1 Sobre este tema son muy sugestivos los ensayos de María Teresa Uribe. Especialmente Uribe, María Teresa (1997), pp. 126-37.
2 Krauthausen, Ciro (1998).
3 Uribe, María Teresa (1993). pp. 29-37.
4 Veáse entre otros Ramírez Tobón, William (1997).
5 Uribe, María Victoria (1992).
6 Richani, Nazih (1997), pp. 37-81.
7 Estas relaciones son cuestionadas o reciben diferente presentación en el ensayo de Fernando Gaitán Daza en Deas. Malcolm y Gaitán. Fernando (1995).
8 Echandía. Camilo (1999), pp. 101 y ss. Véase también Bejarano, Jesús Antonio; Echandía, Camilo: Escobedo. Rodolfo; León Queruz, Enrique (1997), pp. 135-136.
9 Uprimny, Rodrigo. Texto inédito.
10 Lebot, Ivon (1995) y Degregori, Carlos Iván (1996).
11 Una guerrilla con visión de futuro debería estar planteándose desde ya los problemas de la reconstrucción, los problemas de la violencia después de la violencia, y para ello asimilar las lecciones de El Salvador y Guatemala en donde uno de los rasgos más característicos y preocupantes de la situación posbélica es el crecimiento alarmante de la criminalidad común, que ha obstaculizado notablemente el cumplimiento de los acuerdos y puede incluso desestabilizar el proceso de paz. En un coloquio realizado los días 6 y 7 de noviembre de 1997 en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres (“Guatemala after the Peace Accords”) al cual tuve la oportunidad de asistir, se señalaba cómo no obstante la reducción casi a cero de los hechos de violencia política en el primer año de vigencia de los acuerdos, había una escalada de la criminalidad común que los analistas guatemaltecos calificaban de “colombianización” y que estaba obligando a una creciente remilitarización del orden público, en contravía de expresas cláusulas de los pactos de paz. ¿Cómo reconstruir un país, aquí y allá, en medio de una desbordada ola de criminalidad?
12 Salazar, Alonso (1990); Ortiz Sarmiento. Carlos Miguel (1991). pp. 60-73; Alape, Arturo (1995).
13 Stannow, Lovisa (1996). Limpieza del cuerpo; limpieza de la ciudad (“Bogotá Limpia”, “Amor por Medellín”); limpieza de la sociedad y deshumanización del conflicto (cosificación de los excluidos, los “desechables”, los “parches” de la ciudad): tres momentos de esta nueva estética social. Sólo a mediados de los noventa se inició una depuración sistemática de los organismos policiales, como lo muestran estas cifras: entre 1995 y 1997 habían sido desvinculados de la institución por diversos motivos 5.044 policías de todos los rangos, 353 oficiales. 517 suboficiales. 647 de otros niveles no especificados, y 3.527 agentes. Esto se tradujo en un cambio notorio de la percepción pública sobre la institución. Véase Llorente, María Victoria (1999), p. 393. Este mismo estudio observa que en la última década ha muerto un promedio de 329 policías por año en actos del servicio, lo que los coloca entre las principales víctimas de la violencia
14 Estoy extrapolando aquí el sentido del título del libro, por demás interesante, sobre las formas de producción cultural del miedo. Niño Murcia, Soledad: Lugo Torres, Nelson; Rozo Montejo, César; Vega U, Leonardo A. (1998).
15 Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María (1992). Véase también Jaramillo A., Ana María; Cevallos M., Ramiro y Villa M., María Inés (1998), p. 70.
16 16 Salazar. Alonso (1993).
17 Salazar, Alonso (1990), p. 200.
18 Taylor, Julie (1993), pp. 192-203.
19 Reina, Mauricio (1996), pp. 153-179 y Bejarano, Jesús A.; Echandía, Camilo; Escobedo, Rodolfo; León Queruz, Enrique (1997).
20 Comisión de estudios sobre la violencia (1987). El autor del presente ensayo fue el Coordinador de dicha comisión, integrada por nueve académicos y un General (r) del Ejército.
21 El trabajo más sofisticado en esta última perspectiva y un verdadero manifiesto contra la impunidad es Criminalidad e Impunidad. Precisiones sobre la Violencia de Mauricio Rubio (1999). Para una crítica severa de este ver Gutiérrez, Francisco (1999).
22 Para estas y otras cifras, veáse Franco, Saúl (1999). pp. 82 y ss. En ciertos momentos y regiones las cifras son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, según este mismo estudio, en Antioquia. en 1994. se registró un tasa de 1.044 homicidios por 100.000 habitantes en el grupo masculino de veinte/veinticuatro años, es decir, que en ese año uno de cada cien antioqueños de esa edad fue asesinado. Al comparar el total de defunciones en el país con el total de homicidios Franco concluye que “más de la mitad de los adolescentes hombres que murieron en 1094 en el país fueron víctimas de homicidios”, p. 93.
23 Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María (1992), p. 80.
24 Rubio, Mauricio (1999), p. 175.c
25 Franco, Saúl (1999). p. 11 y también Rubio, Mauricio (1999).
26 Veáse esta expresión en Pérez Guzmán, Diego y Mejía, Marco Raúl (1996), p. 171.
27 Salazar, Alonso (1990), p. 180.
28 Camacho Guizado, Álvaro y Guzmán Barney, Álvaro (1996), “La Violencia urbana en Colombia: Teorías, modalidades y perspectivas”. Ponencia presentada en el Seminario Violencia, terrorismo y secuestro. Programa La Casa, Universidad de los Andes, 20-21 de marzo, Bogotá.
29 Tuan, Yi-fu (1979).
30 Putman, Robert D. (1993).
31 Tomo prestada y pongo fuera de su contexto esta fórmula de Uribe, María Teresa (1977). p. 168.
32 Pécaut. Daniel (1997), p. 3.
33 Cifras elaboradas por Camilo Echandía y reproducidas en El Tiempo, 9 de julio de 1995, Bogotá.
34 Braun. Herbert (1994). p. 24.
35 Bejarano, Jesús Antonio y otros (1997), p. 35.
36 Vargas Meza. Ricardo (1999), p. 47.
37 Kissinger, Henry A. (1969), “The Vietnam Negotiations”, en Foreing Affairs, Vol. 47 № 2, enero, p 214. Citado en Zartman, William (1995), p. 9.
38 El Tiempo. 13 de septiembre de 1996, Bogotá.
39 El Tiempo. 14 de marzo de 1997. Bogotá. Según cifras suministradas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –codhes-y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –unicef–
40 El Tiempo. 27 de julio de 1997, Bogotá.
41 Policía Nacional, República de Colombia (1997). p. 55.
42 VV.AA (1994). p. 19. En este texto se afirma que cada cinco horas es secuestrada una persona.
43 Ver Turner, Mark (1998), pp. 145-160. La ley colombiana contempla tres modalidades de secuestro: político, extorsivo y terrorista.
44 García Márquez, Gabriel (1996).
45 Varios autores (1994), p. 98
46 Ibidem, p. 316. Relato de la sicóloga Cecilia Gerlein.
47 Meluk, Emilio (1998).
48 Salazar, Alonso (1990), p. 86-87.
49 Jaramillo, Ana María (1998), pp. 56-59.
50 El historiador Mario Aguilera adelanta una novedosa investigación sobre la “justicia insurgente”.
51 Esta es una de las tesis centrales de mi libro Guerra y política en la sociedad colombiana (1991). Es en parte también la trayectoria de los rebeldes filipinos, los Huks, que se enmontaron después de la Segunda Guerra Mundial y fueron confrontados por el gobierno con una mezcla de autoritarismo, primero, y de reforma agraria después, a fines de los cincuenta, antes de que entraran en un proceso de involución, que a mediados de los sesenta los puso definitivamente fuera del espectro político, relevados por la moderna guerrilla. Por cierto, el éxito parcial del gobierno filipino alcanzó a tener algún eco en Colombia en los llamados Planes de Rehabilitación de comienzos del Frente Nacional, el acuerdo bipartidista que puso término formal a la violencia.
52 Ramírez Tobón, William (1997). p. 139.
53 El Tiempo. 29 de marzo de 1997. Bogotá. Recordemos que bajo la dictadura argentina y la “guerra sucia” de 1976 a 1983, el secuestro -la desaparición- y la tortura (en su doble dimensión, como instrumento punitivo y como instrumento judicial-investigativo fueron los rasgos característicos de acción de organismos policiales de la triple A.
54 En octubre de 1997 y en vísperas de una decisión de la Corte Constitucional sobre su status jurídico, se estimaba en 414 el número de tales asociaciones con un número aproximado de 3.531 afiliados. ElTiempo. 29 de octubre de 1997, Bogotá. El periodista y politólogo Hernando Gómez Buendía ha definido con precisión los dilemas de estas asociaciones.
Las asociaciones de vigilancia rural son inútiles si respetan la Constitución, y si son útiles ¡a violan... Las Convivir existen sólo porque el Estado no es capaz de controlar ¡os grupos armados: pero su legalidad depende de que el Estado pueda controlarlas como grupo armado.
El Tiempo. 9 de septiembre de 1997, Bogotá. El fallo de la Corte Constitucional que respaldó su vigencia por la estrecha mayoría de cinco a cuatro refleja tanto las incertidumbres sobre su legalidad, como las ambivalentes o divididas actitudes de la sociedad colombiana en general sobre ellas. El Tiempo. 7 y 8 de noviembre de 1997, Bogotá.
55 El Tiempo. 28 de septiembre de 1997, Bogotá.
56 Vicepresidencia de la República de Colombia (1999), p. 6.
57 “Barbarie Nacional” en Semana. 1-8 de mayo de 2000.
58 “iii Cumbre Nacional. Movimiento Autodefensas Unidas de Colombia”. (Panfleto mimeografiado. Sin fecha y sin lugar).
59 Colombia Libre (1997) (Órgano de divulgación de las Autodefensas Unidas de Colombia -auc-). No. 1, julio, pp. 12-14. En claro contrapunteo con las más chocantes prácticas guerrilleras los otros temas de mayor prominencia en este ejemplar de las Autodefensas son: “ El crimen del secuestro” por la Comisión auc de Asuntos Políticos; “Denunciamos violación de Derechos Humanos” por la Comisión auc para los Derechos Humanos con instrucciones sobre tratamiento a la población civil y condena al uso inhumano de los niños en la guerra; y “Ecologicémonos. Preservación del Medio Ambiente”, por la Comisión auc de Asuntos Ecológicos, con un plan de contención de los atentados dinamiteros contra oleoductos y refinerías, y la tala de bosques en parques naturales.
60 Richani, Nazih (1997). p. 46.
61 Ver una útil presentación del caso colombiano dentro del marco de las teorías de resolución de conflictos en Hartlyn, Jonathan (1993). pp. 37-61.
62 Comisión de superación de la violencia (1991). Esta comisión fue coordinada por Alejandro Reyes Posada.
63 Jaramillo Giraldo, Javier (1997), “Prólogo”, p. iii.
64 Henao, Idelfonso (1997), p. 110.
65 En una edición reciente de la revista Alternativa se lee lo siguiente: “La respuesta de los colombianos (a los acuerdos) ha sido contradictoria. A pesar de aplaudir ¡os procesos de paz. amplios sectores de la población critican al gobierno por considerar que millones de colombianos se encuentran en iguales o peores condiciones que los ex combatientes y. sin embargo, no reciben la más mínima ayuda o atención por parte del Es- tado”. De hecho, según Tomás Concha (el Coordinador General del Programa de Reinserción) “a uno le preguntan ¿cuántos años hay que ser guerrillero o qué hay que hacer para que tengamos acceso a lo que tienen ellos? ”
66 Deas, Malcolm y Gaitán Daza, Fernando (1995), pp. 73 y ss.
67 Ver Sánchez, Gonzalo (1995), “Prólogo”, El libro recoge precisamente las memorias de dos ex combatientes.
68 Wills, María Emma (1993).
69 Para una visión más amplia de este tema ver Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny (1997)
70 Las farc han venido recurriendo al terrorismo, especialmente en Urabá y Córdoba, zonas de las cuales los paramilitares las han venido expulsando sistemáticamente, y más recientemente lo han extendido a otras regiones del norte y sur del país. Analistas políticos, como Alfredo Rangel, han venido subrayando la tendencia de la guerrilla colombiana a utilizar los métodos típicos de la eta, y los de Pablo Escobar (la “escoba-rización”) en la época del narcoterrorismo. Ver, por ejemplo, El Tiempo. 2 y 23 de marzo de 1997, Bogotá.
71 Rangel Suárez, Alfredo (1999), p. 43.
72 El Espectador. Domingo 29 de octubre de 2000, Bogotá.
73 Naylor, R.T. (1999), “The Insurgent Economy: Black Market Operations Guerrilla Organizations”, citado en Rangel Suárez, Alfredo, op.cit. p. 44.
74 Varga Meza, Ricardo (1999). p. 49.
75 El Tiempo. 13 de septiembre de 1999. Bogotá.
76 Pécaut. Daniel (1999). p. 203.
77 Veáse una primera formulación en Comisión de estudios de la violencia (1995), y más recientemente Palacios, Marco (1999), pp. 50-107.
1 Profesor Titular, Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de Colombia.
E-mail: gonzalo@colnodo.apc.org
