Introducción

1A diferencia de la etnicidad, de la que hemos propuesto su estudio como un proceso social ofensivo, que nutre un proyecto de organización, la ecología debe ser analizada como un proceso social defensivo, que resulta de un triple efecto de educación, adaptación y proximidad, provocado por las grandes amenazas o las catástrofes ecológicas. De hecho, el efecto demostrativo de estas catástrofes, como la explosión de la central nuclear de Tchernobyl (04/1986), el naufragio del buque petrolero Exxon Valdez en las proximidades de Alaska (03/1989) o la contaminación petrolera en la Amazonia ecuatoriana en las décadas del setenta y ochenta, es decisivo para la conformación de una percepción práctica que valorice la necesidad de proteger el medio-ambiente, en la que se puede ver un proceso de globalización de la ecología.

2La situación actual de la región amazónica ecuatoriana y colombiana resulta del modelo de explotación de los recursos naturales impulsado desde la época colonial. En efecto, desde ese entonces, la explotación obedece a un modelo depredador de valorización, conforme a criterios individualistas a corto plazo e inspirados por intereses exógenos. Es así como se establecieron relaciones de tipo colonial, tanto por la naturaleza de economía de enclave que caracteriza a la región, como por el enfrentamiento histórico entre el Estado y las empresas por un lado, y los indígenas por el otro. La irrupción de la modernidad en la Amazonia se produjo en cuatro etapas: el período que separa el descubrimiento y establecimiento de las primeras misiones católicas en los siglos xvi-xviii, el auge de la economía mundial del caucho en el siglo xix, la colonización agrícola y la creación de los primeros centros de comercio en la primer mitad del siglo xx, y la irrupción del capitalismo moderno con la entrada de las empresas nacionales y multinacionales en la región en la segunda mitad del siglo xx.

3Desde la segunda mitad de la década del ochenta y más que todo tras la Cumbre de Río, en junio de 1992, la Amazonia se volvió el punto de convergencia de las políticas y los movimientos ecologistas internacionales. En la medida en que la región concentra el 70 % de los bosques tropicales del mundo, parece lógico que la deforestación sea el principal tema de preocupación, aunque otros problemas le sean concomitantes, como la contaminación o los conflictos socio-ambientales provocados por las industrias extractivas (Castaño Uribe, 1993: 21). Las alternativas a la deforestación se articulan alrededor de dos grandes tipos de acciones políticas, estrechadamente vinculadas con la etnicidad: por un lado la elaboración de programas de “desarrollo sustentable117, por el otro, la elaboración de programas de conservación del medio ambiente.

4Esta preocupación por preservar la Amazonia remite a una doble problemática ambiental y geopolítica. Por una parte, refleja la toma de conciencia, en el ámbito internacional, de los límites del desarrollo industrial, tanto entre las ONG y la sociedad civil como entre los organismos multilaterales que conforman el sistema institucional internacional. Por otra parte, plantea el problema de la soberanía nacional de los países miembros y la legitimidad de políticas que puedan ir en contra del interés general, en el plano global. En la perspectiva de los movimientos sociales ecologistas, esas dos problemáticas se cruzan para cuestionar de una forma nueva el modelo de desarrollo Occidental. Es así como, a través de la ecología política y del desarrollo sustentable, la Amazonia se incluye en un proceso de globalización y se articula con los dos paradigmas ya identificados en el proceso macro social: la política petrolera y la etnicidad.

5Algunos consideran que la convergencia de los movimientos ecologistas e indígenas es la expresión de un “gobierno invisible” que responde a las fuerzas transnacionales emergentes. Así, según Brysk, la “teoría del régimen internacional” ofrece el mejor punto de partida para el análisis de la evolución de los derechos indígenas (A. Brysk, 1994: 30). Los movimientos sociales que disponen de recursos limitados pueden ganar influencia al asociar sus preocupaciones con un régimen internacional: la alianza aumenta el poder de los activistas. Brysk considera que las organizaciones ecologistas disponen de mayor libertad que las organizaciones de defensa de derechos humanos, en parte gracias al relativo consenso que reina en el seno de la comunidad científica, en parte porque los problemas del medio ambiente no cuestionan la soberanía nacional de manera tan explícita como las violaciones de derechos humanos.

6Sin embargo, esta tesis está en parte invalidada en el caso de las actividades petroleras. En efecto, en Ecuador al igual que en Colombia, la propiedad y el usufructo del subsuelo es del ámbito estatal. La explotación de los yacimientos petrolíferos es una apuesta bastante estratégica como para constituir un obstáculo mayor a la acción de los movimientos sociales y las multinacionales, incluso si la dependencia de ambos países hacia los mercados mundiales repercute en su soberanía nacional. En realidad, se necesitan otros elementos para garantizar el éxito de movimientos sociales del tipo de los que se constituyen alrededor de la et-nicidad y la ecología. En el ámbito nacional, las relaciones de saber y la sinergia de competencias permiten explotar todos los recursos legales a fin de resistir a una actividad a menudo nefasta para las poblaciones locales. Así mismo, las reformas constitucionales ofrecen un marco indispensable para facilitar el ordenamiento de estrategias transnacionales o globales. Finalmente, como acabamos de ver, las organizaciones indígenas deben invertir la tendencia asimilacionista impulsada por el Estado, para operar una reconstrucción identitaria, primicia de cualquier estrategia étnica.

La irrupción de la modernidad en la Amazonia

7La cuenca amazónica recorre unos 7,35 millones de km², repartidos entre siete países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela—, que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)118. Brasil ocupa alrededor de dos terceras partes del total (el 67,8 %), Perú el 13%, Bolivia el 11,2%, Colombia el 5,5%, Ecuador el 1,7%, Venezuela el 0,7% y Guyana el 0,1%. Entonces se puede decir que Ecuador y Colombia ocupan un lugar secundario en la cuenca amazónica, comparado con los tres países que abarcan más del 90 % del conjunto. Por el contrario, la importancia de la Amazonia en ambos países es bastante grande, ya que representa el 45% del territorio nacional en Ecuador (123.000 km²) y el 36% en Colombia (406.000 km²) Es menos que el 75% de Bolivia y Perú o que el 58 % de Brasil, pero mucho más que el 5,8% de Venezuela y el 2,7% de Guyana. (Cf. Espinosa Garcés 1993: 21-22; Pazmiño Freire et al. 1993: 322; Ortiz y Varea 1995: 39-40; y TCA 1991: 13)119.

Ocupación humana y biodiversidad en la cuenca amazónica

8La preponderancia de Brasil en la región amazónica fue determinada por la conquista de los mares por parte de los europeos, cuando el Papa Alexander VI estableció una división entre las posesiones portuguesas y españoles, a unos 100° de longitud al oeste de las Azores, en 1493. Un año después, aquella línea fue desplazada a 370° de longitud al oeste del Cabo Verde, durante un encuentro entre los representantes de las coronas de Portugal y Castilla, en el monasterio de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas permitió así a Portugal apropiarse de las tierras del actual Brasil, descubiertas en 1500 por Pedro Álvarez Cabral. No obstante, la colonización de la Amazonia brasileña no empezó realmente sino en la segunda mitad del siglo xx. En Perú, la primera carretera entre la costa del Pacífico y Pucallpa, puerta de la Amazonia, no se abrió hasta 1943. En Brasil, la colonización continuó con la apertura de la carretera Brasilia—Belem en 1960 y de la carretera transamazónica Cuibá-Santarém en la década del setenta. En cuanto a la Amazonia venezolana, ésta quedó al margen hasta finales de la década del sesenta, cuando Brasil abrió la carretera del Roraima, para comunicar la región industrializada del Orinoco y llegar a la costa caribeña. En la misma época, la Amazonia boliviana se desenclavó con la apertura de la carretera Cocha-bamba-Santa Cruz (J. De Onis, 1992: 44, 55-56).

9En Ecuador y Colombia, las primeras vías se abrieron en la década del sesenta, en el momento en que se intensificaba la exploración petrolera en el Napo-Pastaza, el Alto Caquetá y el Putumayo. Según los últimos censos disponibles en 2000, la Amazonia colombiana contaba con aproximadamente 643.147 habitantes en 1993, repartidos entre seis departamentos —el Caquetá, el Putumayo, la Guainía, el Gaviare, el Vaupés y el Amazonas— , mientras que la Amazonia ecuatoriana contaba con unos 372.533 habitantes en 1990, repartidos entre seis provincias: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (DANE, 1993; INEC, 1990). En su conjunto, la población amazónica del Ecuador representa el 3,9% de la población nacional, mientras que la población amazónica de Colombia representa el 1,9%.

10La formación de la cuenca amazónica se remonta a 70 millones de años, cuando la elevación de la cordillera andina provocó la formación de una amplia extensión de agua dulce en la parte central de la cuenca, que duró la mayor parte del Terciario. Los sedimentos que se depositaron a lo largo de dos períodos de inundación alcanzaron hasta 2 000 m de grosor. La separación de ambas partes del dominio amazónico —conformado por los escudos brasilero y guyanés— se produjo a principios del Cuaternario o Pleistoceno, hace unos 3 millones de años. Según Meggers, los escudos de las Guyanas y de Brasil están entre las más antiguas formaciones geológicas del planeta y deben haber sido parte de las montañas de un continente desaparecido hace 600 millones de años (B. Meggers, 1976: 29). La erosión en acción durante millones de años les redujo a cerros redondos, cuyos suelos son moderadamente fértiles ya que fueron lavados de todos los minerales solubles. Esta parte, llamada “tierra firme”, representa el 98 % de la cuenca amazónica, estando conformado el resto por las partes inundables o várzea.

11La adaptación humana a este medio ambiente dio lugar a tres tipos de cultivos según el relieve y el clima: los cultivos de tierra firme, basados en una agricultura cíclica, el barbecho y la roza y quema; los cultivos de várzea, basados en una agricultura itinerante y secundaria si se compara con la caza, la pesca y la recolección; y los cultivos de la llanura, basados en la agricultura extensiva y la ganadería. La generalización de la agricultura intensiva en las regiones de tierra firme tuvo consecuencias desastrosas para los suelos, en la medida en que descansa principalmente en el desbrozo. Ahora bien, la destrucción de la vegetación superficial expone el suelo al sol, lo que no sólo acelera el deterioro de los nutrientes y de su estructura física, sino que también impide su renovación.

12La condición relativamente inadecuada de las tierras amazónicas para la agricultura intensiva se compensa por su extrema riqueza biológica. Durante el Pleistoceno se conformaron terrazas de sedimentos arcillosos, ubicados entre los 150 y los 200 m de altitud, que constituyen en la actualidad islotes de megadiversidad biológica y que forman parte del sistema de áreas naturales protegidas de los países de la región amazónica. A inicios de la década del noventa, esta región albergaba unas 90.000 especies de plantas superiores (entre las cuales más de 2.000 fueron censadas como útiles120 y 4.000 como aptas para la construcción), 2,5 millones de especies de artrópodos, 2.000 especies de peces y 300 especies de mamíferos. Esta situación permitía a Ecuador y Colombia ocupar un rango privilegiado entre los países que albergaban la mayor diversidad biológica. Es así como Colombia era el país que contaba con el mayor número de especies de aves censadas en el mundo (entre 1.720 y 1.754), por delante de Perú, Brasil, Indonesia y Ecuador (que cuentan entre 1.450 y 1.550). Colombia y Ecuador ocupaban respectivamente el segundo y el tercer rangos mundiales por los anfibios (respectivamente con 386 a 407 y con 350 a 358 especies censadas), el sexto y el séptimo rangos por las mariposas de cola larga (unas 60 especies censadas) y los reptiles (cada uno con 383 y 345 especies censadas). Colombia ocupaba el séptimo rango mundial por la diversidad de especies mamíferas que albergaba (359), por delante de Ecuador (320) y detrás de Indonesia, México, Brasil, Zaire, la China y Perú (Castaño Uribe op. cit.: 23; TCA op. cit.: 19-20).

13La política de delimitación de áreas naturales protegidas empezó en la década del sesenta, con la creación de 15 zonas de este tipo, pero no tomaron una verdadera importancia hasta la década del setenta —con la creación de 25 zonas— y se confirmó su importancia en la década del ochenta, con la creación de 45 zonas. Esta política apuntaba a definir espacios protegidos endémicos, es decir a partir de los cuales las especies animales y vegetales pudiesen asegurar su reproducción y desarrollarse, según el modelo de islotes de reproducción endémica surgidos en la era del Pleistoceno. La superficie mínima para que estos espacios permitiesen un nivel de reproducción satisfactorio varía entre 200.000 y 1 millón de hectáreas, según los autores. Sea lo que fuere, admiten que mientras un área protegida sea más estrecha o dividida, menos posibilidades de reproducirse tienen las especies (J. Lovejoy 1985: 335-336; T. Walshburger 1992: 269-270; Anderson 1990).

14En la década del noventa, la cuenca amazónica contaba con un centenar de espacios naturales protegidos, que abarcaban una superficie total de 34 millones de hectáreas. Siguiendo la tipología de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), estas áreas se dividían en 43 parques nacionales o públicos, 14 reservas naturales o nacionales, 14 reservas biológicas, ecológicas o de producción faunística, 3 refugios de vida silvestre, 13 estaciones ambientales o biológicas, 5 santuarios de fauna y flora o santuarios históricos y 4 monumentos nacionales121. En la Amazonia ecuatoriana, los espacios protegidos representaban entonces 2,2 millones de hectáreas, repartidas entre las reservas ecológica y biológica de Cayambe Coca y Limoncocha, la reserva de producción faunística Cu-yabeno y los parques nacionales Sangay, Yasuní y Podocarpus. En la Amazonia colombiana, abarcaban alrededor de 5 millones de hectáreas, repartidas entre los parques nacionales Purace, Los Picachos, Tinigua, Macarena, Nukák, Puinawai, La Paya, Chiribiquete, Cahuinari y Amacayacú, a los cuales se añadían 18,5 millones de hectáreas de resguardos (Castaño Uribe op. cit.: 41-49, 103).

Violencia de la modernidad en la Amazonia

15La modernidad irrumpió en la Amazonia con el descubrimiento del río bautizado Amazonas por Francisco de Orellana, en 1541. En el momento de la Conquista, esta región estaba probablemente poblada por unos 2 000 grupos étnicos que representaban alrededor de 7 millones de personas (TCA op. cit.: 31). Las primeras víctimas de la Conquista fueron los pueblos ubicados en las riberas de los ríos y las planicies inundables (várzea), en particular los omagua y los tapa-jós, que habrían desaparecido completamente a finales del siglo xvii (es decir 150 años después de la llegada de los españoles y portugueses). La inmensidad de las tierras internas (tierra firme) y la relativa dificultad de acceder a éstas ayudó a que los demás habitantes encontraran refugio allí hasta el siglo xix. Las primeras exploraciones de la región amazónica habían empezado en 1538 con la expedición de Gonzalo Díaz de Piñeda, a lo largo del río Napo, en búsqueda de oro y canela (M. E. Reeve 1987: 58-60). Este último fue seguido por Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro (hermano del conquistador), entre 1540 y 1542. En la misma época, Hernando de Benavente recorrió la región de Macas, Quiz-na y los Pacamoros. En 1557, Salinas Loyola exploró el río Marañón para la corona de Castilla, al este de Santiago de las Montañas, donde encontró el río Pas-taza y el lago Rumicha.

16A partir de 1615, los portugueses reforzaron su presencia al oeste de la línea de Tordesillas, pero los primeros intentos de colonización agrícola fracasaron, a la inversa de las primeras iniciativas de los buscadores de oro y esmeraldas. El marco administrativo del primer siglo de la conquista fue diseñado por los españoles. El proceso de colonización sometió a los grupos indígenas a diversos grados de contacto o integración, conforme al tipo de frontera colonizadora (extractiva, esclavista, misionera), a la forma de organización socio-política del grupo (caciquismo, bandas, sociedades tribales) y a su ubicación geográfica (G. Andrade et al., 1993: 141). Desde la Conquista, los objetivos políticos, ideológicos y económicos de la Corona, la Iglesia y los colonos entraron en una relación dialéctica de competencia y complementariedad. En efecto, para la Corona, era preciso someter a la población y controlar el territorio amazónico. Por su lado, la Iglesia buscaba evangelizar a los indígenas y emplearlos en sus misiones. En cuanto a los comerciantes y colonos, querían explotar los recursos humanos y naturales con fines económicos. Sin embargo, tanto los soldados como los misioneros y colonos estaban involucrados simultáneamente en actividades económicas, militares y eclesiásticas, en cada una de las cuales buscaban mejorar su posición personal con actividades ilegales. Además, los misioneros y la Corona entraron de pronto en competencia por el acceso a la mano de obra indígena calificada. Ahora bien, como lo destacan Domínguez y Gómez, si los misioneros se negaban totalmente a que los indios fuesen utilizados para las obras públicas, se convertían de hecho en enemigos de la Corona. Esto explica en parte por qué los jesuítas fueron expulsados a menudo de la región amazónica y de América Latina en general (Domínguez et al., 1994: 20).

17La Corona española y la Iglesia católica encontraron, sin embargo, el mismo interés en aunar sus esfuerzos en los siglos xvi-xviii para penetrar en la Amazonia. Como lo anota Whitten, la expansión territorial de la Iglesia representaba una excusa para la política extractiva de la Corona en el reinado de Quito (Whitten, 1987: 237). Fundaron los primeros establecimientos misioneros en la Amazonia ecuatoriana entre 1559 y 1562, en los pueblos de Baeza, Ávila y Ar-chidona, en el momento en que se creaban las provincias de los Quijos, Sumaco y Canela, en 1561. En aquella época, se fundaron seis villas españolas: Ávila, Ar-chidona y Alcada del Río en la región de Quijos; Nuestra Señora del Rosario, Sevilla de Oro y Logroño en la región de Macas. El pueblo de Canelos fue fundado por la misión dominica, que había de trasladarse luego a la ribera izquierda del Bobonaza para escapar a los asaltos repetitivos de los “jíbaros”122. Las primeras misiones establecidas en la Amazonia colombiana fueron las de El Caguán, San Juan de Llanos y Mocoa, fundadas en 1555-1557. Los franciscanos tomaron como eje de desarrollo el río Putumayo y emprendieron un camino entre Caguán y Popayán, donde se encontraba la diócesis, mientras organizaban una red de comunicaciones que les permitiera viajar hasta el Alto Magdalena (Ceja de Andaquíes). En la misma época, Francisco Pérez de Quesada fundó los primeros establecimientos de oro de Mocoa y Ecija de Sucumbíos, los cuales fracasaron debido a la resistencia de los cofanes y secoyas.

18Para atraer a los grupos étnicos de los pueblos en reducción, los misioneros les ofrecían regalos, que consistían en general en hachas y herramientas metálicas. Cuando esto no bastaba, apelaban entonces a la fuerza armada, en particular para impedir las deserciones. Inauguraron así el sistema de endeudamiento que habría de funcionar hasta el siglo xx, gracias al cual los misioneros, los comerciantes, el Estado y luego los caucheros iban a obtener la mano de obra barata necesaria para las actividades extractivas y la agricultura alimenticia que caracterizaría la economía amazónica hasta la irrupción del capitalismo, en la década del cuarenta. Desde finales del siglo xvi se organizó el sistema de encomiendas123, que perpetuaba el establecimiento de las misiones. Este sistema se expandió en la década de 1620, a la misión del Caguán, luego a los gobiernos de los Quijos y Macas, alrededor de los pueblos de la Sierra y del Marañón, donde se les traía a los indígenas procedentes de regiones a veces tan lejanas como el Pastaza o An-doa, para convertirles en tributarios de la Corona. Fue en aquella época cuando se inició la penetración de los jesuítas en la región. Ésta había empezado en 1605, con la misión del padre Ferrer, por los ríos Aguarico, Napo y Marañón. Tras la integración del Marañón al reinado de Quito, en 1619, los jesuitas establecieron misiones en la provincia de Mainas, ésta estaba dividida en 21 encomiendas. Mientras que los dominicos fundaron apenas dos misiones duraderas —Canelos y Andoas— a principios del siglo xvii, en la región del Alto Bobonaza y del Alto Pastaza, los jesuitas abrieron 13 en 35 años, entre los ríos Huallaga, Marañón, Curaray y Bobonaza. A finales del siglo xvii, se establecieron en las riberas del Guaviare y sus afluentes, para fundar la misión del Gran Airico.

19Un nuevo tipo de dominación se impuso a los indígenas, cuyas bases pueden resumirse en el tríptico: inferioridad ontológica de los indígenas, exclusión de éstos de las negociaciones comerciales y sumisión a la autoridad del cura (Ibíd.: 245). El sistema jerárquico instaurado por los misioneros se amparaba en la nominación de un gobernador, un alcalde, varios tenientes y capitanes, cuya autoridad la simbolizaba la vara de justicia124. Por su parte, la gobernación se aprovechaba de las “justicias” para movilizar la mano de obra necesaria para la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras y edificios públicos. De la misma manera, los colonos podían aprovechar el “sistema de justicia” al pagar al Estado un derecho de acceso a la mano de obra censada. El capitán asumía un papel similar al de los “justicias”, ya que estaba encargado de convencer a la población de los municipios y recintos alejados de que trabajaran para los blancos, y cobraba las multas por ausentismo a este trabajo o a las “doctrinas” (B. Muratorio 1998: 134-136).

20Sin embargo, la única población estable de las encomiendas al parecer fue la población blanca y sus empleados procedentes de la Sierra. Según Pineda Ca-macho, en 1678 el régimen encomendero de la misión de Caguán estaba en decadencia y los misioneros tuvieron que huir de los ataques de los andoke llevando a los indígenas hacia el Alto Magdalena, donde éstos fueron reubicados en los municipios de Suaza, Timamá, las minas de Mariquita o, incluso, en la misión franciscana de San Juan de Llanos (en Andrade et al., op. cit.: 150-151). Los municipios del Putumayo fueron abandonados poco a poco hasta finales del siglo xviii. Andoas sumaba apenas 550 indígenas en 1727. Así mismo, la misión de Canelos estuvo abandonada durante la mayor parte del año y no sirvió más que para celebrar algunas fiestas; a mediados del siglo xviii, su población alcanzaba apenas 40 personas. A partir de 1740, los jesuitas dejaron la región del Alto Napo y el Pastaza para concentrar sus esfuerzos hacia Iquitos y Yameos. Fracasaron en su intento de restablecer la misión del Curaray, abandonada desde años, ya que fueron expulsados por Carlos III en 1767. Los dominicos, por su lado, se mantuvieron en la región del Bobonaza, donde fundaron tres nuevas misiones en 1789 (Reeve op. cit.: 58, 61-70, 72-74).

21Las rebeliones y las fugas masivas de los indígenas obligaron a los encomenderos a penetrar más al este para reclutar por la fuerza a los indígenas considerados “salvajes”, como los coronados, omaguas y abijiras del Napo o los maina, cocama y jíbaro del Marañón. Empero, no queda la menor duda que los primeros intentos de agrupación de las poblaciones indígenas operados por los misioneros provocaron una catástrofe demográfica, como lo muestran las estadísticas de la gobernación de los Quijos, donde la población cayó de más de 30 000 a 2.890 entre 1569 y 1609. La huida de los indígenas se explicaba por su desesperación al ser obligados tanto a vivir arrinconados en pueblos donde la viruela, la gripe, el sarampión o la tuberculosis eran endémicos, como a trabajar para los misioneros o los funcionarios de la Corona. Paradójicamente, esta caída demográfica, asociada con los levantamientos indígenas, ayudó a contener la penetración colonizadora hasta principios del siglo xix, cuando surgió una nueva ola de conquistadores procedentes de la Sierra en busca de oro y recursos naturales. De la misma manera, el Pastaza quedó aislado tras una epidemia en 1660, la cual diezmó las tres misiones jesuítas fundadas por el padre Cueva, durante su viaje entre el Pastaza y el Bobonaza. De tal suerte que se puede considerar que el impacto de los primeros establecimientos misioneros fue relativamente limitado en el espacio y la organización socioeconómica de las comunidades indígenas, que fueron relativamente poco afectadas (Cf. C. Zárate, 1993: 27; J. Uquillas, 1993 a: 170; y Reeve op. cit.: 63).

22Siguiendo aquella tesis, el relativo aislamiento en el cual el Estado dejó a los indígenas tras la Colonia les ayudó a preservar un proceso de estructuración bastante autónomo. Es así como el primer intento de dibujar el mapa de la Amazonia no superó el estadio de proyecto político. Como lo destaca Restrepo, las poblaciones indígenas nunca fueron consideradas como actores fundamentales para el desarrollo de la región amazónica, más bien fueron consideradas un obstáculo (M. Restrepo, 1993: 154). Estas poblaciones entraron en contacto de varias formas y en diversos grados con los actores exógenos desde la Conquista, pero su resistencia a la penetración de aquellos actores se facilitó hasta inicios del siglo xx por la escasa presencia del Estado y la falta de planificación en la ocupación de las tierras consideradas baldías. Es así como la proclamación de la República del Ecuador, en 1830, dejó a la Amazonia como un espacio al margen, si se compara con la Costa y la Sierra, las dos regiones donde se decidía la política económica del país. El Oriente no aparece en las seis primeras constituciones del país. Aún en la Constitución de 1861 no es mencionado sino como una provincia cuyo estatuto tendrá que ser definido por una ley especial “hasta que su población y los progresos de su civilización le permitan gobernarse como las otras”. La creación del territorio del Caquetá, en 1845, no bastó tampoco para colonizar la Amazonia colombiana. Sin embargo, el Estado colombiano demostró un interés más precoz para la colonización dirigida, como lo muestra por ejemplo la creación de una administración local en 1846, en una época en que se desarrollaba el tráfico de esclavos en la región (Domínguez et al., op. cit.: 27-30).

23Las misiones fueron entonces intentos para compensar, en diversas épocas, esa debilidad de la administración estatal, pero lo que caracteriza a la época moderna y va desde la primera expulsión de los jesuitas hasta su regreso en la región (1767-1870), es un vacío administrativo por el cual el Estado perdió el control adquirido bien o mal por la burocracia real. En ese entonces se abtió la vía a los soldados que buscaban oro, a los comerciantes y demás aventureros que se apropiaron de la región. Empero en la segunda mitad del siglo xix, la participación de la Iglesia en el proceso de colonización conoció un nuevo despliegue, en particular tras la firma de los concordatos con el Vaticano, en 1863 para el Ecuador y en 1887 para Colombia. El objetivo de esos acuerdos era “moralizar” el país, crear una cohesión política a través de la acción eclesiástica, mediante el control de la educación formal, la cultura y la vida cotidiana. El gobierno de García Moreno aprovechó este marco para asociarse con los misioneros de la Compañía de Jesús (regresados al Ecuador entre tanto) y asignarles el papel de representantes legítimos del Estado en el Napo. En el Puyo, en 1877, los dominicos volvieron a tomar posesión de la misión que los jesuitas habían abandonado tres cuartos de siglo antes (Whitten, op. cit.: 244).

24El gobierno liberal de Eloy Alfaro (1895-1901 y 1907-1911) creó las condiciones de liberación de la mano de obra y de la irrupción del capitalismo en la Amazonia, a través de tres decretos que afectaban a las poblaciones indígenas. En 1895 y 1898 éstas fueron exoneradas de contribución territorial y de trabajo gratis, lo que creó una nueva forma de explotación con el sistema de endeudamiento. Desde luego, surgió una distinción entre los “indios libres” y los demás: los primeros seguían organizándose en el sistema de “justicias” mientras los segundos pasaron a depender de nuevos patrones125. En realidad, según Muratorio, la supresión de las reparticiones forzosas y de la obligación de pagar a los “justicias” en efectivo dejó a los indígenas sin la posibilidad de acceder a productos de los que ya dependían (como la sal, los tejidos o las herramientas). Entonces, para obtenerlos, estos últimos tuvieron que endeudarse con los patrones, que controlaban el abastecimiento de esos productos. De tal modo que los “indios libres” se volvieron de pronto “indios endeudados” y tuvieron que trabajar para unos patrones, como los demás. Este sistema pudo mantenerse, mientras tanto la mayoría de indígenas se negó a trabajar para empresas privadas. Con la llegada de las empresas petroleras (en particular Shell) y de la agricultura extensiva, el modo precapitalista de dominación sobre los indígenas cayó en desuso.

25Como lo habían hecho los misioneros, el gobierno liberal trató de racionalizar el comercio, regular las relaciones de trabajo y disciplinar a los indígenas a través de la educación laica. Algunos funcionarios propusieron incluso internar a los niños de 10 a 12 años a la fuerza, en una escuela donde estarían empleados para la construcción de edificios públicos y la producción de alimentos, “hasta ser civilizados y haber adquirido los conocimientos racionales de la agricultura y olvidado los vicios y supersticiones que impiden el mejoramiento de su raza”126. En 1899, el estatuto jurídico del indio desapareció en beneficio del de ciudadano con derecho a la educación y a la protección judicial. En particular, los indígenas de la región amazónica se beneficiaron de la Ley Especial del Oriente (1899), que puso término a los repartos forzosos, al trabajo de carga sin contrato previo así como al tráfico de niños. No obstante, la fuerte demanda mundial de caucho y la presencia de comerciantes de nacionalidad francesa, italiana, colombiana o peruana en la región fronteriza, planteó los límites a la aplicación de estas leyes. Entre 1840 y 1914 la colonización se intensificó con el auge del caucho, en Brasil y Perú, y también en Colombia, Ecuador y Bolivia. No solamente los caucheros lograban escapar del impuesto cuando mandaban su mercancía a Nueva York por Iquitos, sino también impusieron unas condiciones de trabajo precapitalistas al usar el terror y la esclavitud para obtener mano de obra a su merced. La política del gobierno liberal tuvo mayor efecto en la multiplicación de las concesiones mineras a empresas foráneas en la Amazonia, a partir de 1921.

26Cierto es que Alfaro puso término provisionalmente a la misión civilizadora de las misiones, expulsó a su vez a los jesuítas en 1896, luego proclamó la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1906. No obstante, las misiones católicas retomaron el camino al Oriente tras su asesinato (en 1912) y el regreso de los conservadores al poder. Los jesuítas no regresaron al Oriente, pero en el Alto Napo, la misión Josefina127 siguió la pista abierta por Royal Dutch / Shell, en 1922. Ésta pudo disponer de los mapas elaborados por los misioneros en sus numerosas expediciones, veinte años después (Muratorio, op. cit.: 267). La colaboración entre la empresa petrolera y la misión no quedó en este punto: los evangelistas siguieron los pasos de los técnicos, estableciéndose en la región de Arajuno y Shell. De allí iban a emprender la tarea de “pacificar” a los huaorani.

27Entre tanto, la misión josefina emprendió un programa educativo infantil y creó los centros misioneros, escuelas y establecimientos agrícolas y ganaderos en varias comunidades indígenas, con la bendición del Estado. Desde 1927, los protestantes entraron en competencia con los josefinos para asentar su influencia en la región de Tena, comprando, como lo habían hecho los josefinos, las deudas de los indígenas para contratarles en la misión o atraer a nuevos alumnos hacia las escuelas. Las distintas Iglesias evangelistas trabajaron en colaboración y compartieron las infraestructuras de comunicación (radio, transporte aéreo, servicios de salud). En 1944, los josefinos abrieron un centro misionero en Nuevo Rocafuerte (junto a la frontera peruana), bajo el pedido expreso del Presidente Velasco Ibarra, que emitió un decreto supremo que establecía “una estrecha colaboración entre el Estado y sus instituciones de colonización, el ejército y la misión, para cumplir con los objetivos de colonización, evangelización, defensa e incorporación de todos los grupos humanos a la vida socio-económica del país” (Ibíd.: 261, 263 y 275).

28Como la política indigenista ecuatoriana, la colombiana se volvió abiertamente asimilacionista en 1874, especialmente en la región amazónica, donde era preciso contrarrestar la influencia brasileña y peruana en la frontera, tras insuflar el espíritu patriótico a los grupos étnicos. Al reformar la Constitución en 1886, el gobierno de Rafael Núñez se esforzó en instaurar un Estado unitario y muy centralizado, que mantenía estrechos vínculos con la Iglesia católica. Mediante el Concordato —que sería renovado en 1971— a la Iglesia católica se le confiaba una “misión civilizadora [en los] territorios de misión”, es decir el 64 % del territorio nacional. La convención de misiones firmada en 1887 le encargó a la educación formar a los que la ley 89 de 1890 designaba como “los salvajes”. Fuera de aquellas tierras de misiones, en las zonas fronterizas, el desarrollo económico fue confiado, entre otras cosas, a los intereses privados (M. Jimeno Santoyo 1993: 245-247; Gros 1996: 255-257).

29Recordemos que la ley 89 de 1890 introdujo una distinción entre “los salvajes en vía de reducción a la civilización por las misiones” y “las comunidades indígenas reducidas a la vida civil”. Garantizaba a estas últimas un derecho de propiedad sobre los resguardos y les aseguraba la protección de sus dominios a través de la tutela del Estado y su representación jurídica en caso de transacciones de bienes raíces. En cambio, los primeros quedaban bajo la autoridad de la Iglesia, la cual, conforme a la ley 72 de 1892, gozaba de facultades extraordinarias para ejercer la autoridad civil, penal y judicial sobre los catecúmenos, para los cuales se suspendía la acción de las leyes nacionales hasta que el poder ejecutivo decretara que fuesen capaces de ser gobernados por las misiones.

30Entonces la ley confirió a los misioneros de la Amazonia la categoría de jefes superiores de policía, con plena capacidad de nombrar agentes y administrar penas a los ”salvajes infieles” que estaban agrupados en los pueblos de reducción por diversos métodos coercitivos que ya hemos mencionado (V. D. Bonilla, 1968: 61). A mediano plazo, la reducción de los “salvajes” a la civilización había de ayudar al Estado a controlar el territorio nacional y a pacificar las provincias periféricas, y a la industria extractiva a disponer de “300.000 brazos”, según la expresión de Rafael Uribe (en Domínguez et al. op. cit.: 40). Esto dio un nuevo impulso a la evangelización, entre otras cosas con la llegada de los misioneros capuchinos a la región del Putumayo y del Caquetá. Éstos retomaron la obra inacabada por los franciscanos un siglo antes, y emprendieron la realización de una vía de comunicación entre Mocoa, Sibundoy y Pasto, con el apoyo errático del Estado.

31La lista de los males que sufrieron los indígenas en el contacto con los blancos, principalmente debidos a la insalubridad de las habitaciones poco adaptadas al clima, matiza los beneficios de la civilización y del progreso del que los misioneros y el Estado pretendieron ser los agentes: gripe, úlceras, bocios, blenorragias, paludismo, fiebre tifoidea, disentería y reumatismos fueron el lote de los indígenas evangelizados, a lo cual se sumaron después las calamidades sociales como el alcoholismo, la prostitución y las enfermedades venéreas, que prosperaban en los centros urbanos de la frontera colonial y militar128. Sin embargo, con la irrupción de los traficantes de caucho se enfrentaron a otra calamidad: el trabajo forzoso y la esclavitud.

32La trata de esclavos había empezado en el siglo xvii con los portugueses y los españoles, que fueron relevados en el siglo xviii por los holandeses y los británicos, en particular en la región que abarca hoy los Llanos Orientales, el Vaupés, el Caquetá y el Putumayo en Colombia, donde los colonos de Guyana y Surinam venían a abastecerse de mano de obra. Es así como las comunidades más afectadas por la frontera esclavista fueron los Solimos, entre el Ucayali y el Rio Negro, lo que ocasionó la migración hacia el actual Perú de las etnias de idioma tupí —omagua e yurimagua— y luego el avasallamiento de los Tikuna. La esclavitud tomó nuevamente importancia en el siglo xix, con el auge cauchero, en particular bajo la cúpula de los traficantes peruanos, y del café brasileño. Las primeras víctimas de esa nueva ola fueron los habitantes de las riveras del Apaporis, afluente del Caquetá-Yapurá, del Mirití, del Caquetá y del Putumayo (Andrade et al. op. cit.: 142-144). Esa vez, el impacto sobre la organización social de los grupos étnicos de la región fue mucho más profundo, como lo destacan Domínguez y Gómez: “Con el tráfico de esclavos indígenas [...] se inició el derrumbe demográfico de los indígenas del río Caquetá y Putumayo y sus afluentes, lo mismo que del Napo, Coca y Aguarico. Pero más allá de ese declive demográfico, la violencia de estos primeros contactos de los nativos con los llamados “civilizados”, dio comienzo el proceso de desestructuración económica y sociocultural de las sociedades indígenas” (Domínguez et al., op. cit.: 133).

33Según Domínguez y Gómez, a la trata de esclavos en el Caquetá y Putumayo siguieron dos tipos de modalidades: el sistema de endeudamiento y las correrías. El endeudamiento, también conocido como el “regatón” (un sistema mediante el cual los comerciantes abastecían de víveres y mercancías a los ribereños del Amazonas y sus afluentes en Brasil), era parecido al modelo elaborado en la Colonia por los primeros misioneros. Se trataba de un intercambio de mercancía con indígenas cautivos o con su trabajo. Las correrías reactivaron las razzias que habían ido multiplicándose en los siglos xvii y xviii. Se trataba de la captura de indígenas gracias a grupos étnicos rivales, bien sea aprovechando y exacerbando las rivalidades interétnicas —como en el caso de los huitoto contra los guaques, en el Caquetá, o de los jíbaro contra los shimigaes, en el Napo y Cura-ray—, bien sea basándose en el reclutamiento de mercenarios como en el caso de los karijona (de idioma caribe), que avanzaron hasta el Alto Magdalena para capturar a los miraña. Aquellos “bandidos del Amazonas” eran famosos por su ferocidad, tanto en Colombia y Brasil como en el Perú. Con el desplazamiento de la frontera extractiva hacia la región brasileña de Bolivia (Acre) y en el territorio peruano, colombiano y ecuatoriano, el origen de los traficantes de esclavos y las zonas afectadas por las razzias evolucionaron hacia la región del Napo, Coca y Aguarico. Entre las víctimas de este tráfico, los záparo, huaorani, piojeses y quichua de Loreto, Ávila y Concepción fueron particularmente afectados en el Ecuador, así como los miraña y tikuna del Solimoes en Colombia.

34Sin embargo, desde principios del siglo xix, la aparición de nuevas etnias amazónicas, caracterizadas por una fuerte movilidad, había acompañado el desarrollo de la extracción de plantas como la quinina, la zarzaparrilla, la tagua o el caucho (Zárate, op. cit.: 27). Siquiera antes de la llegada del capitalismo a la región amazónica ecuatoriana y colombiana, las condiciones de explotación de la mano de obra se encontraban agrupadas, lo que coincidía con el auge cauchero. Esto cambió las relaciones de producción en la región, ya que los indígenas constituían la única fuerza laboral disponible, a la vez barata y calificada. En efecto, en la medida en que conocían perfectamente la flora tropical, eran particularmente hábiles para localizar los heveas. Cabe destacar, sin embargo, que no todos los grupos se encontraban dispuestos a venderse a los caucheros, como había ocurrido con los misioneros. Los traficantes tampoco disponían de los mismos recursos que los comerciantes para endeudar a los indígenas y asegurarse así una mano de obra cautiva. Por lo tanto, el tipo de contrato vigente era el del jornalero o “contrato de prestación de servicios personales”129.

35El auge cauchero inició en 1880130 en la región del Putumayo y Napo. De pronto, los comerciantes instalados en los centros urbanos en ciernes, que intercambiaban con las poblaciones locales pequeñas cantidades de productos (quinina, cacao, curare, etc.) fueron desbordados por la llegada de traficantes peruanos, colombianos y ecuatorianos, que perseguían a los indígenas para conseguir mano de obra o venderlos en Iquitos. Entre los caucheros más tristemente famosos está la Casa Arana, que se estableció al este de la frontera peruana en 1888, en el Alto Huallaga, cerca de la confluencia de las cordilleras andinas en Lamas, y del territorio del Alto Amazonas, en Yurimaguas (Whitten op. cit.: 240-241). Su centro comercial se ubicaba en Tarapó, de donde se desplegaba un arco mortal hacia el oeste, conformado por los recolectores de caucho y los cazadores de esclavos, que de pronto llegaron al territorio de los quichua canelos, donde se habían refugiado los panoán, jíbaro y záparo. Una vez asentado en la antigua misión de Mainas, este arco se estableció en Montalvo, en el Bobonaza y en la encrucijada del Villano y Curaray. El sistema se basaba por supuesto en el endeudamiento de los peones, pero fue llevado a un grado de sofisticación extremo, cuando Julio Arana comenzó a controlar a sus competidores establecidos en el Putumayo. Como lo destacan Domínguez y Gómez, lo que los socios de Arana establecieron en el momento de la fundación de la sociedad Arana, Vega y La-rrañaga en 1904, no fue sino la esclavitud en el Putumayo.

36El avasallamiento de los indígenas por el terror —en particular de los hui-toto, bora, andoke y ocaína en el Putumayo, de los cofán del San Miguel y quichua del Aguarico y el valle del Sibundoy— siguió hasta la víspera de la segunda guerra mundial, debido a la expansión de la Casa Arana, sin suscitar la indignación de los capuchinos establecidos en la región. En 1908, la Casa Arana se volvió la Peruvian Amazon Company, sociedad británica con un capital de un millón de libras esterlinas. Fue, finalmente, la Sociedad Británica Antiesclavista la que denunció el escándalo, tras la encuesta del periodista Hardenburg publicada en 1909 —bajo el título “El paraíso del Diablo”—, y del informe enviado por Ro-ger Casement al Secretario británico de Relaciones Exteriores, en 1911. En realidad, como lo destaca Bonilla, la Iglesia pretendió no saber nada del escándalo abierto por la Sociedad Británica Antiesclavista, pero lo más sorprendente es que tenía a cargo la civilización de las poblaciones indígenas desde hacía alrededor de quince años, como lo atestiguan sus propios mapas geográficos (Bonilla, op. cit.).

37No obstante, la zona de Archidona y Tena no fue afectada por tanta violencia como el Bajo Napo y el Curaray. Según Muratorio, esto es debido a que era de difícil acceso ya que el Napo se vuelve poco navegable río arriba de Francisco de Orellana (el Coca). Por otra parte, la baja calidad del caucho local y la persistencia de la competencia con el oro reducían la ventaja comparativa de la región. Finalmente, el hecho de que Tena haya sido el principal centro administrativo de las provincias del Oriente puede explicar que el control por parte de las autoridades sobre los abusos de los traficantes haya sido más eficiente que en los cantones aislados. Teniendo en cuenta la falta de mano de obra y la relativamente mediocre calidad del caucho ecuatoriano, los traficantes entraron en una fiera competencia mientras que el tráfico de peones se desarrollaba hacia el Marañón y el Madre de Dios. Tuvieron que endeudarse mucho en los bancos de Iquitos, lo que les llevó a vender sus propios peones para rembolsar algunos préstamos.

38Hacia 1914, la caída de los precios mundiales del caucho —debida a la competencia de las colonias asiáticas del Reino Unido y los Países Bajos— llevó a los principales barones de la Amazonia a la quiebra, como había pasado con la quinina hacia 1884. Muchos empleados y peones de las empresas extractoras se convirtieron en campesinos, mientras que sus dueños aprovechaban la primera colonización lanzada por el Estado en la década del veinte. Paralelamente, las primeras obras de exploración petrolera transformaron las relaciones de trabajo, lo que anunciaba la irrupción del capitalismo en la región. En el Ecuador, la colonización siguió siendo obra de la iniciativa privada y de la Iglesia hasta la década del cuarenta. Como hemos visto, las concesiones mineras permitieron a las empresas petroleras penetrar en la región con la estrecha colaboración de los misioneros católicos y protestantes. Pero en Colombia, fue impulsada desde los años 1910-1912, con la creación de los primeros centros poblados en los vestigios de las compañías extractivas.

39Ya en 1874, Rafael Reyes había vislumbrado las riquezas de la Amazonia colombiana y la amenaza de la hegemonía del vecino peruano, en un viaje a lo largo del Putumayo, que lo llevó hasta el Amazonas, en búsqueda de una vía comercial y de nuevas fuentes de abastecimientos en quinina para la empresa familiar (Cf. J. Carrizosa et al., 1983: 301)131. Una vez llegado al poder, en 1905, Reyes creó las Intendencias del Caquetá y Putumayo, con las respectivas capitales Florencia y Mocoa. No obstante, ese decreto quedó sin aplicarse en la medida en que Florencia no era capaz de administrar un territorio tan vasto; de tal modo que al alba del siglo xx, el único centro urbano verdadero en la Amazonia colombiana era Mocoa. Pero, al renunciar tácitamente a la estrategia de reagrupamientos étnicos en la década de 1910, el Estado impulsó la “colonización blanca”, principalmente originaria de las regiones del Tolima y Nariño.

Hacia la integración administrativa de la Amazonia

40Tanto en Colombia como en Ecuador, el auge cauchero tuvo un impacto débil en la integración de la Amazonia a la economía de mercado, ya que las rutas comerciales se dirigían más que todo tierra adentro en la cuenca amazónica, donde se concentraba la mayor parte del mercado regional e internacional —Iquitos, Manaus y Belem— a la vez bien comunicado por la red fluvial y abierto a los mercados europeo y norteamericano. En realidad benefició sobretodo a los peruanos, que aprovecharon su avance tecnológico y su flota a vapor para controlar los ríos tributarios del Amazonas: el Napo, el Putumayo, el Pastaza y el Morona. Esta dominación tecnológica y las veleidades de hegemonía peruana en la región llevaron a la multiplicación de los conflictos fronterizos. Desde antes de la separación de la Gran Colombia, lo que conformaba entonces el departamento del Sur planteaba un problema con el Perú, que reivindicaba la soberanía sobre los territorios amazónicos de Mainas, Jaén y Quijos (Restrepo, op. cit.: 152-153). Aquella rivalidad política se duplicaba por los intereses económicos, que fueron exacerbados por la industria extractiva, ya que el ejército peruano defendía tanto las fronteras como los intereses privados, se tratase de los barones del caucho o de la industria petrolera. Las relaciones entre el Ecuador y Colombia eran menos tensas, desde el acuerdo fronterizo de 1916 y la repatriación de los caucheros y recolectores indígenas que habían avanzado al sur del río San Miguel. Entonces se estimuló la política de colonización dirigida por el Estado por la necesidad de reforzar la presencia militar en las fronteras, para poner fin a las incursiones regulares del ejército peruano.

41En Colombia, el gobierno vacilaba entre el intervencionismo y el abandono, en función de las tensiones en las fronteras. Esto significó la creación de las regiones administrativas (Intendencias o Comisariatos Especiales) del Vaupés, Putumayo y Caquetá en 1910-1912, así como el desplazamiento de los centros de población del Caquetá hacia el Vaupés, con la creación de Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Calamar. Finalmente, la ayuda del Estado a la obra de los capuchinos para la construcción del camino de Mocoa a Pasto aumentó tras los enfrentamientos de 1911 en La Pedrera. Un año más tarde se fundó Puerto Asís, donde se estableció una guarnición del ejército colombiano. Para Domínguez y Gómez, a partir de 1912, “la nación mestiza, católica, españolizada y productora de mercancías se impuso definitivamente sobre las minorías étnicas que durante tantos años vivieron en la región bajo un modo de producción no capitalista”. Resultando de esto una aceleración de la urbanización y del cambio social en la región. Pero las vacilaciones de la política amazónica colombiana retrasaron el despliegue de esos campamentos convertidos en bases militares. Efectivamente, conforme al censo de 1918, Puerto Rico apenas contaba con 276 habitantes y Calamar, que había sido creado en 1902 por la compañía Calderón, apenas agrupaba a 755. San Vicente, que había nacido de la actividad de la compañía Perdomo Falla en 1899, y que fue colonizada en 1912 (por unos cien ganaderos que fundaron la Sociedad Colonizadora del Caguán) solo contaba con 809 habitantes. Finalmente, Florencia, que se volvía el centro administrativo y económico del Caquetá, agrupaba apenas a 3.000 personas.

42La política estatal retomó un aspecto más voluntario para acelerar la colonización por parte de la población, tras el conflicto de 1922, que concluyó por el Tratado Salomón-Lozano, reconociendo la soberanía de Colombia sobre el Trapecio Amazónico. Ésta se incrementó en la década de 1930, tras el conflicto de 1933 que ratificó definitivamente el acuerdo Salomón-Lozano. En 1930, el Putumayo fue dividido en dos Comisariatos Especiales —Putumayo y Amazonas, con capital Leticia—, lo que acabó la estructuración político-administrativa moderna de la región amazónica. En la década de 1940, a los intereses militares en la frontera se les sumaron intereses económicos crecientes, con los inicios de la exploración petrolera, que dio los primeros resultados positivos en 1963, con el descubrimiento de importantes hallazgos por Texaco, en las concesiones de Orito y Acae. El Estado intensificó la exploración minera en la Amazonia a finales de la década del setenta, con el programa Prodaram (Proyecto Radar Métrico de la Amazonia). Este proyecto permitió localizar importantes hallazgos minerales —oro, uranio, bauxita, cobre, etc.— en los departamentos de la Guainía, Vaupés y Putumayo (Cf. Domínguez et al., op. cit.: 65, 60-61, 64 y 231; y C. E. Valderrama, 1993)132.

43Los conflictos fronterizos con Perú tuvieron el mismo efecto en el Ecuador que en Colombia (Restrepo, op. cit.: 157 y 161)133. Con la Ley del Oriente de 1920, se creó la Dirección General del Oriente y la Región Amazónica se dividió entre tres provincias (Napo-Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe), que abarcaban respectivamente los límites de la Gobernación de los Quijos, Macas y Yaguarzongo. Las provincias fueron divididas en cantones y parroquias. En la misma época empezaron a establecerse colonias oficiales y espontáneas en los alrededores de Tena y Archidona. Sin embargo, como lo destaca Restrepo, el Oriente quedó como un débil polo de atracción, hacia el cual convergían misioneros, comerciantes, colonos pobres, refugiados políticos y funcionarios del Estado que, más que bajo el impulso de una política oficial, se establecieron allá por pura testarudez y crearon pueblos o volvieron a fundar aquellos que habían sido creados bajo la influencia española algunos siglos antes.

44En teoría, la inserción de la Amazonia en la gestión administrativa y política del país acabó en la década del veinte, lo que coincidió con el inicio de la actividad petrolera. Pero tan solo en la década del cuarenta, el Estado rompió con la tradicional política de bajo perfil en la región. Entre tanto, las operaciones militares peruanas se intensificaron en 1930 para culminar con la invasión de pueblos de la Costa y la Sierra. En 1937, la administración del Oriente pasó de la tutela del Ministerio del Interior a la del Ministerio de Defensa. El Cuarto Departamento se convirtió entonces en administrador de la colonización de la Amazonia, delimitando tierras, promoviendo las cooperativas agrícolas y convirtiendo a los soldados en colonos.

45Según Zavala, el conflicto de 1941 resultó de las rivalidades entre dos empresas petroleras, Jersey Standard y Anglo Ecuadorian Oil, de las cuales la primera había sido expulsada del Ecuador bajo presión por parte de la segunda y se había establecido en la Amazonia peruana (J. Zavala, 1972). Este conflicto concluyó en enero de 1942, con el Protocolo de Río, ratificado por el Congreso ecuatoriano un mes más tarde. Pero la frontera fue cuestionada por más de medio siglo, es decir, hasta la firma de la paz entre Perú y Ecuador en octubre de 1998. Desde el día siguiente a la guerra de 1941, el Estado ecuatoriano multiplicó los proyectos de vías de comunicación para reforzar su presencia en la región fronteriza, a través de una operación llamada “fronteras vivas”. Cierto es que, tanto el proyecto de ferrocarril hacia el Curaray como el de la carretera al Puyo quedaron en planes hasta la colonización masiva que arrancó en la década del sesenta134. Sin embargo, de esta época nacieron la ideología desarrollista y el mito del “colono pionero”, que cumplía con un papel patriótico y merecía el apoyo del Estado, lo que consistía principalmente en abastecerle con mano de obra indígena para la agricultura.

46Tras el fracaso de la política de colonización con población en las fronteras, la colonización masiva de la Amazonia arrancó realmente con los grandes proyectos de agricultura extensiva con escasa productividad, cuyo impacto se sumó al de la extracción de maderas para acelerar la deforestación. Ya hicimos alusión al hecho de que los orígenes de la colonización agrícola se encuentran en las presiones socio-económicas asociadas con el crecimiento demográfico y la concentración de tierras en las regiones tradicionalmente integradas al mercado. En este contexto, la baja densidad humana en la región amazónica llevó a que el Estado declarara como “tierras baldías” a millones de hectáreas, en las que se radicaban en realidad comunidades indígenas, lo cual se impuso como un sucedáneo de reforma agraria. Para las poblaciones indígenas amazónicas, esto equivalía a un “colonialismo ecológico” (S. Varese, 1979).

47En la década del sesenta, la Alianza por el Progreso llevó a los gobiernos colombiano y ecuatoriano a promulgar las primeras leyes de reforma agrarias —respectivamente en 1961 y 1964— a través del INCORA y el IERAC135. Esas leyes son, en gran parte, responsables de la deforestación ocurrida en las tres décadas que siguieron, ya que obligaban a que los campesinos talaran entre el 50% (en Ecuador) y el 75% (en Colombia) del terreno para obtener su legalización. Aquella política se persiguió en las décadas del setenta y del ochenta, con el apoyo financiero del Banco Mundial. Pero, más allá de la influencia de las ayudas públicas, dos factores contribuyeron a la deforestación: el valor especulativo de la tierra en el contexto de hiperinflación que caracterizó a las economías latinoamericanas de la “década perdida” y las facilidades para legalizar las tierras desbrozadas y convertidas en pastos (A. Anderson 1990 b: 9).

48En total, unos 800.000 km² de la cuenca amazónica habían desaparecido a principios de la década del noventa, entre los cuales el 68 % lo fueron a beneficio de pastos, bajo el efecto conjunto de la colonización masiva, la explotación comercial de las maderas, la agricultura y la ganadería extensivas. Entre 1975 y 1989, Brasil desbrozó un territorio del tamaño de Francia (560.000 km²). En Ecuador, la deforestación alcanzó el 2,3 % por año en las décadas del setenta y del ochenta, principalmente alrededor de dos polos —Nueva Loja y la provincia de Morona Santiago— bajo el efecto conjunto de las empresas madereras o petroleras y las plantaciones de palma africana, cuyos avances en la región se acompañaron sistemáticamente de la llegada de pequeños productores a lo largo de las vías de comunicación abiertas por la industria.

49En 1959, el Congreso colombiano votó la primera ley destinada a contener la expansión colonial en la región amazónica, gracias a la delimitación de siete zonas de reservas forestales que abarcaban unos 58,6 millones de hectáreas. Las zonas interesadas eran la Amazonia (38,6 millones de hectáreas), el Pacífico (9,8 millones de hectáreas), el río Magdalena (6 millones), la reserva forestal central (1,6 millones), la región montañosa de los Motilones (0,8 millones), la sierra del Cocuy (0,7 millones) y la Sierra Nevada de Santa Marta (0,6 millones). Sin embargo, 30 años más tarde, 12,7 millones de hectáreas habían sido colonizadas en este dominio, principalmente en la Amazonia (cerca de 6 millones de hectáreas de los 38,6) y el valle del Magdalena (cerca de 4 millones de hectáreas de los 6) (Cf. Castaño Uribe op. cit.: 29; TCA op. cit.: 47; T. Rudel et al 1993: 44; Andrade et al. op. cit.: 41).

50Algunos objetan que semejante interpretación es demasiado negativa y valoran el hecho de que, a escala nacional, la superficie de las explotaciones es viable, pero admiten que, en su conjunto, el proceso de colonización agraria llevó a la conquista de nuevas tierras y a su integración al mercado nacional. Entonces, las regiones de frontera agrícola tienden a especializarse y a estructurar la división del trabajo en torno a un número limitado de productos, para ganar competitividad en el mercado. Ahora bien, el Estado asumió un papel protagónico en la generalización de la ganadería extensiva en el Caquetá —y por lo tanto en su deforestación— a través de la política de apoyo a las exportaciones de maderas tropicales, de animales silvestres y de carne. Es así como, a partir de 1968, el precio de la carne exportada era subvencionado hasta el 15 %, sin la mínima preocupación para la protección o la conservación del medio ambiente. Al respeto, como lo destacan Carrizosa, Leyva y Mantilla, la administración del Caquetá por el Estado moderno no es diferente a de la Corona de España en cuanto a la pérdida del patrimonio natural (Carrizosa et al., op. cit., 1983).

51La política de colonización no fue muy diferente en Ecuador, aunque se apoyara más que en Colombia en el desarrollo de la industria petrolera y en la apertura de las vías de acceso terrestre, desde finales de la década del sesenta. Una de las primeras medidas del gobierno militar, llegado al poder en 1963, fue reformar la administración. Es así como los asuntos comunitarios fueron transferidos al Ministerio de Previsión Social, mientras que se confiaban las actividades de colonización y la reforma agraria al IERAC y al Ministerio de Agricultura. En 1967, con la creación de CEPE —que se convirtió en Petroecuador en 1989— el Estado empezó a participar directamente en la explotación petrolera. En 1977, la nueva junta militar expidió la Ley de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana, que reformó el IERAC y creó el INCRAE136. A través de esas medidas, el Estado intentaba entrar definitivamente en la Amazonia e integrar la región al mercado nacional e internacional, mientras reforzaba la soberanía nacional en la frontera con Perú. Es así como Velasco Ibarra retomó el antiguo lema nacionalista: “El Ecuador ha sido, es y será un país amazónico”. Por esta razón aceleró la construcción de las carreteras Quito-Baeza, Ambato-Puyo—Tena, Cuenca—Limón-Méndez y Loja—Zamora. La apertura de la carretera de Nueva Loja a Quito en 1972 acabó con desenclavar a la región amazónica. Evidentemente, la colonización masiva siguió a la apertura de las vías transitables, de una manera todavía desorganizada y espontánea, lo que contribuyó a exacerbar los conflictos con los indígenas de la región.

52En la Provincia de Pastaza, el impacto de Shell fue duradero, ya que se conjugó con el impacto ejercido por otras empresas foráneas, que desarrollaban la cultura industrial del té y la caña de azúcar. A ello se agrega la influencia de los misioneros en la reducción o la pacificación de los grupos con los que se enfrentaban las empresas petroleras, en particular el ILV, que llegó con Shell y se quedó en la región hasta ser expulsado en 1981. De pronto, los pueblos de Mera, Shell y Puyo fueron vinculados con los ejes de comunicación de la Sierra y la Costa, a través de la carretera Baños—Ambato, terminada en 1947. Ésta se volvió una vía abierta a la penetración de colonos, que seguían la llegada de los comerciantes procedentes de la región sur de la Sierra. Ese fenómeno tuvo como efecto el desplazamiento de los shuaras y achuaras tierra adentro, a medida que estos últimos vendían sus tierras a los colonos, mientras que los Quichuas abandonaban las riberas de los ríos tributarios del Napo para radicarse más al norte, hacia Fátima (Rudel et al., op. cit: 43-55).

53Por el contrario, la zona de Tena y Archidona quedó más aislada hasta la década del sesenta, cuando se acabó la vía a Puyo. Ello permitió a los “patrones” el mantener un sistema de dominación precapitalista, mientras que las relaciones de trabajo en la región de Puyo se modernizaban. Según Muratorio, la formación de una burguesía comerciante (que fuese un agente del cambio social) tan solo fue posible cuando se acabó esta vía, lo que rompió con el monopolio de bienes manufacturados de los patrones. Frente a la invasión de los colonos serranos y la crisis de la tierra, los quichuas del Napo se convirtieron en colonos permanentes (Muratorio op. cic: 285). En 1970, muchos emigraron hacia la zona petrolera de Nueva Loja y Coca. En la década del ochenta, el polo de migración pasó a ser la región del bajo Napo, de Francisco de Orellana a Nuevo Rocafuerte. En ese entonces, las comunidades de la Amazonia entraron en el proceso de organización que describimos en el capítulo anterior.

54El cambio social que provocó la actividad petrolera retomó dos formas paradójicas. Por un lado, permitió a los indígenas acumular el capital necesario para la compra de nuevos bienes manufacturados (máquinas de coser, relojes, radios, motores fuera de borda, ropa, etc.) así como ganado y tierras. Por el otro, creó una situación inflacionaria en un contexto de urbanización mal controlada (Whitten, op. cit.: 280)137. En efecto, los quichuas fueron los primeros voluntarios para trabajar con las empresas petroleras. A través de contratos de un promedio de tres meses, que les llevaban lejos de sus tierras originarias, algunos aprovecharon la bonanza petrolera para ganar dinero y conocer el funcionamiento del mercado laboral y la sociedad blanco-mestiza. Por otra parte, aprovecharon para reactivar los vínculos con grupos étnicos con los que habían perdido contacto, como en el caso de los quichuas del Puyo con los achuar y shuar (Ibíd.: 285). Pero ante todo, la irrupción de la industria petrolera dio lugar a una nueva ola de colonización, calificada juiciosamente de “segunda conquista”, por el fundador de Cultural Survival, David Maybury-Lewis. A diferencia de la primera conquista, ésta no buscaba explotar la mano de obra indígena, pero ambas tienen en común la usurpación de los territorios y la destrucción de las estructuras sociales de las sociedades sin Estado (D. Maybury Lewis, 1984: 130).

Petróleo y colonización agraria: la “segunda conquista”

55En un análisis muy detallado de los efectos de la colonización y de la frontera agrícola sobre el medio ambiente, en la región de Nueva Loja (Sucumbíos), Pichón evidenció la interacción entre el escaso nivel de planificación y de modernización de la agricultura y el alto nivel de deforestación en la Amazonia. El análisis de Pichón es particularmente útil para identificar el círculo vicioso de pobreza y deforestación al cual entran los colonos por razones estructurales. Según él, la deforestación se explica por un conjunto de factores y contradicciones propias del modelo de desarrollo, de los cuales la colonización no es sino un resultado: pobreza, repartición injusta de la tierra en los lugares originarios de los que proceden los colonos, escasa productividad de la agricultura, crecimiento acelerado de la población, etc. (Cf. E Pichón, 1993).

56A principios de la década del noventa, se habían ofrecido a los colonos alrededor de un millón de hectáreas de bosques en la región de Nueva Loja, epicentro del área Texaco en el Ecuador. Si bien es cierto que la construcción de obras como el oleoducto y la vía a Quito provocaron la inmigración de unos 10.000 obreros procedentes de todo el país, tan solo el 8% se quedó en la región al finalizarse el contrato, construyendo sus fincas a lo largo de la carretera o lanzándose al comercio en Nueva Loja, Francisco de Orellana, Shushufindi o Sacha. Desde luego, queda claro que la inmigración agrícola fue la que tuvo el mayor papel en la colonización de las décadas del setenta y del ochenta.

57La Ley de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana, votada en 1978, tenía un carácter especial, es decir, imponía la colonización de la Amazonia como una prioridad nacional y se ubicaba por encima de cualquier otra ley. Conforme esta ley, las tierras eran atribuidas por lotes de 50 ha por el Estado, con la obligación puesta al colono de desbrozar el 50% de la superficie en un plazo de cinco años, bajo la amenaza de perder el derecho de propiedad. Para conseguir los títulos de propiedad sobre estas tierras, los colonos debían asociarse y formar una cooperativa antes de mandar su solicitud al IERAC. Teóricamente, la cooperativa es una estructura organizativa para los proyectos sociales, educativos o económicos, en la medida en que permite planificar la construcción y el mantenimiento de los edificios comunales. Además, permite solicitar préstamos para el financiamiento de cualquier proyecto de desarrollo o la compra de equipos destinados al mejoramiento de la productividad. No obstante, como lo indica Pichón, el único beneficio que procuró la adhesión a una cooperativa, para muchos colonos, fue el de legalizar la tierra.

58El objetivo de la colonización venía de la necesidad de aumentar la producción agrícola nacional y de corregir los desequilibrios regionales en la repartición de la población, además de ocupar las zonas fronterizas por razones de seguridad. Sin embargo, por falta de planificación, los efectos de la colonización resultaron ser difíciles de mitigar y, por falta de asistencia técnica, muchos fracasaron y no pudieron vencer obstáculos como la escasez de capitales, de rendimiento de las cosechas y la falta de mano de obra para asegurar un ritmo sostenido de producción. Por falta de apoyos logísticos y financieros, no pudieron superar el nivel de cultivo de viveros, en particular cuando, establecidos al margen de las vías de comunicación, encontraron dificultades para comercializar el excedente de su producción. En consecuencia, muchos colonos perdieron sus tierras ante intereses más poderosos o las abandonaron debido a la escasa productividad y a la imposibilidad de asegurar su supervivencia.

59La repartición espacial de las tierras adquiridas se transforma en un obstáculo mayor para el desarrollo de una agricultura rentable. De hecho, el eje de distribución de esas tierras sigue siendo la carretera construida por las empresas petroleras, a lo largo de la cual cada finca no debe ocupar más de 250 m. Entonces, para cubrir 50 ha, cada finca tiene que penetrar 2.000 m tierra adentro. En consecuencia, los predios otorgados más allá de este perímetro se ubican a más de 2 km de las vías principales y sucesivamente para los recién llegados. Al fin y al cabo, algunas fincas pueden radicarse a 26 km de las vías principales. Para dar la vuelta al obstáculo de la inaccesibilidad a las vías de comunicación, los colonos tienen dos posibilidades: cultivar café (lo que hacían el 90% en ese entonces) o criar ganado. En efecto, esos dos productos resultan ser los productos más fáciles y baratos de transportar hacia los mercados, si se comparan con la madera. El cálculo de los costos relativos de transporte por producto deja aparecer que el café solo aumenta el 10%, contra el 50% para el banano, el 35% para el arroz y el 19% para el maíz. En cuanto al costo de transporte de la madera, supera el valor del material más allá de 500 m de la carretera (Ibíd.: 360).

60Es uno de los efectos perversos de la organización espacial, ya que ésta, en vez de optimizar el acceso a las carreteras para los colonos, los excluye mayoritariamente de las redes de comunicación, lo que no deja de ocasionar tensiones entre los campesinos de la orilla de la carretera y los de más adentro. Otro efecto perverso viene del sistema de pago de las tierras al IERAC, que impide que el colono tenga acceso al crédito mientras no haya cancelado sus deudas. El período de amortización calculado por la administración era de 25 años, sin embargo, la adquisición definitiva del título de propiedad quedaba sometida al pago integral de la tierra, conforme una escala de precios establecida por el IERAC, que tomaba en cuenta la ubicación, el tamaño del predio y la calidad del suelo. Semejante sistema tenía como consecuencia el incitar a los colonos a desbrozar rápido para poder reembolsar su deuda cuanto antes, en la medida en que la madera era la actividad más rentable a corto plazo. Además, la deforestación es un modo de establecer la prueba física de la propiedad en relación con los vecinos. Es así como, según la encuesta de Pichón, apenas la mitad de las tierras entregadas por el IERAC en las décadas del setenta y del ochenta quedaba con bosques en 1993. Las fincas, de un tamaño promedio de 44 ha, se dividían entre cultivos permanentes (6 ha) y de ciclo corto (2 ha), mientras que los pastos cubrían un promedio de 10 ha. Entre los cultivos comerciales, el café y el cacao eran los más abundantes, mientras que los cultivos de viveros se dividían entre el banano, la yuca, el maíz y el arroz.

61Además de ser rentable a corto plazo, la ganadería produce leche y queso para el consumo doméstico y representa una fuente de ingreso para la familia, en caso de emergencia. Sin embargo, el desbrozo desencadena un tercer tipo de efecto perverso, ya que los pastos en lormación interesan particularmente a los especuladores. Ahora bien, como lo destaca Pichón, una propuesta de compra en efectivo es a veces suficientemente atractiva como para convencer a los colonos de que vendan su propiedad. Es así como se operan muchas ampliaciones o se consolidan fincas antiguas, aunque la ley prohiba el control de más de una finca por una sola familia y limite su tamaño. La paradoja del desbrozo para la ganadería es que su nivel más alto de productividad lleva a mayores tasas de deforestación, en la medida en que permite a un número de personas bastante limitado ejercer un máximo impacto en el medio ambiente. Es más, el Estado asume un papel de facilitador al acordar créditos preferenciales para las actividades vinculadas con la ganadería, entre otras formas mediante el Banco Nacional de Fomento.

62Las conclusiones de Pichón no son para nada alentadoras, ya que él considera que la colonización seguirá siendo practicada conforme al mismo modelo, debido a la presión demográfica: “Bajo estas condiciones, los recursos naturales del país y, en particular, sus bosques tropicales y depósitos de crudo, los recursos forestales y la frontera agrícola que estos demarcan, seguirán siendo aprovechados para la generación de divisas y como “válvula de escape” para aliviar las presiones demográficas, haciendo más remotas las posibilidades de un desarrollo sostenido al nivel nacional” (Ibíd.: 374). A este factor se añaden elementos coyunturales como la inestabilidad del precio del petróleo y la baja de los productos tradicionales de exportación que, combinados con el peso de la deuda pública, limitan cualquier tipo de desarrollo alternativo a corto y mediano plazo.

Los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras: una tipología

63Llamamos “impactos socio-ambientales” a los efectos producidos directa o indirectamente por una actividad humana en el medio ambiente y en la población local. Esos impactos se producen a todo lo largo de la actividad petrolera, desde la primera fase de la exploración hasta la utilización de productos derivados del petróleo, pasando por la explotación, el transporte, el almacenaje y la refinación. Los principales impactos socio-ambientales directos son la deforestación, la alteración de los ciclos hidro-bióticos y de los ecosistemas, y la contaminación. Los principales impactos indirectos son el efecto de frontera agrícola y la colonización que ocasiona una presión demográfica sobre el entorno, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad y la desaparición de especies animales por la caza.

64El inventario de esos efectos fue realizado de manera sistemática en Ecuador por el equipo de Bustamante y Benítez, con oportunidad de la elaboración de los “Términos de referencia para los estudios de impacto ambiental de la séptima ronda de licitaciones”, en 1994 (Fundación Natura 1996). Según este informe, la tasa de deforestación provocada directamente por la actividad petrolera se ubica teóricamente entre 400 y 2.000 ha por bloque de 200.000 ha, es decir, menos del 1% del bloque. Sin embargo, la deforestación provocada indirectamente por la erosión de los suelos y por la colonización humana alrededor de esas zonas de actividad es tres veces más importante. La deforestación empieza desde la fase de prospección geológica, en la cual se trazan las líneas de futuros estudios sísmicos. La alteración del ecosistema se limita en ese momento a la producción y almacenamiento de desechos domésticos y a la caza para alimentar a los equipos de técnicos. Luego se añaden la deforestación vinculada al trazado de las líneas de exploración sísmica —en general varios centenares de kilómetros en un área de 500.000 ha, que ha de ser reducida a 200.000 ha en la fase de explotación— y a la construcción de pistas de aterrizaje para los helicópteros y avionetas. La presencia de esas trochas y el uso de explosivos para determinar la profundidad de eventuales hallazgos perturba a las poblaciones animales que ocupan los nichos ambientales afectados. Además, si estas trochas no son rehabilitadas, provocan la erosión del terreno y pueden convertirse en caminos para la circulación de los habitantes, abriendo nuevos frentes de colonización.

65Sin embargo, esa primera serie de impactos es relativamente menor que los generados por la segunda fase de la exploración y por la explotación. En efecto, durante la perforación de los pozos de exploración, la presión sobre el medio ambiente va creciendo alrededor de las plataformas de exploración y los campamentos de obreros, no solamente por la caza y la extracción de productos silvestres como la madera de construcción, sino también por la compra de pieles y carnes a las poblaciones locales. En la práctica, la superficie promedio desbrozada para la construcción de una plataforma de exploración es de 3 a 5 ha pero puede ser reducida a 1 ha. No obstante, interactúa con el entorno en una superficie de 15 ha. En la fase de explotación (que dura en promedio 20 años), los pozos rentables se convierten en polos de desarrollo de la actividad petrolera. La construcción del oleoducto principal implica un derecho de paso de 20 m de ancho, lo que representa un desbrozo de 2 ha por kilómetro de conducto. A esto se añade la deforestación provocada por la carretera que corre a lo largo del oleoducto, para el trazado de la vía (1 ha/km) y el corte de madera usado como material de desmonte. El establecimiento de campamentos a lo largo de esta vía genera una ocupación permanente de las zonas desbrozadas, lo que impide la renovación del ecosistema a largo plazo.

66La contaminación generada por las actividades petroleras afecta directamente a la calidad del aire, de los suelos y de las aguas. La perforación de pozos genera en primer lugar la producción de lodos tóxicos y desechos sólidos no biodegradables que se almacenan alrededor. Luego, la estación de bombeo se vuelve un complejo sistema de extracción del petróleo, que opera una primera separación del producto pesado, del agua y del gas natural. Cada día, una estación de producción evacúa un promedio de 72.000 barriles de agua contaminada por los productos químicos que sirven para el tratamiento del crudo138. Digamos que, de manera esquemática, cada estación dispone de dos piscinas donde se recogen, de una parte, las aguas de formación con fuerte composición en sales y componentes tóxicos, de la otra, las aguas residuales con fuerte composición en hidrocarburos. El gas es incinerado in situ, lo que genera una constante contaminación atmosférica. Cuando las aguas salinas son almacenadas a cielo abierto, contribuyen al secamiento del suelo y atraen a los animales domésticos o salvajes, que pueden entonces envenenarse. Por su parte, las aguas residuales pueden, bien derramarse cuando la lluvia hace subir el nivel de las piscinas y de la capa freática, o bien infiltrarse en el subsuelo y envenenar las redes hídricas vecinas. La cremación de estas piscinas, que a veces se practica para eliminar los hidrocarburos, es otra fuente de contaminación atmosférica. A esta contaminación crónica, se agregan la contaminación sonora, el calentamiento de la capa freática o de los ríos y esteros, que modifica el ecosistema, así como la contaminación de las aguas y suelos provocada por los accidentes y las tareas de mantenimiento del sistema de oleoductos y de las estaciones de producción.

67Una tipología de los impactos socio-culturales de la actividad petrolera implica distinguir a las poblaciones indígenas de los campesinos colonos. En efecto, mientras que los primeros siempre se radican en un territorio determinado antes de la irrupción de la industria, en general los últimos han venido estableciéndose en esos territorios en un período más reciente, al seguir la progresión del frente petrolero. Para las comunidades indígenas, el primer impacto de esta actividad es la invasión de zonas de residencia. Cierto es que el área de influencia directa de la actividad petrolera es relativamente limitada, si se compara con la extensión de los territorios indígenas tradicionales o legales. Pero el trazado de líneas sísmicas y la construcción de una plataforma de exploración o explotación pueden afectar recursos vitales, como los riachuelos y la pesca, así como los territorios de caza o de cultivos de viveros. En este ámbito, la amenaza procede tanto de la industria como de los campesinos colonos. Un segundo tipo de impacto constituye las relaciones clientelares o paternalistas que pueden establecerse entre los indígenas y las empresas. Un tercer impacto procede de la división de las comunidades indígenas, fomentada por las negociaciones con las empresas para el acceso a los recursos, la cual significa a menudo una instrumentalización de las organizaciones sociales de base. Además, estas relaciones pueden tener efectos perversos en lo que atañe a la protección del medio ambiente por las comunidades afectadas, si éstas eligen percibir indemnizaciones por los daños ambientales, en vez de anticiparlos y evitarlos. Por otra parte, la organización social se afecta por la irrupción de nuevas posibilidades de trabajo y por la presencia de actores exógenos en el seno de las comunidades. La creación de empleos temporales, relativamente atractivos por su remuneración, puede generar una dependencia económica, no sólo al introducir una redefinición del trabajo en el seno de la comunidad sino también al provocar un efecto inflacionario sobre la economía local.

68Para las poblaciones campesinas de colonos, los efectos están principalmente vinculados con la precariedad de las condiciones de vida. Se trata en general de poblaciones originarias de regiones externas a la Amazonia y poco preparadas para vivir en este entorno. En consecuencia, dependen en parte de las comunidades indígenas y en parte de las empresas petroleras, por un lado para abastecerse de productos de primera necesidad procedentes de la caza, la pesca y la agricultura, por el otro para ganar algo de dinero y adquirir otros productos básicos o bienes de consumo duradero. Una consecuencia de esta dependencia es la formación de enclaves urbanos con servicios públicos deficientes debido al crecimiento demográfico mal controlado. Esta urbanización acelerada se acompaña de los fenómenos sociales conocidos: concentración de emigrantes pobres en los barrios mal equipados en infraestructuras, violencia, prostitución, alcoholismo, etc.

Los impactos socio-ambientales en Ecuador

69Más allá de la tipología de los impactos de las actividades petroleras descritos arriba, se publicaron varios informes en la década del noventa sobre las consecuencias de la contaminación y la deforestación en las poblaciones amazónicas. En este ámbito, las comunidades indígenas y los campesinos colonos están en las mismas condiciones. Por eso no se establecerá ninguna distinción entre estas poblaciones en la presentación que viene a continuación.

70Ya vimos cómo, tras un período exploratorio iniciado en 1967 en el norte de la Amazonia ecuatoriana, el consorcio Texaco-Gulf firmó un contrato de asociación con la empresa pública CEPE para explotar un bloque de 500.000 ha, cuyo epicentro era la base de Nueva Loja, más conocida hoy bajo el nombre de Lago Agrio139. En un año, este consorcio realizó una de las más espectaculares obras de infraestructura en América Latina, con la construcción del Sistema de Oleoductos Trans-Ecuatorianos (SOTE), de unos 500 km, que vincula Nueva Loja con la estación de refinación de Ibarra, cruzando los Andes. En veinte años, 1.430 millones de barriles fueron sacados del subsuelo, mediante la perforación de 339 pozos de explotación y la construcción de 22 estaciones de producción en los 15 campos abiertos por la concesión Texaco-CEPE. Desde 1992, esa concesión es administrada por Petroecuador (Kimerling op. cit.: 21, 29 y 33). Las operaciones fueron dirigidas totalmente por Texaco (o por sus contratistas), que traía un conocimiento y capitales a la industria petrolera ecuatoriana todavía embrionaria. Ahora bien, la ausencia de control y seguimiento ambiental permitió realizar esas actividades con el mínimo nivel de inversión en cuanto a los materiales y tecnologías utilizadas.

71Los impactos socio-ambientales de la era Texaco quedaron desconocidos para la población ecuatoriana hasta inicios de la década del noventa, es decir, cuando finalizó el contrato de explotación al volverse Petroecuador operadora de este bloque. La primera investigación sistemática sobre estos impactos se debe a Kimerling, una abogada estadounidense entonces radicada en Ecuador, y donde trabajaba como asesora jurídica de la Federación de Comunas Unión de Nativos de Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) para la delimitación de predios. Kimerling había empezado a trabajar en el ámbito de la legislación ambiental para el bufete Kreindler & Kreindler en Nueva York. De 1984 a 1989 fue asistente del Procurador General del Estado de Nueva York, en el juicio del asunto Love Canal140. El descubrimiento de los impactos de varios accidentes petroleros en la región del Napo le incitó a emprender una investigación sobre las consecuencias de la era Texaco, que fue publicada en 1991 en inglés. En su libro “Crudo amazónico”, ella indica que los 30 derrames más graves del SOTE ocasionaron la pérdida de 403.200 barriles, a los que se suman 456.000 barriles de crudo y 450 millones de barriles de aguas de formación vertidos al medio ambiente, así como 6.667 millones de metros cúbicos de gas incinerados al aire libre (Cf. Rendón, 1983: 404; Fundación Natura, op. cit.: 139)141.

72Aunque sea bastante incompleto, este texto documentado en su mayor parte por Petroecuador es la referencia más citada por los ecologistas y se encuentra integralmente en Internet con espectaculares ilustraciones fotográficas. A pesar de la imprecisión de ciertas cifras y de su aspecto algo periodístico, esta investigación tuvo el mérito de provocar una toma de conciencia en la población ecuatoriana, sobre la cual volveremos luego. Sobre todo, fue el punto de partida de un juicio muy mediatizado, tras una demanda contra Texaco, presentada ante las cortes estadounidenses por una asociación de comunidades ecuatorianas en noviembre de 1993.

73Otros informes siguieron al de Kimerling y fueron agregados al expediente, que es preciso mencionar antes de estudiar las consecuencias del juicio. El primero de esos informes fue realizado por el equipo de Jochnick y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), una ONG con base en Nueva York desde 1992 (C. Jochnick et al., 1994). Creado en la mañana de la Guerra del Golfo, el CDES se interesó en los problemas planteados por la contaminación debida a la destrucción de las infraestructuras petroleras en Iraq, antes de llegar al Ecuador en 1993. A diferencia de otras organizaciones ecologistas, en su informe hace hincapié, de manera particular, en los derechos humanos. Por esta razón, su informe destinado a documentar el caso Texaco se interesa en esencia por los aspectos sanitarios de la actividad petrolera. Se trata de un estudio realizado en una decena de comunidades cuya población suma 1.465 personas, de las cuales 1.077 se radicaban en las zonas contaminadas y 388 en áreas sanas. Según las conclusiones de esta encuesta, las poblaciones que viven en zonas contaminadas, donde operaba Texaco hasta 1992, se exponen a concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromáticos (ΗΡΑ) y de componentes orgánicos volátiles (COV) muy por encima de las normas sanitarias estadounidenses y europeas. Esos productos pueden ser absorbidos por el organismo humano por vía oral, táctil o por inhalación. Generan diversas enfermedades que van desde las infecciones secundarias —como hongos cutáneos, verrugas o eccema— a cánceres de la piel, la sangre o el esófago, pasando por las neumonías y abortos espontáneos. Las tomas realizadas en la zona del campo Texaco indican concentraciones de 46.423 a 405.634 nanogramos de PAH por litro y de 96 a 2.500 microgramos de benceno por litro, lo que multiplica los riesgos de cáncer por 100, comparado con las normas de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente142. El equipo de Jochnick deduce de ello que la contaminación del medio ambiente ocasionada por la actividad petrolera en la Amazonia constituye una violación de los derechos humanos, en derecho internacional, aunque las poblaciones afectadas no dispongan de ningún amparo al respeto contra el gobierno ecuatoriano o la empresa Texaco.

74Un segundo informe, publicado tras el estudio de Kimerling, fue realizado por San Sebastián y el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria Manuel Amunárriz, entre 365 mujeres radicadas en zonas contaminadas y 282 afuera (M. San Sebastián et al., 2000). Las conclusiones del estudio muestran que la tasa de mujeres que habían quedado embarazadas entre los dos últimos años es más alta en la zona no contaminada (el 93,5%) que en la otra (el 88,4 %), pero la tasa de abortos espontáneos a menos de 28 semanas es superior en la zona contaminada (el 9,8% contra el 4,4%). Este equipo se esforzó, además, en evidenciar la correlación entre el riesgo de cáncer y la contaminación petrolera, al estudiar la población de San Carlos (Sacha, Sucumbíos), un municipio de 1.000 habitantes ubicado cerca de la principal estación de producción de la región, donde se registraron 10 casos de cáncer entre 1989 y 1998. El tamaño reducido de esta muestra no permite generalizar las conclusiones del Dr. San Sebastián pero éstas atraen la atención en dos puntos: la diversidad de los tipos de cáncer diagnosticados (estómago, vesícula, laringe, hígado, sangre, etc.) y la elevación de la tasa de mortalidad entre las personas expuestas, que muestra una fuerte agresividad de los cánceres.

El caso Texaco

75Esos distintos informes, aunque incompletos, tuvieron una incidencia determinante en el juicio entre varias organizaciones y comunidades campesinas o indígenas de la región y la empresa Texaco143. El 3 de noviembre de 1993, 76 habitantes de la Amazonia ecuatoriana presentaron una demanda a nombre de 30.000 personas contra Texaco ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York144.Los demandantes alegaron los daños a personas y propiedades durante las operaciones realizadas por el consorcio Texaco—CEPE / Petroecuador. A fin de agrupar las demandas individuales y de obtener reparaciones colectivas, la demanda constituía una “acción de clase”145 Esta “acción de clase” buscaba conseguir indemnizaciones e intereses compensatorios por los daños corporales y los daños a la propiedad provocados por la contaminación del medio ambiente. Los demandantes invocaron la negligencia y ofensa intencional por acción y por omisión, que habían entrañado daños individuales y colectivos, entre los cuales el aumento del riesgo de cáncer y demás enfermedades, así como la degradación y destrucción de su entorno. En su conjunto, la demanda incluía siete alegaciones: negligencia, perjuicio público, perjuicio privado, estricta confiabilidad, seguimiento médico, defunción, “conspiración civil” y violación del Acta de Reclamo Contra las Ofensas (Alien Tort Claim Act, ATCA).

76La particularidad del ATCA, que el Congreso de Estados Unidos adoptó en 1789, es garantizar los intereses foráneos contra los perjuicios causados por una entidad estadounidense en su país, al ofrecer un amparo ante las cortes federales. En este caso, los demandantes alegaron que la práctica de verter desechos tóxicos en el medio ambiente constituía un “genocidio cultural” que violenta el ATCA y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además del ATCA, la demanda Aguinda se amparó en el artículo 13 del Tratado de Paz y Amistad de Comercio y Navegación entre Estados Unidos y Ecuador, según el cual los ciudadanos de ambas naciones tienen derecho a presentar sus demandas ante las cortes del país amigo. El hecho de que la sede de Texaco estuviese en Nueva York constituía un argumento decisivo para que el caso fuese juzgado en Estados Unidos, en la medida en que es ahí donde se guardaban reproducciones de los documentos necesarios para la instrucción.

77Otra serie de razones tienen que ver más específicamente con la legislación ecuatotiana. En primer lugar, los demandantes no tenían otra posibilidad, conforme al Código Civil ecuatoriano, que prohibe presentar una demanda ante un tribunal de este país cuando una acción ya ha sido intentada bajo otra jurisdicción. Además, la justicia ecuatoriana trata muy raras veces las demandas de reparación de los perjuicios. Según Wray, de los 6.448 casos de reparaciones de perjuicios resueltos en tercera instancia pot la Corte Suprema, en los últimos cinco años, 3 decisiones abarcaron perjuicios por negligencia hacia la propiedad o la persona, estando relacionadas las otras decisiones con litigios contractuales146. Desde luego, parece legítimo pensar que había pocas probabilidades de que la demanda Aguinda concluyera en las cortes ecuatorianas. A esto se añade el hecho de que la legislación estadounidense en el ámbito de protección ambiental —en la actualidad y en la época de los hechos— es más estricta. En efecto, desde 1971, la reinyección de las aguas de formación constituía ya una obligación legal en varios Estados de este país, a diferencia del Ecuador. Texaco se aprovechó entonces de aquel vacío jurídico para reducir sus costos de producción. Sobre este punto los demandantes invocaron la ley estadounidense y defendieron la idea de que la empresa no hubiera podido adoptar prácticas consideradas “obsoletas” en Estados Unidos, bajo la acusación de ubicarse fuera de la ley.

78Hay que precisar, además, que los procedimientos judiciales en Ecuador hacen difícil, si no imposible, defender una demanda de indemnizaciones por perjuicios. En efecto, la legislación ecuatoriana solo retoma el principio del interés directo del demandante y no la “acción de clase”. Esto significa que una víctima no puede presentar una demanda y obtener indemnizaciones e intereses más que a título individual. Entonces reducía considerablemente la posibilidad de que los demandantes tuviesen una indemnización a nombre de las 30.000 personas asociadas a la “acción de clase” en Nueva York. Además, el testimonio de un demandante o de sus representantes legales no es reconocido en Ecuador y los testigos no pueden ser obligados a comparecer ante las cortes, lo que significa que los empleados de Texaco podrían negarse a ser citados en el juicio. Finalmente, una investigación sobre la contaminación del medio ambiente no puede ser abierta por un tribunal, sino por la administración pública. Por falta de iniciativa por parte de la administración, los demandantes no tienen otro amparo que el de darse la vuelta en contra del gobierno ecuatoriano, y no contra la empresa responsable de los daños. Ahora bien, no existe ningún antecedente de sanciones ordenadas contra la administración del Estado por contaminación del medio ambiente.

79Ante estos argumentos, Texaco empezó intentando la negación de cualquier responsabilidad en el caso, argumentando, por una parte, que su filial en Ecuador, Texpet, era minoritaria en el consorcio con CEPE/Petroecuador, y, por la otra, que la zona afectada por sus actividades solo encubría el 3,8 % de la región amazónica ecuatoriana. Agregó que había pagado el 98 % de las ganancias de la producción al Estado ecuatoriano, bajo forma de regalías, tasas e impuestos, mientras había creado 2.840 empleos temporales o permanentes. Según la empresa, la eliminación de los desechos en la fase de producción se hizo conforme a la legislación ecuatoriana de la época, en particular, la Ley de Hidrocarburos y el Decreto 1469 de 1971, el Decreto 925 de 1973, la Ley de 1976 sobre la Prevención y el Control de la Contaminación del Medio Ambiente y la reforma del Código de Hidrocarburos de 1982 (Decreto 101). Estos textos obligaban a las empresas petroleras a tomar las medidas necesarias para la protección de la flora, fauna y demás recursos naturales, mientras prevenían la contaminación de las aguas, el aire y los suelos. Desde 1971, el Decreto 1469 prohibía la cremación del gas natural al aire libre sin autorización previa del Ministerio de Energía y Minas, lo que hacía a la autoridad de tutela, cómplice de hecho de las prácticas de Texaco. Los abogados de Texaco agregaron que verter aguas de formación en el entorno era (y seguía siendo en el 2000) una práctica común en muchos países, entre éstos Colombia y Ecuador. Texaco afirmó incluso haber contribuido al mejoramiento de las normas ambientales locales e implementado nuevos procedimientos, como el transporte de material por helicóptero para mitigar los impactos provocados por la construcción de las carreteras.

80Luego, la multinacional afirmó que no existían pruebas científicas de las alegaciones de los demandantes en cuanto a los riesgos de cáncer en la región. Es así como consideraba que el informe del CDES era nulo y sin valor, aduciendo que interpretaba de manera errónea las normas estadounidenses y falta de análisis cuantitativos relevantes. Según los expertos citados por Texaco, este informe se fundaba en tomas realizadas en condiciones “sospechosas” y extrapolaba excesivamente los resultados de las experiencias de cancerología realizadas en animales en laboratorios. Así mismo, se le calificó de “alarmista” y se le declaró sin valor al informe del equipo del Dr. San Sebastián porque el número restringido de casos estudiados y la disparidad de los cánceres diagnosticados no podían considerarse como una toma representativa.

81Una primera “acción de clase” se había intentado contra Texaco ante la Corte Suprema de Houston (Texas), a nombre de Sequihual. Pero el juez Black, a cargo de este expediente, había devuelto el caso ante las cortes ecuatorianas, a causa de forum non conveniens y de “comité internacional”, sin pedir mayor información. De paso, este juez justificó su decisión por el hecho de que el caso tenía serias implicaciones para las relaciones entre ambos países y participaba del derecho de las naciones a disponer de sus propios recursos naturales. Tras este éxito, Texaco trató de obtener la destitución de la demanda planteada en Nueva York bajo los mismos motivos, a fin de que el caso sea juzgado en Ecuador. Sin embargo, antes de pronunciarse, el juez Broderick, a cargo del expediente neoyorquino, ordenó un complemento de información. Los abogados de la multinacional produjeron alrededor de 71.000 páginas de documentos y un argumento de 140 páginas, en respuesta a los 81 documentos pedidos y a los 134 interrogatorios realizados en el marco de la investigación. En enero de 1996, Texaco solicitó nuevamente la anulación de la demanda de María Aguinda, aprovechándose de la defunción del juez Broderick, en 1995, y su reemplazo en este caso por el juez Rakoff. En noviembre de 1996, este último aceptó la solicitud, citando el juicio del caso Sequihual versus Texaco.

82Los demandantes quisieron recalificar la demanda, para tomar en cuenta la nueva actitud del gobierno ecuatoriano. Hasta ese momento, éste se había desentendido del caso Aguinda versus Texaco, al considerar que se trataba de un asunto de derecho privado y había rechazado las convocaciones del juez de instrucción. De la misma manera, el Congreso se negaba a amparar a los demandantes, aunque algunos diputados lo hubiesen hecho a título personal. En noviembre de 1996, al parecer, la República del Ecuador estaba a punto de aceptar el ser citada en el caso. No obstante, el gobierno y Petroecuador seguían negándose a levantar la “inmunidad soberana” para someterse a la entera jurisdicción de la corte de Nueva York. Por lo tanto, en agosto de 1997, la solicitud de recalificación fue negada. El juez Rakoff argumentó que se trataba de una maniobra para ganar tiempo, mientras que la instrucción llevaba más de tres años alargándose. Añadía que ni la República del Ecuador ni Petroecuador estaban calificados por la ley para intervenir como demandantes. Los demandantes apelaron enseguida esta decisión ante la Corte de Segunda Instancia de Nueva York, que pidió una reconsideración del juicio en octubre de 1998 y devolvió el caso ante la Corte del Distrito Federal. Confirmó que la intervención de la República del Ecuador no era ni necesaria ni requerida para que el caso siguiera su curso. Por lo tanto, el procedimiento se mantuvo y, en enero de 2000, el juez Rakoff pidió un nuevo complemento de información para determinar si los tribunales de Ecuador y Perú no eran más apropiados. En diciembre del 2000, la perspectiva de la compra de Texaco por el grupo estadounidense Chevron (efectiva en octubre de 2001), dejaba vislumbrar nuevos plazos en un procedimiento judicial cuyo fin seguía siendo incierto. No obstante, en mayo de 2001, el juez Rakoff resolvió enviar la demanda a Ecuador, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones en agosto de 2002.

83Entre tanto (septiembre de 1998), Texaco había culminado el programa de rehabilitación iniciado tres años antes y se veía libre de cualquier obligación ante la República del Ecuador. En efecto, en mayo de 1995, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texpet habían firmado un contrato de rehabilitación del área Texaco, que liberaría a la empresa de cualquier compromiso al finalizarse las operaciones. Las operaciones se realizaron con la colaboración de los municipios de Nueva Loja, Shushufindi, Joya de los Sachas y Coca, así como con el Consejo Provincial de Sucumbíos, por un costo total de 40 millones de dólares. Una suma ridicula, comparada con las reparaciones que se pedían a Texaco —alrededor de 1.500 millones de dólares— y de lo que la compañía Exxon había sido condenada a pagar por los daños en Alasita: 900 millones de dólares a título de cargos civiles y 250 millones a título de cargos penales147.

84Según uno de los abogados de los demandantes, Cristóbal Bonifaz, la posición del gobierno estaba finalmente a favor de los demandantes. En una carta al Congreso con fecha del 8 de diciembre de 1998, el Ministro de Relaciones Exteriores había declarado que el gobierno estaba particularmente preocupado por la evolución de los problemas ambientales causados por la explotación petrolera, y que pensaba que el contrato para el plan de remediación firmado con Texaco no afectaba, para nada, al derecho de los ciudadanos ecuatorianos de presentar demandas por perjuicios en contra de la empresa.

85A pesar de lo que pensaran o dejaran de pensar Bonifaz y, detrás de él, los medios nacionales, ciertas ONG ecologistas o ciertos análisis, el caso Texaco no es un conflicto en el que se oponen exclusivamente comunidades indígenas y una empresa multinacional. En realidad, los campesinos colonos constituyen la gran mayoría de los firmantes de la demanda presentada en Nueva York y de la población que pretendió defenderse en la “acción de clase”. En realidad, y como lo veremos a continuación, se trata de un caso típico de convergencia entre los movimientos ecologista, indígena y campesino, que se concretó con la creación, el 15 de mayo de 1994, del Frente de Defensa de la Amazonia (FDA).

El Frente de Defensa de la Amazonia y la era post-Texaco

86En el año 2000, el FDA agrupaba a unas veinte organizaciones campesinas148 y colaboraba de manera estrecha con las organizaciones indígenas de la región — siona, secoya y quichua149— y con las organizaciones de la sociedad civil, como el FEPP, el CDES y la Casa de la Cultura de Nueva Loja. En 1998-2000, administraba un presupuesto de unos 61.600 dólares, auspiciado por cuatro ONG o fundaciones internacionales: The Moriah Fund, The Public Welfare Fundation, Oxfam América y la Cooperación austríaca. En un principio constituido para explicar la “acción de clase” a las poblaciones locales, el FDA extendió poco a poco sus actividades a otros casos de contaminación o conflictos socio-ambientales. Desde entonces, su misión de asesoría incluyó dos partes: donde existía ya una actividad petrolera, se trataba de ayudar a las poblaciones afectadas a conseguir un nivel de indemnizaciones y protección conforme al derecho público ecuatotiano; donde la actividad petrolera era todavía incipiente o no existía, se trataba de informar y capacitar a las poblaciones locales sobre sus derechos, los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras, las tácticas y estrategias de negociación y/o de resistencia150.

87El FDA intervenía también como facilitador o mediador para presentar demandas ante el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, asumía un papel de asesor y consejero sobre el procedimiento que era preciso seguir para presentar una demanda, en caso de violación del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Sin embargo, no fue sino a finales de la década del noventa cuando la organización empezó a asegurar un seguimiento de los casos en trámite, entre otras cosas gracias a la creación de un cargo de asesor jurídico y un programa financiado por Oxfam América y la Cooperación austriaca. Esta actividad tuvo como efecto la modificación del comportamiento de las poblaciones afectadas, de una actitud fatalista y dependiente frente a las empresas, éstas pasaron a una actitud de resistencia y lucha para el respeto de sus derechos.

88A la población le toca decidir si acepta colaborar con el Estado y la industria petrolera o si se opone a ellos. De tal modo que el FDA podía ofrecer una colaboración tan eficiente a los Secoya, en su negociación con Occidental, como a los shuar y achuar, que se oponen a la entrada de Arco Oriente y Burlington en el bloque 24 (Morona Santiago y Pastaza). En las comunidades campesinas, donde la unidad es menos fuerte que en las comunidades indígenas, se trata de generar un frente común para luchar contra las prácticas de división de las empresas. El objetivo in fine es obligar al Estado a adoptar una mayor coherencia en la política petrolera, la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Es aquí donde aparece una diferencia de práctica con ciertas ONG ecologistas, que se oponen sistemáticamente a cualquier nuevo proyecto de exploración petrolera y que buscan formar alianzas tácticas de oposición a la industria más que dar a las comunidades elementos de juicio y decisión autónoma.

89El movimiento ecologista ecuatoriano, nacido en la década del setenta, abarcaba fundamentalmente dos tendencias: la una, bastante institucional, encarnada por las fundaciones Natura y Futuro Latinoamericano; la otra más activista, que cuestiona el modelo de desarrollo basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales del país. La corriente activista se divide a su vez entre una tendencia radical, encarnada por Acción Ecológica, Tierra Viva y Arco-iris, que atrajo a otras organizaciones sociales procedentes de los medios estudiantiles y obreros, entre otras al sindicato de Petroecuador, y una tendencia moderada encarnada por el CDES y Comunidec. Esta línea de fractura se superpone con la división entre, por un lado, los opositores a la explotación petrolera en la Amazonia y, por el otro, los partidarios de una explotación controlada que tome en cuenta a las poblaciones afectadas. Se evidencia hoy tanto en las estrategias de lucha como en el discurso. En efecto, las organizaciones radicales ponen todos sus esfuerzos y capacidad de movilización para incitar a las poblaciones afectadas a resistir y encabezar la lucha contra la actividad petrolera. Por su lado, las organizaciones moderadas salen de una realidad contrastada donde es menester, en primer lugar, distinguir las zonas de actividad ya avanzada y las zonas de escasa penetración de la industria y, en segundo lugar, respetar el derecho a la autodeterminación de las poblaciones afectadas. En ambos casos, la información y la asistencia técnica son recursos estratégicos, pese a que su utilización desemboque en prácticas sociales muy diferentes151.

90Hasta 1998, el FDA se ubicaba tan cerca de la una como de la otra corriente activista, ya que las funciones de cada una se articulaban alrededor de un proyecto común: la defensa de las víctimas de la era Texaco. Acción Ecológica traía un conocimiento necesario de sus visitas a los sitios contaminados, mientras que el CDES valoraba la defensa de los derechos humanos. El conjunto funcionaba en una “Red de Monitoreo y Control” de la actividad petrolera. Este “entente cordial” llegó a su apogeo durante la campaña “Amazonia por la Vida”, en contra de la Séptima Ronda de licitaciones para la atribución de nuevos bloques petrolíferos, en 1994. Luego, crecieron las divisiones entre ambas organizaciones, y el FDA siguió una vía más cercana al CDES que a Acción Ecológica, sin renunciar por lo tanto a reconciliarlas en la acción. En 1998, la ruptura se consumó entre el FDA y Acción Ecológica, por razones debidas tanto a la política de ambos movimientos como a rivalidades de personas. En este contexto, la colaboración con el CDES retomó una creciente importancia, en el caso Texaco y en todos los conflictos socio-ambientales vinculados con la actividad petrolera en la Amazonia. Saliendo del principio de que la mayoría de las poblaciones afectadas por la actividad petrolera están dispuestas a negociar con la industria por razones económicas o porque se sienten obligadas a hacerlo, ambas organizaciones persiguieron la meta de capacitarlas e informarles sobre sus derechos, a fin de ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Bastarán aquí algunos ejemplos para ilustrar la magnitud del desafío.

91En julio de 1998, se produjo un derrame de aguas de formación en el recinto Flor de Mantuvo (cantón de Coca, Orellana), cerca del campo Gacela, ubicado en el bloque 7, entonces administrado por Oryx. Según los moradores, el derrame contaminó un río que irrigaba cuatro fincas. A ello se agregaba la presencia de instalaciones defectuosas, como un canal de descargo, tanques de aguas residuales y dos piscinas de desechos de crudo de la era Texaco. En el plan de remediación de Texaco y Petroecuador, habían taponado las piscinas sin mayor tratamiento, lo que producía como efecto desbordes e infiltraciones de crudo en caso de fuertes lluvias. Este perímetro había sido transformado en pastos pero, de pronto, la hierba se volvió amarilla y seca, debido a la acidez del suelo. La contaminación procedente de la estación de producción afectaba a los cultivos de arroz, plátano, café y cacao, así como al ganado y a los animales domésticos. Además, generaba infecciones crónicas entre los habitantes y una falta de agua potable para toda la comunidad. A manera de compensación, estos últimos habían recibido un aula de clase, unas veinte láminas de zinc, algunas subvenciones para obras sociales, golosinas y regalitos navideños.

92A nombre de los moradores de la cooperativa, Acción Ecológica pidió a Oryx suprimir todas las fuentes de contaminación, rehabilitar el campo Gacela y efectuar una auditoria ambiental. Los campesinos pidieron también que la empresa dotase a la comunidad de una red de agua potable y de luz, y que le indemnizara por los daños provocados por el derrame. Así mismo, pidieron a Oryx postergar su proyecto de explorar el bloque 21, ubicado al sur del bloque 7. Durante una primera visita de inspección con el representante local de la Red de Monitoreo, un empleado de Oryx se había opuesto a que los interesados sacaran fotos. Es así como fue necesaria la intervención de las organizaciones ecologistas y una visita con los funcionarios del INEFAN para confirmar los dichos de los habitantes y obligar a la empresa a pagar una multa de 2 millones de sucres, a manera de compensación de una actividad calificada por el INEFAN de “irresponsable y que constituye una amenaza inminente a la vida de los moradores”. La empresa accedió, finalmente, a esas solicitudes y financió una visita médica de la población afectada con el dinero de la multa. Sin embargo, la remediación no se llevó a cabo y la empresa se limitó a ofrecer un millón de sucres para que los mismos afectados procedieran a esas obras152.

93En la misma época, Oryx enfrentaba un fuerte movimiento de resistencia por parte de los moradores de la pre-cooperativa Fuerzas Unidas (cantón Tena, Napo), mientras realizaba estudios sísmicos en el sitio Jaguar 2, en el bloque 21. Dos familias firmaron un derecho de servidumbre voluntaria, que dejaba a CGG, subcontratista de Oryx, un terreno de 1,5 ha a cambio de obras de remoción de tierras y de la construcción de un campo multideportivo. Sin embargo, los moradores se dividieron y algunos se opusieron a que las obras siguieran, alegando que la línea de exploración sísmica que pasaba cerca de las viviendas, afectaba su tranquilidad y no correspondía a las normas contractuales. De hecho, según el informe de la Red de Moniroreo, la rrocha medía entre 1,7 y 5 m de ancho según los sitios, mientras que la solicitud de permiso preveía que no iba a superar 1,2 m. Los campesinos fueron objeto de amenazas e insultos por parte de técnicos de CGG. Cuando se acabó la fase de exploración sísmica, la cancha multideportiva seguía en obras153.

94Desde 1995, los moradores del recinto La Primavera (cantón Shushufindi, Sucumbíos) pedían que su pueblo, ubicado en el campo Aguarico, fuese integrado al plan de remediación y limpieza ejecutado por Texaco y Petroecuador. Regularmente, las familias se quejaban de la pérdida de ganado y de la escasez de agua potable, debidas a la presencia de una decena de pozos desafectados. La “experiencia piloto” dirigida por IECOMSA, subcontratista de Petroecuador, se había limitado a los alrededores de los pozos Aguarico 3, 9 y 10. Ahora bien, en febrero de 1995, dos accidentes provocaron el derrame de 150 barriles de crudo en la naturaleza. En abril de 1998, hicieron que se realizara una inspección por la Red de Monitoreo, la cual dio los siguientes resultados: alrededor del pozo Aguarico 5 se encontraban desechos tóxicos almacenados en dos piscinas taponadas con tierra, a lo largo de las cuales el suelo estaba maculado de crudo, producto del desborde de las piscinas; cerca del pozo Aguarico 10 se encontraba un pozo de 2 m³ no tapado y el agua estaba contaminada; cerca del pozo Aguarico 56, una piscina a cielo abierto de 20 m por 30 y un tubo de evacuación que llevaba directamente al río Eno; cerca del pozo 9, una piscina de 50 m por 20 llena de crudo y cubierta de material sintético en mal estado y una piscina de 50 m por 80 que contenía agua amarillenta.

95El informe concluyó que la población del recinto había sufrido las consecuencias de una tecnología obsoleta utilizada por Texaco, que Petroecuador no había resuelto el problema aunque hubiera demostrado buena voluntad. La presencia de piscinas y tubos oxidados provocaba frecuentes derrames que originaban la muerte de animales por intoxicación y afectaba física y psicológicamente a los moradores. La Red pedía entonces que se declarara el estado de emergencia ambiental en este recinto, hasta encontrar los fondos necesarios para una acción remediadora en el sitio. Al acabarse el plan de remediación, algunas semanas más tarde, este sitio quedó en el mismo estado154.

96En febrero de 1998, los moradores de la comuna San José de Tarapoa (cantón Nueva Loja, Sucumbíos), representados por la Federación de Organizaciones Campesinas del Napo (FOCAN), alertaron al FDA de la contaminación crónica provocada por los derrames de los conductos y la presencia de piscinas de aguas de formación en el campo Fanny, administrado por City Investing. Deploraban la pérdida de 23 cabezas de ganado vacuno en trece años. Según el informe del FDA, cada pozo presentaba las mismas características: una cobertura de 2 ha protegidas por un cinturón de 8 m de ancho, una bomba alimentada con diesel en acción permanente. Cerca de los pozos Fanny, dos piscinas de 2.700 m³ estaban vinculadas con la estación de separación por un canal de vertido, una flama ubicada a 100 m de las piscinas consumía los gases de producción permanentemente. De la segunda piscina, las aguas de formación se vertían a un terreno de 4 ha, rebosquejado con helechos. Las aguas contaminadas se evacuaban hacia otro terreno, de 40 ha, donde el río San José (afluente del Tarapoa y del Quinin-dé) toma su fuente. Estas piscinas constituían una fuente de contaminación atmosférica y afectaban los suelos en un perímetro de 70 ha.

97Se había firmado un acuerdo entre City y la FOCAN en octubre de 1996, según el cual la empresa se comprometía a iniciar los trámites para obtener el financiamiento de las obras remediadoras y reclutar la mano de obra local, mientras informaban a la población de sus actividades y la indemnizaban por los daños consecutivos de la exploración sísmica. En realidad, la acción remediadora se limitó a tres piscinas de 1.200 m³ ubicadas cerca de los pozos 18 B 1-4 y Fanny 4 y 5, que se limpiaron y se adaptaron para la cría de pirañas. Por lo demás, el tratamiento de la contaminación consistió en recuperar lo que se podía y tapar el resto con tierra, madera y sembrar pasto y helechos. En cambio, la empresa contrató a 12 personas para tareas de vigilancia, limpieza de derrames accidentales o desbrozo y autorizó a los moradores a usar la flama de gas para secar el café. De paso ofrecía un servicio médico y prestaba sus vehículos o un generador eléctrico para actividades sociales.

98Según el FDA, este paternalismo mantenía a la comuna en relaciones de dependencia, lo que no permitía a sus habitantes hacer valer directamente sus derechos a un medio ambiente sano y libre de contaminación. No obstante, las demandas presentadas por la FOCAN en un documento producido en octubre de 1998 muestran cierta evolución en la toma de conciencia ecologista de la organización. En efecto, además de los servicios comunitarios a los cuales pretendía, la FOCAN pedía a la empresa que suscribiera un nuevo acuerdo tras la fase exploratoria, al cual se debía agregar un plan de remediación del medio ambiente y de las áreas afectadas, mientras se preveía la re-inyección de las aguas de formación y el control anticontaminación de las aguas y los suelos155.

Tipología de los conflictos socio-ambientales en el Nororiente ecuatoriano

99Desde su creación hasta el año 2000, el FDA llegó a tratar un centenar de demandas procedentes de organizaciones sociales locales, excluyendo las demandas presentadas a título individual. El estudio de estas demandas permite establecer una tipología de los conflictos socio-ambientales en el área Texaco. Resultando de este análisis que la contaminación vinculada con las prácticas de las empresas originó el 49% de las demandas, mientras que la contaminación provocada por accidentes en el ciclo de producción originó el 30%. Las violaciones de propiedad privada son el origen del 9% de las demandas y las reclamaciones por indemnizaciones no pagadas o por acuerdos no cumplidos constituyen el 7% de los casos. Las demás demandas dirigidas al FDA abarcan la asistencia jurídica o para el fortalecimiento de las organizaciones de base. En la mayoría de los casos, las quejas afectan a Petroecuador. Esto se debe, en parte, al hecho de que la empresa pública ecuatoriana es la principal operadora de la zona, desde la salida de Texaco en 1992. Sin embargo, esta frecuencia se explica también por las prácticas de los técnicos de la empresa, que originaron muchos accidentes de mantenimiento o el retraso en las operaciones de renovación de los equipos. Entre las demás empresas incriminadas, los nombres que aparecen más a menudo son los de City Investing, Oryx y Santa Fe.

100En el origen de los accidentes que ocasionaron pérdidas de petróleo crudo en la naturaleza, encontramos también rupturas de los conductos secundarios, provocadas por el uso y la oxidación o por errores de manipulación y hasta por actos de sabotaje. Sin embargo, esta última práctica, frecuente en Colombia, es excepcional en Ecuador. En cambio, los errores de manipulación en tareas de mantenimiento son bastante comunes, trátese de cambiar un conducto o de regular la presión en la red de oleoductos. Constituyen una fuente importante de contaminación de los ríos y terrenos de cultivos o de piscicultura, provocando la destrucción de plantaciones de café, cacao y demás árboles frutales, ocasionando la muerte o la intoxicación de animales domésticos y del ganado, e incluso del corte de agua potable a los moradores. Otra causa de accidentes proviene del hecho de que los oleoductos raras veces están enterrados y pueden ser atropellados por carros o máquinas agrícolas. Varios accidentes de este tipo fueron provocados por la excesiva velocidad o el mal revestimiento de las carreteras. Una práctica corriente hasta 1996 consistía en verter desechos de crudo en las vías públicas, en vez de asfalto. Esos productos contienen altos porcentajes de aceites y residuos químicos, lo que vuelve a las carreteras resbaladizas cuando llueve o cuando hace mucho calor. Además, producen emanaciones tóxicas, que afectan a las poblaciones locales de manera crónica. Aunque ilegales, estas prácticas nunca desaparecieron, al menos en las vías secundarias, donde es bastante frecuente ver camiones de esparcimiento cubrir el suelo con un líquido opaco, sin el mínimo tratamiento fijante a posteriori.

101A parte de los accidentes, la principal causa de contaminación del área Texaco se debe a las prácticas pasadas y presentes de la industria. La perforación de un pozo ocasiona a menudo el vertido de aguas de formación al medio ambiente y la evacuación de aceites y productos químicos contenidos en estas aguas van directamente a los ríos de alrededor. En ausencia de una acción remediadora en las piscinas de aguas residuales provoca su desborde e infiltración en el subsuelo, en particular en la temporada de las lluvias. Con pocas excepciones, que fueron ejemplos muy mediatizados, las operaciones realizadas conjuntamente por Texaco y Petroecuador entre 1995 y 1998 se limitaron a cubrir con tierra estas piscinas y pozos inactivos, y luego a sembrar algunos árboles. Esto no descarta los riesgos de contaminación, sino que también se manifiesta frecuentemente en la formación de campos de sal o de áreas estériles. Otra práctica frecuente es el almacenamiento de desechos domésticos o industriales banales por las empresas subcontratistas, sea para el mantenimiento de los equipos o para la construcción de carreteras y plataformas de exploración y producción. Se trata de una práctica contaminante, que, además, expone a las personas —especialmente a los niños— a herirse, como ocurre a veces con artefactos o rollos de alambre abandonados. Por otra parte, esas prácticas son el origen de conflictos que implican directamente a las poblaciones locales. La cremación del gas natural al aire libre que produce humos ácidos y un olor nauseabundo, la no-renovación de los equipos que provocan derrames crónicos, el retraso o la ausencia de operaciones remediadoras y de limpieza tras un accidente son unos cuantos motivos de tensión entre los moradores de la era Texaco y las empresas petroleras. A esto se añaden los conflictos por abuso de autoridad que implican a los técnicos y guardias de empresas o incluso prácticas que menosprecian abiertamente el derecho de propiedad, como la que consiste en cavar una trocha en una finca, durante la fase de la exploración sísmica, que obstaculiza la circulación de las personas y los animales domésticos.

102Ello nos lleva a considerar los dos otros tipos de demandas que trata el FDA: las demandas por violación de propiedad privada y las demandas por abuso de confianza o por indemnizaciones no pagadas. Los casos más obvios de violación de propiedad implican a los territorios cofán, siona y secoya, que coinciden en parte con espacios naturales protegidos. En algunos casos, la violación de la propiedad privada se entiende por la ocupación de un terreno sin el consentimiento de los moradores. Pero también puede consistir en la realización de obras no contempladas en un acuerdo previo, como la apertura de una trocha de exploración sísmica más ancha que lo previsto. La desinformación en cuanto a las actividades previstas es una causa frecuente de ruptura de los acuerdos por la población, como en el caso en que el uso de explosivos cerca de las reservas acuáticas no se menciona por la empresa o el caso en que un convenio solo abarca la ejecución de parte de las obras y es usado por la empresa como un acuerdo marco. Finalmente, muchos conflictos surgen cuando los moradores no son capaces de presentar los títulos de propiedad y que la empresa cuestiona su derecho de uso y usufructo del terreno donde quiere intervenir.

103En general, las empresas tienen que pagar un derecho de paso, consagrado por un “acuerdo de servidumbre voluntaria”. Según los términos de este acuerdo, revierten al particular una indemnización en dinero (calculada conforme a una tabla establecida por la administración) o en bienes y servicios, como la apertura de un camino, la instalación de líneas eléctricas o la construcción de equipos públicos. No obstante, no es raro que el terreno sea subvalorado, por falta de actualización de la tabla, o porque las empresas no cumplan con sus compromisos. En realidad, se trata de un modo de administración de las relaciones comunitarias, que les permite reducir los costos al diferir las obras de utilidad pública, a fin de conservar cierto control sobre la población local. En ciertos casos, esta práctica crece con relaciones clientelares susceptibles de exacerbar las divisiones en el seno de una comunidad. Puede tomar la forma de regalitos a ciertos dirigentes o la prestación de servicios a las familias ubicadas en los sitios estratégicos de la obra. Finalmente, es frecuente que una empresa no realice las operaciones de limpieza y remediadoras previstas por un acuerdo y minimice los costos de reforestación de un área afectada por la actividad petrolera, sea al introducir especies no nativas, sea al dejar los árboles marchitarse después de pocos meses.

104Vemos entonces que el fin de las operaciones de Texaco no puso término a los impactos socio-ambientales de la actividad petrolera en lo que fue su área de influencia directa. En la medida en que el número de demandas tratadas por el FDA tiende a aumentar, todo hace pensar que esos impactos se darán a conocer de manera cada vez más detallada. En efecto, entre 1994 y 1999, el FDA había tratado unas 80 demandas; entre enero y septiembre de 2000, este número había llegado a 100. Ahora bien, cabe indicar que muy pocas encontraron una conclusión definitiva. Además, el creciente reconocimiento de la organización entre las poblaciones amazónicas ejerce cierto efecto demostrativo y de credibilidad, cuyas mayores consecuencias son, por un lado, el concentrar y sistematizar los procedimientos de demandas, por el otro, el dar a las poblaciones afectadas una mayor confianza en sus organizaciones e ir en contra del fatalismo que reinaba hasta inicios de la década del noventa en cuanto a las consecuencias y reparaciones de los daños provocados por la actividad petrolera. De tal modo que podemos hablar de una verdadera toma de conciencia ambiental, impulsada por el FDA y de un movimiento colectivo que interpela tanto al Estado como a las empresas petroleras —públicas y privadas— para obligarles a asumir nuevas responsabilidades en la prevención y el tratamiento de la contaminación industrial. La situación es más compleja en Colombia porque no se encuentra ningún movimiento de este tipo, y porque la situación de violencia generalizada prohíbe, a menudo, el acceso a las zonas siniestradas y desalienta, en amplia medida, las iniciativa locales que buscan dar a conocer los impactos socio-ambientales, origen de los conflictos que nos preocupan.

El impacto de la actividad petrolera en Colombia

105Como hemos visto, los inicios de las actividades petroleras en Colombia se dan en 1905, bajo la Presidencia de Rafael Reyes. El escenario de esas primicias fue la región del Norte Santander y Barrancabermeja (ex Infantas), en el Magdalena. De pronto, estas operaciones despertaron el interés de Internacional Petroleum Company, filial de Standard Oil of New Jersey, que se esforzó por hacer valer una imagen humanitaria y civilizadora. En realidad, sin lugar a duda, esta empresa hizo trabajar a indígenas sin hacerlo público. Según Roldán, se trata del primer genocidio comprobado, ya que ningún indígena sobrevivió a esta época y se ignoran hasta sus nombres (R. Roldán, 1995: 259-305). La segunda etapa fue marcada por la ley 80 de 1931, que otorgaba a las empresas el derecho de domar a los “indígenas hostiles”, con la protección del ejército colombiano. De esta manera, dos filiales de Gulf Oil penetraron en territorio Barí156. La guerra que siguió se cobró entre 250 y 500 víctimas entre los indígenas. En la década del treinta, la población bajó de 2.000 a 1.200 individuos, mientras que su territorio era dividido para cuatro (hasta abarcar menos de 1.000 km²). En octubre de 1974, la creación de una reserva de 83.000 ha ayudó a salvar a los sobrevivientes de este segundo genocidio y sus descendientes, mientras que las multinacionales mineras penetraron en el Catatumbo.

106Más recientemente, tres casos de exploración petrolera en territorios indígenas colombianos atrajeron la atención. En la década del sesenta, entró Texaco al Putumayo, o sea al mismo tiempo que entraba a explorar la Amazonia ecuatoriana. En aquella época, la población del Putumayo no superaba los 20.000 habitantes, entre los cuales 18.000 eran indígenas (inga, cofán, siona, huitoto y correguaje). Pero de pronto, dos carreteras fueron abiertas en territorio inga, mientras que el territorio de los cofán se reducía a 28.000 ha, invadido por los obreros, hasta que el INCORA le otorgase el estatuto de reserva. En 1973, la colonización alcanzaba el 60 ó 70 % del territorio indígena. De tal suerte que los cofán y los inga entraron en vía de extinción en esta zona. En la década del ochenta, entró Occidental en la región de Orocué (Casanare), donde descubrió el mayor hallazgo petrolífero de Colombia en el campo de Cusiana. En aquella época, los Sáliva todavía no habían legalizado su territorio y fueron expulsados del área. Finalmente, en 1991 entró la empresa Fronteras de Exploración Colombiana en territorio nukák, en el Guaviare. La licencia ambiental fue otorgada en octubre de 1992, es decir, mucho después del inicio de la exploración sísmica, lo que permitió a la ONIC inaugurar la nueva Constitución, lanzando una “acción de tutela” para suspender las obras.

107Una inspección judicial ordenada por el Tribunal Civil de Villavicencio trajo la prueba de que el medio ambiente de los nukák estaba afectado y que la vida de la comunidad se encontraba perturbada por las explosiones, la presencia de los obreros, etc. Finalmente, la exploración petrolera se suspendió. Un año después, el INCORA amplió los límites del resguardo nukák a 632.000 ha157. Entre tanto (el 29 de abril de 1993), bajo pedido de la Dirección General de Asuntos Indígenas (DGAI), el INDERENA había cancelado una licencia ambiental otorgada a British Petroleum en la parte que afectaba al resguardo de Chaparral y Barro negro (Casanare). Es precisamente en este momento cuando se denunció públicamente el caso U'wa, por la voz de los indígenas.

108El balance de la actividad petrolera en Arauca, realizado por la Unión Sindical Obrera (USO), destaca en primer lugar la aceleración del proceso de colonización, proceso facilitado por las vías fluviales y terrestres, en particular tras la apertura de la vía Arauca-Arauquita (de 100 km)158. En un principio destinada al despacho de la maquinaria y del personal técnico de Oxy, esta carretera se volvió un eje de colonización para los campesinos pobres en búsqueda de un terreno o deseosos de abrir un negocio para aprovechar la bonanza petrolera. A este efecto social se agrega un efecto ambiental, que el informe de la USO califica de “crimen ambiental mayor y deterioro irreversible del medio ambiente”. Al formar un dique en línea recta, esta carretera cortó la circulación de las aguas que se vertían del río Arauca hacia los canales de las planicies inundables de la región en temporada de lluvias. Una de las consecuencias de esta obra fue la obstaculización de los cañones de Agua de Limón y las lagunas de Lipia y La Perra, entradas utilizadas para el transporte fluvial entre los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte. Desde entonces, la región empezó a padecer sequía, lo que afectó tanto a los ganaderos como al patrimonio ictiológico. Por otra parte, en la temporada de lluvias, las inundaciones tienen como efecto el arrastre de los desechos orgánicos y químicos acumulados durante la temporada seca, lo que provoca la muerte de los peces que entran en contacto con las aguas. El mismo informe menciona tres estudios de impactos ambientales, realizados para identificar las consecuencias de la actividad petrolera que podían haberse anticipado. Pero concluye que los estudios geofísicos e hidrodinámicos tan solo sirvieron para proteger las instalaciones petroleras contra los elementos naturales, sin hacer caso del equilibrio natural.

109La apertura de la frontera de colonización significó una emigración masiva, de tal modo que la población superaba los 137.000 habitantes en 1993 (contra los 107.000 en 1987), de los cuales apenas la cuarta parte eran originarios del departamento (DANE, 1993). Este fenómeno se acompañó de una creciente urbanización: entre 1973 y 1985, la participación de la población radicada en las ciudades y pueblos pasó del 40,5 al 57,9%159. Desde los inicios de la colonización, la actividad agropecuaria se repartía conforme a las condiciones topográficas de la región, con una preferencia por la ganadería extensiva, que ocupaba el 71,37% del departamento y se concentraba en el área de planicies, alrededor de los municipios de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame. Por otra parte, la llanura tenía una vocación más agrícola, con el cultivo de cacao, plátano, yuca y pan de azúcar. Como lo destaca Zubieta, la integración de la región al mercado nacional era incipiente, debido a la falta de vías de comunicación y de un plan de desarrollo regional, lo que significó una creciente marginalización social, económica y cultural y facilitó la implantación de las guerrillas a inicios de la década del ochenta. En realidad, justo al principio de la explotación petrolera, el Arauca era un departamento olvidado por la administración central, como lo atestiguan la falta de infraestructuras viales, la ausencia de red electrificada, la insuficiencia de los servicios públicos (trátese de la salud o de la educación) y la escasa cobertura de los medios.

110De tal suerte que el Gerente General de Oxy, Luis Fernando de Angulo, tiene razón en afirmar que, cuando llegó su empresa a la región, todo quedaba por hacer en el ámbito social y económico160. El descubrimiento del hallazgo de Caño Limón y el flujo de recursos en proporciones jamás logradas generaron un trastorno en la organización social y unas expectativas en la población, que seguían condicionando en el año 2000 las relaciones entre la población campesina y la industria petrolera. No cabe duda de que empresas como Ecopetrol y sus socios, por sus dimensiones y el capital que controlan generan demandas considerables, en cuanto a empleos, de ayuda a la inversión y de mejoramiento del nivel de vida. Es así como, a mediados de la década del ochenta, en un departamento donde la tasa de escolarización primaria alcanzaba el 57% y que contaba con un médico por 5.500 habitantes, la crisis de los servicios públicos se agudizó por la urbanización y el movimiento migratorio provocado por la actividad petrolera. El primer tipo de necesidades abarcaba los servicios de acueductos, de alcantarillado y de electrificación. El segundo tipo de demanda abarcaba la educación, en particular la nominación de maestros de enseñanza primaria, los equipos pedagógicos, la construcción de escuelas y el otorgamiento de becas de estudios. El tercer tipo de demanda abarcaba los servicios de salud, para enfrentar la escasez de equipos y de personal médico y paramédico, y conseguir la construcción de edificios y puestos de salud.

111En segundo lugar, figuraban las demandas relacionadas con el mejoramiento de los equipos urbanos e infraestructuras viales, para desenclavar la región y facilitar su desarrollo socio-económico. El total de las vías transitables en el departamento alcanzaba entonces 960 km, que tan solo se podían usar en el verano. El resto del tiempo, las inundaciones de las planicies, agravadas por la presencia del dique Arauca—Arauquita, impedían el uso de la mitad de esta red. A esto cabe añadir que el transporte de la maquinaria y de los equipos, durante la construcción del oleoducto y durante las primeras obras, provocó importantes daños a la infraestructura existente. Por lo que atañe a los equipos urbanos, las necesidades iban desde el acondicionamiento de las plazas de mercados y de ferias, parques y campos multideportivos, a la construcción de mataderos, de sedes de entidades públicas y casas comunales, pasando por la instalación de líneas telefónicas. La falta de alojamientos, resultado de la urbanización masiva, era otro problema que tuvo como consecuencia la aparición de barrios marginales, que hospedaban emigrantes sin recursos en condiciones de insalubridad y promiscuidad preocupantes.

112El informe de Zubieta sobre la situación socio-económica del Arauca y el Sarare, cuatro años después del arranque de la actividad petrolera en la región, evidencia muchas preocupaciones del sector campesino que, si consideramos las reivindicaciones de la USO diez años después, quedaron sin respuesta satisfactoria. Es más, ilustra el hecho de que la llegada de la industria petrolera a una región aislada, con una vocación tradicionalmente agrícola, tuvo como efecto el catalizar las demandas latentes de bienes de equipo y de consumo duradero susceptibles de beneficiar al entorno local. Sin embargo, este informe carece de profundidad en el análisis de la dimensión coyuntural del impacto de la actividad petrolera, en particular por lo que atañe a los cambios inducidos en el mercado del trabajo y por el aumento del nivel de precios en el mercado local.

113Sabemos que la actividad petrolera requiere una importante oferta de mano de obra en sus primeras fases (exploración y construcción de infraestructura). Así mismo, sabemos que crea empleos a través de actividades complementarias de transporte y demás servicios. Sin embargo, esta creación de empleos es coyuntural y no permite que la población disponga de una fuente de ingresos duradera. Los cambios en la estructura del mercado de empleo y la pérdida de capacidad productiva y de conocimientos profesionales en las actividades tradicionales que provoca la bonanza petrolera son conocidos como el síndrome de la enfermedad holandesa, presentada en la primera parte de este libro. Al nivel social, este fenómeno explica cómo se produce o se acelera la descomposición del campesinado, por el efecto de la introducción de salarios mucho más atractivos, aunque transitorios. Es quizá uno de los factores explicativos de las frustraciones generadas por la experiencia petrolera en la región del Sarare, aunque Zubieta anote que el tema del empleo no aparece entre las demandas de los movimientos colectivos locales.

Petróleo y violencia en Colombia

114Otro efecto perverso de la actividad petrolera se mide por el aumento de la violencia en la región. Cierto es que el hecho de que el inicio de la exploración petrolera en el Sarare haya coincidido con las primeras acciones de las FARC-EP y el ELN, en 1980-1981, no significa que las guerrillas hayan entrado a la región con la maquinaria de Oxy y Ecopetrol. No obstante, no cabe duda de que, en una zona poco controlada por el Estado, las guerrillas —en particular el ELN— se aprovecharon de la construcción del oleoducto para presionar a las multinacionales y a la empresa pública, así como para conseguir recursos financieros a través de la extorsión y el chantaje con las voladuras contra la infraestructura petrolera. En las décadas del ochenta y del noventa, el departamento de Arauca se volvió uno de los más violentos en Colombia y contaba con cuatro municipios “muy o bastante violentos”: Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte (Cf. C. M. Ortiz, 1998 b: 64; F. Cubides et al., 1998: 253-255). El fuerte aumento de los secuestros en el país, en la década del ochenta, es particularmente notorio en Arauca, donde la tasa de secuestros alcanzó un máximo superior a 30 por 100.000 entre 1985 y 1995, a lo que acompañó el aumento de los homicidios que ya mencionamos, con un máximo de 500 por 100.000 entre 1979 y 1987 (Cf. Cubides et al., op. cit.: 285-316). Aunque en Arauca el homicidio y el secuestro sean más políticos que en otros departamentos, ya que son perpetrados por las guerrillas más que por la delincuencia común, es precisamente en los secuestros donde se confunden las acciones de las guerrillas y la delincuencia común. Los trabajos de Bejarano han demostrado cómo los guerrilleros subcontra-tan la primera fase de la acción para evitarse las complicaciones y la pérdida de prestigio que generan los secuestros. Las pandillas reciben entonces una participación para hacerse cargo de personas en las zonas urbanas, mientras que la guerrilla se encarga de los cautivos en zona rural y negocia su liberación (en Ortiz, op. cit.: 53; C. Echandía 1998: 60; M. Rubio, 1998: 139).

115En la década del noventa, estaban presentes cinco frentes de guerrilla en el Arauca: los frentes 10 y 45 de las FARC y los frentes 7, 8 y 21 del ELN, conocidos como Frente Domingo Laín. Tras la toma de Simacota (Santander), el 7 de enero de 1965, el ELN había conocido un primer período de expansión geográfica, entre 1969 y 1973, principalmente financiado por los secuestros. La derrota de Anorí, en 1973, y la muerte de sus principales jefes conllevaron prácticamente a su desaparición, que el movimiento superó gracias a un cambio radical de estrategia: la multiplicación de las acciones urbanas. Es así como, entre 1985 y 1989, se registraron 946 acciones del ELN en Medellín, Bucaramanga y Cú-cuta (Cubides 1998 a: 189). Entre tanto, la región de Arauca se volvió una “zona de refugio”, luego de “captación de recursos” para el movimiento, tras la creación del Frente Domingo Laín, bajo el mando de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Cubides indica que se trata de un frente bastante autónomo, que se apoya en la organización campesina filial de la ANUC y que saca provecho de las condiciones adversas y del sentimiento de exclusión expresado por los colonos frente a los poderes locales y regionales. Las “rectificaciones estratégicas” impulsadas por Gabino iban a beneficiarse de un hecho imprevisto: la construcción del oleoducto hasta Coveñas (Sucre) y la explotación de Caño Limón. A partir de la comuna de Arauca, el ELN organizó sus operaciones de expansión hacia el norte de la región Atlántica, pasando por Santander, el noroeste de Antioquia y el sur de Bolívar. Esta estrategia, que se decidió en 1983, es decir, poco después de la decisión anunciada por las FARC de duplicar los frentes existentes, fue facilitada por los recursos de los secuestros y las extorsiones a Mannesmann, sub-contratista de Oxy y Ecopetrol para la construcción del oleoducto. Por otra parte, el ELN desarrolló “hábiles esquemas clientelistas” que le ayudaron a desviar los ingresos del fisco en la región (Echandía, op. cit.: 39).

116Es así como la retórica anti-imperialista de este movimiento guevarista concuerda maravillosamente con sus necesidades financieras. En efecto, el secuestro y la extorsión a Mannesmann procuraron una fuente de financiamiento duradera para el ELN, además de que las demandas de los sectores sociales afectados por la actividad petrolera le dieron una legitimidad nueva. A fin de cuentas, la presencia de la industria petrolera en la zona de refugio del ELN permitió que este movimiento pusiera al día el discurso nacionalista que caracterizaba ya el “Manifiesto de Simacota”. Este manifiesto, redactado en enero de 1965 tras la toma del municipio, denunciaba entre otras cosas el despilfarro de las riquezas del pueblo colombiano por los “imperialistas norteamericanos” (en E. Pizarro, 1996: 251). En el conflicto entre los U'wa y Oxy alrededor del bloque Samoré se iba a perfeccionar esta retórica, hasta convertirla en un programa anti-globalización. Como lo destaca Cubides, de esta época datan los boletines de “Insurgencia”, en los cuales el lenguaje de especialista usado por los ingenieros, técnicos y obreros del sector petrolero se mezcla con los argumentos nacionalistas.

117Encontramos un resumen de esos principios en una carta abierta de la CGSB al Congreso Nacional, con fecha 25 de enero de 1992, sobre los temas que debían incorporarse a la agenda de las negociaciones de paz. Según este texto, los recursos naturales de Colombia debían explotarse, administrarse y comercializarse con base en un “criterio patriótico”, y los beneficios de la producción petrolera debían reinvertirse con prioridad para el desarrollo de las regiones, según un plan nacional concertado161. En el mismo documento, el ELN proponía nacionalizar la explotación de los recursos naturales y convocar un Foro Nacional Energético con la participación de los sectores petrolero, carbonero y eléctrico, que presentara el desarrollo energético como base de la reestructuración de la economía nacional. Defendía la necesidad de renegociar los contratos de asociación, de imponer un impuesto de 1 dólar por barril para el desarrollo de los municipios petroleros y de constituir un Consejo Nacional Petrolero en instancia representativa de la “soberanía nacional y popular”. Por otra parte, proponía la apertura de un diálogo con Ecopetrol y la USO, cuyo objeto sería la elaboración de una propuesta alternativa de “gestión soberana de hidrocarburos”, que sirviese de base para la discusión de este tema en las negociaciones de paz. Finalmente, proponía la apertura de un diálogo con la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), que representa la industria petrolera en Colombia, para elaborar modelos alternativos de desarrollo económico y social en las regiones donde estaban las emptesas. Así mismo, proponía que la discusión del proyecto de Ley Marco de Hidrocarburos se pusiera en conocimiento de las comunidades, del movimiento sindical y del sector académico, pata que esta ley fuese un elemento de las negociaciones de paz.

118A los actos de violencia como el secuestro y el homicidio, cabe añadir otro tipo de acciones de guerrilla que las estadísticas de la Dirección Administrativa de Seguridad registran como “actos de terrorismo”: los atentados o actos de sabotaje contra la infraestructura petrolera. Aunque este fenómeno sea considerado como uno de los más preocupantes por el Defensor del Pueblo, está bastante mal documentado y no fue el objeto de un tratamiento sistemático por el Estado. Ahora bien, la red colombiana de oleoductos y poliductos, que suma alrededor de 5.000 km es un blanco fácil para los atentados terroristas, ya que es virtualmente imposible asegurar su vigilancia constante y en todas sus partes (Cf. Rep. De Colombia, Defensor del Pueblo, 1997: 8). Entre 1985 (año en que el oleoducto Caño Limón-Coveñas entró en actividad) y 1999, se registraron 975 atentados, que provocaron la pérdida en la naturaleza de más de 2 millones de barriles (Ecopetrol 03/2000: 6-8). El oleoducto Caño Limón-Coveñas era el más afectado, con 630 atentados, por delante del Transandino (151 atentados), los poliductos (117 atentados), el oleoducto Colombia (73 atentados) y el oleoducto central (4 atentados).

119Según el Defensor del Pueblo, las áreas afectadas por el derrame de crudo en la naturaleza se ubican principalmente en la región de los Llanos, la cuenca del Catatumbo, los valles del Magdalena Bajo y Mediano (en particular los departamentos de Santander, César y Sucre), y los departamentos del Putumayo y del Nariño, donde el relieve montañoso y las fallas de terreno impedían un control eficiente de los daños ocasionados. En el transcurso del período observado, los departamentos de Arauca y Norte Santander fueron el escenario del 77 % de los atentados, lo que se explica por la fuerte presencia del ELN en la región. En efecto, aunque los dos principales movimientos de guerrilla hayan declarado a los oleoductos como “objetivos militares”, el ELN es el que privilegia esta forma de acción. Entre 1993 y 1996, este último perpetró 232 atentados de este tipo, contra 37 atribuidos a las FARC. En el mismo período, se puede observar que las zonas de predilección de las guerrillas coincidían con sus zonas de refugio, es decir Arauca, Norte Santander, Santander y Antioquia para el ELN (donde fueron cometidos respectivamente 72, 64, 26 y 34 atentados), así como el Putumayo y el Nariño para las FARC, donde se cometieron respectivamente 16 y 10 atentados (Ibíd.: 14, 16 y 22).

120Aunque el costo ambiental de los atentados esté por evaluarse, se realizaron algunas estimaciones en términos socio-económicos, en el nivel nacional y local. Ecopetrol considera que las rupturas del oleoducto Caño Limón—Coveñas son responsables del 92 % de los impactos socio-ambientales generados por esos atentados. Entre otras consecuencias, la empresa destaca la dificultad encontrada para realizar las obras remediadoras, debido a la contaminación crónica y a los problemas de acceso ocasionados por las guerrillas, la disparidad de la infraestructura, la falta de mano de obra calificada y el alto costo de las operaciones. Los impactos ambientales son particularmente serios en las cuencas del Arauca, del Catatumbo, del Magdalena y del Caribe (que suman 2.800 km), las regiones húmedas de los afluentes (en total 1.600 ha) y los suelos de uso agrícola (unas 6.000 ha). En general, estos daños no son cuantificados, debido a la ausencia de gestión regular de los derrames. No obstante, el caso de un atentado perpetrado en Chimichagua (César) en mayo de 1990 da una idea de la magnitud de las obras. En este caso, fueron necesarios tres meses para llevar a cabo la limpieza, por un costo de 800 millones de pesos (530.000 dólares de 1996). Otro elemento de la evaluación financiera de los costos ambientales está dado por el tratamiento de un derrame surgido en la planicie del Catatumbo, en enero de 1996, en la frontera venezolana. En este caso, la limpieza realizada por las autoridades venezolanas fue facturada por 700.000 dólares al gobierno colombiano (Ibíd.: 36-38, 70). A manera de comparación, la limpieza de la laguna del centro de Barrancabermeja — 13 ha afectadas por 70 años de actividades de la refinería— costó 22 millones de dólares, para extraer 300.000 barriles de crudo y 500.000 m³ de lodos tóxicos.

121En el ámbito nacional, los impactos socio-económicos se miden tanto con las pérdidas directas como con el costo de acciones remediadoras y el lucro cesante por pérdida de producción. Entre 1986 y 1998, los costos de acciones de limpieza y remediadoras del principal oleoducto afectado sumaron 75.137 millones de pesos (50 millones de dólares de 1996), mientras que las pérdidas de regalías alcanzaban 106.296 millones de pesos (70,9 millones de dólares de 1996). Los efectivos militares movilizados para vigilar los lugares declarados como objetivos militares representan una cuarta parte del ejército, según el Defensor del Pueblo. En el ámbito local, esas pérdidas se miden tanto en víctimas humanas como en el lucro cesante que provocan los derrames. En efecto, los atentados pueden afectar directamente la vida de las poblaciones ribereñas, sea por la explosión de dinamita o por el incendio de los productos derramados. Tres ejemplos ilustran esta tragedia: los atentados en las comunas de Albán (Cundinamarca), el 17 de marzo de 1991, y Remedios (Antioquia), el 19 de noviembre de 1992, donde 12 personas fallecieron, así como el atentado perpetrado entre las comunas de Segovia y Zaragoza (Antioquia), el 18 de octubre de 1998, que provocó 70 muertos y 45 heridos. A esto se añaden las pérdidas de cosechas, de peces, de ganado y de bienes raíces, así como el lucro cesante para los campesinos. La evaluación de este último aspecto pocas veces se hizo de manera sistemática, pero a manera de ejemplo, Ecopetrol realizó una muestra para la piscicultura, en el municipio de Tibú (Catatumbo)162. Se estimó que, en diez años, la pérdida de 780 días de pesca para 168 personas que capturaban un promedio diario de 69 kg de peces, representaba un lucro cesante de 225,7 millones de pesos (150.000 dólares de 1996).

122Ante semejantes tragedias, el Defensor del Pueblo pone en duda la eficiencia del sistema judicial para indemnizar a las poblaciones afectadas. Denuncia que, en los escasos procedimientos judiciales llevados a cabo, ningún juicio haya sido a favor de los demandantes, que la defensa se haya enfocado en la responsabilidad de terceros y que para su defensa Ecopetrol se haya percatado de la actividad preventiva que había llevado a cabo. Aunque reconozca cierto mejoramiento en el tratamiento del fenómeno desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Defensor destaca que esta entidad no asumió una postura clara en cuanto al problema de los atentados, sino en respuesta a la demanda de las empresas petroleras. En particular, el Ministerio nunca había realizado encuestas ni gestiones para el seguimiento y la acción remediadora de los suelos y aguas contaminados o para salvaguardar la fauna y la flora afectadas. Para mejorar el tratamiento y el seguimiento de los derrames debidos a los atentados, recomendaba entonces la constitución de un fondo ambiental para la prevención y la reducción de los daños provocados por la contaminación de hidrocarburos, conforme a la Convención Internacional de Bruselas, firmada en diciembre de 1971 y ratificada por la Ley 257 de 1995. La creación de este fondo permitiría realizar reparaciones inmediatas e incitar a las comunidades a participar en la vigilancia de estos lugares.

123El fracaso de la colonización agraria impulsada por la explotación petrolera en la Amazonia se mide por los problemas sociales relacionados con la emigración de los colonos, el aumento del cultivo de coca, en particular en Perú, Bolivia y Colombia, debido a la escasa rentabilidad de los cultivos legales. A esto se añaden los problemas causados por la urbanización mal controlada, sabiendo que a inicios de la década del noventa, apenas una quinta parte de la población amazónica se componía de agricultores o campesinos (TCA, op. cit.: 50-51 y 41). La colonización impulsada por el Estado en las décadas del sesenta al ochenta no consiguió los efectos esperados, peor aún, contribuyó a aumentar la deuda externa, como lo ilustra el caso del Ecuador. Al respecto, el ejemplo de la carretera trans-amazónica brasileña es significativo: esta obra tiene un costo de 39 millones de dólares y la población, que representa el 5,7% del conjunto nacional, tan solo produce el 3,1% del PIB. En Perú, costosas inversiones fracasaron al introducir la ganadería bovina y la palma africana en la Amazonia, por falta de tecnologías idóneas y debido a los altos costos de transporte o incluso a la competencia de productos foráneos. En la década del ochenta, el alza del precio del oro y las facilidades de acceso por carretera, vías fluviales y aéreas dieron lugar a una nueva “riada de colonos” en Brasil, multiplicando las situaciones conflictivas entre los garimpeiros y los indígenas, en particular los Yanomami del Roraima. Los demás países de la cuenca (en particular Perú) tampoco escaparon a este fenómeno.

124Es en este contexto donde es necesario ubicar la internacionalización de la Amazonia, que cabe distinguirla de la cooperación internacional en la Amazonia. En realidad, la firma del Tratado de Cooperación Amazónica por los siete países de la cuenca, el Surinam y la Guyana Francesa, en 1978, aparece como una respuesta a la multiplicación de las iniciativas tomadas por los países externos a la región para preservar la selva. En efecto, la inclusión de la temática amazónica en la agenda de los organismos multilaterales estuvo acompañada por un movimiento más general de politización de la ecología, que va desde la creación del PNUMA, en 1972, a la Cumbre de Rio, veinte años después.