Capítulo 2. El pensamiento político liberal
p. 65-83
Texte intégral
1El surgimiento de la nueva burguesía bancaria y mercantil en Lima coincidió con la evolución de un debate sobre las formas de aprovechar la riqueza del guano para contribuir más al desarrollo del país. Así la burguesía tomó parte en un temprano discurso teórico desarrollista que anticipó muchos de los argumentos empleados en las discusiones del siglo xx en torno al desarrollo y el subdesarrollo. La bibliografía histórica ya ha emprendido un examen comprehensivo de los conceptos políticos fundamentales desarrollados por la burguesía peruana en el periodo anterior a la Guerra del Pacífico1. Si bien había ciertos acuerdos básicos en lo que respecta a las cuestiones políticas, algunos temas seguían siendo controversiales. Tanto en lo que se refiere a sus ideas políticas como a las luchas políticas del día a día la burguesía limeña no era un grupo totalmente homogéneo. El Partido Civil fue uno de varios grupos políticos burgueses y pronto el más importante. No obstante, ni siquiera los civilistas eran plenamente homogéneos en cuanto a sus ideas políticas. Dado que esta agrupación no contaba con un programa oficial, hay que buscar su agenda política en los discursos y los escritos de sus principales dirigentes. Manuel Pardo desempeñó un papel extremadamente importante puesto que no solamente fue el primer jefe del partido, sino también uno de los más prominentes intelectuales peruanos antes de la Guerra del Pacífico. Fue uno de los más destacados pensadores políticos limeños antes de la Guerra con Chile.
2La burguesía defendía una política económica liberal y de laissez faire, al mismo tiempo que favorecía un Estado fuerte. Esto a primera vista puede parecer contradictorio2. Sin embargo, un requisito para el desarrollo de la burguesía era un Estado capaz de garantizar la paz interna y la propiedad privada3. Las inversiones de la burguesía eran particularmente susceptibles a las crisis y como lo confirmaría la Guerra del Pacífico, la burguesía se veía amenazada por el descontento político y la guerra civil mucho más que los grandes hacendados andinos. Por ende, todas las agrupaciones burguesas coincidían en que debía evitarse la violencia política a toda costa4. Ello explica por qué razón ni siquiera unas amargas cuestiones contenciosas como, por ejemplo, el Contrato Dreyfus llevaron a un conflicto armado, o por qué motivo los principales representantes de la burguesía condenaron la violencia de sus partidarios en los años setenta5.
3La autoridad del gobierno debía fortalecerse tanto integrando un grupo más grande a los procedimientos políticos constitucionales, como mediante el establecimiento de una guardia nacional que a diferencia del ejército, fuera leal a las instituciones estatales civiles. El concepto de integrar a más gente al proceso político formal no buscaba la participación de la mayoría de la población, sino más bien ganarse el respaldo de las diversas elites para un modelo común de Estado. Al igual que la constitución, dicho modelo preveía que los cambios de gobierno fueran decididos por las elecciones. Es cierto que estas últimas no correspondían al ideal de una elección libre y justa mediante el voto secreto, pero aun así permitían legitimar la autoridad política y brindaban un medio a través del cual las diversas elites podían competir por el poder sin hundir al país en una guerra civil6. La democratización que la burguesía limeña buscaba intentaba extender el acuerdo fundamental ya existente dentro de sus filas a los notables de todo el país. El grado en que el Partido Civil tuvo éxito en esta empresa lo convirtió en un genuino «proyecto nacional». De otro lado, ni este partido ni tampoco ninguna otra sección relevante de la burguesía deseaba declarar ciudadanos a toda la población adulta masculina; su objetivo era más bien una república conformada por notables, o —tomando prestado el término usado para describir al periodo 1895-1919— una «república aristocrática». La burguesía estaba convencida de que una república tal, basada en el consenso de la elite, significaría el progreso o, en otras palabras, la modernización política7.
4Una de las medidas más importantes con que integrar a las elites regionales y de provincias fue una ley de gobierno local, aprobada en 1873, que definió la organización, las rentas y las tareas de las autoridades distritales, provinciales y departamentales hasta el más mínimo detalle8. Dicha ley limitaba los poderes del gobierno central estipulando que todas las decisiones de significación local debían ser tomadas por las autoridades locales y del departamento contando con el respaldo financiero del gobierno central. La ley mejoraba la posición de las elites locales con respecto al gobierno central y también con las clases bajas, puesto que legitimaba las estructuras de poder local al darles una base legal. A la vez dejaba toda una serie de impuestos a disposición del gobierno local. Hasta el trabajo no remunerado recibió un status legal9. La ley del gobierno local equivalía por ello a una promesa de parte del gobierno central, de que no interferiría en las cuestiones locales y que dejaría las manos libres a las elites de provincias en sus distritos10.Sin embargo, la ley no limitó el poder del gobierno central a las cuestiones políticas de trascendencia nacional. El impulso hacia la descentralización que yacía detrás de la ley de los gobiernos locales no debe por ello ser confundido con el federalismo. El Partido Civil no defendió al federalismo y tampoco promulgó leyes de este corte. Solo había algunas personas aisladas en la burguesía limeña que propugnaban ideas federalistas11.
5La guardia nacional, creada por ley del 7 de noviembre de 1872, contribuyó a incrementar el poder del gobierno central12. Debía funcionar en paralelo al ejército y solamente se permitía que sirvieran en ella ciudadanos que no se encontraban en servicio activo en el ejército, ni tampoco en la reserva13. Para asegurar su lealtad, el gobierno nombraba a los oficiales de la guardia. La guardia nacional era de suma importancia para el gobierno de Pardo ya que aprobó una ley según la cual durante un periodo de transición, la guardia contaría con igual número de efectivos armados que el ejército14. Las tareas de la guardia nacional eran fundamentalmente de naturaleza doméstica, prestando al gobierno una fuerza armada leal con la cual sofocar las rebeliones y cualquier oposición política. Por ejemplo, jugó un rol activo en la supresión de la rebelión de Piérola de 187415. Aunque estaba previsto que la guardia nacional operase en todo el Perú, para todo fin práctico quedó limitada a Lima. La guardia estaba estrechamente asociada con el Partido Civil y casi todos sus oficiales en la capital y el Callao eran miembros o seguidores del partido16. Por eso al menos en Lima la guardia nacional era leal al Partido Civil más que a las instituciones estatales. Éste había creado una organización que le permitía mantenerse firme en contra de sus rivales, que a menudo estaban ligados a los militares. La guardia nacional fue disuelta cuando Pardo dejó la presidencia en 187617.
6El objetivo de la burguesía limeña era establecer un aparato estatal que garantizara la estabilidad, la paz y el orden. Como las revoluciones ponían en peligro los negocios, los civilistas no intentaban introducir cambios radicales y no cuestionaban a las instituciones más tradicionales. Así como la ley de los gobiernos locales había reforzado la posición de las elites de provincias, el Partido Civil no se enfrentó a la Iglesia o a las comunidades de indios. El partido no coincidía con los liberales radicales en las cuestiones eclesiásticas, porque estos exigían la separación de Iglesia y Estado, así como una secularización general18. Por el contrario, el Partido Civil intentó integrar la Iglesia al Estado como un garante del orden social. Con este fin el gobierno insistió en el derecho del Estado al patronazgo, el cual fue concedido por el Papa Pío IX en 1874. En cambio, Manuel Pardo como presidente del Perú renunció a los principios liberales en todas las principales áreas de conflicto entre Estado e Iglesia (libertad de culto, propiedad de la tierra, jurisdicción, contribuciones y tasas eclesiásticas)19. La única medida en la cual el gobierno de Pardo insistió fue el registro estadístico de la población, ordenando que se llevara a cabo un censo e intentando luego introducir un registro civil. Sin embargo, incluso en esta cuestión los civilistas evitaron chocar con la Iglesia y no se tomó ninguna medida legislativa para forzar la introducción de un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones (García Jordán, 1992: 175-178). La posición moderada del Partido Civil, que buscaba integrar la Iglesia al Estado antes de privarla de poder, solamente representaba a una sección de la burguesía; ni los católicos conservadores, ni tampoco los liberales radicales, compartían su posición en este punto20. Por ello los defensores más prominentes del anticlericalismo o bien se distanciaron del Partido Civil, o bien fueron abiertamente hostiles a él21.
7La postura del civilismo para con la población india tampoco fue la del liberalismo extremo. Sus actitudes se vieron configuradas por una combinación del pensamiento liberal y las ideas tradicionales originadas en el periodo colonial. En 1866, como Ministro de Hacienda, Pardo intentó reestablecer la contribución indígena abolida doce años antes. Durante el virreinato, este impuesto había sido un elemento importante no solo del sistema financiero, sino también de la estructura social. Aun cuando Pardo fundamentalmente empleaba argumentos fiscales para justificar sus propuestas, era obvio que no estaba creando un sistema tributario liberal, sino que más bien estaba reintroduciendo elementos del sistema colonial. La nueva contribución indígena llevó a levantamientos indios en el sur peruano y fue nuevamente abolida por el Congreso en 1867. Durante su presidencia Pardo intentó introducir un impuesto similar para financiar las escuelas primarias. Sin embargo, resultó imposible imponer la nueva contribución personal por falta de una administración adecuada22.
8Si bien la contribución indígena tenía un papel importante en los planes presupuestarios de Pardo, ni él ni su partido se interesaron por el tema de la propiedad colectiva de la tierra por parte de las comunidades indígenas, a pesar de que la propiedad comunal de la tierra contradecía el concepto liberal de la propiedad privada. El Partido Civil aceptó, por lo tanto, la propiedad de facto y la existencia de las comunidades volvió a quedar reconocida legalmente en 1876, después de que Pardo asumiera la presidencia23. La tolerancia con la cual se veía la propiedad comunal de la tierra contrastaba de forma marcada con la imagen negativa que la burguesía tenía de los indios, a los cuales usualmente se pintaba como ociosos y estúpidos, casi como animales salvajes24. No se creía que las características y hábitos negativos atribuidos a los indígenas fueran innatos, sino más bien debidos a la opresión y la explotación sufrida desde el inicio del periodo colonial25.
9La percepción burguesa del indio no puede, por ende, ser equiparada con el racismo moderno, el cual fue configurado por la teoría evolucionista y el pensamiento científico26. Era más una cuestión de viejos prejuicios para con las clases bajas rurales, los cuales incluso podían ser transferidos a la percepción del campesinado en otros países.
10El Partido Civil deseaba «civilizar» a los indios y convertirles en «ciudadanos» gradualmente. Para eso se proyectó extender la educación escolar con el fin de que se beneficiara de ella una parte cada vez mayor de la población indígena27. Así el gobierno de Pardo aprobó leyes de educación que estipulaban una mayor inclusión de las clases bajas rurales en las escuelas primarias. Sin embargo, estos proyectos fallaron por completo. Era imposible cambiar el mundo rural con leyes de educación. Como el Partido Civil no deseaba que el Estado propugnara reformas sociales de verdad en las provincias andinas, condenaba a sus propias leyes educativas. En total, estas leyes eran totalmente ficticias y no tenían nada que ver con la realidad en el campo. La educación escolar después de la presidencia de Pardo estaba igual que antes28.
11Mientras que la educación escolar por lo menos era un tema en el manifiesto del Partido Civil, la creación de un mercado laboral libre jamás fue uno de sus objetivos. No obstante, al haberse incrementado la escasez de mano de obra en la agricultura costeña debido a la expansión del comercio de exportación y la abolición de la esclavitud, no se hizo ningún intento por cubrir la demanda de trabajadores agrícolas empleando a campesinos indios29. Se esperaba, más bien, que la inmigración desde Europa y China lograra resolver el problema30. La burguesía en general estaba de acuerdo en lo que respecta a las consecuencias positivas de la inmigración europea, siendo el único punto de discusión cuáles países de dicho continente se debían preferir. En esta discusión la religión tuvo un papel particularmente importante, puesto que las opiniones estaban divididas en torno a si los que no eran católicos serían inmigrantes deseables o no (Gálvez, 1871: 48-58; Masías, 1860; García Jordán, 1992: 193-203). Dejando de lado la cuestión religiosa, la burguesía coincidía en que la inmigración europea sería bienvenida. Se esperaba que los nuevos colonos no solamente resolvieran el problema de la escasez de mano de obra, sino que además dieran un nuevo impulso a la industria agrícola y que sus costumbres y cualidades fueran una fuerza de cambio y rápida modernización en todo el país (López, 1947: 287-296; Casimiro Ulloa, 1862: 754; Denegri, 1876: 24).
12El número de europeos que realmente emigraron al Perú estuvo en marcado contraste con estas esperanzas. Entre 1849 y 1875, entre 15 000 y 20 000 europeos llegaron al Perú (Bonfiglio, 1986: 5; Worrall, 1990: 57-68). Todos los proyectos de inmigración de las décadas de 1850 y 1860 fracasaron debido a que no lograron atraer a un gran número de europeos. Tan solo la Sociedad de Inmigración Europea, creada durante el gobierno de Pardo, tuvo cierto éxito inicial. Con la ayuda de un extenso apoyo financiero del Estado, organizó la inmigración de 3 000 europeos durante su primer año (la inmensa mayoría de los cuales eran italianos), pero en años subsiguientes esta asociación de inmigración cuasi-controlada por el Estado también fracasó en su intento de acelerar la inmigración de Europa. La meta de atraer a 50 000 inmigrantes europeos estaba muy lejos de la realidad (Worrall, 1990: 35-44; San Cristóval, 1945: 344; 427-428; Aurelio Denegri, 1874). Además los contados europeos que sí llegaron al Perú no actuaron como se había esperado: no se dedicaron a la agricultura de la costa, ni como trabajadores ni tampoco como granjeros independientes. Aunque una pequeña parte sí abrió nuevas tierras en las laderas del bosque amazónico, la inmensa mayoría se estableció en Lima y otros poblados.
13La inmigración de China, en cambio, fue de máxima importancia para la agricultura de la costa, el sector en el cual trabajaba la mayoría de los casi 90 000 chinos contratados que llegaron al Perú entre 1849 y 187431. Si bien la inmigración de chinos ayudó a resolver el déficit de mano de obra del país, en modo alguno estuvo libre de controversia. Incluso algunos miembros de la burguesía liberal rechazaban esta inmigración, argumentando que para el Perú la personalidad deficiente de los inmigrantes y sus hábitos inmorales resultarían perniciosos (Copello & Petriconi, 1876: 24-25; Borja, 1877: 69; 90-91)32. Manuel Pardo pensaba, de otro lado, que había que animar a los chinos a que inmigraran no obstante sus supuestas características negativas. La creencia de que Pardo se opuso a la inmigración china y detuvo la práctica durante su gobierno es totalmente falsa; por el contrario, él ya se había pronunciado a su favor en 186033. Aunque en principio prefería europeos a chinos, sostenía que los primeros no podían remplazar a estos últimos puesto que solamente vendrían al Perú si se les daban sus propias tierras, en tanto que a los chinos podía ponérseles a trabajar como operarios agrícolas34. Mientras soñaba con inmigrantes europeos como colonizadores minifundistas, según el modelo estadounidense, quería ver a los chinos como trabajadores dependientes en las haciendas algodoneras y azucareras. Pardo compartía los prejuicios de su época: los europeos eran portadores de la civilización, los chinos no. La discrepancia entre su evaluación de ambas razas demuestra la ambivalencia de su liberalismo. Aunque favorecía a los minifundistas independientes de Europa y se refería a ellos con respeto, no obstante su status social inferior, estaba de acuerdo con una trata de esclavos apenas disimulada que debía abastecer a las haciendas de la costa con trabajadores baratos y serviles.
14Pardo no solo apoyaba la inmigración china con su palabra, sino que además fue uno de los más grandes inversionistas en esta trata. Por ende en modo alguno iba en interés suyo acelerar su fin, y si bien la prohibición del tráfico de trabajadores chinos de Macao coincidió con su gobierno, su extinción llegó en 1873 a manos del gobierno portugués, no del peruano, después de que Gran Bretaña hubiese presionado al gobierno portugués (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 107; Stewart, 1951: 53). Después, tanto Manuel Pardo como Mariano Ignacio Prado probaron varias formas de relanzar este tráfico, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 108-109; Stewart, 1951: 206-217; Rodríguez Pastor, 1989: 139-143). Fue así que la inmigración, tanto desde Europa como desde China, se detuvo a mediados de la década de 1870, no obstante todos los esfuerzos realizados35.
15La construcción de ferrocarriles, al igual que la inmigración europea, era considerada el epítome del progreso y la modernización, y la burguesía pedía a una sola voz la construcción veloz de una red ferrocarrilera estrechamente interconectada36. En 1860 Pardo presentó sus «Estudios sobre la provincia de Jauja», un programa que buscaba la modernización económica del Perú. Su piedra angular era la construcción de ferrocarriles, un concepto que habría de dominar la discusión sobre los ferrocarriles durante décadas. Según Pardo, el problema fundamental al que se enfrentaba la economía peruana era que las distintas regiones no estaban conectadas entre sí. Esto, decía, significaba que los bienes invariablemente se vendían localmente y no a nivel nacional, y que una producción a mayor escala era injustificable. Era por ello necesario vincular las diversas regiones mediante una moderna red de transporte, lo que en su opinión era el ferrocarril (Pardo en López, 1947: 150). Pardo creía que debía haber cuatro líneas principales: tres de ellas —al norte, centro y sur del país— debían unir la costa con los Andes y la cuarta debía conectar las tres líneas en la sierra. Una red ferroviaria semejante, pensaba Pardo, incrementaría enormemente la producción de artículos de exportación en los Andes, y al mismo tiempo crearía un mercado nacional que promovería la producción de artículos consumidos en el Perú (Pardo en López, 1947: 17-20; 60; 100-104; 149-150; 154-156). Esta transformación económica alteraría radicalmente las costumbres y hábitos de la población de la sierra, y de este modo revolucionaría la cultura en los Andes37.
16A ojos de Pardo, la importancia de la construcción ferroviaria justificaba una considerable participación del gobierno. Pensaba usar la renta guanera para apoyar o para financiar directamente la construcción de ferrocarriles38.
17Como se sabía que los recursos del guano eran finitos, el auge exportador a corto plazo debía estimular el desarrollo estructural a largo plazo. Al Estado como propietario del guano le correspondía canalizar los ingresos a la construcción de ferrocarriles. La visión de Pardo no encontró oposición en la burguesía y fue compartida por la mayoría de los presidentes y ministros antes de la Guerra con Chile. Fue José Balta, rival político de Pardo, quien puso en marcha las obras. No surgirían críticas fundamentales del programa ferroviario de Pardo sino hasta mediados de los años setenta, cuando iba quedando claro que la construcción de líneas de ferrocarril de la costa a los Andes era algo que estaba fuera de las posibilidades del erario público, y que la única línea completada no era rentable (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 1-35; Gootenberg, 1993: 108-109).
18El proyecto ferrocarrilero burgués fue criticado principalmente por suponer que el nuevo medio de transporte provocaría un incremento de la producción al reducir los costos de transporte. Según los críticos, los ferrocarriles no podían ser la causa del desarrollo económico puesto que por el contrario, eran un resultado del crecimiento económico. Sería solo cuando la producción hubiese crecido en las distintas regiones, que los ferrocarriles podrían usarse como un medio para vincularlas (Copello & Petriconi, 1876: 23-24)39.
19Según esta concepción, la tarea del Estado no consistía fundamentalmente en la construcción de líneas de ferrocarril, sino más bien en la protección y el respaldo a la industria manufacturera, principalmente a través de aranceles (Copello & Petriconi, 1876: 47-49; 54-55; 103-104)40.
20A pesar de la crisis económica, a mediados de la década de 1870 solo una minoría de la burguesía apoyaba este tipo de proyecto industrializador. La gran mayoría —el Partido Civil inclusive— defendía el mercado libre y desaprobaba tanto a los viejos gremios como la intromisión del gobierno en el comercio, la agricultura y la industria manufacturera (Tejeda, 1852; Espinoza, 1852: 3; Datos e informes sobre las causas que han producido el alza de precios de los artículos de primera necesidad que se consumen en la capital, 1870; Fuentes, 1877: 135-136; 183; Químper, 1886: 84-85)41.
21Pardo mismo no era partidario de una subvención estatal a la industria. Por el contrario, razonaba, si el Estado mantenía la paz y el orden, construía ferrocarriles y promovía la inmigración, las fuerzas del mercado libre llevarían a cabo el progreso del Perú. El Estado debía crear las condiciones en que el mercado libre podría desarrollar su propio impulso, pero no debía influir directamente sobre la actividad económica, ya fuera a través de aranceles a la importación o cualquier otra medida, y en consonancia con este concepto Pardo redujo los aranceles en 1867. En el campo de la política económica, él y el Partido Civil representaban plenamente los conceptos liberales del siglo xix. Ambos veían el libre comercio y el libre mercado como garantes del progreso que añoraban42.
22Aun cuando los conceptos económicos del Partido Civil no llevaron a la industrialización peruana, incluso así constituían un proyecto para el desarrollo del país. El Estado debía crear las condiciones necesarias y se esperaba entonces que el libre juego de las fuerzas del mercado resolvería los problemas más importantes del país sin más intervención estatal. La industria, por ejemplo, no debía ser respaldada ni protegida por el Estado sino a través de los ferrocarriles. El Estado no debía liberar a los campesinos, salvo a través del ejemplo dado por la inmigración y los ferrocarriles, y mediante una educación escolar cuya administración fue entregada a personas a las que no les interesaba en absoluto educar a los indios. La deficiencia del programa de desarrollo del Partido Civil yacía por lo tanto precisamente en su dimensión nacional, puesto que la burguesía no era lo suficientemente poderosa para imponer sus políticas liberales fuera de Lima. El partido sostenía que el libre juego de las fuerzas de mercado lograría establecer un Estado-Nación liberal, pero debe haber sabido que la total falta de intervención estatal en los conflictos sociales cruciales perpetuaría las viejas estructuras políticas y sociales. Por sus propias contradicciones, el proyecto de desarrollo económico del Partido Civil era letra muerta desde el comienzo.
23Como jefe de Estado, Pardo tomó diversas medidas para restringir libertades económicas que iban en contra de sus propios conceptos económicos. Estas medidas afectaron, sobre todo, a nuevas ramas de la industria tales como el sector bancario y la extracción de nitrato. Aunque los préstamos de Dreyfus llevaron a un efímero auge bancario, la mayoría de los bancos ya enfrentaban dificultades insolubles en 1873, fundamentalmente debido a la creciente escasez de moneda metálica. Los bancos ya no contaban con suficientes reservas como para garantizar la cobertura de los billetes que habían emitido. En diciembre de 1873, luego de llegar a un acuerdo previo con ellos, el gobierno decretó que el Estado únicamente aceptaría los billetes de aquellos bancos que aceptaran cubrir el 30 por ciento de los billetes emitidos con moneda metálica y el restante 70 por ciento con emisiones de deuda pública (Camprubí Alcázar, 1957: 169-173, 178-183, 205; Basadre, 1968-1970, vol. 7: 45-46). Si bien esta medida logró impedir un colapso bancario, dejaba sin resolver el problema fundamental: la falta de moneda metálica que se debía a la caída en las exportaciones. Pardo por lo tanto intentó estabilizar a los bancos en los siguientes años ligándolos cada vez más entre sí y también con el Estado. En 1875 se ampliaron las directivas de 1873 y se pensó en la fundación de un banco central privado, un plan que no pudo implementarse antes del estallido de la Guerra con Chile. El sucesor de Pardo ajustó aún más la regulación estatal del sector bancario y para 1877 el Estado garantizaba la cobertura de los billetes de bancos privados (Camprubí Alcázar, 1957: 321-325; Basadre, 1968-1970, vol. 7: 300-331).
24En lo que al negocio del nitrato respecta, el gobierno de Balta ya había puesto fin al periodo de total libertad dejando de conceder tierras gratuitamente e introduciendo un impuesto a la exportación. Pardo deseaba elevar este impuesto ligándolo progresivamente a las ganancias de los exportadores de nitrato (Bermúdez Miral, 1963: 320-354; Basadre, 1968-1970, vol. 7: 54-62; 288-294; Greenhill & Miller, 1973). Sin embargo, en lugar de este impuesto a la exportación, el Estado implementó un monopolio de la misma a partir de 1873. El monto de nitrato que podía exportarse fue restringido y tanto la adquisición como las ventas fueron transferidas a un grupo de bancos. Cuando el monopolio de la exportación no logró reducir las exportaciones ni elevar los precios como se había esperado, se decidió nacionalizar parte de la producción de nitratos. En 1875 se abolió el monopolio de las exportaciones y se detuvo la venta gubernamental de tierras en los campos de nitratos, comenzando el Estado a adquirir sistemáticamente todos los depósitos salitreros. Un grupo de bancos debía administrarlos, pero en realidad casi todos los centros de producción fueron manejados por sus antiguos propietarios43. Una vez que el Estado había comprado ya más de las dos terceras partes de los centros de producción, Pardo declaró —poco antes del término de su mandato— que ya no habría más expropiaciones de oficinas de nitratos. Aun así su sucesor continuó esta práctica.
25Esta intervención en las industrias bancaria y salitrera contradecía por completo los principios que el mismo Pardo había postulado. En la década de 1860 se había pronunciado repetidas veces en contra de la interferencia estatal, particularmente en el área de las finanzas44. Viendo sus ideas políticas como un todo, se puede concluir que sus políticas económicas en la década de 1870 no contradecían sus principios políticos. Según su credo político había dos pilares del desarrollo peruano: un gobierno estable y una economía libre. La crisis económica de los años 1870 ponía en peligro la estabilidad política y social, en especial en Lima y la costa. La política fiscal buscó por ello impedir un colapso bancario basándose en un acuerdo previo con los bancos, en tanto que la política salitrera deseaba salvar al país de la bancarrota asignando a este producto el papel clave que el guano había desempeñado antes45. Ya en los años 1860 Pardo se había enfrentado a críticos liberales que favorecían la reducción de impuestos y había defendido el derecho del Estado a cobrar impuestos para financiar su existencia (Datos e informes sobre las causas que han producido el alza de precios, 1870: 143-161). En dicha década sus planes fracasaron. Sin embargo, en los años 1870 seguía pensando que había que salvar el Estado de la bancarrota a toda costa. Por eso intervino como presidente de la república tanto en la producción y exportación salitreras como en el sistema financiero. Estas decisiones contradecían sus principios económicos liberales, pero coincidían con su idea de la importancia que tenía el Estado central para el bienestar del país.
26Sería errado interpretar esta combinación de conceptos económicos liberales clásicos con la idea de un Estado poderoso, como conceptos coloniales supérstites entre los miembros de la burguesía liberal. En realidad se debía mucho más a la debilidad del Estado peruano. La burguesía no enfrentaba un Estado poderoso que se había desarrollado durante siglos. Durante largo tiempo después de la independencia, el Estado peruano no comprendía mucho más que el palacio de gobierno en Lima. La burguesía no tenía nada que temer del Estado y sí mucho de los caudillos, el descontento político y la guerra civil46. La finalidad del Partido Civil era crear un Estado operativo que defendiera los intereses económicos de la burguesía, los cuales se hacían cada vez más complejos y vulnerables. Por otro lado, había otros grupos burgueses que no consideraban que un aparato estatal semejante fuera necesario para defender sus intereses. El Partido Civil representaba a la mayor parte de la burguesía, sobre todo la bancaria y mercantil, pero también había pequeños sectores burgueses limeños que quedaban fuera del proyecto civilista.
27Es cierto que los civilistas proclamaban objetivos que iban mucho más allá del fortalecimiento del Estado, y que en efecto proponían reformas sociales fundamentales. Pero no era el Estado el que debía hacerlas cumplir, sino las fuerzas del mercado. Su disposición a abstenerse de las reformas políticas y sociales tenía dos causas fundamentales: en primer lugar, la debilidad de la burguesía fuera de Lima (respecto a la Iglesia, los terratenientes andinos y las comunidades de indios), y segundo, sus intereses económicos. La exportación de guano, nitratos, azúcar y algodón, así como las finanzas, hacían que fuera innecesario desarrollar un mercado doméstico, que antes de la Guerra con Chile apenas existía. Lo que restaba vigor al entusiasmo por las reformas no era una mentalidad rentista, pues ella ya había sido superada en mayor o menor medida por el espíritu de empresa. Los hombres de negocios aprovechaban toda oportunidad de invertir su capital en operaciones productivas y a menudo de riesgo. Pero no eran industriales y como comerciantes de importación y exportación, no tenían interés alguno en establecer una industria manufacturera en el Perú mediante restricciones comerciales. Para procesar sus exportaciones y tratos financieros no tenían necesidad alguna de convertir a la clase baja rural en trabajadores fabriles o compradores de productos industriales, razón por la cual consideraron que las reformas sociales fundamentales no eran necesarias. En todo caso eran demasiado débiles como para imponerlas. Por lo tanto, el Partido Civil hizo poco por cambiar las estructuras sociales predominantes y al mismo tiempo intentó forjar una nación a partir de cierto segmento de la población —la burguesía, los artesanos calificados y las elites rurales—, cuyas actividades políticas serían reguladas por las instituciones del Estado-nación liberal47. Este proyecto representaba una vía particular de liberalismo, la cual correspondía a los intereses de una burguesía capitalina no industrial ante un Estado débil, dentro de una sociedad dominada por estructuras rurales48.
Notes de bas de page
1 Casi todos los autores que han escrito sobre el periodo anterior a la Guerra del Pacífico examinan los conceptos políticos de la burguesía. Los más importantes son Basadre (1983), Bonilla (1974), Cotler (1992: 71-118), Tantaleán Arbulú (1983), Gootenberg (1993) y McEvoy (1994).
2 «En el liberalismo [latinoamericano, U.M.] existía una contradicción entre exigir un Estado fuerte y defender el principio económico de laissez faire. Esta tensión entre limitar constitucionalmente el poder y, al mismo tiempo, poner sus esperanzas en las medidas reformistas del Estado sigue existiendo en el siglo xx» (Werz, 1992: 56-57).
3 Ya en 1845-1846, Marx y Engels habían afirmado que la burguesía requería un Estado nación estable «tanto externa como internamente, para la garantía mutua de sus propiedades e intereses» (Marx & Engels, 1983: 62).
4 En sus célebres «Estudios sobre la provincia de Jauja», publicados en 1859, Pardo se quejó de las «pasiones políticas» y las «ambiciones personales» que llevaron a la dilapidación de la riqueza del guano. En otro artículo dijo que «El Perú quiere obras públicas en vez de quince mil soldados…» porque el capital extranjero no llegara a un país inestable. Ese mismo año, José Casimiro Ulloa criticó el gasto excesivo en el ejército y la marina, «que no han servido más que para suministrar combustibles a la hoguera de las guerras civiles que desde la independencia está encendida en la República». Ya en 1855, Juan Espinoza había escrito en su diccionario, bajo la entrada «caudillos»: «El caudillaje ha salvajizado la pobre América, la ha aniquilado y le ha impedido llenar sus destinos, una vez alcanzada su independencia. ¡Malditos caudillos!». En 1866, Luis Benjamín Cisneros afirmó que había una sola condición para el progreso económico: «… vivir veinte años consecutivos -¡nada más que veinte años! - sin dar el escándalo de nuevas guerras civiles …». En su estudio fundamental del liberalismo, Químper dijo en 1886: «Y aún suponiendo que el Gobierno no fuese estrictamente legítimo, nunca habría derecho para remover los cimientos de la sociedad por una insurrección.». La lista de discursos y escritos de intelectuales burgueses en donde se critica al militarismo, el caudillismo y la guerra civil podría extenderse casi indefinidamente (Pardo, 1860: 16, reimpreso en López, 1947: 232-274; Pardo, 1861: 101, reimpreso en López, 1947: 297-311; Casimiro Ulloa, 1860: 228; Espinoza, 1855: 139; Cisneros, 1939, vol. 3: 140; Químper, 1886: 12).
5 En 1872, todo el Congreso declaró su rechazo al levantamiento que debía impedir que Manuel Pardo asumiera la presidencia. Varios de sus enemigos políticos figuran entre los 103 firmantes de la protesta parlamentaria. Véase «Protesta del Congreso condenando el movimiento revolucionario de 22 de julio de 1872, ejecutado por una parte de la Fuerza Armada» en Evaristo San Cristóval (1945: 557-559). En 1874, Luis B. Cisneros se distanció de los planes para preparar un levantamiento que Nicolás de Piérola venía difundiendo públicamente desde finales de 1873: «… felizmente para todos, el país soporta tranquilo y resignado [la política equivocada del gobierno, U.M.] con un buen sentido superior a las malévolas instigaciones de los que quieren lanzarlo de nuevo en la senda de la revolucion.» Luis Benjamín Cisneros, «¿Qué no hay remedio?» (Cisneros, 1939, vol. 3: 361). Para la declaración de Piérola véase «Carta de Nicolás de Piérola», publicada en La Patria (16 de oct. de 1873: 3). Aunque Pardo jamás se distanció de los actos violentos de sus partidarios en público, en privado sí escribió a su confidente José Antonio de Lavalle: «Coincido completamente en opiniones contigo, sobre la incompatibilidad que hay entre las ideas que yo represento y la revolución. Jamás me ha pasado por la imaginación ponerme a la cabeza de ella, cualquiera que fuese el éxito de la lucha [electoral, U.M.]…» (Archivo de José Pardo y Barreda, Carta de Manuel Pardo a José Antonio de Lavalle, 27 de mayo de 1871, citado en Martin, 1974: 11).
6 Durante la campaña electoral de 1871, Manuel Pardo exigió una y otra vez que el gobierno no interfiriera en las elecciones, asimismo pidió la libertad de expresión y de asociación, autoridades estatales democráticamente legitimadas, y campañas electorales pacíficas. Véanse los discursos de Pardo del 2 de mayo de 1871, 29 de mayo de 1871, 9 de julio de 1871 y 16 de noviembre de 1871 en San Cristóval (1945: 269-278; 283-285). Que estas demandas a veces no eran más que propaganda política, se sigue del hecho de que Pardo mismo no siempre se adhería a ellas.
7 McEvoy piensa que Pardo seguía un «proyecto nacional», al cual también denomina una «utopía republicana», un «proyecto cívico-republicano» y «republicanismo de corte democratizante». Al resumir su concepto de democracia dice que: «Lo novedoso de la propuesta era apelar a la participación ciudadana para la solución de los problemas del país.» Sin embargo, dado que hoy en día el término ciudadano incluye a un grupo mucho más amplio que en el siglo xix, la cuestión principal no es si la participación de la ciudadanía se tomaba como algo deseable (esto no era nuevo en absoluto), sino quién era considerado ciudadano. José María Químper, a quien en Perú se le tenía por un liberal radical, resumió muy bien la visión de los liberales (Pardo incluido) al anotar que la mayoría no era una cuestión de aritmética, puesto que los «idiotas», «ignorantes» y «criminales» no eran miembros activos de la sociedad. Para participar activamente, uno necesitaba contar con «instrucción» y «moralidad». «Por estas razones […] se han determinado condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. La opinión pública […] no es […] la opinión de todos, sino de los que pueden tener una. Y para tener una opinión, es indispensable conocer los asuntos sobre los que ella versa en el todo o al menos en parte. Por mayoría como poder social debe entenderse pues, el número mayor entre aquellos que en la sociedad tengan la facultad y el derecho de emitir una opinión» (McEvoy, 1994: 308; 1997: 14; 438; Químper, 1886: 15). Para el concepto del «ciudadano» en América Latina en el siglo xix, véanse Irurozqui Victoriano (2005) y Sábato (2002).
8 «Ley orgánica de municipalidades de 9 de abril de 1873» en San Cristóval (1945: 380-402). Véase también Basadre (1983, vol. 7: 75-82).
9 «En caso de falta de fondos especiales o municipales para la refacción de los caminos y puentes, todos los habitantes hábiles están obligados a contribuir con su trabajo, o con el de los peones de sus haciendas, para mantenerlos en buen estado» Art. 125 en San Cristóval (1945: 400).
10 «[…] se dictó la ley que descentraliza la administración de las localidades, y por la cual se devuelva a estas el derecho y la facultad de gobernarse». En muchos casos era imposible formar los consejos departamentales, provinciales y distritales que la ley estipulaba, ya que no se contaba ni con los recursos, ni tampoco con las personas que se requerían. Bernardo Pacheco escribió desde la provincia de Antabamba: «[…] no existe concejo municipal, por la sensible razón de carecer casi en lo absoluto los pueblos de vecinos siquiera medianamente idóneos, que sepan leer y escribir y aún más para la alternabilidad de estos funcionarios, es del todo imposible en la actualidad […]» (1874: 18). Informes similares al de Pacheco se encuentran en Casafranca (1874); Yábar (1874); Torre (1874); Arbaiza (1874: apéndice D).
11 Un civilista que argumentaba a favor de un sistema federal en el Perú era Carlos Lissón (1865: 111-120). Su postura era marginal en el Partido Civil. Una explicación teórica del vínculo entre un poderoso Estado central y la descentralización del gobierno local fue dada por Enrique de la Riva Agüero (1877). Por otro lado, McEvoy opina que la ley del gobierno local fue un intento de plasmar conceptos federalistas (1997: 160-161).
12 «Ley de 7 de noviembre de 1872 disponiendo la organización de la Guardia Nacional» (El Peruano, 30 de diciembre de 1872; publicado también en San Cristóval, 1945: 434-435).
13 «Ciudadanos» se refiere a hombres adultos con derecho a voto en las elecciones.
14 Se trata de cuatro mil personas. «Ley de 7 de noviembre de 1872», artículo transitorio, 435; «Ley de conscripción militar de 20 de noviembre de 1872» (San Cristóval, 1945, art. 5: 436).
15 «Parte oficial, en el que don Manuel Pardo, como jefe supremo de las fuerzas expedicionarias, le da cuenta detallada al Ministerio de Guerra y Marina, de los sucesos acaecidos desde su salida de la capital, hasta la frustrada entrada por sorpresa de Piérola en Arequipa, con lo que virtualmente quedó terminada la campaña del sur» (San Cristóval, 1945: 598-603; Basadre, 1968-1970, vol. 6: 41-43).
16 La creación de la guardia nacional se inició en Lima inmediatamente después de emitido el decreto del 11 de noviembre de 1872. Sin embargo, dos años más tarde la guardia casi no tenía presencia alguna fuera de Lima, con la excepción de Cuzco, Puno y Arequipa. En 1874 Carlos Prince escribió: «En los Departamentos de Junin, Ayacucho, Ancachs [sic], Apurímac y La Libertad, se han establecido igualmente cuerpos de guardias nacionales, y muy pronto quedarán establecidos los que corresponden a los demás Departamentos de la República» (1874: 57; Prince, 1872). Para los miembros del Partido Civil en la guardia nacional, véase El Peruano (1872: 20 de dic., 330-332).
17 «[…] esa fuerza [la guardia nacional, U.M.] no presta hoy ningún género de servicios y puede decirse que en realidad está disuelta […]». (Ministerio de Gobierno, 1879: 243).
18 Químper fue uno de los que adoptó una posición radical: «… sostenemos que la libertad de la Iglesia y del Estado debe llevarse hasta la independencia absoluta» (1886: 174). Para un examen del liberalismo anticlerical y de uno de sus más deslumbrantes defensores, véase Garavito (1986). Mientras que los liberales radicales fueron una minoría en el Perú, en América Latina representaban una fuerza política importante; veánse, por ejemplo, Davis (1972: 67-68); Safford (1985, vol. 3: 347-422); Werz (1993: 48-58).
19 Parte del texto del patronazgo aceptado por el gobierno de Pardo era la promesa del Estado peruano de proteger el catolicismo. La idea de que la defensa que Pardo hiciera del derecho de patronazgo era una defensa de la «posición autónoma del Estado Peruano frente al poder de Roma», ignora el hecho de que Pardo no buscaba la autonomía del Estado con respecto a la Iglesia, sino que por el contrario deseaba vincular a ambas instituciones y asegurar que el Estado fuera lo más poderoso posible dentro de esta relación (McEvoy, 1994: 239). Con respecto al conflicto en torno a la cuestión del patronazgo véase Pilar García Jordán (1992: 186). En ocho discursos presidenciales oficiales, Pardo no mencionó ni una vez las principales iniciativas secularizadoras. De este modo su presidencia puso fin a los esfuerzos de reforma anticlerical que alcanzaron su cenit con la nueva constitución de 1867. El lento avance de la secularización en el Perú antes de la Guerra con Chile está descrito en García Jordán (1992: 97-212). Los discursos de Pardo se encuentran en San Cristóval (1945: 323-371). Para la impotencia del anticlericalismo peruano véase también Klaiber (1980: 24-25).
20 El Partido Civil encontró apoyo dentro de la misma Iglesia ya que siguiendo la tradición del regalismo colonial una parte importante del clero era de la opinión «[…] que la misión de los obispos era cooperar con el poder civil para conservar el orden y la estabilidad internas» (García Jordán, 1992: 307).
21 José María Químper y Francisco de Paula González Vigil fueron de aquellos liberales que ni apoyaban ni tampoco combatían al Partido Civil en público. Mariano Amézaga fue uno de sus rivales, lo que se desprende de su tratado Perú. Galería financiera (1873). Otro fue Fernando Casós, quien apoyó el levantamiento de los hermanos Gutiérrez contra Pardo; véase Casós (1872).
22 «Los indios mismos han visto con repugnancia la supresión del tributo y han estado siempre dispuestos a pagarlo y no por un motivo de estupidez y de desconfianza, sino por motivos verdaderos y poderosos resultados de juicios, que tenían su origen en tradiciones verdaderas, las más veces ignoradas por muchos de los que para ellos daban leyes. Para el indio el tributo era el arrendamiento de una tierra que ni antes ni después de la conquista les perteneció en verdadera propiedad: para ellos la contribución era el seguro contra el reclutamiento, uno de los mayores azotes de nuestra población…» (Algunas cuestiones sociales con motivo de los disturbios de Huancané. Al soberano Congreso, 1867: 14) —según una nota manuscrita, este folleto, que no lleva nombre de autor, fue escrito por Manuel Pardo—. Este concepto de tributación corresponde a la noción colonial por la cual la corona exigía a los indios un tributo a cambio de la cesión de tierra; véase Jacobsen (1997: 123-170). Para la historia de la contribución personal en las décadas de 1860 y 1870, véase Vásquez (1976); Jacobsen (1989: 82-102); Ossio (1992: 219-234); Bustamante (1867); Basadre (1968-1970, vol. 7: 118-119); Noéjovich (1991: 43-59); San Cristóval (1945: art. 62, 478). Entre la burguesía no había consenso en lo que respecta a la contribución. Esto se desprende del hecho de que cinco personas que posteriormente serían cofundadores del Partido Civil, votaron en contra de la ley de contribución de Pardo cuando ésta se abolió en 1867 con 55 votos en contra de ella y 19 a favor (Diario de los debates del Congreso Constituyente del Perú de 1867, 1: 104).
23 Legalmente los indios y no las comunidades (formadas por ellos) eran los propietarios de las tierras. Sin embargo, dado que los indios las poseían en razón de su pertenencia a la comunidad y no por un título de posesión individual, la construcción legal venía a ser lo mismo que reconocer que se trataba de una propiedad comunal (Resolución suprema de 20 de octubre de 1876). Véase también Davies (1974: 32) y Noéjovich (1991: 56). El Partido Civil no estaba solo en su indiferencia con respecto a la cuestión de la propiedad de las tierras comunales. Entre 1850 y 1879, «el gobierno central hizo poco —fuera de la abolición de la contribución de indígenas y la frecuente reiteración del derecho individual a las tierras comunales— que podría haber contribuido a la disolución de las comunidades» (Jacobsen, 1997: 156).
24 Manuel Pardo mismo habló del «poco amor de los indios». En otro trabajo atribuido a Pardo se lee: «El indio del Perú […] es por naturaleza sobrio y sin ambición: una tendencia natural limita su trabajo al esfuerzo absolutamente indispensable para satisfacer sus limitadas necesidades…» (Pardo, 1947: 59; Algunas cuestiones sociales…, 1867: 8). Bustamante, el fundador de la Sociedad Amiga de los Indios, sostuvo que éstos eran «criaturas casi salvajes» e hizo referencia a «su lastimoso embrutecimiento» (1959: 39). Lorenzo García, un miembro fundador del Partido Civil, escribió en 1862: «Y el pobre indio condenado a vivir y morir en las grandes mesetas de la cordillera, apenas sí puede levantar su alma sobre el rebaño que dirige. […] Rústico y salvaje como los pastos que crecen en su derredor, como las vicuñas y huanacos que brincan en los precipicios, aún no tiene la conciencia de su ser, ni de su destino» (1862: 740).
25 «El indio era feliz, porque era bueno antes que viniesen hombres feroces a corromper su naturaleza; antes que la serpiente de la civilización del viejo mundo viniese a tentar su virginidad y hacerle perder su paraiso, semejante al de Adan, sin la conciencia del pecado y con la religion de la naturaleza». (Espinoza, 1855: 616) —extractos de la entrada referida a los indios fueron publicados en «Los indios», en El Nacional, 6 de agosto de 1867—. Véase también Miguel Medina (1867: 60). Para la imagen que la burguesía peruana tenía de los indios en el periodo anterior a la Guerra con Chile véase Mücke (1998).
26 Nelson Manrique y Alberto Flores Galindo piensan que una teoría racista moderna —esto es, biológica y/o evolutiva— se ha ido desarrollando en el Perú desde mediados del siglo xix. Sin embargo, esta premisa carece de criterios con los cuales distinguir entre el nuevo discurso, desarrollado en el siglo xix, y las formas tradicionales de pensar a las clases bajas. Manuel Pardo, quien conocía las teorías de Darwin al menos de modo superficial, fue uno de los intelectuales peruanos que ya antes de la Guerra con Chile hablaba del rol de la naturaleza y de la condición inalterable de la personalidad del indio. A pesar de tal cercanía con las definiciones europeas contemporáneas de las razas, Pardo no se liberó del todo de los conceptos tradicionales, puesto que enfatizó repetidas veces la posibilidad de cambiar a los indios a través de la educación y el desarrollo económico (Manrique, 1995: 140-141; Flores Galindo, 1988: 274-275; San Cristóval, 1945: 24; la alusión a Darwin se encuentra en Algunas cuestiones sociales…, 1867: 8).
27 Ambos términos en el artículo titulado «Indios», publicado en el diario El Comercio (16 de abril de 1868: 3), bajo el seudónimo de «Las Casas».
28 Para las numerosas medidas legales tomadas en el área de la educación escolar entre 1872 y 1876, véase Basadre (1968-1970, vol. 7: 112-119) y Cornejo Foronda (1953: 24-36). El número de colegios fuera de Lima fue reducido después de 1874 (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 119). La idea de que el Partido Civil inició una política pro-indígena mientras gobernaba no distingue lo suficiente entre las leyes que solo existían sobre el papel y su implementación en la realidad (Davies, 1974: 32).
29 Una de las muy pocas personas que propusieron emplear más mano de obra india en la costa fue Juan Bustamante (1959: 138).
30 Para un proyecto infructuoso que buscaba fomentar la inmigración africana véase Olano & Larregle (1876).
31 La migración china desde el campo a las ciudades se dio por lo general después de haber cumplido los ocho años de sus contratos o incluso más tarde (Rodríguez Pastor, 1989; Stewart, 1951).
32 Se llegó a exigir la repatriación de los chinos que ya vivían en el Perú. La agitación antichina alcanzó uno de sus puntos más altos después de un levantamiento de inmigrantes chinos en Pativilca; véase El Nacional, 6, 9, 12 y 16 de septiembre de 1870; Domingo Gamio (1870); Inmigración asiática (1870). Con respecto al levantamiento, consúltese Rodríguez Pastor (1979). Algunos de los pocos autores que alabaron a los trabajadores chinos como diligentes, frugales e inteligentes fueron Casós (1876: 26-27) y Martinet (1977: 55).
33 «No somos nosotros de los que opinan como algunas personas llevadas más de principios absolutos que de las reales y prácticas necesidades de nuestro país, que o debe la inmigración extranjera llevarse a cabo con gente blanca y de ojos azules o prohibirse en lo absoluto, y que prefieren la ruina de nuestra agricultura y la consiguiente estancación de nuestro comercio a una inmigración que no reuna estas cualidades, más claramente: que se debe negar a todo trance a la agricultura y a la industria nacional de recursos de colonos chinos, antes que recibir en nuestros territorios individuos que no reunan todas las cualidades artísticas de la raza caucasiana» (Pardo en López, 1947: 288).
34 «Si hemos tocado por vía de episodio la inmigración asiática en este artículo, es precisamente con el objeto de patentizar que la inmigracion asiática y la inmigración europea son de naturaleza completamente diferente una de otra, llamadas cada una de ellas a desempeñar distintos fines y que por consiguiente no pueden entrar en parangón como han pretendido varias personas que se propusieran [sic] impedir a todo trance la realización de la inmigración vascongada al Perú. Destinada la primera, esto es, la asiática, a llenar el vacío que se observa en nuestro litoral de trabajadores agrícolas, es decir de hombres a gajes de jornales, es sello característico de la segunda la propiedad o por lo menos la locación de terrenos que es necesario conceder al inmigrante europeo para conseguirlo, terrenos que él cultiva y de cuyos productos participe el propietario, no a título de patrón del emigrado sino únicamente a título del terreno. Así pues, el emigrante asiático es el jornalero ligado por cierto número de años a una persona, en tanto que el colono agrícola europeo no es ni puede ser otra cosa que el arrendatario de un terreno por tal número de años» (Pardo en López, 1947: 289-290).
35 Según Paul Gootenberg Manuel Pardo estaba en contra de la inmigración china: «En esta obsesión ellos [Juan Copello y Luis Petriconi] compartían los valores del ala pardista del civilismo. Inmigrantes eran una realización de la categoría social de ‚clase media’ democrática […]. Como Pardo desde 1860, ellos se opusieron enérgicamente a la importación subvencionada de obreros poco calificados y contratados contra su voluntad (culis o colonos agrarios contratados), inmigración que era objeto de campañas de los hacendados costeños. En 1873-1874 los civilistas pararon el tráfico de culis que había llegado a su cumbre horrorosa bajo Balta, y fundaron su Sociedad de Inmigración Europea» (Gootenberg, 1993: 171). Según Carmen McEvoy, Manuel Pardo no compartía los prejuicios contra los chinos: «Este problema [la falta de mano de obra, U.M.], resuelto en parte con la inmigración asiática, recibió la crítica racista de ciertos sectores de la élite. Ante ella, Pardo afirmaba que no se podía sacrificar a recelos de ese tipo el porvenir de la agricultura» (1994: 189). Gootenberg está equivocado ya que Pardo nunca se opuso a la inmigración china y esta fue parada por el gobierno portugués que impidió la emigración de Macao al Perú. Además Copello & Petriconi no sirven como ejemplos de una corriente del Partido Civil ya que no aparecen en ningún documento como miembros del mismo (véase apéndice 2). Carmen McEvoy está equivocada porque a las críticas racistas Pardo no respondió defendiendo a los chinos sino más bien explicando que ellos no se cruzarían con «otras razas»: «[…] permítasenos observar dos hechos que nadie pondrá en duda y que tranquilizarán por una parte a los que temen ver cruzadas nuestras razas y avivarán [sic, ¿apaciguarán?] por otra los fundados temores de los verdaderos filántropos. El primero de ellos es que los colonos asiáticos no se han propagado en el Perú, y que es rarísimo el caso de cruzamiento con las otras razas…; y el segundo hecho es, que si la carestía porque ha atravesado todo el litoral del Perú en los últimos cinco años, debida casi exclusivamente a la falta de brazos y que tan duramente ha pesado, principalmente, sobre las clases pobres de nuestra sociedad, no se ha hecho sentir más cruelmente todavía, es debido tan solo al socorro que la inmigración asiática ha venido a prestar a la agricultura de la costa» (Pardo en López, 1947: 289).
36 «… en el Perú [los ferrocarriles] lo crearán todo, comercio, industria y hasta la propiedad […]» (Pardo en López, 1947: 350). «Las vías de comunicación son un principio de desarrollo para los pueblos que pensando bien las establecen en su territorio como base inmovible, como piedra fundamental de todo desarrollo así material como intelectural y moral» (García, 1863: 371). «Entre las repúblicas de la América meridional, la del Perú es indudablemente la que se encuentra a la cabeza de todas, en orden al progreso material, medido por los ferrocarriles y los telégrafos, sus amigos e inseparables compañeros, pos sus industrias agrícola y mineralógica, por la actividad de su comercio y la posibilidad del cambio de valores…» (Casós, 1876: 4).
37 «[…] la locomotiva que cambia como por encanto el aspecto del país por donde pasa, civiliza también, y es quizás su principal ventaja, las poblaciones que pone en contacto: hace más que civilizar, educa. Todas las escuelas de instrucción primaria del Perú no enseñarán a nuestra población indígena en un siglo, lo que la locomotiva puede enseñarle en diez años» (Pardo en López, 1947: 19).
38 Pardo creía que el Estado podría financiar íntegramente una de las cuatro líneas, pero que las otras debían construirse con ayuda del capital privado, al cual el Estado tendría que asegurarle un dividendo del 7 % (Pardo en López, 1947: 105-109; 446-453).
39 Aunque Gootenberg afirma lo contrario, Copello y Petriconi jamás fueron simpatizantes del Partido Civil. En efecto, criticaron la visión y las políticas de Manuel Pardo y en ningún momento fueron miembros de su partido (Gootenberg, 1993: 164-165).
40 Desde mediados de la década de 1870, la participación del gobierno en la construcción de los ferrocarriles también fue criticada por personas a las cuales les preocupaban no tanto los intereses de la industria manufacturera como de la agricultura. Exigían un mayor apoyo estatal a los proyectos de irrigación (Osores, 1876: 25; Martinet, 1977 [1877]: 164-165).
41 El punto de vista contrario fue presentado por Emilio Prugue (1878).
42 Heraclio Bonilla y Julio Cotler interpretan el programa de Pardo como un intento de profundizar la integración del Perú en el mercado mundial, para así impulsar el desarrollo del país. De otro lado, Gootenberg y McEvoy piensan que Pardo fue un pionero de la industrialización peruana y que fue crítico de los principios liberales del comercio libre, no obstante su postura fundamentalmente liberal. Los primeros consideran por ende a Pardo un comerciante liberal que sacrificaba los intereses nacionales a las ganancias de su propia clase social, en tanto que los segundos le pintan como un estadista visionario que infortunadamente no pudo implementar sus conceptos políticos. Mientras que los primeros mencionan las consecuencias de la política burguesa como si ellas fueran su objetivo, los segundos describen los sueños de Pardo como si fueran medidas implementadas (Bonilla, 1974: 168-169; Cotler, 1992: 102-108; McEvoy, 1994: 164-165; Gootenberg, 1993: 86-87).
43 El grupo de bancos constaba del Banco del Perú, el Banco Nacional del Perú, La Providencia y el Banco de Lima. A los ex propietarios se les dio un máximo de 10 000 soles en efectivo por los depósitos de nitrato, pagándose la suma restante con emisiones de deuda pública que daban intereses. Al mismo tiempo continuaban trabajando en las minas que ahora pertenecían al Estado de jure. «[…] el traspaso de la propiedad, aunque verificado con todas las fórmulas legales, era meramente ficticio y más aparente que real» (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 59-60).
44 «El Gobierno ha adoptado, en materias industriales, dos principios que juzgo innecesario discutir, tan claros son: el primero consiste en la libertad de la industria: el segundo en la poca idoneidad del Gobierno como industrial y como regulador de la industria. La industria de Bancos, no solo por principios sino por conveniencia para nuestros países nacientes, debe ser libre y debe ejercerse libremente porque solamente la libertad puede imponerle con la competencia que es su efecto, las reglas necesarias y sujetarla dentro de los límites debidos […] Los deberes de alta policía que el Gobierno ejerce debieran reducirse a obligar a los Bancos a que hagan una publicación periódica de su situación, y a que la verdad de los datos publicados fuera comprobada por el Tribunal de Comercio del Departamento. Fuera de eso no habrá más que combinaciones más o menos caprichosas, en que los perjuicios hechos a los Bancos son hechos al comercio mismo…» (Pardo en López, 1947: 379. Véase también la página 316 en el mismo volumen). Incluso respecto de los ferrocarriles, Pardo habló de la «poca aptitud de los Gobiernos para empresas industriales» aunque sí defendió la idea que el erario público subvencionara la construcción de líneas ferroviarias (Pardo en López, 1947: 301).
45 «[…] se han iniciado con nuestros acreedores, arreglos que harán posible y seguro el servicio de nuestra deuda externa, aún en el caso de la extinción del guano, cuyo consumo será reemplazado por el del salitre» (Pardo en San Cristóval, 1945: 368).
46 El bloqueo de las islas guaneras por parte de naves de guerra españolas en 1865 fue un evento de gran importancia. La dubitativa reacción del Presidente no correspondía a los intereses de la burguesía, pues el bloqueo les privaba de su principal fuente de ingresos. La rebelión de Prado significó que la burguesía nuevamente permitió que la representara un miembro de las fuerzas armadas, que entonces nombró como miembros de su gabinete a los liberales más notables de ese entonces. El hecho de haber advertido que la dictadura de Prado tampoco podría encontrar una solución pacífica a los choques políticos, probablemente fue una de las razones principales detrás del intento que la burguesía hiciera de apaciguar los conflictos y asegurarse de que el puesto de presidente fuera ocupado por un civil. Para los pormenores de la lucha por las islas guaneras, consúltese Basadre (1968-1970, vol. 5: 201-271). Sobre el primer gobierno de Prado, véase San Cristóval (1966).
47 El manifiesto del Partido Civil era un «proyecto nacional» en el sentido geográfico pero no social. Era nacional en el sentido geográfico porque la burguesía deseaba dominar todo el país. En lo que respecta el aspecto social del „proyecto nacional«, no importa tanto que la burguesía no haya deseado conceder la ciudadanía a todos los campesinos, pero sí importa que tolerara las relaciones no libres entre empleador y empleados (en los Andes), y que incluso las creara (en las haciendas de la costa). En Europa la abolición de relaciones de trabajo no-contractuales fue un pilar indiscutible del „proyecto« liberal o nacional o burgués del siglo xix. Traer a semi-esclavos chinos al país y defender un „proyecto nacional« es una contradicción imposible de resolver (Bonilla, 1974: 164-165; McEvoy, 1994, 16-17; 1997: 71-72).
48 Algunos autores piensan que el Partido Civil no fue una fuerza liberal debido a ciertos puntos de su manifiesto. Basadre habló de «progresismo» antes que de liberalismo, Gonzalo Portocarrero considera que el partido era una fuerza conservadora-liberal, y no se le menciona en absoluto en la historia del liberalismo en el Perú de Ferrero. De otro lado, Alejandro Revoredo y Hugo Garavito lo describen como un partido liberal (Basadre, 1968-1970, vol. 7: 216; Portocarrero, 1987: 97; Ferrero, 1958; Revoredo, 1935, vol. 1: 135; Garavito Amézaga, 1989: 227-230).
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2004
Memorias en conflicto
Aspectos de la violencia política contemporánea
Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori et al. (éd.)
2004
De los Andes hasta Pará
Ecuador - Perú - Amazonas
Marcel Monnier Edgardo Rivera Martínez (trad.)
2005
Del trono a la guillotina
El impacto de la Revolución Francesa en el Perú (1789-1808)
Claudia Rosas Lauro
2006
Ladrones de sombra
El universo religioso de los pastores del Ausangate (Andes surperuanos)
Xavier Ricard Lanata
2007