Pues bien, más allá de su dimensión polémica, este análisis radical refleja la ideología anticolonialista y antiliberal que se generalizó en la Campaña de los 500 años, que llama a la conformación de un amplio movimiento social, que agrupe a las organizaciones indígenas y campesinas, así como a los sindicatos de la industria, a los defensores de los derechos humanos, para defender los recursos naturales y la soberanía nacional. En esta perspectiva, la batalla jurídica que la ONIC respaldó para la ampliación del resguardo u’wa es un asunto político que va más allá de la defensa de este caso.

84En 1993, la ONIC respaldó el documento dirigido al INCORA por el Cabildo Mayor, para la constitución del resguardo único, incluyendo a las comunidades de Chitaga, Toledo, Concepción, Cubará y Güicán. Así mismo, en una carta al INCORA (31/03/1993), la ORIWOC contrastaba el territorio ocupado y el territorio ancestral para enfatizar la necesaria ampliación del resguardo más allá de los límites del área de hábitat contemporáneo. Sin embargo, en la misma época circuló un manuscrito apócrifo, según el cual los u’wa no reclamaban todo el territorio ancestral porque ellos entendían la necesidad de coexistencia interétnica con los demás grupos del país. Este documento venía acompaña do de un mapa levantado a mano en el que figuraban diez comunidades ubicadas fuera de los resguardos Cobaría-Tegría y Bókota-Rinconada y de la reserva Aguablanca—Tauretes. No queda claro si la parte de este mapa cuya leyenda indicaba “territorio tradicional en recuperación” fue considerada como divisible y negociable, pero lo que sí es cierto es que introdujo una confusión en las reivindicaciones de Aso u’wa308. Sea lo que fuere, al inicio de los estudios de exploración sísmica en 1995, Roberto Cobaría denunció ante el Defensor del Pueblo el hecho de que estas comunidades eran afectadas directamente en los sectores de Santa Marta y La Laguna, por lo que él llamaba la atención sobre la necesidad de acelerar el proceso de ampliación del resguardo. Esta exigencia se volvió todavía más apremiante cuando, en una reunión mantenida con el gobierno en Cubará, el entonces Presidente del Cabildo Mayor expresó la necesidad de constituir este resguardo en un plazo de dos años y de excluirlo totalmente del bloque Samoré / Sirirí309.

85Como hemos visto, el proceso de recuperación territorial había arrancado antes de que se tratara del proyecto Samoré. No obstante, se volvió una urgencia de primera instancia con el inicio de la exploración sísmica, como lo subrayan los mediadores de la misión OEA-Harvard, que recomendaron concluir este proceso, inaugurado por el INCORA en 1996. De manera significativa, los u’wa aprovecharon la entrega del Premio de la Fundación Goldman en 1998 para comprar lotes en un conjunto de 93 millones de pesos (unos 60.000 dólares)310. La oposición entre territorio ancestral y territorio legal definido por el Estado encubre entonces una dimensión eminentemente política. Según los u’wa, mientras que el primero es sagrado, definido por un título de propiedad colectiva entregado directamente por el creador del mundo, el segundo, por ser estrecho y dividido, es la expresión del poder estructural que tan solo detuvo la colonización de manera insatisfactoria. Sin embargo, de manera explícita, éstos no dejaron de invocar la protección legal del territorio ancestral, como una garantía de la integridad de las comunidades y de lo que ellos consideraban como una deuda histórica del Estado311.

86La diferencia espacio—simbòlica entre territorios tradicional y legal es la misma que marca los términos del respeto que ellos reivindican y, por lo tanto, el grado de frustración que resultó de las condiciones en las que fueron señalados los límites de resguardo ampliado. El gobierno y las empresas asociadas en el proyecto Samoré / Sirirí hicieron una interpretación estrictamente jurídica de las recomendaciones de la misión OEA—Harvard. Queda claro que, para esos actores, el reconocimiento del resguardo ampliado era parte de una negociación de tipo “donante / donante, ganador / ganador”, inspirada en el modelo de la teoría de los juegos. En efecto, por un lado los u’wa debían estar satisfechos por haber conseguido la legalización de un territorio de más de 220.000 ha; por el otro, el Estado podría salir del conflicto con la satisfacción de haber aplicado al pie de la letra la Constitución de 1991, mientras mitigaba su compromiso institucional y abría el camino a la exploración petrolera fuera de los límites del resguardo.

87Sin embargo, lejos de apaciguar los espíritus, la delimitación del resguardo único no hizo sino generar una frustración entre los u’wa. Cierto es que, en la medida en que ratificaron la propuesta de delimitación por el INCORA sobre la base del estudio socio—económico realizado por la Universidad Javeriana, uno puede sorprenderse de que hayan seguido protestando contra el inicio de las actividades petroleras ubicadas formalmente fuera del resguardo. Pues bien, desde la constitución de este resguardo, reivindicaban la legalización del conjunto del territorio histórico: “si hablamos de territorio, tenemos que hacerlo desde los tiempos en que no había sido invadido por los colonos”312. En la ceremonia oficial de entrega del título, el nuevo Presidente del Cabildo Mayor, Roberto Pérez pidió además “el respeto absoluto por la postura de no autorizar exploración o producción de petróleo [en nuestro territorio tradicional], dentro y fuera del territorio legalmente reconocido como nuestro”313. Por otra parre, la ubicación del pozo exploratorio a menos de un kilómetro del límite noroccidental y la entrega de una licencia ambiental para este pozo inmediatamente después de la legalización del resguardo motivaron la segunda “acción de tutela” en el conflicto. Paralelamente a la batalla jurídica por la constitución del resguardo único y la entrega de la primera licencia ambiental a Oxy, se llevaba a cabo un debate público en los medios, en el cual intervino un protagonista clave del conflicto: el sector ecologista.

88Siguiendo nuestra hipótesis, los activistas de RAN se asemejan a nuevos mediadores ventrílocuos, cuya presencia se manifiesta a través de las figuras de estilo que salpican los comunicados y documentos públicos que ya hemos comentado. En el documento entregado al finalizarse la reunión del tercer congreso u’wa, se notaba ya esta influencia en expresiones como “somos los guardianes del ecosistema”, “no se repetirá la historia de hace 502 años”, los “cambios físicos de la corteza terrestre” o aún “exigimos se tenga en cuenta los preceptos normativos que tutelan a los pueblos indígenas”314. Así mismo, el documento entregado en la Audiencia por la Vida está lleno de conceptos empleados por los ecologistas fundamentalistas como “el calentamiento de la tierra”, “la tierra es un ser vivo”, “una alimentación sana, sin veneno ni productos químicos peligrosos”, “el agotamiento completo de los recurso”315.

89Es más, en el texto publicado en agosto de 1998 aparecen términos que, al parecer, no son parte del vocabulario de los u’wa316. Es así como se habla de “los indios”, mientras que los u’wa nunca se auto—designan con este sustantivo. Se encuentra una larga digresión sobre los “salvajes” y los “jefes blancos”, lo cual tampoco aparecía como una preocupación central para ellos y suena como un préstamo a la retórica indigenista de las ONG estadounidenses. El mismo texto menciona malocas, que no existen en la organización social u’wa, y compara el “oro negro” con el “oro amarillo”, que nunca fue explotado en territorio u’wa. Además, uno se queda confundido al encontrar metáforas como “la tierra es una flor” o “habrá un día en que un hombre reemplace las montañas del cóndor por montañas de dinero”, para denunciar la violencia y el hecho de que “la sangre que paga por ellos sigue siendo roja, sigue siendo india”. Finalmente, y dicho sea de paso, la forma general del texto es demostrativa y lineal, lo que contrasta con el carácter reiterativo y más descriptivo o narrativo de los principales textos atribuidos a las autoridades tradicionales en el transcurso del conflicto.

90A parte de estas huellas semánticas, el conjunto de los comunicados de RAN demuestra una propensión a dramatizar, más con el afán de conmover a las conciencias individuales y a la opinión pública internacional que para reflejar una imagen justa de los acontecimientos. A esto cabe añadir la falta de precisión en los datos, como el número de u’wa, que varía de 4.000 a 8.000 según los autores de los comunicados de prensa. Esta dramatización se nota a través del énfasis puesto sobre la amenaza de suicidio colectivo, cuidadosamente reiterado en cada comunicado o carta abierta, y presentado como “la última acta de desobediencia civil” contra el “proyecto genocida” de Oxy. De la misma manera, los mediadores ventrílocuos de RAN reflejan una visión maniquea del clásico combate que opone a David y Goliat en los conflictos socio—ambientales: “Cuando Big Oil gana, los pueblos indígenas y ecosistemas locales son sacrificados [...]”317. Es más, contrastan la protección militar de las instalaciones militares en Colombia con la alianza estratégica entre multinacionales y gobiernos autoritarios de Nigeria y Birmania, estableciendo una similitud de Samper y Pastrana con las dictaduras del Gral. Abacha o de la Junta militar de Rangoon318.

91Fue la campaña “Más allá del petróleo”, la que llevó a los activistas de RAN a encontrar a los u’wa en abril de 1993, como lo precisa su informe llamado “La sangre de nuestra madre...”319. Desde entonces, la Red se impuso como uno de los más activos defensores de la causa u’wa, al lado de organizaciones de defensa de derechos humanos y demás actores sociales. En este contexto, llevó una activa campaña de lobbying en el nivel nacional e internacional, tras encabezar el Proyecto de Defensa de los u’wa320. Además de organizar varias visitas de representantes u’wa a Estados Unidos, los ecologistas fueron al origen de una campaña de prensa entre abril y septiembre de 1997, que dio a conocer en el mundo entero la amenaza de suicidio colectivo, anunciada dos años antes. Recogieron fondos de solidaridad que desembocaron en el otorgamiento de los premios Goldman (100.000 dólares) y Bartolomé de las Casas (70.000 dólares), lo que da una idea del poder económico que pueden movilizar en Estados Unidos y Europa e, indirectamente, de su influencia sobre parte de la opinión pública321.

92La campaña “u’wa vs. Oxy” arrancó realmente en mayo de 1997, con la visita de Roberto Cobaría y Edgar Méndez a Estados Unidos, al regreso de la cual Terence Freitas, activista de la ONG eco—indigenista Sol Communications con sede en Los Ángeles, participó en una reunión en Cubará entre los u’wa y el gobierno. Al regresar de Colombia, Freitas se involucró con cuerpo y alma en la campaña de defensa de los u’wa y empezó a difundir noticias a través de boletines de prensa y en una página web totalmente dedicada al conflicto Samoré322. En febrero de 1999, participó en el proyecto de construcción de una escuela en el territorio u’wa, acompañado por dos activistas indigenistas estadounidenses Ingrid Washwinawatok (Menominee del Wisconsin) y Lahe’ena’e Gay (indígena de Hawaii). Los tres fueron secuestrados el 25 de febrero en Arauca, por un comando del 10° frente de las FARC-EP, y ejecutados cinco días más tarde, tras una ofensiva lanzada por el ejército colombiano que tuvo un balance de 70 guerrilleros muertos. Estos acontecimientos surgieron en un momento en que las FARC acababan de romper el diálogo de paz reiniciado en enero de 1999 con la administración Pastrana, como un signo de protesta contra la ayuda militar estadounidense otorgada en el marco del Plan Colombia. Este triple asesinato, calificado de “grave error” por Manuel Marulanda, fue atribuido a Germán Brice-ño, hermano del segundo jefe de las FARC, Jorge Briceño, pero la guerrilla se rehusó a la entrega de sus autores a la justicia colombiana o estadounidense.

93Después del asesinato de Freitas, la presencia de los ecologistas se hizo más escasa en la región del Sarare, sin que esto significara que hubiesen acabado con la campaña “u’wa vs. Oxy”, que resultaba ser la más exitosa en la búsqueda de legitimidad internacional. De hecho, concentraron sus esfuerzos en Estados Unidos y Europa, organizando nuevas visitas de los representantes de Aso u’wa en 1999 y 2000. Aprovechándose de la visita del ministro colombiano de Medio Ambiente, Juan Mayr, premio Goldman en 1993, le entregaron una carta firmada por un centenar de ONG radicadas en 24 países, en contra de la atribución de la segunda licencia ambiental a Oxy, que autorizaba la perforación del pozo Gibraltar 1. Entre las más destacadas ONG se encontraban el Sierra Club, Greenpeace, Friends of the Earth, Oilwatch, Environmental Defense Fund y Cultural Survival. Pero tan solo nueve organizaciones o personalidades colombianas se solidarizaron con esta iniciativa, de las cuales la mitad se radicaba en el Casanare323. Poco tiempo después, se organizaron manifestaciones frente a las embajadas de Colombia, en unas veinte ciudades europeas y estadounidenses. Cierto es que la mayoría de estas manifestaciones agruparon a algunas decenas de participantes, fueron una señal más de la internacionalización del conflicto.

94Simultáneamente, la RAN concentró sus acciones hacia los financistas de Oxy, en particular el entonces Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el Fidelity Fund del Banco Mundial, principales accionistas de la multinacional. Los resultados de esta campaña de lobbying no cambiaron el curso de los acontecimientos, aunque los ecologistas lo calificaran de “derrota de relaciones públicas” para Oxy. Las manifestaciones apenas alcanzaron a perturbar las reuniones de la Convención Nacional Demócrata, pues no sólo que los inversionistas del Fidelity Fund se negaron a discutir en público con Roberto Pérez en su viaje a Boston en abril de 2000, sino que las obras de la plataforma apenas fueron aplazadas por la segunda “acción de tutela”, anulada en segunda instancia. Al fin y al cabo, todo indica, al parecer, que los efectos de la campaña internacional de 1997 y 1998 se habían agotado, como lo reflejaron las críticas cada vez más acerbas en la prensa colombiana y el silencio de la prensa foránea sobre la evolución del conflicto, tras la legalización del resguardo único. En efecto, las constantes alusiones al territorio tradicional, que motivaron el rechazo de los u’wa a las actividades petroleras en el Sarare, llevaron a los medios a retomar la postura crítica que, en general, les caractetiza frente al movimiento indígena colombiano.

95Quizá es ahí donde la influencia de los mediadores ventrílocuos se volvió contraproducente, y hasta nefasta, en la medida en que impidió que los actotes llevaran a cabo cualquier negociación en un contexto político legal claramente definido. Los comunicados de RAN dejaban entender que el territorio tradicional de los u’wa era el único marco referencial del conflicto, por lo que pretendían ampararse en el estudio del IDEADE, que mencionaba los límites del territorio tradicional a manera de introducción y como antecedente de la negociación. En esta perspectiva, los ecologistas subrayaron que los u’wa tan solo poseen el 14% de su territorio ancestral, el cual incluye, por supuesto, el conjunto del bloque Samoré. Pues bien, al proceder así, ocultaban una dimensión fundamental del asunto, y es que los u’wa fueron los verdaderos negociadores de la ampliación del resguardo. Finalmente, en ningún momento los ecologistas mencionan la importancia de los campesinos, con los que sin embargo los indígenas tuvieron que sellar otra alianza estratégica.

96La convergencia de los u’wa y del movimiento campesino inició en 1997 con la realización del estudio socioeconómico en pos de la constitución del resguardo unido. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 1998 cuando los sectores afectados por las actividades petroleras en Caño Limón y en el bloque Samoré convergieron, con oportunidad de la mayor manifestación jamás organizada en el transcurso del conflicto. De éste nació un movimiento social de defensa de la “madre tierra”. En un comunicado con acentos neo-zapatistas, los u’wa llamaron a los “hermanos de otras razas, de otras culturas” a unirse a la lucha que llevaban a cabo, e invitaban a la solidaridad de los campesinos y colonos, que en otros tiempos habían sido sus enemigos históricos por penetrar en su “territorio sagrado”. Desde entonces, los sectores sociales encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Arauca adoptaron la causa indígena, hasta movilizarse masivamente para garantizar su seguridad física durante los paros y las ocupaciones de sitios que se multiplicaron en 2000, después del otorgamiento de la licencia ambiental para Gibraltar 1.

97Como ya lo hemos visto, la denuncia de los impactos socio—ambientales en Caño Limón aparece en todos los textos y acuerdos posteriores a la reunión de Arauca en enero de 1995. Lógicamente, estos antecedentes fueron el punto de partida para la cooperación objetiva entre ambos sectores y se volvieron el lema en las movilizaciones colectivas, para pedir justicia a nombre de 25.000 o 125.000 colombianos, según los textos324. Esta denuncia abarca lo que hemos identificado como los cuatro campos sociológicos del movimiento social. En efecto, en el ámbito político, lo que está en juego es el “abandono del Estado” y la política energética contra la protección de la población. En el ámbito social, es la banalización de la violencia y de los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras. En el ámbito económico, es la crisis agropecuaria, la corrupción y el clientelismo al que dan lugar las rentas, así como la ineficiência de las autoridades locales y gubernamentales para erradicar la pobreza. Sobre todo, lo que la convergencia del movimiento campesino y obrero con los u’wa expresa, es una moralización de las luchas sociales. De hecho, no sólo que el movimiento social valora las luchas indígenas en contra de un sistema económico y político de dominación —refiriéndose de paso al movimiento Zapatista en México— sino que ve en la actitud de rechazo a las actividades petroleras en la región una nueva forma de oponer el desarrollo con el equilibrio, la “voracidad del capitalismo” con la preservación del medio ambiente y de la “madre tierra”. La resistencia de los u’wa se vuelve incluso un problema de soberanía regional y nacional frente al abandono de la riqueza nacional y de los recursos naturales a las empresas multinacionales. Finalmente, el suicidio colectivo anunciado por los u’wa se interpreta como una alternativa lógica al “suicidio colectivo de la humanidad”, que entrañaría el desarrollo del capitalismo325.

98Se puede considerar el encuentro de ambos sectores para el estudio socio—e -conómico en pos del resguardo único como un acontecimiento fundamental a partir del cual la solidaridad de los campesinos hacia los u’wa iría creciendo. Desde su creación, en 1972, la CUT de Arauca había encabezado 17 movimientos colectivos —paros, marchas, cabildos abiertos y foros diversos— entre los cuales las principales preocupaciones de los campesinos, al parecer, eran las violaciones de los derechos humanos por parte de los paramilitares y el ejército, la crisis agropecuaria y la crisis de los servicios públicos326. Pues bien, a partir de 1997, uno de los lemas de las movilizaciones campesinas pasó a ser la protección del medio ambiente y la solidaridad con los u’wa, como lo sugieren los títulos evocadores de los comunicados. Esto se expresa también por la firma de Aso u’wa en los comunicados publicados por Asojuntas, la ANUC, el CRIA y demás organizaciones sociales de Arauca (mujeres, estudiantes, comerciantes, maestros y transportistas).

99Justamente, después de la creación del resguardo unido y del otorgamiento de la licencia ecológica para Gibraltar 1, estas organizaciones denunciaron la cercanía de la plataforma, considerando “cínica y falsa” la manera de actuar del gobierno y apoyando la postura de los u’wa que defendían el concepto de territorio ancestral. Así mismo, los campesinos de Arauca asumieron un papel protagónico en las movilizaciones alrededor de la plataforma y el bloqueo de la carretera Saravena — Pamplona, que culminaron con una movilización en Gibraltar entre febrero y marzo de 2000. Su colaboración se materializó también con la llegada de varias misiones internacionales de observación entre las cuales cabe mencionar una “misión internacional de veeduría” en marzo de 2000 y la visita de José Bové con Vía Campesina en julio del mismo año. Las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 1999 se multiplicaron tras el desplazamiento forzado de las familias u’wa radicadas en el área de influencia de la plataforma, en la aldea de Cedeño, en enero de 2000. La intervención de la 18^a Brigada y del pelotón antimotines de la policía de Cúcuta en Cedeño y La China (28/01), Las Canoas (12/02) y Gibraltar (21/02 y 24/06/2000) acompañaron la creciente polarización del conflicto y la escalada de la violencia en el área, materializada por la muerte accidental de cuatro niños en Las Canoas, la intoxicación por gas lacrimógeno y las heridas por balas de varias personas, así como la detención, en aquella época, de 71 personas en Gibraltar. Cierto es que la formación de una misión de seguimiento a los impactos socio—ambientales en Gibraltar en julio de 2000 acabó por un tiempo con esta escalada, sin embargo los u’wa y las organizaciones sociales dejaron la mesa de diálogo poco después de que el área que rodeaba la plataforma fuera declarada “zona de reserva especial”, mientras que el INCORA estudiaba la delimitación de una “zona especial” en un perímetro de 14,5 km².

100Más allá del encuentro de los sectores campesino e indígena, el estudio socioeconómico en pos de la constitución del resguardo unido favoreció el encuentro de dos mundos, que se manifestó por la universalización del discurso social, incluyendo una perspectiva ética a partir de la toma en cuenta de diferencias so cioculturales. A través de las declaraciones que dieron ritmo a las movilizaciones colectivas de 1999 y 2000, surgió y se fortaleció una nueva identidad colectiva campesina e indígena, basada en un espacio “natural, espiritual y cultural de la comunidad milenaria que conserva intactas nuestras raíces ancestrales”327. Saliendo de la constatación de que los u’wa tienen una organización social “totalmente distinta” a la suya, los campesinos les reconocen una legitimidad superior en la definición de lo que es erróneo, del bien y del mal, de los derechos y deberes, de las recompensas y de los castigos que merecen los blancos. A partir de este reconocimiento, defienden la necesidad de instaurar un nuevo marco legal, que ubica la perspectiva universal por encima de lo local y lo nacional. En la práctica, este movimiento social valora la existencia de rasgos comunes entre las organizaciones campesina e indígena, que favorece el acercamienro de los puntos de vista y que justifica la formación de una alianza estratégica, pese a los antecedentes históricos de la colonización moderna. Entre “ellos” y “nosotros” existen entonces intereses comunes, que favorecen una redefinición de la identidad regional, sobre todo cuando se trata de enfrentar a un adversario común, como una empresa multinacional.

101Esta identidad colectiva, en busca de legitimidad, llama a la sociedad global para defender la soberanía y el medio ambiente328. Es así como lo ético irrumpe en los tres campos sociológicos tradicionales: político, social y económico. Se oponen a los valores del poder y del dinero, asociados con el petróleo, los de la vida, del medio ambiente sano, de la fertilidad de la tierra y de la armonía social, asociados con la “cultura” regional. De la misma manera, el sistema agrícola de control vertical de los pisos térmicos practicado por los u’wa se opone al “sistema degradante” de la agricultura occidental, que utiliza productos químicos que envenenan los suelos y el agua. Finalmente, se oponen las formas de resistencia pacífica reivindicadas por las organizaciones sociales y los u’wa a la brutalidad de la fuerza militar y policial. Esto nos lleva a considerar a un actor del conflicto que, de varias maneras, hipoteca cualquier forma de resolución que podría encontrar el conflicto generado por el proyecto Samoré / Sirirí, y que es el actor armado, trátese de las guerrillas, de los paramilitares o del ejército.

La sociedad civil absorbida por la violencia

102Según la misión OEA-Harvard realizada en 1997, la presencia del ELN en la región “se extiende como una sombra silenciosa sobre todos los actores y complica todo análisis o esfuerzo para solucionar el conflicto”329. En lo que atañe al conflicto entre los u’wa y Oxy, la misión dejó “percibir más claramente el papel jugado por los guerrilleros del ELN, que algunos han confundido con aquellos que se implican en la defensa legítima de los derechos indígenas”. Mientras que la presencia de las FARC-EP en el conflicto no se había manifestado antes del secuestro y la ejecución de los tres activistas estadounidenses, a inicios de 1999, el ELN inició sus actividades en abril de 1992, lo que provocó la suspensión de los estudios geológicos. En abril de 1995, este movimiento secuestró a un empleado de Grand Geophysical, subcontratista de Oxy para la exploración sísmica (EIA, 07/1998). En mayo de 1995, secuestró por treinta hotas al Senador Lorenzo Muelas quien, una vez liberado, acusó a Oxy de violar los derechos y el territorio de los u’wa. En diciembre de 1998, el Frente Domingo Lain asesinó a dos empleados de Inversísmica, empresa que había sucedido a Grand tras la producción de un mandato operativo de orden público por parte del ejército.

103Siguiendo la cronología de las relaciones entre los u’wa y Oxy, en noviembre y diciembre de 1993, algunos u’wa habían informado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y a la Procuraduría de la existencia de medidas de intimidación por parte de la guerrilla330. Estas quejas dieron lugar a una investigación que nunca concluyó. Así mismo, en noviembre de 1994, Oxy informó a la DGAI de la ingerencia de la guerrilla en las negociaciones con los u’wa, y estos últimos renovaron sus demandas ante el Procurador en abril de 1995. No obstante, cabe precisar que estas demandas no siempre fueron respaldadas por las autoridades tradicionales ni por el Cabildo Mayor que, por el contrario, denunciaron manipulaciones por parte de Oxy. Así mismo, para los u’wa y la ONIC, el triple asesinato de los activistas indigenistas por las FARC constituyó un ataque directo para callar la protesta en contra del proyecto Samoré / Siriri. La ONIC se declaró “espantada” de que un grupo que se pretendía solidario hacia los pueblos indígenas hubiese cometido semejante “acto de barbarie”. Así mismo, la Organización aprovechó la oportunidad para denunciar la violencia armada y la creciente militarización que, en Colombia, acompaña al desarrollo de las actividades petroleras.

104Genera cierto malestar el hecho de que, en ningún momento, los defensores de los u’wa en su lucha contra Oxy hayan previsto que una acción de la guerrilla pudiera darse la vuelta en contra de ellos. Ahora bien, el contexto político tan solo provee una explicación parcial. Se puede avanzar la hipótesis de que, a través del secuestro de los tres activistas, se jugaba un episodio de la guerra entre las guerrillas, en la cual las FARC disputan al ELN su principal área de influencia. En esta disputa, al parecer, los actores armados ocupan un campo particular en el área estratégica que representa el bloque Samoré. El problema no es, tan solo, que el ejército intensificó su presencia en la región para proteger las infraestructuras petroleras, sino también que las FARC adoptaran una postura de facto favorable hacia la industria. Es así como, en la primera fase de la construcción de la plataforma Gibraltar 1, el 10° Frente acompañó el transporte de la maquinaria de Oxy en el sector que controlaba, a lo largo de la carretera Pamplona - Sarave-na. El ejército había de relevarlo, pero el ELN intervino en el kilómetro que separaba el último retén de las FARC y el primero del ejército. Esta información, que fue confirmada algunos meses después por el Ministro del Interior, confirma la tesis según la cual las FARC se habían vuelto un aliado objetivo de Oxy, lo que no impedía que el 10° Frente percibiera la “vacuna” de la misma empresa.

105Al fin y al cabo, si bien es cierto que las actividades petroleras en el país vienen acompañadas por la militarización y la multiplicación de los enfrentamien-tos entre las guerrillas y el ejército, es porque, para los unos y los otros, el bloque Samoré representa una apuesta estratégica. Para el Estado, el reto es imponer su presencia en una zona donde nunca fue reconocido como legítimo, mientras que para las guerrillas, es un espacio de despliegue en el que no toleran ningún cues-tionamiento a su legitimidad. De suerte que argumentar, como lo hicieron los mediadores ventrílocuos a nombre de los u’wa, que la abrogación del proyecto Samoré / Sirirí era la única manera de impedir el estallido de la violencia en la región, equivalía a invertir los términos del problema.

106Durante muchos años, los sectores sociales denunciaron las acciones de los paramilitares y la complicidad del ejército, haciendo caso omiso de las guerrillas. Se atribuía la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos a los sectores militares y paramilitares en la lucha anti—insurrecta. Así, entre 1989 y 1996, en el municipio de Fortul (Arauca) se registraron 31 demandas por violaciones de este tipo, contra 19 en Saravena entre 1984 y 1993, 23 en Tame entre 1986 y 1991, y 14 en Arauquita entre 1991 y 1993331. En agosto de 1997 se mantuvo una “Audiencia por la vida y el respeto a los derechos humanos y en contra de la impunidad y la guerra sucia”, cuya función era denunciar la multiplicación de las desapariciones y los asesinatos atribuidos a los paramilitares. En la continuidad de esta reunión se conformó una “Comisión interinstitucional por la superación de la impunidad”332. Cabe precisar de antemano que esta comisión no tuvo un gran éxito, si consideramos que, diez meses después de ser conformada, las organizaciones sociales la abandonaron, en protesta contra la empresa de vigilancia llamada El Corral, una organización Convivir procedente del Magdalena Medio y llegada a Arauca en septiembre de 1997333. En febrero de 1998, se organizaron manifestaciones en contra de El Corral, organización a la que se atribuía la responsabilidad de 14 asesinatos y 4 desapariciones en dos meses, con la complicidad presunta de la 18^a Brigada de Arauca.

107El Corral llevaba un año generando desorden, cuando fue declarada ilegal (a finales de 1998). Sin embargo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no demoraron en ocupar el espacio vacío, si uno ve su injerencia en los paros cívicos de 1999 y, en particular, su oposición brutal a la organización de manifestaciones en mayo de ese año. En una carta dirigida a Carmen Súa, presidenta del sindicato de la comuna de Arauca, las AUC calificaron de actividades “delictivas” a las órdenes de las guerrillas, y le ordenaron abandonar el departamento con la junta directiva y los sindicatos. Más tarde, declararon a la Asamblea Departamental de Arauca que sus electos se habían convertido “en bandoleros de cuello blanco que sometían a la sociedad civil a abusos y violación de los derechos humanos por parte de la guerrilla”, y les llamaron a defender las instituciones legales bajo pena de ser considerados “objetivo militar por traición a la Patria y corrupción”334.

108Estos acontecimientos ocurrieron tras la multiplicación de las quejas por complicidad entre el ejército y los paramilitares, en la década del noventa. Así, las relaciones entre las fuerzas armadas y la población civil en la región reflejan una hostilidad mutua, que el bombardeo de Santo Domingo (municipio de Tame) por las fuerzas aéreas en diciembre de 1998 exacerbó todavía más. En varias oportunidades, además, el ejército se opuso a la organización de paros cívicos y no ocultó su desconfianza hacia las organizaciones sociales, como lo muestra una carta dirigida al alcalde de Saravena, en la que se las califica de “narcoterroristas”335.

109Como lo hemos visto, para las organizaciones sociales, la presencia de la guerrilla en las áreas de actividades petroleras no se formula en términos de rechazo a la violencia sino de rechazo a estas actividades. Si bien protestaban ya contra los “encapuchados” a finales de la década del ochenta, los sectores sociales —en particular la ANUC y la USO— defendían al parecer cierta tolerancia hacia el ELN y las FARC, lo que sostenía la tesis según la cual el ELN contaba con el apoyo del campesinado y de la USO desde su entrada a la zona336. Así, hasta agosto de 1998, pedían a los movimientos insurrectos que asumieran la tarea de “veedores del cumplimiento de los acuerdos” firmados con el gobierno nacional; bien se tratase de demandas sociales como la mejora de las redes viales, el aumento de los presupuestos de educación y salud, o la delimitación del resguardo único u’wa337. Las organizaciones sociales pedían al Estado y a las empresas que se abstuvieran de firmar un acuerdo con la guerrilla “a espaldas del pueblo”.

110Ahora bien, en el momento en que se organizó el paro cívico de junio de 1999, las FARC acusaron a “las mal llamadas organizaciones sociales” de ser compinches del ejército en la organización de esta protesta. Apenas un mes después del asesinato de los tres activistas estadounidenses, el 5^o Frente había secuestrado a Juan de Dios Pontón, un dirigente de la Asociación de Jóvenes, que fue ejecutado dos meses más tarde. Este asesinato alargó la lista de representantes de sindicatos hostigados o asesinados por las FARC en las comunas de Formi, Tame y Saravena. De la misma manera, la población civil fue víctima de agresiones del ELN, durante unos enfrentamientos entre el ejército o la policía y el Frente Domingo Laín —como en Tame, Saravena y Arauquita—, entre este último y el 10^o Frente de las FARC —en Puerto Rondón y Cravo Norte— o incluso en los atentados con explosivos en los centros urbanos.

111Entonces, todo demuestra que la población civil del Sarare se encontró poco a poco incluida en la violencia generalizada, entre los tiros cruzados del ejército y de las guerrillas, agravados por la guerra sucia de los paramilitares en la región. Con la exacerbación del conflicto de Samoré / Siriri entre 1998 y 1999 y más aún después del “grave error” de las FARC, el rechazo a las guerrillas se volvió tan radical como el rechazo a los paramilitares, por lo menos en los comunicados públicos de las organizaciones sociales. Esto contradice la creencia según la cual “las únicas armas criminales que se han caractetizado por las masacres de los sectores populares y sus dirigentes como métodos represivos de los Estados ilegítimos son las de los llamados paramilitares” y los llevó a reafirmar sin ambigüedad su postura de actores neutros en el conflicto armado.

112Hasta el incremento de la violencia de 1998 y 1999, las declaraciones de las organizaciones campesinas, ecologistas e indígenas no dejaban de repetir que el petróleo era sinónimo de violencia, de la que las primeras víctimas eran las poblaciones indígenas. Por lo tanto, era preciso limitar las actividades petroleras para limitar la violencia armada. En el caso Samoré / Siriri, cabe decir que eso es un sofisma, ya que, como lo hemos demostrado, la presencia de la guerrilla antecedió a la de la industria petrolera. El despliegue del ELN en áreas urbanas a principios de la década del ochenta testifica que el petróleo no fue sino un elemento más en el conjunto de recursos destinados a financiar la estrategia de desdoblamiento de los frentes. Lo mismo se puede decir de la cocaína para las FARC, en particular en el Putumayo, donde el petróleo resulta ser una fuente secundaria de financiamiento. Es más, la postura del ELN de rechazar las actividades petroleras en el Sarare confirma hasta qué punto su estrategia puede ser cambiante y flexible. En efecto, por un lado esta guerrilla elabora un discurso nacionalista que suele convocar un debate público sobre la nacionalización de petróleo, por el otro pretende defender los intereses de los campesinos y de los u’wa al rechazar la presencia de la industria en sus “áreas protegidas”.

113Sin embargo, la tesis de la manipulación defendida por Oxy no parece más convincente. Según la empresa, cada vez que estuvo a punto de llegar a un acuerdo con los u’wa, estos últimos dieron un paso atrás bajo la presión del ELN. De hecho, desde el primer intento para firmar el acuerdo de cooperación, en agosto de 1993, hasta la teunión de Saravena para conformar la comisión de seguimien-to de las obras de Gibraltar 1, en julio de 2000, el ELN no dejó de manifestar su violenta oposición al proyecto Samoré / Siriri. Para Oxy, la explicación es simple: el Frente Domingo Lain, que controla la zona, denuncia la milirarización que acompaña el desarrollo de las actividades petroleras porque no quiere ver su hegemonía cuestionada en esta región338. Esta explicación se basa, en parte, en la tesis de Péñate, que evidenció el vínculo histórico entre el ELN y los sectores radicales de la ANUC en la década del ochenta. No obstante, queda por probarse que los u’wa entraran en el mismo esquema de cooperación con la guerrilla, lo que ellos y la ONIC nunca dejaron de negar a lo largo del conflicto.

114Por el contrario, no quedan muchas dudas de que ambas guerrillas buscaran aprovecharse de la fuerte legitimidad de los u’wa entre los sectores sociales y la opinión pública, para aumentar su propia legitimidad. Así, las FARC respal-daron la postura de la ONIC tras comparar las actividades petroleras con la Conquista y la época colonial339. Por su lado, el ELN aprovechó el “grave error” de su rival para intensificar sus esfuerzos y aumentar su legitimidad ante los indígenas, como lo muestran los comunicados a favor de los u’wa, en los cuales se mezclan los lemas nacionalistas y las profesiones de fe humanistas: “La forma digna y ejemplarizante como asumen los u’wa la defensa de su soberanía (owarchita), su cultura (uchita), su tierra (ika), la unidad (owara), guiados por sus autoridades tradicionales y sabios maestros (werjayás), no sólo ha convocado la solidaridad nacional e internacional, sino que demanda una resolución pronta y definitiva al conflicto con la ΟΧΙ—Estado (sic.)”340. Semejante afirmación no carece de cinismo, por parte de una organización responsable del derrame de más de 1,7 millón de barriles de crudo en la naturaleza, como consecuencia de los atentados contra las infraestructuras petroleras colombianas.

115Durante las fases que marcaron la evolución del conflicto del bloque Samoré, se constituyó un movimiento social alrededor de los u’wa, que implicó a actores exógenos de competencias y conocimientos complementarios, para llevar a cabo una serie de acciones judiciales y mediáticas, y sacar este asunto del marco de las discretas negociaciones económicas. En esta batalla jurídica y mediática, la estrategia identitaria adoptada por los u’wa se impuso como una respuesta novedosa ante la amenaza que enfrentaban. Estamos presenciando un movimiento social identitario étnico, que se inscribe en la globalización de los intercambios económicos y culturales, y que define las nuevas condiciones de la institucionalización de los conflictos socio-ambientales en Colombia. En un contexto en que la comunicación global al parecer palia la escasez o la ausencia de comunicación local, los u’wa se integraron de manera contundente en las redes transnacionales e interculturales, integradas por expertos en lobbying y en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

116Por otra parte, hemos visto que los estudios socio—económicos realizados a finales de la década del ochenta para la constitución del resguardo único aludían a la degradación de las relaciones endógenas, en parte por las discrepancias entre las autoridades tradicionales, en parte por el aislamiento geográfico de las comunidades. Ahora bien, el conflicto contra Oxy y el movimiento de solidaridad que siguió contribuyó finalmente a salvar de la anomia a un grupo étnico encerrado en un creciente aislamiento geográfico, económico y cultural, a dotar a sus autoridades tradicionales de una nueva legitimidad y a sus clanes de una mayor cohesión. En este contexto, pudieron surgir los nuevos líderes carismáticos, como Roberto Cobaría o Roberto Pérez, sucesivos presidentes del Cabildo Mayor, cuyo papel es similar al de Rigoberta Menchú en Guatemala o al de Davi Kopena-wa en Brasil, en la medida en que garantizan el poder de la palabra para las comunidades.

117Si bien es cierto que la organización comunitaria de base y la unidad indígena determinan el grado de conciencia de las comunidades frente a los riesgos que plantea el desarrollo de la industria petrolera en sus territorios, cabe agregar que ésta requiere de una información técnica sobre los métodos de exploración, producción, transformación y comercialización del petróleo. En el caso de los u’wa, la reunión de estas condiciones fue facilitada por los distintos actores sociales para valorizar el argumento tradicional de la amenaza de desintegración comunitaria que representaba la irrupción de Oxy y Ecopetrol en la región. Aparentemente, las huellas de un vocabulario de mediadores ventrílocuos indican dos dimensiones de la retórica elaborada por los u’wa a lo largo del conflicto: la reconstrucción identitaria y la búsqueda de aliados estratégicos. Mientras que las citas de Osborn les sirvieron para legitimar y expresar las formas de organización tradicional y la cosmología sobre la que se apoyaron para valorar una identidad propia y respaldar sus argumentos en contra de las actividades petroleras, el vocabulario y las figuras de estilo inspirados por las organizaciones ecologistas y campesinas son a la vez la marca de influencias externas y unos elementos nuevos asimilados por el sentido práctico o el conocimiento de los werjaya. En la medida en que los u’wa se autodesignan como “gente inteligente que sabe hablar”, es menester ver este ejercicio de apropiación del lenguaje como un elemento del proceso de comprensión y persuasión que se articula perfectamente con la hipótesis de la etno-génesis que planteamos al inicio de este capítulo.

Conclusión

118La etno—génesis y el proceso de organización pueden desde luego volverse modos eficientes de administración territorial, marcando el paso de una estrategia de resistencia a una estrategia de lucha por la participación y el dominio de la historicidad por las comunidades indígenas. Más allá de la reivindicación territorial e identitaria, la etnicidad se vuelve entonces el soporte de una crítica de la modernidad que va desde el aislacionismo a la demanda de participación. El caso de los quichuas y de los cofanes, así como el de los u’wa atestiguan de manera muy particular cómo los movimientos indígenas pueden articular acciones directas y acción judicial para obligar a que el Estado y las empresas negocien las condiciones de las actividades petroleras en territorios legalmente constituidos. Mientras tanto, las organizaciones étnicas consolidan su posición tras ampliar los límites de esos territorios, aprovechándose de los avances logrados en el ámbito de la consulta y fortaleciendo poco a poco sus derechos. En estas condiciones, los actores sociales conforman alianzas estratégicas de geometría variable, para convertirse en sujetos del desarrollo. Es así como, a la tradicional oposición entre los campesinos colonos, las comunidades indígenas y el Estado se sustituyen, a veces, alianzas entre campesinos y comunidades étnicas contra el Estado o las empresas petroleras, como lo muestran los casos de los u’wa y del FDA, donde la convergencia de los movimientos indígenas y campesinos superó la oposición histórica entre esos actores, para desembocar en la defensa de una identidad regional.

119A fortiori, los conflictos socio-ambientales que resultan de la colonización agraria y petrolera pueden contribuir al proceso de etno—génesis, así como al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de la identidad étnica. El caso u’wa muestra, en particular, cómo el petróleo puede ser parte de la recreación del mito de los orígenes. Estamos presenciando aquí un ejemplo de utilización de lo sacro como recurso estratégico y de conversión del discurso ético en instrumen-to de acción política para la defensa del territorio. Hemos visto cómo la amenaza de destrucción física de los u’wa, supuesta o real, estaba acompañada por una amenaza de pérdida de sentido que llevó a que las autoridades tradicionales con-templaran la eventualidad de un suicidio colectivo. No obstante, la estrategia de resistencia de los u’wa no fue sólo defensiva, como lo muestran sus alianzas con distintos actores sociales: con la ONIC para la ampliación del resguardo único contra el Estado, con la CUT pata intensificar la movilización de la población en contra de Oxy, o incluso con RAN para generar una opinión pública internacional desfavorable a la empresa.

120Todos los estudios de caso muestran que las organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos asumen un papel decisivo en el asesoramiento y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, preludio de una acción colectiva eficiente contra el Estado y la industria petrolera. Sin embargo, las ONG ecologistas no constituyen un movimiento social homogéneo ni en Ecuador ni en Colombia. En Colombia, este movimiento es muy débil, como lo demuestra la importancia de las organizaciones transnacionales en el caso u’wa y la escasa representación de las organizaciones locales y nacionales. En Ecuador, es un movimiento dividido entre, por un lado, organizaciones que plantean un cuestionamiento radical del modelo de desarrollo y que buscan la generalización del conflicto más que la elaboración de una nueva política petrolera y, por el otro lado, organizaciones que privilegian las reformas en las prácticas del Estado así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales, asumiendo a veces un papel de mediador y asesor en la gestión de conflictos particulares.

121El estudio del caso Texaco demuestra que estas organizaciones son capaces de presionar eficientemente la política petrolera del Estado, al generar una opinión pública favorable y al ayudar a las poblaciones locales a organizarse. Pero la división del movimiento ecologista después de la campaña Amazonía por la Vida muestra, una vez más, lo vulnerables que son los movimientos sociales siempre y cuando entren al campo del poder. La politización de una parte de este movimiento, que originó la escisión entre organizaciones radicales y social—demócratas acentúa esta división hasta amenazar al movimiento ecologista con la atomización, debida a discrepancias en los objetivos, los métodos γ los medios de acción. Entonces, las ONG deben auto—limitarse, ya que de ninguna manera pueden sustituir a la sociedad civil: son parte de ella pero no la representan. Este problema de legitimidad de las ONG remite a la doble problemática de la representación y de la participación de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras. Ocupan un espacio, por supuesto dejado vacío por el Estado, pero su propensión a erigirse en mediadores ventrílocuos presenta un obstáculo a la institucionalización de los conflictos socio—ambientales.

122Lo mismo sirve para las empresas, obligadas a repensar sus modelos de relaciones comunitarias y a sustituir a la tradicional táctica de divisiones y negociaciones de casos particulares por una verdadera estrategia de diálogo con las organizaciones legítimas. Esta mutación implica un cambio cultural que obligaría a los actores económicos a sustituir una información de buena fe a la tradicional comunicación de mercadeo. Los casos secoya y u’wa demuestran, claramente, que el querer avanzar demasiado rápido en la negociación de acuerdos parciales es un excelente medio de perder tiempo y puede comprometer seriamente a los proyectos de las empresas. No obstante, el caso secoya muestra cómo un ejercicio de acción comunicativa como el de la redacción del “Código de conducta y negociación” con OEPC permitió lograr acuerdos duraderos al asegurar una verdadera toma en cuenta de los intereses de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras. Sin embargo, se deja demasiada iniciativa a las empresas en este ámbito, el Estado fomenta la privatización del indigenismo y de la política de desarrollo, lo que se pone de manifiesto con un debilitamiento de su legitimidad y un aumento de los costos indirectos de las actividades petroleras.