6. Reflexiones finales

1El historiador hispanófilo y conservador José de la Riva-Agüero, delegado oficial peruano y de la Sociedad Geográfica de Lima ante el Congreso de Historia y Geografía celebrado en Barcelona a fines de 1929, con motivo de la Exposición Internacional que tuvo lugar en dicha ciudad, concluyó su conferencia, pronunciada en el Palacio de Misiones, elogiando la contribución del Colegio franciscano de Santa Rosa de Ocopa a la peruanidad en tanto «creador del sentimiento y ensanchador del suelo de la patria».1 Fue una ocasión excelente para rememorar, con marcado carácter apologético, la función desempeñada por los misioneros en la incorporación de los territorios y habitantes orientales al Perú colonial y republicano. Para entonces, era evidente que la «protección» brindada por los gobiernos peruanos a la actuación misionera había contribuido, primero, al avance de la frontera interna –especialmente en el centro y sur amazónico– con la exploración de amplias regiones, la apertura de numerosos caminos, la fundación de nuevas poblaciones, a lo largo del siglo xix por los franciscanos, posteriormente por los dominicos y agustinos; segundo, a la defensa de las fronteras externas, fundamentalmente en el sur amazónico donde la actuación de los dominicos en ese sentido fue constantemente elogiada por el poder político; tercero, a una progresiva aculturación de las poblaciones indígenas, cuestión esta que aquí sólo hemos visto en su vertiente socioeconómica como es la «domesticación» de la mano de obra selvícola y su incorporación a las empresas –haciendas agrícolas y empresas extractivas–de los llamados civilizados.

2Pero la historia republicana había puesto también en evidencia, en primer lugar, las ambigüedades de la política gubernamental frente a la presión de algunas élites políticas y económicas regionales que, interesadas primero en utilizar a los misioneros como punta de lanza en la penetración en los territorios amazónicos, pretendieron después su marginación del proceso en aras a conseguir un trato directo con los indígenas y/o su acceso a las tierras amazónicas. En segundo lugar, la solución «militar» utilizada por algunas de estas élites –con el apoyo de las autoridades departamentales e incluso del mismo gobierno central– para la reducción y/o represión de las poblaciones indígenas que hostilizaban el avance de los varios frentes económicos –agrícolas o extractivos– e impedían la conquista y ocupación de los territorios orientales, de ahí el desarrollo de las «correrías» –que permitieron captar mano de obra– y las expediciones armadas con fines punitivos que provocaron la muerte de gran cantidad de indígenas y la desaparición de numerosos grupos étnicos. En tercer lugar, la contradicción inherente al proyecto misionero del que, generalmente, fueron conscientes los mismos misioneros quienes debiendo conquistar, reducir, ¿civilizar? a los indígenas amazónicos en aras a los compromisos adquiridos por sus respectivas órdenes con el objetivo de obtener mayor predicamento e influencia en las esferas vaticanas, y reconquistar para la Iglesia espacios de poder e influencia social y política en el Perú republicano, constataron la dificultad cuando no la inviabilidad de un proyecto civilizatorio, aculturador y colonialista diríamos hoy, instrumento del poder político y de las élites republicanas para el desarrollo del estado liberal.

3La actividad de los misioneros en la Amazonia peruana se había visto acompañada, durante el Estado guanero y, fundamentalmente, a lo largo de la república aristocrática y el Oncenio, de una incesante actividad de los sectores propietarios fronterizos, primero en la selva central, más tarde en la selva norte y sur; grupos económicos que propiciaron la expansión de diversos frentes económicos, en la década de 1850 y 1860 de marcado carácter agrícola, a partir de entonces y con las explotaciones gomeras de significado carácter extractivo. Junto a estos dos agentes de penetración en la Amazonia peruana, y cambio fundamental respecto al pasado colonial, a lo largo del tiempo histórico analizado en este trabajo, constatamos el progresivo protagonismo del Estado en la construcción del espacio amazónico. De ello dan muestra la aprobación de una amplia normativa relativa al Oriente –indicador que, ciertamente, sólo nos permite confirmar la progresiva importancia de la región en el plano del discurso, aunque no de la praxis política– que se vio acompañada por una progresiva presencia estatal en la Amazonia de la que son indicadores las varias redemarcaciones político-administrativas aprobadas paralelamente a la expansión de la frontera interna, de la progresiva colonización de la región –especialmente en la Amazonia central– con la concesión y venta de terrenos y, aunque en menor medida que los indicadores anteriores, de una progresiva apertura y construcción de rutas de penetración y acceso a la Montaña desde las diversas cabeceras serranas hasta que, a fines del siglo xix se concluyó la comunicación Costa-Sierra-Selva por la vía central.

4Aunque los logros conseguidos quedaron lejos del sueño, primero ilustrado, más tarde liberal, que había hecho de la Amazonia un nuevo Eldorado, era evidente que en 1930, concluido el Oncenio, la región amazónica no sólo había dejado de ser una desconocida a los ojos de la sociedad republicana, si no que había pasado a formar parte de la geografía nacional y del imaginario nacionalista como la cesión de la región del Caquetá-Putumayo a Colombia y la cuestión de Leticia se encargaron de mostrar.2 Sin embargo, el boom cauchero había concluido, gran parte de los beneficios que el mismo había generado no se encontraban en la región, los capitales buscaban otros espacios y rubros económicos, y el Oriente parecía retroceder en el discurso y el imaginario peruano.

5Nada más lejos de la realidad pues cuando en la década de 1930 y primera mitad de los años ’40, los gobiernos de Oscar R. Benavides y Manuel Prado reformularon el proyecto oligárquico e impulsaron la modernización de la economía y sociedad peruanas, este alcanzó también a la región amazónica. La inacabada unificación del espacio nacional proyectada desde Castilla, e implementada parcialmente durante la república aristocrática, se vio relanzada bajo Benavides –que impulsó un vasto programa vial y colonizador, este último a través de la Dirección de Tierras de Montaña y de Colonización–,3 continuada y profundizada por Prado. Efectivamente, el descubrimiento de petróleo en la fronteriza región amazónica ecuatoriana, el nuevo interés de los Estados Unidos por el caucho amazónico tras la caída de la producción asiática en manos de Japón durante la segunda Gran Guerra, la idea del gobierno Prado de que el Estado debía hacerse presente en las regiones marginadas por la iniciativa privada o en los sectores económicos estratégicos –supuestos estos últimos que dieron origen a la creación de las Corporaciones de Desarrollo a partir de 1942– y, en fin, la nueva guerra fronteriza sostenida a mediados de 1941 en la que Perú se impuso a Ecuador,4 hizo de la Amazonia una región estratégica. Esto fue así no sólo como consecuencia del interés por mantener la integridad del territorio frente a los países limítrofes, sino también como resultado del potencial productivo de una región que, en una renovada actualización de Eldorado, se ofrecía como inmenso territorio «vacío» y rico en recursos naturales.5 En consecuencia, se desarrolló un vasto plan de construcción de carreteras –la vialidad fue, como señaló Benavides, instrumento para el desarrollo económico y para la construcción de la nacionalidad–,6 se reactivó la colonización, se crearon nuevas secciones ministeriales dedicadas específicamente al Oriente, se instituyeron Estaciones Agrícolas en Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas, se fundaron escuelas agrícolas, en suma, se produjo una creciente presencia estatal en el Oriente a través de instituciones en diversos ámbitos –económico, político, social, cultural– y, entre ellas, las misiones católicas.

6Efectivamente, los gobiernos Benavides y Prado continuaron confiando en los misioneros, la reducción y socialización «peruana» de las poblaciones indígenas selváticas y, cuestión no menos importante por entonces, la defensa de la soberanía en las zonas limítrofes y valgan dos ejemplos. El primero, planteado en el primer trimestre de 1934 tuvo como escenario los territorios nororientales, cuando el cónsul peruano en Manaos, en un informe al Ejecutivo Benavides, tras recordar la pérdida del territorio del Caquetá-Putumayo –que el representante peruano atribuyó, en buena medida, a los obstáculos puestos por la Casa Arana a la actividad de los agustinos de San León del Amazonas con la consiguiente imposibilidad de estos para conseguir la peruanización de la región– aconsejó otorgar todas las facilidades posibles a las misiones en la margen izquierda del Marañón y de los ríos Napo y Putumayo en vistas a la reducción de núcleos de población «aborigen» junto a las guarniciones militares; la razón fundamental aducida fue que los religiosos «son en esas apartadas regiones los más intransigentes defensores de la integridad territorial, y de sus riquezas visibles; imponiendo la religión imponen también con el concepto de la Patria, el idioma...».7 La misiva tuvo una positiva acogida y el gobierno Benavides solicitó de los agustinos –que mientras tanto y como consecuencia de los numerosos obstáculos existentes para el desarrollo de sus actividades se habían planteado la posibilidad de dejar el Vicariato8– que se hicieran cargo de las escuelas y capillas por fundar en el Napo y Putumayo, al mismo tiempo que se comprometió a aumentar la dotación económica para el mantenimiento del Vicariato.9 La defensa de la frontera nororiental frente a las reivindicaciones ecuatorianas incluyó también una intensa movilización de la diplomacia peruana ante la Santa Sede. Objetivo de la misma fue, primero, la revocación de algunos de los conceptos y denominaciones territoriales incluidos en los decretos de erección de prefecturas y vicariatos apostólicos del Oriente ecuatoriano, considerados lesivos para la soberanía peruana en la región; segundo, la erección del obispado de Iquitos al que me referiré más adelante.10

7El segundo ejemplo tuvo como escenario la frontera con Brasil, en la región bañada por el Yavarí, Yurúa y Purús, y aunque se inició bajo el gobierno Prado (1943) no se concluyó hasta fines de la década. El Ejecutivo, consciente del aislamiento de la región, y en un plan preparado probablemente por los ministerios de la Guerra y de Relaciones Exteriores, consideró conveniente intensificar la acción oficial de «resguardo y vigilancia» en dicha frontera para lo que urgió a las autoridades eclesiásticas el establecimiento de misiones permanentes en la región. Al final (1948), con el acuerdo del Vaticano, la zona del Yurúa (con centro en Puerto Pardo) fue confiada al Vicariato de San Francisco del Ucayali, la del Purús (con centro en Esperanza) al Vicariato de Santo Domingo del Urubamba y la zona del Yavarí, a la Prefectura de San José del Amazonas, como muestran los informes y memorandos fechados en 1950.11

8Para entonces, y en el contexto de los proyectos gubernamentales por la progresiva institucionalización del Oriente, se había producido una amplia redemarcación eclesiástica en la región pues a los ya existentes vicariatos apostólicos de San León del Amazonas (vicariato de Iquitos desde agosto de 1945), San Francisco del Ucayali, Santo Domingo del Urubamba, y las prefecturas de Moyobamba y San Gabriel del Marañón, se habían agregado la prefectura de San José del Amazonas (13.07.1945) confiada a los franciscanos canadienses, y la prefectura de San Francisco Javier del Marañón (11.01.1946) otorgada a los jesuitas, ambas en el Nororiente. Además, la diplomacia peruana intentaba conseguir la sanción vaticana para la erección del obispado de Iquitos con jurisdicción en el departamento de Loreto, aprobado por ley n° 8347 de 24.06.1936.12 Las reticencias formales de la Santa Sede al reconocimiento de la nueva diócesis fueron la insuficiencia del clero nacional –obstáculo que no impidió, sin embargo, la sanción vaticana al nuevo obispado de Piura (1940)– y las posibles interferencias jurisdiccionales con los vicariatos y prefecturas pero, el obstáculo fundamental fue, como señaló la Secretaría de Estado vaticana, la «dificultad de fijar convenientemente los límites» de la nueva diócesis considerando el diferendo existente en la frontera ecuatoriana, escenario por entonces de una alta tensión política y militar entre los gobiernos de Perú y Ecuador.13 La firma del Protocolo de Río de Janeiro pareció dejar paso a la solución del problema aunque, para entonces, como consecuencia de las reformas introducidas por la Santa Sede en la erección de los obispados, prefecturas, vicariatos y prelaturas, el desenlace pasó por una reestructuración de todas las demarcaciones eclesiásticas en el Perú que también afectó a la Amazonía.14 En cualquier caso, como señaló el diputado por Tambopata en el Congreso de 1942, Emilio Delboy, las «misiones religiosas son buenas y aconsejables en la Selva. Siempre se adelantaron abnegadamente a la civilización. Casi siempre precedieron al soldado que afirmó nuestra soberanía».15

9Digamos, finalmente, que la política diseñada e implementada por los gobiernos Benavides y Prado relativa al Oriente, fue acompañada por un discurso legitimador de la peruanidad de la región amazónica, que contó, entre otros ingredientes, con la reivindicación para Perú de la «gloria» de la «empresa descubridora» del Amazonas, y que culminó en 1941 –coyuntura en que Ecuador y el Perú dirimieron su diferendo territorial con las armas– con el decreto del gobierno Prado (31.05.1941) por el que se dispuso la celebración del cuarto centenario de la muerte de Francisco Pizarro, cuya empresa había traído los «elementos esenciales de la nacionalidad» peruana, y se declaró que el año 1942 fuera dedicado a la conmemoración

del descubrimiento del Amazonas, coronación de la obra descubridora de Pizarro y de integración de nuestra nacionalidad y a estudiar los esfuerzos colonizadores del Perú desde el siglo xvi hasta el siglo xx, que han grabado el sello de nuestra soberanía en la realidad viviente de la Amazonia peruana.16

10Esta disposición fue seguida por otra (30.09.1941) dedicada a la celebración del cuarto centenario del «descubrimiento» del río Amazonas.17 En virtud de tales decretos, 1942 fue declarado «año amazónico» y el 1.06.1943 se inauguró la Exposición Amazónica en Lima. En esa coyuntura, el secretario general del comité organizador de los eventos, Raúl Porras Barrenechea, reivindicó el «descubrimiento» del Amazonas como hecho peruano, igual que la conquista y ocupación de la región a lo largo de la historia colonial y republicana fue, señaló, manifestación de la peruanidad que «no puede ser, dentro y fuera de la Amazonia, sino lucha de civilización contra barbarie por la humanidad, por la cultura y por la cruz».18 Estas palabras sintetizan bien que la «incorporación» de la Amazonia al Perú republicano había sido resultado de la acción de la cruz y del arado, de los fusiles y de los discursos que legitimaron la actuación de los gobiernos peruanos, de los misioneros católicos y de los colonos en nombre de la civilización.

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11La cruz y el arado, los fusiles y los discursos estuvieron también presentes en la penetración y ocupación de los Orientes bolivianos pero, a diferencia de lo acaecido en el Perú, la expansión de la frontera interna, la defensa de los límites externos, la reducción y el sometimiento de los bárbaros, en suma, la bolivianización de dichas regiones se demostró harto precaria. Ello fue consecuencia, en primer lugar, de la incapacidad y/o falta de voluntad política de los gobiernos republicanos para implementar su política en las regiones fronterizas, en buena parte debida a que los intereses económicos de las élites detentadoras del poder central se hallaban en otras regiones; en segundo lugar, del escaso ascendiente de las élites económicas de las regiones fronterizas sobre el poder central que, como sabemos, llevó incluso en la primera mitas de la década de 1920 al incremento del secesionismo en Santa Cruz y Tarija en beneficio de Brasil y/o Argentina; en tercer lugar, de las características de los frentes económicos desarrollados en dichas regiones, de carácter extractivo y nómada, situados en lejanos territorios cuyo control exigía cuantiosos recursos económicos a las arcas públicas para los que se prefirieron otros destinos; finalmente, del desinterés de los mismos sectores propietarios fronterizos por unas regiones cuyas potencialidades productivas parecían ser escasas, salvando la explotación gomera.

12Así, a inicios de la década de 1930, era evidente que los discursos proclamados a lo largo de la primera centuria de historia republicana por las élites políticas centrales y regionales eran sólo eso, discursos, con escasa conexión con la realidad. Tanto unas como otras tuvieron, por lo que se refiere a la actuación misionera, una actitud contradictoria. A lo largo del siglo xix y primer tercio del siglo xx, los gobiernos bolivianos preservaron, con mayor o menor fortuna, el predominio del poder civil sobre el eclesiástico y defendieron el ejercicio del Patronato aunque nunca cuestionaron, antes al contrario, el rol a cumplir por las misiones franciscanas en las fronteras por considerar que eran el instrumento «más eficaz y fructífero, para la transformación del hombre de los bosques en ciudadano libre y útil a la colectividad».19 No obstante, como consecuencia de la presión de los sectores propietarios y/o de los postulados ideológicos de los gobernantes —fundamentalmente a partir del acceso de los liberales al poder– el énfasis puesto en restringir la capacidad de acción del conversor y someter su gestión al control de las autoridades departamentales provocó, en muchas ocasiones, la prematura secularización de las misiones, el remonte de las poblaciones indígenas, la apropiación fraudulenta de los territorios ocupados por aquellas, y el desinterés de los religiosos para cooperar a la expansión de la frontera interna, defender los límites externos y reducir a los grupos indígenas hostiles.

13En este contexto podemos entender la progresiva disminución del territorio de la Audiencia de Charcas que, según el utis possidetis de 1810, ocupaba alrededor de 2 343 769 km² y que en 1930, tras las cesiones –por venta, acuerdos limítrofes y derrotas militares– al Brasil, el Perú, Chile y Argentina abarcaba un total aproximado de 1 312 594 km².20 Para entonces (1931), el ministro de Guerra, José L. Lanza, se había pronunciado por la secularización de aquellas misiones ubicadas en las regiones donde hubiera llegado la «civilización y progreso que nos llegan del exterior» y el Estado hubiera incrementado su presencia, y por la fundación de poblados misionales allá donde estos procesos no se hubieran producido.21 Punto de mira del Ejecutivo Salamanca fue, en esa coyuntura, la zona del Izozog donde, según Lanza, la acción de los misioneros «sería muy eficaz para la instrucción de los numerosos neófitos» que colaborarían en la fundación de fortines.22 Como es sabido, la existencia de reservas petrolíferas en la región había captado el interés de grupos económicos internacionales y provocado la movilización de los gobiernos de Bolivia y Paraguay. Este último, más precavido y eficaz, había construido una amplia red de fortines, al mismo tiempo que concedido amplias reservas a las colonias mennonitas con el explícito objetivo de defender su soberanía en la zona. Menos éxito habían tenido hasta entonces los proyectos colonizadores impulsados desde Bolivia a través de la colonia Murray y de la Bolivian OH and Land Syndicate –más tarde Bolivian Concessions Ltd.– que habían sido un rotundo fracaso. En igual medida, prácticamente nada habían logrado los misioneros Oblados llegados a mediados de los años ’20 a la prefectura del Pilcomayo que, en el mejor de los casos, prestaban sus servicios a los habitantes de los fortines que Bolivia había construido en la zona.

14El progresivo incremento de la tensión política y militar entre ambos gobiernos llevó, finalmente, a la guerra del Chaco. El conflicto –cuyo estallido fue consecuencia, probablemente, de la opción política del presidente Salamanca con el intento de recomponer la unidad del país sumido en una grave crisis económica y social23– supuso una nueva derrota de los ejércitos bolivianos y la pérdida de toda soberanía sobre el Chaco Boreal en beneficio del Paraguay. Una vez firmado el armisticio (12.06.1935),24 el presidente Tejada Sorzano enfatizó, en su mensaje al Congreso de 1935, que «ahora que se piensa realmente en reconstruir la nacionalidad, debe darse atención preferente a la colonización de tierras, por medio de la inmigración y también de la migración de nuestras propias razas, a regiones hasta ahora despobladas».25 Para entonces, el desprestigio de la clase política tradicional había dejado abierto el acceso de los militares al poder político –vía golpe de estado (17.05.1936)– con proyectos reformistas de carácter populista que, como no podía ser de otra forma tras el desastre del reciente conflicto armado, hicieron de la defensa de la soberanía en los Orientes uno de sus ingredientes fundamentales.26 Y uno de los instrumentos a utilizar fueron, nuevamente, las misiones que, consecuencia de los cambios acaecidos se vieron sometidas a una nueva normativa por decreto gubernamental de 26.01.1937.27

15El recién aprobado Reglamento acabó con la autonomía de gestión de que habían gozado los religiosos hasta entonces y puso fin, a efectos prácticos, a la mediación ejercida por el misionero entre el mundo indígena y el exterior. Así, tras considerar como objetivo inmediato de las misiones el «agrupar en núcleos de población a las tribus nómadas que ambulan [sic] en las distintas zonas del país y prepararlas para la vida civilizada, haciéndolas útiles para la colonización del territorio», y depositar en el conversor la tutela de los indígenas, menores ante la ley, se señaló que la administración de las misiones corría a cargo de «los padres conversores de acuerdo con los Delegados Especiales» designados por el Ministerio de Colonización, autoridades con las que el misionero debería contar para, prácticamente, todos los asuntos relativos a la administración de los poblados misionales.28 Además, se prohibió la venta de bienes pertenecientes a las misiones –capacidad que ahora sólo tendría el Ministerio–, se declaró libre el comercio en el interior de las mismas, y se ratificó lo ya enunciado en el reglamento de 1905 relativo a la libertad de tránsito por el territorio misional. Finalmente, por vez primera se fijaron las etapas y características de la instrucción que debía darse a los indígenas, señalándose la obligación de recibir «instrucción militar como zapador, dentro del Servicio Vial Obligatorio» dependiente del Ejército, tras lo cual el indígena licenciado adquiriría el pleno goce de los derechos civiles. Este «goce de los derechos civiles» se extendería también, según la nueva normativa, a los neófitos una vez hubiera concluido la «labor catequizadora» dejando paso al desarrollo de las Intendencias Coloniales. Los cambios introducidos en el reglamento misionero habían sido una reivindicación largamente formulada por propietarios agrícolas, ganaderos y comerciantes, y a ello se refirió el prefecto de las misiones guarayas, Alfredo Hoeller, en su informe al gobierno correspondiente en 1937, al afirmar que la modificación del régimen misional –que el religioso creía era anuncio de una inmediata secularización– permitiría hacer realidad los deseos de dichos sectores de acceder a una mano de obra sin intermediarios, y a unas tierras cuidadas y ya preparadas para usos pecuarios.29 La temida secularización llegó pocos meses después –acelerada como consecuencia de la gran repercusión que tuvo en Santa Cruz y en el resto del país, el asesinato del ingeniero Constantino Montero de visita profesional en la provincia de Ñuflo de Chavez, crimen del que se acusó al franciscano Anselmo Schermair30– con los decretos firmados por el presidente Busch el 10.05.1938 y 14.06.1939. El primero de estos decretos estableció la Delegación Nacional de Guarayos, el segundo fijó las competencias del delegado, máxima autoridad gubernamental de la nueva institución, al cual quedaron subordinados en el régimen administrativo todos los funcionarios públicos y los misioneros, a quienes se encomendó la «simple labor sacerdotal» y se autorizó a ser «defensores de los guarayos ante las autoridades».31 A partir de ese momento, todo el poder que antaño recayera en los misioneros pasó ahora al delegado, revestido de una autoridad omnipotente sobre las tierras y habitantes indígenas.

16El control del poder civil sobre las misiones no excluyó, sin embargo, que como sucediera en el caso peruano fueran aprobadas nuevas demarcaciones eclesiásticas en los territorios orientales. Así, a lo largo de las conflictivas décadas de los años ’40 y ’50, surgieron el Vicariato Apostólico de Pando concedido a los religiosos de Maryknoll, y el de Reyes, confiado a los redentoristas, ambos en 1942; a estos siguieron, entre otros, la prelatura Nullius de Corocoro (1949) gestionada por los pasionistas y el vicariato apostólico de Ñuflo de Chavez (1951), confiados a los franciscanos alemanes. Paralelamente, los gobiernos militares expropiaron todos los intereses de la Standard Oil en el Chaco con los que constituyó los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (21.12.1936), y puesto bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional los territorios sujetos a colonización. Posteriormente, el gobierno Peñaranda instituyó la Corporación Boliviana de Fomento (1942) con el objetivo de promover el desarrollo agrícola, minero e industrial, de implementar la infraestructura viaria, con vistas a conseguir la vertebración del país y la unificación del espacio nacional. La incorporación de los Orientes a la Bolivia republicana continuaba siendo, en gran medida, una tarea pendiente.

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17No quiero concluir estas páginas sin una última reflexión sobre una cuestión que fue tema recurrente –especialmente desde 1880 hasta la década de 1940– utilizado por algunos políticos y élites económicas tanto en el Perú como, fundamentalmente en Bolivia, en su cuestionamiento de las misiones. Me refiero al fracaso de los religiosos en la castellanización de las poblaciones indígenas, alfabetización que, en el diseño de las élites modernizadoras, debía legitimar la expansión del estado liberal «moderno». Es evidente que a lo largo de la historia republicana, uno de los motivos para la protección estatal a la actuación misionera –al menos en el discurso político y en el terreno de las ideas– había sido, como en el pasado colonial, la incorporación de los bárbaros selvícolas a la nacionalidad. Este objetivo ideológico-político, que debía permitir a los grupos dirigentes demostrar a sus pares latinoamericanos su capacidad para ocupar el territorio oriental y peruanizar o bolivianizar a sus habitantes, no se cumplió.

18Sin entrar aquí a hacer un juicio de intenciones sobre el interés real de los grupos dirigentes por implementar dicha política –cuestión sobre la que, por otra parte tenemos suficientes indicadores que nos permiten sostener el carácter excluyente del estado-nación construido por las oligarquías boliviana y peruana tanto en relación a sus poblaciones orientales, como a las poblaciones indígenas serranas, costeras o del altiplano– la no castellanización de los selvícolas, reconocida por los mismos misioneros, fue una excelente «excusa» para cuestionar el régimen misional. De hecho, en el caso peruano, esa fue la razón fundamental del acuerdo firmado por el gobierno del Perú y el Instituto Lingüístico de Verano en 1945, que acabó con el monopolio de la Iglesia católica de la socialización de las poblaciones indígenas, para el establecimiento de este en el país andino, al que en 1952 se le confió la organización de las Escuelas Bilingües.32 Y, en el caso boliviano, la excusa para proceder a una secularización progresiva de todas las misiones franciscanas, proceso que concluyó con las disposiciones dadas por el gobierno de Enrique Hertzog en 1948-49 que afectaron a Tarairí, Tigüipa, Macharetí, Ivo, Santa Rosa de Cuevo y San Pascual de Boicovo, transformadas en «poblaciones civiles».33 Sin embargo, aunque era evidente la no alfabetización castellana de las poblaciones orientales, no era tan claro que esta fuera consecuencia de un fracaso misionero. Por el contrario, hay algunos indicios que nos permiten sugerir que la inexistente castellanización fue consecuencia, en muchos casos, del interés de los misioneros por mantener y reforzar su papel mediador entre los indígenas y el mundo exterior. Un estudio del proyecto misionero implementado por las órdenes religiosas en la Amazonia peruana y en los Orientes bolivianos debería permitir, en un futuro, confirmar o rechazar esta hipótesis. En igual medida resultará clarificador un análisis del impacto de la actividad misionera entre las poblaciones indígenas orientales y su contribución, o su impedimento, a la peruanización, a la bolivianización de las mismas ¿a la ciudadanía?