Introducción: ecología y ecologismo

1La ecología, o estudio del hábitat, es la ciencia de las relaciones complejas entre los organismos vivos y su medio ambiente, definido, a su vez, como el medio caracterizado por la presencia de otras poblaciones (animales y vegetales) y por una serie de situaciones abióticas como el clima, los recursos naturales, etc. Este término —procedente del griego oicos (habitación o casa) y logos (tratado)— fue usado por primera vez en 1868 por el biólogo alemán Haeckel, discípulo de Dar-win. La ecología humana es una ciencia natural que analiza las relaciones entre el hombre y el medio, o de manera más general entre el hombre y la biosfera, una capa de 50 km de grosor, compuesta de los elementos susceptibles de sostener la vida en la tierra. Los escenarios de estas relaciones, en los cuales se produce y se reproduce la vida, constituyen ecosistemas, caracterizados a la vez por el medio abiótico, físico y químico, y por las manifestaciones bióticas a las cuales este último sirve de soporte —bacterias, plantas, animales— y que poseen una estructura determinada. La ecología estudia entonces las consecuencias de la multiplicación de la especie humana sobre los ecosistemas. Por un lado, se interesa por la manera en que el hombre transforma la biosfera mediante los desechos que genera la civilización, que pueden ser clasificados en cinco categorías: los desechos orgánicos, domésticos e industriales banales (detergentes y basura casera no biodegradables), los desechos tóxicos (insecticidas), los desechos industriales pesados (contaminantes del agua, el suelo y el aire) y los desechos nucleares. Por otra parte, se interesa por los mecanismos de transformación de los ecosistemas —entre ellos, la deforestación— provocados por las actividades productivas (agricultura) y extractivas (industria minera e hidro-carburífera), o incluso por la urbanización (Cf. R. Tamames 1995: 146, 224 y 243).

2El ecologismo es a la política lo que la ecología es a las ciencias naturales. En un sentido, abarca a las sociedades británicas de protección del medio ambiente y de las especies, que florecieron en el siglo xix —entre ellas, la Sociedad Zoológica de Londres, creada en 1830, el Instituto para los sitios de interés histórico y de belleza natural, creado en 1865, o la Sociedad Ecológica, creada en 1913— y encontraron su prolongación durante la reconstrucción, después de la Segunda Guerra mundial, con la creación del Comité de Investigaciones sobre las Reservas Naturales, en 1945, de la Comisión de Parques Nacionales y de la agencia pública Conservación de la Naturaleza, en 1949. No obstante, el ecologismo fue, ante todo, impulsado por el Estado estadounidense, que instituyó por primera vez un “día del árbol” en 1872, al mismo tiempo que inauguraba el primer parque natural del mundo, Yellowstone. En 1928, los países europeos, encabezados por Suiza, crearon la primera Oficina de Protección de la Naturaleza, que se hundió con el estallido del conflicto mundial. Este proyecto fue retomado en 1948, tras la creación de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN), que estimuló la creación de los parques naturales en Europa, en Estados Unidos y en Japón, más tarde en África del Este en la década del sesenta. En 1968, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó la primera Conferencia internacional de la Biosfera, que inauguró un ciclo de conferencias en la cumbre, bajo la égida del Consejo Económico y Social de la ONU. De hecho, de este encuentro de científicos salió el proyecto de la Conferencia sobre el Medio Humano, organizada en Estocolmo en 1972, al final de la cual fue lanzado el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA).

La globalización del ecologismo

3El principal resultado de la conferencia de Estocolmo fue el evidenciar el hecho de que la protección del medio ambiente humano pasaba por una redefinición del desarrollo, siguiendo el axioma “la pobreza es la peor forma de contaminación”. Así, el PNUMA retomó por cuenta propia los conceptos de ecodesarrollo o “desarrollo ambiental”, propuestos por Sachs en 1971, aplicando el modelo de la “cuantificación global” de los fenómenos ambientales —elaborados por el Nobel de economía Leontief— e integrando los costos de contaminación y tratamiento de los desechos en los sistemas de contabilidad nacional. Por otra parte, se inspiraba en el informe publicado por el Club de Roma el mismo año, sobre los límites del crecimiento económico. Mientras tanto, el Banco Mundial empezaba a medir los costos del deterioro ambiental provocado por las empresas multinacionales, lo que amparó las críticas de los ecologistas contra los efectos contaminantes de la industrialización. Las bases de la economía ambiental habían, desde luego, de fortalecerse a medida que los análisis salieran del estrecho círculo de los científicos. La economía ambiental considera que el aire y el agua no son “bienes libres” sino que tienen un valor cuantificable. Por lo tanto, los efectos contaminantes de la industrialización tienen un “costo ambiental” sobre esos elementos, que se vuelven externalidades. Las externalidades que resultan del proceso de producción aumentan de manera exponencial con el crecimiento de la población, agotando las capacidades naturales de asimilación y de dilución del medio ambiente.

4En la prolongación de la conferencia de Estocolmo, la UICN y el Fondo por la Vida Salvaje (WWF, que se volvió Fondo Mundial por la Naturaleza en la década del noventa) —especializadas respectivamente en la constitución y el mantenimiento de espacios naturales y en la preservación de las especies en vía de extinción— elaboraron una “estrategia mundial para la conservación”, con el apoyo del PNUMA y la UNESCO, cuyo objetivo era mantener los procesos ambientales esenciales (como la renovación de los suelos, la purificación de las aguas, etc.), preservar la diversidad genética (mediante programas de cultivos para el mejoramiento de las especies vegetales, innovaciones tecnológicas, ganadería, etc.) y asegurar la reproducción indefinida de las especies y de los ecosistemas (sobre todo la pesca y la fauna silvestre). Dirigida hacia los gobiernos, esta estrategia advertía, en particular, de los peligros de la deforestación y la destrucción de los recursos naturales debidas a la pobreza, esencialmente en los países en vía de desarrollo. En el nivel local y nacional, recomendaba la realización de planes de emergencia, la reforma de la legislación y de la política ambiental —entre otras cosas para desarrollar la prevención y la participación del sector público en este ámbito— así como de los sistemas de contabilidad integrando los costos y beneficios de la conservación. En el nivel internacional, incitaba a la cooperación y la coordinación de las políticas nacionales, la creación de un derecho internacional ambiental, el lanzamiento de programas de protección de los bosques tropicales y de las zonas áridas, la creación de zonas esenciales para la preservación de los recursos genéticos y la constitución de un patrimonio común universal.

5Esta estrategia tuvo como consecuencia directa la creación de reservas y parques naturales en Colombia y Ecuador, en la década del setenta. No obstante, la crisis económica, la falta de voluntad política y, en el caso de Colombia, la situación de violencia generalizada mostraron los límites de esos programas. Peor aún, en ciertos casos, fueron utilizados por el Estado para imponer una política de ordenamiento territorial a costa de las poblaciones locales, tanto de los grupos indígenas como de los campesinos colonos en espera de títulos agrarios. No dejó, por lo tanto, de dar un impulso mayor a la puesta en práctica de políticas ambientales, cuyos efectos empezaron a sentirse en la década del noventa. Entre tanto, el PNUMA organizó su segunda conferencia mundial en Nairobi, en 1982, en el transcurso de la cual se realizó el balance de diez años de política de conservación. Según Tamames, la “Declaración de Nairobi” evidenció los límites, para no decir el fracaso, de esta política, al expresar la idea de que la situación ambiental había empeorado desde Estocolmo (Ibíd.: 202). En efecto, el balance de la década pasada reveló un desfase entre las previsiones y las realizaciones, en el contexto de la crisis de la deuda y de la carrera armamentista que caracterizó los últimos años de la guerra fría.

6Desde entonces, el “Plan de acción 1982-1992” no pudo sino reiterar el llamamiento lanzado diez años antes, para el desarme, el uso racional de los recursos naturales, la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo, la no-privatización del patrimonio genético y la necesidad de analizar las raíces de la pobreza. Sin embargo, más allá de las declaraciones programáticas de Estocolmo, el nuevo Plan de acción desembocó en iniciativas concretas. Esto tenía que ver con el carácter no-vinculante de las decisiones del PNUMA y también con el contexto económico y político mundial. Así, según la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO), el ritmo de deforestación había aumentado en la década del ochenta en relación con la década anterior, pasando de 94.000 a 168.000 km² por año. Cierto es que América Latina se mantenía por debajo de este promedio, con un ritmo anual de deforestación de 73.000 km². Pero en 1988, alrededor del 37% de las reservas forestales de la región habían sido destruidas (Cf. Castaño Uribe, 1993).

7Ante estos informes preocupantes, los jefes de Estado francés y alemán, François Mitterrand y Helmut Kohl, multiplicaron las declaraciones solemnes en el seno del G 5 y del FMI, el primero sugiriendo incluso que la Amazonia fuera declarada “territorio internacional”. La FAO, el PNUMA y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) lanzaron un plan de reforestación con un presupuesto de 8.000 millones de dólares para cinco años, que debía ser financiado en un 50% por los 73 países signatarios. Pero de pronto surgió la pregunta de dónde los países pobres, principales interesados porque concentran la mayor parte de los bosques tropicales, podrían sacar los recursos necesarios para este plan. Además, estos últimos formularon dos críticas particularmente relevantes: por una parte, uno de los financistas de este plan, el Banco Mundial, se encontraba en plena contradicción con su política de fomento de los programas de desarrollo basados en la ganadería extensiva; por otra parte, los países ricos debían participar más en el financiamiento ya que ellos eran los principales responsables de la deforestación. Cabe agregar que los objetivos de conservación del “Plan de Acción Forestal” contradecían, en parte, a los de la Convención internacional de los bosques tropicales, firmada en 1987 por los países de la Organización Internacional de Bosques Tropicales, cuya orientación era manifiestamente productivista. Dicho sea de paso, dos convenios más atestiguan la internacionalización del ecologismo e, indirectamente, de la Amazonia: el Convenio Ramsar, dedicado a la protección de las especies acuáticas, que fue ratificado en 1971 en Irán por 53 países; y el Convenio Internacional sobre el Comercio de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, lanzado a iniciativa de la UICN y que fue ratificado por 56 países en 1973. Pero, como lo subraya Colchester, la mayor crítica es de orden ambiental, ya que uno de los efectos perversos del “Plan de Acción Forestal” era acelerar la deforestación, al sustituir por ejemplo las plantaciones de eucalipto por las especies nativas, incluso en territorios indígenas (M. Colchester, 1994: 43).

8Mientras tanto, el creciente papel de las organizaciones ecologistas se afirmó con la organización de una conferencia mundial agrupando a las ONG de 55 países, al margen de la Conferencia de Nairobi. Con oportunidad de este encuentro, publicaron un “Mensaje de apoyo a la Vida”, en el cual criticaban abiertamente la incapacidad de los Estados para aceptar el “espíritu de Estocolmo” y denunciaban el hecho de que la creciente agresión contra el medio ambiente y su degradación hayan llevado inexorablemente a una mayor inseguridad, a una dramática pobreza en medio de una creciente abundancia y a una escalada de la violencia contra la humanidad (en Tamames op. cit.: 204). Al salir de la constatación de que este fenómeno derivaba del modelo de desarrollo occidental, estas organizaciones invitaban a elaborar un modelo alternativo, llamando a la responsabilidad de todos los ciudadanos, de los medios, de las organizaciones sociales, las asociaciones profesionales, los gobiernos nacionales y los organismos financieros internacionales. Sobre todo, exigían una mayor participación financiera por parte de los Estados y un compromiso más eficiente de la ONU en el ámbito de la protección y la conservación ambientales. El papel de estas organizaciones se reforzó durante la preparación y la organización de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en junio de 1992, que reunió entre 20.000 y 30.000 participantes, sumando los miembros de la CNUMA y de las ONG que organizaron el Foro Global al margen de la cumbre institucional.

9A partir de la constatación de que los intercambios globalizados permitían, por supuesto, a los países industrializados controlar el nivel de contaminación pero a costa de los países en desarrollo, la preparación de la Cumbre de Río destacó la necesidad de lograr un acuerdo sobre el cambio climático y el crecimiento demográfico. Esto equivalía en realidad a escindir el problema en dos: por un lado, los países ricos debían ponerse de acuerdo para detener el proceso de degradación de la capa de ozono y el efecto invernadero; por el otro, los países pobres debían comprometerse a llevar a cabo políticas para el control de la natalidad para detener la explosión demográfica, que se suponía representaba la mayor amenaza al medio ambiente a mediano plazo. Este último punto retomaba en esencia la tesis de Malthus, según la cual la población crece de manera geométrica mientras que los recursos crecen de manera aritmética, creando un creciente desequilibrio entre necesidades y recursos a escala mundial. En la medida en que las poblaciones de los países industrializados entraron en una fase de envejecimiento en las décadas del setenta y del ochenta —que siguió a la transición demográfica de la década del setenta— los países señalados por estas advertencias maltusianas eran por lo general los países en desarrollo163. Con esto, la conclusión de la Cumbre contrasta con el tono desencantado de la “Declaración de Nairobi”, y expresa un consenso global en cuanto a la necesidad de cambiar de modelo de desarrollo, a través de cuatro documentos claves: la “Declaración de Río”, la Agenda XXI, el Convenio sobre biodiversidad y el Convenio sobre el cambio climático.

10En esencia, la “Declaración de Río” reafirma los principios de Estocolmo y el derecho de los seres humanos a “llevar una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza” y el de los Estados a explotar los recursos naturales en su territorio nacional. Reconoce la necesidad de tomar en cuenta las generaciones por venir en los programas de desarrollo e incluir la protección del medio ambiente en el proceso productivo, entre otras cosas generalizando los estudios de impactos sobre el medio ambiente previos a cualquier proyecto de desarrollo. Por otra parte, vincula la suerte de los países en desarrollo y la erradicación de la pobreza con la cooperación internacional por la conservación y las políticas demográficas nacionales. Invita, además, a los Estados a promover leyes ambientales eficientes y a asumir sus responsabilidades en la degradación ambiental —incluso la provocada por las administraciones públicas— con la indemnización a las poblaciones afectadas y facilitando el acceso a la información de la población en general. Insiste en la intemacionalización de los costos de degradación del medio ambiente y en la cooperación internacional en el ámbito de la prevención y el tratamiento de las catástrofes ambientales. Finalmente, invita a los Estados a actuar a favor de la integración de las mujeres en el desarrollo sostenible y a reconocer la identidad, la cultura y los intereses de los pueblos indígenas, así como su derecho a la autodeterminación (ONU 1992a ).

11El Convenio sobre el cambio climático abarca principalmente dos problemas: el de las emisiones derivadas de los combustibles fósiles (incineración del gas en los bloques petrolíferos, consumo de los vehículos y las fábricas industriales, etc.) y el de la deforestación, responsable del 20% de las emisiones de carbono, según Rendón (Rendón, op. cit.: 404). En la medida en que no había sido ratificado por Estados Unidos, presentaba un interés menor en la evolución del derecho internacional de protección ambiental. Además, no incluye una mención específica con relación a las poblaciones indígenas. En cambio, el Convenio sobre la diversidad biológica —o biodiversidad— reconoce en su preámbulo la estrecha dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, mientras admite que conviene repartir de manera equitativa los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas relevantes para la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes. No obstante, se trata de un instrumento de derecho internacional que, por lo tanto, tan solo rige las relaciones entre los Estados-naciones. De tal suerte que, entre los 38 artículos de este convenio, solamente uno está dedicado al papel de las poblaciones indígenas en la conservación de la biodiversidad: el artículo 8 j, que obliga a los Estados a respetar y valorar los conocimientos de las poblaciones indígenas y locales en el manejo sustentable del medio ambiente.

El balance matizado de la Cumbre de la Tierra

12La Cumbre de Río quiso marcar un cambio en la formulación del problema ambiental, al referirse al desarrollo sostenible, definido en el “Informe Brundtland” como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad para las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este trabajo, publicado bajo el título “Nuestro futuro común” y más conocido bajo el nombre de su principal lector, procede de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Su influencia sobre la política de los países ricos y la emergencia del consenso ecologista global fue aún más fuerte porque coincidía con los avances del PNUMA y del Banco Mundial en el ámbito de la contabilidad de los efectos perversos del crecimiento industrial. Así, en 1989, los miembros del G 7 reconocieron que para lograr un desarrollo sostenible era preciso asegurarse de la compatibilidad del crecimiento económico y del desarrollo con la protección del medio ambiente. Un año antes, se había modificado el sistema de contabilidad de las Naciones Unidas tras veinte años de funcionamiento; por un lado, para integrar como costos de producción la contaminación y los desastres naturales; por el otro, para “capitalizar” los recursos naturales agua y aire, hasta ese entonces considerados como “dones de la naturaleza”. Esto iba a permitir matizar las ganancias del crecimiento relacionadas con actividades productivas contaminantes, como las actividades hidrocarburíferas, mientras que, hasta la década del ochenta, se sobrevaloraban sistemáticamente estas ganancias (S. El Serafy, 1994: 107-111).

13No obstante, el concepto de desarrollo sostenible es, en su esencia, normativo y, como lo destacan Dietz y Van Der Straaten, el problema consiste en volverlo operativo (F. Dietz et al., 1993: 134). En efecto, es difícil cuantificar los límites del desarrollo sin cuantificar las provisiones de recursos naturales y la capacidad de reciclaje de esos recursos para la producción de nuevos bienes. Ahora bien, los límites naturales de la producción y del consumo humanos siguen siendo, en gran parte, indeterminados. Al no poder cuantificar el desarrollo sos-tenible y la participación de los Estados en la cooperación internacional, la Cumbre de Río tuvo que limitarse a una aproximación jurídica y diplomática de los temas tratados. Estos temas abarcaban desde la protección de la atmósfera hasta la elevación del bienestar, de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo, pasando por la preservación de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la protección del agua dulce y de los mares, el trato de los desechos biotecnológicos y la prevención del tráfico de productos tóxicos.

14Para las organizaciones ecologistas, los ecólogos y los economistas, la cuestión es más compleja. El uso sostenible de los recursos biológicos es el uso de los componentes de la diversidad biológica de una manera y a un ritmo que no conlleve la reducción a largo plazo de esta diversidad, lo que preserva las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Dos concepciones se oponen respecto de la diversidad biológica. Para los unos, ésta es parte del patrimonio de la humanidad, pero para otros la existencia de una planta se debe a las personas que viven en su ecosistema, la conservan y, eventualmente, descubrieron su utilidad. A esto cabe añadir que para los países en desarrollo, el Convenio debería abarcar los problemas de la comercialización y de la propiedad intelectual de las plantas y sus usos. Así mismo, se pueden distinguir por lo menos tres líneas de interpretación del concepto de desarrollo sostenible.

15La primera hace hincapié en la participación de las comunidades locales en el desarrollo, y busca desarrollar la agricultura a pequeña escala, considerando que las soluciones alternativas de desarrollo no pueden ser generalizadas debido a la heterogeneidad de la cuenca amazónica. La segunda orientación hace hincapié en la dimensión económica de los recursos naturales, y busca calcular el valor del “capital natural” o “capital ambiental” en función de costos y beneficios externalizados. La tercera opción hace hincapié en la dimensión conservacionista de los ecosistemas, y busca maximizar el uso de la biomasa mediante la limitación de la deforestación y mediante programas agroforestales a escala local. Estas discrepancias teóricas coinciden con los extremos identificados por Pepper con respecto a los movimientos sociales ecologistas —por un lado el antropocen-trismo que caracterizó las políticas de desarrollo de la era de la posguerra, y por el otro el ecocentrismo que caracteriza a la ecología profunda— y entre los cuales es posible ubicar por lo menos tres aproximaciones económicas de la ecología: la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y el ecodesarrollo. Estas aproximaciones coinciden, sin embargo, en que consideran necesarias, tanto la descentralización de las políticas ambientales como la cooperación con los actores locales (R. Rendón, 1993; B. Becker 1994: 174-176; M. Colchester et al., 1993: 62; D. Pepper, 1993).

16Más aún, pese al consenso aparente de la declaración final, la Cumbre de Río fue el escenario de una lucha en varios frentes. Por un lado, es preciso recordar que las ONG y demás organizaciones de la sociedad civil tan solo estuvieron asociadas a este encuentro tras una campaña de presión iniciada en 1989. Dicho sea de paso, el Foro Global que constituyeron estuvo ubicado a 30 km de la cumbre institucional. Por otra parte, entre las delegaciones oficiales se conformó un “grupo de los 77”164 encabezado por Pakistán, la India y Malasia, que reivindicó una mayor contribución financiera de los países ricos al desarrollo sostenible. Esos países pedían que la ayuda pública al desarrollo se elevara al 0,7% del PIB y que se concretara con la creación de un “fondo verde”. Esta propuesta, que hacía hincapié en el punto débil de la cooperación internacional, no fue seguida con efectividad. En tercer lugar, los países ricos —es decir, los 24 miembros de la OCDE— dejaron estallar sus divisiones, en particular en el acápite del calentamiento del planeta y de las emisiones de gas, la postura conservadora de Estados Unidos se opuso a la más progresista de la Unión Europea.

17No obstante, este encuentro marcó un avance considerable en la planificación de la conservación ambiental. Además de la “Carta de la Tierra”, la Cumbre de Río se concluyó con la adopción de la Agenda XXI, que pretendía ser un programa de acción en 40 capítulos. En cuatro secciones, la Agenda abarca las dimensiones sociales y económicas del desarrollo sostenible, la conservación y la gestión de los recursos para el desarrollo y el fortalecimiento del papel de los principales grupos y medios de ejecución. Cierto es que esta declaración no tiene valor jurídico vinculante para los Estados, pero incluye importantes recomendaciones, en particular en lo que atañe a las poblaciones indígenas. En efecto, el capítulo 26, totalmente dedicado a los derechos de esras poblaciones, reconoce su importancia en la conservación del medio ambiente y, por lo tanto, institucionaliza su papel de “guardianes de la Tierra”. Aunque se abstenga de hacer uso de la palabra “pueblos” para designar a las poblaciones indígenas, este texto se ampara en los principales documentos internacionales relativos a los derechos de las poblaciones indígenas, el Convenio 169 de la OIT y los avances del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Autóctonas. De antemano, este capítulo declara sin ambigüedad que tomando en cuenta la interdependencia entre el medio natural, el desarrollo sustentable y el bienestar cultural, social, económico y físico de las poblaciones indígenas, es necesario reconocer, promover y fortalecer el papel de estas últimas en las actividades nacionales e internacionales que apuntan a promover el desarrollo sustentable (ONU 1992 b, capítulo 26.1).

18Por otra parte, propone abrir un proceso destinado a confiar a las poblaciones indígenas la autoridad a través de la adopción de nuevos instrumentos jurídicos y la puesta en marcha de nuevas políticas, nacionales e internacionales, que reconozcan las tierras de esas poblaciones, sus valores, conocimientos y prácticas tradicionales (en particular en el uso de los recursos naturales), así como la estrecha relación entre esas poblaciones, los recursos renovables y los ecosistemas. Por lo tanto, propone intensificar la participación de las poblaciones indígenas en la formulación de las estrategias de desarrollo sostenible presentadas por la Agenda. Más tímidamente, este capítulo sugiere que las poblaciones indígenas consigan un mayor control en sus territorios y que estén encargadas del manejo de sus propios recursos, mientras participan en las tomas de decisión que atañen al desarrollo que les afecta, así como en la delimitación de áreas protegidas. También, invita a los gobiernos a proteger la propiedad intelectual y cultural de las poblaciones indígenas, así como su organización y sus prácticas consuetudinarias y administrativas, mientras recomienda que la ONU y las organizaciones internacionales tomen medidas para tener en cuenta la opinión y la experiencia de esas poblaciones en la elaboración de programas de uso de recursos naturales susceptibles de afectarlas. Finalmente, invita a los gobiernos a instaurar y desarrollar mecanismos de consulta y participación de dichas poblaciones en el desarrollo sustentable.

19Además de estas declaraciones programáticas, este capítulo prevé traer asistencia técnica y financiera para los programas de desarrollo sustentable y de investigación en este ámbito, de promover la adaptación y la difusión de innovaciones tecnológicas, mientras se busca una mayor comprensión de los conocimientos y de la experiencia de las poblaciones indígenas en el ámbito del manejo ambiental. Por ello, recomienda que los gobiernos incluyan los derechos y responsabilidades de las poblaciones indígenas en la legislación de cada país y que las agencias internacionales de desarrollo prevean recursos financieros165 para la educación y la formación de estas poblaciones en el ámbito del desarrollo sustentable, subrayando, en especial, el papel de las mujeres en estos programas.

Los límites de la cooperación regional amazónica

20Frente a la internacionalización de la protección de la Amazonia, los países de la cuenca amazónica reaccionaron firmando el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en Brasilia el 3 de julio de 1978. El objetivo declarado por el TCA era promover el desarrollo armonioso de los países miembros a través de acciones conjuntas y con respeto a la soberanía nacional. Además, según el artículo 1 del Tratado, los países miembros se comprometen a vigilar la preservación, la conservación y el uso racional de los recursos naturales de sus territorios166. Esta disposición se repetiría a lo largo de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, en particular en Quito, en 1989, donde estos últimos reafirmaron ser conscientes de que los Estados miembros deben establecer políticas conjuntas para la preservación del medio ambiente, que impliquen el uso racional de los recursos y la prevención de la contaminación y demás daños ambientales (en Carrera de la Torre, op. cit.: 253-254).

21Pese a este voto piadoso, en la década del ochenta, la cooperación regional siguió siendo incipiente, por falta de un marco definido para la consulta y la armonización de los planes de desarrollo entre países, así como por las condiciones de esta cooperación, en particular en lo que atañe al uso de las aguas internacionales, y a las políticas de inversión foránea y nacional. En la medida en que el objeto del TCA era ante todo simbólico, este último gozaba de una capacidad de acción limitada, sin disponer de un presupuesto operativo ni tampoco de una secretaría permanente. A esto se agregaba el hecho de que la reafirmación perentoria de la soberanía nacional constituía un obstáculo para la integración de las políticas ambientales de los países amazónicos. Por ejemplo, en el documento redactado tras la Cumbre de Río, el TCA protestaba contra toda veleidad de ingerencia e incluso dedicaba un acápite al “mito de la internacionalización” (TCA, 1991). Otro límite del proyecto del TCA era la postura hegemónica de Brasil. En realidad, éste fue el país que había tomado la iniciativa del Tratado, a la vez que era el blanco de serias críticas por los niveles excepcionales de deforestación alcanzados en la década del setenta. Buscaba así asegurarse el apoyo de los demás países de la región para oponerse a la ingerencia de los países ricos. La hegemonía de Brasil en el TCA se manifestaba en su capacidad de presionar a los demás miembros, mediante una combinación de negociación diplomática, el manejo de intereses económicos y la geopolítica militar. Quizá, la creciente participación de las ONG en el sistema político brasileño en la década del ochenta haya llevado a una reformulación del discurso desarrollista y a una mayor consideración de los aspectos socio-ambientales en los procedimientos de las decisiones políticas. Pero la postura dominante de Brasil representaba una clara contradicción con la voluntad de preservar la soberanía y marcaba los límites del Tratado, esto se reflejó en las tensiones con Venezuela o Perú (D. Kremling 1997: 26; De Onis op. cit.: 57).

22Esta situación cambió en la segunda mitad de la década del ochenta, cuando la política internacional en el ámbito ambiental empezó a ejercer presiones sobre el modelo de desarrollo brasileño. En particular, desde 1986, el BID y el Banco Mundial sometieron sus préstamos a criterios de desarrollo sostenible, obligando a que Brasil reconsiderara su política de deforestación. En 1989, el Presidente José Sarney convocó a una cumbre presidencial en Manaos, en la que el Presidente colombiano, Virgilio Barco, propuso la institución de comisiones permanentes especiales, para los recursos naturales, el medio ambiente y los asuntos indígenas. Esta propuesta fue aceptada y mientras tanto el papel de la Secretaría pro tempore fue reforzado. Desde entonces, el TCA empezó a funcionar con un Directorio (integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros), un Consejo de cooperación (integrado por diplomáticos), una secretaría pro tempore, instalada en el país en el que se llevaría a cabo la siguiente reunión del consejo, y seis Comisiones Especiales: para el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, los asuntos indígenas, la salud, el turismo y el transporte, las comunicaciones y las infraestructuras.

23La internacionalización del ecologismo llevó a reforzar, en particular, el peso de la Comisión Especial para el Medio Ambiente, en comparación con otras comisiones. Ésta se encargó de 7 programas entre los 52 definidos en 1992167. Entre sus atribuciones, esta comisión tuvo que estructurar y proponer acciones conjuntas de manejo ambiental, que favorecieran proyectos de desarrollo sustentable, así como definir y promover los debidos estudios, facilitar la unificación de metodologías de evaluación de impactos socio-ambientales y avanzar en la reforma de la legislación ambiental de los países del TCA (Cf. Castaño Uribe op. cit.: 15). Más que todo, hasta la Cumbre de Río, los países del TCA habían intensificado sus esfuerzos para adoptar una postura común ante los organismos internacionales. Estos últimos hicieron hincapié particularmente en la “deuda ecológica” de los países industrializados y en la necesidad de ser apoyados económicamente por éstos en su política ambiental.

24Mientras tanto, la Secretaría pro tempore elaboró una propuesta de política regional para el uso sostenible de los recursos forestales, que fue adoptada en 1993. No obstante, la estructura del TCA seguía excluyendo cualquier participación significativa de la sociedad civil de los países miembros, mientras que los organismos internacionales y algunas agencias de desarrollo u ONG gozaban de un estatuto de observadores y de cooperantes en la elaboración de los programas de acción168. La influencia de estos organismos, que descansaba principalmente en su capacidad de financiamiento, se manifestó en una presencia incrementada en las tomas de decisiones desde 1990. Por el contrario, la participación de las ONG nacionales y locales siguió siendo simbólica. La COICA, por ejemplo, tan solo disponía de un estatuto de observador en la Comisión de Asuntos Indígenas, pero no tenía derecho a involucrarse en las Comisiones Especiales de Salud, de Medio Ambiente o de Turismo, pese a que afectaran directamente a las poblaciones indígenas amazónicas (Cf. Kremling op. cit.: 81-83). Por otra parte, los intereses políticos y económicos mejor representados en el seno del TCA eran los relacionados con las actividades que generaban ganancias a corto plazo y cuyos impactos socio-ambientales eran mayores: actividades mineras y petroleras, explotación maderera, agricultura y ganadería extensivas, etc. De tal suerte que los modelos de desarrollo otorgaban una importancia secundaria a los aspectos ambientales y ya no reflejaban las preocupaciones de las poblaciones locales que tomaban en cuenta sus necesidades. Así, el TCA bajó su perfil en lo que atañe a la expansión de las actividades extractivas, declarando únicamente que la explotación hidro-carburífera era una actividad cada vez más importante en la región, cuyo impacto ambiental podía aumentar considerablemente (sic.) (TCA op. cit.: 54).

25Por lo demás, su ”estrategia para el desarrollo sostenible” era un catálogo de votos piadosos y de buenas intenciones. Conocemos, por ejemplo, que los países de la región habían realizado progresos en la delimitación de dominios fores-rales estatales, que las actividades extractivas y los productos artesanales habían de tener un papel importante en el desarrollo de la región amazónica, que la explotación de los recursos hidro-biológicos era “altamente destructiva” y no podía seguir así, finalmente, que era menester hacer hincapié en el manejo de la fauna y la zoología y el ecoturismo, mientras se valoraba la biodiversidad y se la protegía de la industria farmacéutica (Ibíd.: 75-78). Por ello, el TCA proponía “consolidar” el uso de las tierras agrícolas ya ocupadas y recuperar las que se habían abandonado, sea para reintegrarlas a la producción, sea para reforestarlas. Esto favorecería, por ejemplo, la siembra de árboles frutales u hortalizas nativas poco desarrolladas y... ¡la extensión del cultivo de la palma africana! Finalmente, se trataba de desarrollar un modo de explotación minera e hidrocarburífera idóneo, para evitar los impactos graves a los ecosistemas y recuperar las áreas degradadas por estas actividades.

26Sin lugar a duda, diez años después se había cumplido poco de este ambicioso programa. En realidad, más allá de la jerga técnico-científica y del tratamiento burocrático de los problemas ambientales, el discurso del TCA sobre el desarrollo sostenible no toma en cuenta la dimensión económica de lo que está en juego. Además, la contradicción entre los criterios que orientan la formulación de políticas de desarrollo sustentable lleva a que las decisiones sean en forma de peticiones, de principios o de declaraciones reiterativas, sin un verdadero compromiso de este organismo, que no obstante fue creado para llevar a cabo programas de desarrollo sustentable en el nivel regional. Estas contradicciones limitan más todavía el alcance del argumento de ciertos observadores, según el cual la política de desarrollo de la Amazonia ya está trazada por los programas y los proyectos adoptados en el marco del TCA. Sobre todo, como lo destaca Bustamante, semejante postulado implicaría la completa delegación de poder a este organismo y permitirle tomar decisiones de manera autoritaria, lo que reforzaría más aún su funcionamiento antidemocrático. Al fin y al cabo, Kremling tiene razón al señalar que todo coincide para hacer del TCA un organismo que se caracterice por un discurso crítico sobre las prioridades y alternativas del desarrollo en la Amazonia, pero cuyos alcances empíricos son limitados, tomando en cuenta las condiciones de su creación (Carrera de la Torre op. cit.: 263; Bustamante, op. cit.: 179; Kremling, op. cit.).

La emergencia de un movimiento social-ecologista

27Las consecuencias de la deforestación en la Amazonia afectan a dos aspectos globales: el ciclo del agua y el cambio climático. El río Amazonas representa una excepcional fuente de agua dulce (alrededor del 15% del caudal total de los ríos del mundo entero). La humedad atmosférica que produce la cuenca amazónica permite regular la temperatura del aire y del suelo, al proteger la capa terrestre de los rayos solares. En el nivel regional, la deforestación altera este ciclo y acelera el agotamiento de los suelos por el doble efecto de erosión y sequía. En el nivel global, conlleva una disminución del volumen de agua vertida al Atlántico y transferida a las regiones templadas del planeta (Cf. De Onis op. cit.: 32)169.

28El llevar a cabo políticas de desarrollo sustentable implica, entonces, un cambio en los criterios económicos de valoración de los recursos naturales, renovables o no. En particular, debería hacer hincapié en el impacto ambiental y social de las actividades extractivas y en la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la concepción de nuevos modelos de desarrollo (Ibíd.: 30-33). Esta toma de conciencia surgió en el contexto de una creciente difusión de informaciones relativas a las grandes amenazas ambientales, que se dio entre las Cumbres de Estocolmo y Río, en particular en lo que atañe a la reducción de la capa de ozono debida a las emisiones de CFC170, el efecto invernadero y las lluvias acidas provocadas por las emanaciones de monóxido y dióxido de carbono, la de-sertificación provocada por la deforestación de origen agrícola, etc.

29Poco a poco se hizo común la idea de la interdependencia global, según la cual todos esos fenómenos se relacionan a través de los ciclos del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y del azufre. Esta tesis fue difundida en 1979 por Lovelock, como la “hipótesis Gaia”, el nombre de la diosa griega de la Tierra. La hipótesis Gaia es un modelo holista, según el cual el equilibrio orgánico del planeta se mantiene gracias a ciclos ecológicos en interacción descentralizados, que forman un sistema bioquímico autosuficiente. En este sentido, la Tierra no se compararía con una “nave espacial”, según palabras de Boulding y Heilbroner, sino con un “súper organismo” cuyo comportamiento es racional y persigue la preservación de las especies vivas. La tesis de Lovelock sigue siendo objeto de severas críticas, en parte de quienes la consideran como una verborrea apenas suficiente para iluminar a un público profano y nutrir las fantasías new age de los partidarios de la ecología profunda. En el nivel empírico, se le puede objetar que no explica los ciclos de refrescamiento y calentamiento del planeta. Pero más que todo se le puede refutar en el nivel lógico, entre otras cosas porque atribuye a Gaia una intencionalidad que se supone es propia del ser humano o de ciertos animales. Ahora bien, los científicos no tratan las plantas ni las bacterias como si éstas tuviesen intenciones deliberadas. Cierto es, como lo destaca Yearley, que se podría admitir que la “intencionalidad” de Gaia no está en asegurar la supervivencia de las especies sino en la constitución de un agregado de vida. Sin embargo, en la medida en que no sabemos cómo cuantificar este agregado, nunca se podrá comprobar esta teoría. Por lo tanto está condenada a ser una hipótesis (Cf. D. Pepper, op. cit.: 37; S. Yearley, 1991: 146).

30Paralelamente a la generalización de las reflexiones que buscaban reconciliar ciencia y ética, como la hipótesis de Lovelock, el ecologismo se constituyó en un nuevo problema de la globalización. Siguiendo a Dollfus, la globalización, por el efecto acumulativo de los consumos energéticos y de las producciones industriales, genera nuevas relaciones entre la humanidad y la Tierra (O. Dollfus, 1997: 19). La masa de combustiones, contaminaciones químicas, de las invenciones físicas modifica las dinámicas de la biosfera, efecto conocido como un cambio global y todavía impreciso en cuanto a su magnitud y sus efectos. La movilización de la comunidad científica para informar a las opiniones públicas no llegó solo al Foro Global que se mantuvo en Río. Permitió, también, amparar tesis cuya difusión se limitaba hasta entonces a los círculos restringidos de los ecólogos. En efecto, como lo nota el mismo Dollfus, la identificación del efecto invernadero relacionado con las actividades humanas es un producto de la globalización, que deriva de la constitución de comunidades científicas, del progreso de los conocimientos, así como del desarrollo de los instrumentos y de la mediatización de las teorías, hipótesis y resultados científicos.

31Mientras tanto, avanzaba otra idea, y es que los fenómenos de contaminación no conocen fronteras. Es lo que demostró la disputa que estalló en la década del setenta con respecto a las lluvias ácidas, entre el Reino Unido y los países escandinavos —estos últimos culpaban al primero de ser responsable de la destrucción de la fauna lacustre por la combustión del carbón en sus fábricas—, lo que llevó a que la Comunidad Europea adoptara una directiva que obligaba a los países miembros a reducir sus emisiones de gases tóxicos (Yearley, op. cit.: 107-108). Esta evolución se manifestó en la politización de los movimientos ecologistas alemanes, ingleses y franceses, y su entrada al Parlamento Europeo a inicios de la década del ochenta, después por la inclusión del ecologismo en la agenda de los partidos políticos tradicionales.

Una tipología de los movimientos ecologistas

32Esto no significa, ni mucho menos, que presenciemos un movimiento social unificado. Por un lado, como lo recuerda Galtung a propósito de los Verdes alemanes, el movimiento ecologista es un “movimiento paraguas”, que alberga una gran diversidad de movimientos con objetivos parciales (J. Galtung, 1990: 85). Se diferencia de los demás movimientos colectivos por defender la idea de que los problemas sociales tan solo pueden resolverse de manera global. Este movimiento —como los que se multiplicaron en la década del ochenta en Suecia, Italia, Bélgica, Suiza, Austria o aun en Portugal y Australia— es fundamentalmente defensivo, en la medida en que se constituyó en reacción a una “crisis ambiental global” y que pretende marcar una doble ruptura con la tradición política y el determinismo económico marxista. El mismo movimiento ecologista radical está en la convergencia de tradiciones ideológicas tan diversas como el feminismo, el socialismo o el anarquismo, que pueden coincidir en ciertos valores (como la participación política, el pacifismo o la redistribución equitativa de los recursos), pero que no se llevan necesariamente bien en cuanto a las formas de defenderlos. De hecho, las feministas, por ejemplo, pueden culpar a ciertos socialistas por sus antecedentes machistas, mientras que los anarquistas les culpan de tendencia centralizadora. Así mismo, los socialistas pueden criticar a los otros dos por su “radicalismo pequeño burgués” y por sus preocupaciones de clase media (Cf. A. Carter, 1993: 39 y 53).

33Finalmente, la convergencia de esos movimientos en temas tales como la descentralización, la autosuficiencia o las tecnologías alternativas no constituye un programa. Según Pepper, la ideología de los ecologistas europeos tiene mucho en común con el concepto post-moderno de la política: rechaza la autoridad y defiende el relativismo cultural, rechaza el universalismo a nombre de la autodeterminación, así como rechaza los determinismos estructurales a nombre del hedonismo y de la estética, más que a nombre del moralismo (Pepper, op. cit.: 57). Sin embargo, carece a menudo de estructura y de coherencia. Esto evidencia, una vez más, la principal dificultad de los movimientos sociales para constituirse en actores políticos. En efecto, mientras seguían siendo grupos de presión u ocupaban una postura marginal en el escenario político, los movimientos ecologistas podían ahorrarse el esfuerzo de proponer un programa social y económico. Pero una vez entrados al palenque de los partidos, tuvieron que inscribir la lucha por la defensa del medio ambiente en un marco más estructurado y más amplio, a fin de ganar legitimidad popular.

34Es así como se volvieron a encontrar las líneas de fracturas ideológicas que separan los partidos tradicionales, en el debate que opuso a los ecologistas radicales, a inicios de la década del noventa. El objeto de este debate abarca la contradicción o la incompatibilidad entre el desarrollo capitalista y la protección del medio ambiente, o sea las modalidades del “crecimiento verde”. En esta perspectiva, es interesante el trabajo de Pepper, que llega a distinguir dos grandes grupos entre los ecologistas británicos: los “ecocentristas” y los “tecnocentristas”. Mientras que los primeros abogan a favor de una redefinición del poder a través de la descentralización de la política y la economía, con el afán de una mejor redistribución social, los otros defienden el statu quo político pero reivindican una mayor participación del sistema institucional en la regulación y la planificación del desarrollo. A su vez, estas categorías pueden dividirse respectivamente en dos corrientes. Es así como, entre los “ecocentristas” se oponen los ecologistas fun-damentalistas o partidarios de la hipótesis Gaia —es decir que defienden una concepción antropomórfica de la naturaleza y una “ética ecocéntrica”— con los partidarios de la ecología social o del comunitarismo, que creen ante todo en la capacidad de la sociedad para organizarse en comunidades, con base en recursos naturales y tecnologías “suaves”. Entre los “tecnocentristas” se oponen los partidarios de la adaptación o del Estado de bienestar —para quienes las instituciones tienen que adaptarse a las demandas del medio ambiente— con los liberales o partidarios de la no-intervención, para quienes la iniciativa individual, la lógica del mercado y la ciencia desarrollan respuestas adaptadas al cambio.

35Pepper hace coincidir distintas categorías socio-profesionales con estas cuatro categorías. Es así como los ecologistas fundamentalistas son en general filósofos radicales o activistas de base; los comunitaristas son más bien socialistas radicales, jóvenes activistas, intelectuales o políticos de tendencia centro-izquierda. Por su lado, los partidarios de la intervención estatal son más bien ejecutivos de clase media, ecólogos, sindicalistas del terciario y políticos de centro-derecha; mientras que los partidarios del liberalismo son, en general, administradores de empresas, de profesiones liberales y jóvenes ambiciosos. Políticamente, las preferencias de los partidarios del liberalismo van hacia la extrema-derecha, mientras que las de los partidarios del intervencionismo van hacia la social-democracia; las de los comunitaristas van hacia el neo-marxismo, mientras que las de los fundamentalistas privilegian el anarquismo romántico de Rousseau o el anarquismo revolucionario de Kropotkine. Finalmente, esta clasificación encuentra una prolongación en el ámbito de los modos de vida, trátese del consumismo “verde” — encarnado por las cadenas de distribución Body Shop en Inglaterra o Nature et Découverte en Francia— o de las políticas locales que incitan al reciclaje ”a la fuente” de los desechos domésticos.

36Esta tipología tiene, por supuesto, el mérito de evidenciar algunas coincidencias entre lo nuevo y lo viejo de la ideología ecologista, lo que incide en las modalidades de acercamiento de los distintos grupos sociales que se dicen “ecologistas”. Sin embargo, se presta a una crítica de orden metodológico y teórico. Por una parte, busca más, al parecer, la dimensión ecologista en las categorías sociales que existen, que se esfuerza en identificar las nuevas expresiones del ecolo-gismo. Por otra parte, el propósito de Pepper está muy influenciado por el neo-marxismo, que él pretende identificar con las corrientes ecocentristas para darles mayor eficiencia. El defecto del análisis estructuralista es buscar la tendencia en vez de considerar el movimiento per se. Esta concepción de los movimientos sociales se encuentra, como hemos visto, entre todos los sociólogos neo-marxistas, de Wallerstein a Amin, pasando por Gunder Frank. Ahora bien, una de las originalidades de los movimientos ecologistas es precisamente el reivindicar cierta autonomía con respecto de las categorías políticas tradicionales, y sustituir a la “lucha contra” las estructuras con una “lucha por” los valores. En este sentido, esos movimientos son profundamente éticos, aunque esta dimensión no baste para constituirlos en movimientos sociales.

37Castells propone distinguir cinco tipos de movimientos ecologistas, según sus prácticas observables, y les relaciona con las tres dimensiones de los movimientos sociales, retomadas de Touraine (en ese caso: identidad, adversario y objetivo). Un primer tipo agrupa a los movimientos de conservación de la naturaleza, como el “Grupo de los Diez” en Estados Unidos171. Se trataría de amantes de la naturaleza, movilizados contra el desarrollo incontrolado con el afán de volver a la naturaleza original. Un segundo tipo agrupa a los movimientos que luchan por la defensa del espacio propio (de tipo NIMB, por Not In My Backyard, nacido tras el drama del Love Canal). Se trata de comunidades locales, que luchan contra los contaminadores por una mejor calidad de vida y salud. Un tercer tipo agrupa a los movimientos de contracultura y ecología profunda (Earth First! y el ecofeminismo). Su identidad es el “yo verde”, que lucha contra el industrialismo, la tecnocracia y el patriarcado, en nombre de una “ecotopía”. Un cuarto tipo agrupa a los movimientos que luchan por la salvación del planeta (Greenpeace). Se trataría de “ecoguerreros internacionalistas”, que oponen la sos-tenibilidad al desarrollo global incontrolado. El quinto tipo se define por la política “verde” (los verdes alemanes). Se trataría de ciudadanos concienciados, que se oponen al establishment político para ejercer contrapoder (M. Castells, 2000: 135-158).

38La terminología utilizada aquí para designar a los tipos de movimientos colectivos corresponde, al parecer, a la realidad empírica y vale ser mencionada para distinguir a actores muy diferentes. No obstante, por más clara que sea esta tipología, se puede cuestionar la utilidad y hasta la validez de sus categorías. En particular, la identidad de “amantes de la naturaleza” carece de precisión conceptual y podría aplicarse a cualquier tipo de movimiento ecologista. Asimismo, los adversarios respectivos de estos movimientos parecen intercambiables, ya que el “desarrollo incontrolado”, el “desarrollo global” y el “industrialismo” son muy complementarios y difíciles de separar.

39Para evitar caer en la simplificación abusiva de ciertas taxonomías, proponemos disociar la tipología de las corrientes ecologistas y la caracterización socio-política de sus respectivos partidarios. Por lo tanto, hablaremos de un movimiento ecologista en el cual coexisten organizaciones conservacionistas (de ámbito institucional) y activistas. Entre las organizaciones activistas, haremos una distinción entre fundamentalistas, radicales, socialdemócratas y liberales. Los ecologistas fundamentalistas son aquellos partidarios de la hipótesis Gaia, los radicales designan a los comunitaristas y anarquistas de distintas tendencias, los socialdemócratas son los partidarios de una implicación del Estado en la protección ambiental y los liberales son los partidarios del libre mecanismo de mercado.

40Yearley tiene razón al precisar que la adhesión a los movimientos ecologistas depende tanto de factores coyunturales —o stimuli externos— como de la capacidad de esos movimientos para incorporar elementos de protesta moral propios de los movimientos pacifistas o estudiantiles. Como lo destaca, a propósito del movimiento británico, el éxito de Greenpeace o Friends of the Earth ante la opinión pública se explica por la combinación entre la acción de grupos organizados —para formular demandas sociales— y la de grupos menos formales para formular respuestas a amenazas particulares al medio ambiente. Según él, en un principio, puede ser que ciertas amenazas hayan agrupado a activistas ecologistas, poblaciones locales, empleados y diversos grupos políticos de la izquierda radical. Pero luego, se desarrolló una ideología ecologista más general, lo que ayudó a que el ecologismo se mantuviera pese a la ausencia de una amenaza ambiental inmediata. En estas condiciones, nuevos temas (como el rechazo al almacenamiento de desechos tóxicos) podrían cumplir con la misma función de politización que la oposición a las centrales nucleares en el pasado. Así mismo, nuevos temas (incluso los que no parecían relevantes en el nivel local, como la destrucción de la capa de ozono o el reciclaje de los desechos) pudieron ingresar al dominio público.

41A partir de esta constatación, Yearley establece una distinción estimulante entre movimiento social y organizaciones ecologistas (S. Yearley, 1994: 156-157). Según él, la diversidad de las organizaciones ecologistas impide hablar de un movimiento unificado, incluso si estas organizaciones mantienen relaciones regulares y son a veces capaces de llevar a cabo acciones coordinadas. En efecto, cada una conserva una autonomía, tanto en el nivel de la acción como en la forma de institucionalización. Es así como Greenpeace optó por una organización centralizada y una estrategia de lobbying y de influencia política, mientras que Friends of the Earth privilegió una organización descentralizada y una estrategia de acción directa relevada por grupos locales. Sin embargo, más allá de sus diferencias, esas organizaciones comparten el hecho de ser transnacionales y de expresar una crítica contra el desarrollo industrial, a menudo asimilado con el capitalismo. Su dimensión transnacional se explica, ante todo, por el hecho de que los problemas que tratan lo son por naturaleza. De hecho, esto vale tanto para las campañas contra el calentamiento de la Tierra o las lluvias ácidas, como para las campañas para salvar a las ballenas o la lucha contra la contaminación marina. Así mismo, comparten la idea de que el Estado-nación no es capaz de formular soluciones idóneas a estos problemas, y se dan la vuelta por lo tanto hacia las instituciones y los organismos internacionales, como la Comisión Europea o la ONU, que presionan para hacer evolucionar el derecho internacional. Por otra parte, estas organizaciones se juntan en su crítica al capitalismo industrial y buscan un modelo de desarrollo alternativo. Esto no significa que tengan la misma visión de la economía, sino que comparten la misma voluntad de redefinirla en una base ética cuyo centro son las relaciones entre la humanidad y el medio ambiente.

42Cierto es que los ecologistas radicales y socialdemócratas se demarcan netamente de los fundamentalistas, que pretenden redescubrir una “igualdad biosférica” entre los seres humanos y los organismos vivos de la biosfera. En efecto, la ecología profunda plantea una responsabilidad de la humanidad hacia la naturaleza, inspirándose a la vez en el budismo o en el chamanismo y reinventan-do la antropología para valorar los conocimientos tradicionales, mientras que las corrientes radical y social insisten más en el desarrollo sostenible, aunque ambas con orientaciones discrepantes. Pero en su dimensión ética, los tres movimientos coinciden en valorar la plenitud de la persona ante la pérdida de sentido generado por la vida moderna —la contaminación, además del estrés, la competencia, etc.—, en defender la cultura contra el mercado, la “justicia ambiental” contra la “crisis ambiental”, a través del activismo cultural o político y la producción de nuevos esquemas de relaciones sociales que descansen en el igualitarismo.

43Los ecologistas radicales apuntan, particularmente, a las empresas multinacionales, que ellos ven como los agentes de la expropiación y de la extracción de los recursos naturales, que transfieren a los países pobres las industrias y las tecnologías contaminantes. Retomando, por cuenta propia, la fórmula impactante de la Cumbre de Estocolmo —la peor contaminación es la pobreza— establecen una correlación entre la crisis económica de los países pobres y la crisis ambiental, conforme al círculo vicioso que une la deuda pública y la destrucción ambiental. En su perspectiva, se explica racionalmente por la presión de la deuda externa sobre las “economías periféricas” y la necesidad de aprovechar las ventajas relativas que procuran la abundancia de ciertos recursos naturales. En esta perspectiva, llaman a una alianza entre las organizaciones del Sur y del Norte, al boicot a las multinacionales que toman como blanco, y al no-pago de la deuda externa (Cf. C. Merchant 1992: 86-92; R. Hofrichter 1993: 85-89; R. Weissman 1993: 186-191; W. Bello 1993: 202-203).

44Tanto el ecologismo radical como el ecologismo social descansan en la formación de una “clase de saber”, según Yearley, una nueva clase media, cuya actividad central es la producción, la distribución de conocimiento simbólico y que se compone de intelectuales y empleados del sector terciario. Sus conocimientos no se dirigen, en general, hacia la producción material sino más bien hacia la educación, la asesoría o la comunicación en las agencias tecnocráticas de la sociedad programada. Cabe recordar que estos “nuevos sabios” no están para nada de acuerdo en las estrategias a implementar para impulsar el desarrollo sustentable. En efecto, los radicales expresan su oposición a los valores centrales de la modernidad a través del rechazo al capitalismo, mientras que los socialdemócratas abogan a favor de una redefinición del Estado de bienestar para reformar la misma modernidad en sus dimensiones económicas y políticas. Ahora bien, ambos grupos de actores suelen producir un discurso universalista legitimador, que relaciona la protección del medio ambiente con la supervivencia de la humanidad, sin perseguir necesariamente la toma del poder, ya que el saber constituye en sí un poder (S. Breyman 1993: 125). En este sentido, no dejan de ser contradictorios, al gozar de una posición social privilegiada, que descansa en el valor del saber o el “capital cultural”, en la terminología de Bourdieu.

45El capital cultural apareció en Francia en el siglo xviii, con la institución escolar —en particular en los colegios— cuando parte de la nobleza se instituyó en cuerpo social que detenía un monopolio legítimo sobre el poder de Estado (P. Bourdieu, 1994: 44). Para imponerse en el campo del poder, la nueva clase cuyo poder descansaba en este capital cultural tuvo que inventar una versión “progresista” de la ideología del servicio público y la “meritocracia”. De tal modo que reivindicaba el poder en el nombre de lo universal, obrando a favor de la objetivación y la eficiencia de lo universal. Así mismo, nos percatamos de que este principio superior de universalización está siendo hoy disputado por las organizaciones ecologistas y étnicas. Como dice Bourdieu, una de las principales dificultades de la lucha política moderna está en que todos los dominantes, tecnócratas o “epistemócratas”, de derecha o de izquierda, tienen algo que ver con la razón y lo universal. Por lo tanto, para dominar y defenderse contra la dominación, serán necesarias cada vez más las justificaciones técnicas y racionales, ya que los dominantes y los dominados tendrán que invocar cada vez más la razón y la ciencia para ejercer su dominio. El hecho de que los científicos y activistas de las organizaciones ecologistas sean tan críticos ante el capitalismo puede explicarse por el hábitus propio a sus campos sociales. Así, mientras los agentes del campo económico actúan según un hábitus diferenciador marcado por el nivel de riquezas materiales y el poder, los del campo científico, artístico o cultural tienen interés en parecer generosos o altruistas. En ese senrido, su desinterés obedece más a una lógica de reproducción social que a una redefinición de los valores morales universales, pese a lo que pretenden los paladines de la “ética ecocéntrica”.

46Esta hipótesis se confirma por el desfase entre la práctica y la ideología ecologista, en particular, siempre y cuando se trate de explicar el paso del grupo de presión al movimiento social. De hecho, si a los activistas radicales se los puede ubicar en una orientación anarquista o neo-marxista, no se puede decir lo mismo de sus simpatizantes o —en el caso de los partidos verdes europeos— de sus electores. Además, hay que admitir que los mayores progresos registrados en la prevención de las catástrofes ambientales y la toma en cuenta del medio ambiente en los procesos de producción y de consumo son el resultado de reformas legales e institucionales, más que de la llegada de un “nuevo orden ambiental” que algunos oponen al “nuevo orden mundial” procedente de la post-Guerra Fría. Se puede ver allí una recuperación de la ecología por parte del Estado y las clases dominantes, así como se puede considerar que la Cumbre de Río no fue sino uno de esos ejercicios de auto-celebración, que la comunidad internacional está acostumbrada a sustituir a los debates de fondo, planteados por las sociedades civiles con respecto al modelo de desarrollo todavía vigente y hoy caracterizado por la globalización de los intercambios económicos.

47Pero siguiendo de nuevo a Bourdieu, no hay que olvidar que todas esas cosas que los dominantes celebran —y en las que se auto-celebran— tan solo pueden cumplir con su función simbólica de legitimación, porque se benefician de un reconocimiento universal. Por lo tanto, las conductas que les rindan un homenaje, sincero o no, quedan aseguradas como un beneficio simbólico. Es allí donde hay que distinguir entre los movimientos ecologistas europeos y los movimientos amazónicos172 que se formaron en Ecuador y Colombia. En efecto, mientras los primeros entraron en su fase de institucionalización en la década del ochenta, los otros siguen estando sometidos a tensiones internas e influencias externas que les impiden, a menudo, constituirse en actores autónomos.

Caracterización de los movimientos ecologistas amazónicos

48En el nivel geopolítico, las ONG ecologistas tienden a concentrar su acción en los trópicos, que agrupan a la mitad de las especies animales y vegetales del planeta, en tan solo el 12% de la superficie del globo (Colchester, op. cit.: 11). Resulta de esto que la práctica de la conservación tiende a articularse en torno a un eje Norte—Sur, según el cual las instituciones de conservación, financiadas por sus miembros y por las agencias de desarrollo del Norte, se ubican en el mundo industrial y pretenden proteger los recursos de los países en desarrollo contra la depredación de sus propias poblaciones. Algunos protestan contra este “consenso ecologista global”, en el cual ven una nueva manifestación del dominio cultural del Norte sobre el Sur (Cf. M. A. Salih, 1997; H. Mansilla 1993). Para ellos, el ciclo de conferencias internacionales que va de Estocolmo a Río no fue sino un simulacro en el que los países ricos se lavaron la conciencia al descargar sobre los países pobres la responsabilidad de la crisis ambiental, para encerrarles mejor en el subdesarrollo. De igual manera, ven en el surgimiento de los movimientos ecologistas transnacionales —radicales o socialdemócratas— una forma disfrazada de neocolonialismo. Aunque coincidan con los ecologistas radicales en analizar la crisis ambiental como el resultado de la nueva división internacional del trabajo, la ponen sobre las espaldas de los responsables del subdesarrollo y de los moralistas. Es así como, para Salih, el antropocentrismo usa la dominación política, económica y tecnológica para dominar el Sur, el ecocentrismo se sirve de lo que consideran como una superioridad moral para decir a los campesinos y a las poblaciones indígenas lo que es bueno para ellos, ya que las sociedades del Norte experimentaron que “mejores condiciones de vida” no valen para la ecología.

49Es preciso distinguir dos tipos de organizaciones ecologistas que operaron en la Amazonia y que se multiplicaron en el período de preparación de la Cumbre de Río. Más allá del afán común de defender el medio ambiente, esas organizaciones se oponen tanto con respecto al origen de su financiamiento como con respecto a las tácticas o estrategias que cabe desarrollar. Un primer tipo de organizaciones está encarnado por las ONG estadounidenses Conservation Internacional, Nature Conservancy y Sierra Club, y las organizaciones europeas UICN y WWF. Estas organizaciones, que lanzaron el movimiento internacional por la conservación de áreas protegidas, son tradicionalmente consideradas como institucionales por sus fuentes de financiamiento públicas y por sus relaciones con las grandes empresas o fundaciones, como Ford, Novib o Macarthur. El segundo tipo de organizaciones está encarnado por las ONG estadounidenses Rainforest Action Network (RAN) o Cultural Survival, y las organizaciones europeas World Rainforest Movement (WRM) o Survival Internacional. A estas organizaciones se las considera más activistas, que mantienen relaciones con activistas de las comunidades y los movimientos locales, y que suelen tener desconfianza hacia las organizaciones institucionales. Mientras las primeras basan su estrategia en el lobbying institucional y las reformas legales, las segundas establecen una preferencia por las acciones de boicot y por las medidas de hecho (manifestaciones u ocupaciones de sitios) (Cf. De Onis, op. cit.: 223-227).

50Estas discrepancias estratégicas y políticas tienen consecuencias directas en el tratamiento de los conflictos socio-económicos relacionados con temas ambientales. En efecto, hasta la década del noventa, la estrategia institucional de las organizaciones ecologistas hacía caso omiso al problema de la pobreza o al reparto desigual de las tierras agrícolas. Esta estrategia llegó incluso a acentuar las divisiones entre las poblaciones locales, afectadas por la delimitación de áreas protegidas, y los gobiernos nacionales, provocando conflictos socio-ambientales por el acceso a la tierra (Colchester, op. cit.: 20). Sin embargo, hemos visto que, desde mediados de la década del ochenta, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presionó a estas organizaciones para que la opinión de las organizaciones indígenas fuera tomada en cuenta en la gestión ambiental y especialmente en la política de áreas protegidas. Esta lógica salió al encuentro de la lógica del Estado, en la medida en que este último era incapaz de administrar los parques o reservas naturales delimitados en los años de crecimiento económico o más recientemente, y que constituían un peso económico en el momento en que estalló la crisis de la deuda. Dicho de otra manera, así como por la delimitación de territorios étnicos, la lógica de movimientos sociales y la lógica estatal se reforzaron mutuamente, para definir espacios de poder descentralizados. En este contexto, el “conocimiento indígena”, que el Convenio sobre la Biodiversidad incita a reconocer y valorar por parte del Estado, había de retomar una creciente importancia en la legitimación de las organizaciones étnicas amazónicas. De esta forma, se volvió el punto de convergencia de estas organizaciones y de las organizaciones ecologistas.

51Algunos proponen distinguir tres tipos de organizaciones ecologistas en la región amazónica (P. Little, 1992: 101-102; A. Varea, 1991). Según ellos, las primeras se preocuparían exclusivamente de la constitución de espacios protegidos (parques y reservas), mientras que las segundas incluirían la defensa del medio ambiente en una acción política por el cambio estructural de la sociedad y, las terceras, en una lucha por la defensa de los derechos económicos y sociales, sin plantear por lo tanto la necesidad de una ruptura radical con el modelo capitalista. Entre estas tres corrientes, la primera se ubicaría más cercana al Estado, en la medida en que venía participando en la definición de la política ambiental y en la delimitación de áreas protegidas desde la década del setenta. Las otras dos habrían surgido de los movimientos colectivos de la década del ochenta y se habrían dividido en la siguiente década, a medida que surgían discrepancias ideológicas en su seno.

52Por muy seductora que parezca esta tipología, peca por su simplismo. En efecto, por una parte opone a esas organizaciones a partir de una orientación política, mientras que más bien se definen por modalidades de acción distintas, que sirven en general a un mismo objetivo —la defensa del medio ambiente— que implica necesariamente cambios estructurales, no solamente en el sistema institucional y en las prácticas políticas, sino también en las prácticas sociales y económicas. Por otra parte, presupone a cada tipo de organización una unidad ideológica —que los convertiría entonces en movimiento colectivo—, mientras que su mera naturaleza induce una apertura a corrientes de pensamiento a menudo contradictorias.

53Bustamante ha mostrado que la dimensión transnacional de las organizaciones ecuatorianas supera su dimensión nacional con respecto tanto a su eficiencia como a su capacidad de movilización. Lo mismo se puede decir de las organizaciones colombianas, aunque en este caso exista una historia diferente y las ONG de base hayan cumplido tradicionalmente con un papel más social que institucional. Esta dimensión transnacional es visible en tres niveles. En primer lugar, todas las ONG locales dependen de organizaciones cuya sede está en Estados Unidos o en Europa, trátese de organizaciones conservacionistas (como el WWF, la UICN o The Nature Conservancy) o activistas (como Greenpeace, RAN, Sierra Club Legal Defense Fund —Club Sierra— u Oxfam América).

54Además, algunas son financiadas por redes, agencias o fundaciones foráneas para la conservación, la educación y el desarrollo ecologista, la promoción social o la defensa de los bosques tropicales, como las fundaciones Ford, Rockefeller o Novib. Finalmente, su acción se inscribe en una estrategia global, coordinada entre varios países y dirigida principalmente contra empresas multinacionales o hacia los organismos multilaterales. Se puede agregar, con Ortiz y Varea que el peso de este movimiento viene a la vez del apoyo a los movimientos étnicos y de la apropiación de su discurso por otros actores sociales —principalmente sindicatos y organizaciones campesinas— así como por ciertos partidos políticos de izquierda (Varea et al., 1995 b: 115). Ortiz y Varea defienden que este apoyo a las organizaciones indígenas amazónicas no descansa sobre razones éticas o políticas, sino más bien ecológicas, lo que parece difícil de sostener, tomando en cuenta la mera naturaleza de los movimientos ecologistas. Sin embargo, estos autores tienen razón de subrayar que lo que llevó a que estos actores descubrieran a los indígenas fue su preocupación por el medio ambiente, y no lo contrario, como lo pretendían algunas organizaciones sociales en la Campaña de los 500 años. Eso tuvo un impacto decisivo en el cambio de actitud por parte de los ecologistas radicales y socialdemócratas en la década del ochenta, ya que algunos pasaron de una total indiferencia por el tema indígena a una apología de la etnicidad.

55Finalmente, más allá de la influencia de las ONG internacionales, cabe destacar la fuerte composición científica de los movimientos ecologistas ecuatoriano y colombiano, que se expresa tanto en las modalidades del activismo como en la formulación de políticas públicas. Por un lado, como lo hemos visto, esta nueva elite intelectual irrumpe en el campo del poder para disputar al Estado el monopolio de lo universal. Por el otro, parafraseando a Guerrero, se impone como un “nuevo mediador ventrílocuo”, en la medida en que conoce los mecanismos institucionales y produce un discurso a nombre de las poblaciones afectadas —o que pueden serlo— por las catástrofes ecológicas como la contaminación y la deforestación llevada a cabo por las actividades hidrocarburíferas en la Amazonia. Sin embargo, no se expresa a nombre de todos de la misma forma y veremos que, entre las poblaciones afectadas, las comunidades indígenas son las más representadas, lo que induce una serie de problemas. En particular, uno puede preguntarse si estas comunidades son representativas del conjunto de la población interesada o si son los símbolos vivos de la vulnerabilidad de la especie humana frente al desarrollo industrial incontrolado. Por otra parte, ¿están o no interesadas en una explotación racional de los recursos naturales no renovables? Finalmente, ¿se respeta su derecho a la consulta previa a nombre de principios democráticos o de lógicas de presión social? Son tantas las preguntas a las que la convergencia de los movimientos indígenas y ecologistas trae elementos de respuesta, como lo veremos a continuación.

Ecologismo, etnicidad y petróleo en la región amazónica

56El papel de las comunidades indígenas en la preservación del medio ambiente es tradicionalmente objeto de cierto escepticismo entre las organizaciones conservacionistas. Según la definición ortodoxa y que sigue vigente pese a ciertas concesiones a la realidad social, los parques naturales son espacios vírgenes y despoblados, lo que excluye la presencia de cualquier grupo humano, aunque ésta fuese anterior a la delimitación del área protegida. Como lo destaca Castaño Uribe, uno de los principales motivos de discrepancia entre ecologistas y organizaciones indígenas radica en las necesidades que tienen los primeros de mantener una imagen simbólica de los parques naturales, opuesta a la imagen depredadora encarnada por la explotación comercial de los recursos naturales. Así como los ecologistas se sienten a menudo traicionados por las comunidades indígenas, cuando éstas no corresponden con la imagen de pureza moral ambiental, versión post-moderna del “buen salvaje” de la Ilustración. Pues bien, de manera más prosaica los intereses en juego tienen que ver con el desarrollo del ecoturismo, que tiene una importancia determinante en la política de delimitación de áreas protegidas (Cf. Colchester op. cit.; Little op. cit.; y J. Nations et al. 1989).

57Dos tesis se oponen fundamentalmente en cuanto a la compatibilidad de la organización social y económica con la preservación de la biodiversidad. Para algunos, la “sabiduría indígena” en este ámbito —constituida por un conjunto de conocimientos y de creencias trasmitidos de una generación a otra— ha sido comprobada por su capacidad de vivir y reproducirse en un medio ambiente frágil desde hace miles de años. Las prácticas indígenas aseguran la reproducción del ecosistema gracias a la protección de las especies animales y vegetales, a la rotación de cultivos y a las migraciones periódicas. Estos autores enfatizan el hecho de que las comunidades indígenas acumularon conocimientos más eficientes en el ámbito de la conservación que el conocimiento científico moderno, mientras que reconocen que su interpretación en un marco científico occidental no es la más eficiente. La protección de la biodiversidad pasaría entonces por el reconocimiento de la propiedad intelectual y la delimitación de territorios indígenas, así como por el uso colectivo de los recursos naturales173. Según otros, las comunidades indígenas están definitivamente condenadas a ser absorbidas por la economía de mercado, y el cambio social lleva a una modificación de las prácticas tradicionales, que ya no están adaptadas a la preservación del medio ambiente. En ese sentido, no se puede considerar al “saber indígena” como una garantía del desarrollo sostenible: en una perspectiva historicista, estas comunidades están condenadas a asimilarse a la sociedad moderna y a ejercer una fuerte presión sobre el medio ambiente, a la vez que por el crecimiento demográfico y por el uso de tecnologías e instrumentos modernos (armas de fuego, herramientas motorizadas, etc.)174. Por lo tanto, la protección de la biodiversidad dentro de los espacios protegidos implica que se aisle a estas poblaciones o se las desplace hacia las zonas de amortiguamiento —o espacios intermediarios entre la frontera agrícola y las áreas naturales estrictamente delimitadas— a cambio de compensaciones, generalmente, aportadas por proyectos de ecodesarrollo o por empleos como guardias forestales.

58Un tercer análisis del papel de las comunidades indígenas amazónicas en la conservación de la biodiversidad hace hincapié en la dimensión política de los procesos de decisión. Siguiendo esta teoría, la mayoría de los grupos étnicos de la Amazonia obedecen a una lógica oportunista, más que ecologista, y consiguen mantener el equilibrio ambiental tan solo porque sus formas de organización social estimulan la movilidad. Entonces la ausencia de un poder político centralizado sería lo que permite a estas poblaciones adaptarse al medio ambiente sin provocar su degradación irreversible. Ahora bien, la presión colonizadora y el cambio social entrañados por su integración a la economía de mercado amenazan con trastornar este modelo de desarrollo sustentable, por la sedentarización y la irrupción de tecnologías como el motor fuera de borda o la motosierra, que reducen considerablemente el tiempo de desplazamiento y de desbroce. En este sentido, la mayor amenaza al medio ambiente vendría menos de los cambios en el sistema de creencias que de la organización socio-política misma y de la reforma del régimen de tenencia de la tierra. Por lo tanto, estos autores piensan que, en vez de concentrarse en las innovaciones tecnológicas —micro explotaciones, explotaciones agroforestales o “cosecha de los bosques tropicales”— o en el inventario del “saber indígena”, las organizaciones ecologistas tienen que interesarse en las políticas comunitarias de uso y usufructo de los recursos naturales para llevar a cabo sus programas de desarrollo sustentable. Esto implicaría, por ejemplo, la realización de reformas agrarias bajo el control de las poblaciones o comunidades locales (Cf. Colchester, op. cit.: 27-29; M. Colchester et al., op. cit.: 92 y 295-297).

59En ese espíritu, desde 1979, la FAO desarrolló varios programas de desarrollo agroforestales. El más importante, el Programa Bosque, Arboles y Población (FTPP), apuntaba a aliviar la pobreza impulsando una política de reforestación a escala local. La resolución de conflictos socio-ambientales fue el objeto de un tratamiento aparte, en el marco de este programa (Cf. A. Varea et al., 1995 a; y P. Ortiz et al., 1999). Esta última orientación teórica es, al parecer, la más fecunda e incitó, además, a revisar los métodos de participación o de colaboración con las poblaciones locales. En efecto, las organizaciones ecologistas tomaron conciencia de que la exclusión de las comunidades locales de los procesos de decisión que afectan a su entorno iba en contra de los intereses de todos (Colchester op. cit.: 30, 34 y 38). Esta práctica conlleva un déficit de legitimidad ante las poblaciones afectadas, además de asemejarse a una forma de colonialismo ecológico porque exacerba la desigualdad social al instaurar una jerarquía de acceso a los parques y al integrar a ciertos grupos a la economía de mercado mediante el ecoturismo, a costa de la cohesión social o de las relaciones interétnicas. Por otra parte, fue necesario que ONG indigenistas —como Survival Internacional o Cultural Survival— presionaran a sus homlogas ecologistas —en particular la UICN y el WWF— para que estas últimas admitiesen la necesidad de tomar en cuenta a las poblaciones establecidas en los espacios supuestamente inalterados por el ser humano. Finalmente, la evolución del derecho internacional a favor de las poblaciones indígenas creó un marco legal apremiante, tanto para la política conservacionista estatal como para las estrategias de las ONG que se asocian a ésta. Así, desde finales de la década del ochenta, por lo menos formalmente, se admite la idea de que las poblaciones indígenas amazónicas estén asociadas a los procedimientos de decisiones y a los proyectos de conservación que les afectan. De tal suerte que la política de constitución de territorios indígenas se volvió un acápite complementario de la estrategia de constitución de espacios naturales protegidos, ambas definidas como estrategias globales de conservación de la biodiversidad (T. Walshburger, 1992: 271).

60Mientras tanto, las organizaciones indígenas consiguieron importantes espacios de participación, como lo vimos a propósito de la preparación de la Cumbre de Río y de su reconocimiento como actores legítimos en la puesta en marcha de la Agenda XXI. No obstante, el objetivo final de este encuentro consistía en redefinir las relaciones económicas entre los países del Norte y del Sur, mientras que el de estas organizaciones consistía más bien en redefinir sus relaciones con el Estado (Colchester, op. cit.: 47-49). Por lo tanto, la interpretación de los beneficios de Río —en particular en lo que atañe a la aplicación del Convenio sobre la Biodiversidad— es confusa. Así, la aplicación stricto sensu del Artículo 8 j del Convenio sobre la Biodiversidad, y las recomendaciones de la Agenda XXI en cuanto a la participación de las poblaciones indígenas en los proyectos de desarrollo implicaría que éstas gozaran de derechos claramente definidos sobre sus territorios y los recursos naturales que éstos incluyen. Sin embargo, siguiendo la tendencia iniciada con la Cumbre de Estocolmo, los Estados aprovecharon la Cumbre de Río para reafirmar su control sobre la explotación de los recursos naturales, tanto ante los demás Estados como ante las poblaciones locales.

61Entonces, las organizaciones indígenas amazónicas se dieron la vuelta hacia otros actores, conforme al axioma fundamental de la acción global: es más fácil conseguir una toma de conciencia multiplicando los contactos directos entre las elites internacionales y un pequeño número de líderes carismáticos que mediante los miembros de los movimientos representativos o elegidos al azar (A. Brysk, 1994: 43).

El Estado y las organizaciones amazónicas

62A propósito de la superposición de los espacios protegidos y de los resguardos en Colombia, la ONIC destaca que las comunidades indígenas perdieron el control y la autonomía sobre sus territorios, ya que no pueden llevar a cabo actividades sometidas a la autorización del Ministerio del Medio Ambiente (ONIC, 1998: 221). Según ellos, aunque no haya incompatibilidad en el nivel normativo entre parques y resguardos, en la práctica la administración de un parque y las autoridades indígenas del área entran a competir para su control, sin que existan normas claras que definan hasta dónde van las funciones de cada uno. Esta crítica es tal vez excesiva, si se tiene en cuenta que el Estado está obligado a delegar sus funciones para administrar tanto las áreas protegidas como las entidades territoriales indígenas, y sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de los efectivos empleados para la administración de los parques y las reservas naturales. De manera tajante, el aumento sustancial de la superficie acumulada de áreas protegidas y la descentralización de la política ambiental se acompañaron de un aumento espectacular del servicio de la deuda, que quitaron al Estado los medios de su política. A ello cabe añadir la crisis de gobernabilidad, que se manifiesta por la incapacidad del Estado para afirmar una presencia institucional en estas regiones periféricas y un déficit patente de legitimidad ante las poblaciones locales.

63De hecho, en 1992, el personal afectado por la gestión de los espacios protegidos para el conjunto de la cuenca amazónica no superaba algunos centenares de funcionarios. En 1990, el presupuesto para la gestión de esos espacios alcanzó a duras penas 220.000 dólares, o sea ¡60 centavos de dólar por kilómetro protegido! En Colombia, más de la mitad de los parques no contaban con personal adecuado, algunos existían desde hacía 15 años, como Los Picachos. En total, 42 funcionarios tenían a cargo la vigilancia de cerca de 5 millones de ha, o sea ¡120.500 ha por persona! En Ecuador, 71 personas tenían a cargo la vigilancia, el mantenimiento y la valoración de más de 2 millones de ha, o sea, 24.800 ha por persona. Ahora bien, esas cifras globales enmascaran en realidad una gran debilidad, ya que las islas Galápagos absorbían la mitad del presupuesto dedicado a la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, la situación de la Amazonia ecuatoriana no era mejor que la de Colombia. Finalmente, en 1990 ambos países figuraban entre aquellos del TCA en los que las inversiones para la protección ambiental era la más baja.

64El fracaso de la política de conservación se volvió patente cuando Colombia y Ecuador se adhirieron al plan “Parques en Peligro” lanzado por The Nature Conservancy y la agencia de cooperación estadounidense, USAID. Recordemos que este programa vino a alargar la lista de proyectos internacionales lanzados desde hacía tres décadas para salvar los bosques tropicales: de la “Estrategia por el Futuro de la Vida”, lanzada por la UICN, el WRI, la FAO y la UNESCO, a la Agenda XXI anunciada en Río, pasando por “Nuestra Propia Agenda”, presentada por el PNUD en 1982, o aún el programa de la FAO, “Conservación y Desarrollo Sostenible en la Región Amazónica” a inicios de la década del noventa (TCA op. cit.: 57-59; Castaño Uribe op. cit.: 61-62, 87).

65Esta situación llevó a que el Estado delegara buena parte de sus atributos en el ámbito de la protección ambiental a ONG internacionales, directamente o por representación local. Esa tendencia se reforzó con la creación de sistemas de financiamiento internacional de áreas protegidas, que permitieron a los países muy endeudados esperar la posibilidad de capitalizar su patrimonio natural. Es así como el Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales crearon el sistema de Financiamiento Global por Medio Ambiente (Global Environment Facilities, GEF), para financiar varios proyectos alternativos para remediar la deforestación. El papel del GEF era financiar mediante préstamos y subvenciones los costos marginales de la política ambiental de los países en desarrollo. Todo el problema radicaba en la definición de esos “costos locales” por el “beneficio global” que se suponía que traía la política ambiental. Esto explica que este programa, al cual Ecuador se adhirió en dos oportunidades, tuviera un alcance limitado. Entre los proyectos subvencionados por el GEF, los más comunes fueron los que apuntaban a incitar a las poblaciones locales para que explotasen los recursos naturales no-madereros, como las plantas medicinales, los productos artesanales, las esencias, etc. Esos proyectos, conocidos como “la cosecha de bosques tropicales”, fueron objeto de fuertes críticas por parte de las organizaciones indígenas. Así, según la ONIC, la comercialización de productos tropicales con Europa y Estados Unidos conllevaba una dependencia de las comunidades locales hacia los mercados internacionales y postergaba, entonces, tanto el reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual como el de sus territorios (Cf. Colchester op. cit.: 46 y 50-5l)175.

66Mientras tanto, algunas ONG ecologistas cayeron en la tentación de resolver el problema de la deuda convirtiendo parte de esta última en “bonos de la deuda sobre la naturaleza”. Este mecanismo de cambio de la deuda por bonos sobre el patrimonio natural, inaugurado en 1987 por Conservation International, se basaba en la circulación de los bonos de la deuda en el mercado secundario. Las ONG de los países ricos176 adquirían sobre este mercado una deuda comercial bancaria, aprovechándose de un descuento sobre el valor real y deducible fis-calmente en Estados Unidos. Mientras tanto, se ponían de acuerdo, con el país deudor, en cuanto al medio de reembolso, convertido en moneda local, a cambio de un compromiso en el plano ambiental. Además del Ecuador, que convirtió unos 100 millones de dólares, es decir, el 0,76% de su deuda en 1991, cinco países entraron en este sistema: Bolivia, Costa Rica, Filipinas, Zambia y Madagascar. Las críticas que suscitó vinieron principalmente de las organizaciones ecologistas radicales, según las cuales la deuda externa era en sí injusta y por lo tanto no debía ser pagada. Según ellos, se trataba de medidas curativas mas no preventivas, una forma disfrazada de colonialismo ecológico, con fuertes impactos perversos sobre las economías locales. Pero ante todo, es menester precisar que estas medidas abarcaban solo una parte ínfima de la deuda, ya que podía negociarse menos del 1% en el mercado secundario (P. Chambers et al., 1996; R. Sevilla, 1992). Finalmente, este programa fue también denunciado por la COICA, que se declaró preocupada por el hecho de que lo que se negociaba entonces era ni más ni menos que el futuro de los territorios indígenas, sin respetar los derechos de las comunidades locales y a veces provocando la destrucción del bosque que se pretendía proteger (In J. Juncosa et al., 1992: 119).

La COICA y la explotación petrolera en la Amazonía

67Siguiendo a Várese, la estrategia de la COICA apunta a establecer un nuevo marco de relaciones políticas y culturales entre las organizaciones indígenas de la Amazonia, en su lucha contra las empresas multinacionales, los organismos multilaterales y las administraciones públicas nacionales (S. Várese, 1996 b: 123 y 132). En un sentido, según él, el surgimiento de esta Coordinación, en 1984, fue la respuesta de las organizaciones étnicas a la creación del TCA, seis años antes, con el cual tiene en común el querer armonizar las posturas políticas de sus miembros frente a la comunidad internacional y a los Estados de la región amazónica. Pero de pronto la eficiencia de la COICA superó la del TCA, incluso en el plano diplomático, gracias a la multiplicación de las alianzas con ONG de defensa de derechos humanos, organizaciones ecologistas y organismos multilaterales, para evitar los bloqueos institucionales del nivel nacional.

68Así, en 1986, el Premio Right Livelihood les fue otorgado por el Parlamento Suizo, financiando una gira mundial que les permitió dar conferencias de prensa en Estocolmo, Londres, Boston y Washington. En 1988, la COICA se alió con las ONG Oxfam América, Survival Internacional y Esopus Creek Communications, para presionar a las organizaciones ecologistas socialdemócratas estadounidenses. Un año después, una delegación de la Coordinación fue recibida por el Banco Mundial y la Comisión Europea, mientras organizaban una conferencia internacional en Iquitos, para fundar la Alianza de los Pueblos Indígenas de la Amazonia. Mientras tanto, la COICA había entrado al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Autóctonas de la ONU y había venido participando de manera activa en la reforma del Convenio 107 de la OIT. En 1990-1991, la organización se asoció con los Verdes alemanes, austriacos y holandeses, para constituir la Alianza Internacional de Protección de los Bosques, en unas cien ciudades europeas. En el mismo momento, se aliaba con el WRM (con sede en Londres) contra la Organización Internacional de Bosques Tropicales (con sede en Tokio), para reformar el convenio firmado en 1987 por esta corporación de empresas madereras. En 1991 consiguió el estatuto de consultor en la Comisión Especial de Asuntos Indígenas del TCA (R. Chase Smith, 1996: 110-113).

69Esta presencia asidua en los foros internacionales puso a los representantes en contacto con los líderes de numerosos partidos políticos y movimientos sociales, así como con la elite de la comunidad internacional. Semejante estrategia se acerca a la de las organizaciones ecologistas, cuyo funcionamiento —como hemos visto— está organizado en redes, más que con una lógica centralizadora. No obstante, en un primer momento, la COICA no escapó a los peligros de centralismo, de autoritarismo y hasta de corrupción y clientelismo, a los cuales se confrontaron las organizaciones indígenas nacionales. Muy pronto este movimiento entró en su fase de institucionalización, estaba mal preparado para enfrentar las obligaciones impuestas por la negociación directa con las instituciones multilaterales, lo que le llevó a concentrar el poder en las manos del Presidente, víctima del “síndrome de caudillismo” según Chase Smith. En efecto, las tomas de decisión sin consulta previa a las organizaciones de base llevaron a un creciente desfase entre la realidad de los nuevos jefes177 y las preocupaciones de las comunidades a las que se suponía estos últimos representaban.

70A medida que se multiplicaban las invitaciones a Estados Unidos o Europa, estos últimos empezaron a confundir su mandato representativo con sus intereses personales, quién para negociar un contrato, quién para financiar una fundación privada... Es así como, en 1991, el Presidente recibió el Premio de la Fundación Goldman para el Medio Ambiente (60.000 dólares), que se rehusó a compartir con la organización. Esta deriva obligó a que la Coordinación se reorientara, con oportunidad de la asamblea general de 1992. En esta reunión, reemplazaron la Presidencia por un Comité de Coordinación, mientras se creaban comisiones para el territorio, el desarrollo autónomo, los derechos humanos, los recursos naturales y el medio ambiente. Desde entonces, el nuevo Comité, integrado por representantes de las nueve organizaciones miembros, tenía a cargo la definición de las políticas a largo plazo y la supervisión de los coordinadores electos en asamblea general. Por otra parte, la organización ratificó el principio de realización de una auditoria regular, con el afán de asegurar la transparencia de la gestión financiera. Finalmente, la sede de la COICA se trasladó de Lima a Quito.

71El éxito de las comunidades indígenas amazónicas en conseguir el reconocimiento de sus derechos territoriales descansa, en gran medida, en su capacidad de organización. Sin embargo, la irrupción de la modernidad en estas comunidades presenta el peligro de acelerar el cambio social y la interdependencia con la sociedad global. En particular, la multiplicación de los proyectos de desarrollo impulsados por los organismos multilaterales y las ONG internacionales crea un ”síndrome de los proyectos”, para hablar de nuevo como Chase Smith, que se caracteriza por una dependencia frente a los recursos de financiamiento externos y la generalización de las prácticas clientelares. En efecto, muchos proyectos llevados a cabo por organizaciones amazónicas están siendo utilizados por los líderes para financiar sus campañas políticas o para cubrir los gastos de sus propias instituciones o empresas178. Por otra parte, el éxito de esos proyectos sigue sometido, en la mayoría de los casos, a la tutela de las ONG o de los organismos de financiamiento, lo que conlleva a la vez una tendencia al paternalismo y una discontinuidad en los programas. Ahora bien, como lo destaca Chase Smith, este modo de desarrollo, que se basa en la asistencia, trastorna la economía tradicional y destruye al mismo tiempo las normas de reciprocidad en las que se fundan los intercambios comunitarios. La colusión de intereses económicos y políticos presenta un riesgo para la COICA, la cual podría perder de vista sus principales objetivos. No obstante, ésta seguirá cumpliendo un papel decisivo en la definición de un nuevo modelo de desarrollo, como lo muestra su participación en el proceso de “diálogo tripartito regional” sobre las actividades petroleras en áreas sensibles, iniciado en 1998 bajo los auspicios del Banco Mundial, en el marco de su programa Energía, Ambiente y Población (EAP).

72El programa EAP nació de una iniciativa de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y del Banco Mundial con el afán de apoyar el desarrollo energético sostenible y de promover el diálogo entre las comunidades indígenas, la industria petrolera y los gobiernos de la región subandina179. Este programa es apoyado por diversas instituciones, entre ellas la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cooperación canadiense (CIDA) y la fundación alemana Cari Duisberg Gesellschaft (CDG). Desde el inicio, en julio de 1998, el grupo conformado por la OLADE se propuso trabajar sobre los temas de regulación, formación e información y diálogo. Se trataba, en primer lugar, de realizar un análisis de los marcos legales para elaborar una guía legal, concebir las herramientas de información y crear un organismo regional de coordinación.

73El sector de las empresas está representado por la Asociación Regional de Petróleo y Energía Latinoamericana (ARPEL), cuya misión es promover y facilitar el desarrollo, la integración y la optimización de la industria en América Latina. La ARPEL busca, en particular, la integración regional y la homogenización de la legislación hidrocarburífera. Con este fin, elaboró varias guías para ajustar las estructuras legales a la integración de las políticas energéticas. Es uno de los principales aspectos de su colaboración al programa EAP. En el marco de este programa, la ARPEL contribuye a la constitución de una base de datos sobre las comunidades y los territorios indígenas, a partir de los informes producidos por las administraciones nacionales y las empresas del sector de los hidrocarburos. Por otro lado, asume un papel de mediador entre la industria, las comunidades indígenas y las ONG de apoyo, a través de la elaboración de guías metodológicas y de un sistema de información sobre el manejo de los conflictos socio-ambientales. Además de sus vínculos históricos con la OLADE, esta asociación cuenta con el apoyo de la CDG, la CAF y de la CIDA para llevar a cabo proyectos de formación e información.

74El sector gubernamental, representado por la OLADE, está integrado por coordinadores nacionales a cargo de los Ministerios de Energía y Minas, los Ministerios de Medio Ambiente o de las empresas públicas petroleras, como en el caso de Ecopetrol en Colombia. La OLADE asumió un papel decisivo en la puesta en marcha del programa, en particular gracias a su experiencia en la cooperación multilateral y su Sistema de Información Económico Energético (SIEE), que se basa en las informaciones comunicadas por los Ministerios de Energía y Minas de los países miembros. Su contribución al programa PEA abarca desde entonces los cuatro ámbitos: regulación, información, formación y conducta del diálogo tripartito. En particular, mantiene una página en el Internet180, cuya función es facilitar el trabajo del grupo en red y comunicar los avances del programa a través de documentos de trabajo. La base de datos de la OLADE ha de incluir una presentación del marco jurídico de las actividades petroleras en cada país, que incluya los reglamentos ambientales, los derechos participativos y el derecho comunitario indígena. Además de elaborar una estrategia para “integrar los pueblos indígenas al desarrollo”, la OLADE coordina las relaciones entre el sector privado y las poblaciones afectadas. Sin embargo, como lo reconoce Verónica Potes, asesora jurídica de OLADE, el mayor reto es comunicar esta información a las comunidades de base y asegurar que éstas actualicen la información.

75El sector indígena está representado por la COICA que, como hemos visto, ya llevaba varios años trabajando con diferentes ONG en proyectos de formación e información cuando empezó el programa del Banco Mundial. Además, la COICA participaba desde 1997 en los encuentros organizados por el Programa de Sanciones No-Violentas y Supervivencia Cultural (PONSACS) de la Universidad de Harvard, junto con las empresas petroleras y varias ONG ecologistas. Los encuentros tripartitos o “diálogos sobre el petróleo en medio ambiente frágil”, nacieron de la iniciativa de MacDonald y Maybury Lewis181. En este sentido, su colaboración al programa se justifica totalmente, aunque algunas organizaciones indígenas amazónicas hayan iniciado un proceso de diálogo y negociación con el sector petrolero sin su mediación. Cabe añadir que la participación de la COICA como portavoz del sector indígena queda sometida a tres reglas, en las que se ampara su política: la participación con base en la igualdad, la consulta y el acuerdo previos a cualquier decisión, el desarrollo de planes de vida o planes de desarrollo de las comunidades de base.

76La primera reunión del grupo de trabajo se realizó en Quito en julio de 1998. El marco conceptual de esta reunión estaba definido por la noción de “frontera” y por la legislación ambiental y social. Se trataba de llegar a un consenso en cuanto a los objetivos del proyecto, la metodología del estudio comparativo y el calendario de actividades. Los participantes en esta reunión levantaron acta del hecho de que las organizaciones indígenas se referían al Convenio 169 de la OIT, por falta de legislación en lo que atañe a las actividades petroleras en áreas de ambiente frágil, pobladas por comunidades indígenas. Quedaron entonces en buscar ejemplos de “buenas prácticas”. La preocupación de los gobiernos era asegurar el equilibrio energético y aumentar las inversiones. Para la industria petrolera, era preciso reforzar la visibilidad del Estado, aclarar las reglas del juego y las informaciones sobre las poblaciones afectadas, además de definir un marco general para la consulta previa. El sector indígena, por su lado, reclamaba el reconocimiento de las comunidades como actores de pleno derecho, con sus valores y sus territorios, mientras exigía compensaciones y mayor información sobre los impactos socio-ambientales de las actividades hidrocarburíferas.

77Pues bien, en la segunda reunión, que se realizó también en Quito, en noviembre de 1998, los coordinadores nacionales intercambiaron informaciones sobre el marco legal de sus respectivos países. Las conclusiones del estudio comparativo lanzado en la primera reunión evidenciaron la necesidad de elaborar un plan de acción común para constituir la base de datos, realizar guías prácticas y redactar un contrato típico para las actividades petroleras, que estuviera vigente en toda la región. Se realizó en Cartagena una tercera reunión en mayo de 1999, en la que se presentaron los primeros resultados del trabajo en cuatro ámbitos: sistema de información, legislación, capacitación y constitución de una primera base de datos, que había de armonizarse con el SIEE de la OLADE y otras bases. En cuanto a la adecuación entre los regímenes legales, los participantes acordaron analizar las implicaciones sectoriales del Convenio 169 de la OIT y definir los términos de referencia para la “Guía legal” con el apoyo de ARPEL y de la CIDA. Por otra parte, tras un primer diagnóstico sobre la oferta y la demanda de capacitación, el grupo de trabajo apoyado por la CDG propuso asociar a este programa a los funcionarios públicos, los representantes de las organizaciones indígenas y el personal de las empresas petroleras, así como incluir el tema social en la Maestría en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Cal-gary182. Finalmente, en la cuarta reunión, realizada en Quito en febrero de 2000, se discutió la participación de la CAF y la OLADE en la elaboración del sistema de información, así como el programa de la 5^a reunión plenaria, en la que se iban a revisar los informes de actividades nacionales y el funcionamiento de la red, antes de proponer nuevos temas de cooperación: estudio del uso de la renta petrolera y distribución a las comunidades afectadas, coordinación de los proyectos con ONG e instituciones académicas, etc183.

78En la tercera reunión, sostenida en Cartagena en junio de 2000, se empezó por discutir una propuesta de línea de crédito del BID, para que las entidades de energía y del medio ambiente pudieran disponer de recursos. El sistema propuesto descansa en la precalificación de los bloques, para resolver el rompecabezas de la consulta previa. En efecto, las consultas seguían siendo un tema de debate muy político, en cuanto a sus modalidades y para decidir quién, del Estado o de las empresas, tenía que asumir sus costos. En este entonces, la COICA estimaba que no se consultaba a las poblaciones indígenas como debería hacerse, es decir conforme lo planteaba el Convenio 169. Por su lado, ARPEL argumentaba que solo el Estado debía hacerse cargo de la consulta, y no las empresas asociadas a la exploración o la explotación petrolera. Por su lado, la OLADE destacaba que el Estado carecía, en general, de recursos y de coordinación institucional para hacerse cargo de esas funciones y enfrentar los problemas multisectoriales que planteaba la consulta previa. En la misma reunión fue aprobado el esquema de un programa de capacitación “tripartita”, dirigida a representantes indígenas, funcionarios estatales y personal de empresas petroleras. Este programa contó con el financia-miento de la CDG y fue bautizado como “Nuevos estándares ambientales y sociales en la región Amazónica: nuevos caminos hacia una cooperación tripartita en el sector de hidrocarburos”. Se trató básicamente de una primera aproximación al manejo de conflictos para las partes, que culminó en marzo de 2002.

79El reconocimiento de las organizaciones indígenas como interlocutoras legítimas, no fue fácil en el marco de las actividades petroleras. Basta con recordar que en todos los países de la región subandina, el Estado es propietario de los recursos naturales no-renovables. Ahora bien, sin provocar la crisis institucional que predecían las lenguas viperinas, la evolución del marco jurídico que afectaba a los derechos y a los territorios de las poblaciones indígenas justamente había puesto en marcha las reformas que pretendían profundizar el programa EAP. Por esta razón, la tercera reunión del “diálogo tripartito regional” en Cartagena empezó con una presentación de los conceptos normativos de derechos ambientales e indígenas. La OLADE se basa en la definición del desarrollo sostenible adoptada por el PNUD, según la cual el ser humano es a la vez “sujeto y objeto del desarrollo”. Este principio implica tratar tres aspectos del desarrollo: la participación y, por lo tanto, la capacitación e información de los actores, la intervención pública en los proyectos de desarrollo y la consolidación de la democracia. Así, para el sector energético estatal, el concepto de desarrollo sustentable induce una dimensión temporal (las necesidades de las generaciones futuras, según los términos del “Informe Brundtland”) y también social (la participación) en un contexto de responsabilidad de los ciudadanos. El marco jurídico tiene entonces que privilegiar los planes a largo plazo, para que dirija los beneficios conseguidos hacia la satisfacción de las necesidades a largo plazo.

80Según Verónica Potes, había ya avances legales en la participación del sector energético y en la toma en cuenta de los aspectos que afectan a la participación de las comunidades locales. Sin embargo, el control ciudadano de la administración pública o el control socio-político tenía que ser más global, e incluso abarcar dos dimensiones: el reconocimiento del hecho de que los ciudadanos tienen derecho a ser tomados en cuenta y el deber de influir sobre las decisiones. Por otra parte, Verónica Potes subrayó con razón que, si la responsabilidad de desconcentrar las decisiones no era la anarquía, tampoco lo era la participación, la cual en vez de alargar o retrasar los proyectos busca darles mayor viabilidad y longevidad. Finalmente, subrayó que las regiones ricas en hidrocarburos son también ricas en biodiversidad y que cuentan con numerosas comunidades indígenas, lo cual, por lo tanto, implica que el responder a la creciente demanda de energía debe hacerse con la participación de las poblaciones afectadas. Entonces, aunque la energía sea necesaria para el desarrollo y aunque, si la demanda aumenta, los países de la región tienen que llegar al equilibrio energético, una parte sustancial de los ingresos petroleros debería ser destinada a proyectos de desarrollo, sobre todo porque la actividad petrolera produce importantes impactos socio-ambientales negativos184.

81Es ahí donde el tema del desarrollo sustentable se junta con el del derecho internacional con relación a las comunidades indígenas. Conforme lo plantea el Convenio 169, estas últimas tienen derecho a lograr su propio desarrollo y no deben necesariamente adaptarse a las mayorías, a diferencia de lo que planteaba de manera implícita el Convenio 107. En efecto, mientras que el Convenio 107 de la OIT postulaba la integración de los pueblos indígenas, el 169 menciona su participación en el derecho público. Este cambio de perspectiva retoma toda su importancia en el ámbito del medio ambiente, de las actividades petroleras y de la legislación social. Es justamente en este concepto donde se ampara el Banco Mundial, en la Directiva Operacional 4.20 (DO 4.20)185, con respecto a las condiciones de financiamiento de los proyectos de desarrollo. Entonces, el Banco Mundial no debería financiar proyectos susceptibles de afectar negativamente a las poblaciones indígenas y debería cuidar que los proyectos que financia tengan repercusiones positivas para éstas. Así mismo, la DO 4.20 precisa las condiciones de realización de esos proyectos, en particular al mencionar la consulta previa y la participación de las poblaciones afectadas, así como las indemnizaciones y los intereses que estas últimas deben percibir.

82Según Alonso Zarzar, funcionario del Banco Mundial, el Banco privilegia el diálogo con las autoridades nacionales y no apoya proyectos que desplacen a las poblaciones indígenas de sus territorios tradicionales o legales, ni tampoco los proyectos que exploten recursos utilizados por los indígenas (en Fontaine, Ibíd.). No obstante, cabe precisar que los aspectos contemplados por la DO 4.20 quedan sometidos a ciertas reservas. Es así como el desplazamiento puede ser considerado una condición necesaria, si el gobierno interesado fundamenta sus argumentos y si prevé las condiciones de reubicación de las comunidades afectadas. Cierto es que la DO 4.20 menciona que los desplazamientos involuntarios pueden resultar particularmente nefastos y que se deben evitar siempre y cuando sea posible, pero en realidad no los condena. Además —y en contradicción flagrante con el presente discurso— según Colchester, a mediados de la década del ochenta, el Banco Mundial proyectaba el desplazamiento de 3,1 millones de personas, a realizarse entre 1986 y 1996, para llevar a cabo programas de ”desarrollo sostenible” en el mundo (Cf. Colchester, op. cit.: 14).

Los límites del “diálogo tripartito regional” sobre las actividades petroleras

83En la reunión de Cartagena de junio de 2000, ocho coordinadores nacionales presentaron su informe sobre la evolución de la situación y de la legislación ambiental186. El análisis de esos informes dejaba percibir dos tipos de situaciones con respecto de la actividad petrolera en territorios indígenas. Por un lado, en ciertos países no había, al parecer, problemas mayores de diálogo con las organizaciones indígenas, sea porque no había actividad petrolera que les afectase, o porque la participación de estas organizaciones era satisfactoria. Por el otro, subsistían situaciones más conflictivas, donde el diálogo intercultural seguía estando amenazado por posturas polarizadas.

84Es así como, en Chile y Paraguay, la ausencia de proyectos petroleros en las regiones de población indígena reducía el riesgo de conflictos socio-ambientales, aunque esto no excluyera otras fuentes de enfrentamiento, como la construcción de represas hidroeléctricas en el Alto Bío-Bío. En Venezuela, donde la población representaba el 2% de la población total, la nueva Constitución ratificada en diciembre de 1999 incluía cinco artículos que hacían referencia a los derechos específicos de los indígenas. Por primera vez en su historia, el Estado venezolano reconoció la existencia de los pueblos indígenas, así como los derechos sobre sus territorios ancestrales. Tres representantes indígenas debían de ser elegidos en las legislativas de julio de 2000. Por otra parte, el gobierno venezolano había elaborado un plan de desarrollo integral llamado “Delta 2000”, destinado a proveer servicios de salud, educación y ayuda a la producción de las comunidades indígenas que vivían en el delta del Orinoco. No obstante, como lo destacó Juliana Rojas, asistente de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, el marco operacional de estas reformas no sería visible antes de varios meses. En Brasil, había surgido un cambio en la política ambiental de Petrobras tras el accidente en la bahía de Guanavara, que abiertamente puso en el tapete la responsabilidad de la empresa pública. Según Pedro Penido, funcionario de la división ambiental de Petrobras, después de este accidente, los impactos socio-ambientales de las actividades hidrocarburíferas habían empezado a contabilizarse, mientras que se había creado una nueva estructura para el medio ambiente, la salud y la seguridad industrial que dependía de la presidencia de la empresa, tras la firma de un acuerdo con las ONG, en presencia de un comité de la sociedad civil. Por otra parte, se había iniciado una consulta previa con las poblaciones locales, para la construcción del oleoducto entre Bolivia y Brasil (Cf. Fontaine, op. cit.).

85En Bolivia, donde los indígenas representaban el 65% de la población (unos cinco millones de personas), no existía una institución específica para los asuntos indígenas: la legislación era transversal y toda la política, directa o indirectamente, tenía que ver con las poblaciones “originarias”. La reforma de la legislación ambiental e indigenista había empezado en 1992 con la creación del Ministerio de Desarrollo Sustentable, a través de la Ley sobre el Medio Ambiente MA1333. Esta ley preveía, en particular, la gestión de los conflictos y la capacitación de líderes indígenas, como lo recordó Mónica Castro, encargada del Medio Ambiente por el Viceministro de Energía e Hidrocarburos (Ibíd.). Por otra parte, el Estado supo desarrollar una estrategia con los pueblos indígenas, sobre la base de una fuerte capacidad de organización, y consiguió una amplia participación en la ejecución de obras como el oleoducto entre Bolivia y Brasil. Según el Ministerio, las actividades hidrocarburíferas permitieron desarrollar actividades beneficiosas para las comunidades guaraní y chiquitanos, como la legalización de territorios y la creación de fondos de actividades petrolera. La construcción del oleoducto incluso había dado lugar a un proceso de concertación y a un Plan para las Comunidades Indígenas, que preveía el fortalecimiento de las organizaciones y la puesta en marcha de programas de capacitación socio-ambiental en las comunidades.

86En Perú, según el Director General de Asuntos Indígenas, Julio Bonelli, se había creado un comité de gestión del módulo de capacitación, encargado de realizar una guía metodológica (Ibíd.). Entre tanto, se había estancado el diálogo entre los achuaras y la empresa Arco alrededor del bloque 64. El gobierno venía organizando reuniones con las comunidades, pero éstas rechazaban la presencia de la industria petrolera en su territorio. De manera esquemática, el presidente de la CONAP, César Sarasara187, identificaba tres grados de dependencia en el grupo etno-lingüístico “jíbaro”, incluyendo a los achuaras: las comunidades que no necesitaban dinero para vivir (un 30% del grupo), las que ya no podían vivir sin recursos monetarios (el 15% del grupo) y las comunidades que necesitaban dinero pero seguían viviendo en parte fuera de los circuitos económicos “monetarizados” (55%). Siguiendo esta tipología, es posible saber si una empresa lleva a cabo un modelo aceptable para una comunidad dada. En efecto, es inútil proponer proyectos de desarrollo basados en el crecimiento económico en una comunidad que no valora el dinero como vector de intercambios. Ahora bien, ese era justamente el caso de los achuaras ubicados en el bloque 26. Según Sarasara, este conflicto se explicaba por el hecho de que estos últimos vivían en autarcía y no querían romper este sistema, por miedo a empobrecerse. En esta perspectiva, ellos consideraban que lo que llegaba de la civilización occidental implicaría una dependencia (hacia la educación, el trabajo asalariado, etc.) y significaría el final de su autonomía alimenticia y cultural. A esto se agregaba la distorsión de la información difundida por las ONG y las sectas evangelistas, calificada por Sarasara de “conocimiento mítico” y que dejaba pensar que la entrada de Arco al territorio achuar significaría la destrucción de la cultura ancestral y la pérdida de identidad.

87En Ecuador, la reforma del reglamento ambiental encontraba todavía serias dificultades para conseguir la participación de las comunidades indígenas y campesinas, como lo admitió la Subsecretaria Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, Liszett Torres (Ibíd.)188. El objetivo de esta reforma era reforzar la base jurídica e instaurar un sistema eficiente de seguimiento y monitoreo ambiental. La principal dificultad abarcaba la revisión de los parámetros y de los límites tolerables de descargos líquidos y de control de las emisiones de gases tóxicos, la integración de los componentes suelo y aire en esos parámetros y la creación de un sistema de relaciones entre la industria y los organismos de control ambiental. El Presidente de la CONFENIAE, Adolfo Shacay Catani, agregó que la confederación regional mantenía una postura de rechazo a la actividad petrolera y recordó que no había habido diálogo en Ecuador, mientras que se preparaban las 9^a y 10^a rondas de licitaciones de bloques petrolíferos. Él agregó que las organizaciones indígenas amazónicas debían luchar por la legalización de los territorios, antes que estudiar el problema de la consulta y de la participación. Desde luego, la actividad petrolera no parecía ser una preocupación prioritaria para esas organizaciones. En otras palabras, la CONFENIAE se desligaba, al parecer, de ciertas organizaciones miembros, que habían participado ya en la discusión sobre la reforma del reglamento ambiental.

88Finalmente, en Colombia, el Asesor Especial de la Presidencia de Ecopetrol, Miguel Ángel Santiago mencionó la creación de misiones de supervisión, a través de la ley 563 / 2000, que permitía a los ciudadanos ejercer un control sobre el proceso de la administración pública. Por otra parte, un diálogo tripartito se había abierto entre el Estado, las empresas y la ONIC, mientras que se constituía un Observatorio Interministerial de los Asuntos Indígenas con la participación de los Ministerios del Ambiente, de Economía, del Interior, de Agricultura y de Energía. Por su lado, la empresa pública de petróleos había creado un observatorio de conflictos socio-ambientales. Finalmente, se había abierto una discusión en cuanto a la participación de las poblaciones y las entidades territoriales indígenas en la rentabilidad petrolera, a través del proyecto de reforma de la ley 141 / 1994 que, en su artículo 4, reglamentaba las regalías. Este artículo indicaba que el 5% de las regalías debían ser pagadas a las comunidades afectadas, a través del Departamento, y el 20% a través de los municipios; pero siempre y cuando el resguardo se volviese una entidad territorial indígena, la compensación sería percibida y administrada directamente. No obstante, según la ONIC, muchos problemas quedaban pendientes para que el diálogo tripartito y el observatorio interministerial fueran eficientes. En efecto, por un lado, las organizaciones de base habían rechazado el decreto 1320 / 1998 que reglamentaba la consulta previa a las comunidades indígenas (el 35% de las consultas realizadas en este marco lo eran para operaciones hidrocarburíferas); por otro lado, el decreto 1397, que planteaba la organización de una mesa de concertación entre el gobierno y las organizaciones indígenas, no se había aplicado desde su adopción, y esto debido a discrepancias entre la ONIC y el gobierno, en cuanto a la agenda de discusiones.

89Como se puede constatar, los coordinadores nacionales optaron por una presentación positiva de los resultados por país. Pero el entonces Coordinador de la COICA, Antonio Jacanamijoy, destacó que las organizaciones indígenas no compartían el mismo punto de vista. Deploró que en el proceso de diálogo entre empresas y comunidades apareciera a veces una confusión entre negociación y diálogo. Una preocupación compartida por Edwin Vásquez quien, a nombre de la AIDESEP, recordó que el diálogo tripartito no había sido el resultado de una iniciativa de los gobiernos sino el resultado de la presión por parte de las organizaciones indígenas. La idea, según él, era minimizar el impacto y ayudar a participar en el proceso de evaluación. Así, aparecieron señales de tensiones a lo largo de esta reunión, que traducían la persistencia de problemas que el ex senador inga Gabriel Muyuy, resumía en los siguientes términos: “Ustedes van demasiado rápido, mientras nosotros hacemos un paso, ustedes hacen diez”.

90De manera general, las críticas de la COICA hacia el programa EAP abarcaban tres puntos. En primer lugar, la COICA consideraba que el concepto de desarrollo sustentable era abstracto y teórico, en oposición a una realidad concreta que se vivía en las comunidades indígenas, la de una amenaza a su integridad física y cultural, más que la de una oportunidad para el desarrollo socioeconómico. Por otra parte, denunciaba la falta de equidad en la participación indígena en la mesa de diálogo. Los espacios que ésta ofrecía, según Jacanamijoy, no les daban la oportunidad de expresarse con respecto a la realidad de los pueblos indígenas en cada país, como lo hacían los delegados de los gobiernos. Finalmente, temía que la participación del sector indígena en los trabajos del grupo fuese interpretada como sinónimo de consulta, lo que implicaba que el sector indígena estaba conforme con las políticas definidas por los gobiernos. Según Jacanamijoy, las prácticas de las empresas en territorios indígenas aparecían como buenas en teoría, pero no lo eran en la práctica y la participación de las comunidades seguía siendo un problema. Después de denunciar el hecho de que las multinacionales y el Estado desconocían el proceso de organización de los indígenas para negociar directamente con las comunidades, este último llamó a una participación real en la evaluación de los impactos ambientales, junto con el Estado y las empresas, e invitó a elaborar un plan de trabajo. Finalmente, enfatizó que el proceso de diálogo tripartito debía “bajar” al nivel nacional, en cada país participante al programa EAP.

91Por otro lado, la COICA deseaba ampliar el diálogo a otros sectores e incluir a las ONG ecologistas e indigenistas. Cabe recordar que éstas participaron en los diálogos de Harvard sobre el petróleo, que fueron el origen de este diálogo tripartito. En la medida en que las ONG son los aliados objetivos de las organizaciones indígenas, especialmente en la región amazónica, no era para nada sorprendente que tanto los indígenas como los ecologistas pidieran que se sumaran al proceso. En cierto sentido, las ONG eran ya parre del diálogo puesto que uno de los pilares del programa de capacitación del “diálogo tripartito regional” estaba basado en la colaboración de dos ONG internacionales especializadas en la mediación y el manejo de conflictos: PONSACS en Estados Unidos y FFLA en Ecuador. Sin embargo, lo que pedía la COICA era asociar las ONG al programa en su conjunto. Cierto es que éstas surgieron como respuesta a los problemas no resueltos por el Estado y el sector privado, en particular en el ámbito ambiental189.

92Los temas de preocupación planteados por la COICA en la reunión de Cartagena reflejan cierta desconfianza hacia los sectores privado y estatal de la industria petrolera. Esto pone de manifiesto, sin lugar a duda, un problema crucial en el proceso iniciado por el programa EAP, y es la falta de confianza y de respeto mutuo, en la que debe descansar cualquier tipo de diálogo. En el transcurso de los debates apareció, en varias oportunidades, la necesidad de redefinir el papel del Estado, sea para ampliarlo o para aclararlo en lo que atañe a las actividades petroleras en un entorno sensible y en territorios indígenas. En ciertos casos, esto tiende a confundirse con una inflación normativa y con la multiplicación de las leyes y los reglamentos. Pero cabe precisar que esto no basta, como lo destacó Ricardo Quijano, profesor de la Universidad de Calgary: si se desarrolla la normatividad sin un proceso de concertación, ésta no es aplicable y las posturas se vuelven conflictivas; desde luego, cabe reflexionar desde las tres perspectivas —la del Estado, la de la industria y la de las comunidades— para mejorar el proceso, los mecanismos y los instrumentos.

93Uno no puede sino alegrarse de que las partes involucradas hayan logrado mantener relaciones cordiales, pese a la dificultad del ejercicio y la complejidad que representaba simultáneamente la situación en varios países de la región. Sin embargo, las organizaciones indígenas seguían teniendo muchas preocupaciones. En la reunión, aparecieron ciertas tensiones en el momento en que éstas tomaban la palabra. En particular, ciertos miembros de los gobiernos y de la industria petrolera manifestaron su indignación por la satanización de la que eran objeto y rechazaron lo que ellos calificaban de “visión maniquea”. Por otra parte, apareció cierta división en el seno de las organizaciones indígenas, que el encuentro no necesariamente reflejaba, por falta de participantes en la tribuna. Es así como el senador inga colombiano Marceliano Jamioy tomó la palabra en la ceremonia de clausura para expresar su desacuerdo con la opinión de ciertos representantes indígenas. En particular, él insistió en la necesidad de valorar el aporte de la actividad petrolera en los programas de desarrollo y destacó los cambios de actitud por parte de la industria y la creciente integración de criterios sociales y ambientales en esos programas. Esta toma de posición fue criticada duramente por la ONIC, en una carta dirigida a Jamioy, el 16 de junio de 2000. En esta carta, la ONIC pidió al senador que se retracte, bajo pena de quitarle su apoyo.

94Es quizá allí donde el proceso de diálogo tripartito encuentra sus límites, ya que el sector indígena no es tan homogéneo como para hablar con una sola voz. Lo mismo se puede decir de la COICA, cuya representatividad no puede extenderse a todas las comunidades de la región amazónica, aunque ésta asuma un papel político innegable en el plano internacional. El mismo Jacanamijoy repitió en varias oportunidades que la Coordinación no cumplía un papel de delegado y, por lo tanto, no tenía el poder de negociar a nombre de las comunidades indígenas de la región amazónica. Al fin y al cabo, la agenda del programa EAP estaba cargada y había permitido llegar a resultados notorios en dos años. La reunión de Cartagena reflejó un avance en las relaciones entre las partes involucradas. Sin embargo, esta eficiencia no debe esconder el principal objetivo del grupo de trabajo, que consistía en facilitar el diálogo entre la industria, el Estado y las organizaciones indígenas. Si uno no tiene presente en el espíritu este elemento fundamental, se corre el riesgo de introducir una confusión entre diálogo y negociación. Ahora bien, cabe insistir que la COICA no desea entrar en una relación así en el marco del programa.

95Un ejemplo de bloqueo apareció cuando la Coordinación se negó a ratificar el borrador de “Guía socio-ambiental” presentado por la empresa canadiense ESAA (Environmental Service Association of Alberta) junto con ARPEL y el Banco Mundial. En la medida en que la COICA se niega a ampliar el debate sobre la puesta en marcha de proyectos sustentados por empresas, la propuesta de realizar este proyecto antes de julio de 2000 fue rechazada. Después, el proyecto fue entregado por ARPEL a un comité de gestión, bajo la autoridad del coordinador de relaciones comunitarias, Santiago Reyes. Este trabajo se confió a otra empresa canadiense E 2 Environmental Alliance Inc., cuya propuesta seguía en discusión en el 2003.

Conclusión: conflictos y gobernabilidad democrática en la región amazónica

96En los años de la “década perdida” se había generalizado la toma de conciencia de la crisis del modelo de desarrollo capitalista utilizado durante medio siglo en América Latina. La década del noventa fue la de la convergencia de los actores sociales e institucionales hacia la búsqueda de un nuevo modelo. La convergencia de los movimientos ecologistas y de las organizaciones indígenas alcanzó su máximo significado en la Cumbre de Río, aunque subsistieran unas diferencias de naturaleza y de estrategia en el seno de estas organizaciones. Se aceleró la convergencia de los Estados-naciones de la región amazónica, hasta ese entonces poco interesados en hacer del TCA un instrumento de integración de las políticas públicas. Esta evolución muestra que los movimientos sociales, estudiados en el capítulo anterior, tienen una incidencia decisiva en las condiciones en que se toman las decisiones políticas públicas analizadas en el capítulo 2 de este libro.

97Cierto es que el concepto de desarrollo sostenible, común en el “Informe Brundtland” y en la ”Declaración de Río” no es una panacea. Su interpretación queda, además, sometida a discrepancias notorias entre los movimientos ecologistas e indígenas y los actores institucionales y económicos. Sin embargo, expresa de manera clara la necesidad de redefinir las modalidades del desarrollo, atribuyendo a este sustantivo (desarrollo), que evocaba tantos efectos perversos para las sociedades dependientes que amenazaba con volverse un caparazón vacío, un adjetivo (sostenible) que devolvió toda su importancia al largo plazo y hasta al muy largo plazo. Esto es válido, particularmente, en lo que atañe al desarrollo de las actividades petroleras en la cuenca amazónica, que hasta ahora ha servido para financiar más la integración de la región en los mercados mundiales que para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. Se hizo patente, en la década del noventa, que el impacto socio-ambiental de las políticas petroleras había sido desastroso, como lo muestran el estudio del caso Texaco en Ecuador, o los informes sobre la violencia y la pobreza que se desencadenan a lo largo del oleoducto Caño Limón — Coveñas, en Colombia. En efecto, estas políticas tuvieron efectos desastrosos para el medio ambiente, al llevar la contaminación y la deforestación a niveles sin precedente, y también para las poblaciones indígenas, al acelerar la colonización agraria y el cambio social no controlado.

98La irrupción de las organizaciones étnicas en el campo del poder tuvo, desde luego, el efecto de dar una nueva legitimidad a unos movimientos sociales exógenos, procedentes de países del Norte, cuya acción se limitaba entonces a presionar a los gobiernos y a los organismos internacionales a través de campañas de lobbying y de manifestaciones sin mucha envergadura. Esto no significa, por lo tanto, que las organizaciones indígenas se hayan convertido en un simple ”valedor” de los movimientos ecologistas, como se temía por los ecos de la demanda contra Texaco. En realidad, estas organizaciones se liberaron muy pronto de la mediación ventrílocua tras tomar directamente la palabra en los foros internacionales, exigiendo ser reconocidas por lo que eran, y no por lo que representaban ante los ojos de un Occidente con ganas de exotismo. La liberación de la mediación ventrílocua significó la institucionalización de la COICA y el paso de una estrategia defensiva a otra ofensiva, igualmente puesta en marcha por los movimientos indígenas andinos. Pero a diferencia de su homólogo andino, el movimiento indígena amazónico tomó conciencia, de pronto, de que tenía más que ganar en una negociación bien llevada a cabo antes que con una confrontación radical cuya salida era incierta. Se puede ver allí una manifestación de la tradicional línea de fractura entre etnicidad y lucha de clases, de la que el capítulo anterior trató detenidamente.

99A partir de 1997, la institucionalización de la COICA tomó una dimensión nueva con el “diálogo tripartito regional”, abierto bajo los auspicios del PONSACS y acogido por el Banco Mundial y la OLADE, ante el cual hemos visto que las organizaciones indígenas nacionales se habían quedado un tanto atrás. Este diálogo no significa que la COICA se haya convertido en el interlocutor exclusivo de la industria y el Estado en la definición de las políticas petroleras, sino que da un significado nuevo a la demanda de participación expresada por las organizaciones locales. Lo que está en juego no es la negociación sino la definición de los términos de la negociación. Es, en cierta manera, un ejercicio de acción comunicadora en el cual los participantes se esfuerzan por llegar a una definición común de la situación, mediante el reconocimiento ínter-subjetivo de la pretensión de validez, para usar la terminología de Habermas. Esto explica la insistencia de la COICA para no comprometerse en un proceso de negociación, pese a la impaciencia de los actores económicos e institucionales por lograr un acuerdo global.

100No se puede negar que el diálogo tripartito impulsado por el Banco Mundial es parte de una estrategia global, en la que se trata de acelerar la armonización de las políticas públicas petroleras, neoindigenistas y ambientales. Ahora bien, la participación de la COICA en este diálogo es justamente la garantía para que las organizaciones indígenas puedan ejercer un contra poder frente a los organismos internacionales y el Estado. En este sentido, se trata de un primer paso en la institucionalización de los conflictos socio-ambientales y su incorporación a la gobernabilidad democrática de la región amazónica. Cabe destacar, al respecto, que la mera estrategia de la COICA es una estrategia global, que busca coordinar las acciones de las organizaciones locales a escala regional para dar un eco mundial a sus preocupaciones y sus reivindicaciones. Por lo tanto, la imagen maniquea del combate entre David y Goliat, que ciertas organizaciones ecologistas radicales utilizan para reforzar su legitimidad y su capacidad de movilización, ofrece una visión reductora de los conflictos socio-ambientales. Así mismo, la teoría de los regímenes internacionales, que algunos invocan para explicar la resistencia de las organizaciones indígenas a la violencia de la modernidad, no da cuenta de la diversidad ni tampoco de la complejidad de los conflictos a escala local, como lo veremos en el siguiente capítulo.

101Los capítulos anteriores mostraron cómo, para forzar al Estado a llevar a cabo nuevas políticas públicas de desarrollo y políticas ambientales e indigenistas, los movimientos ecologistas e indígenas tuvieron que aliarse y presionar a los organismos internacionales comprometidos con una doble estrategia de conservación y desarrollo sustentable. Hemos visto, además, que la toma de conciencia de los impactos socio-ambientales de las actividades hidrocarburíferas en el departamento de Arauca en Colombia y en la provincia de Sucumbíos en Ecuador habían incrementado, sin lugar a duda, la capacidad de presión de las poblaciones afectadas sobre los actores institucionales. Cabe ahora preguntarse si la convergencia de la etnicidad y del ecologismo lleva a una revisión de estas políticas públicas a escala nacional, así como a una modificación de las prácticas del Estado y de las empresas en la explotación de los recursos naturales.