Version classiqueVersion mobile

El precio del petróleo

 | 
Guillaume Fontaine

Segunda parte. Las modalidades del tratamiento de los conflictos socio-ambientales

Capítulo VII. El Estado esquizofrénico: La política petrolera en áreas protegidas

Texte intégral

Introducción

1Más allá del consenso pregonado en los foros internacionales, las contradicciones siguen en el terreno, en particular con respecto a las actividades petroleras y a la colonización que éstas conllevan. Muchos espacios protegidos fueron reducidos o invadidos en las décadas del setenta y del ochenta, ya que su existencia para el Estado obedecía menos a la necesidad de preservar el medio ambiente que a la de estimular la colonización agraria y los intereses mineros o forestales en nombre del desarrollo. Tal fue el caso de las áreas del Yasuní y del Cuyabeno en Ecuador, así como de la Macarena en Colombia (TCA, 1991: 57). Lo mismo ocurre con los territorios indígenas, históricos o legalmente constituidos, se supone que iban a ofrecer a las poblaciones afectadas el margen necesario para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero que al final siguen sometidos a las prerrogativas del Estado en lo que atañe a la explotación de los recursos no renovables. Esta suerte de esquizofrenia del Estado está en el centro de los conflictos socio–ambientales y explica el aumento de la oposición a la actividad petrolera en la cuenca amazónica durante la década del noventa.

2En este contexto, las empresas petroleras evolucionan a merced de las contradicciones legales y de la lentitud burocrática. La confrontación directa con las poblaciones locales, la creciente implicación de estas últimas en redes transnacionales de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, así como la necesidad en que se encuentran de obedecer a presiones económicas a corto plazo, hacen que las empresas petroleras se conviertan, generalmente, en las principales interlocutoras de las organizaciones sociales. De esto a sustituir al Estado en la definición política del desarrollo local, solo falta un paso, que para algunos es todavía más fácil porque el Estado les invita a hacerlo. Ahora bien, es preciso ver en este camino hacia la privatización del indigenismo y de la protección ambiental una amenaza directa para la soberanía del Estado y para la legitimidad de sus instituciones. A este destino se agrega la amenaza de que las ONG internacionales asuman un papel creciente en el manejo de las políticas sociales, siguiendo criterios que obedecen menos a razones democráticas que a su eficiencia por captar nuevos recursos e interpelar a la opinión pública de los países del Norte.

3En este capítulo, nos interesaremos en cuatro conflictos. Se trata del que opuso a los u'wa y Occidental de Colombia (Oxy) en el bloque petrolífero Samoré / Siriri, del conflicto entre los cofanes del Cuyabeno y Petroproducción (filial de Petroecuador) alrededor del proyecto Tiputini — Pañacocha, del que sigue oponiendo a los quichuas del Pastaza y Arco — AGIP en el bloque 10, y del que opuso a los secoyas y Occidental Exploration Petroleum Company (OEPC) en el bloque 15. Estos conflictos tienen como denominador común la oposición entre poderosos actores económicos y poblaciones con intereses tradicionalmente sacrificados por la política pública de desarrollo. En cada caso, la convergencia de las organizaciones ecologistas e indígenas refuerza, al parecer, la capacidad de resistencia y de participación de las poblaciones afectadas en los procesos de decisión, conforme al Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, la diversidad de las situaciones demuestra, no sólo que esta capacidad no es igual para todos, sino que también obedece a diferentes objetivos. Más allá de la similitud de lo que está en juego para los movimientos colectivos —que se puede resumir en el tríptico “tierra, identidad, medio ambiente”— las modalidades de los conflictos socio-ambientales discrepan según el grado previo de organización, los antecedentes de la actividad petrolera en el entorno de los interesados y el papel del Estado en estos antecedentes.

4Esto nos lleva a preguntarnos sobre la existencia de una sociedad civil homogénea y sobre su grado de conciencia colectiva frente a las preocupaciones socio–ambientales, tanto en Ecuador como en Colombia. Retomamos aquí, para profundizarla, la hipótesis según la cual la toma de conciencia de los impactos de las actividades petroleras sobre el medio ambiente y las poblaciones campesinas e indígenas hace que la información se vuelva un recurso estratégico, necesario aunque insuficiente. En segundo lugar, nos esforzaremos en demostrar que la resistencia de las poblaciones indígenas a las actividades petroleras y su capacidad para controlar el cambio social, acelerado por estas actividades, dependen de un doble proceso de “etno-génesis” y de fortalecimiento de las organizaciones. Luego veremos que la multiplicación de los conflictos socio–ambientales en la región amazónica implica una redefinición de las alianzas entre poblaciones indígenas y campesinas, lo que se asemeja, en el caso colombiano, al surgimiento de un nuevo tipo de movimiento social. Finalmente, veremos que la evolución de las prácticas del Estado y de las empresas petroleras no es posible sino bajo la presión continua de los actores, organizados en movimientos sociales, cuya naturaleza y objetivos responden a criterios de identidad, oposición, totalidad y ética, identificados con respecto a los movimientos indígenas colombiano y ecuatoriano.

El conflicto entre los u'wa y Occidental de Colombia

  • 190 El primer contrato fue suscrito en agosto de 1991, entre Ecopetrol y Copeco. En abril de 1992, Eco (...)

5El bloque Samoré, donde operaron Oxy y Ecopetrol en la década del noventa fue delimitado el 21 de mayo de 1991, después fue modificado en varias ocasiones, hasta convertirse en el bloque Siriri, un área que abarcaba la cuarta parte de la superficie inicial, en marzo de 2000190. Esta zona estaba rodeada, al sur por el bloque Piedemonte, al este por el bloque San Miguel, al suroriente por el bloque San Lope y al Noroeste por el bloque Caño Limón, explotados respectivamente por British Petroleum (BP), Arco, Ecopetrol y Oxy. Se trataba, inicialmente, de un área de 185-688 ha, repartidas entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte Santander. En mayo de 1992, fue ampliada a 208.934 ha. Este sector está atravesado por los ríos Cobaría, Cubugón, Róyota, Banadía, Cravo Norte, Tame, Sísiga, Cusay y Cóncavo, que alimentan a los ríos Arauca, Casanare y Chicamocha, y que tienen una tremenda importancia en la cosmología y la organización social u'wa.

  • 191 La nomenclatura “U'wa” con apostrofe no se justifica semánticamente, según Jon Landaburu (Cf. M. R (...)

6Dentro de este espacio, se encontraban 40.711 ha pertenecientes a las comunidades u'wa en propiedades colectivas y a los campesinos colonos en propiedades individuales. Los u'wa conforman una etnia de filiación lingüística macro-chibcha, establecida en los flancos orientales de la Sierra Nevada del Cocuy (Chita) y los Llanos Orientales, en los departamentos de Santander, Norte Santander y Boyacá. Según Osborn, la concentración de los grupos en el nororiente de la sierra comprueba la presencia de una antigua área de residencia y que los lugares más afectados por la Conquista coinciden con los corredores de la Sierra hasta Pamplona (Sarare) y Chita (Casanare) (A. Osborn, 1985: 139). Ellos se auto denominan u'wa, “la gente” o “la gente inteligente que sabe hablar”, en oposición con el nombre de Tunebo que les dieron los españoles en la época colonial (Ibid.: 24)191. Los datos demográficos varían bastante según las fuentes. El censo de 1980 estimaba la población u'wa en 3.408 personas, mientras que el Atlas de Geografía Humana de Colombia da la cifra de 4.042 en 560 familias. Por otro lado, sobre la base de la encuesta demográfica realizada en abril de 1993, podemos considerar que la población alcanzaba 4.266 en 1990 (Cf. В. Telban., 1988: 454; E., Aguablanca 1993: 156; R. Pineda 1995: 22).

  • 192 Cf. Ecopetrol, 07/2000, “Estudio preliminar pozo exploratorio”, S. F. de Bogotá, mimeo, 13 p.

7Al inicio de la fase de exploración, los u'wa poseían dos resguardos y una reserva, en total menos de 100.000 ha. En marzo de 1993, solicitaron la creación de un resguardo único en una superficie de 200.913 ha, que incluía los parques nacionales del Cocuy y de Tama. Según el INCORA, la extensión del resguardo incluida en el área de influencia del bloque Siriri alcanzaba 102.594 ha, a los cuales se sumaban 574 ha no legalizadas192. En este perímetro, vivían más de 300 familias (o sea unas 2.000 personas), repartidas entre los resguardos Co-baría-Tegría y Rinconada-Bókota, la reserva Aguablanca-Tauretes y los polos de colonización agrícola La Misión, El Chuscal, El Silencio, Fátima y Campo Alicia. Tras la renegociación del contrato de asociación entre Oxy y Ecopetrol, el bloque Siriri se ubicó fuera de los antiguos límites del resguardo Cobaría-Tegría y de la reserva Aguablanca-Tauretes. Sin embargo, el único resguardo que reivindicaban los u'wa coincidía con este bloque en un área de 15.300 ha, lo que llevó a arduas negociaciones con el INCORA, que tenía a cargo el diseño de los límites del nuevo resguardo. Siguiendo el trazado definitivo, el límite noroeste del resguardo lindaba con el Cerro Padilla, justo donde Oxy había decidido perforar el primer pozo de exploración, bautizado Gibraltar 1. Alrededor de este perímetro de 730 ha es donde se cristalizó el conflicto a partir de 1999.

Las etapas del conflicto

  • 193 Occidental Oil & Gas Corporation, 13/02/1997, “Código de conducta de negocios adoptado por el Cons (...)

8La importancia de las actividades petroleras en la región del Sarare desde la década del ochenta explica que la situación del bloque Siriri fuera estratégica para Oxy, primer productor de petróleo en Colombia, donde esta empresa estadounidense realizaba el 40% de su producción acumulada y empleaba aproximadamente a unas 1.000 personas en 1997193. Sin embargo, la descripción del conflicto con los u'wa, ampliamente difundida por la prensa nacional e internacional, así como los procedimientos judiciales abiertos por los u'wa retrasaron las obras de manera significativa. Estos retrasos tienen que ver tanto con las contradicciones entre los diferentes juicios emitidos por los tribunales civiles y penales, cuanto con las decisiones tomadas por las dos instancias judiciales superiores: la Corte Constitucional, cuya función es decidir en última instancia sobre las “acciones de tutela”, y el Consejo de Estado, tribunal supremo de los contenciosos administrativos, cuyas funciones consisten en averiguar la constitucionalidad y la legalidad de las actas administrativas, tales como las licencias ambientales.

9Desde su creación, el 22 de diciembre de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente es la entidad que tiene a cargo el otorgar licencias ambientales para cualquier tipo de actividad extractiva. El plazo normal de este procedimiento es de un año, a cuyo término el Ministerio decide, eventualmente, la necesidad de un diagnóstico ambiental y define los términos de referencia del contrato. Luego, la empresa tiene que presentar un estudio de impacto socio-ambiental ante el Ministerio del Medio Ambiente y una solicitud de autorización ante el Ministerio del Interior, en el caso de que se encuentren comunidades indígenas en la zona ansiada. Este último puede pedir una información complementaria antes de someter la solicitud a otras entidades administrativas, que emiten una opinión tras una eventual consulta previa y una audiencia pública, para que la licencia sea otorgada.

10El Ministerio del Medio Ambiente no otorgó la licencia ecológica para la explotación del bloque Samoré / Sirirí hasta febrero de 1995, mediante la resolución 110. El 29 de agosto de 1995, el Defensor del Pueblo inició una “acción de tutela”, acompañada por una demanda de anulación de esta licencia. El argumento era que no se habían respetado las condiciones legales en cuanto a la consulta previa, conforme a la ley 99/1993 que reglamenta la obtención de una licencia ambiental. Cierto es que se había mantenido una reunión en Arauca, los días 10 y 11 de enero de 1995, a la que habían asistido representantes de las comunidades u'wa, de los Ministerios de Minas y Energía, del Interior y del Medio Ambiente, así como las empresas Oxy y Ecopetrol. Para las empresas y el Ministerio de Energía, esta reunión equivalía a una consulta previa, pero los u'wa argumentaron que se trataba tan solo de una reunión de presentación mutua, en la cual se había concretado una primera toma de contacto, como ellos lo expresaron en una carta dirigida al Consejo de Estado (09/1995): “nos preocupa que los representantes de la empresa y los Ministerios de Minas y del Medio Ambiente hayan hecho creer que todo ha sido correcto, argumentando en todo momento que ha sido tomada en cuenta la consulta con nosotros [...] por eso nosotros nos sentimos engañados con la posición de la compañía y la de los Ministerios de Minas y Medio Ambiente, ya que cuando fuimos a la siguiente reunión en Arauca la licencia ya se había concedido”.

11El 13 de septiembre de 1995, el Tribunal Superior de Bogotá decidió, en primera instancia, ordenar la inaplicación parcial de la licencia por lo que afectaba a los resguardos y a la reserva u'wa, hasta que se llevara a cabo la consulta previa. No obstante, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia el 20 de octubre. Entre tanto, el 14 de septiembre, el Consejo de Estado había rechazado la solicitud de suspensión provisional de la licencia, por considerar que ésta había sido otorgada de manera legítima por el Ministerio del Medio Ambiente. El Defensor del Pueblo presentó entonces una acción de insistencia ante la Corte Constitucional, la cual accedió a la demanda de revisión del aviso del Consejo de Estado. Por orden del magistrado encargado del asunto, fue llevada a cabo una inspección los días 9 y 10 de octubre de 1996 en el sitio donde se llevaba a cabo la exploración sísmica, que contó con la presencia del Defensor del Pueblo y de representantes de los Ministerios de Energía y del Medio Ambiente, de Oxy y de Ecopetrol. El 3 de febrero de 1997, la Corte Constitucional revisó el juicio de la “acción de tutela”, confirmando el juicio de primera instancia y ordenando la inaplicación parcial de la licencia ambiental, por violación de los derechos de participación, de integridad étnica, cultural, social y económica de los u'wa. Al mismo tiempo, ordenó la realización de una nueva consulta previa.

  • 194 Cf. Ecopetrol, 05/2000, “Cronología Proyecto Samoré”, S. F. de Bogotá, mimeo, 10 p.

12El juicio de la Corte Constitucional a favor de la “acción de tutela” se constituyó en medida provisional y transitoria, hasta que el Consejo de Estado se pronunciara de nuevo sobre la constitucionalidad de la resolución 110 del Ministerio del Ambiente. Pues bien, la segunda vez, éste emitió un juicio contradictorio, el 4 de marzo de 1997, y levantó la orden de inaplicación de la resolución. Para el Consejo de Estado, la reunión de Arauca se conformaba con los criterios formales de la consulta previa, en la medida en que había contado con la presencia de los funcionarios competentes del Estado, los representantes de las autoridades tradicionales u'wa y un representante legal de los u'wa. Entonces, consideró que el objeto de la reunión había sido la realización de una consulta y que ésta se había concluido con un acuerdo entre las partes presentes. Finalmente, el Consejo de Estado subrayó que la consulta previa no implicaba que existiera un derecho de veto sino un acuerdo o el consenso de la comunidad indígena en cuanto a la licencia ambiental por atribuirse, para evitar la alteración de su cultura194.

13Más que una simple contradicción, esta diferencia entre los distintos juicios plantea el problema de la participación de los indígenas en las elecciones económicas susceptibles de afectarlos directa e indirectamente. Se trata, en efecto, de definir el sentido de la palabra “consulta” inscrita en la Constitución y sobre la cual el Decreto 1320 / 1998 emitido por el Ministerio del Interior sentaba jurisprudencia. Para las organizaciones indígenas y ecologistas, esta noción implicaba que la opinión de las comunidades locales fuese tomada en cuenta y respetada por cualquier decisión que afectara sus territorios, conforme al Convenio 169 de la OIT. En cambio, para los inversionistas se trataba, ante todo, de informar a las poblaciones de los proyectos en curso, o sea una simple formalidad. Para los unos se trataba de un ejercicio democrático, mientras que para los otros, al parecer, se trataba de un ejercicio de comunicación externa.

  • 195 Ecopetrol, 1999, “Plan de Acción 1999”, S. F. de Bogotá, mimeo, p. 12.

14Los juicios contradictorios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado emitidos en 1997 muestran que el caso Samoré supera los meros límites jurídicos y constituye un conflicto socio–ambiental que no podía resolverse simplemente por vía legal. Por lo tanto, los actores buscaron nuevas instancias para superar sus discrepancias, lo que llevó a la mediación de la OEA. El 28 de abril de 1997, los u'wa demandaron al gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDHOEA), por no haberse realizado una consulta en las debidas condiciones y por no haberse tomado las medidas necesarias para proteger su integridad personal, cultural, económica y ecológica. Alegaron una violación inminente de la integridad social y cultural de su pueblo, ya que la decisión del Consejo de Estado era la autorización del reinicio de las obras de exploración. La CIDHOEA recomendó adoptar medidas de prudencia y señaló que la exploración petrolera iba a generar “daños irreparables” y causar “desmedro a la integridad y a la identidad étnica y cultural del pueblo u'wa”, concluyendo: “Cualquier tipo de exploración o explotación petrolera en su territorio significaría desconocer los valores de su propia identidad cultural195. Esta declaración se basaba en la legislación colombiana (artículo 7 del Decreto 1397 / 1996), que preveía la posibilidad de rechazar, suspender o revocar las licencias ambientales en semejantes circunstancias.

  • 196 Misión OEA-Havard, 09/1997, “Observaciones y recomendaciones sobre el caso del Bloque Samoré”, S. (...)

15El 7 de octubre de 1997, la CIDHOEA convocó a una audiencia en Washington para escuchar a las partes. En noviembre, delegó a una comisión para que visitara los resguardos u'wa. Durante este proceso de mediación, la Comisión propuso una solución amigable del conflicto, que las partes aceptaron en mayo de 1998. En este contexto, el gobierno solicitó a la Secretaría General de la OEA que llevara a cabo una investigación in situ con los u'wa y las empresas asociadas para el bloque Samoré / Sirirí. Es así como se conformó un equipo de trabajo con el Programa de Sanciones No-Violentas y Supervivencia Cultural (PONSACS) de la Universidad de Harvard, llamado Proyecto OEA - Harvard. En su informe final, este equipo recomendó la suspensión del proyecto de exploración petrolera, a fin de crear las condiciones para un reinicio del diálogo. Invitó al gobierno a normalizar el procedimiento de unificación y ampliación del resguardo u'wa, para dar a la comunidad una mayor seguridad y una mayor claridad en cuanto a sus derechos territoriales. Por otro lado, recomendaba que el Estado organizara una consulta previa, para que las actividades de Oxy pudiesen llevarse a cabo conforme a las normas legales. Por eso, sugirió que se proveyera a los u'wa con las debidas asistencia técnica y capacitación para la consulta. Finalmente, de manera más general, recomendó a ambas que se moderara la retórica y que se reconociera y respetara a las autoridades tradicionales u'wa como únicos interlocutores legítimos196.

16Mientras tanto (en junio de 1996), la fase de exploración sísmica se había concluido, por lo menos en la parte del bloque fuera de los territorios legales u'wa. En diciembre de 1996, Oxy se comprometió a perforar el primer pozo de exploración, Gibraltar 1, antes del 23 de junio de 1997, conforme a sus obligaciones contractuales. En octubre de 1996, la empresa solicitó una nueva licencia ambiental para el área de interés, que le fue otorgada el 21 de septiembre de 1999 mediante la resolución 0788 del Ministerio del Medio Ambiente. Una semana más tarde, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un recurso de amparo, que fue rechazado en noviembre por el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, las obras de construcción de la plataforma de exploración y de la vía de acceso arrancaron el 29 de enero de 2000. El 15 de marzo de 2000, el Defensor del Pueblo presentó una segunda “acción de tutela” contra los Ministerios del Medio Ambiente y del Interior, amparándose en el derecho a la consulta previa. El 29 de marzo, el 11o Juzgado Penal del Circuito emitió un juicio a favor de la “acción de tutela” y ordenó la suspensión inmediata de las obras. No obstante, este juicio fue invalidado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, el 15 de mayo, de tal modo que se reiniciaron las obras. La manzana de la discordia de este nuevo episodio jurídico era la proximidad del pozo de exploración con el límite noroeste del resguardo unificado u'wa. De hecho, éste se había ampliado el 6 de agosto de 1999, mediante la resolución 056 del INCORA, al mismo tiempo que se constituía el fondo para el saneamiento del resguardo, dotado de 3.000 millones de pesos (2 millones de dólares de 1996) y administrado por el INCORA. Cierto es que el nuevo resguardo, con una extensión de 220.275 ha, excluía al Cerro Padilla, donde se ubicaba el pozo de exploración, pero éste se ubicaba a un kilómetro del límite territorial.

  • 197 Comunicación del Ministerio de Energía y Minas a Ecopetrol, en Ecopetrol, 08/1998, "Proyecto Samor (...)

17Cabe resaltar que esta ubicación se decidió pese a una serie de discusiones entre el INCORA y los socios del proyecto Samoré, respaldados por el Ministerio de Energía. En una carta al Ministerio de Agricultura, del cual depende el INCORA, este último manifiesta su preocupación por “el hecho de que la extensión propuesta como territorio del nuevo Resguardo Único U'wa incluya áreas localizadas fuera de los límites de los resguardos y reservas indígenas actualmente existentes, y en las cuales la compañía Occidental de Colombia [...] había realizado previamente trabajos de exploración sísmica”197. Por otra parte, el Ministro de Energía evocó los resultados “altamente prometedores” de la exploración sísmica, que permitían calificar a este sector de excepcional, y pidió al INCORA, no sólo modificar el área propuesta tomando en cuenta el desarrollo de las actividades petroleras previstas, sino también recordar las prerrogativas del Estado en el ámbito de la explotación de los recursos naturales dentro del resguardo.

  • 198 Ibid., doc. 2.

18Ahora bien, en una reunión que se mantuvo el 7 de julio de 1998, los técnicos del INCORA habían afirmado enfáticamente que era imposible hacer las modificaciones propuestas “por cuanto el estudio y el mapa respectivo ya habían sido socializados con la comunidad indígena u'wa [que] mostró su preocupación de que cualquier modificación que se hiciera al territorio propuesto para la constitución del resguardo, podría conllevar represalias de parte de los grupos subversivos que merodean por el área”198. En una carta del 2 de junio, el asesor jurídico de la Asociación de Autoridades Tradicionales (Aso U'wa), Evaristo Tegría, indicó al INCORA que las comunidades u'wa reservaban su opinión en cuanto a la propuesta del Ministerio de Energía, considerando que merecía un análisis detenido. El 16 de julio, Evaristo Tegría agregó que no estaba de acuerdo ni aceptaba la propuesta del INCORA para la conformación del resguardo. Pues bien, pese a este rechazo, el 19 de julio de 1999, se firmó el Acta de Acuerdo entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Cabildo Mayor, en el cual los u'wa reconocían los límites definidos por el estudio del INCORA.

  • 199 Ecopetrol, 1999, op. cit.: 19.

19Al fin y al cabo, la delimitación del resguardo único presentaba el mismo problema que la consulta previa validada por el Consejo de Estado: era legal pero considerada ilegítima por ambas partes. Para superar este problema, Ecopetrol propuso una solución alternativa: excluir del resguardo al sector que colindaba con el pozo de exploración o proponer que esta área de 730 ha fuese declarada reserva especial de carácter cultural, lo que permitiría, según la empresa estatal, llevar a cabo las actividades petroleras sin destruir la integridad cultural y social de los u'wa199. Sin embargo, los u'wa no lo entendieron así. Como lo veremos más adelante, la presencia del pozo de exploración era percibida por ellos como una provocación e ilustra, una vez más, que el caso Samoré superaba los límites de un conflicto jurídico. En definitiva, este resguardo aparecía como un producto mal acabado, que dejaba a ambas partes frustradas, lo que llevó a una nueva fase de polarización del conflicto, desde finales de 1999.

20Como acabamos de verlo, el Ministerio de Energía y las empresas asociadas en el bloque Samoré / Siriri ejercieron fuertes presiones sobre el Ministerio de Agricultura para revisar el proyecto de resguardo único. Mientras tanto, esos actores trabajaron en la elaboración del decreto que debía precisar las condiciones de la consulta previa a las comunidades indígenas. Aunque esta fuera reglamentada por el artículo 76 de la Ley 99 / 1993, no fue operacional sino en 1998, con el Decreto 1320. Este retraso constituyó un vacío jurídico que explica, en cierta forma, la complejidad del caso Samoré. En efecto, mientras no fue precisado este concepto, ambas partes pudieron interpretar el artículo 76 según sus propios intereses. Las empresas y el Ministerio de Energía le dieron una interpretación restrictiva, mientras que los u'wa y sus defensores se esforzaron en darle un sentido más amplio y un contenido normativo, que defendía sus intereses para la integridad física y cultural.

  • 200 En Ecopetrol, 01/1997, “Proyectos petroleros y comunidades indígenas. El Caso Samoré”, S. F. de Bo (...)

21Sea lo que fuere, es significativo que el Ministerio de Energía intentara enmendar este decreto desde el principio. Así, en una carta al Presidente Ernesto Samper Pizano, con fecha 16 de octubre de 1996, se enfatizo la necesidad de “establecer un procedimiento general que deba aplicarse en todos los eventos, a efectos de que las partes involucradas conozcan claramente las reglas aplicables”, y propone “armonizar la conservación de la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas y negras con la realización de los proyectos de desarrollo que, en diferentes campos, presenten a consideración del Gobierno Nacional los inversionistas nacionales o extranjeros”. Su propuesta de decreto invoca la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de los estudios de impactos ambientales y la consulta a las comunidades. Sin embargo, pretende restringir la consulta a una sola reunión, lo que coincide justo con los encuentros de Arauca de enero de 1995. En esta reunión, se trataría de hacer la descripción del proyecto de desarrollo y de recolectar los testimonios de la comunidad en cuanto a los impactos socio–ambientales identificados por ésta y las medidas de gestión ambiental que deberían tomarse200.

22Sin lugar a duda, esta perspectiva representaba numerosas ventajas desde el punto de vista de los inversionistas, pero así mismo representaba el riesgo de polarizar las situaciones de conflicto. De hecho, al obligar a las comunidades afectadas a expresarse en una sola reunión, el nivel de presión aumentaría considerablemente y esto podría desembocar en el rechazo del proyecto. La manera en que se desarrolló la reunión de Arauca en enero de 1995 ofrece una clara ilustración al respecto. El orden del día de esta reunión era el siguiente: presentación de los participantes, información sobre los derechos indígenas y explicación de la manera como iba a llevarse a cabo en el bloque Samoré el proyecto de exploración petrolera. Los u'wa evaluaron esas exposiciones jurídicas, técnicas, económicas y políticas con preguntas y comentarios que demuestran una clara voluntad de diálogo. Sus preguntas aludían a la ubicación de las líneas de exploración sísmica, las consecuencias en caso de descubrimiento de un hallazgo en el área de los resguardos, la participación en el estudio de impactos socio–ambientales y, de manera general, el significado de la consulta previa.

  • 201 Aso U'wa, 07/01/1995, “Declaración del tercer congreso indígena U'wa”, Centro de Bienestar Indígen (...)

23Pues bien, tras esta jornada de discusiones, apenas dispusieron de una noche para dar su opinión. En respuesta, sin apelación, las comunidades declararon que no sabían nada de este proyecto y que tampoco se habían reunido con Oxy, a diferencia de lo que la empresa alegaba201. Las irregularidades de forma de esta declaración muestran que los autores no tuvieron tiempo para elaborarla, pero su mensaje estaba claro: ellos vivían en un mundo “diferente al de los blancos”, confiado por sus antepasados y con el que tenían una responsabilidad de conservación. Al contrario de la imagen que tenían de la actitud oficial, ellos afirmaron que gobernaban y administraban este mundo físico siguiendo unos principios atemporales y conforme a las reglas dejadas por el “Ser supremo” en su intención. Entonces, concluían con un rotundo rechazo a las actividades petroleras: “Nosotros, los u'wa, concebimos el territorio como la esencia de la vida. El suelo y el subsuelo no deben sufrir ningún cambio y, si éste llegara, nuestro modo de vida se degradaría en los siguientes aspectos: cultural, social, económico y territorial (...)”. Prosiguieron con un inventario heteróclito de las consecuencias nefastas de las actividades petroleras, bajo cada acápite de los derechos constitucionales, defendiendo la identidad, la lengua y la tradición contra el desorden público, la colonización, la corrupción y las enfermedades.

  • 202 En Ecopetrol, 21/02/1995, “Acta de la reunión de seguimiento a la consulta con el pueblo U'wa para (...)

24Obviamente, este primer encuentro no hizo avanzar el diálogo. Sin embargo, representó la ventaja de dar a los u'wa confianza en su propia palabra. Una segunda reunión estaba prevista para el 21 de febrero de 1995 e, incluso, se iba a conformar una comisión intercultural, asociando al Cabildo Mayor y a los representantes de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior (DGAI) y de Oxy, para reconocer el terreno en el que iba a realizarse la exploración y en qué partes iba a afectar a los resguardos y a la reserva. Este segundo encuentro se llevó a cabo en un ambiente más tenso que el anterior, como lo atestigua el informe de la reunión202. La sesión se abrió con el siguiente orden del día: explicación de la licencia ambiental otorgada a Oxy, determinación de los lugares por los que no debían pasar —según los u'wa— las líneas de exploración sísmica, determinación de los mecanismos de diálogo para garantizar que las comunidades no fueran afectadas. Pero esta vez, los u'wa rechazaron todo en bloque, alegando que, para ellos, el conjunto del territorio era sagrado y no podía ser atravesado por ninguna línea de exploración sísmica. El intercambio se volvió, de pronto, un diálogo de sordos, después de que los u'wa hubieran acusado al Estado de menospreciar a los indígenas y no respetar las leyes que promulgaba. Sin embargo, aprovecharon la situación para reorientar el debate hacia el tema que les tenía preocupados en primer lugar: la protección que les aseguraría el resguardo y su deseo de ampliar sus límites legales al territorio histórico.

25En semejante clima de desacuerdo, la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de otorgar la licencia ambiental, el 3 de febrero de 1995, parece haber sido un tanto prematura. De la misma manera, el juicio del Consejo de Estado que invalidó la solicitud de suspensión de las obras de exploración bajo el pretexto de que la consulta sí había tenido lugar, ofrece una lectura empobrecida de la Magna Carta. En efecto, ¿cómo podía pretenderse realizar una consulta en buenas condiciones si los primeros interesados no disponían de la información básica ni tampoco del tiempo necesario para analizar la información que se les había facilitado? Es más, el procedimiento de consulta interna de las comunidades presenta en sí serios obstáculos para una toma rápida de decisión colectiva. No sólo que las comunidades vivían dispersadas sino que su organización social impedía que un grupo de representantes tomase decisiones en su nombre, aún si hablara en el nombre de las autoridades tradicionales de cada comunidad y del Cabildo Mayor. Además, las autoridades tradicionales (o werjayas) se mantenían en un aislamiento que les prohibía hablar con extranjeros, lo que implicaba un retraso por el simple hecho de que fuera necesaria una consulta por parte de los representantes legales. Finalmente, la importancia de la dimensión religiosa en la toma de decisiones por los werjayas inducía una serie de ritos y ceremonias, como el ayuno, que imponían igualmente un plazo.

  • 203 R. A. Eraso Jurado et al., 1997, “El Caso U'wa. Los derechos de los pueblos indígenas como base de (...)

26En esta perspectiva, Eraso Jurado tiene razón de subrayar que, al negar a los u'wa la posibilidad de que la segunda reunión estuviera incluida en el procedimiento de consulta previa, las empresas y el Estado les quitaron la posibilidad de tomar una decisión conforme a su particularidad cultural, lo que impedía el surgimiento de un diálogo intercultural que obedeciera a su propio razonamiento: “Talvez una de las principales conclusiones que surgen del llamado caso u'wa, es que la importancia de la llamada consulta previa no sólo radica en constituir uno de los mecanismos a través del cual se efectiviza el derecho fundamental a la participación en relación con los pueblos indígenas, sino en que permite el conocimiento, el reconocimiento y el acercamiento de lógicas y culturas diferentes”203.

Las relaciones comunitarias de las empresas petroleras

  • 204 Luis Fernando de Angulo, comunicación personal.

27Las relaciones entre las empresas petroleras y los u'wa se caracterizaron por dos hechos notorios: la falta relativa de comunicación de Oxy y la fuerte presencia de Ecopetrol. A priori, considerando las responsabilidades de Oxy en el manejo del proyecto Samoré, esto puede parecer paradójico. Pero en realidad la relativa discreción de la multinacional se explica por el contexto en el que se desarrollan sus actividades desde la década del ochenta. Oxy aseguró haber realizado más de 30 reuniones de consulta con los u'wa en el período 1993-1994 y dice contar con la firma de los principales representantes del Cabildo Mayor en ciertas actas de compromiso204. No obstante, estas reuniones no fueron validadas como parte de los prerrequisitos legales de la consulta por la DGAI y el Ministerio del Medio Ambiente, lo que explica que se haya mantenido la reunión de Arauca de enero de 1995. Como hemos visto, esta reunión nunca fue considerada como una consulta por los u'wa ni por la Corte Constitucional, aunque hubiera sido validada en última instancia por el Consejo de Estado, ocho meses después. Por esta razón, encontramos en los documentos internos de las empresas y en varias cartas del Ministro de Energía la expresión “reunión de consulta” para calificar este encuentro. Sin embargo, la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de conformar una comisión intercultural de seguimiento y monitoreo, contenida en las conclusiones de esta reunión, nunca fue ratificada ya que los u'wa se negaron a integrarla. Desde entonces, se pueden distinguir dos períodos que caracterizan las relaciones entre las empresas y las comunidades u 'wa en este conflicto: antes y después de la reunión de Arauca.

28Hasta 1995, Oxy se esforzó en aplicar el mismo método de relaciones comunitarias que el inaugurado en el Arauca, el cual si bien es cierto que había sido bastante eficiente con los campesinos nunca fue aceptado por los u'wa. Con oportunidad de la construcción del oleoducto Caño Limón - Coveñas, Oxy se había acercado a varias familias u'wa en 1988, para crear un programa de becas estudiantiles, que benefició a una docena de alumnos de educación secundaria. Así mismo, la empresa concibió el proyecto de un programa de apoyo a las comunidades en el ámbito de la salud, a partir de febrero de 1993. En mayo del mismo año, organizó una visita de un grupo de u'wa a algunas comunidades páez, en el sur de Colombia, para enseñarles los resultados de las actividades de desarrollo comunitario. En agosto les llevó al lugar de Caño Limón y preparó un acuerdo de cooperación relativo a la actividad sísmica en territorio u'wa, que preveía un programa de salud y de educación. Sin embargo, la presión del ELN sobre los representantes u'wa dispuestos a firmar este acuerdo impidió que se realizara la reunión final, en septiembre de 1993, en la estación de Samoré. Este episodio, que surgió en los primeros meses del proyecto Samoré, constituye el argumento de base en la tesis de Oxy según la cual los u'wa quedaron sometidos a fuertes presiones por parte de la guerrilla desde el inicio del conflicto. Esto, al parecer, fue confirmado por el INCORA, como acabamos de verlo, a propósito de la delimitación del resguardo único.

  • 205 Según Luis Fernando de Angulo, esta táctica busca ante todo evitar el ser acusados de manipulación (...)

29A partir de 1995, la empresa adoptó una actitud estrictamente legalista y evitó, al parecer, los contactos oficiales con los representantes del Cabildo Mayor, mientras mantenía relaciones estrechas con la administración pública y las autoridades locales205. En febrero de 1995, los u'wa no acudieron a la reunión programada por Oxy para trazar las líneas de exploración dentro del resguardo Cobaría-Tegría y la reserva Aguablanca-Tauretes. Desde entonces, Oxy decidió seguir la exploración fuera de esta zona. En julio de 1995 realizó 11 reuniones con las autoridades del gobierno regional y los alcaldes de los municipios afectados por el proyecto Samoré. Finalmente, tras el segundo juicio del Consejo de Estado, en marzo de 1997, anunció que no iba a perforar el pozo de exploración sin consultar de nuevo a los u'wa. El 17 de abril, una carta abierta del Presidente del directorio de Occidental Petroleum Inc., Steve Newton, fue entregada a Roberto Cobaría y publicada en la prensa, en la cual Occidental llamaba al diálogo con los u'wa y manifestaba que no tenía la intención de entrar a su territorio sin su acuerdo explícito, para explorar el subsuelo.

  • 206 En Ecopetrol, 1997, “El caso Samoré y la comunidad U'wa. Proyectos petroleros y minorías étnicas”, (...)

30Ante estas dificultades encontradas por Oxy, desde 1996 Ecopetrol tuvo que asumir un papel protagónico en el conflicto, como lo precisa un informe de Miguel Ángel Santiago Reyes, Asesor Especial de la Presidencia del grupo: “El caso Samoré reviste especial importancia por su situación compleja y por los efectos que al nivel nacional e internacional se ocasionan en la relación desarrollo petrolero–comunidad u'wa, comunidad olvidada que cobra vida a partir de la “acción de tutela” instaurada por la Defensoría del Pueblo. Consciente de ello, el Ministerio de Minas y Energía asume la iniciativa de restablecer la comunicación y la integración con el pueblo u'wa, por la cual se iniciaron diversas acciones a través del liderazgo de Ecopetrol y con cooperación del Ministerio de Minas y de Occidental de Colombia”206.

31El diagnóstico de la situación en el bloque Samoré, realizado por la empresa pública, a finales de 1996, aparece en una matriz de evaluación actores / efectos, donde se relacionan unas variables de análisis y evaluación y donde se describe a los protagonistas del origen de efectos reales o potenciales, así como las consecuencias que éstos provocan por acción o por omisión. Estos protagonistas se repartían en nueve categorías: medios, gobierno, poder judicial, Ministerio Público, Congreso, Universidades, organismos públicos, ONG y corporaciones empresariales. Para cada una de estas categorías, la matriz estableció una relación con uno u otro acontecimiento que marcó el conflicto en el bloque Samoré / Siriri. Las conclusiones evidenciaron cuatro tipos de efectos: la dificultad de ejecutar los proyectos petroleros, el hecho de que las multinacionales petroleras actúan a costa de las comunidades indígenas, el desprestigio del Ministerio de Energía ante la opinión pública y la amenaza de suicidio colectivo, por parte de los u'wa, como respuesta a la presión de las empresas petroleras. Entre los efectos potenciales, este informe destacó el conflicto entre los Ministerios de Energía y del Medio Ambiente, mientras que la DGAI y la ONIC ganaban importancia en el campo del poder. Además, enfatizó el riesgo de que la legitimación del Decreto 1397 se hiciera a costa del desarrollo del país y que este decreto se aplicara bajo presión de las comunidades indígenas. Finalmente, temía que la legalización de los territorios u'wa se hiciera a costa de otras poblaciones y del desarrollo petrolero, provocando otros conflictos e incrementando la legitimidad de las guerrillas en la región.

32A partir de este diagnóstico, Ecopetrol elaboró un “Plan de Acción” que se efectivizó en noviembre de 1996, en el nivel legal e institucional, hacia la opinión pública, la comunidad u'wa y las entidades públicas. Las acciones planificadas hacia los u'wa apuntaban a desarrollar un proceso de administración social para el desarrollo de las comunidades, apoyando las acciones e iniciativas del gobierno a favor de estas últimas, a fin de crear un canal de comunicación y acercarse a los u'wa a través de la ONIC, los senadores indígenas y las autoridades u'wa (Cabildos y autoridades tradicionales). En dirección a la opinión pública, el plan de acción de Ecopetrol preveía hacer presión sobre la información (sic.) a través de mensajes que enfatizaran el hecho de que el derecho de las comunidades indígenas “no era afectado por la actividad petrolera”, así como la no-intervención en los resguardos u'wa o la “relación constructiva con la comunidad u'wa”. Por otra parte, la campaña de comunicación orquestada preveía valorar los casos donde el desarrollo de proyectos petroleros y la integridad cultural de las comunidades indígenas habían resultado ser compatibles.

33Hacia las entidades públicas, el plan de acción se planteaba como objetivo definir una postura común con los Ministerios de tutela, para participar en la Mesa de Concertación, promover acuerdos con el Ministerio de Energía y la DGAI para el desarrollo de proyectos petroleros en territorios indígenas, “ayudar” al INCORA a definir los resguardos “en armonía con el desarrollo de la actividad petrolera” crear un canal de información y de sensibilización a través de los municipios y los departamentos, el Congreso y la Presidencia de la República, y acercarse a la ONIC. En el nivel institucional, se trataba de desarrollar un modelo de intervención para el desarrollo de proyectos petroleros en territorios indígenas, mientras se elaboraban mecanismos de trabajo y cooperación con los Ministerios de tutela. Finalmente, en el nivel legal, el plan de acción preveía la adopción del Decreto 1397 y la definición de escenarios frente a las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para “generar una opinión pública favorable” al proyecto Samoré.

  • 207 Ecopetrol, 06/1999, “El Bloque Samoré y la comunidad U'wa”, S. E de Bogotá, octubre 1998, in: ARPE (...)

34Esta estrategia se explica por el papel institucional de la empresa pública, que suscitó críticas tanto en el seno del sector privado como en parte de las organizaciones indígenas. En efecto, no sólo Ecopetrol tenía interés en cuidar el buen desenvolvimiento del contrato de asociación, ya que estaba interesada en las pérdidas y ganancias de la multinacional, sino que asumía la responsabilidad de coordinar las acciones del Ministerio de Energía. En este sentido, la misión de la empresa era doble: por un lado, asegurar el éxito del contrato de exploración en espera de resultados lucrativos, y así hacer perennes las inversiones foráneas en el país; y por el otro, cuidar los intereses del Estado, en un contexto de contradicciones jurídicas y de ausencia de una política claramente definida, que concillara armoniosamente el derecho ambiental, los derechos colectivos indígenas y la ley de hidrocarburos. El reto al que se enfrentaba la empresa nacional puede resumirse por la fórmula reproducida a lo largo de los comunicados difundidos respecto del caso Samoré: “armonizar los derechos claramente fundamentados en la Constitución colombiana: el del Estado a la propiedad del subsuelo y a su explotación en beneficio de toda la nación, y el de los pueblos indígenas a la protección de su integridad cultural, social y económica”207.

  • 208 Ecopetrol, op. cit.. 01/1997.
  • 209 Ibid. anexo 6.

35Los principios de Ecopetrol en cuanto a las relaciones comunitarias y al caso Samoré figuran en un documento de uso interno que fue redactado a finales de 1996208. Cabe subrayar el importante papel que asumió la empresa en el fortalecimiento del Ministerio del Medio Ambiente209. En efecto, una vez creado mediante la ley 99/1993, este Ministerio se vio obligado a funcionar con un presupuesto y un personal restringidos. En agosto de 1995, Ecopetrol firmó un convenio con el Fondo Nacional de Desarrollo, para “prestar” nueve funcionarios al Ministerio, que tendrían a cargo los procedimientos relacionados con los aspectos técnicos y legales de la actividad petrolera, por un presupuesto de 200 millones de pesos (alrededor de 100.000 dólares). Este convenio se prolongó hasta finales de 1996 y se acompañó con un aumento presupuestario de 100 millones de pesos (50.000 dólares). En 1997, Ecopetrol dedicó 400 millones de pesos (200.000 dólares) suplementarios al fortalecimiento institucional del Ministerio y a la Corporinoquia, para la administración del medio ambiente, lo que permitió contratar a 18 funcionarios. Los resultados de esta colaboración se concretaron con visitas de evaluación y seguimiento, la elaboración de más de 200 proposiciones, entre las cuales 94 eran para las licencias ecológicas y 69 notas técnicas de seguimiento, la realización de audiencias públicas y de consultas previas para desarrollar la participación de las poblaciones locales y la elaboración de una guía ambiental para los programas de exploración sísmica.

36En 1995-1996, Ecopetrol se dedicó a la investigación jurídica y a la capacitación de sus funcionarios y los del Ministerio del Medio Ambiente y del Consejo de Política Social de la Presidencia de la República, así como a ejecutivos de empresas privadas agrupados en la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), sobre el marco legal de la participación en el contexto de la actividad petrolera. Por otra parte, redactó una propuesta de consulta a las comunidades indígenas y negras, en el marco de los proyectos de exploración, mientras que la reglamentación del artículo 76 de la Ley 99/1993 se atrasaba. Al respecto, la empresa nacional participó activamente en la elaboración del Decreto 1397/1996, así como en la coordinación de la Mesa de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (creada por el mismo decreto), junto con el Ministerio del Medio Ambiente, el Colegio de Abogados del Sector Minero y Energético, la ACP y Oxy. En 1996, elaboró los nuevos términos de referencia para los estudios ambientales de las actividades petroleras, que definían la participación de las comunidades en la elaboración de los estudios ambientales, conforme lo planteaban la Ley 21/1991 y la Ley 70/1993.

37En varias regiones de Colombia, donde Ecopetrol era socia u operadora de bloques petrolíferos, estableció procedimientos de consulta previa y de cooperación con las poblaciones locales. Estas acciones se pueden clasificar en cuatro categorías, siguiendo el informe de actividades de 1998. Por un lado, unos cuarenta programas fueron apoyados, entre comunidades campesinas e indígenas del Putumayo (Awa, Inga y Cofán), Norte Santander (Barí), Huila (Páez) y Tolima (Acevedo), con un presupuesto total de unos 720 millones de pesos (480.000 dólares de 1996). En unos treinta casos, la empresa financió entre el 45 y el 90% del proyecto y en cinco casos la totalidad. La mayoría (veinte casos) consistían en obras de infraestructura vial o de electrificación, construcción de puentes y acueductos, o incluso edificaciones como centros de salud, escuelas y unidades sanitarias. Por otra parte, Ecopetrol apoyó una docena de proyectos de desarrollo comunitario, como proyectos de producción agrícola o de ganadería, plantaciones modelos, jardines botánicos, completados por la dotación de equipos de irrigación y tiendas comunitarias. Un tercer acápite abarca a los programas de salud y de educación (cinco ese año), entre otras cosas a través de la organización de un congreso de medicina tradicional, de la elaboración de programas integrales de salud y de etno-educación, y el otorgamiento de becas estudiantiles para estudiantes de secundaria. Finalmente, respaldó cinco iniciativas de fortalecimiento de la organización, a través de los “Planes de vida” o proyectos de desarrollo de los pueblos indígenas, la asistencia técnica para la delimitación de resguardos en el Putu-mayo, la organización de seminarios de sensibilización sobre la convivencia y el medio ambiente en el mismo departamento, la creación de una escuela de liderazgo indígena y campesino en Acevedo (Huila) y Ortega (Tolima).

38La historia de la empresa en el Putumayo es particular en la historia de la empresa pública. Presente en la región desde la década del sesenta, incrementó mucho sus esfuerzos de exploración en la década del noventa, trazando más de 6.000 km de líneas sísmicas entre 1993 y 1996, en los bloques San Miguel y San Juan Norte. Entre febrero de 1996 y junio de 1997, Ecopetrol realizó una consulta previa a las comunidades inga y awa, para perforar un pozo de exploración en el bloque San Juan, ubicado en una zona de tierras baldías. Mantiene relaciones cordiales con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), como lo atestigua la frecuente presencia de los representantes de esta organización amazónica en las reuniones convocadas por la empresa, entre los cuales basta con mencionar a Antonio Jacanamijoy, Coordinador General de la COICA de 1997 a 2001. En una carta dirigida a Miguel Ángel Santiago (01/08/1999), la presidenta de la OPIAC, Emperatriz Cahuache, expresa además “la disposición sincera de coordinar acciones que posibiliten el tratar directamente todo lo relacionado con los proyectos hidrocarburíferos a desarrollarse dentro de los territorios indígenas en la Amazonia colombiana”.

39En 1999, Ecopetrol trató de aprovechar estas relaciones para iniciar una mediación en el conflicto de Samoré. La OPIAC empezó a defender la causa de los u'wa a finales de ese año, mientras que la ONIC quedaba, al parecer, en retraso. Pero la experiencia se malogró, ya que los u'wa no aceptaban a ningún intermediario en sus asuntos. Dicho sea de paso, incluso en el nivel local existían también discrepancias entre Aso U'wa y el Consejo Regional Indígena de Arauca (CRIA), miembro de la ONIC, cuyo Presidente, Ismael Huncasía, era u'wa. El CRIA había abierto un centro cultural u'wa en la isla Bojava (Saravena), un colegio bilingüe para la preparación del bachillerato. Sin embargo, la única entidad legítima en el conflicto Samoré era Aso u'wa, dirigida por los clanes Cobaría, Tegría y Aguablanca.

  • 210 En particular con Edilberto Imbachi, encargado de los Derechos Humanos (21/07/2000), Edith Bastida (...)

40Las relaciones de Ecopetrol con la ONIC eran mucho más distantes, como se pudo constatar en varias oportunidades y a través de las entrevistas realizadas en la sede de la Organización210. A título de anécdota, durante la preparación de su quinto Congreso Nacional de 1998, la ONIC solicitó una ayuda material bajo forma de productos de primera necesidad (pasta de dientes, jabón para lavar trastes, arroz, aceite, etc.) para acoger a unos 2.000 participantes. Pese a su insistencia, la organización tan solo recibió bolígrafos y pegatinas, por lo cual agradeció con cortesía a la empresa rechazando las hamacas y los platos con el logotipo de Ecopetrol. Cierto es que en aquella época, la comunicación entre estos dos actores era bastante deficiente, en la medida en que la ONIC había abandonado la Mesa de Concertación Nacional tras la segunda reunión, en reacción contra la adopción del famoso Decreto 1320 / 1998, sobre la consulta previa.

41El Ministerio de Energía y Minas no había logrado enmendar el Decreto 1397/1996, que establecía que las poblaciones indígenas debían ser protegidas por el Estado, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 / 1991 mediante la cual se lo ratificó en Colombia. Entonces, promovió este nuevo decreto, que limitaba considerablemente el alcance del derecho a la consulta previa para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. No sólo que el Decreto 1320 fue adoptado sin haber sido inscrito en la agenda de la Mesa de Concertación Nacional, sino que desvirtuó el objeto de la consulta previa, al limitarla al análisis de los impactos que puede ocasionar la explotación de dichos recursos dentro de las entidades territoriales étnicas (R. Roldan, 1998: 6). En este caso, la actividad petrolera era a priori legítima e imprescindible hasta que las poblaciones afectadas pudiesen comprobar que tenía consecuencias irreversibles sobre su integridad cultural y social, lo que no podían hacer sino a posteriori.

  • 211 Miguel Ángel Santiago, “Comunicación al Encuentro de la Industria Petrolera sobre la Paz”, Paípa, (...)

42Se puede vislumbrar en esta reforma una nueva expresión de la “judicialización” de las cuestiones indígenas y de la esquizofrenia del Estado colombiano que, tras proceder a una verdadera revolución jurídica, al reconocer a las poblaciones indígenas derechos específicos, se esforzaba en restringirlos a través de una reglamentación unilateral, para tranquilizar y atraer a los inversionistas extranjeros o nacionales. En efecto, por un lado reconocía que la protección del medio ambiente y la de las poblaciones indígenas estaban estrechamente relacionadas; pero por el otro, negaba a las comunidades el derecho a influir en la orientación de la explotación de recursos naturales no-renovables. Ciertos responsables de la industria petrolera eran, cierto es, conscientes del hecho de que la situación era explosiva, en la medida en que el Decreto 1397 era inaplicable para las empresas y el Decreto 1320 era ilegítimo para las organizaciones indígenas211. Sea lo que fuere, era obvio que la multiplicación de las normas reglamentarias contradictorias no hacía sino incrementar el riesgo de polarización de los conflictos socio–ambientales, al transformar la consulta previa en un ejercicio laborioso y conflictivo en vez de volverla un ejercicio de democracia participativa que pusiera a los actores en situación de igualdad.

El estudio para la constitución del resguardo único

  • 212 Aso U'wa, 05/1997, “Informe socioeconómico en pos de la constitución del resguardo único”, Arauca, (...)

43Sin hacer mucho caso del impacto de la ganadería, del que fueron víctimas en la década del cincuenta, los u'wa retomaron por cuenta propia el informe de la USO sobre las actividades petroleras en Arauca, para realizar un. “Estudio socioeconómico en pos de la constitución del resguardo único”. Se basaron en las observaciones llevadas a cabo por sus asesores (en particular los sectores sociales del Arauca) con respecto a las experiencias que había tenido el departamento vecino, para denunciar “el peligro de la inminente desaparición del pueblo u'wa, la destrucción del ecosistema y, por ende, el fin de la biodiversidad”, antes de concluir: “El futuro es negro, ante la escasez de recursos y ante los grandes gastos comprometidos. El petróleo solo fue beneficio para las multinacionales”. Cabe subrayar que el primer impacto que destaca este estudio es de orden sociocultural. El efecto más grave que tuvo la irrupción de la industria petrolera fue la invasión de los territorios de los guahibo, macahuanes y betoye, habitantes nómadas circulares de las orillas de la Laguna de Lipia y de los ríos Arauca y Caño Limón. Así, los u'wa enfatizaron el hecho de que los guahibo habían entrado en una crisis que les llevó a la anomia social y al etnocidio, por caer en el alcoholismo, la prostitución, la malnutrición y diversas enfermedades (sic). Según ellos, la construcción del complejo de Caño Limón destruyó la Laguna de Lipa, “gran santuario del espacio cósmico y centro de reproducción cultural y espiritual de los guahibo, macaguanes, betoy y demás pueblos indígenas vecinos” y provocó “la destrucción del mayor patrimonio ecológico y cultural del país”. Por otra parte, el crecimiento demográfico descontrolado provocado por la colonización acelerada provocó la deforestación del bosque del Sarare212.

  • 213 Ibíd.: 41-43 y 47.

44En el nivel social, el estudio de los u'wa presentó un cuadro apocalíptico de la región, caracterizado por una crisis generalizada del sector agropecuario, de la salud y de la educación. Recordaron que la actividad petrolera y la apertura de carreteras siempre habían llevado a la colonización masiva, primicias de la urbanización anárquica y de la formación de cinturones de miseria. Opusieron el lento proceso de colonización dirigido por el Estado a través del INCORA y la inmigración masiva que se desencadenaría con la explotación petrolera, la cual llevaría a una invasión de tierras “como salida a la pobreza”. Entre otras consecuencias de esta inmigración, denunciaron la pérdida de la “identidad regional” y la mezcla de las comunidades, donde cada uno imponía sus costumbres y sus hábitos culturales, lo que generaba individualismo y pérdida de los principios básicos de solidaridad y convivencia. Además, el crecimiento demográfico producido por la actividad petrolera provocaría, según ellos, una crisis del sistema de salud y de la educación. En el ámbito de la salud, esta actividad había provocado “efectos desastrosos” debidos a la formación de chabolas, a las carencias de servicios de alcantarillado y de agua potable y a la crisis en los hospitales. En el ámbito de la educación, la industria había sustituido al Estado para resolver los problemas de “producción” de la mano de obra necesaria213.

  • 214 Ibíd.: 43-44.

45En el nivel económico, los u'wa hablaron de “crisis agropecuaria” y retomaron los argumentos de los campesinos colonos, subrayaron la falta de una política pública coherente en el ámbito de la reforma agraria. Así, los indígenas y colonos se ubicaban en el mismo plano ante las oligarquías, en lo que atañía a la adquisición de tecnologías menos nefastas para la naturaleza (sic), a las dificultades de comercializar los productos y de competir con los productos importados —debidas a la apertura económica—, a la falta de créditos y de ayudas estatales hacia el sector, a la necesidad de desarrollar cultivos ilícitos, al deterioro del campo y a las políticas de explotación de los recursos naturales. Al respecto, acusaban a la industria petrolera de haber cambiado la vocación económica de la región, en particular debido al abandono de las actividades agropecuarias (por los campesinos contratados para la construcción del oleoducto) y al desequilibrio de los precios locales, característicos de una economía de enclave. Es así, según ellos, como se había perdido la “cultura de una agricultura sostenible que, tanto el colono mestizo como el indígena aplicaban”. Según los u'wa, esta crisis tenía dos consecuencias principales: no sólo significaba la reducción de los territorios ancestrales para los indígenas y, por lo tanto, la pérdida de fuentes alimenticias, sino que conllevaba también pérdidas económicas para los campesinos, debidas a la construcción de la vía Arauca — Arauquita. Finalmente, denunciaron el carácter de economía de enclave que generaba la actividad petrolera, ya que los ingresos económicos no eran reinvertidos en la región, ni tampoco habían permitido reducir los niveles de pobreza, mientras que, por el contrario, reforzaban el poder de las transnacionales y de las empresas colombianas214.

  • 215 Ibíd.: 49-50.

46Entre tantos argumentos lapidarios, quizá el más fuerte era la militarización que había acompañado al desarrollo de la actividad petrolera en Arauca. Para los u'wa, hasta 1982 reinaba en Arauca “un ambiente de tranquilidad y bienestar” mientras que la militarización era “mínima” y que la escasa fuerza pública convivía con la población, aunque existieran ya los grupos armados (sic). Por el contrario, en 1997, dos brigadas móviles se encontraban en el departamento (o sea 2.000 soldados), además de las fuerzas especiales, de los helicópteros y aviones para vigilar las infraestructuras petroleras alrededor del oleoducto y del complejo de Arauquita. Entonces concluían que todo eso entrañaba la exacerbación del conflicto social generado por los fenómenos de descomposición social, consecuencia de los cambios socioculturales provocados por las actividades petroleras215.

47No cabe la menor duda de que estos comentarios estuvieron influenciados por actores sociales que manipulaban la información conforme a sus propios intereses. Por ejemplo, si bien es cierto que la tasa de analfabetismo de Arauca era superior al nivel nacional (el 16,2% contra el 12,7%), el departamento vecino Norte Santander se encontraba en la misma situación, con una tasa del 16% y sin petróleo. Por lo tanto, no se puede deducir que las actividades hidrocarburíferas en Arauca generaran mayores necesidades no-satisfechas en el ámbito educativo. Por el contrario, la pobreza en la región viene de las condiciones de aislamiento geográfico y político, a las que la industria petrolera podría dar respuestas concretas.

48Así mismo, al sugerir que la presencia de la industria petrolera en la región entrañó una militarización indeseable, los u'wa y la USO omiten que la presencia de las guerrillas en la región era anterior a la de la industria. El departamento había llegado a tasas insólitas de homicidios (530 por 100.000) entre 1978 y 1986, es decir antes de que arrancara la actividad petrolera en la región. Es más, entre 1987 y 1991, este departamento vio disminuir la tasa, mientras que en el resto del país conocía récords de homicidios (C. M. Ortiz, 1998 a: 43-45). Si el argumento para rechazar la actividad petrolera en el bloque Samoré fuera evitar la militarización en esta zona, sería lógico, al parecer, condenar primeramente la presencia de las guerrillas, elemento crucial en un estudio socioeconómico. Cierto es que los u'wa lo hicieron en varias oportunidades, en respuesta a las acusaciones de estar influenciados por el ELN, difundidas por los medios de comunicación a principios del conflicto con Oxy. Sin embargo, no deja de intrigar el que no figurase este elemento en el estudio socioeconómico y suscita más de una pregunta: ¿Cuán importante era la postura de la guerrilla en el conflicto del Sarare? ¿Cómo se manifestaba la acción del ELN en la región? ¿Qué influencia ejercía entonces sobre los actores sociales?

49Una vez formuladas estas objeciones, cabe admitir que muchas críticas expresadas por los sectores sociales del Arauca y asumidas por los u'wa encontraban un fundamento. Cierto es que resulta difícil determinar en qué medida estas críticas no explicaban la desproporción entre las posibilidades del entorno institucional y las expectativas y necesidades creadas por la irrupción de la industria petrolera en esta región remota y pobre. Sea lo que fuere, el que los u'wa hayan basado su rechazo en la experiencia de los guahibo es en sí significativo y muestra lo que ellos temían ante todo, y es la descomposición social y la pérdida de identidad colectiva.

Los estudios de impactos socio-ambientales realizados por Oxy

  • 216 Occidental de Colombia, 10/1998 a, “Estudio de Impacto Ambiental para el área de perforación explo (...)

50Para conseguir la licencia ambiental en pos de la perforación del pozo de exploración Gibraltar 1, Oxy realizó en 1998 un estudio de impactos y un plan de manejo ambiental, reunidos en un documento de más de 600 páginas216. Aunque fuese bastante rico en informaciones, éste presentaba varios defectos, entre los cuales el carácter redundante y a veces caótico de la información recolectada era el más aceptable. La parte sociológica del estudio de impactos se basaba principalmente en el “Plan de desarrollo” del municipio de Toledo (Norte Santander), lo que, como veremos, plantea un problema metodológico. Por otra parte, el llamado “Estudio etnográfico” presentaba igualmente aspectos metodológicos discutibles, que sostenían una tesis tendenciosa.

  • 217 Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol. I/III, cap. 6, pp. 3-5 y 12.

51El área de Gibraltar, para la cual se realizaron el estudio y el plan de manejo ambiental, cubre una superficie de 21,3 km2 en la cordillera oriental, delimitada por tres recintos del municipio de Toledo: Cedeño, Mundo Nuevo y Bóngota. Ahí se preveía la perforación del pozo a 5.480 metros de profundidad, en un plazo no mayor a 18 meses, incluida la fase de desmonte de la plataforma. Tomando en cuenta la profundidad del pozo, era necesario un perímetro de 5 ha para localizar la infraestructura y los equipos. Según el “Plan de manejo ambiental”, uno de los principales problemas era el acceso a la zona, en este momento facilitado por la vía Saravena — Gibraltar — Toledo y por la vía secundaria del bosque. Aunque se hubiese contemplado la posibilidad de llevar los equipos por helicópteros, desde el inicio se impuso la necesidad de construir una vía de acceso terrestre, en una región donde el terreno era bastante inestable y desigual. Por lo demás, la presentación del plan de gestión era lo suficientemente general como para no imponer a la empresa obligaciones demasiado precisas. Con respecto al manejo de los suelos, el plan garantizaba que el trazo de la vía de acceso obedecería a un “plan racional”, utilizando los sectores ya colonizados. De la misma manera, con respecto a los recursos hidrobiológicos, garantizaba un tratamiento “idóneo” de las aguas residuales para no alterar el equilibrio físico-químico de los ríos. En cuanro al manejo de la fauna y la flora, se comprometía a ocupar de manera prioritaria las áreas de pastos o cultivadas, antes que las áreas de bosque. Así mismo, se comprometía a proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres, en particular alrededor de las fuentes y de los sectores de abastecimiento hídrico. Finalmente, preveía establecer mecanismos de seguimiento y de control de las “estrategias y acciones” de protección del medio ambiente durante la construcción y las operaciones, lo que sonaba como un manejo participativo del entorno217.

  • 218 Ibíd.: vol. II/III, pp. 8, 22 y 28; Montero et al., op. cit., 1998 a: 124-125.

52Este voluminoso estudio hacía poco caso a los factores de inseguridad de los que ya hemos hablado aquí. Aunque evocara ciertos riesgos de conflicto, no se detallaban las formas de solución. Así, el plan de gestión ambiental mencionaba, entre otros factores críticos, tres tipos de conflictos que la ejecución del proyecto podía exacerbar: el conflicto limítrofe de competencias políticas y administrativas entre los departamentos de Boyacá y Norte Santander en el destacamento de Gibraltar; el conflicto con los u'wa, y el conflicto de orden público, determinado por la presencia de dos grupos guerrilleros en la región218. Ahora bien, como veremos a continuación, lejos de constituir un elemento secundario, estos conflictos estaban estrechamente vinculados.

  • 219 Ibíd.: 6; Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol. II/III: 2 y 13.
  • 220 L. Zubieta, 1987, “Estudio sobre la situación socioeconómica de Arauca y el Sarare y la imagen de (...)

53La parte sociológica del “Estudio de impactos ambientales” se llevó a cabo tras la firma de un convenio con el municipio de Toledo, en febrero de 1997. Cabe precisar que las autoridades y la población de Toledo habían acumulado ya cierta experiencia con respecto a los proyectos petroleros, desde la consrrucción de la estación Samoré y Toledo y del oleoducto Caño Limón — Coveñas. Además de los recintos ubicados en el área de influencia de Gibraltar 1, la zona estudiada para el proyecto de perforación del pozo incluyó al municipio de Toledo, al destacamento de Samoré en Gibraltar y a los recintos de Cortinas, Troya, Santa Marta, Alto Horizonte, California, Porvenir y La China. El estudio de impacto tomó como punto de referencia al destacamento de Samoré en Gibraltar, un área de 4.407 ha de las que la mitad estaba dedicada a los cultivos de pastos y que tenía entre 398 y 1.714 habitantes, según las páginas del informe219. Este destacamento, que incluía cuatro recintos —Nuevo Mundo, La Pista, El Porvenir y Cedeño—, constituía un centro de intercambios y comercio, abastecedor de bienes de consumo y de servicios. La elección de esta zona planteaba un problema de legitimidad territorial que volvió el estudio aún más complejo. En efecto, el lugar se encontraba en el límite político administrativo de los municipios de Toledo y Cubará, es decir entre los dos departamentos mencionados. Al respecto, Zubieta denunció que Cubará no estaba en una situación de abandono más bien era “inexistente”: no existía para la intendencia de Arauca ni para la de Norte Santander porque formaba parte de Boyacá, pero tampoco existía para la intendencia de Boyacá porque el sitio era tan remoto y difícil de acceso desde el centro del departamento, que para sus funcionarios era preferible ignorarlo220.

  • 221 Montero et al., op. cit., 1998 a, vol I/III: 7.
  • 222 Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol II/III: 13-14.

54Siguiendo el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el área de Gibraltar formaba parte del departamento de Boyacá, pero de hecho había sido absorbido por el departamento de Norte Santander, debido a la cercanía y al nivel de inversión del municipio de Toledo en este sector. De tal suerte que, desde 1994, este municipio incluía en su “Plan de desarrollo” un área que dependía del departamento vecino. Para los autores del estudio de impactos ambientales, el hecho de que Toledo ambicionara controlar la zona, como lo atestiguaban los proyectos de inversión para 1998-2000, se justificaba el estudiar el destacamento de Gibraltar como si formara parte de este municipio221. Ahora bien, esta área reivindicada por la comuna coincidía con La Tunebia, un sector reivindicado por los u'wa en el procedimiento de ampliación y unificación del resguardo. Por lo tanto, más que escoger un criterio técnico para el estudio, lo que hizo Oxy fue tomar parte en el conflicto limítrofe y volverse un actor institucional más, al subrayar la ausencia de los u'wa en el destacamento y en el área de influencia del pozo, es decir el recinto de Cedeño222.

  • 223 Ibid.: vol. I/III, 31-32.
  • 224 Ibid.: 35 y 38.

55Según el estudio de impactos, los u'wa del departamento de Norte Santander se concentraban en los recintos de Tamarana, Uncasía, Santa Marta, El Paraíso, que dependían de Toledo223. No solamente que estos recintos no eran parte de los territorios u'wa legalizados antes de la unificación del resguardo, sino que el INCORA les había excluido. Por esta razón, el estudio de Oxy subrayaba que los moradores de esos recintos no percibían otros ingresos que los otorgados por el “Plan de desarrollo” de Toledo. El mismo informe añadió que el municipio contaba con 17.500 habitantes en 1993, de los cuales solo 345 eran indígenas (o sea el 2%), lo que contradecía manifiestamente los datos demográficos mencionados en otra parte, según los cuales los u'wa establecidos en el área de influencia del proyecto —es decir, los recintos de Tamarana, Uncasía y Santa Marta— eran 302224.

  • 225 Ibid.: 96.

56Lo más preocupante no es esta falta de claridad en los datos cifrados, sino la opción metodológica que esta presentación inducía. Como veremos a propósito del “Estudio etnográfico complementario”, la opción teórica elegida por los antropólogos contratados por Oxy era la del “blanqueamiento” y de la aculturación completa de los u'wa radicados fuera de los resguardos tradicionales, con un estilo de vida campesino. De esta manera, no sólo que los recintos parecían borrados del territorio ancestral por el simple hecho de haber sido colonizados, sino que los u'wa de Tamarana, Uncasía y Santa Marta se confundían con los minifundistas del área, cuyas expectativas frente al sector petrolero eran “distintas”, es decir que estaban listos para trabajar con éste para mejorar su nivel de vida e invertir en la infraestructura de sus tierras225. Es más, los u'wa de los recintos citados se asimilarían a la población que compartía una experiencia en las actividades de exploración, transporte y hasta de producción que ya hemos mencionado.

57Éste es, tal vez, un elemento clave de la polarización del conflicto. En efecto, la tesis de los autores de este estudio acredita el argumento de los representantes del Cabildo Mayor, según la cual Oxy no había dejado de intentar dividir a las comunidades, aprovechándose de la receptividad de las comunidades que vivían en las zonas de colonización y de mestizaje. Sea lo que fuere, la complejidad del conflicto generado por el proyecto Gibraltar justificaba que se realizara un estudio aparte sobre los indígenas establecidos en esta zona. En este sentido, el trabajo de Montero y Páez resultó una iniciativa laudable, sobre todo si se considera que no se había llevado a cabo en esta zona ningún estudio etnográfico sobre los u'wa. Sin embargo, cabe formular ciertas reservas en cuanto al alcance de este estudio y a las conclusiones que sacaron los autores. El contexto en el que se inscribió este trabajo condicionó obviamente las orientaciones metodológicas y, por lo tanto, limitó sus alcances.

  • 226 En particular citan a Osborn, op. cit.; y A. Osborn, 1995; Aguablanca, op. cit.; 1DEADE, 08/1996, (...)
  • 227 Además de Roberto Cobaría, líder carismático del Cabildo Mayor, los principales dirigentes de Aso (...)

58Las comunidades que los autores proponían estudiar agrupaban aproximadamente a 400 u'wa, ubicados en los municipios de Toledo y Chitagá. La mayor parte de los datos procedían de los escritos clásicos sobre los u'wa y del estudio de la Universidad Javeriana en Bogotá para la constitución del resguardo único226. Se completaron con varias reuniones y visitas a las comunidades. En sus conclusiones, los autores introdujeron una división política entre los u'wa abiertos al diálogo y los demás, considerando como “interlocutores válidos” a los representantes de la Asociación de Cabildos del Norte Santander y de ORIWOC, dejando atrás la personalidad jurídica del Cabildo Mayor y de Aso U'wa227. Finalmente, se ampararon en el hecho de que la organización social de los u'wa estaba descentralizada, e hicieron hincapié en las divisiones internas en cuanto al proceso de cambio social, lo que, como ya hemos señalado, permitía sobredimensionar la aculturación de los u'wa radicados en el área de influencia de Gibraltar. El énfasis estaba puesto en la división comunitaria y territorial que separaba a estos últimos de las comunidades de Cobaría, Tegría y Aguablanca, éstas formaban parte del núcleo duro de resistencia a las actividades petroleras.

  • 228 Montero et al, op. cit., 1998 b, pp. 15-16, 30, 32, 189 y 178.

59Pues bien, por un lado, los u'wa que participaron en esta reunión reconocieron que existían diferencias entre ellos y otros grupos, como los Cobaría, los Tegría o los Bókota, con respecto al dialecto, a las prácticas culturales de siembra y cosecha, al conocimiento y la práctica de los ritos cantados, a la migración periódica hacia las partes altas de la sierra. Por otro lado, pedían que se realizaran acciones e inversiones en los ámbitos de la educación, la salud, el habitat y el mantenimiento de los caminos, y mientras tanto recibir las transferencias directas de las ganancias del petróleo, una vez constituido su resguardo en el Norte Santander. A partir de este planteamiento, Montero y Páez criticaron implícitamente el concepto de resguardo único defendido por el Cabildo Mayor y Aso u'wa, el cual, según ellos, descansaba a la vez en una interpretación esencialista de la cultura u'wa y en una aproximación historicista al cambio social. Su argumento era que lo que queda de las comunidades u'wa estudiadas por Osborn no era sino “un archipiélago residual” que se debatía en un “juego ambiguo” entre ya no ser lo que eran y preservar a toda costa la distancia que les separaba de los campesinos blancos (sic). Entonces, mientras que los u'wa de las comunidades Cobaría, Bókota y Tegría se “conservaban” relativamente, los de la zona de Gibraltar habían entrado a un proceso de aculturación que, al parecer, era irreversible y que justificaba una separación definitiva del otro grupo de familias. Para demostrarlo, argumentaron que estos últimos ya no practicaban las actividades tradicionales como la agricultura seminómada, siguiendo el calendario mítico religioso analizado por Osborn, y tampoco mantenían relaciones matrimoniales o de parentesco con los otros clanes. En este sentido, para estos autores, ellos habían perdido toda identidad colectiva, lo que se ponía de manifiesto por la adopción del modelo de familia nuclear228.

  • 229 Ibid.: 34, 184 y 186.

60Dicho sea de paso, semejante afirmación contradice lo dicho en otro lugar, y es que estas comunidades mantenían buenas relaciones con los u'wa de Cascajal, Tauretes, Mulera y Aguablanca, “quizá por su familiaridad y parentesco histórico–tradicional”. Además, hace caso omiso a que las mismas comunidades hayan conservado cierta distancia con los campesinos, lo que les permitían, según el propio informe, “sentirse y seguir siendo indígenas u'wa en general y mantener regularidades culturales que los identifican como población específicamente indígena”. Ahora bien, la discusión antropológica no entra en el marco de nuestro análisis, aunque sí nos parece útil formular algunos comentarios en cuanto a la opción teórica adoptada por Montero y Páez, en particular con respecto al supuesto de las “muletillas” y “fórmulas vacías”, lo que designa tanto el concepto “cultura u'wa”, o términos como “territorio ancestral”, “resguardo único”, “etnocidio / genocidio”, como las expresiones “cultura blanca, occidental, cristiana, depredadora, explotadora y materialista”, “desarrollo sostenible” o “sabiduría milenaria”229.

61En una perspectiva culturalista, Montero y Páez tienen razón al decir que la desaparición de muchas prácticas tradicionales entre los u'wa del área de Gibraltar les distinguen de los del área del antiguo territorio legal definido por los resguardos Cobaría-Tegría y Rinconada-Bókota y la reserva Aguablanca-Tauretes. Sin embargo, esta perspectiva no constituye el único marco de análisis y, sobre todo, no se confunde con el fenómeno de la etnicidad, que nos propusimos analizar como un proceso social. Si este estudio no hubiese sido llevado a cabo por una empresa privada, involucrada en este conflicto socio–ambiental, se podría avanzar la hipótesis de que estos autores recomendaron un fundamentalismo étnico, el cual no trae consigo sino la intolerancia y el cierre característico del neocomunitarismo (Cf. A. Touraine, 1997: 147, 172 y 205). Dicho en otras palabras, el recomendar la cosificación de la organización ciánica de los u'wa anterior a la colonización equivalía a negarles lo que reivindicaban en primer lugar, y es el derecho a controlar su propia historicidad (es decir la capacidad de la sociedad en su conjunto de reproducirse, transformarse e incrementar su acción y participación). Por falta de entender esta dimensión de la acción de los u'wa, bajo la autoridad del Cabildo Mayor, Montero y Páez demostraron que no entendieron las raíces del conflicto del bloque Samoré y se mostraron más esencialistas de lo que pretendían.

  • 230 Montero et al. op. cit.: 202-203, 16 y 72.

62A fin de cuentas, lo que queda de la pretensión de formular un marco analítico objetivo del conflicto es escaso. Parece, más bien, que el mal llamado “Estudio etnográfico” hubiera sido guiado por la intención de proponer un plan de desarrollo a manera de compensación o de legitimación de la presencia de las empresas asociadas en el bloque Samoré / Sirirí. Por lo tanto, no es de extrañarse de que el estudio se concluyera por una propuesta de etnodesarrollo para las comunidades de Santa Marta, Uncasías, Tamarana y La Laguna. En cambio, sorprende mucho el no encontrar detalles en cuanto a las preocupaciones de los indígenas ante la perspectiva del desarrollo petrolero en su área de hábitat. No obstante, en la reunión de Samoré, éstos habían expresado su deseo de no ver a la industria irrumpir en su territorio y habían manifestado su rechazo a verla intervenir en sus prácticas culturales, sociales y económicas. El “Estudio etnográfico complementario” evoca también que habían dejado de percibir “una sensación persistente de peligro, derivado de los discursos que habían escuchado, frente a la explotación petrolera”. Estas son, precisamente, las preocupaciones que cristalizaron las estrategias de oposición contra el proyecto Samoré / Sirirí, y desembocaron en la formación de un movimiento colectivo de un nuevo tipo, que había de asociar a las organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas en lucha contra el Estado y las empresas petroleras230.

Conflictos generados por el petróleo en áreas protegidas del Ecuador

63En cierto sentido, las actividades petroleras no son sino una forma extrema del modelo de explotación de recursos de la Amazonia, inaugurado desde la Conquista. La construcción de bergantines por los españoles había introducido ya un cambio tecnológico radical con respecto al modo de adaptación desarrollado por las poblaciones aborígenes, oponiendo a la explotación parsimoniosa —y por lo tanto sostenible— un modelo depredador del medio ambiente. De tal suerte que Zárate tiene razón de subrayar que la problemática ecológica de la Amazonia va mucho más allá que la simple consideración de fenómenos como la deforestación, la contaminación provocada por los derrames de petróleo o las amenazas a la biodiversidad (C. Zárate, 1993: 18). Abarca también la relación entre los aspectos ecológicos y humanos, así como las condiciones de vida de las poblaciones locales: calidad de agua y del aire, de la alimentación y de la salud. Ahora bien, en la década del noventa, el proceso de cambio del medio ambiente y de apropiación o de configuración del espacio amazónico seguía sin conocerse en Ecuador. Según Zárate, este fenómeno determina la existencia de una “fractura ecológica” y hasta la fecha remite a dos elementos fundamentales para entender la ausencia o la inadecuación de la política amazónica: la adaptación y el impacto del cambio tecnológico al entorno socio-ambiental. Este mal conocimiento del Estado, sumado a la ineficiencia de la administración, al centralismo político y a la dependencia externa, constituye un obstáculo mayor para la institucionalización de los conflictos socio-ambientales en Ecuador.

El Estado y la política ambiental

  • 231 Cf. M. F. Espinosa, 1994, “Políticas de conservación y manejo de áreas naturales protegidas en la (...)

64A partir de 1976, el Estado ecuatoriano fue elaborando una estrategia nacional de protección ambiental, a través de la delimitación de áreas protegidas. En 1989, la Ley Forestal y de Conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre estableció que el patrimonio natural del Estado debía conservarse intacto. Desde entonces, se anunciaron una serie de planes de ordenamiento de cada área, para asegurar (conforme al artículo 107 de la ley) el mantenimiento de los aspectos ecológicos, estéticos y culturales y prohibir cualquier explotación u ocupación de estos lugares (en Varea et al., 1995 b: 86). En 1979 se habían delimitado cuatro áreas protegidas en la Región Amazónica —los parques nacionales Ya-suní y Sangay, la reserva ecológica de Cayambe Coca y la reserva faunistica de Cuyabeno— a los cuales se sumaron las reservas biológicas de Limoncocha y Po-docarpus, por un total de 2,6 millones de ha (o sea el 20% de la región administrativa). A inicios de la década del noventa, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas contaba con 17 áreas protegidas, entre las cuales 7 estaban en la Región Amazónica. Más de la mitad de la Amazonia ecuatoriana (68.000 km2) se destinaba a “usos especiales”, es decir se consideraba como unidades de conservación, bajo la forma de bosques protectores, territorios indígenas y áreas registradas como Patrimonio Forestal del Estado231.

65Sin embargo, muchos observadores veían en el discurso conservacionista del Estado una retórica demagógica y a la par una burocratización endémica (Ibíd.: 29; E. Martínez, 1995). La política ambiental del Estado encontraba serios obstáculos económicos, tomando en cuenta la crisis fiscal y la presión de los intereses privados en la región, en particular con respecto a la explotación de recursos no-renovables como el petróleo y los mineros así como el desarrollo del turismo a gran escala. Al igual que la colonización, este último venía desarrollándose sin planificación ni encuadramiento legal. Por lo tanto, como subraya Espinosa, la existencia de áreas protegidas en la Amazonia resultaba más, al parecer, de las presiones de la sociedad civil y de los intereses de los organismos internacionales que de una integración de la conservación a la política pública de desarrollo (Espinosa, op. cit.: 39). Lo mismo se podía decir del Programa de Gestión Ambiental para el Desarrollo Integrado de la Región Amazónica Ecuatoriana, elaborado por el PNUD y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) en 1986, que algunos veían como una reinterpretación parcial de los objetivos del Estado sin interacción real con la población y que padeció del desinterés institucional general por la región, tradicionalmente delegada al Ministerio de Agricultura. Así mismo, el Plan Forestal del Ecuador presentado a finales de la década del ochenta por este Ministerio seguía siendo una propuesta instrumental que tan solo daba a la población un papel ejecutorio en un modelo concebido sin su participación. Por lo tanto, aunque resultara de un estudio minucioso de los problemas forestales, este plan no tomaba en cuenta los factores estructurales del origen de la crisis ecológica en la Amazonia, ni de las condiciones sociales que permitirían la realización de una política ambiental en la región (P. Pazmiño, 1996: 326).

  • 232 Cf. Fundación Natura, en L. Ruiz et al., 1993: 324; FAO y World Ressource Institute; y Espinosa, o (...)

66Estas condiciones se expresan concretamente por la explotación de recursos naturales, renovables o no, y por la evolución de la deforestación que afectaba entre 60.000 y 100.000 ha cada año a mediados de la década del noventa, de las cuales apenas se reforestaba el 1% cada año232. Entre 1977 y 1985, la pérdida de cobertura vegetal por causa de nuevos asentamientos agrícolas alcanzaba un promedio de 41.000 ha (J. Uquillas, 1993 a: 183). Al comienzo de la década del noventa, se estimaba que el 36% de la Región Amazónica había sido intervenido. En aquella época, se habían entregado dos terceras partes de la selva a empresas forestales privadas. Ahora bien, como ya lo hemos comentado, una de las principales causas de la deforestación son las actividades agropecuarias, un sector poco productivo y de uso intensivo en factores ecológicos, que representa una parte importante de la economía nacional, tanto por su aporte en divisas como por su parte en el PIB y los empleos inducidos.

67La creciente integración de los indígenas a la economía de mercado les llevó a introducir cultivos comerciales como el café, el cacao o los árboles frutales, así como a dedicarse a la ganadería extensiva, dejando de lado actividades tradicionales de subsistencia. Poco a poco, estos últimos se mezclaron entonces con los pequeños y medianos productores, cuyos principales cultivos eran café y cacao, maíz y arroz, naranjilla y tomate de árbol. Ahora bien, la falta de inversiones públicas, tanto en infraestructuras de comunicación como en créditos a los colonos, volvía el proceso de colonización deficitario y altamente consumidor de recursos naturales.

68Los efectos de la industria agropecuaria no eran mejores, en la medida en que se trataba de una actividad por naturaleza extensiva. Los cultivos de palma africana y de té supusieron la pérdida de importantes superficies agrícolas útiles, por falta de estudios de impactos ambientales o de planes de prevención de la contaminación de los suelos. Entre esos efectos, cabe mencionar la sustitución de grandes superficies de bosque primario por el monocultivo, la construcción de caminos, el uso contaminante de maquinarias pesadas y de productos químicos de transformación.

69Por su lado, el sector minero se había desarrollado particularmente en la década del noventa en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde se encontraban los hallazgos de Guaysimi, Nambija y Chinapinza, así como las concesiones que colindaban con el Podocarpus. Así como la agricultura, esta actividad carecía de una tecnología idónea, de una planificación y de un marco legal que permitiesen un control eficiente de sus impactos socio–ambientales. La extracción del oro en la región (el 95% de la producción nacional) se realizaba por empresas informales que no habían recibido ninguna capacitación técnica en el ámbito de protección ambiental. Es más, como lo lamenta Espinosa, las informaciones disponibles en este campo eran tan raras como imprecisas, lo que obstaculizaba la participación de la sociedad civil en las tomas de decisiones (Ibid.: 43).

70Pero es, más que todo, la política petrolera la que entra en contradicción con la política ambiental del Estado. En 1991, 3 millones de ha de la Región Amazónica formaban parte de la zona de exploración petrolera además de 630.000 ha en áreas de producción. Esta actividad no evitaba a las áreas protegidas, ya que el Cuyabeno había sido rediseñado para ampliar la zona de exploración de Petroproducción (J. Kimerling, 1993). De hecho, la política ambiental y la política petrolera entran en competencia en la medida en que la Ley de Hidrocarburos y el Código de Minas, que reglamentan las actividades petroleras, tienen un carácter “especial” y se imponen a cualquier otra norma jurídica. Por esta razón, hasta mediados de la década del noventa, la conservación de las áreas protegidas seguía estando afectada por los proyectos de desarrollo en las reservas y los parques naturales. Eso es una evidencia de la esquizofrenia del Estado, presionado por reembolsar una deuda externa desmesurada con respecto a su capacidad productiva, mientras sigue capitalizando el patrimonio ecológico de la región amazónica. Estas contradicciones pueden desembocar directamente en conflictos socio–ambientales, como lo veremos a continuación en los casos del Cuyabeno y del Yasuní.

El caso Yasuní

71El parque Yasuní se volvió un caso emblemático de los conflictos socio—ambientales provocados por las contradicciones en las políricas públicas del Estado ecuatoriano. Este parque incluye el territorio de los huaorani, un grupo de cazadores recolectores, cuya organización ciánica se había mantenido hasta la década del noventa y cuya población entonces alcanzaba 1.600 individuos. Los huaorani fueron confrontados con la actividad petrolera desde la época en que ésta entró a la Amazonia ecuatoriana, ya que los primeros contactos fueron establecidos por los misioneros evangelistas con la asistencia técnica de Shell, en la década del cuarenta. Pese a este contacto, ellos evitaron la colonización agraria e industrial gracias a una estrategia de retraso y de resistencia armada. Esta situación cambió en 1979, con la constitución del parque Yasuní, en un área de 679.000 ha, que comprendía el territorio huao, pero sobre todo en 1986, con la concesión de tres bloques petrolíferos para la exploración. El más controvertido fue el bloque 16, administrado por Conoco, en asociación con СЕРЕ / Petroproducción.

  • 233 Pata un recuento de los conflictos en el parque Yasuní, desde la perspectiva de las ONG ecologista (...)

72En 1987, las organizaciones ecologistas se constituyeron en una asociación bautizada Corporación de Defensa de la Vida (CORDAVI), para demandar a CEPE y a los ministerios de Energía y de Agricultura ante el TGC. Esta demanda, que se fundaba entre otras cosas en la Constitución y en la Ley Forestal, pretendía defender el parque Yasuní a nombre del interés público, contra la exploración y la explotación petrolera. Un mes después de rendir un fallo que condenaba cualquier tipo de actividad petrolera en el parque, el Tribunal modificó el rexto del fallo en sesión extraordinaria. Los jueces justificaron este cambio por el hecho de que el término “concesión”, que aparecía en el primer texto, ya no estaba vigente en el momento en que ésta fue publicada. De paso, quiraron al fallo las consideraciones que hubiesen podido hacer jurisprudencia en este ámbito. Sin embargo, reconocieron haber sido presionados por parte de la industria petrolera, la cual amenazaba con paralizar todos los proyectos de inversión en la Amazonia ecuatoriana233. Tras una campaña orquestada por las redes ecologistas transnacionales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Yasuní fue ampliado a 982.000 ha en 1992, mientras que se ampliaba el territorio a 771.870 ha, bajo la condición expresa de que estas últimas no pusieran trabas a las actividades petroleras en esta área. Mientras tanto, Conoco vendió sus participaciones en el bloque 16 a Maxus Energy, que suscribió un contrato de asociación con Petroecuador para la perforación de 120 pozos de exploración. La producción se concentraba en los extremos norte y este del parque.

  • 234 Cf. el libro del periodista J. Каnе y el documental de C. Walker, “Trinkets and Beads” (J. Kane, 1 (...)

73Conoco había conseguido el apoyo de dos ONG estadounidenses (Cultural Survival y Natural Resource Defense Council) para llevar a cabo su plan de manejo socio-ambiental. En el momento de asumir su sucesión en el bloque 16, Maxus prosiguió con el mismo plan y emprendió la puesta en marcha de una política de relaciones estrechas con los huaorani. El “Manual de relaciones comunitarias” distribuido por esta empresa refleja al respecto una concepción paternalista de estas relaciones, en la medida en que los huaorani no eran dueños de su “desarrollo” y se volvieron de hecho dependientes de la empresa, a través de programas educativos y sanitarios o incluso de asistencia económica directa. Por su lado, los huaorani adquirieron una creciente capacidad de negociación con las empresas, materializada por la creación de la Organización de la Nacionalidad Huao de la Amazonia Ecuatoriana (ONHAE) en 1987. Pero eso fue a costa de una doble manipulación; en efecto, su resistencia fracasó desde el momento en que ellos fueron asociados a los programas de desarrollo comunitario de las empresas del bloque. Se puede añadir que fueron utilizados por las organizaciones ecologistas transnacionales, habiéndose vuelto la imagen de los huaorani emblemática del movimiento de oposición a las actividades petroleras en la Amazonia, como lo atestigua la multitud de artículos y documentos audiovisuales que enfatizaban el combate de David contra Goliat llevado encabezado por Moi Enomenga, que se había vuelto el representante internacional de la ONHAE (I. Narváez, 1996)234.

  • 235 Sobre la creación de la zona intangible, Cf. В. Dubaele, 1999, “El desarrollo de la Reserva de Bio (...)

74Como lo ha mostrado Narváez, este modelo de relaciones comunitarias marcaba una ruptura con las prácticas tradicionales de las empresas petroleras, pero eso fue a costa de un retraso del Estado en el manejo de la política de desarrollo. La imagen de empresa politically correct defendida por Maxus no debe ocultar el hecho de que le tocó al Estado ecuatoriano soportar los costos de este modelo hasta la cesión del bloque 16 a la empresa argentina YPF, en 1995. Según Narváez, el contrato de riesgo firmado con Petroproducción no trajo ningún beneficio al país en términos económicos. Por lo demás, tan solo se tomaban en cuenta los intereses de los indígenas si ésos no obstaculizaban la actividad petrolera o la volvían viable, como lo estipulaba el título de propiedad colectiva concedido por la administración Borja. Al respecto, Rival va más allá, al considerar que la política neoindigenista orquestada por el Estado y en parte delegada a los actores privados no era sino una nueva etapa de la política integracionista, en marcha desde la apertura del frente de colonización en la Amazonia (L. Rival, 1996). Sea lo que fuere, es allí donde la política petrolera, ambiental e indigenista estatal muestra su ambigüedad. En efecto, lo que el Estado da, al parecer, con una mano, lo vuelve a tomar con la otra: por un lado asegura a las comunidades indígenas una seguridad tras legalizar sus territorios; pero por el otro, les obliga a aceptar la irrupción de las empresas petroleras; por un lado, pretende garantizar la conservación del medio ambiente, pero por el otro estimula la actividad petrolera en áreas protegidas. Por esta razón, la administración Mahuad estimó necesario declarar una parte del parque Yasuní “zona intangible”, para evitar la licitación del bloque 32, ubicado en una zona de mega diversidad en territorio huao235.

El caso Cuyabeno

75La reserva faunistica del Cuyabeno representa otro caso ejemplar de los conflictos socio—ambientales debidos a la incoherencia de las políticas públicas en Ecuador. En esta zona —ubicada en el perímetro de la ex concesión Texaco, en el no-roriente ecuatoriano— se superponen conflictos por el acceso a la tierra, por la defensa territorial y por la explotación de los recursos naturales, renovables o no. La situación conflictiva del Cuyabeno está acentuada por la presencia de la frontera con Perú y Colombia y del “complejo contrabandista” que involucra a comerciantes, financieros, campesinos y obreros agrícolas en el comercio de licores y aparatos domésticos o en el tráfico de marihuana y de cocaína (Cf. P. Little, 1992: 149). Pero más que cualquier otra actividad, la explotación petrolera es la que genera la mayor confusión y prueba que el Estado no lleva a cabo una política clara en el ámbito de la protección del medio ambiente y de los derechos indígenas. En efecto, a mediados de la década del noventa existían 26 pozos de producción dentro de la reserva, con un rendimiento de 13.000 b/d (Fundación Natura, 1996).

  • 236 Cf. Little, op. cit.: 124; y Espinosa, op. cit : 75-78.

76El Cuyabeno fue integrado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante el acuerdo ministerial 322/1979, como reserva de producción faunistica de 254.760 ha, ampliada a 655.781 ha en 1991. Esta reserva registraba tasas de biodiversidad entre las más altas del mundo y comprendía una red de 14 lagunas (Little, op. cit.: 103; J. Nations et al. 1989: 141). Siguiendo la tipología de la UICN, las reservas faunísticas son áreas “parcialmente alteradas”, que deben ser protegidas para asegurar el desarrollo y el uso económico de la fauna. El objetivo de estas áreas es controlar la caza y las actividades científicas y turísticas. No obstante, como lo subraya Espinosa, esta definición no corresponde a las condiciones sociales y culturales, ni tampoco a la vulnerabilidad biológica de esta zona, objeto de la explotación petrolera y del turismo mal controlado. De hecho, lejos de ser despoblada, a inicios de la década del noventa esta reserva contaba con 8.500 habitantes, entre los cuales 120 eran sionas y secoyas, unos 100 cofanes, 4 familias quichuas y una docena de familias shuar. Los quichuas originarios de Tena y los shuaras originarios del sur del Napo habían llegado a la región en la década del sesenta. Mientras que los cofán se concentraban en la región de Dureno y el municipio de Zábalo, los siona se dividían entre los municipios de Puerto Bolívar y las orillas del río Aguarico, y los secoya se concentraban a un día de navegación por este río, en el municipio de San Carlos236.

77Los cofanes habían sido afectados particularmente por las actividades petroleras en las décadas del sesenta y del setenta. En efecto, las vías abiertas en la era Texaco atravesaban su territorio ancestral, ubicado en la cuenca hidrográfica de los ríos Aguarico y San Miguel, donde convergen los afluentes Condué, Totoras, Siona, Chingual, Dorado y Cofanes. Por consiguiente, habían tenido que refugiarse a lo largo del Aguarico y fueron dividiéndose en cinco comunidades: Dureno, Sinangüé, Chandia na', Duvuno y Zábalo. En la década del noventa la población total en Ecuador era de 764 personas, cuyos centros poblacionales sumaban 109.633 ha. Ciertas comunidades se ubicaban dentro de las reservas Cuyabeno y Cayambe–Coca, pero otras fueron poco a poco absorbidas por la frontera de colonización agrícola. Por otro lado, existía un grupo más importante en Colombia, que contaba con aproximadamente 1.000 personas, ubicadas también en el área de influencia de Texaco, repartidas entre el Putumayo y el Amazonas (L. Ruiz, 1993 a: 646 y 650; S. Robinson, 1996: 234; В. Telban, 1988).

  • 237 En 1990 poseían tan solo 15.000 ha de territorio legal.
  • 238 Creado en 1992 bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y de Ganadería, este organismo sucedió (...)
  • 239 Seguimos la cronología de los acontecimientos dada por Reyes (en V. Reyes, 1997: 277-299).

78Esta fragmentación territorial explica tanto que los cofanes no hayan conseguido títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios237 como la dificultad que tuvieron en organizarse. En efecto, la primera organización cofán no se creó hasta 1987, por las comunidades de Dureno, con el nombre Asociación de Comunidades Indígenas de Nacionalidad Cofán (ACOINCO), tras una manifestación contra la construcción por Texaco de una carretera que llevaba al pozo Guanta 8 (Ruiz, op. cit.: 653). Las demás comunidades se quedaron atrás en este proceso y no fue hasta 1994 cuando se constituyó la Organización Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (OINCE). Entre tanto, la comunidad de Zábalo había firmado un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Fauna y Áreas Naturales (INEFAN) para garantizar sus derechos de usufructo de los recursos naturales en su territorio238. Es en este contexto donde surgió el conflicto con Petroproducción, alrededor del proyecto de exploración petrolera Pañaco-cha-Tiputini239.

79Este proyecto, que fue presentado en noviembre de 1991 por la empresa estatal, incluía siete campos petrolíferos, de los cuales cuatro se ubicaban en la reserva faunística del Cuyabeno y tres en el parque nacional Yasuní. Para explotarlos, Petroproducción preveía construir una nueva carretera que atravesaría la reserva. No fue sino en junio de 1993 cuando Petroproducción inició los trámites para conseguir el permiso de perforar los tres primeros pozos de exploración. Pero la primera fase —la exploración sísmica— se había lanzado en noviembre de 1991 sin licencia ambiental, por la subcontratista Syscom Delta y la subcontratista Constructora Arroyo-Vera, con el apoyo logístico del ejército. En un primer momento, el permiso fue negado por el INEFAN, pero en julio de 1993 el Presidente Durán Bailén revisó esta decisión y aprobó el proyecto de perforación de dos pozos (Zábalo y Paujil). Por si esto no fuera suficiente, en octubre de 1993, Petroproducción empezó a perforar el tercer pozo, Imuya, aunque éste fuese ilegal.

80Ante la decisión de abrir los pozos Zábalo y Paujil y los abusos de Petroproducción, la reacción de la sociedad civil y de las comunidades fue tímida y no generó una presión política susceptible de interpelar al Estado. Sin embargo, en febrero de 1993 se creó un Grupo para la Defensa y el Uso sostenible de la Reserva Cuyabeno, que se volvió el principal mediador en el conflicto. Este grupo dirigió varios oficios al Ministerio de Agricultura para denunciar las actividades de Petroproducción, que influenciaron las decisiones del INEFAN con respecto a los pozos de exploración. En abril de 1993, un equipo integrado por ecólogos, periodistas, Judith Kimerling, el jefe de zona del Cuyabeno, las autoridades del Programa Forestal de Sucumbíos realizaron una visira de campo que concluyó con la demanda de interrupción inmediata de las obras por parte del Ministerio de Agricultura. Además, Petroproducción fue multada por realizar actividades dañinas para la reserva. Mienrras tanto, se conformó un comité de seguimiento con los cofanes y unos activistas de Acción Ecológica y Fundación Natura, además de la empresa de turismo nacional, Metropolitan Touring.

  • 240 En 1989, un accidente contaminó las lagunas Laguna Grande, Caimanchocha, Patacocha y Macurococha ( (...)
  • 241 Hijo de los misioneros evangelistas de Wycliffe, que llegaron a la región en 1955, Randy Borman fu (...)

81La multiplicación de los derrames, en los años 1989-1990240, llevó a que Fundación Natura demandara a Petroproducción, al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hidrocarburíferos ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) por daños al medio ambiente. Simultáneamente, las comunidades indígenas emprendieron acciones de hecho para presionar a Petroproducción y obligarla a negociar. En noviembre de 1991, los cofanes de Zábalo secuestraron a 23 empleados de Syscom Delta. En enero de 1992, los Quichua de Zancudococha secuestraron a su vez a unos empleados de la misma empresa y se apoderaron de sus máquinas. En octubre de 1993, los cofanes, encabezados por Randy Bormam241, ocuparon y paralizaron el pozo Paujil 1. Pidieron a Petroproducción que no iniciara nuevas actividades exploratorias o extractivas en la zona sin autorización escrita de las comunidades locales. Llegado el caso, deseaban ser informados sobre cualquier actividad de la empresa y sobre los impactos que ésta pudiera ocasionar. Finalmente, reclamaban paneles solares para la comunidad de Zábalo a manera de indemnización.

82A esta manifestación le siguió una reunión en noviembre de 1993, en Zábalo, en la que Petroproducción accedió a sus demandas de informaciones sobre el pozo y a la exigencia de que cualquier nueva actividad fuese sometida a un acuerdo escrito con la población afectada. No obstante, en 1994, la empresa reinició sus actividades en la zona, sin mayor consulta previa. Esto demostraba, como lo subraya Reyes, que la firma de un acuerdo era una etapa importante, mas no suficiente, en la resolución de conflictos socio-ambientales como éste; no constituía una garantía real, por la falta de un organismo con capacidad de hacerlo respetar (Reyes, op. cit.: 296). En este caso, parece que el conflicto hubiera encontrado una solución por razones económicas, en la medida en que el pozo resultó ser improductivo. Por lo demás, ni las negaciones del INEFAN, ni las muirás del Ministerio de Agricultura habían sido lo suficientemente disuasivas frente al poder ejercido por la empresa pública. En efecto, en enero de 1994, ésta solicitó la autorización para seguir perforando el pozo Imuya 1, lo que le fue nuevamente negado. Pese a esta decisión del INEFAN, en marzo de 1994, el Grupo para la Defensa y el Uso sostenible de la Reserva Cuyabeno denunció el reinicio de las obras de exploración en este lugar. En abril de 1995, el INEFAN autorizó la realización de la exploración sísmica bajo la condición de que Petroproducción entregara los estudios técnicos pertinentes y demostrara que esta actividad no entrañaría daños ambientales. Ahora bien, en noviembre de 1995 esta autorización fue retirada, ya que la empresa no había librado ninguna de estas informaciones.

83Desde el punto de vista de Petroproducción, el argumento de la exploración petrolera se justificaba tanto por las necesidades de consumo nacional como por las necesidades de ganancias para la empresa. Por un lado, argumentó que tenía que desarrollar la búsqueda de nuevos hallazgos petrolíferos para cubrir la producción y asegurar la autosuficiencia energética del país. Por el otro, justificó sus prácticas en la reserva faunística (como el iniciar las obras sin el permiso del INEFAN) porque pagaba 10.000 dólares diarios para arrendar una torre de perforación inutilizada. En otra oportunidad, los dirigentes de la empresa habían declarado perder 30.000 dólares por cada día de paralización de las actividades en el área Tiputini-Pañacocha, retrasadas por el INEFAN por daños al medio ambiente, a los que se sumaban las indemnizaciones que tenía que pagar a las subcontratistas de este proyecto (Ibíd.: 290-292; Little, op. cit.: 151).

84Lo importante aquí no es la contradicción flagrante en las cifras presentadas por la empresa, sino su propensión a reducir el problema socio–ambiental a un cálculo financiero. Así como no había la menor duda para sus dirigentes de que el país tenía interés en arrancar con las obras cuanto antes para ganar más dinero, así mismo no cabía la menor duda de que la protección del medio ambiente o el respeto de las poblaciones afectadas, y hasta la ley, eran factores contingentes, comparados con la apuesta estratégica planteada por la exploración petrolera. En cambio, el rechazo de los cofanes se amparó en el hecho de que las empresas contaminaban el agua y la tierra, espantaban a los peces y a los animales terrestres, hacían llegar a los colonos “con el ruido y la suciedad”, en fin, destruían la selva hasta que no quedara nada. Temían que sus niños sintiesen vergüenza de sus ancianos, por haberles dejado éstos una selva destruida y haber perdido su forma de vida a nombre del progreso (Reyes op. cit.: 281, 290).

85Esta oposición de argumentos va más allá de una simple confrontación por el acceso a los recursos naturales. Opone dos culturas, dos visiones del mundo, la primera orientada según una lógica instrumental económica, la segunda impregnada de ética de convicción, defendiendo la vida y el honor del grupo. Se formaron, sobre esta base, las alianzas estratégicas entre las comunidades indígenas, Fundación Natura y el Ministerio de Agricultura por un lado, Petroproducción, el Ministerio de Energía y la Presidencia de la República por el otro.

86Detrás del conflicto generado por las actividades petroleras en el Cuyabeno, existía un conflicto por el acceso a la tierra, cuyos protagonistas eran los campesinos y el Ministerio de Agricultura. La colonización del Cuyabeno arrancó en las décadas del sesenta y del setenta, en aplicación de las dos leyes de reforma agraria (1964 y 1973) y tras el inicio de la producción por Texaco, que dio lugar a la apertura de la vía Lago Agrio - Tarapoa en 1974. En efecto, entre 1964 y 1982, la población aumentó en un 85%. Sin embargo, el fenòmeno se aceleró en la segunda mitad de la década del ochenta: según un estudio de Fundación Natura realizado en 1991, más del 81% de la población de la zona había llegado en los cinco últimos años. Alrededor de tres cuartas partes de los inmigrantes procedían de la Sierra, el 18% de la Costa y el 6,4% de la Región Amazónica. A inicios de la década del noventa, la parte desforestada alcanzaba ya 26.000 ha — o sea más del 10% de la reserva inicialmente delimitada— de las cuales el 41% era para la ganadería, siendo el resto dedicado a los cultivos de café, arroz, plátano y árboles frutales (Espinosa, op. cit.: 74, 95; Garcés, op. cit.: 370-372).

  • 242 Como el Comité por la Defensa de la Tierra del Cuyabeno, integrado por 37 precooperativas, la Asoc (...)

87La creación de la reserva faunistica generó un primer conflicto entre esos colonos y el Estado, por la legalización de lotes de un promedio de 50 ha. Este conflicto estalló en 1983, cuando el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección Forestal ordenó el desalojamiento y la reubicación de los colonos fuera del Cuyabeno, el IERAC presionó para suspender cualquier legalización de sus tierras. De hecho, a medida que penetraban en la reserva, los colonos se organizaban en cooperativas y adoptaban una estrategia de constitución de parroquias, tal como el municipio de Tarapoa en 1985 (Garcés, op. cit.: 368, 376, 378, 381). A partir de 1986, con la reforma de la Ley Forestal, que redefinió los límites del patrimonio forestal del Estado, estas cooperativas se agruparon en organizaciones de segundo grado242. En ciertos casos, los campesinos fueron seguidos por las organizaciones indígenas, como las de los Secoya y de los Quichua. Por otra parte, estas organizaciones recibían el apoyo de la Misión Carmelita, de cargos electos locales de la Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y de la Democracia Popular (DP), así como del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), una ONG que había nacido de la teología de la liberación en la década del setenta y que trabajaba en el Cuyabeno desde 1982.

  • 243 Este movimiento regional fue en parte desarticulado por el terremoto de 1987, que destruyó la carr (...)

88Para conseguir la separación del área colonizada de la reserva y la legalización de las tierras ocupadas, los colonos realizaron numerosas manifestaciones, entre éstas una marcha a Lago Agrio y otra a Francisco de Orellana, en julio y agosto de 1986. Así mismo, organizaron varios paros cívicos y acciones directas, como el “paro armado”, con la ocupación del Ministerio de Agricultura, en enero de 1990, o incluso el “paro provincial” en Sucumbíos, en 1992 (Ibíd.: 381-384)243. Fueron firmados varios acuerdos con el Ministerio, entre 1986 y 1992, pero ninguno de éstos fue reconocido por las organizaciones ecologistas que asumían un papel clave en el manejo de la reserva. Por ejemplo, en 1991, la Comisión legislativa de Defensa del Medio Ambiente nombró una comisión interministerial especial, que recomendó, en sus conclusiones, delimitar la zona colonizada antes de entregar títulos de propiedad a los campesinos colonos. Fundación Natura protestó públicamente, considerando que estas conclusiones atentaban a la integridad de la reserva y respondían a unos “intereses politiqueros”. Así mismo, en mayo de 1992, los colonos firmaron un acta de compromiso con el Ministerio de tutela, que contemplaba la adopción de un acuerdo ministerial en un plazo de 45 días para dar una solución definitiva al problema. Ésta consistía en legalizar las propiedades de más de 10 años y en prohibir la entrada de nuevos colonos a la reserva. Sin embargo, este acuerdo tampoco se cumplió ya que la Fundación Natura presionó al Ministerio de Agricultura para evitar lo que ella consideraba un precedente en una reserva protegida. Finalmente, en julio de 1993, el INEFAN emitió un decreto que planteaba, en primer lugar, separar la zona colonizada y la zona protegida, y, en segundo lugar, entregar títulos de propiedad colectiva a los colonos, lo que éstos rechazaron rotundamente.

  • 244 S. De La Torre et al., 02/2000, “Diagnóstico ambiental, cultural y socioeconómico de las cabeceras (...)
  • 245 El área está delimitada entre las precooperativas Las Palmas (al norte), Libertad (al sur), San Jo (...)

89En teoría, el conflicto entre los colonos y el Ministerio de Agricultura encontró una solución, pero en la práctica, hasta el año 2000 subsistían litigios, en particular entre colonos e indígenas, debido a los retrasos del INEFAN en la delimitación de los lotes. Por ejemplo, los Secoya realizaron un diagnóstico de la situación de propiedad de la tierra a lo largo del río Aguas Negras, con Petramaz244. Según una carta de acuerdo firmada por el Centro Si'ecoya Remolino y la pre-cooperativa Virgen del Rosario, el 23 de julio de 1999, el Ministerio había resuelto apoyar la propuesta de la OISE para el uso y el manejo del sector no colonizado de esta parte del territorio legal secoya y pedía la colaboración del Proyecto Petramaz en la parte técnica y logística de un plan de manejo entre el Ministerio y la comunidad. Sin embargo, este proyecto encontró la resistencia de los colonos establecidos en varias pre-cooperativas colindantes con el río. En realidad, esos últimos llevaban más de diez años esperando que el Estado realizara la delimitación de los predios, en un área de 1.500 ha245. En 1999, el Ministerio del Ambiente les acusaba todavía de tumbar árboles del patrimonio del Estado, ya que eran incapaces de justificar sus derechos de propiedad y usufructo en esa parte del Cuyabeno. Ahora bien, según el informe técnico del Ministerio, realizado en noviembre de 1999, era imposible localizar exactamente los predios de la precooperativa Virgen del Rosario que se ubicasen dentro de la reserva. Para colmo de ironía, este informe destacaba que los colonos involucrados en este conflicto estaban dispuestos a colaborar en este trabajo de localización y delimitación, pero no disponían de los suficientes recursos.

90Al fin y al cabo, como lo subraya Espinosa, a lo largo de estos conflictos, la intervención del Estado fue particularmente contradictoria y contribuyó, ante todo, a exacerbar las tensiones en la región. Como ella enfatiza, las olas de colonización agrícola en la región amazónica fueron determinadas por procesos económicos y políticos concretos, por relaciones de poder que se establecieron alrededor de los conflictos por el acceso y la propiedad de la tierra y la explotación de recursos a gran escala, según las modalidades de intervención del Estado, las alianzas entre los grupos dominantes y sus confrontaciones con las organizaciones indígenas y campesinas. El Cuyabeno constituye una micro-región donde fueron superponiéndose, poco a poco, los conflictos socio-ambientales que, además de revelar la importancia del control del espacio como recurso estratégico para el Estado, reproducen la racionalidad económica y una estructura de clases altamente polarizada. En este contexto, el argumento de conservación puede servir de instrumento de legitimación política y facilitar el acceso a los recursos financieros internacionales, para los cuales los organismos de conservación se volvieron espacios de conflicto burocrático, en los que se disputaban recursos económicos, competencias y legitimidades, hasta convertirse en lugares privilegiados para el uso inadecuado de los recursos naturales y la exacerbación de los conflictos socio–ambientales.

91Tanto en el caso Yasuní como en el Cuyabeno, la insuficiencia de las instituciones y la desarticulación de las políticas públicas queda patente, lo que llevó a una reglamentación débil y poco eficiente con respecto al manejo de los recursos naturales. En el peor de los casos, esta desarticulación llevó a contradicciones chocantes en la política estatal, como lo mostró el desarrollo de las actividades extractivas en áreas naturales protegidas. Es allí donde el proyecto de descentralización administrativa del país tendría sus mayores efectos positivos, al permitir, por un lado, integrar más las demandas y prioridades de las poblaciones locales y, por el otro, planificar el uso del espacio amazónico, en conformidad con sus características ambientales y socioculturales (M. Navarro, 1995). Mientras tanto, las soluciones más innovadoras aparecieron del lado de las organizaciones indígenas, como lo muestran los conflictos entre los Quichua y Arco - AGIP en Pastaza, o entre los secoya y Occidental en Sucumbíos, que estudiaremos a continuación.

Conflictos provocados por el petróleo en territorios indígenas

92El conflicto entre los quichuas y Arco - AGIP en el bloque 10

  • 246 Creada en 1981, la OPIP representaba a 132 comunidades a finales de la década del noventa, agrupan (...)

93El conflicto entre la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP)246 y Arco Oriente estalló en noviembre de 1988, después del inicio de la fase de exploración en el bloque 10, un área de 200.000 ha ubicada entre los ríos Curaray y Pastaza, alrededor de Sarayacu (Pastaza) (Villamil, 1995: 339-365). El bloque 10 incluía varias áreas de asentamiento quichua y colindaba con el territorio huao. Según el Ex Presidente de la OPIP, Héctor Villamil, la estrategia de retiro ante los avances de la frontera agrícola ya no era posible para los quichuas, ya que no quedaban más tierras baldías en la época en que se delimitó este bloque. En estas condiciones, el enfrentamiento entre las comunidades indígenas y la empresa petrolera fue frontal, y mientras Arco Oriente iniciaba obras de exploración, la presencia militar se intensificó en la zona.

94El conflicto entre la OPIP y Arco se volvió muy político, porque el año en que se realizó la exploración sísmica (septiembre 1988 - julio 1989) coincidió con el inicio de la campaña “Amazonia por la Vida”. El mismo año, una comisión integrada por representantes de СЕРЕ / Petroecuador, la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), la Asociación Sarayacu y la CONFENIAE entregó un informe crítico sobre el impacto ambiental de las obras de exploración llevadas a cabo por la Compañía General de Combustibles (CGG). Este informe señaló el profundo deterioro de la vegetación por la deforestación, la contaminación de las aguas y suelos provocada por el tratamiento inadecuado de los desechos tóxicos, la contaminación sonora provocada por las explosiones de dinamita y las plantas eléctricas usadas para la perforación, así como de la aparición de enfermedades de la piel y del sistema gástrico, provocadas por la contaminación (Cf. P. Ortiz, 1998: 44, 46).

95Denunciando los efectos nefastos derivados de las actividades hidrocarbu-ríferas al norte del Napo (en particular la colonización y la contaminación de suelos y aguas), la OPIP buscó ante todo impedir la irrupción de la industria petrolera en el Pastaza y pidió una moratoria de 15 años, mientras tanto se reformaría la legislación ambiental e indigenista. Estas exigencias fueron ratificadas en los “Acuerdos de Sarayacu”, firmados en mayo de 1989 entre Arco Oriente, Petroecuador, la DNH, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y las organizaciones indígenas -la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la CONFENIAE, la OPIP, la Federación de Comunas Unión de Nativos de Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) y la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN). Estos acuerdos planteaban, entre otras cosas, la aplicación de una reforma agraria en la Sierra y el paro de la colonización agraria en la Amazonia, el fin de las actividades petroleras en territorios indígenas hasta que estos últimos fuesen legalizados, la indemnización inmediata por daños ambientales provocados por las actividades sísmicas, la suspensión de nuevas licitaciones de bloques petrolíferos en territorios indígenas, así como la participación en las regalías para el desarrollo de las nacionalidades indígenas (y no solo de las poblaciones directamente afectadas) (Cf. Villamil, op. cit.: 351; y Ortiz, op. cit.: 77).

96En junio de 1990, la OPIP participó en el levantamiento indígena que paralizó el país, en cuya oportunidad la CONFENIAE presentó al presidente Borja una propuesta de legalización y delimitación de los territorios quichua, shiwiar y achuar en el Pastaza. El rotundo rechazo de la administración llevó a la interrupción de las negociaciones con la CONAIE en agosto del mismo año, de tal modo que el “Estudio de Impacto Ambiental” fue archivado sin mayor consideración por parte del gobierno ni de Arco, y sin que las comunidades recibieran indemnización alguna.

  • 247 Esta red de organizaciones ecologistas fue creada en Estados Unidos en 1987 por Randy Hayes, para (...)

97Para perfilar este bloqueo, la OPIP logró internacionalizar el conflicto, presionando al Estado a través de una campaña orquestada por Rainforest Action Network (RAN)247. Los ecologistas publicaron los resultados del “Estudio de Impacto Ambiental” y la demanda de las comunidades indígenas a través de los boletines, comunicados de prensa y del “Informe Mundial sobre los Bosques Tropicales”, pero estas informaciones fueron desmentidas por Arco, aunque ésta no entregase ningún estudio complementario. Por otra parte, en diciembre de 1990, el presidente de CONFENIAE Luis Vargas consiguió del Parlamento Europeo una resolución que ordenaba la constitución de una comisión de investigaciones para formular exigencias ambientales precisas y severas a las empresas petroleras europeas.

98En enero de 1992, las partes en conflicto aceptaron la mediación de un equipo integrado por miembros del Center of Environmental Design Research (CEDR) de la Universidad de Berkeley (California), con el financiamiento de Oxfam América. Este equipo valoró los esfuerzos consentidos por Arco para elaborar nuevos estándares ambientales, pero concluyó que estas operaciones ejemplares seguían siendo socavadas por una falta de entendimiento ambiental, una documentación y un análisis del entorno deficientes, así como procedimientos inadecuados para la realización de estudios, la consulta a las comunidades locales y la circulación de la información. Arco aceptó financiar un nuevo estudio de impactos en marzo de 1992, y se comprometió a organizar una reunión en junio de 1992 con la OPIP, el CEDR, RAN y Oxfam, con el afán de evaluarlo. Mientras tanto, la creciente movilización de las comunidades indígenas llevó a la famosa “Marcha por el Territorio” de abril de 1992, cuyo resultado fue permitir la legalización de más de 1,15 millón de ha de tierras comunales en el Pastaza.

  • 248 Según Herb Vickers, Gerente de Arco de abril de 1996 a febrero de 2000, en las condiciones técnica (...)

99El éxito de la OPIP en el plano político tuvo el efecto de fortalecer su posición frente a Arco, pero ésta anunció el descubrimiento de importantes reservas en el sector de Villano, lo cual modificó sustancialmente su posición248. Desde luego, no es de extrañarse que, en el momento de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental de la fase exploratoria, las posiciones respectivas de ambas partes volvieron a polarizarse. La reunión de evaluación desembocó en la ruptura del diálogo, el cual tan solo había de reanudarse en 1994.

100En el sector de Villano, las comunidades quedaban excluidas de facto del escenario nacional, por las dificultades de comunicación, y se enfrentaban directamente con la CGG. Es así como un grupo de familias de Pandanuque y Santa Cecilia crearon la Directiva de las Comunidades Independientes de Pastaza (DICIP), y negociaron el apoyo de la subcontratista de Arco en la construcción de un aula escolar. En 1991, la DICIP agruparía a las 17 comunidades del bloque 10 más Sisallacta (que colinda con Simón Bolívar). En 1993, se convertiría en la efímera Asociación Comunitaria Independiente de Pastaza de la Amazonia Ecuatoriana (ACIPAE), antes de dar lugar a la Asociación de Desarrollo Indígena de la Región Amazónica (ASODIRA) en 1994.

101Cuando se llevó a cabo la segunda fase de exploración (1990-1994), con la perforación de tres pozos en los sectores de Santa Cecilia y Moretecocha, las comunidades del bloque 10 aprovecharon para negociar la contratación de mano de obra en estas obras, reanudando las prácticas de los años cuarenta. La perforación de Moretecocha 1 en 1990 generó un conflicto entre los habitantes de Sarayacu (miembros de la OPIP), que entraron al sector de Moretecocha, y la población local (afiliada a AIEPRA). A fin y al cabo, los empleados de la CGG llegaron con el apoyo del ejército. Por su parte, los moradores de Moretecocha firmaron el primer “Convenio de Ayuda Comunitaria con AIEPRA”. De pronto Moretecocha 1 fue abandonado, por no ser rentable su explotación. Un deslizamiento de terreno provocado por la obra obligó a realizar un control de erosión y un tratamiento de remediación, mientras se iniciaba el programa de reforestación en esta área.

102Si bien es cierto que las comunidades quedaban al margen del conflicto político contra Arco, sería falso decir que guardaban una actitud pasiva ante las empresas del bloque 10. De hecho, con la perforación de Villano A, en 1991, cuando los empleados de Azul empezaron a desbrozar sin su permiso, encontraron la oposición de los representantes de Santa Cecilia, Pandanuque y Elena. No obstante, los acuerdos logrados entre estas comunidades y las empresas nunca pasaron el nivel de convenios específicos de ayuda, cuyos alcances se analizarán en otra parte de este libro. Es así como se firmó el “Convenio de Ayuda Comunitaria con las comunidades de Pandanuque y Santa Cecilia” (septiembre de 1991), válido por un año, pero desde luego reconducido hasta el 2001 con un simple folleto. Así mismo, en diciembre de 1992 se firmó un “Convenio entre Petroecuador y la comunidad de Villano para el equipamiento de un dispensario médico”.

103En cambio, mientras se desarrollaba el conflicto entre OPIP y Arco, la situación territorial legal se modificó sustancialmente. En 1991, se adjudicaron los títulos de propiedad para las comunas de Moretecocha (bloque D del IERAC, que agrupa a las comunidades de Curiyacu y Lipuno), Pandanuque (bloque C, asociado con la comunidad de Paparahua), y Jatún Molino (bloque independiente fuera del bloque 10, representada por AIEPRA). En septiembre de 1992, tras la marcha por el territorio encabezada por la OPIP, 11 comunidades del bloque 10 (Pitacocha, Liquino, Atacapi, San Virgilio, Wichucachi, Chuyayacu, Huitoc, Bellavista, Santa Cecilia, Elena y Kurintza) fueron agrupadas bajo el título único de propiedad de la Colonia Liquino (bloque 12 del IERAC, representada por la Federación de Desarrollo Campesino del Pastaza (FEDECAP)), un área de 44.810 ha. En el mismo momento, la OPIP consiguió la legalización de varios territorios en Canelos y en las cuencas de Curaray y Bobonaza. La adjudicación del título comunal de Sarayacu (bloque 9 del IERAC) encerró desde luego la comuna de Jatún Molino (AIEPRA). Además de la colonia Liquino, se encontraron en el bloque 10 las siguientes comunas: en el margen izquierda del Villano: Pandanuque (bloque С del IERAC) y Curaray-Killuallpa (bloque 13 del IERAC); en el margen derecho de Villano: Pacayacu (bloque В) y Moretecocha (bloque D) y Cochaquingo (bloque 15 del IERAC); y Sarayacu en la cuenca del Bobonaza. Además de estos territorios de dominio quichua, se encuentran el territorio huao en el margen derecho del Curaray y la comuna Llanchamacocha (territorio záparo) en la cuenca de Pintoyacu.

104En el momento en que la OPIP dejó de negociar con Arco, se acercó a las comunidades del bloque 10. Tras la conversión de ACIPAE en ASODIRA (septiembre de 1993), la alianza de la OPIP con las organizaciones del bloque 10 se materializó en la creación del Frente Indígena del Pastaza, que contó con tres consejos directivos hasta su disolución (a finales de 1998). Dos reuniones importantes fueron organizadas en Villano, conjuntamente por la OPIP y la ACIPAE, en noviembre y diciembre de 1993: la primera, con 11 comunidades del bloque, y la segunda, con representantes de 133 comunidades del Pastaza. Esta última concluyó con la “Declaración de Villano”, acompañada de propuestas al gobierno y Arco Oriente.

105En enero de 1994, el gobierno de Rodrigo Borja inauguró la 7a Ronda de Licitaciones, en un contexto de crecientes críticas a las actividades petroleras por parte de las organizaciones ecologistas e indígenas del país. Es en ese contexto que se reiniciaron las negociaciones con Arco, en una reunión en la sede de Plano, Texas, el 4 de marzo de 1994, con representantes de Petroecuador, del Ministerio de Energía, del Frente Indígena de Pastaza, de la CONFENIAE y la CONAIE, presenciada por un observador de Oxfam. En esta reunión, las organizaciones OPIP, ASODIRA y AIEPRA agrupadas en el Frente Indígena de Pastaza (FIP) propusieron realizar una nueva evaluación de los impactos ambientales de la fase exploratoria, independiente de la declaración de comercialización, y desarrollar mecanismos de diálogo permanente con Arco, para prevenir eventuales conflictos. Además, pedía que los indígenas fuesen asociados al “Plan de manejo ambiental” de la empresa y que se crease un fondo de desarrollo social, de monitoreo ambiental y de conservación de la biodiversidad. Los participantes en la reunión de Plano coincidieron en realizar una nueva evaluación ambiental y decidieron la formación de una Comisión Técnica Ambiental de 12 miembros, asociando a Petroecuador y Arco por un lado, y el FIP por el otro.

106Este acuerdo fue ratificado en la sede de la CONFENIAE, en mayo de 1994. No obstante, esta Comisión no funcionó regularmente, sino a partir de finales de 1998, tanto por problemas internos de entendimiento mutuo, como por el contexto político nacional. En efecto, una vez más, la actualidad política desbordó el conflicto del bloque 10, esta vez con oportunidad del levantamiento nacional de junio de 1994, contra el “Proyecto de Ley de Reforma Agraria” presentado por el Presidente Duran Ballén. Por otra parte, es de recordar que la construcción del oleoducto fue postergada casi dos años debido al desacuerdo entre Arco y Petroecuador sobre el costo de la obra.

  • 249 La medida de fuerza mayor fue tomada por Arco en abril de 1994, con un efecto retroactivo desde me (...)
  • 250 Entrevistas con Napoleón Arregui, Asesor Legal de Petroecuador, y Herb Vickers, Gerente de Arco en (...)

107En marzo de 1993, Entrix había sido contratada por Arco para realizar el “Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de Desarrollo del Campo Villano”. En 1993 se perforó el pozo Villano A 2 y se planificó la construcción del oleoducto secundario Villano - CPF - Baeza (160 km en total). Pero, entre mediados de 1993 y mayo de 1997249, el proyecto Villano fue paralizado por “fuerza mayor”, una medida de suspensión de todas las actividades debido a hechos “irresistibles” y “ajenos a la voluntad de las partes”, que impide la ejecución de un contrato. El objeto de litigio era la construcción del oleoducto secundario. Según Arco, el Estado ecuatoriano tenía la obligación legal de construir este oleoducto, por tratarse de una obra que salía del bloque 10 y serviría para transportar el crudo de otros bloques hasta Baeza, pero no tenía el presupuesto para hacerlo. Según Petroecuador, si bien es cierto que el Estado quería asumir la construcción de la obra, el costo propuesto por Arco era excesivo. Finalmente Arco subcontrató a Conducto para ejecutar la obra con un costo de unos 70 millones. En un plazo de 10 años, el Estado se volvería propietario del oleoducto y, hasta mientras, la empresa operadora del bloque 10 cobraría un derecho por barril transportado. Además de este problema, la operadora invocó una serie de “indefiniciones” en cuanto al rol del Estado ecuatoriano en el conflicto con ASODIRA y la OPIP250. Esto explica, a posteriori, por qué el diálogo entre la empresa y las organizaciones indígenas fue suspendido en este momento.

108Mientras tanto, se crearon las comunidades de Atacapi, por algunos moradores procedentes de Pitacocha (1995), y Paparahua, por parte de moradores de Pandanuque que se alejaron de los misioneros evangelistas (1996). Por otra parte, (junio de 1995) Arco realizó una evaluación de los impactos ambientales del pozo exploratorio Villano 4, el cual no se perforó. En octubre de 1996, Entrix realizó el “Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Desarrollo del Campo Villano” (fase de producción), que fue aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía en 1997. Finalmente, a cuatro meses de la destitución del presidente Bucaram (el 5 de febrero de 1997), el FIP organizó un taller en Riobamba, en el que se resolvió impedir la exploración y explotación petrolera en el sector de Moretecocha. El mismo año, Petroecuador se retiró de la mesa de diálogo en torno al manejo ambiental y participación de Pastaza en los beneficios producidos por el bloque 10.

109En febrero de 1998, Entrix presentó el “Estudio de Impacto Ambiental para la fase de producción, desarrollo, transporte y obras civiles del proyecto de desarrollo Villano A”, el cual fue completado en marzo del mismo año con el “Plan de Manejo Ambiental” y Programa de Relaciones Comunitarias para la fase de producción y desarrollo de Villano. En mayo, Arco y ASODIRA firmaron un contrato para la instalación de un sistema de radiocomunicación en las 17 comunidades del área de influencia. Por su lado, la OPIP presentó un borrador del “Plan integral de auto-desarrollo de los pueblos del Pastaza”, pocas semanas antes de la reforma de la Constitución y la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Ecuador.

110En esta coyuntura, el conflicto entró en una nueva fase, con la toma de las instalaciones por parte de los moradores del sector de Villano. Pocas semanas antes de finalizar la construcción del oleoducto secundario (18-29 de julio de 1998), las comunidades de este sector ocuparon las instalaciones, con el respaldo del Frente Indígena de Pastaza. Mientras se paralizaron las actividades entre el Centro de Procesamiento y Facilitaciones (CPF) y Villano A, los moradores secuestraron a tres empleados de Arco Oriente (Carlos Villareal, Galo Carrera y Efrén Reinoso) en Villano. Ellos serían liberados nueve días después. Según César Cerda (entonces Presidente de la OPIP), se exigía que la empresa y el Ministerio de Energía y Minas acudiesen a una reunión en los días siguientes, para realizar una evaluación exhaustiva del proceso de diálogo iniciado en 1989 y reactivar del plan de desarrollo del bloque 10, aprobado en 1997. Según Federico Inmunda (Presidente de la comunidad de Santa Cecilia), denunciaban además las divisiones “fomentadas por Arco” entre las comunidades del bloque 10, el incumplimiento de los acuerdos y convenios bilaterales, los abusos en la definición y adquisición del derecho de vía para el oleoducto secundario y el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (en particular el compromiso de dar preferencia para los contratos de mano de obra a los moradores del bloque 10). Según Héctor Mayancha (Presidente de ASODIRA), el motivo era pedir a las autoridades gubernamentales que se construyese una carretera junto al ramal del oleoducto entre la vía a Arajuno y Pandanuque (28 km en total).

111El 26 de julio, mientras se negociaba la liberación de los empleados de Arco, los moradores de San Virgilio, El Triunfo y Simón Bolívar secuestraron a tres empleados de Conducto (Juan Franco, Ángel Sánchez y Vinicio Sanabria), sub-contratista de Arco para la construcción del oleoducto. Ellos serían liberados dos días después. Según Wilson Santi (Presidente de San Virgilio), se traraba de protestar contra la contaminación del río Curaray, que cruzaba el campamento de Conducto antes de llegar a su comunidad. Según Arco, el agua de este estero no estaba contaminada. Otras demandas eran la construcción de un dispensario de salud en San Virgilio, la evacuación al hospital de Puyo de los enfermos y la construcción de una carretera entre Simón Bolívar y San Virgilio (12 km en total).

112Estas manifestaciones concluyeron sin un acuerdo sustantivo por parte de las empresas del bloque 10 y tuvieron un impacto desastroso sobre la capacidad organizativa de los indígenas. En efecto, una vez más estallaron discrepancias entre la OPIP y las organizaciones de base, lo cual desembocó en la disolución del Frente Indígena del Pastaza, a iniciativa de AIEPRA y ASODIRA (septiembre de 1998). Desde luego, la operadora resolvió volver a un esquema de negociaciones directas con las comunidades. Es así como se realizó un nuevo inventario de las necesidades básicas de las comunidades del sector de Moretecocha por AIEPRA para firmar un nuevo convenio con Arco Oriente. Por otro lado, se reactivó la Comisión Técnica Ambiental, con oportunidad de un taller de evaluación en Salcedo, en octubre del mismo año. Seis meses después (mayo de 1999), las organizaciones ASODIRA, AIEPRA, FEDECAP y FENAKIPA presentaron un “Plan de Desarrollo en el área de influencia del bloque 10”, que incluía un diagnóstico comunitario y un proyecto de factibilidad para la construcción de la carretera.

113Este plan no fue implementado, en parte debido a la salida de Arco Oriente del Ecuador, por la crisis financiera y política nacional, que había de desembocar en la caída de Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, pocos días después del anuncio oficial de la dolarización de la economía ecuatoriana. En febrero de 2000, Arco vendió sus participaciones a Agip Oil Ecuador, que se volvió así la principal operadora del bloque 10.

114Respecto de la estrategia de la OPIP, se pueden formular tres hipótesis: las demandas de la OPIP constituyen un cuestionamiento radical de las políticas públicas, del orden, de la sociedad; reafirman la incorporación de la “nacionalidad quichua” al sistema nacional; o cuestionan la estructura del Estado y proponen redefinirlo en un marco multicultural y plurinacional. Por otra parte, las demandas de las comunidades del área de influencia pueden leerse como exigencias de acceder a los recursos de las actividades petroleras, o como reivindicación de una mayor autonomía — tanto frente a las empresas como frente a la organización provincial. En fin, el proceso organizativo puede expresar una voluntad de institucionalizar las relaciones comunitarias y acceder a los recursos necesarios para salir del aislamiento geográfico en el que se encuentran estas comunidades.

115En ese sentido, vale insistir en la necesidad de considerar el contexto en el cual se inscriben los conflictos socio–ambientales, en términos de creencias, representaciones, imaginarios, valores y actitudes de los actores (Cf. Guerrero Arias, 1999: 48). Así mismo, consideramos que el conflicto per se contribuye al fortalecimiento de la identidad del grupo involucrado. Pero hay que subrayar que esta identidad colectiva tan solo puede fortalecerse gracias a la intervención de actores exógenos y a la formación de alianzas estratégicas y tácticas. En efecto, las comunidades del bloque 10 distan mucho de estar en una situación de igualdad de poder ante sus adversarios.

116Tradicionalmente en el Ecuador, los conflictos socio-ambientales relacionados con las actividades petroleras se caracterizan por una fuerte asimetría, debido al papel del Estado, a la vez juez y parte. Este último, poseedor legítimo del monopolio de la violencia física y propietario legal de los recursos no-renovables, ejerce tradicionalmente un papel coercitivo en contra de las poblaciones afectadas, que va a la par con la protección de los intereses –nacionales e internacionales— de la industria petrolera. La eficiencia de las alianzas que resultan de la convergencia de la etnicidad y el ecologismo en el Ecuador se miden entonces por la capacidad de los movimientos sociales de llevar esos conflictos en el campo del poder, lo que equivale, in fine, a entender en qué medida las lógicas de movimiento social influyen sobre la lógica del Estado.

117Ahora bien, en el momento en que Petroecuador, Arco Oriente y AGIP Oil Ecuador entraron al bloque 10, tuvieron que enfrentar un movimiento indígena bien organizado, cuyas exigencias éticas y culturales influyeron en la política petrolera en la región. Este conflicto es entonces un ejemplo de los avances pragmáticos de la etno-génesis, en un ámbito que sigue siendo del dominio del Estado pero que tiende a abrirse para liberar espacios de participación, tanto en la elaboración de los planes de gestión ambiental como en la delimitación de áreas de influencia de los proyectos petroleros. En este sentido, el conflicto entre la OPIP y las empresas del bloque 10 es un ejemplo de los cambios políticos y prácticos necesarios para anticipar y desarrollar un modelo de institucionalización de los conflictos socio-ambientales.

  • 251 Entrevista con Leonardo Viteri, miembro de la comisión de diálogo con la empresa y Presidente de l (...)

118A lo largo del conflicto que opuso a Arco y al gobierno ecuatoriano a partir de 1986, la OPIP adquirió una experiencia innegable en el ámbito de la participación en la política petrolera. Si bien es cierto, esta participación quedaba sometida a los aleas de la vida política y económica del país, la organización provincial adquirió un estatuto de interlocutor legítimo en la elaboración de las normas técnicas y de las condiciones de exploración y de explotación petroleras en Amazonia, de las que se supo aprovechar la CONFENIAE251. Lo mismo se puede decir de su participación en la adopción de estándares ambientales ejemplares en la construcción del oleoducto secundario Villano — Baeza, de la re-inyección de aguas de formación y la contratación de mano de obra indígena. Sobre todo, participó desde entonces en la definición de los términos de referencia de los estudios de impactos socio–ambientales, tanto para la realización de obras de exploración y de explotación como para la construcción de infraestructuras.

119No obstante, la participación en los beneficios de las actividades petroleras seguía siendo un motivo de discrepancias, en cuanto se acompañaba del problema del ordenamiento territorial y del reconocimiento de las entidades territoriales étnicas contemplados por la Constitución de 1998, los cuales quedaban sometidos a una reforma legal todavía en curso en el 2003. Por un lado, la OPIP deseaba que el conjunto de la población -indígena y campesina- de la provincia usufructuase de las ganancias; por el otro, las empresas del bloque 10 (sobre todo después del 1998) solo deseaban involucrar a las poblaciones del área de influencia del bloque 10. Ello explica por qué apoyaron a las comunidades del sector de Villano y de la vía del oleoducto para asumir una responsabilidad mínima, en vez de asumir las responsabilidades sociales que implica el bloque en el ordenamiento y el desarrollo de Pastaza.

  • 252 OPIP, 05/1998, “Plan Integral de autodesarrollo de los pueblos indígenas de Pastaza.” Versión borr (...)

120Es así como, tras su salida relativa del bloque 10, la OPIP siguió oponiéndose al desarrollo de las actividades petroleras en la provincia, que abarcaban unas 800.000 ha. en 1998252. En particular, denunció la entrada de Arco y Burlington al bloque 24, repartido entre Pastaza y Morona Santiago. De la misma manera, se opuso a la exploración por Tripetrol del bloque 28, ubicado en el norte de Pastaza y el sur del Napo, de los bloques 22 y 23, administrados por Petroecuador y CGC, donde la exploración seguía en la etapa de las líneas sísmicas en 1999. Ahora bien, cabe precisar que estos cuatro proyectos están relacionados con el bloque 10 y deberían beneficiar a mediano plazo a la infraestructura de este bloque, en particular del oleoducto secundario que se une con el SOTE.

121Para la OPIP, el momento había llegado a valorar otros recursos, como la biodiversidad y el ecoturismo, sobre la base de un “Plan de Desarrollo Integral” elaborado en 1998. El estudio socioeconómico presentado en este documento distingue entre dos tipos de población en Pastaza: la una establecida tierra adentro, en una situación de aislamiento geográfico y hasta de autarquía, confrontada con problemas de salud y de acceso a los servicios públicos, y que ha preservado cierta cohesión social y una organización tradicional; la otra ubicada en la zona de colonización agrícola, aprovechándose de un acceso bastante fácil a los servicios públicos pero cada vez más dependiente de los circuitos económicos del mercado y confrontada a los problemas de aculturación. De allí la paradoja que el estudio de la OPIP enfatiza, expresado por los indígenas: ellos quieren la educación formal pero temen que ésta se vuelva un instrumento de aculturación y una causa de migración; así mismo quieren mejorar la red vial pero temen que las carreteras se conviertan en ejes de colonización; quieren una mayor cobertura de salud pero temen que se abandone la medicina tradicional; quieren incrementar la productividad pero temen ser integrados al mercado.

122Para superar estas contradicciones, el “Plan de Desarrollo” se basa en la dimensión fundamental que hemos identificado con respecto al proceso de organización indígena en la Amazonia ecuatoriana: la articulación entre ética de convicción y ética de responsabilidad. Cultura, autonomía territorial y organización política son las palabras clave de este programa de acción, que junta de manera indisociable el dominio del desarrollo y la protección del medio ambiente, en un marco territorial legítimo o legalizado.

123Desde 1996, la organización se esfuerza por conseguir que el territorio legalizado en 1992 sea elevado al rango de reserva biológica. Este proyecto se articula con la ambición de la CONFENIAE de llevar a cabo un plan de desarrollo sostenible a escala regional, con la colaboración del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana (ECORAE), que representa a la administración estatal ecuatoriana, el BID, el Banco Mundial y la Unión Europea. Esta idea retoma el antiguo sueño de autonomía que las organizaciones amazónicas defienden desde la década del ochenta. De hecho, se trata para ellas de llevar a cabo programas de desarrollo no solo en el ámbito de la educación y la salud, sino también en lo que atañe a las infraestructuras (rutas, pistas de aterrizaje, telecomunicaciones, luz, tratamiento de las aguas usadas y redes de agua potable, etc.).

  • 253 Comisión Técnica Ambiental, 05/1999, “Plan de desarrollo participativo y sustentable, área de infl (...)

124Poco después de la publicación de este estudio, un comité técnico integrado por representantes de Arco Oriente, Petroecuador, el CODENPE y la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía presentó un “Plan de Desarrollo del Área de Influencia del Bloque 10” ante la Comisión Técnica Ambiental del bloque 10253. De antemano, esta propuesta pretendía inscribirse en una gestión global de la concertación, en la cual se presentaba a Arco Oriente como una empresa “pionera” en el ámbito regional. No obstante, este plan era mucho más modesto que el de la OPIP Por una parte, se limitaba al área de influencia directa de los pozos perforados por Arco y tomaba como referencia la población del bloque, que estimaba en unas 2.241 personas. Por otra parte, hacía hincapié en la división entre las organizaciones indígenas, esforzándose por conferirles el mismo grado de legitimidad y de representatividad que la organización provincial. En fin, subrayaba que las comunidades indígenas afectadas por la explotación petrolera se ubicaban en distintos grados del cambio social, lo que justificaba un tratamiento diferenciado. Según este estudio, la organización social de las comunidades de Moretecocha seguía siendo “tradicional” y esta población padecía de carencias en servicios públicos. En cambio, las comunidades de Villano se encontraban integradas en las redes de comunicación entre los centros urbanos de la región y dependían en amplia medida de la actividad generada por la industria petrolera.

125A partir de esta triple constatación, la comisión técnica defendía una concepción del desarrollo sostenible susceptible de conciliar modernidad y tradición. Como la OPIP, se fundaba en una concepción ética de las relaciones comunitarias, que se apoyaba en tres principios: la adecuación de las modalidades de desarrollo con los “códigos culturales” de las comunidades involucradas (en particular el respeto del uso colectivo de las tierras), la conservación del medio ambiente en las comunidades indígenas menos involucradas en actividades depredadoras y el compromiso de los actores locales, tanto en compartir conocimientos y prácticas culturales como en respetar las necesidades de las poblaciones interesadas. El objetivo general de este plan era entonces mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, mientras se mitigaba la intervención en las comunidades más aisladas, lo que representaba en sí un desafío para el sentido común.

126Esta comisión no precisaba las modalidades de participación de la población afectada y relegaba al segundo plano el problema de la legitimidad de la organización provincial. Por lo demás, siempre y cuando se tratase de entrar al detalle operacional, se encontraba uno con los objetivos clásicos de la política neoindigenista estatal, reforzados de paso con algunas peticiones de principios que, por supuesto, se hacían eco del derecho constitucional pero no constituían ningún avance en el ámbito del reconocimiento de derechos colectivos. Así, el plan del gobierno y de las empresas pretendía mejorar las condiciones sanitarias y sociales, proteger el medio ambiente, favorecer el bilingüismo y el pluri-culturalismo, generar nuevos empleos en relación con la zona de amortiguamiento del parque Yasuní, apoyar la horticultura y el turismo, mientras desarrollaba un sistema de comunicación que facilitase los intercambios intra regionales y fomentaba las iniciativas autogestionárias en las comunidades indígenas.

127Lo que más atrae la atención es la implicación del Estado en el proceso de consulta. Cabe recordar que la OPIP había asumido un papel decisivo en este cambio. Por lo demás, el que una empresa se dijera pionera en las relaciones comunitarias en la región amazónica no era para nada nuevo: antes de Arco Oriente, Conoco y Maxus tenían el mismo discurso en el parque Yasuní y el de Occidental Exploration Petroleum Company (OEPC) en el bloque 15 no era muy diferente. Sin embargo, el conflicto del bloque 10 contribuyó sustancial-mente a cambiar la normatividad y la política pública en el ámbito socio-ambiental, al inscribirse en el contexto nacional de las movilizaciones ecologistas e indígenas de la década del noventa. Este objetivo se logró, si uno considera que las comunidades indígenas y campesinas de la RAE consiguieron el fortalecimiento de la reglamentación y de las normas industriales, obligando a que las empresas adoptaran nuevas tecnologías de explotación menos contaminantes. Desde luego, la re-inyección de las aguas residuales se volvió una obligación legal, así como la elaboración de planes de manejo ambiental y la consulta a las poblaciones indígenas se volvieron dos condiciones previas a la obtención de licencias de exploración o explotación.

128Esta evolución fue marcada por la expedición de la Ley Ambiental en 1999, el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 2001 y el Reglamento de Consulta y Participación para la realización de Actividades Hidrocarburíferas en 2002. Si bien es cierto que este conjunto de reglas y normas no se generó sobre la base del consenso y, por lo tanto, carece de legitimidad, constituye sin lugar a duda un marco referencial en el cual la resolución de conflictos socio–ambientales relacionados con las actividades petroleras podrá institucionalizarse. En este sentido, el conflicto del bloque 10 forma parte de un proceso de cambio en las políticas públicas, que se acerca a una concepción integrada de la triple problemática del desarrollo sostenible, de la autonomía energética y del bienestar social.

129Si bien es cierto que el conflicto del bloque 10 arrancó a inicios de la década del noventa con una severa crítica en contra de los impactos de la exploración sísmica, no es exagerado decir que este bloque constituye un ejemplo en la mitigación de los impactos ambientales en las fases de desarrollo y producción. Ello vale, en particular, respecto de la construcción del oleoducto y la rehabilitación de los sitios de Moretecocha 1 y Villano, como lo atestiguan los informes regulares de monitoreo ambiental. La certificación ISO 14001 para el proyecto Villano, el CPF, el oleoducto y la estación de Baeza demuestran, por otro lado, que los procedimientos de AGIP Oil constituyen a su vez una garantía en el manejo sostenible del bloque. En fin, el acceso a la información sobre los estudios de impacto ambiental puede ser considerado como un elemento determinante de la capacidad de control y fiscalización de las operaciones por parte del Estado.

130En cambio, la participación de las comunidades en el manejo y el monitoreo ambiental siguen siendo objeto de discusión entre las organizaciones indígenas y las empresas del bloque 10. Si bien es cierto que la creación de la СТА en la continuidad del Acuerdo de Plano puede ser considerada como un logro, vale destacar que esta comisión no funcionó normalmente sino hasta el año 1999, es decir cinco años después de su creación. Por otra parte, la СТА es en su esencia un organismo cuya relación con la población local es indirecta, ya que es mediado por las organizaciones OPIP, ASODIRA y AIEPRA. Eso no garantiza que las poblaciones locales sean debidamente informadas. Además las inspecciones anuales de evaluación y monitoreo ambiental pueden ser consideradas insuficientes, si no se las complementa con la debida información proveída por los organismos de control.

El conflicto de los secoyas contra Occidental

  • 254 El presente recuento del conflicto va hasta finales del año 2000, fecha en que OEPC declaró que lo (...)
  • 255 Este contrato, firmado el 25 de enero de 1985, fue modificado el 18 de diciembre de 1995, con opor (...)

131El conflicto entre la Empresa de Exploración y de Producción Occidental (OEPC) y los secoyas giraba en torno a la negociación de indemnizaciones por la fase de exploración del bloque 15, ubicado en la actual provincia de Sucumbíos, que había sido otorgado a la empresa estadounidense en enero de 1985254. En 1993, OEPC empezó a producir petróleo en el sector de Jivino-Napo y en la reserva de Limoncocha (en la ribera izquierda del río Napo). En diciembre de 1995 decidió extender la exploración al conjunto del bloque 15, lo que se concretó con la realización de 1.000 km de líneas sísmicas y con la perforación del pozo de exploración El Edén en Pompeya, en una zona de asentamiento quichua. Según los términos del contraro de prestación de servicio, OEPC iniciaría la exploración de un área de 20.000 ha entre los secoyas, o sea la mitad del territorio que se les había concedido legalmente bajo la administración Borja255.

  • 256 Las tres primeras son parte de la comuna de San Roque (cantón Shushufindi), la cuarta es parte de (...)

132Los secoyas forman parte de la familia lingüística tukano occidental. En la época de la Conquista, eran aproximadamente 12.000 personas, localizadas entre los ríos Putumayo y Aguarico, en un territorio de 82.000 km2 repartido entre lo que es actualmente Perú, Colombia y Ecuador. En la década del noventa, la población asentada en Ecuador contaba con 340 personas, repartidas entre los clanes Piyaguaje y Payaguaje en cuatro centros comunales —Si'ecoya Remolino, Sehuaya, San Pablo de Catetsiaya y Eno (Sucumbíos)256— mientras que quedaban 360 personas más en Perú, en la zona fronteriza. Bautizados peyorativamente como “encabellados” (o Piojé) por los españoles, sacaron su nombre del río Secoya, afluente del Napo. La evangelización de los secoyas arrancó desde la constitución de los primeros pueblos de reducción, entre 1599 y 1621. Sin embargo, éstos resistieron a la aculturación hasta la salida de los jesuítas y de los franciscanos a finales del siglo xix. En el siglo xx, los contactos con los occidentales se multiplicaron, primero con el desencadenamiento del tráfico de caucho en la década del veinte, luego con el sistema del endeudamiento y de servidumbre, que se prolongó hasra la década del cuarenta, y finalmente con la llegada del ILV en 1955. En la década del cuarenta, los secoyas del Ecuador se mudaron hacia las zonas de San Pablo, el Eno y Remolino, para huir del maltrato de Mauricio Levy, un patrón que les empleaba como peones para cortar madera, para el desbroce del rerreno y para los cultivos. Pero no fue hasta después de la creación de la misión evangelista cuando se produjo el agrupamiento (¿definitivo?) de los secoyas esparcidos en la región. Bajo el impulso de Orville Johnson, algunas familias se juntaron en la región de Zábalo y el Cañón de los Negros, en 1955, seguidas de unas veinte familias originarias de Angustilla (Perú) en 1973. Esta migración intensificó las relaciones matrimoniales con los siona, con los cuales los secoya comparten muchos rasgos culturales, en particular la filiación patri-lineal, la localización viri-local y el idioma pai coca (Cf. W. Vickers, 1989: 47; De la Torre et al., op. cit.: 22).

  • 257 Cf. Vickers op. cit.: 259-263; De la Torre et al. op. cit.: 21; OEPC, Walsh, 1999, “Estudio de imp (...)

133El primer título que se les atribuyó, en 1978, abarcaba un área de 7.043 ha, alrededor de San Pablo de Catetsiaya, o sea 2.800 ha menos de lo que se había otorgado a la empresa agropecuaria Palmeras del Ecuador el año anterior. Mientras tanto, la colonización agraria crecía con la apertura de la vía Lago Agrio -Quito, lo que se concretó con la creación de la precooperativa Tierras Orientales en la ribera derecha del río Aguarico, en 1979. El mismo año, la “reserva comunal” fue ampliada a 744 ha, ¡mientras que la creación de la reserva Cuyabe-no, en el mismo momento, abarcaba 254.760 ha! No fue sino en 1987 cuando el plan de gestión de esta área protegida reconoció a los indígenas derechos de pesca y caza, bajo ciertas condiciones, mientras que se extendía el límite territorial hasta el Cuyabeno. En 1993, el territorio legal fue extendido a 42.000 ha, lo que acabó con la erosión del territorio siona y secoya257.

  • 258 Equipos de trabajo reunidos para la ejecución de tareas comunitarias y para las cosechas.

134A mediados de la década del setenta, William Vickers ya anotaba que los territorios de ambos grupos étnicos habían sido invadidos por campesinos colonos y corrían peligro de ser absorbidos por la cultura blanco mestiza. La sedentarización, el uso de armas de fuego, la introducción de la ganadería y de cultivos comerciales, como el café o el cacao, y la mecanización de la agricultura ya habían llevado a una individualización de las actividades de subsistencia en la década del sesenta. El cambio social fue aún acelerado por las exigencias de la administración pública, en la medida en que la legalización del territorio por el IE-RAC, que arrancó en 1977, quedaba sometida a dos requisitos principales: la conformación de pueblos y el desbroce de parte de las tierras legalizadas para convertirlas en pastos. Así, la horticultura itinerante practicada por este grupo de cazadores recolectores se volvió una actividad sedentaria y tomó una nueva importancia con la reducción del territorio de caza. Según el estudio socioeconómico realizado en Si'ecoya Remolino por De la Torre y Oña, a finales de la década del noventa, el 58,5% de las necesidades alimenticias eran satisfechas por la producción agrícola, la piscicultura y la ganadería, el 7,7% por la caza, la pesca y la recolección, y el 33,8% por los productos adquiridos en el mercado (De La Torre, op. cit.: 31). Esta evolución hacia una creciente dependencia con el mercado conllevó la necesidad de recursos monetarios, que procedían en parte de la venta de excedentes agrícolas en el mercado vecino de Poza Honda o en Shushufindi, y del trabajo asalariado. Las cuatro principales actividades remuneradas se relacionaban con el turismo, la educación formal, la producción agropecuaria y las actividades petroleras. Sin embargo, como lo señalan De la Torre et ai, antes de la llegada de OEPC estas actividades seguían siendo bastante secundarias y la organización social se basaba todavía en el trabajo en minga258, aunque el modelo de residencia fuese el de la familia mononuclear.

  • 259 Se elige al jefe religioso por su capacidad de comunicarse con los espíritus y de organizar las ce (...)

135En la misma época, el cambio político se manifestó por el paso de un tipo de dominación tradicional a una dominación racional y carismática, materializado por la sustitución del poder del jefe religioso de cada grupo por el de los representantes comunitarios y por la dirección de una organización étnica, designada en asamblea general. Este cambio fue, sin lugar a duda, acelerado por la evangelización de los secoyas, ya que los misioneros consideraban a los jefes espirituales y religiosos como la personificación de la brujería y del paganismo. Al respecto, Vickers había advertido que, cuando el jefe espiritual de San Pablo falleciera, concluiría el proceso de transmisión de la autoridad del chamán al maestro bilingüe, ya que no habría casi ningún otro chamán de alto nivel en este pueblo, aunque quedaran algunos jefes religiosos y bebedores de yagé a la orilla del Aguarico y de sus afluentes, como en Si'ecoya Remolino259. Esta predicción resultó ser exacta, en la medida en que la agrupación de las comunidades esparcidas alrededor de San Pablo, Si'ecoya y El Eno a finales de la década del setenta se acompañó de la secularización del poder y de la creación de la Organización Indígena Siona y Secoya del Ecuador (OISSE).

  • 260 La Organización Indígena de los Secoya del Ecuador (OISE) y la Organización Indígena de la Naciona (...)
  • 261 Humberto Piyaguaje es maestro bilingüe. Su sucesor en la presidencia de la OISE, Elías Piyaguaje e (...)

136La centralización de la organización social reforzó el papel de la organización étnica. Así, la función de las organizaciones secoya creadas en la década del ochenta era organizar las mingas para obras comunales, tales como el mantenimiento de los senderos, de los cultivos o de los centros comunales. Funcionaban gracias a un fondo comunal alimentado por cada familia. Poco a poco, su función fue evolucionando hacia la de representación de la comunidad frente a los actores exógenos (administración pública, empresas, ONG, etc.), en particular para el reconocimiento y el manejo del territorio legal. En 1993, los sionas y secoyas optaron por constituir dos organizaciones étnicas propias260, lo que se manifestó con la creación de la OISE, cuyos representantes eran en su mayoría procedentes de la educación nacional o de la Iglesia protestante261. Entre tanto, en 1986, las comunidades se habían convertido en centros, siguiendo el modelo adoptado por los shuaras cuarenta años antes, lo que representaba la ventaja de ubicarlas bajo la tutela del Ministerio de Bienestar Social en vez del Ministerio de Agricultura, e iba a ayudar a mantener cierta autonomía frente a la administración. De esta estrategia nació la Asociación de los Centros Siona y Secoya, cuyos objetivos eran la coordinación de programas educativos, de salud e infraestructuras, la promoción de proyectos de desarrollo (ganadería, café, etc.), la concienciación y la promoción social de los dirigentes comunitarios, así como la capacitación de maestros en el seno de la comunidad.

137En un primer momento, OEPC experimentó una táctica de negociación clásica, que consistía en firmar un acuerdo general con la comunidad indígena para tener el campo libre, a cambio de indemnizaciones irrisorias. Es así como se firmó un primer acuerdo con la OISE, en julio de 1996, que reglamentaba las actividades hidrocarburíferas sin mayor precisión, a cambio de motores fuera de borda, bombas de agua, tanques metálicos, cocinas domésticas y medicinas, más algunos empleos temporales para la población local. Este acuerdo fue criticado por Oilwatch y RAN, ya involucrados en la campaña contra Oxy en Colombia. Tres meses más tarde, OEPC aceptó renegociar los términos del acuerdo para restringirlo a la exploración sísmica. Esto dio lugar a una división entre la comunidad de Si'ecoya, donde se radicaban 22 familias que iban a ser afectadas directamente por el proyecto, y la comunidad de San Pablo, sede de la OISE, donde se radicaba la mayoría de los secoya. Así es que, en una reunión mantenida con los representantes de OEPC en febrero de 1997, los moradores de la comuna de Si'ecoya se opusieron a que siguieran las obras, pero en el congreso anual de la OISE, en San Pablo en mayo de 1997, votaron a favor de OEPC. Finalmente, se firmó un tercer acuerdo en junio de 1997, que abarcaba únicamente la fase sísmica de los estudios de exploración.

138Este acuerdo contemplaba tres tipos de compensaciones: a corto, mediano y largo plazo. Entre las indemnizaciones a corto plazo, figuraba un inventario heteróclito de artículos de supuesta primera necesidad para la OISE, que incluían los motores fuera de borda y planchas de zinc del primer acuerdo, más un microscopio y una computadora. La lista de los productos de primera necesidad a mediano plazo incluía paneles solares, una televisión, un equipo de vídeo, talleres de carpintería y de mecánica, además de becas estudiantiles. Finalmente, a largo plazo OEPC se comprometía a apoyar proyectos de educación y de salud, así como el desarrollo cultural de los secoya, entre otras cosas mediante la publicación de monografías. Desde la firma de este acuerdo, OEPC inició los estudios sísmicos en la zona que colindaba con el río Paña Yacu, en los alrededores de Si'ecoya, y definió la ubicación del pozo de exploración Cocaya Norte, a 2 km al suroeste de este pueblo (OEPC, Walsh, op. cit.: 52). Esto acabó provisionalmente con un proyecto de ecoturismo presentado un año antes por la fundación estadounidense Earth Trust (con sede en Miami, Florida), que buscaba convertir esta parte del territorio secoya en reserva faunistica. De hecho, la exploración sísmica y la perspectiva de la perforación de tres pozos de exploración impedían, desde luego, cualquier proyecto de desarrollo alternativo al petróleo.

139Esto no significaba que los secoya renunciasen a controlar la expansión de OEPC en su territorio para acceder al desarrollo sostenible. Eso lo hicieron conocer en una asamblea general de la OISE, en marzo de 1998, al adoptar una moción de cancelación del tercer acuerdo, bajo el motivo de que los delegados habían sido sometidos a fuertes presiones antes de firmarlo y de que la empresa no había respetado los plazos previstos ni tampoco les había dado la suficiente información sobre los impactos socio-ambientales de las actividades sísmicas. Esta decisión constituía un verdadero desaire para OEPC, que se jactaba de establecer relaciones modelo con los secoya y que temía que el fracaso de la negociación le hiciera una publicidad nefasta. Desde entonces, el proceso entró a una nueva fase, donde la consulta y la participación de expertos de ambos lados iba a constituir una apuesta particularmente interesante para el futuro.

  • 262 Respectivamente dependientes de las Universidades de Amherst, de Florida y de Harvard.

140En abril de 1998, la OISE informó a OEPC de la constitución de una comisión de seguimiento y de negociación integrada por representantes de los tres pueblos de la comunidad. Simultáneamente, los Secoya indicaron que deseaban involucrar a varios observadores y asesores en la negociación, a través de William Vickers, James Oldham y Theodore MacDonald262. Esta comisión aprovecharía el apoyo logístico del Estado, a través de la Unidad Técnica de Ecodesarrollo y Protección de la Amazonia (UTEPA), bajo tutela del Ministerio de Relaciones Externas. La presencia de este ministerio, en vez del Ministerio de Energía y Minas, se debía a la presencia del área fronteriza con Perú y Colombia en la región. La UTEPA tenía entonces a cargo, por dos años, un proyecto de parque natural binacional para consolidar el proceso de paz con Perú, al que se asociaba un “Proyecto de rescate cultural y del territorio ancestral de Lagartococha por los secoya”. Este último consistía en enmarcar el manejo de un área de 30.000 ha que colindaba con el Putumayo, con los objetivos confesados de mitigar la degradación de las condiciones de vida y de los recursos materiales renovables en las comunidades secoya, además de reforzar los vínculos entre los secoya de Perú y Ecuador (OEPC, Walsh, op. cit.: Adenda A: 5.).

  • 263 Cf. Vickers, 18/07/1998, “Informe sobre las negociaciones entre los Secoyas de Ecuador y la Occide (...)

141Tras mantener una serie de reuniones con OEPC y la UTEPA entre abril y junio de 1998, los secoya autorizaron la realización de un estudio topográfico complementario para la siguiente fase de las obras pero condicionando su aprobación a la redacción de un nuevo acuerdo y a la consulta del estudio de impactos socio–ambientales. En un primer momento, pidieron unos 200.000 dólares de indemnizaciones solamente para esta fase, mientras que OEPC les ofrecía apenas 12.000. En un segundo momento, Elias Piyaguaje pidió 500.000 dólares para el conjunto de las operaciones (estudio topográfico complementario, construcción de las vías de acceso y de las plataformas Cocaya 1, Cocaya Centro y Cocaya Norte). El representante de la comunidad de San Pablo reconoció luego que esta oferta carecía de fundamentos, en la medida en que no había sido aprobada por la organización indígena. Además, no se habían comunicado los estudios de impactos socio-ambientales y de factibilidad a la OISE263.

142El “Estudio de impacto ambiental” y el “Plan de manejo ambiental” para el programa de perforación de los tres primeros pozos de exploración fueron entregados el 29 de junio de 1999 por el bufete Walsh. Según este estudio, el impacto ambiental de las actividades petroleras sería bastante débil en lo que atañía a los corrimientos, las inundaciones y el desvío de la red fluvial, pero en cambio debía ser bastante fuerte en lo que atañía a los riesgos de erosión, de contaminación y a la fertilidad de los suelos. Por otra parte, los impactos relacionados con las obras de infraestructuras (helipuerto, plataformas de perforación, etc.) serían bastante fuertes, aunque se limitasen a un perímetro de 2 ha. Por otro lado, los impactos socioeconómicos serían bastante limitados en cuanto al uso de la tierra, la economía local y la salud, pero bastante importantes en cuanto a las relaciones sociales, entre otras cosas por las expectativas anticipadas de empleos temporales (OEPC, Walsh, op. cit.: 80-81, 85-86).

  • 264 Occidental, OISF., 03/2000, “Convenio entre OISE-OEPC para la fase de exploración petrolera en el (...)

143Para completar estas informaciones, los secoya decidieron seguir los avisos de sus asesores, al evaluar los daños ambientales de manera detallada, tomando como base un precio por metro cuadrado y por planta o árbol afectado por las obras. El resultado del informe de peritos, llevado a cabo por Pablo Yépez, etno-botanista de la Universidad Católica contratado por la UTEPA, llegó a un acuerdo final entre OEPC y la OISE, el 13 de marzo de 2000, que subía el valor de las indemnizaciones a unos 700.000 dólares para el conjunto de las obras de exploración. Según los términos de este acuerdo, los secoya debían percibir inmediatamente 450.000 dólares, de los cuales se entregaría una parte directamente a las familias (100.000 dólares) y otra a la OISE, bajo forma de un fondo de inversión comunitaria y de un fondo de infraestructuras y proyectos productivos (respectivamente 70.000 y 280.000 dólares). Los 250.000 dólares restantes debían ser pagados a la OISE por OEPC en función de los resultados de la exploración: 100.000 dólares si dos pozos entre cuatro hubiesen resultado rentables, a los que se sumaban 150.000 dólares para la realización de estudios sísmicos complementarios, llamados “3 D”264.

  • 265 OEPC, OISE, 07/05/1999, “Código de conducta para un proceso de diálogo entre la compañía Occidenta (...)
  • 266 En realidad, la tasa de crecimiento demográfico es positiva (2% por año entre 1975 y 2000), pero n (...)

144Para llegar a la firma de este convenio sin precedentes, habían necesitado 18 meses de negociaciones, que pasaron por la elaboración de un “Código de conducta”, un instrumento nuevo en el manejo de los conflictos socio–ambientales relacionados con las actividades hidrocarburíferas. En mayo de 1998, una controversia había estallado en el seno de la comunidad, respecto del dinero percibido por los dirigentes de la OISE en la primera fase de la exploración (unos 4.400 dólares), una parte de los cuales se habían depositado en una cuenta del FEPP, bajo la forma de un “fondo de solidaridad social”. Los secoya estuvieron particularmente molestos por el hecho de que estos dirigentes se habían repartido un viático de 800 dólares, sin consulta previa a la base. Como lo subraya Vic-kers, este incidente suscitó desconfianza y explicó, no sólo que los acuerdos ulteriores fueran debatidos con el conjunto de la comunidad sino también que buena parte de las indemnizaciones se percibieran a título individual por las familias (Vickers, op. cit., 1998). Para evitar este tipo de problemas y para superar las divisiones de la comunidad, la OISE elaboró entonces un documento titulado “Código de conducta de las negociaciones entre Occidental y la OISE”, editado en octubre de 1999 en versión bilingüe español / paï coca, con el apoyo logístico del CDES. Este documento merece un estudio detenido, ya que su redacción se demoró bastante y denota una clara voluntad de dar un marco ético a las negociaciones con la empresa. Fue presentado por la OISE y OEPC como una medida ad hoc para garantizar los derechos constitucionales y las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, por falta de leyes que reglamenten la puesta en práctica de esos derechos265. Indicaba que la organización social, el territorio y la cosmovisión eran las bases de “la supervivencia milenaria” de los Secoya, que debían ser respetadas y reforzadas, mientras la población declinaba266.

  • 267 Inicialmente, la OISE deseaba que este mediador fuera la misión capuchina.
  • 268 Conforme al contrato de participación que vincula OEPC y Petroecuador, este plazo no debía impedir (...)

145El primer objetivo de este Código era asegurar la transparencia del proceso de diálogo con OEPC, al conferir a la OISE el papel de interlocutor exclusivo para la comunidad secoya y obligar a que la empresa entregara todas las informaciones necesarias con respecto a sus operaciones en esta parte del bloque 15. Por orra parte, instauraba una comisión de seguimiento, integrada por los presidentes de cada comunidad secoya y dos delegados suplementarios de Si'ecoya Remolino, mientras preveía las modalidades de arbitraje en caso de desacuerdo entre ambas partes, confiando a FFLA el papel de facilitador y coordinador del proceso de diálogo267. Particularmente, formalizaba la existencia de una mesa de diálogo, conformada por un lado por tres representantes de OEPC y un asesor jurídico, y por el otro por cinco representantes secoya y cinco observadores o asesores técnicos y jurídicos, a los cuales se sumaban un representante del Ministerio de Energía, un representante de Petroecuador y dos observadores internacionales. Finalmente, este documento estipulaba que los secoya debían poder disponer de un plazo de reflexión268 para estudiar los documentos necesarios, y hasta recibir una capacitación antes de tomar cualquier decisión. Los costos de este procedimiento debían ser asumidos totalmente por la empresa, no solamente para el transporte, la logística y los viáticos vinculados con el funcionamiento de la mesa de diálogo, sino también para la contratación de expertos, la capacitación técnica y la traducción de los documentos del español al paï coca.

146La redacción de semejante Código no fue nada fácil. En efecto, para los secoya, se trataba de conseguir la garantía de que su integridad fuese respetada, mientras que la empresa temía ser atada de pies y manos por un documento jurídico que se superpusiera con el contrato de participación. Por su lado, la UTE-PA intentó sobrepasar su mandato de asesor técnico, al integrar a este código dos cláusulas según las cuales el Ministerio de tutela administraría los fondos otorgados por OEPC y dispondría de un derecho a vetar la designación de los observadores y asesores elegidos por la OISE. A esto se sumaron las veleidades de los militares de inmiscuirse en la negociación, volviéndose los mediadores entre OEPC y los secoya a través de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y de Asuntos Amazónicos. Estas discrepancias explican que hayan sido necesarios casi dos años para redactar un documento que, al parecer, era más muestra del buen sentido que del derecho empresarial.

  • 269 Occidental Oil and Gas Corp., 13/02/1997, “Código de conducta de negocios adoptado por el Consejo (...)

147No cabe duda de que se puede ver en este código un primer intento de conciliar las lógicas de acción de los actores desde la perspectiva ética, esta serpiente de verano de la cual todo el mundo hablaba desde el inicio del conflicto pero que nadie había conseguido definir de manera satisfactoria para todos. Ya en el mes de febrero de 1997, la casa matriz Occidental Inc. había publicado un “Código de conducta de los negocios”, en el que veía la “consagración de las normas éticas más elevadas”269. Se trataba, en particular, de recordar a sus empleados sus responsabilidades legales e incitarles a llevar a cabo sus actividades en el respeto a la legislación estadounidense y nacional, donde sea que se encontraran. Este texto repetía que la empresa condenaba cualquier acto de corrupción o subordinación, así como el clientelismo y el paternalismo (sic). Por otra parte, proclamaba que las negociaciones y los procedimientos debían desencadenarse en absoluta transparencia, conforme a la norma 33.60.62 adoptada por el Directorio. No obstante, este documento, cuyo alcance era finalmente limitado, no daba sino una definición legalista de la ética y enumeraba recomendaciones que eran muestras de peticiones de principios más que de un compromiso de la empresa hacia terceros. La norma ISO 14001, que fue otorgada a OEPC en mayo de 1998, era a la vez más apremiante y más precisa al respecto. Esta norma de calidad se otorgaba a empresas que obedecían a un pliego de condiciones y a un procedimiento de gestión industrial, administrativa y comercial muy riguroso y sometido al control regular de bufetes de expertos internacionales. Sancionaba, en particular, las prácticas de la empresa en los ámbitos de la gestión, la protección ambiental y las relaciones comunitarias, para las actividades en el bloque 15.

148Según los principios resumidos en el folleto sobre este tema, OEPC se comprometía, entre otras cosas, a dar “un ejemplo moral y ético” a través de sus empleados, a entender y respetar la cultura de las comunidades indígenas, a entenderse con el gobierno para facilitar acceso a los servicios básicos a las comunidades, a apoyar los proyectos de autogestión comunitaria y a desarrollar y llevar a cabo planes de gestión ambiental sólidos para mitigar los eventuales impactos negativos (sic). El mismo documento precisaba que la empresa había llevado a la práctica técnicas industriales para mitigar la deforestación y la contaminación (perforación horizontal desde una sola plataforma, centralización de las operaciones de separación de las aguas residuales, re-inyección de las aguas de formación, etc.). Además, aseguraba haber cuidado particularmente la elaboración de su “Plan de relaciones con la comunidad”, cuya base había sido el diagnóstico socioeconómico llevado a cabo con los Secoya. Este programa descansaba en el “Plan de desarrollo comunitario” elaborado para el conjunto del bloque 15, en el cual OEPC se marcaba como misión ser el nexo entre el gobierno central y las comunidades indígenas y campesinas en su área de intervención, entre otras formas a través de proyectos educativos y de producción autogestionados o incluso mediante la constitución de un fondo de capital social (sic.) (OEPC, Walsh, op. cit.: 110-111).

149Sin lugar a duda, estas medidas reflejaban las buenas intenciones de una empresa determinada a imponer una imagen politically correct y, por lo esencial, estos principios estaban ya contemplados por la ley. No obstante, uno puede extrañarse de que el papel del Estado apareciese allí como del todo secundario, a diferencia del papel que asumía el Estado colombiano a través de Ecopetrol, en el caso Samoré / Sirirí. Además, el precio de esta política de relaciones públicas debía, por supuesto, ser asumido por el Estado ecuatoriano, como había sido para el caso del “Plan modelo” elaborado por Conoco y Maxus en el parque Yasu-ní (Narváez, op. cit.). Sin embargo, cabe subrayar que la táctica aplicada por OEPC en Ecuador difería en absoluto de la que había sido aplicada en el conflicto entre su homologa colombiana y los u'wa. Esto se debía, obviamente, a la actitud fundamentalmente abierta de la OISE hacia las actividades hidrocarburíferas, la cual se oponía al rotundo rechazo de los u'wa.

  • 270 Entrevista en Lago Agrio (15/10/1999).

150En efecto, pese a la oposición de los moradores de Si'ecoya a los proyectos de OEPC, el conjunto de la comunidad secoya manifestó de pronto una actitud favorable a la negociación. Como lo subrayó entonces Humberto Piyaguaje, Presidente de la OISE durante la mayor parte de las negociaciones, el territorio secoya estaba rodeado por las actividades petroleras y sus habitantes llevaban ya muchos años siendo afectados por las actividades de Texaco, en particular por la colonización que éstas habían conllevado en las décadas del setenta y del ochenta: “Nosotros pensamos que no había esta oportunidad para poder rechazar [la negociación]. Mas la preocupación era del territorio nuestro. Si nosotros rechazamos, igual pensamos que va a haber expropiaciones o enfrentamientos con los militares, o sea con el Estado mismo. Entonces, para no aceptar eso, dijimos que antes preferimos llegar a una negociación, a un acuerdo que defina qué es lo que ellos nos tienen que dar”270.

  • 271 Oilwatch, 08/1999, “Resistencia a la explotación petrolera. Mensaje de los U'wa a los Secoya”, Aby (...)

151Esta actitud fue abiertamente criticada por Oilwatch y RAN, que se habían acercado a los Siona, poco involucrados en los proyectos de OEPC y opuestos a cualquier violación de la reserva Cuyabeno, donde se ubicaba su territorio. RAN intentó en un momento vincular ambos conflictos, al organizar una visita de los u'wa a los secoya y al publicar en su nombre un “Mensaje de los u'wa a los Secoya”, donde dejaba entender que estos últimos habían entrado a negociar bajo presión y por culpa de los malos consejos de sus asesores271. En este documento, las voces de Lorenzo Muelas, Roberto Cobaría, Luis y Armando Tegría se juntaban para recomendar a los Secoya que rechazaran las actividades petroleras en bloque. Ante tanta insistencia, los secoya encontraron cierta dificultad para defender su postura, lo que llevó a Humberto Piyaguaje a contestar a este “mensaje” con una carta a Oilwatch (09/1999) en la que la OISE negaba haber cedido al chantaje o a la mala fe de sus asesores y pedía a esos mediadores ventrílocuos respetar las decisiones de la organización indígena.

152Al fin y al cabo, la mayor diferencia entre los Secoya y los u'wa quedaba en la relación entre cultura tradicional y modernidad. De hecho, mientras que los u'wa habían quedado bastante lejos de la colonización agraria y de los contactos con la industria petrolera hasta la llegada de Oxy al bloque Samoré / Sirirí, los secoya habían entrado a un proceso acelerado de cambio social desde hacía dos décadas. Ahora bien, quedaba claro que la irrupción de una empresa petrolera en el territorio secoya aceleraría aún más este proceso. Para controlar mejor esta aceleración, los secoya optaron por una estrategia de diálogo, apoyándose en los avisos de numerosos actores exógenos, que como vimos fueron asociados a la mesa de diálogo instaurada por el “Código de conducta”. Sin lugar a duda, la adopción de este código hubiera permitido que las partes involucradas ahorraran tiempo y energía en la negociación, lo que fue, quizás, la principal lección de este estudio de caso.

Conclusión: los indígenas y el petróleo

153Los conflictos socio-ambientales se inscriben en un conjunto de creencias, representaciones, valores y actitudes que varían según las situaciones. Por lo tanto, las modalidades de esos conflictos varían según las relaciones entre tradición y cultura, la situación demográfica y la ubicación en el frente agrario y petrolero o incluso según el grado de organización política. Así, pueden retomar la forma de un rechazo sin concesiones, como en el caso de los u'wa, de una negociación sobre las condiciones inmediatas de las actividades petroleras, como en el caso de los Secoya, o de una estrategia diseñada a largo plazo y que busca regular esta actividad en diferentes áreas, como en el caso de los quichuas.

154Por lo demás, esos conflictos no dejan de ser asimétricos, en la medida en que el Estado es a la vez juez y parte, y a causa de las contradicciones que fueron evidenciadas en el seno del sistema político. La política de protección del medio ambiente fue llevada a cabo paralelamente a una intensificación de la exploración y de la explotación petroleras, en las décadas del setenta y del ochenta. Esta práctica del Estado en Ecuador y en Colombia se manifiesta en una contradicción obvia entre una política agrícola y energética agresiva, por un lado, y una política ambiental y neoindigenista oportunista, por el otro. Las contradicciones legales y el carácter especial de las leyes sobre los recursos no-renovables se crecen con un centralismo político y una ineficiencia administrativa que refuerzan la dependencia externa y constituyen obstáculos para la institucionalización de los conflictos socio-ambientales. En algunos casos, esta contradicción puede dar lugar a manipulaciones, como lo muestra el caso del Yasuní, donde la ampliación del parque nacional y del territorio huao se acompañó de un alivio de las obligaciones vinculadas con las actividades petroleras del bloque 16.

155Los conflictos entre los campesinos del Cuyabeno y el Ministerio de Agricultura ecuatoriano muestran, finalmente, que la política petrolera no es la única expresión de esta esquizofrenia del Estado. En realidad, lejos de ser monolítico, éste obedece a unas lógicas a veces contradictorias en su seno. El caso Texaco muestra de qué manera la sociedad civil puede aprovecharse de esta división, en particular entre el poder ejecutivo y parte del poder legislativo. Por otra parte, los conflictos en el Cuyabeno muestran que el mismo poder ejecutivo puede estar dividido entre las opciones del Ministerio de Energía, responsable de la política petrolera, y las del Ministerio de Agricultura, responsable de la política ambiental. En este caso, el modo de gestión presidencial de una crisis fue determinante y el ejemplo del proyecto Pañacocha-Tiputini muestra que éste tiende a privilegiar la racionalidad económica sobre la política o la social.

Notes

190 El primer contrato fue suscrito en agosto de 1991, entre Ecopetrol y Copeco. En abril de 1992, Ecopetrol aprobó su cesión parcial a Oxy. Desde entonces, las participaciones fueron divididas entre Oxy (operadora), Shell y Copeco. En 1997, Shell vendió las suyas a Oxy y Ecopetrol, poco antes de que el contrato fuera renegociado en un área equivalente a la cuarta parte de la superficie inicial, para entrar a la segunda fase de exploración. Adoptaron el esquema definitivo en marzo de 2000 y el bloque Samoré fue rebautizado con el nombre de bloque Siriri.

191 La nomenclatura “U'wa” con apostrofe no se justifica semánticamente, según Jon Landaburu (Cf. M. R. Serje, 1999, “Le cas U'wa : ethnographie d'une controverse”, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, mémoire de DEA (Philippe Descola dir.), mimeo, 110 p.). Sin embargo, la generalización del uso del apóstrofe se advierte en todos los textos contemporáneos, excepto en el libro de Osborn. Por esta razón adoptaremos la misma ortografía.

192 Cf. Ecopetrol, 07/2000, “Estudio preliminar pozo exploratorio”, S. F. de Bogotá, mimeo, 13 p.

193 Occidental Oil & Gas Corporation, 13/02/1997, “Código de conducta de negocios adoptado por el Consejo de Directores de Oxy el 13 de febrero de 1997”, Quito, 27 p.

194 Cf. Ecopetrol, 05/2000, “Cronología Proyecto Samoré”, S. F. de Bogotá, mimeo, 10 p.

195 Ecopetrol, 1999, “Plan de Acción 1999”, S. F. de Bogotá, mimeo, p. 12.

196 Misión OEA-Havard, 09/1997, “Observaciones y recomendaciones sobre el caso del Bloque Samoré”, S. F. de Bogotá, mimeo, 22 p.

197 Comunicación del Ministerio de Energía y Minas a Ecopetrol, en Ecopetrol, 08/1998, "Proyecto Samoré", S. F. de Bogotá, ECOPETROL, mimeo, doc. 3.

198 Ibid., doc. 2.

199 Ecopetrol, 1999, op. cit.: 19.

200 En Ecopetrol, 01/1997, “Proyectos petroleros y comunidades indígenas. El Caso Samoré”, S. F. de Bogotá, Dirección de Relaciones Externas, mimeo, anexo 1.

201 Aso U'wa, 07/01/1995, “Declaración del tercer congreso indígena U'wa”, Centro de Bienestar Indígena, Chuscal, mimeo.

202 En Ecopetrol, 21/02/1995, “Acta de la reunión de seguimiento a la consulta con el pueblo U'wa para la realización del proyecto de adquisición sísmica en el contrato de asociación Samoré, celebrado entre la empresa Colombiana de petróleos - Ecopetrol y Occidental de Colombia, Inc., Arauca, 21 de febrero 1995”, mimeo, 6 p.

203 R. A. Eraso Jurado et al., 1997, “El Caso U'wa. Los derechos de los pueblos indígenas como base del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural”, S. F. de Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Tesis de Maestría, mimeo, pp. 83 y 86.

204 Luis Fernando de Angulo, comunicación personal.

205 Según Luis Fernando de Angulo, esta táctica busca ante todo evitar el ser acusados de manipulación hacia las comunidades.

206 En Ecopetrol, 1997, “El caso Samoré y la comunidad U'wa. Proyectos petroleros y minorías étnicas”, S. F. de Bogotá, mimco, 20 p.

207 Ecopetrol, 06/1999, “El Bloque Samoré y la comunidad U'wa”, S. E de Bogotá, octubre 1998, in: ARPEL, “Las Relaciones entre la industria de exploración y producción y las comunidades indígenas en America Latina”, ECOPETROL, mimeo, pp. 49-64.

208 Ecopetrol, op. cit.. 01/1997.

209 Ibid. anexo 6.

210 En particular con Edilberto Imbachi, encargado de los Derechos Humanos (21/07/2000), Edith Bastidas, asesora jurídica (25/07/2000) y Armando Valbuena, Presidente de la ONIC (05/10/2000).

211 Miguel Ángel Santiago, “Comunicación al Encuentro de la Industria Petrolera sobre la Paz”, Paípa, 16-17/06/2000.

212 Aso U'wa, 05/1997, “Informe socioeconómico en pos de la constitución del resguardo único”, Arauca, 85 p.

213 Ibíd.: 41-43 y 47.

214 Ibíd.: 43-44.

215 Ibíd.: 49-50.

216 Occidental de Colombia, 10/1998 a, “Estudio de Impacto Ambiental para el área de perforación exploratoria “Gibraltar”“, S. F. de Bogotá, mimeo; Occidental de Colombia, 10/1998 b, “Plan de Manejo Ambiental para la perforación del pozo exploratorio Gibraltar 1”, S. К de Bogotá, mimeo; M. S. Montero et al., 10/1998 a, “Descripción y caracterización ambiental del área de estudio - aspecto social”, EIA, vol. I/III, S. F. de Bogotá, pp. 4-128; M. S. Montero et al., 10/1998 b, “Estudio etnográfico complementario EIA - área Gibraltar”, S. F. de Bogotá, pp. 1-90; 171-227.

217 Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol. I/III, cap. 6, pp. 3-5 y 12.

218 Ibíd.: vol. II/III, pp. 8, 22 y 28; Montero et al., op. cit., 1998 a: 124-125.

219 Ibíd.: 6; Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol. II/III: 2 y 13.

220 L. Zubieta, 1987, “Estudio sobre la situación socioeconómica de Arauca y el Sarare y la imagen de Ecopetrol”, S. F. de Bogotá, Ecopetrol, mimeo, 139 p.

221 Montero et al., op. cit., 1998 a, vol I/III: 7.

222 Occidental de Colombia, op. cit., 10/1998 a, vol II/III: 13-14.

223 Ibid.: vol. I/III, 31-32.

224 Ibid.: 35 y 38.

225 Ibid.: 96.

226 En particular citan a Osborn, op. cit.; y A. Osborn, 1995; Aguablanca, op. cit.; 1DEADE, 08/1996, “Estudio socioeconómico, ambiental, jutídico y de tenencia de tierras para la constitución del resguardo único u'wa”, S. F. de Bogotá, Convenio Interinstitucional Incota - Gobernación de Boyacá, Santander, Cabildo U'wa De Bókota y Pontificia Universidad Javeriana, mimeo, pp. 36-43; 59-106; 110-119.

227 Además de Roberto Cobaría, líder carismático del Cabildo Mayor, los principales dirigentes de Aso U'wa durante el conflicto con Oxy eran Roberto Pérez, Evaristo Tegría e Isaías Tagría. Una cuestión fundamental es saber cuál es el nivel de legitimidad y de representatividad de esta Asociación de Cabildos U'wa, frente a las comunidades. Isaías y Evaristo Tegría fueron criticados por la comunidad, aunque fuesen miembros del Cabildo Mayor. En particular, el segundo esraba acusado de haber fracasado en la negociación de la licencia ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente. El rechazo de Isaías no fue explicado durante las entrevistas con Roberto Pérez, Presidente del Cabildo Mayor —realizadas en Cubará (17-18/03/2000), Cartagena (09/06/2000) y Bogotá (21/07/2000)— y Evaristo Tegría, asesor jurídico de Aso U'wa (17/03/2000).

228 Montero et al, op. cit., 1998 b, pp. 15-16, 30, 32, 189 y 178.

229 Ibid.: 34, 184 y 186.

230 Montero et al. op. cit.: 202-203, 16 y 72.

231 Cf. M. F. Espinosa, 1994, “Políticas de conservación y manejo de áreas naturales protegidas en la Amazonia Norte del Ecuador”, Quito, Tesis de Maestría FLACSO (T. Bustamante, dir.), mimeo, p. 31.

232 Cf. Fundación Natura, en L. Ruiz et al., 1993: 324; FAO y World Ressource Institute; y Espinosa, op. cit.: 26. Pichón retoma la tasa anual de deforestación del 2% estimada por J. Hicks y el Banco Mundial (Cf. F. Pichón, 1993: 345).

233 Pata un recuento de los conflictos en el parque Yasuní, desde la perspectiva de las ONG ecologistas, véase G. Tassi, 1991; M. Enriquez Vásquez, et al., 1997; у Β. Real, 1997.

234 Cf. el libro del periodista J. Каnе y el documental de C. Walker, “Trinkets and Beads” (J. Kane, 1998). Para un análisis de la utilización de la imagen de los huaorani por los ecologistas, véase M. J. Calderón, 1998, “Oil Transnationals and the Huaorani Community of the Amazon Basin: Redefining Development in the Ecuadorian Rainforest”, Baltimore, 1998, Universiry of Maryland, Master Dissertation, mimeo, 80 p.

235 Sobre la creación de la zona intangible, Cf. В. Dubaele, 1999, “El desarrollo de la Reserva de Biosfera Yasuní”, Quito, Proyecto Petramaz, mimeo, 14 p.

236 Cf. Little, op. cit.: 124; y Espinosa, op. cit : 75-78.

237 En 1990 poseían tan solo 15.000 ha de territorio legal.

238 Creado en 1992 bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y de Ganadería, este organismo sucedió a la DINAF (Dirección Nacional de Areas Forestales) y la Suforen (Subsecretaría Forestal y de Reservas Naturales). Tiene a cargo la política de conservación a través de tres direcciones (Forestal, de Investigación y Capacitación, Áreas Naturales y Vida Silvestre).

239 Seguimos la cronología de los acontecimientos dada por Reyes (en V. Reyes, 1997: 277-299).

240 En 1989, un accidente contaminó las lagunas Laguna Grande, Caimanchocha, Patacocha y Macurococha (al nororiente de la reserva). Petroecuador contrató a Esen Ambientec para aplicar un plan de emergencia y pagó para la limpieza del lugar, la construcción de una pared de retención y una piscina adicional de desechos. Un año después, Fundación Natura denunció el hecho de que el mismo pozo seguía vertiendo crudo. Por su lado, los quichuas de Zancudococha se quejaron ante la Comisión del Congreso por el Medio Ambiente y solicitaron que la reserva fuera respetada conforme a las disposiciones de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

241 Hijo de los misioneros evangelistas de Wycliffe, que llegaron a la región en 1955, Randy Borman fue criado por los cofanes y asumió responsabilidades políticas en las comunidades, que fueron oficializadas con su elección a la presidencia de la OINCE, en febrero de 1994 (Robinson op. cit.: 243).

242 Como el Comité por la Defensa de la Tierra del Cuyabeno, integrado por 37 precooperativas, la Asociación de Precooperativas de Pacayacu, integrada por las organizaciones del centro del Cuyabeno, o la Asociación 12 de Febrero, integrada por las del Este, y la Unión de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras (UNOCAN).

243 Este movimiento regional fue en parte desarticulado por el terremoto de 1987, que destruyó la carretera de Quito a Lago Agrio y aisló a la región nororiental por varios meses.

244 S. De La Torre et al., 02/2000, “Diagnóstico ambiental, cultural y socioeconómico de las cabeceras del río Aguas Negras, en la Reserva de producción faunistica Cuyabeno y del Centro Siecoya Remolino. Propuesta de convenio entre el Ministerio de Turismo y Ambiente, la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) y el Centro Secoya Remolino, para el uso del manejo del sector no colonizado de las cabeceras del río Aguas Negras en la Reserva de Producción Faunistica Cuyabeno. Informe final”, Quito, Petramaz, mimeo, 97 p.

245 El área está delimitada entre las precooperativas Las Palmas (al norte), Libertad (al sur), San José de Ta-rapoa (al oeste) y el río San Pablo (al este).

246 Creada en 1981, la OPIP representaba a 132 comunidades a finales de la década del noventa, agrupando a unas 20.000 personas.

247 Esta red de organizaciones ecologistas fue creada en Estados Unidos en 1987 por Randy Hayes, para defender los bosques tropicales húmedos y defender los derechos de sus habitantes a través de la educación, las organizaciones de base y la acción directa no violenta. RAN agrupaba entonces unos 150 grupos de acción en Estados Unidos y coordinaba campañas en unos sesenta países, en particular a través del Internet. En la época en que estalló el conflicto entre los quichuas y Arco, RAN coordinaba tres campañas internacionales, contra la explotación de maderas preciosas para la fabricación de muebles, contra la construcción de infraestructuras tales como el oleoducto Chad - Camerún o la represa hidroeléctrica Three Gorges Dam en la China, y contra la explotación petrolera en áreas sensibles.

248 Según Herb Vickers, Gerente de Arco de abril de 1996 a febrero de 2000, en las condiciones técnicas de la época, las reservas recuperables alcanzaban 160 millones de barriles.

249 La medida de fuerza mayor fue tomada por Arco en abril de 1994, con un efecto retroactivo desde mediados de 1993, hasta mayo de 1997.

250 Entrevistas con Napoleón Arregui, Asesor Legal de Petroecuador, y Herb Vickers, Gerente de Arco en el momento, Quito, febrero de 2003.

251 Entrevista con Leonardo Viteri, miembro de la comisión de diálogo con la empresa y Presidente de la OPIP en 1999.

252 OPIP, 05/1998, “Plan Integral de autodesarrollo de los pueblos indígenas de Pastaza.” Versión borrador para debate, Puyo, mimeo.

253 Comisión Técnica Ambiental, 05/1999, “Plan de desarrollo participativo y sustentable, área de influencia de bloque 10”, 50 p.

254 El presente recuento del conflicto va hasta finales del año 2000, fecha en que OEPC declaró que los dos primeros pozos exploratorios perforados no eran rentables. De hecho, la empresa optó por realizar exploraciones complementarias de 3 D, lo que generó nuevas tensiones con los secoyas cuyas causas no se analizarán aquí.

255 Este contrato, firmado el 25 de enero de 1985, fue modificado el 18 de diciembre de 1995, con oportunidad de la ampliación de la zona por explorar, luego fue reemplazado por un contrato de participación el 21 de mayo de 1999, al finalizarse la fase de exploración sísmica.

256 Las tres primeras son parte de la comuna de San Roque (cantón Shushufindi), la cuarta es parte de Tara-poa (cantón Cuyabeno).

257 Cf. Vickers op. cit.: 259-263; De la Torre et al. op. cit.: 21; OEPC, Walsh, 1999, “Estudio de impacto y plan de manejo ambiental para el programa de perforación los pozos exploratorios Cocaya Norte-1, Cocaya-1 y Cocaya Centro-1”, Boulder, Colorado, mimeo, Addenda A, pp. 52-118.

258 Equipos de trabajo reunidos para la ejecución de tareas comunitarias y para las cosechas.

259 Se elige al jefe religioso por su capacidad de comunicarse con los espíritus y de organizar las ceremonias del yagé, basadas en la toma de alucinógenos y ritos cantados, así como por sus conocimientos medicinales. Esta elección, que descansa en un consenso en el grupo local, no se expresa por una elección formal (Cf. Vickers, op. cit.: 205-207 y 211 ).

260 La Organización Indígena de los Secoya del Ecuador (OISE) y la Organización Indígena de la Nacionalidad Siona del Ecuador (OINSE).

261 Humberto Piyaguaje es maestro bilingüe. Su sucesor en la presidencia de la OISE, Elías Piyaguaje es el hijo de un pastor evangelista y él mismo es de confesión protestante.

262 Respectivamente dependientes de las Universidades de Amherst, de Florida y de Harvard.

263 Cf. Vickers, 18/07/1998, “Informe sobre las negociaciones entre los Secoyas de Ecuador y la Occidental Exploration and Production Company”, Quito, mimeo, 38 p.; J. Oldham, 10/1998, “Cronología de las negociaciones entre Occidental Exploration and Production Company y la Organización Indígena Secoya del Ecuador”, Quito, mimeo, 7 p.

264 Occidental, OISF., 03/2000, “Convenio entre OISE-OEPC para la fase de exploración petrolera en el territorio de la nacionalidad Secoya”, Quito, mimeo, 13 p.

265 OEPC, OISE, 07/05/1999, “Código de conducta para un proceso de diálogo entre la compañía Occidental y la Organización Indígena secoya del Ecuador, documento aprobado por el XI congreso de la OISE”, mimeo, p. 2.

266 En realidad, la tasa de crecimiento demográfico es positiva (2% por año entre 1975 y 2000), pero no asegura la reproducción de la población (Cf. De la Torre et ai, op. cit.: 29).

267 Inicialmente, la OISE deseaba que este mediador fuera la misión capuchina.

268 Conforme al contrato de participación que vincula OEPC y Petroecuador, este plazo no debía impedir la ejecución del programa de perforación de los tres pozos exploratorios antes del 31 de diciembre de 2000. Inicialmente, OEPC deseaba precisar este punto en el Código pero, al fin de cuentas, la negociación respetó estos plazos.

269 Occidental Oil and Gas Corp., 13/02/1997, “Código de conducta de negocios adoptado por el Consejo de Directores de Oxy el 13 de febrero de 1997”, Quito, 27 p.

270 Entrevista en Lago Agrio (15/10/1999).

271 Oilwatch, 08/1999, “Resistencia a la explotación petrolera. Mensaje de los U'wa a los Secoya”, Abya Ya-la, 24 p.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search