1 La actividad de campo para el soporte de la información se desarrolló desde febrero de 2001, febrero, julio y agosto de 2002.
2 Sobre el tema, Zárate. Carlos (2002).
3 Municipio de Puerto Asís. Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico General. Puerto Asís, 2001.
4 Ibidem.
5 Así por ejemplo, el 64.5% de los negocios inscritos en la Cámara de Comercio de Puerto Asís corresponden a “ventas al detal”.
6 Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos “Situación del Narcotráfico en Colombia”, marzo de 2000, Bogotá (mimeo).
7 Este total fue ajustado en términos globales para el departamento, es decir, sin discriminar por municipios arrojando un consolidado de 47.120 has.
8 igac Diccionario Geográfico de Colombia (1998), Bogotá y Plan de Desarrollo De partamental del Putumayo 1998-2.000, Mocoa.
9 La metodología que se siguió para establecer las necesidades de atención se encuentran en el anexo del documento ideam, “Elementos para el ordenamiento ambiental del territorio”. 1999. Bogotá.
10 Véase Vargas. Ricardo (1999).
11 A pesar de que la Iglesia católica ha jugado un papel de liderazgo muy temprano en la colonización del Putumayo, no pudo consolidar una influencia socialmente significativa y por el contrario ha sido aislada y duramente golpeada por la dinámica de vio lencia que se impuso en la región. Esto junto con la ausencia de una institucionalidad constructora de legitimidad y la baja cobertura de la legalidad estatal, condujo a crear condiciones de hegemonía de los poderes privados como el narcotráfico o los grupos insurgentes presentes en la región.
12 Véase Consejo Municipal de Desarrollo Rural (cmdr). Municipio de Puerto Asís, “Documento del cmdr”.
13 cmdr. Ibidem
14 Sin embargo hacia el 2002 existían síntomas de un nuevo e incipiente proceso de organización estimulados por anuc-Putumayo por un lado y por otro, muy pausadamente, la Pastoral Social.
15 Contraloría General de la República, Plan Colombia, Tercer Informe de Evaluación, julio de 2002, Bogotá.
16 La dosis de 8 litros por hectárea fue consignada en la Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001. La nueva dosis se decidió a comienzos del 2003. No se conocen estudios que sustenten los eventuales impactos ambientales y de salud en relación con este cambio.
17 Hemos reseñado dos de los cuatro: negociación con los grupos alzados en armas y lucha contra el narcotráfico.
18 El fip se creó como una cuenta especial del Departamento Administrativo de Presidencia, sin personería jurídica y se administra como un sistema separado. Véase, Contraloría General de la República, Plan Colombia, Tercer Informe de Evaluación, julio de 2002, Bogotá.
19 Este Fondo se creó mediante la Ley 368 de 1997 como una cuenta especial del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (dapre), “cuyo objeto es la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas”. Véase Contraloría General de la República (cgr) ibidem p. 9.
20 El plante es otra entidad dependiente del dapre fue creado bajo la administración Samper mediante el Decreto 472 de 1996 y fue hasta mediados de 2002 la primera autoridad en materia de políticas de desarrollo alternativo para los cultivos ilícitos.
21 Entre las características que debían reunir los proyectos se señaló: “Que sean de naturaleza comunitaria y hayan sido formulados mediante procesos de participación y concertación con la comunidad, la cual debe asumir un papel activo en todo el ciclo del proyecto; incorporen las acciones de fortalecimiento institucional regional y desarrollo organizativo, necesarias para garantizar un adecuado soporte a la operación del proyecto y a la dinamización de procesos de construcción social; prevean acciones e inversiones en infraestructura física y social necesarias para contar con un entorno que contribuya a los propósitos del proyecto”. Así mismo: “que se dirijan a beneficiar en forma directa a pequeños y medianos productores, población indígena, campesinos sin tierra y en general, a los grupos más vulnerables de la población rural; demuestren su viabilidad y sostenibilidad económica, técnica, financiera, ambiental y organizativa; sean coherentes con los planes de ordenamiento territorial y con los planes de desarrollo de las unidades territoriales en las cuales se proyecta su ejecución; su localización corresponda a las áreas geográficas y a grupos poblacionales priorizados por el Consejo Directivo del fip”. Véase República de Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo de Inversión para la Paz, (dapr-fip), Consejo Directivo, Acuerdo No. 03 de 2000, Bogotá.
22 Los documentos estuvieron bajo la coordinación del sociólogo Rubén Darío Pinzón, a la sazón director de la umata.
23 Para la versión inicial del Plan Colombia véase Presidencia de la República. Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Departamento Nacional de Planeación, Plan Colombia, diciembre de 1998, Puerto Wilches.
24 Véase los documentos Alcaldía de Puerto Asís, umata “Reconversión de la economía de Puerto Asís - Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Santana, Putumayo. Colombia”; “Seguridad Nutricional para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos” y “Creación de una comercializadora de doble vía”, agosto de 2000. Puerto Asís.
25 Municipio de Puerto Asís-umata “Reconversión de la Economía de Puerto Asís”, junio de 2000, Puerto Asís.
26 Lo anterior sin referir los problemas administrativos que de suyo plantea el modelo del fip puestos de presente en el informe de la Contraloría sobre Plan Colombia. El fip “tiene una planta de 17 profesionales del dapre adscritos a este Fondo y una nómina de 592 consultores de todo orden, con un costo que supera los $9.000 millones al año”. El fip “se ha convertido en una organización altamente compleja, que de alguna manera, establece un paralelismo con las funciones propias del dapre. especialmente en materia de revisión jurídica, evaluación y control”. Contraloría General de la República. Ibidem p.10.
27 Contraloría General de la República, Plan Colombia, Primer Informe de Evaluación, agosto de 2001
28 Contraloría General de la República, ibidem.
29 Contraloría General de la República, Ibidem.
30 En diferentes oportunidades la embajadora de eeuu en Colombia Anne Patterson ha señalado que “la punta de lanza del Plan Colombia son las fumigaciones de cultivos ilícitos”. Véase por ejemplo, “Las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Colombia” en La Revista. El Espectador, noviembre 4 de 2001, Bogotá.
31 Esta situación contrasta fuertemente con lo consignado por el fip para atender los proyectos de comercialización. “Proyectos para viabilizar Alternativas Productivas, de Comercialización y/o Tecnológicas, básicamente son proyectos de investigación aplicada, de corto plazo y bajo costo, orientados a remover obstáculos para hacer viables proyectos promisorios en la generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria. Al interior de este tipo pueden distinguirse proyectos que definan qué producir, proyectos que definan ajustes y mejoras de los sistemas de comercialización, proyectos que definan cómo producir”. Véase República de Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo de Inversión para la Paz, dapr-fip, Consejo Directivo, Acuerdo No. 01 de 2000, Bogotá.
32 Término acuñado por los asistentes a un taller de evaluación de los pactos adelantado en Puerto Asís durante los días 8 y 9 de febrero de 2002 con presencia de las autoridades locales y representantes de las comunidades. La responsabilidad de la política recae en primer lugar sobre el programa plante y en segundo lugar sobre los Ministerios de Agricultura y Ambiente.
33 Las ong contratadas por el Estado colombiano recibieron $130.000 pesos (U.S. 60 aproximadamente) por cada entrega a la familia beneficiaria. Sin entrar a problema-tizar lo que ambientalmente representa la ampliación del hato ganadero del Putumayo, en la práctica lo que hay es la entrega de vacas y no proyectos ganaderos.
34 El cambio de los bienes de la autosuficencia alimentaria por bebidas alcohólicas o su venta a mitad de precio o la simple desaparición de los mismos como las gallinas, dan cuenta de la improvisión con que asumió este tipo de acciones.
35 Con las generalizadas fumigaciones de los pastos, los dueños de las reses se ven forzados a sacarlas hacia otros sitios incrementando así el desorden económico y la in-certidumbre social con lo cual se pierde lo que el Estado busca supuestamente construir, esto es, una economía legal alternativa.
36 Este fue un proyecto inconcluso de la administración Samper que generó grandes sobrecostos para ser terminada.
37 La baja producción de hoy se explica por la serie de errores cometidos por el Estado al convocar a la siembra sin haber asegurado el funcionamiento de la planta. Muchos cultivadores se quedaron con la producción y sin su compra.
38 Véase Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial Nacional No. 026 “Dere chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de los cultivos de coca en el departamento del Putumayo”, octubre 9 de 2002, Bogotá.
39 El recuento del trámite se hace con base en usaid, Testimonio de Adolfo Franco. Sub-Administrador para América Latina y el Caribe (www.usaid.gov).
40 Seguramente Plante.
41 usaid, Asistencia de los Estados Unidos a Colombia y a la Región Andina, Testimonio de Adolfo Franco, Sub Administrador para América Latina y el Caribe, (s.f.)
42 usaid Asistencia de los Estados Unidos a Colombia y a la Región Andina, Ibidem.
43 Estas entidades fueron calificadas como “operadoras” y su reconocimiento está contemplado en el Acuerdo No. 01 de 2000 del dapr-fip así: “Los proyectos pueden tener origen en organizaciones comunitarias, entes territoriales, entidades públicas u Organizaciones no Gubernamentales, las cuales deben formular los proyectos con el apoyo de “Entidades Operadoras de proyectos” reconocidas por el Fondo de Inversiones para la Paz, a través de las cuales se presentarán los proyectos”.
44 Como bien lo señala la Contraloría, la mayor parte de estas entidades (ong) venían de la experiencia del Forec (Fondo de Reconstrucción del eje Cafetero). El órgano de control constató que “aparte de algunos problemas en la selección de las ong, que se están verificando por la cgr, el trasplante mecánico de esta fórmula operativa a las zonas de mayor conflicto como el Magdalena Medio, Putumayo y Caquetá, no fue la más aconsejable, porque las condiciones sociales, políticas y económicas no eran similares a las del eje cafetero”, cgr, Ibidem p.10.
45 Esta es una de las consecuencias de la máxima que se ha venido consolidando en estos niveles: “Quien pone la plata, pone las condiciones”.
46 usaid, Ibidem.
47 usaid, Ibidem (s.p.)
48 Concejo Municipal Municipio de San Miguel - Putumayo Carta a Gonzalo de Francisco, enero 12 del 2.001, csm-013.
49 El bosque protector del río Guamuez fue afectado. El hecho constituyó una violación flagrante de la resolución 005 de agosto del 2000 que determinó respetar una dis tancia de 100 metros frente a los cuerpos de agua.
50 Véase Defensoría del Pueblo-Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente “Informe Defensorial No. 1 Fumigaciones y Proyectos de Desarrollo Alternativo en el Putumayo” febrero 9 del 2001
51 Véase Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria con las comunidades Kofan, Awa, Embera, Paez, Quechua y Pastos, que forman parte del Plan de Vida del Pueblo Kofán y Cabildos indígenas del Valle del Guamuez, San Miguel, departamento del Putumayo, 12 de enero del 2001.
52 En este punto surge una pregunta: ¿Entonces a qué se reduce la presencia de las autoridades de Salud. Ambiente e ica? Si antinarcóticos tiene esa discreción pueden decir que la fumigación se tuvo que hacer a 30 metros de altura: por razones de seguridad!
53 Defensoría del Pueblo Resolución Defensorial Nacional 026, Derechos Humanos y dih en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de los cultivos de coca en el Departamento del Putumayo, oct.9 de 2002, Bogotá.
54 Municipio de Puerto Asís, umata, Ibidem, p. 9.
55 Municipio de Puerto Asís. Plan de Ordenamiento Territorial, Puerto Asís, 2000.
56 Pasta Básica de Cocaína.
57 En la región se conocen como chichipatos. Los cuales se sitúan entre el productor y el capital comprador de pbc.
58 Véase “la conversación” con Jorge Visbal en La Revista, El Espectador febrero 25 del 2001.
59 En sólo Puerto Asís, se calcula que pueden existir más de mil pequeños y medianos comisionistas. Esto da una buena idea del tamaño de las confrontaciones que pueden suscitarse frente a esta masa de intermediarios.
60 En abril del 2001, la guerrilla pagaba al productor 2 millones de pesos mientras ella vendía ese mismo kilo por 2 millones quinientos mil pesos, precio real del mercado.
61 El paro armado de las Farc se produce en el departamento del Putumayo desde finales de 25 septiembre hasta el 28 de noviembre de 2000.
62 A partir de ese tipo de medidas como el de bloqueo de alimentos, la guerrilla su fre un desgaste en donde las fuerzas armadas se limitan a dejar que el paro avance en el tiempo y efectivamente cuando el paro se hace insostenible por su deslegitimación, al final el ingreso de las ffaa a puntos como Puerto Asís con cargamentos de alimentos, se vive una euforia colectiva que es capitalizada por las ffaa.
63 Véase Departamento Administrativo de Salud del Putumayo dasalud, enero de 2003 y Defensoría del Pueblo “Informe Defensorial Putumayo”, octubre de 2002.
64 Defensoría del Pueblo, Ibidem, p. 10.
65 Sobre este eje se adelanta una ofensiva militar a lo largo del 2002.
66 Véase Departamento del Putumayo, Alcaldía de Puerto Asís Plan de Contingencia para la Prevención y Atención Integral del Desplazamiento Forzoso en el Municipio de Puerto Asís (s.f.).
67 Un funcionario judicial cuyo nombre se reservó, señaló como ejemplo la ocurrencia de un homicidio a pocos metros del batallón militar a las 5 de la tarde. El homicida se desplazó delante de varios testigos. Cuando las autoridades se acercaron a los pocos minutos de haber ocurrido el hecho, nadie ofreció información, ni siquiera para describir las características externas del sujeto. Primó el silencio, una práctica consolidada en la zona.
68 En efecto, en zonas como Puerto Limón en Putumayo y en otros sitios de ese departamento, ya se empiezan a presentar problemas hacia finales de 2002 por la apropiación ilegal al parecer por parte de la guerrilla de una parte del ganado entregado como ayuda alimentaria.
69 En general la orden perentoria que se imparte es: “Quien tenga familiares en los paras debe irse”. Este tipo de hechos se retroalimenta de situaciones parecidas usadas por los grupos paramilitares e incluso por parte de las ffaa y el mismo Estado: casos, entre muchos, como el asesinato sistemático los hermanos del comandante Gabino del eln en Santander, o de la familia de Pablo Catatumbo o recientemente el caso del hermano de Andrés París, miembro este del secretariado de las farc, detenido sin mayores pruebas de su supuesto compromiso con la insurgencia, hecho que fue rectificado con su liberación luego de varios meses de estar detenido.
70 Estas se hicieron a través de dos volantes. El Comunicado No. 1 de junio 6 de 2002 dice así:
“1. El Frente 48 comunica que Alvaro Uribe Vélez (auv) representa el paramilitarismo estatal. 2. Que la gran mayoría de funcionarios y entidades como Fundaempresa, plante y otros son los intermediarios para imponer la política paramilitar en las regiones de Colombia 3. Tanto auv como la mayoría de los alcaldes, Concejos Municipales, Inspectores, corregidores, jueces y fiscales orquestan la guerra criminal contra el pueblo, desviando los recursos de la inversión social para alimentar la represión, la guerra sucia y la violencia oficial. 4. Convoca a crear un bloque de resistencia para enfrentar la guerra civil”. Al día siguiente, se emite un segundo comunicado en los mismos términos, pero amenazando perentoriamente a los alcaldes: “5.... En vista de lo anterior el Frente 48 no permitirá el funcionamiento de alcaldes. Concejos Municipales, Inspectores, Corregidores, Jueces y Fiscales a partir de la fecha. 6…. el Frente 48 Pedro Martínez exige a todos los funcionarios públicos ya mencionados renunciar inmediatamente a sus cargos”.
71 En Puerto Asís han abierto sede las siguientes entidades, acnur, oim. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional.
72 Entrevista a un ingeniero agrícola cuyo nombre se reservó, y que adelantó una labor de auscultación sobre la presencia de agroquímicos altamente tóxicos prohibidos en los países del norte pero que siguen circulando en sitios como Putumayo.
73 La trayectoria se refiere a tres momentos en la historia del narcotráfico en la región relacionados con la acción u omisión de los organismos de seguridad estatal en Putumayo: 1. A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, denuncias graves alrededor de la Policía Antinarcóticos y hechos de violencia. Véase Comisión Andina de Juristas seccional Colombia “Putumayo: serie informes regionales de Derechos Humanos”, 1994, Bogotá. 2. Las graves y reiteradas denuncias hechas por el Personero de Puerto Asís Germán Martínez sobre las relaciones entre paramilitarismo y organismos de seguridad hacia finales de los noventa y comienzos del nuevo milenio y que no llegaron a un esclarecimiento por parte de la justicia colombiana. El personero está hoy asilado en Canadá. 3. Las denuncias de Human Rigths Watch sobre financiación de agentes de seguridad estatal por parte del paramilitarismo en el 2002.
74 Esta grave situación de impunidad contrasta con indicadores de la cooperación internacional en cuanto a la construcción de “casas de justicia” que si bien representa una mejora de instalaciones locativas, no significan nada en el mejoramiento en el cum plimiento de la ley.
75 Como se señaló, también esta situación fue reiteradamente denunciada hacia finales de los 90 por el Personero Municipal Germán Martínez quien se movilizaba fuertemente escoltado para ejercer sus funciones. Su asilo en Canadá obedeció a graves amenazas contra su vida.
76 Véase Human Rights Watch Informe 2001 “La Sexta División”, capítulo La Brigada xxiv. Así mismo el informe periodístico “Piden revisar visas de militares”, en El Tiempo octubre 5 de 2001, Bogotá. En este informe se detalla el nivel de relación de las fuerzas armadas y de Policía con los grupos paramilitares:
“Pilar”, una contadora que trabajó con las autodefensas, cuenta que Darío (jefe de finanzas de las auc en el Putumayo) a través de contactos por radio y celular con agentes de la policía y militares, siempre sabía de antemano lo que iba a hacer el ejército. Según su relato, el 15 de diciembre de 2000 un grupo de fiscales enviados para capturar a los paramilitares en Puerto Asís sólo dieron con alias “El Ruso” porque no entendió las señales de un policía en el aeropuerto. Ella dice que los paras le pagan mensualmente a policías y militares. “Si era capitán recibía entre 2000 y 3000 dólares; mayor 2500; y los soldados, 1500. A los coroneles les pagaban pero no directamente”. Según “Pilar”, los paras manejan en la región us 650.000 dólares por mes de impuestos de la coca.” Así mismo “paras y militares habrían coordinado el ataque de julio del 2000 a Puerto Vega e incluso que autodefensas habrían viajado en helicóptero oficial”.
77 Este punto 12 es el resultado de una reflexión colectiva junto con Rodrigo Velaidez y Carolina Cortés.
1 Sociólogo. Investigador asociado del Transnational Institute (tni) de Amsterdam. Representa a la plataforma Acción Andina en Colombia. Hace parte del proyecto Drogas y Democracias desarrollado con el apoyo del tni y Acción Andina. Autor entre otros de Drogas. máscaras y juegos. Tercer Mundo, tni, Acción Andina, mayo 1909 y Fumigación y conflicto, Tercer Mundo, tni y Acción Andina, noviembre de 1999. E.Mail:rivarme@colomsat.net.co