ALCANCE, LÍMITES Y CREDIBILIDAD DE LA « JUSTICIA INDÍGENA »

1Las innumerables quejas elevadas por don Francisco de Zamora hacia las autoridades competentes en Quito, los repetidos pleitos de resultados contrastados en que lo encontramos enfrascado, los incontables, largos y bien documentados memoriales que fue redactando durante más de medio siglo, tienen, sin duda alguna pero según los casos en proporciones variables, orígenes diversos : su carácter tenaz y litigante, sus ambiciones y estrategias personales, su situación particular en el contexto del grupo cacical de Latacunga, sus vínculos con gente más o menos encumbrada en el propia capital regional. También proceden – y por qué no fundamentalmente – de los conceptos que él, los demás caciques y sus vasallos formaban de la justicia, de lo que se debía al indígena, de lo que éste estaba en su derecho de denunciar y no aceptar.

2En lo que a don Francisco se refiere, por muchas y variadas que fuesen sus motivaciones de pelear con personajes a veces situados muy arriba en el escalafón étnicosocial y bien respaldados desde muchos conceptos, su trayectoria plantea de manera central todo lo relacionado con la « justicia indígena ». ¿Hasta dónde creían los propios indios de la época que se les podía atender ; en qué tipo de problemas tenían la posibilidad de ganar un pleito contra un español ; en qué medida se hacían efectivas las decisiones de los tribunales cuando los indígenas denunciaban entuertos y iniciaban los trámites judiciales necesarios ; qué tipo de atención y ayuda encontrarían entre los funcionarios en principio encargados de su « protección » y del gobierno regional? Esas y otras muchas preguntas surgen de las actuaciones del gobernador de Sigchos y Toacazo, después cacique de San Felipe.

3Ya se sabe que la implantación definitiva del sistema colonial no se hizo en un contexto de total victimización de los indígenas. Desde fecha temprana, éstos alcanzaron cómo utilizar los pocos e incompletos recursos que les proprocionaba, en algunos casos de manera intencionada, en otros sin haberlo pensado, el mismo mundo y las reglas de los vencedores entre los que también tuvieron defensores. La explotación que se les impuso finalmente no se asentó sin contradicción ni resistencia de su parte. Sufrió derrotas puntuales o parciales, los proyectos iniciales de los vencedores a veces se tuvieron que matizar.

4De manera evidente, la « justicia indígena » adolecía de carencias y defectos propios de la administración de la justicia de antiguo régimen, pero obviamente agravados en su caso por la situación específica de los individuos justiciables y la distancia y diferencia de trato que mediaban entre españoles e indígenas.

5En los episodios que hemos analizado, este aspecto es particularmente sensible en dos tipos de situaciones. Lo vemos, primero en la vinculación de ciertos protectores de los naturales con los intereses de la parte adversa, esto es española, abriéndose así la puerta a todo tipo de corrupción. Era evidente en las actuaciones, a nivel de protector partidario, de Alejandro Infante, al que hemos visto totalmente sometido a las maniobras del corregidor en 1746, y como protector general, algunos años más tarde, de Jerónimo Carrión y Merodio, por su situación de representante de los intereses de la élite local de Latacunga. El otro aspecto muy discutible de esa justicia fue, de manera casi crónica, el incuplimiento de las sentencias. Muchísimas veces a lo largo de los años, don Francisco de Zamora se quejó de las dificultades que encontraba para que las decisiones de justicia se hiciesen realidad, o de la imposibilidad que al fin y al cabo había para que se ejecutasen en su totalidad. ¿Doble lenguaje del sistema y de los hombres que lo manejaban, sabedores de que así, de todas formas, una sentencia, aun definitiva, no comprometía y se podía matizar vaciándola de gran parte de su sentido, o incluso anular de facto haciéndola no efectiva? ¿Dificultades propias de una administración de procedemientos lentos, laberínticos, y de todas formas corruptos, bajo presiones de todos tipos?

6No obstante, a pesar de esas bien conocidas dificultades, del carácter relativo de los resultados que los indígenas podían esperar de la justicia colonial, es significativo que, de manera colectiva o individual, siguiesen apelando a los jueces y recurriendo a los tribunales. Esto revela sin duda que la «justicia indígena » distaba mucho de desoir totalmente sus quejas y de dejar sin enderezar los entuertos que se les hacían. Lo hemos visto en no pocas ocasiones. Si los indígenas hubieran estado de antemano convencidos de que no servía para nada acudir a los tribunales, ya habrían dejado de hacerlo. Recordemos, de paso, que en su ya citado libro sobre los protectores de naturales de Quito, Diana Bonett calculó que el 60% de los casos patrocinados por los protectores se concluyeron con una sentencia en favor de los indígenas.

7A través de las demandas de don Francisco, hemos constatado que en problemas de tierras, en cuestiones laborales (sueldos no pagados, por ejemplo), en caso de violencias caracterizadas, los fallos solían tomar en cuenta tales abusos y los sancionaban, por lo menos en parte. Esas decisiones, aunque difíciles después de concretar, no dejaban de ser en el contexto colonial grandes victorias para los sectores dominados. Obligar a hacendados u obrajeros a defenderse ante los tribunales, a discutir con aquellos a que explotaban sin contemplación, a pagar multas o complementos de salarios, a rectificar linderos, a anular compras indebidas, hasta como hemos visto en el caso de Guaytacama, a vender en subasta sus pertenencias, no eran hechos insignificantes que los indígenas sabrían a la vez apreciar y celebrar.

8Explican que a pesar de lo difícil, limitado y muchas veces decepcionante, de los resultados de sus gestiones, los indígenas seguían demandando y no cejaban en sus empeños. Aun tomando en cuenta que la conservación de los documentos fue cada vez mejor pasando el tiempo, es significativo que, como observó Diana Bonett en el caso de Quito y nosotros también en el de Cajamarca, el número de casos patrocinados por los protectores de naturales aumentase de manera bastante notable a partir de mediados del siglo xviii. Fue precisamente la época en que las relaciones interétnicas se hicieron más tirantes en un contexto de reforzamiento de la explotación colonial mientras que, en gran parte por eso mismo, fue aumentando entre los dominados la conciencia cada día más neta de lo injusto y finalmente inaceptable de su suerte.

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EL CUESTIONAMIENTO DE LA LEGITIMIDAD CACICAL

9Ya desde sus primeras apariciones en la abundante documentación que suscitó, y en adelante de manera constante, uno de los puntos claves esgrimidos en contra de don Francisco de Zamora fue su falta de legitimidad como cacique y / o gobernador. De manera más o menos solapada, con rodeos o sin ellos, sus enemigos, tanto españoles como indígenas, casi siempre socavaban su representatividad y así la fuerza de sus exigencias. Insistían diciendo que se trataba tan sólo de « un indio común » – en el mejor de los casos – descendiente de un « indio principal » (esto es de aquellos que designaban los caciques para ayudarlos a cobrar el tributo) y, de todas formas, de un sencillo advenedizo en el grupo cacical.

10A lo largo de los diversos episodios que pudieron echar alguna luz al respecto, lo cierto es que siempre don Francisco llegó a desempeñar esas funciones de manera enrevesada, ambigua, discutible y discutida, con mañas y apoyos externos. Durante años se presentó como cacique de Sigchos y Toacazo, cuando era tan sólo el consorte de la esposa del anterior cacique, la cual ejercía el cacicazgo en nombre de sus hijas menores. Los gobernadores debían pertenecer a lo más granado del grupo cacical de la comarca, pero él lo fue gracias al apoyo del presidente de la Real Audiencia y al hecho de que, de facto, fungía de cacique de dichos pueblos.

11Ya mayores las hijas de doña Basilia, don Francisco se las arregló para que la heredera del cacicazgo escogiera un esposo al que pensaba manipular y que no le contradijera en nada. Cuando éste murió (no sin haber denunciado in articulo mortis las constantes presiones y triquiñuelas de su « suegro ») D. Francisco de Zamora se enzarzó en una dura pelea con otros contrincantes, para que el título recayera en un hijo de su entenada, pero un hijo mestizo que, en principio, no podía ser cacique. Al Final de su vida, el cacicazgo era desempeñado por otra de sus entenadas, pero lo ejercía en realidad el marido de ésta, un mestizo.

12En varias oportunidades, durante su larga vida D. F. de Zamora tuvo que acudir a los tribunales o responder ante ellos ya que tal o cual persona, pariente más o menos lejano del primer marido de su esposa, le quería « arrebatar » – y en algunos casos lo consiguió de manera temporal – sea el cacicazgo sea su título de gobernador.

13Por si fuera poco, cuando don Francisco fue nombrado cacique de San Felipe, heredó de un tío suyo un título controvertido, pues unos testigos del pueblo precisaron que sus antepasados « no eran de la desendencia de casicasgo », mientras que otros hicieron observar, sencillamente, que en los tiempos pasados el pueblo de San Felipe no había tenido caciques nunca. Hemos podido, en fin, constatar que un hermano de don Francisco – don Manuel – ocupó las funciones de alcalde ordinario de ese pueblo. Ahora bien, estaba terminantemente prohibido la interferencia de las funciones electivas de alcalde con las tradicionales de cacique. Una de dos, o la familia de don Francisco y don Manuel era de estirpe cacical, y don Manuel de tenía derecho a ser elegido alcalde, o eran ambos hermanos de estirpe « común », y don Francisco no podía ser cacique...

14Como hemos visto, D. Francisco de Zamora distó mucho de ser el único jefe étnico con problemas de sucesión. Al contrario, como prueba la documentación de la época – y no solamente la que procede de la Audiencia de Quito – tal situación era entonces muy corriente. La única peculiaridad de nuestro protagonista en esto, fue tal vez el hecho de que durante décadas particularmente llenas de pleitos, artimañas y peleas, encontramos reunidos a propósito de una sola persona casi todos los tipos de cuestionamientos que podían surgir alrededor de tales problemas.

15Más allá de su especie de « ejemplaridad » al respecto, ese recorrido vital plantea de manera más radical para muchos de esos caciques así controvertidos una pregunta de fondo ¿Qué legitimidad los indios del « común » les concederían a esos jefes étnicos a menudo sin antecedentes familiares conocidos y comprobables, que habían captado las funciones de sus esposas, o que a veces ni pertenecían étnicamente, sino de manera marginal, al grupo que querían representar?

16Esas incertidumbres y sospechas que los rodeaban, las fracturas que sus ambiciones y maquinaciones suscitaron entre sus vasallos, el hecho de que para asentar de manera definitiva su poder tenían a menudo que recurrir a la justicia española, lo cual los hacía aún más dependientes de ella, todo esto erosionaba y debilitaba de manera evidente su legitimidad. Los distanciaba de los « indios del común », opacaba su imagen, ponía en tela de juicio el respecto que se les debía manifestar, y globalmente contribuiría no poco al deterioro del sistema cacical.

17Sin embargo, de forma quizás paradójica, en el caso de don Francisco ¿quién sabe, si además de razones vinculadas con su personalidad, su hiperactivismo en la defensa de los indígenas no fuera una manera de compensar ante los sencillos tributarios su falta de legitimidad, de adquirir así una respectabilidad que no le daban sus orígenes, demostrando que él no vacilaba en salir en defensa de los indígenas más humildes, a diferencia de los caciques de rancio abolengo que – como escribió en un memorial – se contentaban con quedarse en casa, con « sus buenas chichas » y la compañía de « las indias servicias »?

18La propia administración colonial tenía alguna responsabilidad en ese proceso de detorioro, unas veces respaldando y oficializando ambiciones sospechosas, otras veces otorgando – en número cada vez mayor por esos años – títulos de caciques interinos.

19No obstante, el debilitamiento del aura y de la representatividad cacicales a lo largo de la época aquí estudiada no se debe tan sólo a las tensiones y a los problemas internos del grupo de los señores étnicos. Entre los mismos indios « del común » es muy probable que el vínculo con sus caciques ya no les pareciera tan esencial como antes. La creciente movilidad geográfica de los individuos y de las familias, las numerosas e insidiosas facetas del mestizaje, la presencia en todos los pueblos de una fuerte proporción de « forasteros » cuyas diferencias de estatus con los « originarios » eran cada día más borrosas y tenues, todo convergía internamente para reorganizar y renovar, sin duda de manera notable, los elementos de cohesión e identidad de las comunidades nativas. Por eso mismo y en igual proporción, se aflojaba también todo lo que unía con los caciques.

20Las nuevas disposiciones de las reformas carolinas aceleraron en proporciones importantes el proceso, en particular cuando se cambió el modo de cobranza del tributo. Se sustituyó una recaudación fundamentalmente étnica, basada en la colaboración esencial de los caciques y de los gobernadores que estaban encargados de vigilar el pago de todos sus vasallos dondequiera que estuviesen radicados, por un sistema totalmente en manos de los funcionarios. Estos ya se basaban sobre criterios sólo geográficos, pues hacían pagar a todos los indígenas residentes en una misma circunscripción, cualquier que fuese su procedencia y origen. Así, se privó de hecho a los caciques del último y decisivo vínculo que les quedaba con sus vasallos alejados, y hemos visto qué proporción importante constituían entre la población. De hecho, al mismo tiempo, se restringió el número real de vasallos, y en la geografía se redujo de manera drástica el espacio sobre el cual solían intervenir caciques y gobernadores, pues sólo les quedó ya el pueblo o la comarca de donde procedía su título. Recordemos que a comienzos de los años de 1770, más de la mitad de los vasallos de don Francisco vivían fuera del corregimiento de Latacunga, y aquellos que residían dentro de él, de manera muy mayoritaria no estaban radicados en Sigchos o Toacazo de donde, en principio, provenían.

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ENTRE SOLIDARIDAD ÉTNICA Y COLABORACIÓN COLONIAL

21Para los sencillos tributarios, la imagen de los caciques dependería también en última instancia de otras facetas de la actuación de éstos.

22Por una parte, había su celo más o menos evidente en cumplir con su papel de intermediarios obligados del poder colonial, en momentos particularmente sensibles y esenciales como eran la cobranza del tributo, la designación de los mitayos para las empresas españolas o las obras públicas, la supervisión de la asistencia a las sesiones de « doctrina ». Tales aspectos, sobre todo los dos primeros, tenían incidencias relevantes en la vida diaria de los tributarios, cuanto más si los caciques se aprovechaban de su autoridad para manipular de forma interesada los padrones y favorecer a sus amigos, obligar a los tributarios a agasajos y regalos tan costosos como indebidos, cobrando, de paso, con fines personales bastante más de lo previsto.

23Por otra parte, es evidente también que el hecho de que no pocos caciques estuvieran involucrados en actividades agropecuarias y mercantiles los llevaba a portarse como los demás terratenientes y comerciantes españoles, sus competidores. Pensemos en el chorrillo que la familia Zaragozí poseía dentro de la misma Latacunga en la parroquia de San Sebastián, en la larga lista de tierras y rebaños de un Juan Sancho Pullupagsi en varios pueblos del corregimiento, en lo que pagaban por concepto de tributo de sus trabajadores las diferentes familias de caciques de la comarca.

24El propio don Francisco de Zamora no se quedaba atrás. Hemos visto cómo, a mediados de siglo, figuraba entre los jefes étnicos que, en el corregimiento, contribuían con las cantidades más elevadas en cuanto a tributo de sus trabajadores indígenas. A la administración fiscal le pareció entonces algo si no extraño por lo menos de notar, que ocupase casi exclusivamente a tributarios que, normalmente, eran sus vasallos en el pueblo de Sigchos. Son de recordar también las repetidas, y al parecer fundadas, insinuaciones, tanto de parte de otros caciques como de « indios del común », sobre la opacidad – por lo menos – de su manejo de los censos de comunidad. Más tarde, se le acusó de aprovechar gratuitamente la mano de obra de sus vasallos en la estancia que había comprado en Aloasí su segunda esposa, gracias a la que también disponía de tierras bien situadas a la salida de Quito. En fin, en su testamento el viejo cacique de San Felipe aludía a una tienda situada en su casa de Toacazo.

25Cuando, a propósito de otros problemas, constatamos la insistencia y el rigor de don Francisco en velar por sus intereses materiales, podemos imaginar que lo haría con igual tenacidad con sus clientes o sus empleados cuando actuaba en calidad de amo, estanciero o comerciante.

26Las largas, enrevesadas y continuas peleas que enfrentaban a los diversos linajes cacicales a propósito de sucesiones también parecen haber ocupado buena parte del tiempo y de los señores étnicos. En ellas, los « indios comunes » y su suerte no contaban, por lo visto, para gran cosa. Sin embargo, al fin y al cabo, los sencillos tributarios constituían el nudo de problema, por los aportes materiales y el prestigio social que podían significar para los caciques oficialmente reconocidos por el orden colonial que, a cambio de esto, esperaba de ellos una colaboración sin falla.

27Sería exagerado, y por lo tanto equivocado, seguir sin matices a don F. de Zamora cuando afirmaba que los demás caciques del corregimiento estaban muy satisfechos de que él solo se hiciese cargo de tantos trámites, enfrentase a tantos personajes encumbrados y bien vinculados, en una palabra corriese tantos riesgos, mientras él actuaba en nombre de todos. La documentación de la época muestra a las claras que no pocos jefes étnicos cumplían con su cometido, y no esperaban una acción colectiva para acudir a la justicia de los españoles. Lo hacían, en general, sin la intensidad y obstinación que ponía en ello don Francisco, sin las segundas intenciones que, a menudo, lo animaban y, de todos modos, con más prudencia.

28Esta última parece haber sido la norma rectora de la actuación de los caciques de la región de Latacunga, a la vez deseosos de defender sus posiciones y privilegios en el contexto colonial (cuanto más en unas décadas cada vez más tensas y problemáticas) de protegerse contra los posibles cuestionamientos fundamentales y ya violentos del sistema. En fin de cuentas, a pesar de sus muchos combates, tal fue también la linea que siguió don Francisco, siempre situado en una perspectiva legalista, sobre todo cuando los disturbios empezaron a zarandear su región en la segunda mitad del siglo. Las graves y precisas acusaciones que se le hicieron al respecto no prosperaron nunca. Es la señal inequívoca de que, a pesar de su largo y bien nutrido historial, don Francisco no era catalogado por las autoridades quiteñas como un sujeto potencialmente peligroso.

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LA PLASTICIDAD DE LAS LUCHAS POR PARCELAS DE PODER

29A lo largo de las seis décadas de vida activa del gobernador de Toacazo, lo hemos visto involucrado en situaciones muy diversas.

30Sobre todo en los primeros años, aparece siempre en luchas que podríamos llamar clásicas en el contexto colonial. Por una parte, enfrentamientos con varios doctrineros, seculares (el cura López de Echevarría), o regulares (los franciscanos), en torno a la utilización de la mano de obra indígena, a apropiaciones de tierras comunales, a gastos excesivos con motivos de las fiestas patronales o a abusos relacionados con las sesiones de doctrina. Por otra parte, denuncias de los funcionarios locales, en primer lugar los corregidores (Valentín de Cáceres, Joseph de Cifuentes) acusados de manejos fraudulentos de los tributos, de incumplimiento interesado de las reglas más elementales de justicia, de favoritismo y complicidades con los españoles, etc. En fin, problemas con hacendados de la comarca (los dueños del obraje hacienda de Guaytacama o Dionisio A. Mogrovejo, por ejemplo).

31Sin embargo, pasando el tiempo, las relaciones de fuerzas habían de evolucionar de manera muy notable y, a veces, de forma totalmente inesperada. Prueba de ello, los cambios repentinos y radicales ocurridos a raíz de la sustitución en las funciones de protector general de los naturales de don Juan de Luján y Vedia por D. Jerónimo Carrión y Merodio, tan identificado con los intereses de la élite blanca de Latacunga. También se podría citar, más tarde, la alianza de hecho, aunque no desprovista de altibajos, de don Francisco de Zamora con el corregidor D. Simón Fuentes y Vivero, cuando por motivos muy diferentes, las aspiraciones y ambiciones de los dos llegaron a coincidir sobre ciertos puntos, o cuando estuvieron enfrentados, aunque no de forma totalmente solidaria, con los mismos adversarios.

32Tales cambios radicales distaron mucho de concernir al solo don Francisco. Recordemos, por ejemplo, las sinuosidades de la actitud que tuvieron para con él, en función de las circunstancias, esto es de sus intereses, los demás caciques de la región o, más inesperado aún, el desenlace sorpresivo de su larga colaboración con don Francisco Hati Cañar, esposo de su entenada que heredó el cacicazgo de Hatún Sigchos y Toacazo. Ese indefectible compañero de lucha a lo largo de tantos años, a la hora de morir, dejó por albacea al doctrinero don Mariano Enríquez de Guzmán (que lo había mandado raptar en las calles de Quito alguños años atrás) y denunció sin rodeos ciertas triquiñuelas de don Francisco, en particular las que se referían a la legitimidad de sus acciones judiciales relativas a su defensa del cacicazgo de que gozaba su familia política y que, desde muchos puntos de vista, consideraba como suyo.

33Por supuesto, esos cambios repentinos o esas evoluciones paulatinas, tienen que ver con los avatares de las existencias individuales de los caciques, y / o con las modificaciones internas de las relaciones de fuerzas dentro del propio grupo cacical. Sin embargo, a menudo, los vínculos que éste mantenían con tales o cuales representantes de la élite local española parecen haber desempeñado un papel decisivo. En la confluencia de egoísmos personales y de solidaridades selectivas, revelan bien la íntima compenetración de los intereses de la esfera de los señores étnicos indígenas con los de las élites blancas, y acentúan más aún esa impresión de ambigüedad que se desprende del comportamiento de aquélla, a veces, a pesar de las apariencias.