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El precio del petróleo

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Guillaume Fontaine

Primera parte. El contexto de los conflictos socio-ambientales: globalización y etnicidad

Capítulo III. La emergencia de los movimientos étnicos en América Latina

Texte intégral

Introducción

1La triple crisis que acabamos de estudiar a través de la globalización, la crisis de la deuda y la crisis de gobernabilidad aparece como la expresión paradigmática de la crisis de la modernidad. Una vez presentados los aspectos institucionales, es preciso interesarse por el papel de los actores sociales para entender en qué medida éstos son parte de la crisis; ya sea para elaborar estrategias de resistencia contra el debilitamiento del Estado, del cual son las víctimas directas, o sea para aprovechar este debilitamiento e impulsar un nuevo tipo de cambio social. Los conflictos socio-ambientales en Ecuador y Colombia revelan que ambas realidades trabajan, a medida que se conforman y se refuerzan mutuamente dos tipos de movimientos sociales, alrededor de la etnicidad y el ecologismo.

2La emergencia de los nuevos movimientos sociales en Ecuador, en la década del noventa, en particular alrededor de la etnicidad y el ecologismo, surge a la vez en un contexto de agotamiento relativo del modo de gobierno nacional populista y del fracaso de un modelo de desarrollo. En su dimensión ofensiva, esos movimientos indican que las reglas del juego cambiaron, como lo demostró el rechazo masivo a la política de Bucaram. En su dimensión defensiva, se oponen al cambio de sistema de acción histórica impulsado por las elites modernizadoras, invocando los valores de justicia social y de democracia participativa. En ese sentido, demuestran la dificultad del paso de una política de participación a una política de representación, que permite a los movimientos sociales ser más importantes en sociedades donde sobresalen tradicionalmente los intereses globales de la nación o del pueblo y de separarse del Estado (Touraine, 1988). Por el contrario, la emergencia del movimiento indígena en Colombia en la década del ochenta, en un contexto de generalización de la violencia, aprovechó la relativa apertura del sistema político simbolizado por la elección de la Asamblea Constituyente de 1990, que permitió importantes logros sociales, económicos y culturales. Este movimiento, al parecer, entró en una fase de institucionalización a mediados de la década del noventa, lo que no excluye el resurgimiento de conflictos sociales paralelos o incluidos en el conflicto armado.

3Sea lo que fuere, ante la emergencia de esos dos movimientos, el Estado tuvo que repensar su política indigenista, no sólo a través de un proyecto de sociedad multiétnica y pluricultural, sino también de una creciente apertura del espacio institucional a la participación de las organizaciones indígenas. Este proceso no deja de amenazar con transformarse en una estrategia de recuperación, mediante lo que algunos llaman una “judicialización” de las demandas indígenas (M. Gómez Rivera, 1998: 106; y D. Iturralde, 1998: 164). Eso es lo que llamaremos la institucionalización de la etnicidad, la cual se expresa tanto por la reforma del derecho nacional e internacional, como por un cambio de las políticas públicas sobre el cual las informaciones quedan imprecisas y las discusiones erráticas. Nuestra hipótesis es que, tanto en Ecuador como en Colombia, los grupos étnicos articularon una ética de convicción y una ética de responsabilidad e irrumpieron en el campo social para consolidar su proceso de organización; más tarde, en el campo político para conquistar nuevos derechos y participar en el control de la historicidad. No obstante, dos grandes corrientes atravesaron esos movimientos en ambos países: una muy politizada, que percibía al movimiento indígena como un movimiento social destinado a aliarse con otros movimientos populares en pos de un cambio político estructural; y otra centrada en la identidad, que se orientó hacia la defensa de la historia, la cultura y la autonomía, encarnándose en las autoridades tradicionales y en las nuevas elites.

Movimientos sociales y sociedad civil

4El paradigma de los movimientos sociales desarrollado por la sociología de acción es el objeto de una larga controversia, que no es sino el reflejo de la complejidad del tema en las sociedades modernas. En particular, en América Latina, los movimientos populares o colectivos han ido multiplicándose a lo largo del siglo xx, sin que la sociología haya logrado un consenso en cuanto a la definición de los conceptos y métodos de análisis de ese hecho social. Nos esforzaremos, a continuación, en presentar las principales corrientes teóricas —neomarxista, culturalista e institucionalista— que dividen el campo de estudios de estos movimientos en América Latina, y en ubicarlas en la problemática general de la movilización colectiva y del cambio social. Completaremos esta discusión con una breve síntesis de las teorías de la etnicidad que sirven de marco para el estudio de los movimientos indígenas. Más allá del debate teórico, el oponer esas escuelas permite entender la dificultad planteada por la formulación y la expresividad de los movimientos colectivos, que determinan las condiciones de la institucionalización de los conflictos socio-ambientales.

Aproximaciones teóricas a los movimientos sociales

5De manera general, la expresión “nuevos movimientos sociales” hace referencia a los movimientos colectivos que surgieron en la década del sesenta, por oposición a los movimientos de liberación nacional o movimientos nacionalistas y a los movimientos sociales “tradicionales” que se formaron en el siglo xix y que se dividían en dos grandes redes después de la Segunda Guerra mundial, los partidos comunistas de la Tercera Internacional, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional.

6Para los autores neomarxistas, estos movimientos evidenciaron que el desarrollo del capitalismo no iba a transformar a los asalariados de la industria en un proletariado unificado, como lo presuponía el marxismo leninista. Sin embargo, esos autores consideran que, a diferencia de los movimientos sociales anti-sistémicos, que ofrecían una alternativa nueva para cuestionar la división internacional del trabajo, estos últimos son más los síntomas de la crisis del “sistema-mundo” que la expresión de una solución. Si bien esos autores reconocen que un conflicto étnico-cultural, religioso o de liberación nacional puede desencadenarse según relaciones que no son de clases, consideran que los grupos de apoyo no se conciben sin las características de clase que los atraviesan y presionan. Por lo tanto, predicen, estos movimientos son llamados a desaparecer a medida que se confirme su incapacidad de reformar el sistema, consideran que otros movimientos son llamados a participar en la reconstrucción de un proyecto de sociedad “post-capitalista” (Cf. Guido Béjar et al., 1990; Wallerstein, 1990; y Amin, 1990).

7Por su lado, los teóricos del comunitarismo anarquista argumentan que los nuevos movimientos sociales no dejan de ser los agentes del cambio social, aunque en general no tengan como objetivo la conquista del poder, sino la autonomía, incluso frente al Estado. Esto vale, en particular, para los movimientos para los que la autodeterminación es una condición sine qua non de la participación política. Según esos autores, los movimientos sociales llaman más a la democracia participativa local o de base, se movilizan y organizan independientemente del Estado, de sus instituciones y de los partidos políticos, y, por lo tanto, su coexistencia en el seno de un Estado-nación siempre es problemática. En efecto, en la perspectiva anarquista, el Estado tiende a institucionalizar sus demandas y generar una división entre los que entienden la participación política como una continuación lógica de la protesta, y los que entienden esta participación como sinónimo de compromiso y pérdida de autenticidad del movimiento. En esta perspectiva, la institucionalización de los movimientos sociales es un factor de debilitamiento, en la medida en que esos movimientos necesitan de una organización flexible, adaptable y no autoritaria para orientar el poder social hacia objetivos que no pueden ser logrados sino espontáneamente y de manera fortuita. Otros autores de esta corriente retoman la teoría “gramsciana” del poder y la hegemonía, para explicar que los movimientos sociales disputan al Estado el monopolio de la definición de la democracia (Gunder Frank et al., 1990; Dagnino, 1998: 37).

8En oposición a la teoría crítica, las teorías culturalistas han dado lugar a una interpretación exagerada del concepto de movimientos sociales. Algunos ven en la emergencia de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos la señal de una “politización de la cultura”. Según ellos, el concepto de nuevos movimientos sociales remite a realidades tan diferentes como los movimientos culturales, éticos, de género, las guerrillas, los movimientos campesinos indígenas, obreros, ecologistas, las invasiones urbanas y los movimientos de liberación nacional, o incluso los conciertos caritativos. En esta perspectiva, cualquier movimiento colectivo es un movimiento social, de tal suerte que se pondrían fácilmente en el mismo plano analítico el pacifismo místico de los rastacueros en Jamaica y las manifestaciones de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el terrorismo de Sendero Luminoso en Perú, el anti-autoritarismo de los kataristas en Bolivia, el movimiento de caucheros encabezado por Chico Méndez en la Amazonia brasileña, los metaleros de Sao Paulo, la reivindicación de gobierno local en Villa El Salvador (Lima) y la demanda de autonomía de los Misquitos en Nicaragua... El punto común a todos estos movimientos sería el oponer una identidad construida a la incapacidad del Estado para responder a las necesidades de la población, tanto en el ámbito de las infraestructuras como en el de las políticas públicas o de la representación. Dicho en otras palabras, esos movimientos llamarían a una nueva democracia, mientras cuestionan el modelo central del poder: el Estado-nación. Desde luego, para estos autores, el Estado enfrenta una ruptura significativa y la fragmentación de la sociedad, lo que debería desembocar en una nueva sociedad que vuelva a construir “su propio Estado”. Piensan que los nuevos movimientos sociales muestran una propensión marcada por la politización, aunque se caractericen por la presencia de “pequeños” actores, si se comparan con los protagonistas de los movimientos tradicionales. Por lo tanto, podrían comunicarse entre sí y “conectar sus espacios” (Cf. Álvarez et al., 1998; Calderón et al, 1992).

9En el nombre de un supuesto “sincretismo teórico”, esta hipótesis postmodernista presenta el riesgo de vaciar el concepto de movimiento social de todo contenido analítico. Es así como, al sistema sin actor de los neo-marxistas, se opone en cierta forma un actor sin sistema y teme, con Germani, que las transformaciones en obras conduzcan inevitablemente a la destrucción del Estadonación y a la aparición de un nuevo autoritarismo racional. Pero el culturalismo no renuncia, por lo tanto, a la explicación estructuralista que ve en la aparición de esos movimientos múltiples la expresión de una “crisis de hegemonía”, que Gramsci sustituía a la dominación racional legal de Weber. En particular, para esta tesis, los movimientos identitarios no son capaces de oponerse a las relaciones de poder en el ámbito nacional e internacional, ya que siguen siendo integrados al “sistema-mundo” mientras la globalización impide cualquier autonomía.

10Siguiendo una orientación similar, algunos sostienen que el Tercer Mundo es una construcción teórica que rinde y que los nuevos movimientos sociales latinoamericanos son tanto intentos de escapar a categorías de análisis creadas socialmente por el pensamiento moderno euro céntrico, como manifestaciones del fracaso de un modelo de desarrollo. En ese sentido, el fin de la modernidad — que expresa rigurosamente el término “post modernidad”— desemboca en la multiplicación de grupos identitarios tan diversos como los campesinos sin tierra, los analfabetos o el sector informal, que son anomalías para la ideología del desarrollo. Consideran, desde luego, que se está realizando una reestructuración de la estrategia, ya que el desarrollo cava su propia tumba (sic.) (Cf. Escobar, 1992; 1995).

11Las teorías institucionales ven a los movimientos sociales como una mera estrategia de los actores para conseguir recursos en una competencia por el poder político (Cf. P. Ibarra et. al., 1998; Tilly, 1998; McAdam, 1998; Mees, 1998; y Eder, 1998). Ibarra y Tejerina, por ejemplo, plantean que la globalización conlleva nuevas formas de movilización colectiva cuyas expresiones paradigmáticas son los movimientos por solidaridad (con el Tercer Mundo o antiracistas). Estos movimientos serían instituciones culturales, definidas por un conjunto de normas preestablecidas o como “espacios delimitados en los que se desarrolla una forma de entender el mundo y de actuar en él” (en Ibarra et al., op.cit.: 12). Este tipo de análisis -que se interesa particularmente en conflictos de tipo institucional convencional- se asemeja al estructural-funcionalismo, al insistir en que los movimientos sociales cumplen con funciones sistémicas de regulación y de equilibrio social fuera de sus objetivos explícitos. En esta perspectiva, se asume que los movimientos sociales cumplen con la función de canalizar los conflictos, al imponer la voluntad política de los ciudadanos para la defensa de sus intereses. Entre sus características, se destacan la defensa de bienes e intereses colectivos en prácticas compartidas, una identidad colectiva, un sistema de creencias comunes y de conductas rutinizadas que les permiten llevar a cabo acciones cooperativas.

12De manera algo tangencial, Giddens considera también a los movimientos sociales como meras agrupaciones que actúan a varios niveles del sistema institucional. Distingue cuatro tipos de movimientos, cuya acción se desarrolla en las cuatro dimensiones institucionales de la modernidad identificadas como el capitalismo, la vigilancia, el poder militar y la industrialización. En el ámbito del capitalismo y la acumulación de capital, mercados de productos y trabajo, la figura paradigmática de los movimientos sociales está conformada por los movimientos laborales. En el ámbito de la vigilancia y del control de la información y la supervisión social, se ubican los movimientos democráticos y a favor de la libertad de expresión. En el ámbito del poder militar, el control de la violencia y la industrialización de la guerra están los movimientos pacifistas. Finalmente, en el ámbito de la industrialización y la transformación de la naturaleza se encuentran los movimientos ecologistas y la contra cultura (Giddens, 1993: 55-78).

13En la misma perspectiva, Keck y Sikkink se concentran en las “redes transnacionales de defensa” (ecologistas, pro derechos humanos y feministas) en el marco de las interacciones estratégicas entre actores (Keck et al., 2000: 17-65). Estas redes incluyen tanto a actores sociales (ONG internacionales y nacionales, movimientos colectivos locales, fundaciones, medios, Iglesias, sindicatos, organizaciones de consumidores e intelectuales), como a miembros del sistema institucional (partes de organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales, o aún partes de ramas del poder ejecutivo o legislativo). Se organizan para promover causas, ideas basadas en principios y normas, e involucrar a individuos que abogan por un cambio de política. Pueden surgir cuando los canales entre los ciudadanos y el gobierno están bloqueados o son ineficientes, siguiendo el “efecto boomerang”, es decir cuando unas ONG nacionales que omiten al Estado buscan directamente aliados internacionales para ejercer presión desde fuera sobre su gobierno.

14Según esta teoría, si bien antes existía el internacionalismo laboral, los grupos pro derechos humanos y movimientos de mujeres, las “redes de defensa”, se desarrollaron gracias a unas condiciones externas favorables (tal y como la baja de los costos de transporte y las nuevas tecnologías de información y comunicación) y el cambio cultural que generó una nueva “clase de público global”, heredero de los movimientos de la década del sesenta. Los activistas que se encuentran en el centro de estas redes actúan como “empresarios políticos”, es decir como personas que determinaron que un asunto importa lo suficiente como para incurrir en gastos necesarios para lograr sus metas. Además de intercambiar servicios e informaciones, ellos tratan de ejercer influencia como los movimientos y grupos políticos, según una tipología de tácticas que incluyen políticas de información, de apoyo material y moral, de presión y de asumir responsabilidades, y una “política simbólica”.

15El problema que plantean los análisis en términos de movilización de recursos es que exageran la importancia de la burocratización de los movimientos sociales y sobrevaloran el papel de las organizaciones profesionales en las estrategias para conseguir representación y beneficios políticos. Por otra parte, se centran exclusivamente en las estructuras de oportunidad política, de participación individual, redes de organizaciones y flujos de información, lo cual no permite distinguir los movimientos sociales con meros grupos de interés. Analizan la acción colectiva como el producto de conductas racionales desarrolladas por actores integrados a unas organizaciones sociales propias del contexto de una sociedad moderna. Pero, no pueden explicar la formación de los movimientos sociales fuera de los recursos movilizados y las oportunidades para la acción colectiva. Además, el éxito de los movimientos de este tipo implica el reconocimiento del grupo como actor político o la obtención de beneficios materiales. Por lo tanto, escapan a este marco analítico los movimientos y las formas de organización alternativas que, en lugar de convertirse en agentes del cambio tras su incorporación al espacio político, suelen más bien ejercer influencia sobre la sociedad política desde el espacio público no institucional (A. Cohen et al., 2000: 560, 566-567).

16Estas tres corrientes teóricas —neomarxista, culturalista e institucional— se complementan más que contradecirse, en la medida en que no se ubican en el mismo nivel de análisis. Mientras los neomarxistas se esfuerzan por distinguir un “más allá” de los movimientos sociales para orientarlos hacia la política, los culturalistas pretenden distinguir un “por debajo” para oponerlos radicalmente a ésta. En cambio, los institucionalistas reducen los movimientos sociales a su dimensión instrumental y organizativa, lo cual equivale a eliminar del escenario a los actores no consolidados que son precisamente el origen del movimiento indígena ecuatoriano y colombiano. Veremos que los movimientos sociales que se forman alrededor de la etnicidad y el ecologismo, por lo menos en Colombia y Ecuador, buscan articularse con los movimientos políticos sin confundirse con ellos. Así mismo, buscan participar en el sistema político e institucional sin ser aprovechados por los partidos o el Estado.

17Esto nos lleva a reformular el análisis de los movimientos sociales en la Región amazónica a partir de su articulación con la sociedad civil. Seguimos aquí a Habermas, para quién la sociedad civil se compone de las asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de manera más o menos espontánea, que se hacen eco de los problemas de la vida privada, los condensan y los traducen para trasmitirlos al espacio de la opinión pública política. Así, el tejido asociativo que constituye el núcleo de la sociedad civil institucionaliza los discursos relativos a cuestiones de interés general, en los espacios públicos más o menos organizados. En términos de derechos fundamentales, las condiciones de la sociedad civil son la libertad de asociación, de opinión y de prensa, así como el pluralismo de las formas de vida. En términos de organización, es menester que exista “un mundo de la vida racionalizado”, sino pueden surgir “movimientos populistas” que defienden contenidos de tradición endurecida de un mundo de la vida amenazado por la modernización capitalista. (Esos últimos pueden ser tan antidemocráticos en sus formas de movilización como modernos en sus objetivos.) Además, la sociedad civil tan solo puede ejercer influencia y no poder político. Para generar poder político su influencia tiene que extenderse a las deliberaciones de las instituciones democráticamente autorizadas en resoluciones formales, es decir legales. Finalmente, la sociedad civil tiene que auto-delimitarse: solo puede transformarse a sí misma directamente. Su capacidad de transformar el sistema político estructurado en términos de Estado de derecho es tan solo indirecta (Habermas, 1998: 407-463).

18Mientras las teorías institucionales se centran en la expansión de la sociedad política para incorporar nuevos actores o ampliar el poder de los antiguos, la teoría de la sociedad civil se preocupa por la influencia sobre la sociedad política y las políticas de identidad. Reconoce el papel imprescindible que cumplen los movimientos sociales, no sólo en “democratizar la democracia”, según las palabras de Giddens (2000), sino también en democratizar las relaciones sociales fuera del sistema de organización. El enfoque en la autonomía de la sociedad civil con respecto de la sociedad política lleva además a considerar a la sociedad civil como objetivo y terreno de la acción colectiva, para observar los procesos de creación de identidad y solidaridades, evaluar las relaciones entre los actores sociales y lo que está en juego en los conflictos, y analizar los desarrollos estructurales y culturales que conllevan a la autorreflexión de los actores. Desde luego, coincidimos con Cohen y Arato al ver en los movimientos sociales contemporáneos una política dual de identidad e influencia, tanto sobre la sociedad civil como sobre el sistema de organización política (o sociedad política) (Cohen et al., op.cit.: 560-571). Como veremos a continuación, la preocupación de estos autores por la autonomía de la sociedad civil respecto de la sociedad política se asemeja a la preocupación de Touraine por la autonomía del sujeto.

Las cuatro dimensiones de los movimientos sociales

  • 1 Castells utiliza la misma terminología que Touraine, salvo que cambia el concepto de “oposición” p (...)
  • 2 Vale recordar que el “sistema de acción histórica” de Touraine es a la vez un sistema de control d (...)

19Existe un relativo consenso, entre los autores preocupados por la crisis de la modernidad, para caracterizar los movimientos a partir de los principios de identidad, totalidad y oposición definidos por el mismo Touraine (1973)1. El principio de identidad es la definición del actor por sí mismo: el movimiento social tan solo puede organizarse si esta definición es consciente, incluso si su formación antecede a la toma de conciencia: el actor se constituye y se organiza en el conflicto. El principio de oposición es la definición de un adversario y, como la identidad, surge durante el conflicto. Finalmente, el principio de totalidad es un sistema de acción histórica, cuyos adversarios se disputan el dominio”2. Con esto, el conflicto social puede arrancar en torno a un elemento de este sistema (por ejemplo el modo de acumulación) pero el movimiento social acude a un principio de totalidad y despega sus esfuerzos para controlar y orientar las agencias sociales. Esto no significa que sea portador de un modelo alternativo de sociedad, ya que un modelo de decisión tan solo puede ser definido al nivel del sistema institucional o de la organización social. Pero sí cuestiona el modelo central de sociedad, sea en el nivel del sistema de conocimiento, del modo de acumulación o del modelo ético (es decir la aprehensión y la interpretación reflexivas de la capacidad de acción de la sociedad).

20Los movimientos sociales pasan por tres fases distintas: formación de una utopía y contra-utopía, enfrentamiento entre esos dos proyectos de sociedad e institucionalización del conflicto. La utopía —por ejemplo, un nuevo modo de producción— es a menudo introducida por una clase dirigente en ascenso, que se identifica con el progreso y el interés general. En esta situación, los movimientos populares están sometidos a tensiones muy fuertes y distinguen todavía mal su propia existencia, así como la naturaleza de sus adversarios. Esto les lleva, entonces, a responder a una contra-utopía, oponiéndose a la sociedad que se convierte en una contra-sociedad, que hace caso omiso del estado real de la actividad económica y de los elementos del sistema de acción histórica en formación. El movimiento social duda, entonces, entre el rechazo global a una sociedad identificada con un modelo de dominación y la búsqueda de una sociedad integrada y espontánea. Cuando la nueva clase dirigente consolida su dominio político y su poder de organización, las utopías llevan a los enfrentamientos, en los cuales el movimiento social duda entre la denuncia de contradicciones objetivas y la llamada a un modelo natural de sociedad. La oposición de valores se acompaña, además, de una identificación del sistema de acción histórica con una colectividad concreta. La institucionalización que sigue a esta fase de enfrentamiento es la lucha para la repartición de las ganancias. En una perspectiva positiva, el movimiento social vuelve a lanzar la capacidad de crecimiento de la sociedad al reivindicar una participación mayor para los que defiende. En una perspectiva negativa, se vuelve en movimiento corporativo que defiende intereses particulares.

21Finalmente, los movimientos sociales se distinguen de las conductas colectivas por su proyecto, que cuestiona todas las formas de control social, institucionales o de organizaciones. Los niveles de proyecto dependen de las relaciones entre los principios de identidad, oposición y totalidad, es decir de su grado de integración en el movimiento. Es así como un movimiento poco integrado reemplaza a los elementos por la fuerza de una ideología o de una doctrina que impone una unidad no-práctica de orientaciones divergentes de la acción. Por el contrario, un movimiento muy integrado se ubica a un nivel de proyecto elevado porque supera las reivindicaciones de organizaciones y las presiones institucionales de sus miembros. Cualquiera que sea su nivel de proyecto, los movimientos sociales tan solo se pueden identificar si se manifiestan por una acción colectiva duradera, que no se reduzcan a reacciones ante una crisis o a tensiones particulares, o si proponen una visión de la sociedad.

22Últimamente, además de los tres elementos conocidos como identidad, oposición y totalidad, Touraine evidenció la dimensión ética de los movimientos sociales, la cual es de particular relevancia en lo que atañe a los movimientos ecologistas y étnicos (Touraine, 1997: 94). Un movimiento social es siempre una protesta moral ya que se ubica por encima de la sociedad como para juzgarla y transformarla. Esta referencia a la moral no se confunde con el discurso de las reivindicaciones (que solo busca modificar la relación entre costos y beneficios de una acción), mas por el contrario, es un discurso sobre la libertad, los proyectos de vida, el respeto de los derechos fundamentales, que no se dejan reducir a ganancias materiales o políticas. La modernidad se esforzaba en separar cultura y sociedad y la crisis de la modernidad se manifiesta por la separación del actor y el sistema. Ahora bien, según Touraine es por esta razón que las protestas morales superan hoy a las sociales. Así mismo, la ética —definida aquí como la relación del individuo consigo mismo que determina sus relaciones con los demás— se confunde con el llamamiento al sujeto. El sujeto se entiende, no como el principio de organización de una cultura o una sociedad, sino como un actor en situación social de resistencia al orden y al poder. En otras palabras, se define como la búsqueda por el individuo o el grupo de las condiciones que le permiten volverse actor de su propia historia, contra el sufrimiento que provocan la pérdida de identidad e individualización. Esto equivale a invertir el proceso de la modernización, es decir que la individualización se vuelva un principio de resistencia a la pérdida de identidad.

23En la perspectiva weberiana, el “desencanto del mundo” —entrañado por la racionalización de la acción social— provoca una depreciación imprescindible de la llamada “ética de convicción”, la cual queda poco a poco suplantada por la “ética de responsabilidad”. Ambas formas de ética hacen referencia a un acervo de valores que definen el límite subjetivo entre lo justo y lo injusto, el bien, el mal, etc. (Weber, 1995a: 71). La diferencia queda en el grado de racionalización que se introduce en la normatividad que rige las relaciones de convivencia entre los miembros de una sociedad y hace que estos últimos respeten esos valores. Es así como la ética de convicción no necesita normas escritas ya que se apoya en un consenso en el seno de una comunidad o una sociedad, que deriva de un sustrato religioso o mítico y se constituye en norma consuetudinaria. En cambio, la ética de responsabilidad se apoya en un contrato o un acto formal, que destaca las obligaciones y deberes de las partes.

24Según Touraine, los movimientos sociales actuales expresan una voluntad común de resistencia a cualquier forma de dominación (trátese del totalitarismo o del neoliberalismo), que se apoya en la ética de convicción y que se opone a la ética de responsabilidad de los administradores de empresas o de los representantes políticos electos. Sin embargo, Le Bot y Gros subrayaron con razón que la disyunción introducida por la teoría weberiana de la racionalización se aplica de manera muy imperfecta a la actividad de los movimientos indígenas en América Latina (Y. Le Bot, 1992; C. Gros, 2000). El primero observa que las prácticas discursivas de estos movimientos proceden a un “reencantamiento del mundo” para conseguir un mayor control de la historicidad y de la modernidad impuesta por la sociedad global. El segundo llama la atención sobre la necesidad para esos movimientos de “ser modernos para o por ser diferentes”, lo que lleva de igual manera a reconocer que la racionalización de las prácticas tanto en el campo social como en lo político no conllevó necesariamente una pérdida de sentido identitario. Nosotros pensamos que en el caso de los movimientos ecologistas y étnicos (que convergieron en la década del ochenta) esos dos tipos ideales de ética se articulan en la acción.

El aporte de la teoría de acción comunicativa y la ética discursiva

25Para superar la disyunción entre ética de convicción y ética de responsabilidad, es preciso volver sobre el concepto de racionalización. Retomando las críticas de Habermas a Weber, se puede destacar que esta teoría tan solo analiza la racionalización del sistema de acción en la perspectiva del arreglo de fines (Cf. Habermas, 2000 b: 90-97; Habermas, 1990: 429-469). El problema es que, al analizar las “patologías de la modernidad” aparece la doble dimensión de la racionalidad: sus aspectos cognitivo-instrumentales discrepan de sus aspectos práctico-morales y estético-expresivos. Una segunda crítica es que Weber identifica el patrón de racionalización que representa la modernización capitalista con la racionalización social. Ahora bien, es necesario tomar en cuenta los “efectos laterales patológicos” que resultan de la estructura de clases. En tercer lugar, en la ética protestante, Weber no da cuenta de que la ascesis profesional, egocéntrica, basada en el particularismo de la gracia no es sino una forma irracional de la ética religiosa de la fraternidad. Para Habermas, no son los procesos de secularización los que provocan el desmoronamiento de la ética de la profesión, sino la tendencia a la polarización entre “especialista” y “diletante”, producto de la profesionalización en todos los ámbitos del “mundo de la vida”. Finalmente, Weber desarrolla una concepción positivista del derecho y, por lo tanto, no resuelve el problema de la creciente discrepancia entre racionalidad formal y racionalidad material que resulta de la dominación legal socavada por el positivismo.

26A partir de estas observaciones, Habermas sugiere que el nacimiento de las sociedades modernas exige la materialización institucional y el anclaje motivacional de ideas jurídicas y morales, pero también modernización capitalista. Entonces la racionalidad cognitivo-instrumental suplanta la racionalidad práctico-moral o práctico-estética, al desbordar los ámbitos de la economía y el Estado, y al penetrar y adquirir primacía en los ámbitos de la acción comunicativa. Por lo tanto, perturba la reproducción del mundo de la vida. La reconstrucción de la teoría de acción en dirección a una teoría de acción comunicativa permite definir el concepto de sociedad en términos de mundo de la vida y tomar en cuenta la diferenciación de sus estructuras. Desde luego, la modernización del mundo de la vida es vista como la desconexión de los ámbitos de acción de la economía y de la administración estatal, lo que incrementa la dependencia del mundo de la vida con respecto a la economía y la burocracia, en las que Weber veía los tipos ideales puros de la racionalización. Esta dependencia equivale a una “colonización” interna y resulta de la mediatización del mundo de la vida por los imperativos sistémicos junto con el aumento de los desequilibrios en la reproducción material. Finalmente, la institucionalización de la acción económica y de la acción administrativa es el anclaje de los medios dinero y poder en el mundo de la vida, por lo tanto, mientras aumenta la integración, se hace más necesaria la reestructuración del mundo de la vida. En las sociedades capitalistas desarrolladas, los mecanismos de integración sistémica penetran en ámbitos de acción que podrían cumplir adecuadamente sus funciones bajo las condiciones de una integración social.

27En su intento por superar los límites de la racionalización instrumental, Habermas propone redefinir la racionalización como el conjunto de condiciones en las que las formas de vida posibiliten abstracciones morales y faciliten la puesta en práctica de ideas morales gobernadas por principios universalistas (Habermas, 2000 a: 35-53). El juicio moral no participa de la ética de convicción ya que el principio básico de la ética del discurso no puede regular los problemas de su propia aplicación. La eficiencia de este principio resulta de la asociación de los juicios morales con las convenciones locales, desde la perspectiva de una tercera persona. Esas “normas básicas” empiezan siendo institucionalmente reconocidas como “cuestiones de principio”, entonces sus aplicaciones adoptan el decurso orientado a una realización cada vez más consecuente de su contenido universalista. El test revelador de la universalización de las normas reside en las experiencias históricas. El medio de universalización es el aprendizaje, de tal modo que estas experiencias determinan la asociación de la facultad de juicio con la razón práctica. Entonces, el aprendizaje depende de la combinación entre las ideas jurídicas y las instituciones y determina a su vez que los principios universales se conviertan en normas positivas.

28El proceso de racionalización de las formas de vida conlleva una separación entre moral y ética, siempre y cuando las evidencias culturales y las certidumbres del mundo de la vida dejen de respaldar las motivaciones. Así mismo, los juicios morales se separan de las acciones morales, lo que crea la necesidad de un sistema de controles internos del comportamiento. Tal sistema responde a juicios morales dirigidos por principios que posibiliten la autorregulación del comportamiento. Para que pueda funcionar, es menester que el sistema pueda funcionar de manera autónoma, por lo que es necesaria la internalización de principios abstractos y generales, es decir los presupuestos o implicaciones del procedimiento de fundamentación de normas. Pues bien, la eficiencia de la moral universalista depende de la socialización y de la formación de los individuos, si y solo si la individualización supera la identidad convencional. Finalmente, es necesario asociar un modo reflexivo de la tradición (caracterizado por la renovación de tradiciones) con la disponibilidad a la crítica y la capacidad de innovación individual.

29Esta reflexión procedimental sobre la separación entre ética y moralidad llevó a Habermas a articular la teoría de la acción comunicativa con la filosofía moral, en el paradigma de la ética discursiva. Se trata, ante todo, de reconciliar la ética del deber (justicia) con la ética de bienes (bien común), contra la unilateralidad de cada una. La ética aristotélica hacía referencia a los problemas de la “vida buena”, con la ambición de responder a la pregunta: ¿Cómo se debe vivir? En cambio las éticas modernas se orientaron hacia tres direcciones: empíricas (no-cognitivistas), utilitaristas (siguiendo una racionalidad teleológica) y kantianas (relacionadas con la racionalidad del conocimiento práctico). En particular y por lo que interesa la ética discursiva, la razón práctica dejó de ser una facultad de la prudente ponderación dependiente del contexto y situada dentro del horizonte de una forma de vida concreta, para volverse una facultad de principios de la razón pura (que opera con independencia de la razón pura). En este nivel, la tarea del juicio moral se funde con la aplicación de un principio abstracto a casos particulares y deja fuera de la consideración normativa las consecuencias de la acción. Esta evolución de la racionalidad neokantiana trae consigo dos consecuencias para la formación de los juicios morales: por un lado, la razón práctica pierde su cometido principal, y es la esfera del proyecto de la vida y de la vida en común; por el otro, ya no permite contestar de manera satisfactoria a la pregunta ¿por qué actuar moralmente? Desde luego, la razón práctica se orienta a cuestiones de fundamentación de las normas en vez de a problemas de aplicación. Con la razón práctica, las cuestiones de cognición superan las que se preocupan de las orientaciones de la praxis, lo que se fundamenta en dos presupuestos: una noción de persona atomista a la cual corresponde una noción de sociedad contractualista; un concepto de justicia que puede difícilmente reivindicar para sí validez universal (Ibíd.: 83-105).

30De hecho, detrás de la validez categórica pueden esconderse intereses prevalentes: por lo tanto, los movimientos sociales y las luchas políticas se oponen a la universalidad falsa o pretendida de principios universalistas fundamentados sectariamente y aplicados de modo insensible al contexto. En la medida en que no es lícito excluir a nadie en nombre del universalismo moral, hay un desplazamiento de la pregunta ¿qué debo hacer?, a la pregunta ¿qué debemos hacer? La pluralidad de agentes y la contingencia de la voluntad remiten a la doble problemática de persecución de los fines colectivos y de la regulación de la convivencia. Lo que está en juego en los discursos ético-políticos es aclarar una identidad colectiva que deje sitio para la multiplicidad de los proyectos de vida individual.

31A diferencia de la moral kantiana, la ética discursiva no se fundamenta en la separación de los dos reinos (lo inteligible versus lo fenoménico) y sustituye al planteamiento intimista de Kant el entendimiento mutuo sobre la universalidad de los intereses. Por otra parte, para superar las críticas de formalismo dirigidas al neokantismo, Habermas propone fundamentar la ética discursiva sobre el doble principio de la acción comunicativa (principio “D”) y de la universalidad normativa (principio “U”): “Solo se puede reivindicar lícitamente la validez de las normas que pudiesen recibir la aquiescencia de todos los afectados como participantes en un discurso práctico [...] en las normas válidas, los resultados y los efectos secundarios que se deriven de su seguimiento universal para la satisfacción de los intereses de todos y de cada uno, que tienen que poder ser aceptados por todos sin coacción” (Ibíd.: 13-33). Para extraer los contenidos de una moral universalista de los presupuestos universales de la argumentación, la ética discursiva se basa en el discurso, una forma de comunicación que va más allá de las formas de vida concretas y en la cual las presuposiciones del actuar orientado al entendimiento mutuo se universalizan, abstraen y liberan de las barreras hasta extenderse a una comunidad ideal de comunicación constituida por sujetos capaces de hablar y actuar.

32Habermas introduce una distinción fundamental entre las interrogantes pragmáticas, éticas y morales, que determinan distintos usos de la razón práctica (Ibíd.: 109-126). Es así como las interrogantes pragmáticas se preocupan de la racionalidad teleológica para encontrar técnicas, estrategias o programas apropiados para conseguir fines. En cambio, las interrogantes éticas inducen decisiones de valor grave, relativas a una forma de vida (como la elección de una profesión), para encontrar lo bueno en el contexto de una auto-comprensión que determine la identidad propia del sujeto en el ámbito de la vida buena. Finalmente, las interrogantes morales abarcan decisiones relativas a actos que afectan a los intereses de los demás, para regular los conflictos de acción interpersonales a partir de máximas (o reglas de acción) por las que se rige la praxis de un individuo particular en el ámbito de lo lícito o lo justo.

33Desde luego, los significados varían según si las decisiones que se deban tomar pertenecen al ámbito práctico, ético o moral. El fin del discurso pragmático es recomendar una técnica apropiada o un programa realizable según fines orientados por valores y medios disponibles. El fin del discurso ético es recomendar la correcta orientación en la vida, respecto de valores y de la praxis vital del individuo. El fin del discurso moral es llegar a un entendimiento mutuo sobre la solución correcta de un conflicto en el campo del actuar regulado por normas. Así mismo, el objetivo del deber varía según el campo de acción comunicativa. En el ámbito pragmático, es dirigido al arbitrio de un sujeto que adopta decisiones prudentes y presupone como dados los intereses y las orientaciones axiológicas. En el ámbito ético, es dirigido a la tendencia a la auto-realización, es decir a la resolución de un individuo que se decide a llevar una vida “auténtica”. Finalmente, en el ámbito moral, es dirigido a la libre voluntad de una persona que actúa con arreglo a leyes que se ha dado a sí misma (voluntad autónoma), determinada por convicciones morales.

Sociedad civil y ética discursiva

34La “teoría dual” de Cohen y Arato pretende complementar la teoría de la acción colectiva con los elementos de la teoría de movilización de recursos que atañen a la acción teleológica — u orientada con arreglo a fines — además de los elementos de la teoría de acción comunicativa que atañen las relaciones intersubjetivas y las pretensiones de validez de los discursos desarrollados por los actores. La reconstitución de la separación de las estructuras y de los fenómenos, en términos de categorías de sociedad civil y sociedad política, brinda elementos para explicar los aspectos defensivos y ofensivos de los movimientos sociales. Articula en primer lugar el “mundo de la vida” con una sociedad civil garantizada por derechos. En segundo lugar evidencia que la sociedad política y la sociedad económica incluyen “receptores” para la influencia de la sociedad civil, que pueden ser ampliados y democratizados. En fin, reinterpreta el significado de las dimensiones defensiva y ofensiva de la acción colectiva: la una consiste en conservar y desarrollar la “infraestructura comunicativa del mundo de la vida”; la otra es dirigida a la sociedad política y la sociedad económica (campos de mediación entre la sociedad civil, el Estado y el mercado), por lo tanto lleva a cabo una política de influencia dirigida a los miembros de la sociedad política y la sociedad económica y proyectos autolimitadores de reforma institucional (Cohen et al., op.cit.: 586-593).

35Estos autores retoman de Gramsci y Parsons la diferenciación de la sociedad civil respecto del Estado y el mercado. Siguiendo a Tocqueville y Habermas, consideran que las esferas públicas de comunicación societal y de asociación voluntaria son las instituciones centrales de la sociedad civil. Siguiendo a Hegel, consideran que la institucionalización de la sociedad civil es un proceso que implica estabilización de las instituciones sobre la base de derechos, que siempre puede volverse más democrático y cuyas normas requieren ser democratizadas. Desde luego, la sociedad civil es el campo de la posibilidad de cualquier ética política moderna, incluso la ética discursiva. Pero la ética del discurso no se confunde con las éticas políticas modernas —como la teoría de los derechos naturales, el utilitarismo, la filosofía política kantiana, el neocontractualismo o el neoaristotelismo— porque sus implicaciones políticas se centran en la necesidad normativa y la posibilidad empírica de democratización de la sociedad civil. Por lo tanto, la ética discursiva reconcilia la libertad de los antiguos (que valoraba la participación igualitaria de todos los interesados en las discusiones públicas de las normas políticas cuestionadas) con aquella de los modernos (que valora los derechos a la vida privada, la propiedad y la libertad de expresión y asociación). Reconcilia la democracia directa con el liberalismo clásico a través de una nueva relación entre sociedad civil y democracia representativa (Ibíd.: 456-457).

36La sociedad política organizada como democracia representativa y la sociedad civil moderna comparten dos instituciones mediadoras: las esferas públicas y las asociaciones voluntarias. Así mismo, al nivel jurídico comparten dos tipos de derechos complementarios: los derechos políticos y los derechos privados. Los derechos políticos permiten y regulan la participación de ciudadanos mediante la representación parlamentaria y local, mientras que los derechos privados garantizan la autonomía de las personas y asociaciones de la sociedad civil. En suma, la sociedad civil moderna presupone y facilita lógicamente la emergencia de la democracia representativa, mientras que la ética discursiva vuelve posible el principio de pluralidad de formas democráticas en las esferas de la sociedad civil, política y económica. Las estructuras globales o nacionales pueden ser complementadas por estructuras locales y regionales mediante la descentralización. En la sociedad económica, la democratización puede realizarse a través de consejos y comités de consumidores, sindicatos y organizaciones patronales en cuerpos corporativos o aún nuevas formas de propiedad. La legitimidad democrática asociada con los derechos básicos en el sentido de la ética discursiva implican una pluralidad de democracias para la que la sociedad civil representa un terreno institucional que actúe de dos formas para incrementar el potencial democrático. En primer lugar, la separación de las esferas institucionales Estado, sociedad y mercado permite definir la democracia y la democratización según las distintas lógicas de estas esferas. En segundo lugar, las estructuras de la pluralidad en el sociedad civil permiten democratizar la esfera social mediante la participación y la publicidad (libertad de convicción y expresión) (Ibid.: 458-464).

37La dimensión ética de los movimientos sociales no se confunde con la ética de bienes: en la definición de su actuar comunicativo, no se trata de plantear razones o motivos en términos de “vida buena” individualmente concebidos, más bien se trata de un planteamiento en términos de “deber” en una perspectiva intersubjetiva. Como hemos visto, el problema inicial para entender esta dimensión de los movimientos sociales consiste en superar la oposición entre ética de convicción y ética de responsabilidad, que deriva según Weber de la racionalización de la actividad social. El primer aporte de Habermas fue ubicar el proceso de racionalización en una perspectiva intersubjetiva, que diera toda su importancia a la acción comunicativa de los sujetos. Un segundo aporte fue redefinir la racionalidad de un ethos desde la misma perspectiva, para luego demostrar que existe un fundamento racional a la ética, que permite la universalización de los juicios morales sobre la base de la acción comunicativa. Ello nos lleva a sacar varias conclusiones cuya utilidad se revelará a medida que avancemos en el estudio de los conflictos socio-ambientales.

  • 3 Cf. también, M. Pía Lata, 1992; y M. Boladeras 1996.

38En primer lugar, a nuestro entender, la dimensión ética de los movimientos étnicos y ecologistas plantea la posible revisión de las relaciones entre política, sociedad y economía (Cf. Fontaine, 08/2002 a; Fontaine, 11/2002). El estudio de la convergencia entre estos movimientos podría desembocar en un intento de relacionar ética y política, desde la perspectiva de la ética discursiva, es decir valorando el papel de la sociedad civil frente al Estado, como lo han sugerido Cohen y Arato3. En este sentido, la ética discursiva aplicada al estudio de los conflictos socio-ambientales es, al parecer, la mejor forma de superar los límites de las teorías neomarxista, culturalista o institucional en este ámbito.

  • 4 Sobre el neocontractualismo, véase J . Rawls, 2000; J . Rawls, 1995; y M. J. Agra Romero 1992. Sob (...)

39Es allí donde nos alejamos de las éticas neocontractualistas y utilitaristas pero también neocomunitaristas4. Por la misma razón hemos privilegiado una aproximación de la ética en términos procedimentales contra las aproximaciones axio-lógicas, bastante frecuentes con respecto a los temas culturales y ambientales (Cf. N. J. Brown et al. 1994; Martínez Navarro, 2000; Salmerón, 1996; Bertomeu, 1996). Finalmente, las consideraciones anteriores no significan que la dimensión ética sustituya a las demás dimensiones de la actividad social, ni siquiera que tenga alguna primacía sobre éstas. Si la filosofía puede traer una respuesta más que epistémica a los problemas de la vida social, es para demostrar que la modernidad no se confunde ni reduce a la racionalidad instrumental, como lo muestra la importancia de las identidades colectivas y de la etnicidad en la definición de los términos de la institucionalización de los conflictos socio-ambientales.

Aproximaciones teóricas a la etnicidad

40En su análisis de los movimientos colectivos latinoamericanos, Touraine hace poco caso a los movimientos indígenas, salvo a los movimientos históricos como el movimiento zapatista (que llevó a la revolución mexicana de 1911) o el movimiento katarista en Bolivia en la década del setenta, que él asimila a luchas campesinas (Touraine, op.cit., 1988). Para él, en Colombia, el sindicalismo campesino era demasiado dependiente del sistema político como para conformar un movimiento social y apenas alcanzó un bajo nivel de movilización autónoma. Los primeros sindicatos (formados en 1917-1918) tenían un contenido de clase pero de pronto fueron absorbidos por el sistema político, cuando el Partido Comunista quiso crear un frente popular y cuando empezó la acción de Gaitán. En la década del sesenta, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue incorporada al aparato político reformador de Carlos Lleras Restrepo. En Ecuador, los levantamientos campesinos con un fuerte componente indígena, en la década del treinta, beneficiaron principalmente a los conservadores. La reforma agraria de la década del sesenta tuvo como efecto, ante todo, la escisión de la agricultura entre un sector más integrado a la economía mercantil y otro cada vez más marginado. Sin embargo, Touraine reconoce que las luchas campesinas se parecen a un movimiento social cuando el poder tradicional de los hacendados se debilita y cuando se caracterizan por una fuerte dimensión étnica o comunitaria. En esos casos, las luchas ya no son solo económicas y defensivas, mas resisten a su incorporación en el sistema político: semejantes luchas involucran una dominación global por razones que no son solo económicas y, por lo tanto, implican una resistencia global (Ibíd.: 239).

41Ésta es, precisamente, la hipótesis que nos llevó a analizar los conflictos socio—ambientales relacionados con la actividad petrolera como una manifestación de la crisis de la modernidad y de un conflicto central, cuya apuesta supera la resolución de problemas vinculados con la captación de recursos o la satisfacción de necesidades. Siguiendo esta hipótesis, los conflictos son a la vez el resultado y la condición de la convergencia de dos tipos de actores —las organizaciones indígenas y las ambientalistas— que se organizan en un movimiento social al cuestionar una forma de dominio social. Al actuar así, invocan valores y orientaciones generales de la sociedad, compartidos con sus adversarios —las empresas y el Estado— para quitarles legitimidad. En este sentido, cuestionan el modo de utilización de los recursos y el modelo cultural propio de Colombia y Ecuador.

42Finalmente, a través del estudio de los movimientos sociales indígenas y ecologistas en Ecuador y Colombia, quisiéramos comprobar que, así como en los países europeos, las relaciones entre los individuos se basan en un esfuerzo común por constituirse en sujeto mediante la complementariedad de tres fuerzas: el deseo personal de salvaguardar la unidad de la personalidad, arrastrada entre el mundo instrumental y el mundo comunitario; la lucha colectiva y personal contra los poderes que transforman la cultura en comunidad y el trabajo en mercancía; el reconocimiento interpersonal e institucional del otro como sujeto (Touraine, op.cit., 1997: 106-107). Cabe precisar que, en ambos países, la institucionalización del multiculturalismo obliga a descubrir modalidades propias de análisis, así mismo ofrece oportunidades particulares, especialmente en cuanto a la resolución de los conflictos socio-ambientales. En efecto, la vitalidad del fenómeno identitario étnico tuvo un fuerte efecto demostrativo en los movimientos colectivos de ambos países, en parte por la modernidad del discurso sobre la indianidad, en parte por su eficiencia política (como lo demuestran los cambios institucionales de la década del noventa). El multiculturalismo puede entenderse en el sentido de la pluralidad de las culturas y se distingue del multicomunitarismo, como lo destaca Touraine (Ibíd.: 209). En efecto, el reconocimiento de una diversidad cultural y del pluralismo étnico, que caracteriza la casi totalidad de los países de América Latina desde 1986, tiene poco que ver con la fragmentación nacionalista que observamos en la Europa postcomunista en la misma época. Por esta razón, es menester considerar a los movimientos sociales en relación con la problemática de las identidades colectivas y la etnicidad.

43A inicios de la década del sesenta, tanto la sociología como la etnología se enfrentaban con dos dificultades presentadas por los fenómenos étnicos: por un lado, la vitalidad de esos últimos demostraba los límites de la integración en las sociedades industriales; por el otro, su diversidad impedía, al parecer, cualquier clasificación estructuralista. Ambas disciplinas se encontraban entonces en un callejón sin salida, lo que daba razón a posteriori a Weber, para quien la etnicidad y el nacionalismo remitían a conceptos demasiado imprecisos como para formar categorías de análisis. Desde luego, ¿era preciso considerar que los movimientos autoproclamados “indígenas” o “indios” en América Latina no podían entenderse como movimientos étnicos? Este argumento era en parte válido, en parte falso. En efecto, la imprecisión conceptual llevó a muchos autores, en particular en Estados Unidos, a concebir los fenómenos identitarios étnicos desde la perspectiva igual de imprecisa que es el “conflicto étnico” o “etno-político”, lo que hacía caso omiso de sus dimensiones social y económica (Cf. R. Adams, 1995; y Gurr, 1996). Semejante confusión llevaría a confundir en un solo paradigma los movimientos indígenas latinoamericanos y los conflictos que sacudieron la Europa postcomunista, la Ruanda de 1993 o incluso el régimen sudafricano del Apartheid. En realidad, es preciso ver en la etnicidad una categoría de análisis que, a pesar de ser del uso exclusivo de los científicos no deja de ser válida, y que sea lo suficientemente precisa como para salir de la tradicional aproximación en términos de movimientos sociales, de la cual usan y abusan tantos autores. No queremos realizar aquí una revisión exhaustiva de las teorías de la etnicidad: fue hecho un trabajo semejante, de manera que diera elementos de reflexión muy pertinentes (Cf. en particular J. Hutchinson et al., 1996 a; N. Glazer et al., 1975; J. Rex et al., 1986; P. Poutignat et al., 1995; y M. Martiniello, 1995). Se trata, más bien, de identificar los conceptos adecuados que es posible rescatar de este amplio debate, a fin de concentrarse en los fenómenos de la etnicidad en América Latina y más específicamente en Ecuador y Colombia.

  • 5 La palabra “ethnos” tiene varios sentidos en antiguo griego. Según el contexto, puede designar a u (...)

44Las teorías de la etnicidad se dividen tradicionalmente entre dos corrientes: primordialistas e instrumentales. Las teorías primordialistas van desde la ideología evolucionista de Lapouge (quien usó primero el sustantivo “etnia”, del griego ethnos5), hasta el socio-culturalismo de Geertz, pasando por el neodarwinismo de Van den Berghe (Cf. A. Smith, 1986: 21; J. Hutchinson et al., 1996 b: 4; y Poutignat et al., op.cit.: 35). La principal crítica del primordialismo vino de las teorías instrumentalistas y de la movilización de recursos, con los trabajos de Glazer y Moynihan, Rex y de Banton. Luego se desarrolló una corriente neoculturalista (Horowitz, Gans, Fischman), que ve en la etnicidad un sistema simbólico que permite a los individuos ubicarse en una dimensión más amplia. La situación étnica es objetivada a través de la identificación de “marcadores” (Smith, Nash), que corresponden en varios grados a los símbolos de la etnicidad. A partir de esta idea, la etnicidad no es sino un acervo de ideas apremiantes sobre la distinción entre sí y los demás, que procure una base para la acción y la interpretación de las acciones del otro (Poutignat et al., op.cit.: 121). En la perspectiva neo marxista, este sistema puede ser la expresión de una falsa conciencia o constituir la base de una nueva forma de movilización colectiva (Cf. I. Wallerstein, 1991; y D. Bell, 1975). Los teóricos de la racionalidad instrumental (Hechter, Banton) retoman esta última propuesta y la usan para definir la etnicidad como un recurso que se puede movilizar en la competencia por el acceso al poder económico o político.

45Cabe resaltar tres elementos de análisis de los fenómenos étnicos a partir de la reflexión de Weber, que define los grupos étnicos como grupos humanos que comparten una creencia subjetiva en una comunidad de origen, fundada en similitudes del hábitus exterior o de las costumbres, o en recuerdos de la colonización o migración, de tal suerte que esta creencia se vuelve importante para la propagación de la comunalización (M. Weber, 1995 b: 130). En primer lugar, la definición del grupo étnico como una consecuencia de la creencia en un origen común indica que la actividad étnica se apoya menos en la posesión de rasgos específicos que en una construcción social, cuya existencia no deja de ser problemática. En segundo lugar, la identidad étnica se define a partir de una diferenciación. Finalmente, el núcleo de sentido de la comunidad étnica es la creencia en un honor específico.

Fronteras étnicas e interacción

46Esta reflexión encuentra un prolongamiento en el marco del interaccionismo, que considera la etnicidad como un proceso continuo de dicotomización entre miembros y “outsiders”, que exige expresarse y validarse en la interacción social (Poutignat et al., op.cit.: 123). En particular, la tesis de Barth operó una revolución copernicana con el estructuralismo, al estudiar los grupos étnicos a partir de sus fronteras en vez de buscar caracterizarlos por una actividad interna (en Poutignat et al., op.cit.: 210-260). Siguiendo esta tesis, los grupos étnicos no son soportes de cultura, ya que el hecho de compartir una misma cultura es el resultado o una consecuencia de su organización social, y no una característica primaria y definitoria de estos grupos. Los grupos étnicos son tipos de organizaciones sociales, en la medida en que los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse y categorizar a los demás, en la perspectiva de las interacciones. Es así como se evidencian dos tipos de contenidos culturales que nacen de esta distinción: de un lado las señales o signos manifiestos, es decir los “marcadores de identidad” como la ropa, el idioma, el hábitat, el estilo de vida, etc.; del otro lado, la orientación de valores fundamentales como los criterios de moralidad y excelencia en función de los cuales se juzga a los actores. En efecto, para que un grupo exista en oposición con otros, es preciso que tenga criterios que determinen la pertenencia y la exclusión. Ahora bien, esos criterios se mantienen y definen un potencial de diversificación y expansión en las relaciones sociales, el cual puede abarcar el conjunto de los sectores y dominios de la actividad.

47En otros términos, la frontera étnica canaliza la vida social. Por esta razón, las fronteras de los grupos étnicos también son fronteras sociales y pueden coincidir con fronteras territoriales. Ahora bien, es preciso considerar particularmente la movilidad y la fluidez de esas fronteras, como lo propone Horowitz (1975). Según Horowitz, el grupo étnico y la afiliación voluntaria ocupan distintas posturas en un proceso continúo. En efecto, los procesos de fusión y fisión étnicas siguen un continuum que abarca dos dimensiones —la asimilación y la diferenciación— que a su vez se dividen en dos procesos: amalgama e incorporación por un lado, división y proliferación por el otro. Hablamos de amalgama cuando dos o más grupos se unen para formar uno nuevo, y de incorporación cuando un grupo pierde su identidad para integrarse a otro. Por el contrario, la diferenciación es la creación de nuevas fronteras por la aparición de subgrupos adicionales, mientras que la proliferación resulta de la creación de nuevos grupos sin que los grupos existentes desaparezcan o pierdan su identidad.

48A partir de este modelo, Horowitz introduce dos elementos decisivos en la comprensión del carácter adscriptivo múltiple de las identidades colectivas subrayado por Wade (1997: 18). La adhesión a las identidades colectivas y la etnicidad es múltiple en la medida en que depende del contexto en el cual los individuos entran en relación. En efecto, un individuo puede pertenecer a varios grupos y considerarse, por ejemplo, a la vez como miembro de un reinado o un clan, y como miembro de un grupo étnico más amplio, una agrupación, una nación o una raza. Esas múltiples adscripciones se explican por la existencia de estímulos externos, cuyo impacto depende de la definición de los marcadores de identidad como el color de la piel o la fisonomía. Esos marcadores, se dividen entre criterios (o señales manifiestas de la identidad) e indicios (elementos definitorios). Cierto es, como lo concede Horowitz, que la distinción entre criterios e indicios no siempre es fácil en la práctica, en particular debido al hecho de que el uso duradero de un indicio puede transformarlo en criterio. Sea lo que fuere, la credibilidad de los indicios depende de la importancia relativa de las fronteras entre los grupos étnicos: mientras esas fronteras son más imprecisas, los indicios son menos fiables y más fácil resulta falsificar o manipular la identidad. Por otra parte, los símbolos de la identidad son relativos, ya que pueden ser relevantes en una sociedad y no serlo en otra.

49Si uno admite que los indicios siguen los criterios, queda por entender cómo se forman estos últimos. Esto depende, por un lado, del contacto con grupos percibidos en una escala de diferencias y similitudes, y, por el otro, del tamaño y la importancia política en la que se encuentran los grupos. Estas condiciones determinan la percepción social y física, según una escala de juicios de valor, que determinan también los estímulos en una postura relativa. Pero al mismo tiempo, nos enfrentamos con dos problemas: ¿Según qué criterios se definen las diferencias y las similitudes? ¿Cuáles son las experiencias colectivas susceptibles de afectar los juicios de valor sobre la identidad en un entorno nuevo? Es allí donde la reflexión de Horowitz es particularmente pertinente. En efecto, el relativismo de los criterios cuestiona las definiciones del fenómeno en términos de contenidos e isomorfismos. Es así como los conceptos de incorporación y amalgama introducen matices en cuanto a la supuesta “conformidad cultural” de un grupo asimilado. En el proceso de asimilación, la incorporación desemboca tal vez en la acultutación, pero no ocurre lo mismo en la amalgama. En efecto, en la medida en que surge una nueva identidad a partir de las características de diversos grupos para formar uno nuevo, en un proceso de amalgama, ninguno de los subgrupos está en la misma postura que los grupos sometidos a un proceso de incorporación. Cierto es que, al igual que la amalgama, la incorporación acelera el cambio social. Pero mientras que la incorporación exige la puesta en conformidad social del grupo incorporado al grupo dominante, la amalgama deja mayores espacios para el pluralismo de los elementos constitutivos del nuevo grupo. La conformidad es un resultado de la amalgama, no una condición, mientras que es una condición de la incorporación.

50Desde luego, se encuentra replanteado el problema de la percepción de las afinidades culturales y de su impacto en los cambios de fronteras entre los grupos. Para resolverlo, Horowitz propone analizar el impacto de los cambios en las “series” y de la interacción entre las definiciones (endógenas o exógenas) de las identidades de grupos. En primer lugar, subraya que la aparición de “super tribus” y las nuevas identificaciones que ésta entraña resultan, en una amplia medida, de las migraciones rurales y de la creciente interacción con otros grupos en el medio urbano. En particular, es así como los emigrantes traen una visión nueva de la colectividad al volver a su lugar de origen y buscan a menudo reforzar esta nueva identidad por una organización política, cuya meta es representar al grupo en su conjunto. En segundo lugar, Horowitz evidencia la importancia del prestigio en la determinación de la influencia de ciertos individuos en un grupo dado. En este sentido, mientras más grande es el prestigio o más poderoso el grupo étnicamente diferenciado (como en el caso de los europeos, en la administración colonial), más decisivo es su papel en la definición de las fronteras étnicas. En tercer lugar, él muestra que, una vez asumida la nueva definición de las fronteras por un grupo, la nueva identidad así definida puede ser invocada en contextos que no eran el de la redefinición de las fronteras. Por consiguiente, aunque en un principio los efectos de la identidad aprendida eran el diferir el cambio social, en esta nueva etapa el aprendizaje de la identidad tiene como consecuencia el acelerarlo y profundizarlo.

51Una vez caracterizada la fluidez de las fronteras entre los grupos étnicos, Horowitz considera la relación que une estas fronteras con el cambio de identidad, a partir del papel de los límites territoriales. Estos últimos definen el espacio social dentro del cual se produce el contacto entre grupos, y tienden a organizar las series étnicas entre las que se ubican los grupos. Pese a su carácter artificial y arbitrario, esas fronteras territoriales se vuelven criterios interiorizados por los grupos, en particular en las situaciones coloniales. Es más, en ciertos casos, la administración colonial es la que creó las condiciones de incorporación y amalgama étnicas, tras aprovecharse de ciertas discrepancias entre grupos o favorecer la conformación de unos grupos étnicos más amplios en el nivel político.

Etnicidad y ética discursiva

52La etnicidad, por tanto, puede entenderse como un proceso social que descansa en demandas simbólicas, cuyo objetivo es la afirmación pública de legitimidad, cuando ésta se pone en duda. Lo simbólico es eficiente porque da a unas demandas étnicas la forma de ideas y valores reconocidos más allá del conflicto particular. Lo simbólico de las demandas étnicas introduce entonces una confusión de sentido, de tal modo que confunda las demandas particulares con una ética política más amplia. Para ser eficiente, la dimensión simbólica de la etnicidad tiene, entonces, que ser identificable, lo que implica una redefinición de los marcadores étnicos. Es así como la actividad étnica no define una actividad comunitaria (como lo destacaba juiciosamente Weber), sino un contexto de interacciones cambiantes, que descansan fundamentalmente en procesos subjetivos de identificación. Cabe precisar que las causas de esos cambios son, en amplia medida, determinadas por el contexto histórico, político y social. Al respecto, Poutignat y Streiff Feinart destacan con razón que, teniendo en cuenta la disyunción entre cultura y etnicidad, el grado de arraigo de las identidades étnicas en realidades culturales es altamente variable y que cualquier cultura étnica es, en cierta medida, un “bricolaje” (Poutignat et al., op.cit.: 141). Este “bricolaje” plantea precisamente uno de los problemas clave de la etnicidad para la sociología.

53Además de tomar distancia con las explicaciones culturalistas y estructura-listas de los fenómenos étnicos, Horowitz tiene el mérito de haber integrado los cambios de límites entre los grupos étnicos en un continuum que invalida los postulados historicistas del funcionalismo. La perspectiva del sociólogo deja, desde luego, de ser integracionista o asimilacionista, para considerar tan solo la etnicidad como un hecho social en el sentido clásico. Esto permite hacer hincapié en el cambio social y su relación con los fenómenos de fusión y fisión étnicas. Se deduce que el estudio de la etnicidad se vuelve particularmente complejo, siempre y cuando se trate de interpretar los conflictos étnicos o etno-políticos. Al respecto, hay que evitar las confusiones entre categorías de análisis y categorías de identificación. Es por esto, que de aquí en adelante asumiremos la dicotomía entre los conceptos de raza y de grupos étnicos. Si bien el primero puede ser entendido como medio de categorización (es decir desde una perspectiva exógena, que desemboca en el racismo en su versión discriminatoria), el segundo es un medio de identificación (es decir desde una perspectiva endógena y exógena, que se manifiesta por el reconocimiento de una alteridad específica y no discriminatoria, sobre la base de criterios étnicos).

54Algunos consideran que la etnicidad no es sino un fenómeno transitorio, que desemboca en otras identidades colectivas. Cohen considera que, en el origen, el grupo étnico es en general informal ya que no forma parte del sistema oficial de poder económico y político (A. Cohen, 1996: 84). A medida que es reconocido formalmente, bajo la forma de un Estado o una región en un marco federativo, ya no se trata tanto de etnicidad cuanto de nacionalismo. Es así como se forman estructuras para políticas, que son en parte reguladas y en parte absorbidas por las estructuras políticas más amplias. Desde luego, lo que está en juego cambia y las reivindicaciones de un grupo étnico —por ejemplo en el marco territorial o educativo— aspiran al reconocimiento de un Estado o un territorio. Brass asimila este paso de las “categorías” a las “comunidades” étnicas con un momento de la modernización de las sociedades multiétnicas, donde los idiomas no han sido todavía estandarizados y donde domina la fragmentación social (P. Brass, 1996: 85-86). En la siguiente etapa de la transformación de esas sociedades, los miembros del grupo se benefician de derechos políticos, sociales y económicos. Esa delimitación en secuencias del proceso de “formación de nacionalidad” plantea, sin embargo, varios problemas: ¿En qué condiciones se vuelven comunidades las categorías étnicas? ¿En qué condiciones un grupo étnico puede formular una demanda de estatuto nacional? ¿Cómo explicar las transformaciones en obras en la cultura, los hábitos y los límites de un grupo, cuando éste se convierte en nacionalidad?

55La respuesta a estas preguntas remite a una explicación en términos de interacciones entre estructuras y comportamientos individuales. En este sentido, la teoría weberiana de la dominación puede ser muy útil, siempre y cuando se la ubique en el contexto de oposición entre sociedad tradicional y sociedad moderna. En efecto, se puede vislumbrar en la etnicidad una confusión entre los tres tipos ideales de dominación legítima: tradicional, carismática y racional o legal. Recordamos que para Weber, cada tipo de dominación obedece a una forma específica de legitimidad (Weber, op.cit., 1995a: 301 y s ). La dominación tradicional descansa en la creencia en el carácter inmemorial y sagrado de las reglas, que condicionan las disposiciones tomadas por el jefe. La dominación carismática se apoya en la personificación del poder, es decir el reconocimiento del valor heroico y la creencia en el carácter mágico de una persona o un grupo de personas, así como a órdenes revelados o formulados por ellos. Finalmente, la dominación legal descansa en la racionalidad jurídica, es decir en la creencia en reglamentos dictados y el derecho de dar directivas de acuerdo a unos individuos seleccionados por la sociedad. Nuestra hipótesis es que la movilización colectiva étnica entraña una confrontación de grupos étnicos con el poder político y descansa a la vez en nexos primordiales, instrumentalizados y “performativos”. Esta confrontación nace en el campo ético —es decir, el lugar donde se definen la ética de convicción y la ética de responsabilidad— y articula los tres tipos de legitimidad weberiana. En efecto, la etnicidad descansa en el poder de la tradición, en la medida en que hace un llamamiento a unos orígenes comunes (supuestos o reales) para irrumpir en el campo social. En este sentido, la tradición es un instrumento de movilización entre otros, facilitado por los nexos primordiales reactivados (el idioma, la religión, etc.). Por otra parte, la etnicidad descansa en el poder carismático, en la medida en que es traída a los campos político y económico por las elites, trátese de los “nuevos jefes” o de los “nuevos mediadores ventrílocuos”. Finalmente, se apoya en el poder legal, en la medida en que es institucionalizada a través del derecho positivo. Este último encuentra una contraparte en el campo económico, no sólo por las posibilidades de acceso a los recursos que ofrece sino también porque constituye un límite legal a la acción de otros actores económicos, como se verá en particular en el marco de las actividades petroleras en territorios indígenas.

La emergencia de los movimientos indígenas en América Latina

56El problema de la designación

57De manera general, el problema de las estadísticas de poblaciones indígenas en América Latina no ha sido resuelto: entre las sub-evaluaciones más o menos voluntarias de las administraciones y la falta de armonización de las definiciones y criterios de censo de un país a otro, en los datos oficiales las fuentes de equivocaciones son numerosas. Por otro lado, los actores tienden, lógicamente, a sobre-valorar sus efectivos y carecen, en todos los casos, de instrumentos estadísticos fiables a la hora de contarse. Nos contentaremos, por lo tanto, a falta de otra cosa mejor, con las cifras publicadas por la CEPAL a inicios de la década del noventa, que tienen el mérito de tomar en cuenta varias fuentes y presentan un laudable esfuerzo de armonización.

58La CEPAL distingue tres grupos de países (Cf. J. Chackiel et al., 1993). En el primero, integrado por Ecuador, Bolivia, Guatemala y Perú, la población indígena representa entre el 40 y el 60% del conjunto nacional. Junto con México, esos países concentran el 90% de la población indígena de América Latina. El segundo grupo de países, integrado por Colombia, Chile, Honduras, Panamá y Paraguay, cuenta con reservas y áreas donde una población indígena es mayoritaria. El tercer grupo está integrado por países con poblaciones silvícolas de organización tribal, esparcidas y autosuficientes (como Brasil y Venezuela), que agrupan el 5% de la población indígena del subcontinente. Los autores de la CEPAL subrayan que los censos nacionales, principal fuente estadística, tienden a subestimar la importancia del fenómeno étnico por tres series de razones. En primer lugar, el acceso difícil a las zonas rurales complica la tarea de los investigadores demográficos; la elaboración de cuestionarios bilingües plantea dificultades metodológicas y prácticas; los indígenas, que a veces siguen escondiendo su identidad por miedo a la discriminación, hesitan a menudo contestar a los cuestionarios. En segundo lugar, los criterios de designación de las poblaciones indígenas varían de un país a otro, aunque combinen generalmente el idioma, la auto adscripción como indígena y el espacio como territorio. Finalmente, la tasa de crecimiento demográfico es generalmente subestimada: oficialmente (según los censos), ésta era del 1% para las poblaciones indígenas en la década del ochenta, mientras que el conjunto de la población latinoamericana crecía en un 2% al año. En realidad, los autores de la CEPAL estiman que esta tasa está todavía entre el 2,5 y el 3,5% para los indígenas, aunque la tasa de defunción sea dos veces más alta que entre los blancos y mestizos (el 100%o contra el 50%o). Esta corrección toma en cuenta dos elementos: la tasa promedio de fecundidad es de seis niños por una mujer indígena (contra tres entre los blancos y mestizos) y los menores de menos de 15 años representan entre el 40 y el 50% de la población. En definitiva, las estimaciones alcanzan generalmente al doble de las cifras oficiales: en 1990, se estimaba la población indígena del continente entre 17,4 y 39,9 millones.

59Los 82 grupos étnicos de Colombia se juntan en 64 grupos etno-lingüísticos. Oficialmente, la población indígena de Colombia habría caído de 0,32 a 0,24 millones entre 1973 y 1985 (o sea una reducción del 2,41%), pasando del 1,5% al 0,8% de la población total. Entre tanto, la población “no-indígena” habría aumentado el 2,54%. En realidad, esta discrepancia se explica por el cambio de criterios de definición, entre los dos censos. En 1973, el criterio de la lengua era suficiente, pero desde 1985 la administración toma en cuenta la localización geográfica (territorio). Las estimaciones de la CEPAL (1993: 40) daban 0,55 millones en 1978 (el 2,1% del total). En 1993, la población indígena de Colombia se estimaba en 0,573 millones, en un total de 33,4 millones de habitantes. Finalmente, Gros da la cifra de 0,61 millones en 1995 (1,7% del total) (Y. Bodnar Contreras et al., 1993; C. Gros, 1996: 249).

60Los 28 grupos étnicos del Ecuador se juntan en 8 grupos etno-lingüísticos, que forman 13 pueblos o nacionalidades. Una vez más, las estadísticas dan lugar a discusión. Según la CONAIE, la población indígena representa cerca del 50% de la población nacional, cifras netamente superiores a las publicadas por la administración (en B. Chancoso 1993: 135). Según las estimaciones altas, entre 1978 y 1992, la población indígena habría aumentado de 2,56 a 3,8 millones (lo que representa un salto del 31% al 34,5% de la población nacional). Sin embargo, el censo de 1982 daba 2 millones de indígenas en una población total de 9,6 millones, es decir el 20,8% (CEPAL, op.cit.: 30; Santana, 1992 a: 5).

  • 6 Mencionando a los autores más citados al respecto, Sánchez Parga indica que en 1856 (según Villavi (...)
  • 7 El problema seguía de actualidad en 2000, ya que las organizaciones exigían realizar su propio cen (...)

61Sánchez Parga sostiene que la población indígena del Ecuador, según el criterio de la lengua que tenía la administración indigenista, no representa más que medio millón de habitantes, es decir entre el 5 y el 7% de la población total (J. Sánchez Parga, 1993). Según este autor, la población de lengua quichua sigue un descenso histórico. Entre mediados del siglo xix y mediados del siglo xx, su peso en el conjunto nacional habría bajado del 41 al 15% (más un 15% “más o menos aculturados”)6. Entre 1950 y 1990, habría caído otra vez del 14 al 3,7% (según informa el censo de 1990). Para Sánchez Parga, cinco razones explican esta evolución: la deceleración demográfica general constatada en los campos y el éxodo rural, la urbanización, el desarrollo de infraestructuras viales y de comunicación, la escolarización y la alfabetización, la aculturación normal. A eso se añade, según él, el efecto integrador de la modernización del sector rural y de las reformas agrarias de 1964 y 1973. Contrastando las estadísticas de 1982 y de 1990, Sánchez Parga nota que las tasas de crecimiento son homogéneas en todos los sectores y regiones del Ecuador. El documento en el que se apoya es un estudio del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), a partir del censo. Este estudio no persigue el objetivo de contabilizar la población indígena, sino de evaluar la proporción de la población del país “cuya formación sociocultural se diferencia de la identidad nacional”, a partir de los datos del censo de 1990. Cabe recordar, sin embargo, que el criterio que se tenía en Ecuador en aquella época, era el idioma “hablado en la casa”, lo que descarta a los niños de menos de 5 años. Además, los dirigentes de la CONAIE habían llamado al boicot de este censo, en la confusión que siguió al levantamiento de junio, tras haber roto el diálogo con el gobierno (Santana, op.cit.: 22)7.

62Al fin y al cabo, en vez de glosar al infinito sobre datos estadísticos siempre cuestionables, es más fecundo para el análisis, al parecer, tomar en cuenta factores sociológicos no-cuantificables. El mismo Sánchez Parga invita, además, a repensar el problema de la aculturación en términos de mestizaje: si se trata de comunidades rurales casi o totalmente hispano-parlantes y consideradas como mestizadas, no se puede pasar por alto que sus condiciones de vida, formas de organización familiar, relaciones de compadrazgo, de intercambio y reciprocidad, sus rituales y fiestas, su mentalidad y actitudes siguen siendo condicionados por una fuerte tradición cultural andina (Sánchez Parga, op.cit.: 103). El ex presidente de la CONAIE, Luis Macas, precisa al respecto que no es la cantidad de sangre india lo que determina el ser o no indígena, sino la representación subjetiva que uno tiene de sí mismo, de la cual se habló en la primera parte de este capítulo (Macas, 1993: 112).

63Si bien es cierto que las categorías de etnia, pueblo, nacionalidad o indio siguen indefinidas y manifiestan, como dice Mires los límites de la antropología al entender los fenómenos étnicos en América Latina (F. Mires, 1992: 11), no cabe duda de que, a través de la identidad genérica de indio y de las movilizaciones colectivas que ésta apoya, se diseña un tipo de movilización social, cuyos alcances en la década del noventa desbordaron el marco de la etnicidad. Esta evolución precisa a posteriori del marco teórico en el cual deben analizarse los procesos de etnicidad en la Amazonia y en los Andes. Por otra parte, contra el postulado neomarxista o funcionalista que hace del indio un objeto o una víctima de la modernización, el acento puesto por esos movimientos en las relaciones con el Estado-nación introduce la dimensión de sujeto, a través de la doble problemática de la participación y de la autodeterminación.

64En América Latina, el concepto de etnia fue, por mucho tiempo, sustituido por la categoría globalizadora de indio, vocablo inventado por Cristóbal Colón tras haber abordado a la costa de lo que él creía que eran las Indias Orientales. Aunque este término derive de un error fenomenal, se volvería realidad de tanto ser utilizado por los españoles en referencia a la población de “las Indias”. Por consiguiente, la indianidad se “performa” en un doble sentido y constituye una identidad genérica tanto para los indios como para los “no-indios”. Desde el punto de vista exógeno, para los “no-indios”, esta identidad se forma a partir de criterios discriminatorios. En cambio, desde el punto de vista endógeno, o para los interesados, se forma a partir de los indicios que permitían afirmar una cohesión étnica según diversos modelos. Esta “semántica de la dominación”, siguiendo la palabra de Guerrero, se propagó a los estudios etnográficos, a través de las principales corrientes evolucionistas o historicistas, culturalistas y estructuralistas (A. Guerrero, 1991). Para la corriente evolucionista, el indio era el descendiente de las culturas precolombinas; para el culturalismo, era el “otro”, en oposición a la sociedad externa; para el estructuralismo era el que ocupaba una determinada situación en la estructura económica y social, generalmente en posición de inferioridad y de explotación. Mientras el primero descansaba en un supuesto esencialismo de la naturaleza india, el segundo introducía un relativismo absoluto y el tercero un determinismo insuperable. No obstante, esas tres corrientes fueron superadas por la realidad, a medida que se organizó el pan-indianismo, este proceso de indianización de la etnicidad que se opone al indigenismo estatal (Cf. D. Fassin, 09/1991; y H. Favre, 1991: 106-124). A esto le siguió la proclamación de los miembros del primer Parlamento Indio de Sudamérica (que tuvo lugar en Paraguay en 1974), al reclamar las tierras que ocupaban tradicionalmente: “porque como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos” (en F. Morin 1994: 168).

65Los estudios de la etnicidad en América Latina se dividen en tres grandes dominios geográficos: la Región Andina, la Cuenca Amazónica y Meso América (P. Wade, op.cit.: 40-58). Hasta la década del cuarenta, el funcionalismo y el marxismo coincidían en considerar este fenómeno como transitorio, que había de desaparecer en el transcurso de la historia, mediante la integración o la asimilación de los grupos étnicos, sea por la sociedad global, para los unos, o sea por la clase obrera para los otros. Es así como Redfield empezó a estudiar los grupos étnicos de Chiapas como “comunidades populares”, es decir como grupos indios que tenían una larga tradición de interacciones con los “no-indios” (Ibíd.: 42). En la perspectiva funcionalista de Redfield, las comunidades indias evolucionan según un continuum, cuyos polos extremos son el aislamiento completo y la integración en un medio urbano. A lo largo de este continuum, los valores y relaciones sociales se modernizaban y se individualizaban, conforme al proceso de racionalización. En una perspectiva similar, los teóricos del pluralismo como Nash, Colby o incluso Van den Berghe se esforzaron en explicar la persistencia de grupos culturales diferenciados en términos de relaciones comerciales y de participación en ciertas instituciones económicas y políticas, como un primer paso hacia su integración a la sociedad moderna. Sin embargo, como lo destaca Wade, tanto la aproximación funcionalista como la pluralista encontraban límites en la definición de su objeto de estudio (Ibíd.: 46). En efecto, estas teorías no estudiaban la identificación étnica ni las relaciones entre los grupos étnicos, tampoco explicaban cómo se conformaban las fronteras étnicas o cómo evolucionaba la cultura de un grupo dado.

66En ese contexto se generalizó el indigenismo estatal, es decir el desarrollo de una política concebida para definir la articulación de grupos indios de América Latina en las sociedades nacionales, cuya acta de fundación fue el Congreso de Pátzcuaro (Chiapas), en 1940 (J. Juncosa et al., 1992). En la misma época, la OEA creó el Instituto Indigenista Interamericano, cuya carta estableció un mandato para la asimilación de la cultura india (D. L. Van Cott 1994: 7). El indigenismo estatal se había formalizado en Perú en la década del veinte por Mariátegui y Haya de la Torre, que se esforzaban en conciliar el socialismo con la integración de los indios (Wade, op.cit.: 33 y 47). Esta ideología privilegia una aproximación en la sociedad en términos de clases y sale del postulado de que las sociedades latinoamericanas siguen un proceso de mestizaje. Como lo subrayan ciertos autores, desde la “raza cósmica”, también formalizada en la década del veinte por el Ministro mexicano de Educación y escritor José Vasconcelos, el mestizaje se emparenta con una ideología de la exclusión al servicio de las elites criollas y retoma más la forma de una categoría exclusiva que la de un verdadero esfuerzo de integración de los indios a la vida política, social y económica (R. Stutzman, 1993). Al respecto, Stavenhagen habla de “Estados etnocráticos”, para designar el sistema político que impusieron los mestizos a los indios, en el cual la etnia dominante detiene y conserva privilegios para ella misma y pretende encarnar la única nación auténtica, o el modelo con el cual las otras etnias tienen que conformarse, en los límites del Estado. En este sentido, para los Estados etnocráticos, el reconocimiento de la diversidad étnica y el pluralismo cultural es, a menudo, una estrategia de asimilación (Cf. R. Stavenhagen, 1990: 36-37; y R. Stavenhagen, 1994).

67Uno de los principales críticos del indigenismo estatal en México, Bon-fil Batalla, definía el concepto de indio como una categoría “supra étnica”, que hacía referencia a la condición del colonizado. En su perspectiva, el indio era una variante latinoamericana del colonizado de África, que había de desaparecer con la modernización del Estado y con el acceso de los “pueblos oprimidos” a la autodeterminación, tal y como lo anunciaba Fanon. Su postulado era que, a mediados del siglo xx, la situación de los países de América Latina se asemejaba con la de los países africanos, en la medida en que esos países se ubicaban en la periferia del sistema económico mundial y eran mantenidos en un estado de subdesarrollo debido a las relaciones de explotación entre burguesía y clase dominada. Esas relaciones seguían el modelo de dominación entre colonizador y colonizado, producto del colonialismo en África o del “colonialismo interno” en América Latina, según la palabra de Aguirre Beltrán y de la Fuente (En Mires, op.cit.: 17 y Wade, op.cit.: 64; Cf. Stavenhagen, op-.cit., 1990: 40).

68Para muchos autores neo marxistas, el colonialismo interno y las relaciones entre centro y periferia en la “economía-mundo” crearon las condiciones de su reproducción en muchas sociedades coloniales y postcoloniales. Explican así la condición de explotados de los indios en América Latina. Ellos retoman la tesis leninista según la cual el colonialismo y el imperialismo son elementos consubstanciales de la expansión del capitalismo, ya que la acumulación de capital descansa en el desarrollo desigual y en la polarización de las relaciones socioeconómicas (Cf. I. Wallerstein et al., op.cit., 1991; y D. Bell, op.cit., 1975). En este sentido, los países del Tercer Mundo no son simplemente los perdedores en la competencia por el desarrollo y la modernización, sino que son también el producto necesario de la acumulación de capital. Las relaciones entre centro y periferia constituyen, entonces, el marco general de un sistema de dominación, en el cual las estratificaciones interétnicas juegan un papel crucial. En efecto, el modelo de dominación capitalista no sólo crea clases y regiones periféricas, sino también grupos étnicos, sobre todo cuando, en los Estados etnocráticos de la era postcolonial las clases sociales coinciden o se superponen con las distinciones étnicas (lingüísticas, culturales, religiosas o raciales).

69Las teorías de la dependencia y del colonialismo interno coinciden en defender la idea de que las relaciones de explotación entre países colonizados y colonizadores se reproducen entre las regiones que componen los países del Tercer Mundo. Las colonias internas no son regiones de refugio aisladas, donde el subdesarrollo económico podría ser superado por una elite local y donde el Estado podría impulsar un proceso de modernización, más bien son regiones integradas en los circuitos nacionales e internacionales de producción y de intercambios capitalistas. Así podría analizarse, por ejemplo, el caso de la Región Amazónica Ecuatoriana, donde los Quichua entraron en un proceso de etno-génesis para enfrentar la colonización de sus tierras y encontrar oportunidades en la expansión del mercado (N. Whitten, 1987; N. Whitten, 1993). Tal podría ser también el caso de los Andes y de Centroamérica, donde los procesos de resistencia étnica toman la forma de movilizaciones con un fuerte componente campesino que reivindican el acceso a la tierra y la puesta en marcha de reformas agrarias (Cf. Gros, op.cit., 1991; C. Gros, 1992; Le Bot, op.cit., 1992; Y. Le Bot, 1994; Stavenhagen, op.cit., 1990; y R. Stavenhagen, 09/1995). Sin embargo, esos dos tipos de movimientos étnicos no pueden confundirse con un amplio movimiento social, como lo demuestra el análisis del discurso de la etnicidad en América Latina que veremos en este capítulo.

Un fenómeno regional

70La emergencia de los movimientos étnicos en Ecuador y Colombia tan solo puede entenderse en una perspectiva continental, cuyos orígenes se encuentran en el trastorno de las estructuras socioeconómicas de la postguerra. Siguiendo a Brown, esta evolución se hizo en tres etapas (M. Brown, 1993). En efecto, mientras el Estado se preocupaba por controlar la mano de obra indígena, ésta no era sino una categoría genérica de indios. Más tarde, con la ayuda del trabajo de los misioneros y teniendo en cuenta los progresos en la educación bilingüe y las luchas por la tierra, aparecieron las fronteras y afiliaciones étnicas como categorías políticas. Paralelamente, la opinión pública internacional mostró un creciente interés por el devenir de esas poblaciones.

71La coyuntura socioeconómica de la década del sesenta había precipitado la toma de conciencia del “colonialismo interno”, estimulando la creación de organizaciones indígenas. En la década del setenta, los movimientos étnicos revelaron el agotamiento de las políticas desarrollistas de la década anterior. Entraron entonces en un proceso de fortalecimiento de las organizaciones y de proyectos autogestionarios, que aprovechó la inflexión de la política de la Iglesia católica, anunciada durante el Concilio Vaticano ii, en 1962, y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) de Medellín, en 1968. Siguiendo los principios de la teología de la liberación, algunos religiosos tomaron distancias con su jerarquía y reclamaron un mejor reparto de las tierras. Como lo destaca Le Bot, la corriente católica progresista vacilaba entre acción social, acción cultural y acción política, al tratar de conciliar esas diferentes dimensiones en una perspectiva comunitarista (Le Bot, op.cit., 1994: 114). En ciertos países —como Bolivia, Guatemala o Colombia— el fracaso de esta combinación llevó a la radicalización de la acción política y a ciertas derivas revolucionarias. La influencia de la Iglesia católica sobre los movimientos étnicos se operó a través de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que habían de ser relevadas en la década del ochenta por las ONG, generalmente foráneas. En el contexto de democratización de la década del ochenta en América Latina, esos movimientos tomaron una creciente autonomía, que iba a la par con el agotamiento de los movimientos sindicales y la emergencia de nuevos movimientos sociales que surgen en las dos décadas anteriores, contra los regímenes autoritarios.

  • 8 Sobre este punto, véase la síntesis de Le Bot (Ibid.).

72Además de Colombia y Ecuador, los casos más significativos son los de Guatemala, Bolivia y Perú8. En México, el movimiento indígena quedó sometido a la política indigenista estatal, inaugurada en la década del cuarenta. En efecto, muchas organizaciones que aparecieron en este país en la década del setenta fueron creadas por el poder para controlar a las comunidades. Sin embargo, cabe subrayar que, en 1974, con oportunidad del Primer Congreso Indígena que tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), las organizaciones indígenas apoyadas por la Iglesia católica plantearon una serie de demandas y reivindicaron el acceso a la tierra y el derecho al trabajo. Este movimiento, que seguía independiente de la Iglesia, padeció la represión por parte del Estado pero constituyó una importante etapa en la organización de las comunidades de Chiapas, que se levantaron el 1o de enero de 1994 y formaron el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) encabezado por el sub comandante Marcos (A. Monod et al., 1994: 9-42).

  • 9 Respectivamente Asociación Interérnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Coordinación de Organiza (...)
  • 10 El CISA fue creado en 1980 con representantes de ocho países. Recibió el apoyo del Consejo Mundial (...)

73En Perú, el único movimiento étnico que superó la violencia, en particular los enfrentamientos entre el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), creado en 1984, fue el movimiento amazónico lanzado por los ashaninka. La ley sobre las comunidades nativas (1974) permitió la conformación de unas treinta organizaciones indias bajo el impulso de maestros bilingües, muchas veces capacitados por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Éstas se agruparon en dos federaciones rivales, la AIDESEP (miembro fundador de la COICA) y el CONAP9. A inicios de la década del noventa, la mitad de las 1.200 comunidades censadas habían recibido títulos de propiedad para sus tierras, mientras se habían multiplicado las escuelas, los puestos de salud y las cooperativas de producción. En cambio, los círculos indianistas de Lima, que pretendían hacer coincidir el proyecto de Estado multiétnico y plurinacional con las fronteras históricas del Tawantinsuyu, viendo en el Occidente el único adversario de la emancipación y la reactivación de la cultura de los pueblos indios, nunca dispusieron de una verdadera base social y comunitaria. Estas organizaciones, compuestas principalmente por mestizos o por indígenas aculturados, llevaron a cabo algunas acciones a través de las Organizaciones de Base Andinas, Aymaras y Quechuas (OBAAQ), mientras que los movimientos más radicales (como el Movimiento Indio Peruano) desaparecían y que el Consejo Indio de Sudamérica (CISA) sobrevivía gracias al respaldo internacional10.

74En Bolivia, en la década del setenta, algunos grupos del Chaco y de la cuenca amazónica se dotaron de organizaciones modernas bajo la influencia del movimiento sindicalista campesino, de las Iglesias, de los promotores de desarrollo y de los defensores de los derechos humanos. Tomaron sus distancias con las orientaciones y las formas de movilización de los campesinos de las tierras altas, asumiendo una vía más étnica que sindical. En 1990, una marcha por la dignidad les llevó hasta La Paz. Por otra parte, los guaraní de la región de Camiri (4.500 familias repartidas entre un centenar de comunidades) se movilizaron alrededor de un programa de educación bilingüe, de salud, de modernización y diversificación de la producción, con la ayuda de los misioneros y de varias agencias gubernamentales y extranjeras. Pero fue el movimiento katarista el que llevó a lo más alto las esperanzas del movimiento indígena de convertirse en movimiento social. Lanzado por unos estudiantes aymarás, el katarismo entró en gestación a finales de la década del sesenta, mientras que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) impulsaba una política de organización del campesinado a través del pacto militar campesino. Al principio, los campesinos indígenas, mayoritarios en las tierras altas, apoyaron la reforma agraria llevada a cabo por el MNR tras la revolución. Según Lavaud, cumplieron un papel esencial en la consolidación del poder, aunque este apoyo no fuera incondicional (J.-P. Lavaud, 1991: 182).

  • 11 Según Lavaud (Ibíd.: 191-192), el mensaje katarista era movilizador porque la discriminación y las (...)

75Tras la eliminación de los caciques, numerosos cargos de responsables fueron liberados, lo que exacerbó las rivalidades internas del movimiento campesino. Así, mientras dos sindicatos se separaban de la política oficial, un tercero, nacido del sindicalismo oficial, se asoció con los círculos indigenistas de la capital para emprender la revalorización de la cultura y de la historia precolombina, en particular a través de la figura de Julián Apaza, alias Tupac Katari, mártir del sitio de La Paz, descuartizado en 1781. Tras el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, este núcleo se reforzó desarrollando actividades culturales, bajo el protectorado de las Iglesias católica, metodista y adventista. Dos años más tarde, varias asociaciones que reivindicaban un origen campesino quechua y aymara publicaron un programa en el que estaban agrupadas sus reivindicaciones económicas, sociales y culturales, denunciando los límites de la reforma agraria y oponiendo la democracia comunitaria y la autonomía campesina con el autoritarismo y el clientelismo del régimen en el poder. Este documento, conocido como “El Manifiesto de Tiawanaku”, encontró un eco favorable entre los dirigentes campesinos, pero la represión contra el levantamiento del Valle de Cochabamba, en enero de 1974, y el endurecimiento del régimen militar relegaron a los kataristas a la semi-clandestinidad11.

76A pesar de todo, en el momento de la caída de la dictadura de Hugo Banzer, su movimiento parecía mejor organizado que el sindicalismo obrero. Aprovechándose de esta ventaja, se asoció con la Central Obrera Boliviana, dominada por la poderosa federación de mineros, en una Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia pero nunca estaría en una posición de hacer contrapeso a las orientaciones clasistas del movimiento. Durante el primer paréntesis democrático de dos años, el movimiento campesino hasta tuvo un prolongamiento político con el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, que enfrentó la dictadura con éxito, en el seno de una coalición de izquierda, en 1978. Pero al año siguiente, el partido se dividió en dos, mientras aparecía una tendencia indianista con el Movimiento Indio Tupak Katari. El repliegue de la izquierda y del sindicalismo en la década del ochenta acentuó la pérdida de influencia del katarismo, hasta el acceso a la Vicepresidencia de la República de uno de sus refundadores, Víctor Hugo Cárdenas, convertido al neoliberalismo.

77En Guatemala, la afirmación de la identidad étnica es a la vez una cuestión de reconocimiento por parte de una comunidad que supera las especificidades etnolingüísticas y la expresión de una incorporación de elementos culturales “no-indios”, más que de una tradición india. Le Bot mostró cómo, en este país de ascendencia mayoritariamente maya, una conversión religiosa había servido de vector para esta transformación en la década del treinta, cuando la emancipación de los campesinos permitió a los indios salir del marco comunitario (Le Bot, op-.cit., 1992). Durante el período democrático, numerosos alcaldes indígenas presentados ante los consejos de ancianos seguían siendo electos de acuerdo con los mestizos (o ladinos). Pero el poder local, aunque muy conservador, era cada vez más disputado por unos jóvenes hispanistas, capacitados para la acción colectiva por los elementos progresistas de la Iglesia católica.

78Este movimiento de conversión tomó una nueva dimensión en la década del setenta, con la intensificación de la lucha contra el paganismo, luego con el apoyo de los misioneros jesuitas y maryknolls a unos programas de desarrollo en las tierras altas. A finales de la década del setenta, el Comité de Uniones Campesinas, de tendencia comunista, reemplazó la Acción Católica y las cooperativas, pero evolucionó de pronto hacia la subordinación a una vanguardia revolucionaria. Mientras defendían la libertad de los idiomas, las costumbres y las ideas indígenas, sus dirigentes soñaban con realizar la unión entre las comunidades y los campesinos mestizos pobres, hasta desvincularse de las reivindicaciones pan-indianistas del sector indígena, tras la “Declaración de Iximché” en febrero de 1990, que constituyó una etapa decisiva en la afirmación de una conciencia étnica. La preponderancia de la visión de clases llevó a una escisión entre los dirigentes politizados, que intentaban canalizar las aspiraciones indigenistas, y ciertos círculos de Quetzaltenango (Xelajú), donde se organizaba el movimiento Nuevo Amanecer (Majawil Q'ij), que había de jugar un papel clave en la década del noventa.

79A principios de la década del ochenta, este movimiento, que tendía a integrar las reivindicaciones sociales, a vincular el esfuerzo de participación y la defensa de una identidad amenazada, parecía condenado a optar entre la violencia o el repliegue comunitario. Sería menester el anhelo pertinaz de justicia, asociada con una memoria dolorosa, como lo subraya Le Bot, para superar este dilema y para que Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, pudiera entregar al mundo su mensaje, proponiendo inventar una nueva modernidad, definida a la vez por el nexo y la tensión entre lo afectivo y lo racional, entre la identidad subjetiva y la objetivación, entre el sentido y la economía (Ibíd.: 318). Finalmente, el 31 de marzo de 1995, en el contexto de las negociaciones de paz abiertas en 1994 con la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, el gobierno guatemalteco firmó un “Acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas”. Anticipando la reforma constitucional de 1998, este texto consagraba el reconocimiento oficial de los 21 grupos etno lingüísticos de origen maya y garifuna. Cierto es que no hubo participación directa de las organizaciones indígenas en el proceso de paz, no obstante su presencia en el seno de la Asamblea de la Sociedad Civil, que preparó el documento, inauguró un verdadero cambio en el comportamiento de los actores de un conflicto de 30 años, que dejaba un saldo de 138.000 muertos y desaparecidos, un millón de desplazados internos y entre 45.000 y 80.000 refugiados (J. Cambranes et al., 1992).

El discurso de la indianidad

80Algunos consideran que los movimientos étnicos en América Latina representan una alternativa a las corrientes ideológicas liberal y marxista, en la medida en que son portadores de una demanda de participación política y de representación en los órganos de poder, que se articula con demandas culturales, económicas y sociales, como el derecho a una identidad colectiva y a una organización social y política particulares, el acceso a la tierra o aún el reconocimiento de territorios ancestrales (Stavenhagen, op.cit., 09/ 1995; Bell, op.cit). Sin embargo, algunos autores destacan que esos movimientos no se transforman en movimientos sociales, ya que su objetivo es el cambio y el control del cambio en el ámbito comunitario —la historicidad según Touraine— mas no la crítica de la dirección de los modelos centrales en los ámbitos de la inversión, del conocimiento y de la ética, o la apropiación de las principales fuentes económicas y culturales en la sociedad nacional (Le Bot, op.cit., 1994; Touraine, op.cit., 1988). Para trazar las líneas de fractura entre ambas tendencias, otros invitan a reconsiderar las movilizaciones colectivas a la luz del discurso de la indianidad. Esta gestión constructivista propone entender la política a través de los discursos políticos, al hacer hincapié en el estudio de los procesos conflictivos, de resistencia y de desafío. Es así como Basso y Sherzer subrayan que el desorden en las relaciones humanas revela el carácter interactivo del discurso, cómo el significado es creado en y a través de lo que Habermas llama la acción comunicativa (E. Basso et al., 1990: 13). Así mismo, para entender el futuro de los movimientos indígenas, Urban y Sherzer invitan a interrogarse sobre la comprensión subjetiva de los grupos étnicos y las circunstancias objetivas, en términos de intereses, recursos y competencia (G. Urban et al., 1992: 5).

81Es lo que nos proponemos hacer a continuación, a través del análisis de los discursos de las organizaciones indígenas, que fueron publicados a inicios de la década del noventa, en los alrededores de la campaña del quinto centenario del descubrimiento de América por Colón. Cabe precisar de antemano que esos documentos expresan posturas defendidas por las organizaciones de nivel nacional o internacional. Por lo tanto, no son necesariamente representativos del pensamiento de los grupos étnicos, ni siquiera asumidos por los grupos mismos y las organizaciones de nivel comunal, provincial o regional. De hecho, el discurso de la COICA, una coordinación de organizaciones regionales en el nivel de la cuenca amazónica, difiere de manera significativa de los discursos de las organizaciones nacionales con una fuerte representación de las comunidades andinas. Así mismo, las comunidades indígenas evangelistas desarrollaron unos discursos y modelos de movilización y organización que se apartan de los de las organizaciones de la corriente principal del movimiento pan-indio latinoamericano (Santana, op.cit., 1992 a; y R. Santana, 1994). No obstante, al parecer, esos discursos ofrecen suficientes informaciones como para presentar un panorama de los argumentos que facilitaron las movilizaciones étnicas en la década del noventa.

82Nuestra tesis es que el discurso de la indianidad es fundamentalmente un discurso ético que irrumpe en los campos social, político y económico. En efecto, a partir de finales de la década del ochenta, apareció una clara moralización del movimiento indígena en los ámbitos nacionales e internacionales, siempre y cuando se impusieran y generalizaran temas como el de la “deuda histórica” del Estado-nación, la resistencia indígena al etnocidio y al genocidio, la defensa de valores tradicionales comunitarios, o aún del pluralismo y el multiculturalismo. Entre tanto, la identidad étnica adquirió una nueva legitimidad en el campo social, a través de la alianza con los sectores populares —en particular el campesinado andino, donde frecuentemente es dominante— y los movimientos ecologistas, en particular en las comunidades amazónicas. Se produjo así un discurso renovado sobre la legitimidad en el campo político, a través de la reivindicación de derechos a la autodeterminación y participación colectiva en las decisiones políticas. Finalmente, la ética irrumpió en el campo social con la crítica del modelo de desarrollo neoliberal y la aspiración a un desarrollo sostenible autogestionario.

Caracterización y dimensiones éticas

83El discurso de la indianidad se articula alrededor de dos dimensiones éticas fundamentales: la deuda histórica del Estado-nación y la defensa de la cultura. La “deuda histórica y moral” alude, en primer lugar, a los procesos de etnocidio y de genocidio que fueron llevados a cabo desde la Conquista y que se prolongaron en la Colonia (en Juncosa et al., op.cit.: 88-175). Es así como la declaración final de la primera reunión de preparación del quinto centenario, que tuvo lugar en Bogotá en enero de 1989, proclama: “el 12 de octubre de 1492 fue un día de luto para todos nuestros pueblos indígenas, pues se iniciaron 500 años de genocidio, etnocidio, evangelización, opresión y humillación que se conserva hasta nuestros días [...] En todo este proceso, en el que la violencia tiene la función esencial, y la superioridad de civilización y el espíritu de cruzada religiosa sirven de coartada, se [produjo] un etnocidio que [liquidó] una experiencia autónoma, creativa y única, de milenios, y uno de los mayores genocidios de la historia humana” (Ibíd.: 261 y 267).

84Desde luego, se opusieron dos versiones de la historia: la del conquistador o invasor, que celebraba “el encuentro entre dos mundos” o “el descubrimiento del Nuevo Mundo”, y la del conquistado o invadido, que veía en este acontecimiento la imposición de una cultura de dominación y de depredación, por la fuerza de las armas y la evangelización. Para el primero, lo que se celebraba era un acta fundadora de la civilización occidental, el triunfo de la modernidad y el origen del mayor auge económico jamás logrado en Europa. Para el segundo, se trataba más bien de la destrucción de los modelos de convivencia y la ruptura de los equilibrios entre el hombre y la naturaleza. En esta oposición se encuentran en gérmenes los principales argumentos que las organizaciones pan-indias iban a desarrollar a lo largo de la década del noventa y que irían ganando una creciente legitimidad. Las celebraciones del quinto centenario habían de ser, entonces, el pretexto de un “auto descubrimiento” y el inicio de la reescritura de la historia por parte de los indios, para quienes “la memoria de los pueblos es una fuente de inspiración permanente que nutre los procesos de liberación de los explotados y oprimidos y que es la estructura de la identidad” (Ibíd.: 287).

85Para revertir el proceso de dominación, el discurso de la indianidad necesita invocar y reinventar “la historia milenaria” de los pueblos indígenas. Es así como el Consejo de Organizaciones Maya de Guatemala (COMG) opone los 5.000 años de civilización maya a los 500 años de la modernidad. Así mismo, la COICA considera que los pueblos indígenas fueron los habitantes de la Amazonia desde hace miles de años. En ese sentido, 1492 inaugura un nuevo episodio de la historia que, aunque haya constituido una ruptura en la continuidad del desarrollo “armonioso” de las culturas precolombinas, no significa su desaparición. De hecho, el discurso de la indianidad reclama por una larga tradición de resistencia, como lo muestra la declaración final del primer Congreso de Organizaciones Indígenas de Centroamérica, llevado a cabo en Panamá en marzo de 1989: “El atraso, la miseria, la discriminación, la represión y la marginación han sido las constantes de la vida de nuestros pueblos. Hechos ante los cuales hemos respondido con la resistencia a niveles local, regional e internacional; desde los tiempos de la conquista a la actualidad”. Así mismo, para la CONAIE, “[el] desembarco de Colón y su comitiva en las Antillas fue el comienzo de la guerra de conquista, explotación y dominación, y el principio de un largo y complejo proceso de resistencia indígena” (Ibíd.: 45 y 245).

86Al hilo de los encuentros continentales se repite la lista de los héroes y mártires de esta resistencia. En el momento del lanzamiento de la “Campaña “500 años de resistencia indígena y popular”, en Colombia, el 12 de octubre de 1989, los nombres de caciques de Sudamérica y Centroamérica como Tupak Amaru, Tupak Katari, Rumiñahui o Cuahutémoc son asociados con los de los generales de la independencia como Bolívar y Martí, con los de defensores de la teología de la liberación como Oscar Romero y hasta con los de revolucionarios como Ernesto Che Guevara o Emiliano Zapata. En la “Declaración de Xelajú” (Guatemala), tres años más tarde, se les agregaron los nombres de insurrectos indios o negros de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, como Nicarbo, Lemba, Filipino, Kojib Imosh, Belejeb Quej y Shamnee Black Hawk. Entre tanto, los revolucionarios habían desaparecido de la lista y aparecieron nuevos héroes de la independencia, como Sucre y Toussaint Louverture. De hecho, a través del “auto descubrimiento”, la caída de la Colonia es interpretada como un acto liberador debido a los levantamientos de pueblos indígenas de finales del siglo xviii. Así, según la CONAIE: “los intentos independentistas de los criollos no fueron sino el epílogo de un proceso cuyo inicio arranca de la conciencia anticolonial indígena” (Ibíd.: 246).

87Finalmente, la deuda histórica del Estado-nación incluye la cuestión territorial, en particular en la perspectiva de la usurpación que operaron los conquistadores y que ratificaron los libertadores. Así, el COMG pone de relieve que el territorio maya no abarca solamente al Guatemala contemporáneo sino también al sur de México, Belice y el norte del Salvador. Por su lado, el CISA pretende unificar el movimiento indígena en los Andes alrededor del proyecto de retorno al Tawantinsuyu, que incluía los territorios aymara y quechua de Chile, Bolivia y Ecuador (Le Bot, Op.cit., 1994: 168; Morin, Op.cit.:168). A esta concepción del territorio mítico o histórico se opone, sin embargo, una concepción de la tierra como espacio vital para la reproducción de la cultura, el idioma y la cosmovisión de los “pueblos indios”. Ya en 1989, el Consejo de Organizaciones Indígenas de Centroamérica (COI) había declarado: “Los pueblos indios tienen derechos inalienables de propiedad, posesión y usufructo sobre sus tierras tradicionales y recursos naturales, así como a la restitución de sus tierras y recursos despojados”. Esta reivindicación fue retomada en el “Proyecto de Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, planteado en Ginebra en 1990, el cual había de ser el documento de base para el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Autóctonos de la ONU: “Las naciones y pueblos indígenas tienen derecho a controlar y gozar permanentemente de sus territorios aborígenes ancestrales históricos”. De la misma manera, en febrero de 1992, la “Declaración de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales”, en Penang (Malasia), reivindicó el derecho exclusivo de uso y usufructo de los territorios ocupados por estos pueblos, precisando de paso que: “Estos territorios deberán ser inalienables, inembargables, imprescriptibles e inejecutables” (en Juncosa et al., op.cit.: 41, 124 y 232).

88Como lo destaca Orellana, a la concepción economista de la tierra como recurso explotable, el discurso pan-indio opone una concepción más compleja, en la cual se asocian la conservación del medio ambiente, la supervivencia social, cultural, espiritual, económica y política de los pueblos indígenas y, más allá, la supervivencia de la humanidad (R. Orellana, 1999 b ). Por lo tanto, el territorio incluye tanto el suelo cuanto el subsuelo, el espacio aéreo y las aguas internas así como el litoral. De tal modo que la cuestión territorial se volvió un principio de organización para las reivindicaciones pan-indias, como lo recuerda la CONAIE: “la lucha por la tierra pasó a convertirse en uno de los más importantes elementos de la conciencia de identidad y autonomía de los pueblos indígenas” (en Juncosa et al., op.cit.: 247).

89El contrapeso de la deuda histórica, en el discurso de la indianidad, es la defensa de la cultura, la cual está vinculada naturalmente con la defensa de la identidad y hace referencia a unos valores de dignidad y respeto. Uno de los primeros pasos hacia la “conquista de la dignidad” fue reivindicar el derecho a la auto denominación, en el sentido de que los pueblos son libres de llamarse indios, indígenas, naciones, nacionalidades o pueblos. Lo que está en juego es la formulación de las demandas étnicas y la capacidad de volverse sujetos de su propia historia. En efecto, la “Declaración de Xelajú” afirma: “Cada pueblo indio tiene el derecho a adoptar la denominación que se adapte a sus luchas políticas según convenga al mejor desarrollo de su proyecto político en cada país” (Ibíd.: 171). Así como las organizaciones pan-indias descartan el término académico “etnia”, que reduce a los pueblos indígenas a objetos de estudio desde afuera, así mismo toman distancias con la teoría del colonialismo interno, al destacar que el término “indio” (esta entidad histórica creada por el colonizador para designar al colonizado) ya no remite solo al hecho de ser pobre, campesino o rural, sino también a un estilo de vida y a la negación de cualquier forma pasada o presente de colonialismo y autoritarismo (Chancoso, op.cit.: 136).

90Cualquiera que sea la denominación adoptada por las organizaciones pan-indias, esta identidad se refiere a un pasado precolombino común, un territorio y una organización social distinta a la de la sociedad nacional, como lo resume el artículo primero del “Proyecto de Ley de los Pueblos Indígenas de Oriente, Chaco y Amazonia boliviana”, elaborado en 1991: “Se da el nombre de pueblo indígena a los grupos étnicos de Oriente, el Chaco y de la Amazonia de Bolivia, que descienden de poblaciones que habitaron en el país desde la época precolombina [...] diferenciándose de la colectividad nacional por regirse total o parcialmente por su propia organización y que posee un vínculo territorial definido en función de su ser, de su hábitat y de su vivir comunitario”. De la misma manera, la “Propuesta indígena de reforma a la Constitución venezolana” afirma: “poseemos una concepción del mundo propia, valores intransferibles, una organización familiar, social y económica que ha demostrado su viabilidad a través de los siglos” (en Juncosa et al., op.cit.: 67 y 88).

91La definición del COI se diferencia ligeramente de las dos anteriores, al llamar “pueblos indígenas” a “aquellos núcleos de población que mantienen una identidad étnica y cultura específica y diferenciada de las formas de las culturas dominantes”. Pero hace hincapié en un aspecto esencial del discurso de la indianidad, al asociar la defensa de la cultura con la de la identidad. A través de la defensa de la identidad, el discurso indianista se esfuerza en reinterpretar la cultura indígena para oponerla con la cultura nacional. Así como la historia de los invasores se opone a la de los invadidos, así mismo la cultura de los dominantes se opone con la de los dominados. Es allí donde se produce la moralización del discurso indianista. En muchas oportunidades, éste se refiere a la dignidad, sea para hablar de “una vida digna y humana” o de la “dignidad de nuestros pueblos”. Una demanda simbólica, al respecto, fue el reemplazar la denominación “Día de la raza”, celebrado en toda América Latina el 12 de octubre, por la de “Día de la dignidad y la resistencia de los pueblos indios”. En efecto, la pérdida de identidad significa una conversión en objeto de dominación y de explotación. Resulta que el rescate de los valores comunitarios y de una real o supuesta tradición prehispánica compartida con todos se vuelve un elemento clave en la lucha indígena. Entre otras cosas, se trata de rescatar “[la] vida comunitaria, la armonía y el respeto entre los hombres, las mujeres y la naturaleza, la fraternidad y solidaridad y el profundo espíritu de resistencia”. Pero más allá de un supuesto origen común propio a los grupos étnicos, el discurso de la indianidad busca crear una identidad colectiva a partir de un arreglo que asocia elementos culturales y desarrolla “un proyecto de vida milenaria [...] contra el proyecto sistemático de la muerte” desarrollado por el Occidente. Este propósito se confunde con la reivindicación territorial, como lo resalta la “Declaración de Xelajú”: “la lucha por la tierra debe ser lucha por la vida” (Ibíd.: 39, 303, 298 y 184).

Alianzas estratégicas con los sectores campesino y ecologista

92Al fin y al cabo, el movimiento pan-indio latinoamericano sacó provecho de la campaña de los 500 años para elaborar un discurso universalista, que defiende el derecho a la vida contra el desarrollo “etnocida” (que remite a la muerte de las culturas indígenas) y “genocida” (que remite a la muerte del hombre). De esta forma, el discurso de la indianidad irrumpe en el campo social al volverse un discurso a la vez generalizador y movilizador. Se vuelve el cemento de dos tipos de alianzas estratégicas: por un lado con el sector campesino y rural, a través de la campaña de los 500 años, y por el otro con el sector de las ONG ecologistas, a través de la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD).

93La alianza con los sectores campesinos y populares retomó importancia tras un período de toma de distancia por parte de las organizaciones pan-indias en la década del ochenta. Este período, caracterizado por la consolidación democrática en ciertos países de América Latina, fue también el de las reformas económicas que llevaron a la generalización de los planes de ajustes estructurales impulsados por el FMI y el Banco Mundial. La emergencia de los movimientos indígenas en el escenario político fue contemporánea del agotamiento de las reformas agrarias y de las políticas sociales nacional-populistas. Sin embargo, esos movimientos nunca estuvieron desconectados de los movimientos colectivos que reclamaban una verdadera reforma agraria. En este contexto, la campaña de los 500 años no hizo sino reactivar los vínculos que habían ido formándose en las décadas del sesenta y del setenta.

94Para sumarse al tema agrario, el discurso de la indianidad invoca las necesidades de los pueblos indígenas en términos de acceso a la tierra, a la educación, al trabajo, etc. En general, denuncia la situación de extrema pobreza y de subempleo en la que se encuentra la mayoría de la población india del continente, “dada la escasez de tierras y la falta de políticas claras de los Estados hacia el campo”. Denuncia la ausencia de servicios públicos y sociales, así como los niveles elevados de analfabetismo de las comunidades, debido al hecho de que los niños en edad escolar trabajan para contribuir al mantenimiento de su familia y porque los indígenas fueron mantenidos al margen del sistema educativo oficial. A ello se añade una crisis social, cultural y económica que afecta a todos los jóvenes, víctimas del desempleo, la droga, el alcoholismo, la prostitución, etc. Por todas esas razones, el discurso de la indianidad asume el postulado neomarxista de la década del sesenta, que oponía la democracia real a la democracia formal. Sin embargo, es un postulado revisado y redefinido, que invoca la diversidad étnica y cultural. En este sentido, mientras la democracia formal, representativa o autoritaria, es la practicada por los gobiernos a nombre de la cual niegan los derechos indígenas, defienden un sistema de explotación, de desigualdades e injusticia; la democracia real se asemeja con la “democracia comunal, basada en la toma de decisiones colectivas y en la efectiva participación de los pueblos indígenas”. Entonces, para el discurso de la indianidad, el concepto de democracia no puede ser desconectado de la afirmación del carácter multiétnico y pluricultural de la realidad latinoamericana. Es un derecho fundamental, que descansa en “el reparto equitativo de bienes y en los espacios reales de participación de los sectores populares” e incluye tanto “el respeto a la vida” como los derechos específicos como la organización comunitaria, el rescate de la historia y la participación. Es así como la reivindicación indianista de pluralismo se asocia con la reivindicación sindicalista de participación social: “La construcción de una nación [...] no puede ser sino una nación que reconozca todos los derechos de estos grupos étnicos socio-culturales y nacionalidades indígenas; una nación plurinacional y multicultural que tenga como base la democracia popular” (Ibíd.: 303, 177 y 288).

  • 12 Respectivamente: Organización Nacional de los Indígenas de Colombia, Asociación Nacional de Usuari (...)
  • 13 Participaron en este lanzamiento la ONIC y la ANUC por Colombia; la CONAIE, la FENOCIN y Ecuarunar (...)

95Sin embargo, si bien es cierto que la alianza estratégica con los sectores populares se reforzó a lo largo de los encuentros continentales, nunca se produjo una verdadera fusión de las reivindicaciones, más allá de las llamadas a la unidad de los sectores indígena, negro y popular. Durante la reunión de Bogotá, mantenida en mayo de 1989, las organizaciones pan-indias seguían siendo tan numerosas como las sindicales, como lo muestra la participación de la ONIC y la ANUC para Colombia, de Ecuarunari y la FENOC para Ecuador, del CNA y de la CCP para Perú, de la CSTUB para Bolivia y del MST para Brasil12. Con oportunidad del lanzamiento de la Campaña 500 años, en octubre de 1989, las organizaciones pan-indias eran aún mayoritarias y representaban casi todo el continente13. Sin embargo, la participación indígena en el segundo encuentro continental, en octubre de 1991, fue bastante escasa, como lo admitieron los mismos participantes.

96Quizá esto se explique por la propensión hegemónica de la izquierda revolucionaria en el seno del movimiento. En efecto, al inicio el discurso indianista conciliaba fácilmente demandas específicas —como el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de los territorios ancestrales— con demandas generales, como el respeto de los derechos del hombre o de los derechos individuales y sociales. A principios de 1989, el Congreso del COI declaraba aún: “reconocemos haber llegado a una etapa de madurez de nuestros movimientos [...] Esta etapa identifica y se apoya, tanto en los elementos comunes a nuestra lucha india, como en los que compartimos los sectores explotados y antiimperialistas con quienes hemos establecido vínculos y alianzas en la búsqueda de soluciones adecuadas y definitivas, de acuerdo a las condiciones reales de cada país”. Con oportunidad del lanzamiento de la Campaña 500 años, el mismo año, las organizaciones indígenas y populares se asociaron para denunciar con una sola voz “la ignominia de la opresión colonial, neocolonial e imperialista”. De paso se citaba a Mariátegui para recordar que “la democracia interna, la solidaridad y el socialismo incluyen el anti-imperialismo y no a la inversa”, y se formaba el proyecto de una “nación democrática, solidaria, respetuosa de sus culturas con base en la hegemonía de los sectores populares” (Ibíd.: 46, 284 y 289).

97Esta coincidencia de intereses, al parecer, se había acabado en 1991, cuando los participantes en el segundo encuentro continental denunciaron las “posiciones etnicistas tradicionales y reduccionistas” como el producto de maniobras de los “sectotes hegemónicos” para dividir “el movimiento integral”. Así mismo, los documentos de este encuentro dejan percibir una inflación retórica pro cas-trista y pro sandinista, que denota una clara propensión a la recuperación de la campaña de los 500 años por parte de los llamados “sectores populares”: “Durante estos 500 años, en ninguno de los países de nuestro continente, a excepción de Cuba y los 10 años de revolución en Nicaragua, los grupos dominantes no han recogido, aplicado ni respetado los derechos de los indígenas y demás sectores populares”. Esta petición de principio se repite y dramatiza en la declaración final del encuentro de Bogotá, en octubre de 1989, donde se dice: “En ninguno de los países participantes en este Encuentro se ha dado un verdadero proceso de reforma agraria que satisfaga los intereses del campesinado, de los indígenas y de todo el pueblo en general, con excepción de Cuba y Nicaragua” (Ibíd.: 168, 178 y 293).

98Desde luego, el discurso de la indianidad inició un cambio importante en la formulación de las demandas y en la búsqueda de un aliado más flexible. Este discurso es el de las organizaciones amazónicas, que había madurado a lo largo de la década del ochenta y que se impuso por su pragmatismo en la década del noventa, tanto a los movimientos campesinos indígenas andinos como a los gobiernos de turno latinoamericanos y a las agencias internacionales de desarrollo.

99En el primer encuentro de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas, en Lima en mayo de 1990, la COICA ofreció una alianza estratégica a los conservacionistas que, hasta ese entonces, habían concentrado sus esfuerzos en la defensa del medio ambiente y en la delimitación de áreas protegidas. El discurso de la indianidad, en esta oportunidad, retomó el argumento según el cual el indígena es el mejor defensor de la tierra, debido a la estrecha relación que él mantiene con el medio natural. La crítica de la COICA abarcaba dos puntos: no sólo los pueblos de la selva padecían tradicionalmente del menosprecio de los actores exógenos (lo que se manifestaba por la ausencia de protección del medio ambiente), sino también que habían sido olvidados por los conservacionistas y las políticas de áreas protegidas, cuando surgieron las preocupaciones por los daños al medio ambiente. Afirmaba que la delimitación de esos parques naturales no podría bastar para asegurar la conservación del medio ambiente, siendo éstos dependientes de leyes cambiantes y que podían ser transgredidas. En cambio, la COICA consideraba que la garantía de la supervivencia de la selva amazónica dependía de la permanencia y de la supervivencia de los pueblos indígenas. A partir de esta constatación, las organizaciones indígenas amazónicas exigieron que se les reconociera un “papel histórico de guardianes de la cuenca amazónica”. El pacto propuesto salía de una constatación simple: mientras los pueblos indígenas existieran, la Amazonia estaría sana y salva, por lo tanto para proteger la selva bastaba con proteger a esos pueblos. Por lo tanto, la COICA proponía “a todos los ecologistas del mundo” unirse con los pueblos amazónicos por la defensa de la Amazonia, a través de la acción conjunta para conseguir el reconocimiento y la conservación de los territorios indígenas para un objetivo común: “dar un mejor futuro a la Amazonia y a la humanidad”. Una vez más la dimensión ética del discurso de la indianidad se impuso al sentido común, a través de la idea según la cual los indígenas obran “por la humanidad” al mismo tiempo que actúan por el reconocimiento de sus derechos específicos. De tal modo que la reivindicación se vuelve un problema moral de sentido práctico y consigue así una legitimidad universal: “La mejor defensa del medio ambiente amazónico es la defensa de los territorios indígenas y la promoción de modelos indígenas de convivencia con la biosfera amazónica y de manejo y aprovechamiento de los recursos renovables” (Ibíd.: 105, 107, 120, 108 y 112).

100Lo que sigue a esta declaración es un verdadero programa de acción, que incluye la educación de la comunidad internacional, la elaboración de nuevos modelos de colonización y utilización de la selva con los gobiernos, el reordenamiento territorial de la Amazonia sobre la base de territorios indígenas existentes y por recuperar, o aún la sistematización de nuevas experiencias de desarrollo económico. Este programa propone, entre otras cosas, el cambio de la deuda pública por territorios indígenas, prevé la delimitación y la defensa del territorio además de proyectos diversos, que van desde la capacitación en administración de recursos naturales hasta el desarrollo industrial a pequeña escala, pasando por la salud comunitaria, la educación bilingüe e intercultural, el fortalecimiento de las organizaciones de base, etc.

101En ese momento, la defensa del territorio se junta con el paradigma ecologista de la crisis ambiental, producto de una explotación insostenible de los recursos y que constituye “una agresión que atenta contra la posibilidad de una vida digna de las poblaciones indígenas”. Sobre este punto, el discurso de la indianidad no se limita a declaraciones generales, más bien pide un compromiso claro por parte de las instituciones de financiamiento del desarrollo en la región amazónica, entre las cuales cita al Banco Mundial, el BID, la agencia estadounidense de cooperación USAID y el Congreso de Estados Unidos. Exige que se formulen criterios para el apoyo a proyectos de este tipo, “que sean compatibles con los principios indígenas de respeto y cuidado del medio ambiente, y la preocupación por la supervivencia y [el] bienestar de las generaciones futuras”. Además, exige que estas instituciones retiren su apoyo a los Estados que no reconocen la existencia de comunidades indígenas o no les informan en cuanto a los impactos socio-ambientales de sus proyectos, conforme lo plantea el Convenio 169 de la OIT. Finalmente, rechaza la mediación ventrílocua de las organizaciones ecologistas y conservacionistas: “La comunidad ambientalista hace gestiones y presiones a nuestro nombre; habla y escribe a nombre de los indígenas amazónicos. Agradecemos estos esfuerzos pero tenemos que dejar en claro que en ningún momento delegamos este poder de representación a ningún individuo ni organización miembro de su comunidad” (Ibíd.: 99, 109 y 119).

102Es en este contexto en el que se preparó la CNUMAD, que había de mantenerse del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro. Estos arreglos dieron lugar a una serie de encuentros organizados a instigación de unas ONG ecologistas, como la Conferencia de París llamada “Las raíces del futuro”, en diciembre de 1991, la Conferencia de Penang de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales, en febrero de 1992, y la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Territorio, el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Kari Oca (Brasil), en mayo de 1992. Este último encuentro, que agrupó a 82 organizaciones del mundo (es decir, a alrededor de 850 delegados), a instigación de la COICA y de organizaciones argentinas y brasileñas, dio lugar a una declaración dirigida a los jefes de Estado participantes en la Cumbre de la Tierra. Entre otras cosas, la “Declaración de Kari Oca” denuncia el hecho de que la CNUMAD “busca promover la consolidación del actual modelo económico y de desarrollo [lo cual] no ofrecería reales garantías de respeto a nuestro derecho a la especificidad y a poseer nuestro modelo alternativo de desarrollo, desde nuestra concepción de la vida, y de las relaciones con la Madre Tierra” (Ibíd.: 224-225).

103A través de las dos alianzas estratégicas que acaban de ser identificadas, los movimientos pan-indios interpelan al Estado para proponerle un cambio dramático en su práctica, específicamente en el marco de las políticas neoindigenistas. Así, aprovechan la legitimidad que les da el discurso ético en el campo social, para irrumpir en los campos político y social. Entran al campo económico a través de la crítica general del modelo de desarrollo moderno y el planteamiento de demandas económicas específicas, como el acceso a la tierra mediante una reforma agraria, o la defensa del territorio gracias al reconocimiento legal de la propiedad sobre el suelo y los recursos naturales. Entran al campo político a través de la reivindicación de derechos específicos culturales, el derecho a la consulta y a la participación, y la formulación de un proyecto político articulado alrededor de la autodeterminación y la autonomía.

Coincidencias y discrepancias de la “semántica de la liberación”

104La relación entre los indígenas y el territorio, así como la gestión de los recursos naturales, constituye el núcleo de sentido del discurso de la indianidad sobre la Amazonia y determina las condiciones del desarrollo sostenible. Con su generalización al conjunto de las organizaciones pan-indias de América Latina, este discurso adquiere una legitimidad universal, tras oponer al desarrollo de la modernidad —que significó la muerte, la miseria y el etnocidio— un modelo de desarrollo que tome en cuenta el equilibrio natural y asegure la preservación de la especie humana. Si el primer modelo redujo a los indios a objetos de explotación o ciudadanos de segundo rango, ellos quieren ser actores del segundo modelo, mediante la valorización de sus formas de organización social y su conocimiento del medio ambiente.

105En un sentido, estas reivindicaciones retoman las críticas formuladas en la campaña de los 500 años, contra el modelo neoliberal de desarrollo. El segundo encuentro continental ofrece al respecto un condensado de lo que fue la crítica economista del colonialismo, en sus variantes teóricas de la dependencia y del colonialismo interno. Considera, en efecto, que la historia de los 500 años es la de un solo proceso de dominación, en el cual el colonialismo y el neocolonialismo fueron dos expresiones de un mismo modelo de explotación, caractetizado por el intercambio desigual, la importación de capitales en condiciones injustas, el despojo de los recursos naturales, la intervención de las transnacionales y una deuda externa “inmoral e impagable”. En este contexto, “[el] neoliberalismo constituye una mera expresión del neocolonialismo y está dirigido a afianzar las estructuras de dependencia de los pueblos de nuestra América” (Ibíd.: 277 y 171-172).

106Sin embargo, ambas orientaciones del discurso de la indianidad discrepan en cuanto a las propuestas alternativas. En efecto, mientras que los participantes del segundo encuentro continental tan solo formulan demandas clásicas para los sectores sindicales campesinos y obreros, como la reforma agraria y la no-privatización del sector público, los participantes de los encuentros de Penang y París hacen hincapié en la protección del medio ambiente y del entorno sociocultural de los pueblos indígenas, sea en el marco de las políticas extractivas y energéticas o en la cooperación entre gobiernos y pueblos. En realidad, la posición de los “sectores populares” en cuanto a la relación entre el indígena y el medio ambiente es confusa y opera, al parecer, una inversión semántica respecto de “la concepción indígena de la tierra”. En efecto, negando lo que constituye precisamente la originalidad del discurso de la indianidad sobre la protección del medio ambiente, la “Declaración final” del segundo encuentro continental afirma: “La concepción indígena sobre la tierra se ve enriquecida por los aportes de los movimientos ecológicos y las aspiraciones y necesidades de los diferentes sectores y estratos de la sociedad” (Ibíd.: 183).

107Mientras que el discurso ecologista de las organizaciones indígenas amazónicas luce, como lo vimos, por su claridad, el discurso “eco-indianista” de la izquierda latinoamericana se pierde en expresiones hiperbólicas —como “la Tierra es la casa de la humanidad”, “el genocidio económico” o “el neo racismo totalitario”— donde la ideología suplanta el pragmatismo y que no hacen sino revelar su incapacidad de producir un modelo alternativo renovado. Es más, al exigir la participación conjunta de los campesinos e indígenas en los beneficios de la explotación de los recursos naturales, oculta la dimensión cultural que la COICA y otras organizaciones indígenas ubican en el centro de su proyecto. Esta dimensión implica, para el COMG, no sólo la promoción de la economía auto-gestionada, sino también el reconocimiento del “patrimonio cultural y económico de los Mayas”, el derecho de propiedad intelectual sobre los inventos y la producción artesanal, el fortalecimiento del desarrollo de la “producción agrícola maya”, y hasta la humanización de la economía y la búsqueda del bien común a través de la redistribución de la riqueza (Ibíd.: 23-24 y 27). Por otra parte, implica el derecho a disponer de estudios de impactos socio-ambientales en caso de proyectos de desarrollo en territorios indígenas.

108La “Declaración de París” ya denunciaba las nuevas orientaciones hacia el desarrollo, que iban a ser defendidas en la CNUMAD, y cuestionaba directamente el modelo de desarrollo basado en la economía de mercado: “Este nuevo modelo de desarrollo sustentable sigue proponiendo la sobreexplotación de los recursos naturales y humanos y provoca las conocidas consecuencias lamentables en el ámbito social y ecológico”. Así mismo, la “Declaración de Penang” afirmaba la necesidad de revisar los procesos de desarrollo de tal modo que “en lugar de proyectos de gran envergadura, se fomenten las iniciativas locales desarrolladas por los pueblos indígenas”. En el mismo tiempo, defiende la idea de que las formas de organización social y el sistema económico tradicional de los pueblos indígenas “ofrecen al mundo modelos alternativos de desarrollo auténticamente sustentables” (Ibíd.: 225, 234 y 226).

109Es, precisamente, en el marco de la especificidad cultural donde el discurso de la indianidad interpela, ante todo, al Estado. Ya vimos cómo este discurso opone las culturas indígenas a la cultura oficial y se estructura alrededor de la demanda de equidad para ambos, lo que lleva a la formulación de un proyecto de Estado multicultural y pluriétnico. Denuncia “la creación e imposición de los llamados “estados nacionales”, que en su esencia son discriminatorios, racistas, segregacionistas, autoritarios, que desconocen la vigencia de las nacionalidades indias y su cosmovisión” (Ibíd.: 188).

110En general, los derechos culturales incluyen explícitamente el derecho a la integridad cultural (idioma, religión, prácticas medicinales y organización social), la legalización del derecho consuetudinario, el rescate del patrimonio histórico (sitios y monumentos sagrados y arqueológicos, instrumentos, dibujos, conocimientos y obras de arte) y el acceso a los medios. La oficialización de los idiomas es un tema retomado por todos los movimientos pan- indios del continente y se acompaña de la demanda de educación multicultural, en un rotundo rechazo a los programas de educación bilingüe desarrollados en la década del sesenta, con o sin la colaboración del ILV. El COMG, por ejemplo, pide el reconocimiento de la “autonomía cultural”, es decir “el derecho a organizar libremente la educación y formación cultural [de los Mayas] y el derecho de administrar sus instituciones culturales, deportivas, sociales, religiosas y económicas”. Así mismo, exige que el Estado guatemalteco reconozca, respete y promueva el desarrollo del derecho consuetudinario y sus órganos. Pide no sólo la oficialización de las lenguas de origen maya sino también que la justicia y la educación se administren en esos idiomas, y hasta que se rescaten los idiomas en vía de desaparición. Finalmente, elabora un programa de educación “integral”, que incluye la enseñanza de las ciencias, la tecnología y la filosofía mayas, reflejando una cosmovisión que expresa valores distintos de los del Estado.

111El otro gran capítulo de las reformas constitucionales que exigen las organizaciones pan-indias es el derecho a la consulta y a la participación. El derecho a la consulta aparece como una exigencia primordial, sobretodo en lo que atañe a las decisiones que afectan a las poblaciones indígenas, sea del punto de vista material o espiritual. Así, el “Proyecto de Declaración de Derechos Humanos”, presentado en Ginebra, plantea: “Ningún Estado ejercerá jurisdicción alguna sobre una nación o pueblo indígena, o sobre el territorio de éstos, a menos que ello se haga de pleno acuerdo con los deseos libremente expresados, de la nación o pueblo pertinente”. Este aspecto retoma, en sustancia, las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, al cual las organizaciones suelen referirse en todos los países y cuya ratificación piden a todos los gobiernos del continente. Por otra parte, el derecho a la participación remite a los procesos políticos y a los mecanismos de decisión nacional, y buscan instaurar relaciones equitativas y justas con el Estado. Es así como el mismo “Proyecto de Declaración” establece: “Ningún Estado denegará a una nación, comunidad o pueblo indígena que viva dentro de sus fronteras, el derecho a participar en la vida del Estado [...] Esto incluye el derecho a participar en otras formas de acción y expresión colectivas” (Ibíd.: 21, 124 y 125).

112Evidentemente, los participantes del segundo encuentro continental asumieron una postura similar y la relacionaron con el proyecto de reforma del Estado: “La construcción de una nación, en la cual encontremos todos los pobladores de estos territorios una Patria, no puede ser sino una nación que reconozca todos los derechos de estos grupos étnicos socioculturales y nacionalidades indígenas; una nación plurinacional y multicultural que tenga como base la democracia popular” (Ibíd.: 288). Sin embargo, las organizaciones amazónicas van más allá, al exigir la participación equitativa de los pueblos indígenas en las instituciones y el reconocimiento del Estado pluricultural, plurinacional, multiétnico y plurilingüístico.

113Más allá de la consulta y la participación en la vida política nacional, las organizaciones pan-indias piden ser más representadas en los espacios internacionales. Esto es válido en particular para el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Autóctonas de la ONU, encargado de elaborar la “Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas”, o la Comisión de la OEA encargada de redactar una declaración del mismo tipo. Pero esto vale también para los foros internacionales de discusión donde se toman las decisiones que afectan directa o indirectamente a sus condiciones de vida. Al respecto, la demanda reiterada de ser invitados a la CNUMAD es particularmente significativa. Es así como, en la Conferencia de París, las organizaciones pan-indias exigieron “un espacio relevante y específico dentro de la CNUMAD”, donde podrían expresar sus posturas y presentar “nuestras propuestas alternativas para un nuevo orden mundial” (Ibíd.: 225). Así mismo, el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, reunido en Tromso (Noruega) en agosto de 1990, planteó la demanda de que los indígenas pudieran jugar un papel activo en las deliberaciones internacionales sobre el medio ambiente; en particular, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la Conferencia sobre el Cambio Climático. El Consejo insiste en que “el derecho a un medio ambiente limpio y seguro debe ser instituido como un derecho humano universal”, dando de esta manera una legitimidad al discurso de la indianidad que supera la especificidad de los derechos indígenas al proyectarlos en la esfera de los derechos humanos (Ibíd.: 136).

Autodeterminación y autonomía

114Finalmente, la demanda de reconocimiento de los derechos culturales, económicos y sociales específicos expresada por el discurso de la indianidad tiene contrapartes en el campo político, a través de la formulación de una demanda de autodeterminación y de autonomía. Aunque ésta aparezca explícitamente al hilo de las declaraciones y de los documentos publicados en la Campaña 500 años, cabe interrogarse sobre la naturaleza de este planteamiento, es decir preguntarse si se trata de un proyecto político preciso, susceptible de interesar en el mismo grado a todas las organizaciones pan-indias del continente. De hecho, la confusión en las definiciones y las modalidades prácticas a las que se refieren los conceptos de autodeterminación y autonomía mantienen cierta ambigüedad que no disiparon las reformas constitucionales de la década del noventa. Una vez más, cabe subrayar que, más allá de un consenso semántico en torno al control de la historicidad, el discurso de la indianidad no es homogéneo, más bien defiende dos concepciones distintas de la autodeterminación y la autonomía. Por un lado, la concepción del movimiento “indígena y popular” relaciona la autodeterminación con la emancipación de la dominación económica y política, sea bajo la forma del neocolonialismo o del imperialismo. Por el otro, la concepción del movimiento amazónico relaciona la autodeterminación con el control del modelo de desarrollo y la autonomía cultural.

115Siguiendo a la primera, la lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas se asemeja a una lucha de liberación de los sectores dominados y de los países de la periferia. Así, para los participantes del segundo encuentro continental, “la historia de la intervención de Estados Unidos contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos comienza desde finales del siglo xix [con] las primeras intervenciones en Puerto Rico, Cuba, la República Dominicana, Nicaragua, etc.”. Afirman, por otra parte: “La autonomía es el autogobierno, representa una lucha contra el estado centralista [...] la autodeterminación representa la soberanía total de nuestros pueblos, es el autogobierno sustentado en la libre y democrática decisión [...] A su vez, derriba el colonialismo interno [y] tiene como condición primera la independencia política y económica nacional”. En una perspectiva similar, el COI hace hincapié en la libertad de los pueblos en determinar el sistema político y social que les permita asegurar su desarrollo económico, político y cultural, sin intimidación ni “injerencia de otros Estados” o “intereses imperialistas”. Considera que la autodeterminación es un derecho fundamental que significa “el fortalecimiento de la unidad de los pueblos en su lucha por la emancipación de las relaciones de dominación nacional, imperialista, colonialista y neocolonialista”. De esta manera, a través de una amalgama algo preocupante, el COI reitera su “incondicional apoyo a todas las luchas de liberación nacional [...] contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo, el sionismo [sic] y toda forma de explotación y discriminación contra los pueblos indios” (Ibíd.: 164, 167-168, 173, 39 y 50).

116Esta corriente agrupa igualmente a las organizaciones nacionales, aunque el concepto de autodeterminación abarque dimensiones diferentes según el contexto socio-político donde se ubique. El COMG, por ejemplo, pide al Estado reconocer constitucionalmente el “derecho a la autonomía política, que garantice al pueblo Maya participar en la construcción de su propio destino”. La CONAIE propone un “Proyecto de Estado plurinacional” que refleje la realidad ecuatoriana, “sobre la base del respeto de las diferencias nacionales, culturales y la instauración de la igualdad social, política y económica”. Por otra parte, en su programa nacional por la Campaña 500 años, la CONAIE proponía proclamar el año 1992 “año de autodeterminación de los pueblos indios”. Por su parte, la ONIC afirma: “Ahora no sólo se trata de rechazar las imposiciones externas sino también las internas, respetando el legítimo derecho de los indígenas a organizar su vida social y política de acuerdo a sus propios criterios culturales”. Al profundizar el análisis en la perspectiva del colonialismo interno, el “Proyecto de Declaración de Derechos Humanos” se esfuerza en arrogar a los pueblos indígenas la calidad de sujetos de derecho internacional, llevando así las controversias territoriales entre pueblos indígenas y Estado al nivel de controversias entre países. Así, los tratados y acuerdos concluidos entre pueblos indígenas y Estado “se reconocerán y aplicarán del mismo modo y de acuerdo con las mismas leyes y principios internacionales que los tratados y acuerdos concluidos con otros Estados”. Esta reivindicación tiene una contraparte territorial, en la medida en que los indígenas reivindican el derecho a “controlar y gozar permanentemente de sus territorios aborígenes ancestrales históricos” (incluso, como lo hemos visto, el subsuelo y el suelo, las aguas internas y litorales, los recursos renovables y no renovables) (Ibíd.: 18-19, 249, 251, 262, 126 y 124).

117Esta reivindicación es asumida por todas las organizaciones pan-indias, que se amparan en la definición del concepto de “pueblo” reconocida por la ONU. Así, la COICA defiende que el derecho territorial “se irá consolidando como un eficaz instrumento de conservación a medida que se nos vaya reconociendo no como grupos poblacionales sino como pueblos con derecho a la autodeterminación y a disponer libremente de nuestros recursos conforme a nuestra tradición y cultura, tal como se viene definiendo en la Organización de Naciones Unidas”. Sin embargo, la lucha de las organizaciones amazónicas discrepa sensiblemente de una lucha de liberación. En este caso, el control de la historicidad está estrechamente vinculado con el control de los recursos y la autodeterminación remite más a la integridad cultural que a la autonomía política. En la “Declaración de París”, se entiende el derecho a la autodeterminación como el derecho a la autonomía, al autogobierno y al derecho de elegir un modelo de desarrollo propio: “Para nosotros la autonomía y el auto desarrollo constituyen prerrequisitos básicos para lograr la igualdad y dignidad en el goce completo de todos los derechos humanos y para el afianzamiento de los diferentes sistemas democráticos del mundo”. En la “Declaración de Penang”, las organizaciones de los bosques tropicales piden respeto de sus “derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales: a la autodeterminación y a decidir nuestras propias formas de vida [...] de nuestras formas autónomas de gobierno como sistemas políticos diferentes tanto a nivel comunitario como nacional y otros [lo que incluye] el derecho a controlar todas las actividades económicas en nuestros territorios” (Ibíd.: 107-108, 221 y 230).

118Aunque, por lo general, el discurso de la indianidad niegue ambicionar la secesión dentro de los territorios nacionales, no cabe duda que este derecho a la autodeterminación cuestiona la legitimidad del Estado en cuanto detenta el monopolio de la fuerza física. Por un lado, para muchas organizaciones, este derecho incluye el derecho de los pueblos indígenas a “transitar libremente a través de las fronteras estatales de acuerdo a sus prácticas tradicionales y al mantenimiento de relaciones familiares, económicas, culturales [sic] y religiosas”. Por el otro, muchas de ellas justifican el recurso a la autodefensa de los indígenas contra “cualquier acción estatal que no sea compatible con su derecho a la autodeterminación”. De manera explícita, el “Proyecto de Declaración de Derechos Humanos” postula, en su artículo segundo, que los pueblos y nacionalidades indígenas “tienen derecho a la autodeterminación, en virtud de la cual tienen derecho a elegir el grado de autonomía o autogobierno que deseen [...] así como el derecho a detetminar su propia calidad de miembro y/o ciudadano, sin ninguna injerencia externa” (Ibíd.: 43, 126 y 123-124).

119Al fin y al cabo, el discurso de la indianidad es un proyecto político, que carece tal vez de coherencia en las declaraciones públicas, pero cuyas implicaciones son muy concretas para los interesados, tanto en el ámbito social cuanto en el económico y el ético. Para influir en la historia presente y preparar el futuro, los movimientos étnicos movilizan sectores de la comunidad a nombre de la formación de una nueva comunidad y en el marco de relaciones intercomunitarias. Al proceder así, introducen una doble ruptura con la sociedad y la comunidad. En efecto, cuestionan no sólo las relaciones que estructuran el orden social global sino también el antiguo orden comunitario. A través de los adversarios comunitarios, esos movimientos enfrentan a diversos adversarios políticos y sociales. Se juntan o se acercan a los conflictos sociales y dejan percibir una articulación posible con los movimientos sociales y políticos.

Conclusión: redefinición de la modernidad

120En síntesis, asumimos que el surgimiento de los movimientos sociales étnicos y ecologistas son la expresión de una crisis de la modernidad, caracterizada por la separación entre la sociedad y los actores: mientras que la sociedad aparece cada vez más como un flujo constante de cambios, esos últimos tienen que elaborar estrategias de supervivencia o de conquista. En esta perspectiva, la afirmación de identidades culturales no es sino una respuesta a la descomposición de un modelo de racionalidad que triunfó por más de dos siglos, una crisis de la modernidad (Touraine, 1992: 137). Ecuador y Colombia no escapan a este proceso en la medida en que están cada vez más involucrados en los fenómenos sociales, políticos y, sobre todo, económicos en obras en los países occidentales. A una crisis económica y una crisis de gobernabilidad crónicas se añaden el dualismo social —marcado a la vez por las desigualdades socioeconómicas y la diversidad cultural— y la asincronía de los ritmos de desarrollo.

121En la medida en que la disociación entre el sistema y el actor defina más una crisis de representación política que una crisis de relaciones sociales, esta disociación tan solo podrá ser superada cuando las nuevas demandas sociales estén organizadas y las democracias sean realmente representativas. Para organizar esas demandas, Touraine propone redefinir la modernidad como una creación permanente del mundo por un actor que goza de su potencia y de su aptitud para crear informaciones y lenguajes; mientras tanto, se defiende contra sus creaciones siempre y cuando éstas se vuelvan contra él. Para llegar al reconocimiento del sujeto, es preciso reconocer los movimientos culturales que atraviesan las sociedades modernas y encontrar de nuevo las relaciones sociales detrás de las categorías impersonales del análisis económico, administrativo o teórico.

Notes

1 Castells utiliza la misma terminología que Touraine, salvo que cambia el concepto de “oposición” por el de “proyecto”, y no hace distinción entre movimientos sociales y anti-movimientos sociales, lo que le lleva a designar bajo el mismo término movimientos progresistas como el neo Zapatista, el ecologista o el feminista, con movimientos defensivos como los Patriotas en Estados Unidos y la secta Aúm en Japón (Castells, 2000: 91-158).

2 Vale recordar que el “sistema de acción histórica” de Touraine es a la vez un sistema de control de la sociedad sobre la praxis social —que se caracteriza por pares de oposición o complemento como movimiento / orden, orientaciones / recursos y cultura / sociedad— y un sistema de orientación impuesto por la práctica social entre condiciones materiales y formas de organización social y cultural. Encarna la “historicidad”, definida como la actividad de la sociedad sobre sí, o la capacidad simbólica que le permite construir un sistema de conocimiento y unos instrumentos técnicos que se vuelven medios de inversión (Touraine, op. cit.: 246-306). En este sentido, Touraine es más weberiano que marxista, si uno recuerda que Weber define la actividad social como cualquiera que esté orientada según el comportamiento del otro, y las relaciones sociales como el comportamiento de varios individuos que se arregla con el de los unos y los otros, mientras que para Marx el individuo es la personificación de las categorías económicas, que determinan las relaciones de dominación entre clases sociales.

3 Cf. también, M. Pía Lata, 1992; y M. Boladeras 1996.

4 Sobre el neocontractualismo, véase J . Rawls, 2000; J . Rawls, 1995; y M. J. Agra Romero 1992. Sobre el utilitarismo, véase E. Guisán, 1992; y R. M. Haré, 1999. Sobre el neocomunitarismo y el neoaristelismo, véase C. Thiebaut, 1992; C. Thiebaut, 1996; A. Etzioni, 1995; y M. Waltzer, 1995.

5 La palabra “ethnos” tiene varios sentidos en antiguo griego. Según el contexto, puede designar a una banda de amigos, una tribu, una casta o una raza. En el Nuevo Testamento, designaba a los paganos no cristianos o no judíos, lo que dio lugar al sustantivo “éthnie” y el adjetivo “éthnique” en francés, que el inglés tradujo literalmente, por falta de equivalencia en este idioma. Lapouge entiende por “éthnie” la similitud antropológica o una solidaridad de grupo particular, en oposición con las solidaridades producidas por la organización política. Al mismo tiempo, él pretende introducir una distinción entre raza —que remite a características morfológicas y calidades psicológicas— y cultura, que remite a vínculos intelectuales.

6 Mencionando a los autores más citados al respecto, Sánchez Parga indica que en 1856 (según Villavicencio), los indígenas eran alrededor de 0,46 millones en una población total de 1,1 millones; entre 1888 y 1892 (según Wolf) eran alrededor de 0,42 millones en 1,3 millones; en 1959 (según Rubio Orbe 1987), eran alrededor de 0,64 millones. Las cifras del clero confirman esta tendencia: en el primer censo colonial, el 64% de la población de Quito y sus alrededores era indígena. En 1840, representaban el 4 6% (0,28 millones en 0,6 millones). En 1950, esta participación había caído al 14% (0,44 en 3,15 millones), según las encuestas parroquiales llevadas a cabo con la población quichua hablante, en la Costa y la Sierra. En fin, una extrapolación de Knapp en 1987 daba 0,84 millones de indígenas en un total de 9 millones de ecuatorianos.

7 El problema seguía de actualidad en 2000, ya que las organizaciones exigían realizar su propio censo, con el CODENPE. En 1998, este proyecto fue relevado por el PRODEPINE, pero los resultados de las encuestas de hogar no habían sido analizados en 2002, cuando se realizó el primer censo nacional exhaustivo.

8 Sobre este punto, véase la síntesis de Le Bot (Ibid.).

9 Respectivamente Asociación Interérnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y Confederación de Nacionalidades de la Amazonia Peruana.

10 El CISA fue creado en 1980 con representantes de ocho países. Recibió el apoyo del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, una ONG canadiense creada en 1975. Está integrado principalmente por universitarios quechuas y aymarás, que plantean el retorno al Tawantinsuyu y pretendieron unificar el movimiento pan-indio de todo el continente, aunque esta visión andina no goce del asentimiento de los demás pueblos

de América Latina (Morin, op. cit.).

11 Según Lavaud (Ibíd.: 191-192), el mensaje katarista era movilizador porque la discriminación y las agresiones que afectaban a los campesinos eran aún más intolerables, ya que subsistían en una sociedad supuestamente postracista. En efecto, desde 1952, ya no existían barreras legales entre indios y no-indios.

12 Respectivamente: Organización Nacional de los Indígenas de Colombia, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Movimiento Indígena Despierto Indio, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Confederación Nacional Agraria y Confederación Campesina del Perú Confederación Sindical de Trabajadores Unidos de Bolivia y Movimiento Sin Tierra.

13 Participaron en este lanzamiento la ONIC y la ANUC por Colombia; la CONAIE, la FENOCIN y Ecuarunari por Ecuador; la AIDESEP, la CONAP y el CNA por Perú; la CUT, el MST y la COLAB por Brasil; la UOC-CNC por Chile; la UNAG por Nicaragua; la Conavigua y la CUC por Guatemala; la ANAI por Cuba; la UPAGRA por Costa Rica; la CSTUB por Bolivia; la FAA por Argentina; la CONAC y el M. J . Kuna por Panamá; la CNTC por Honduras; el CNPA y la UCIZONI por México; la ANTA por El Salvador; y el MCR por República Dominicana.

© Institut français d’études andines, 2003

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