5 La difícil nacionalización de los Orientes bolivianos, 1880-1930
p. 297-434
Texte intégral
1La década de los ’80 se inició con el acceso al poder de las élites conservadoras chuquisaqueñas –en estricto sentido fue en 1884 con la victoria electoral del segundo productor de plata del país, Gregorio Pacheco– que, como diversos estudios han señalado, promovieron una política modernizadora de la economía y la sociedad boliviana como no tuvo parangón en el pasado. La presencia de los empresarios mineros en el Congreso de 1880 tradujo el progresivo interés de los mismos en la política nacional pues, rotos sus vínculos con el capital chileno tras la Guerra del Pacífico, viendo interrumpidas sus exportaciones, se vieron obligados a asumir que sus intereses como grupo hegemónico pasaban por la implantación de un gobierno estable y sólido desde el punto de vista financiero, que, además, pudiera contribuir a la financiación de las redes ferroviarias, vitales para la explotación de los recursos mineros. El crecimiento que se produjo en este sector provocó un aumento de la demanda de alimentos y mano de obra, que se tradujo en un incremento de la producción no sólo de granos, sino también de la agricultura comercial; esta expansión agrícola se vio favorecida por las conexiones ferroviarias que le abrieron nuevos mercados. Así, como consecuencia directa del aumento de la demanda de productos agrícolas, se produjo el gran asalto a las tierras de comunidad, tanto en las tierras altas como en los valles adyacentes.1
2El proyecto político conservador alcanzó también a los Orientes a consecuencia, primero, de la presión de los sectores propietarios fronterizos para ocupar dichas regiones tanto en el nor/noroeste, donde por entonces estaba en alza la extracción del caucho,2 como en el sur/sudeste para la expansión de la frontera agropecuaria; segundo, de la derrota sufrida por los ejércitos bolivianos en el conflicto del Pacífico que, como es sabido, acarreó la pérdida de Bolivia de su acceso al Pacífico y la amputación de alrededor de 120 000 km2 de su territorio; tercero, del interés de los nuevos dirigentes políticos en reivindicar la soberanía del país en territorios donde esta era discutida tanto en el noroeste como en el sudeste3 Fueron estos factores los que, a mi entender, provocaron el cambio cuantitativo y cualitativo de la política desarrollada por los gobiernos bolivianos en los Orientes, que se extendían
desde las vertientes de los Andes al Norte, hasta sus últimos términos con la República Argentina, al Sud, se encuentran la provincia de Caupolicán; el Departamento del Beni, el de Santa Cruz, con la afamada i rica provincia de Chiquitos; i los territorios del Chaco, que por el E. i el S. nos ponen en contacto con el Paraguay i la Argentina.4
3La administración Campero y los gobiernos que le sucedieron hasta 1899, modificaron la estrategia estatal relativa a la ocupación y control del territorio, de la que formaron parte el patrocinio de viajes exploratorios a las por entonces aún insuficientemente conocidas regiones orientales; el fomento de estudios sobre la implementación de una infraestructura de comunicaciones como vía para el crecimiento económico; la aprobación de una amplia legislación que propiciara la colonización del territorio y la explotación de los recursos naturales; y, finalmente, un impulso decidido al establecimiento de fortines, «empresas industriales» y especialmente misiones en los territorios fronterizos. Sin embargo, estas últimas se vieron sometidas, paradójicamente, a una creciente presión secularizadora por parte de los sectores propietarios involucrados, por un lado, en la expansión de la frontera agropecuaria, por otro, en el desarrollo del boom cauchero.
4Cuando, tras la llamada «guerra federal», los liberales accedieron al poder (1899), en el que permanecieron hasta 1920, pareció que el proyecto planteado desde 1880 podía hacerse realidad, tanto más cuanto que, bajo la gestión de José Manuel Pando (1899-1903), el país vio cercenado el territorio del Acre tras la derrota sufrida frente a Brasil en la guerra homónima. Objetivo de los gobiernos liberales fue lograr la plena inserción de Bolivia en lo que se gustaba denominar por entonces el «concierto de las naciones civilizadas». Es en este contexto que los Orientes cobraron un inusitado protagonismo tanto por su función económica, dada la riqueza de sus recursos naturales, como por su función política, al constituir la plataforma que permitiría que los nuevos dirigentes paceños demostraran su capacidad para construir la nacionalidad y defender la soberanía nacional. La expansión de la frontera agropecuaria y el boom cauchero suscitaron un incremento de la presión secularizadora en las misiones, las cuales, no obstante el radicalismo liberal, continuaron siendo consideradas por los gobiernos bolivianos como el principal instrumento de colonización de los Orientes. Esta política se consolidó en la década de 1920 cuando, tras la caída de los liberales –afectados por la recesión económica producida en el país a consecuencia de la guerra de 1914/18–, el nuevo Partido Republicano –integrado por antiguos conservadores y disidentes liberales– accedió al poder. La política oriental desarrollada por los nuevos dirigentes pasó por la concesión de grandes extensiones de tierras a cambio de construcción de infraestructura, el establecimiento de nuevas colonias militares y civiles, una nueva ley de inmigración y la creación de nuevas delegaciones político-administrativas en los llamados territorios de colonias. Veamos pues, en un primer apartado, el contenido de la política orientalista de los gobiernos conservadores entre 1880 y 1899 para, en un segundo apartado, abordar las características de la política liberal en relación con los Orientes. Finalmente, en un tercer apartado, estudiaremos la difícil convivencia entre misioneros y sectores propietarios en todos los Orientes aunque aquí nos centraremos en las poblaciones guarayas, en el departamento de Santa Cruz.
5.1. EN LOS TERRITORIOS ORIENTALES «DEBEN DESENVOLVERSE LOS ELEMENTOS PERMANENTES DEL FUTURO ENGRANDECIMIENTO DEL PAÍS».5 LA OCUPACIÓN DE LOS ORIENTES BAJO LA ÉGIDA CONSERVADORA, 1880-1899
5A inicios de 1880, en una difícil coyuntura para Bolivia considerando la derrota de sus ejércitos y la ocupación de su litoral por la armada chilena, se produjo el ascenso al poder del general Narciso Campero, quien llevó como vicepresidente al empresario minero Aniceto Arce. Fue entonces cuando se aprobó la Constitución –vigente hasta la conclusión de la Guerra del Chaco– que selló el pacto6 entre los diversos grupos dirigentes y favoreció una progresiva modernización de la economía y la política bolivianas, con una inflexión significativa a partir del acceso a la Presidencia del empresario minero Gregorio Pacheco. Y fue también bajo la égida conservadora cuando se produjo un cambio en la estrategia del Estado en relación con sus fronteras, cambio derivado tanto del proyecto modernizador de los nuevos dirigentes, como de la pérdida del litoral en el Pacífico. Así, la ocupación de los Orientes se convirtió en importante elemento de regeneración de un país que, como le sucedió al Perú, sentíase maltratado por la historia tras la derrota de sus ejércitos, y que, además, había perdido su acceso al mar. Por todo ello, creo que se puede afirmar que la ocupación de las regiones periféricas bolivianas en las dos últimas décadas del siglo xix respondió al interés de los grupos dirigentes en la expansión de la frontera agropecuaria que el auge argentífero había generado,7 y actuó como válvula de escape de la presión del conflicto interétnico en el altiplano y valles periféricos.8
6Este renovado interés de los gobiernos republicanos en diseñar e implementar una política que permitiera la «apropiación» de amplias zonas que hasta entonces habían escapado a su control fue paralelo, aunque no siempre coincidente como veremos, a la presión de algunos grupos regionales interesados en acceder a nuevos mercados y/o obtener una participación en la explotación de los territorios fronterizos, para lo que era fundamental el establecimiento de una red vial que la hiciera posible. Particularmente significativa fue la movilización de las élites cochabambinas y cruceñas. Los sectores propietarios de Cochabamba, habiendo perdido los mercados altiplánicos y mineros para sus cereales en beneficio de los productores chilenos tras la apertura de la vía férrea Antofagasta-Oruro, preconizaron el establecimiento de una vía de comunicación que les acercara el mercado beniano -en expansión como consecuencia de la explotación cauchera- y la colonización de las hasta entonces desérticas tierras fronterizas del Chapare y Chimoré, medidas ambas que debían permitirles la reconstrucción de su economía.9 Los sectores propietarios cruceños, por su parte, que habían hecho del azúcar su principal producto de exportación en el mercado interior boliviano, y habían visto su progresivo relegamiento en las plazas de Oruro y Potosí en beneficio de la producción peruana,10 recibieron con alivio la apertura mercantil que suponía la explotación cauchera en la región beniana y las posibilidades de enriquecimiento que daba la participación en la comercialización de la goma. Además de la actividad ejercida por estas élites regionales por acceder a nuevos mercados y/o acceder a nuevas tierras con vistas a su explotación, constatamos también la movilización de algunos grupos paceños y/o radicados en las mismas regiones del norte y noroeste amazónico para obtener títulos -concesiones y/o propiedades- y la protección estatal para la defensa de sus intereses económicos en la región, vinculada inicialmente con la extracción de la quina y, tras el progresivo declive de esta actividad en la década de 1870, con la explotación de la goma elástica.11
7Vistas estas consideraciones no es extraño que, en la coyuntura de los ’80, se produjera la movilización de un importante número de personalidades políticas y empresariales, entre otras Santiago Vaca Guzmán, Antonio Vaca Díez, Antonio Quijarro, Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian, y Nicolás Suárez Callau y sus hermanos, con intereses económicos no siempre coincidentes, que preconizaron la apertura boliviana hacia el Atlántico y la colonización de los territorios orientales. Conviene tener presente que, tras la pérdida del litoral boliviano, las vías «naturales» de conexión con el exterior eran las proporcionadas por las vías del Plata y del Amazonas. Si la primera se encontraba con una región aún desconocida, de soberanía discutida, y habitada por una población indígena hostil, la segunda, por la vía del Madeira-Mamoré, era la única comunicación efectiva por difícil que fuera el tránsito por la misma al tener que sortear los obstáculos de las famosas cachuelas, pesado lastre para la expansión del frente cauchero por cuanto incrementaba los costos y entorpecía la comercialización.12
8Por entonces parecía cierta la aseveración de Santiago Vaca Guzmán quien sostenía que «muchos de los errores en materia de administración, proceden del poco o ningún conocimiento que los jerentes [sic] del gobierno tienen respecto al país cuyos destinos dirijen [sic]».13 Esta afirmación era una evidencia también para el gobierno boliviano, que sabía del escaso control que ejercía sobre sus regiones periféricas, tanto en el sudeste donde Miguel Suárez Arana, propietario de la Empresa Nacional de Bolivia, veía reconocida por la Corte de Casación el derecho a llevar adelante el contrato gubernamental obtenido en 1875, y presionaba para su nombramiento como delegado en la región; como, fundamentalmente, en las regiones del norte y noroeste, ubicadas entre el Madre de Dios y el Iténez, donde, al socaire de la inicial explotación de los recursos caucheros, se estaba produciendo una ocupación por parte de bolivianos, pero también, y fundamentalmente, por parte de brasileños.
9El gobierno Campero temía que esta «pacífica» invasión pudiera tener funestos resultados a corto plazo para Bolivia, tanto en el plano geopolítico como económico. Por un lado, se corría el riesgo de que la ocupación pudiera poner en cuestión, a corto o mediano plazo, la soberanía boliviana sobre dichas regiones que ya se habían visto reducidas con motivo del tratado de 1867. Por otro lado, en lo económico, no sólo privaba a las arcas públicas de los correspondientes ingresos aduaneros, si consideramos que la mayor parte de este comercio se dirigía a territorio brasileño sin pagar tributos al erario boliviano, sino también provocaba una pérdida de brazos por la captación de mano de obra con destino a las barracas gomeras en el interior de las regiones implicadas,14 y el remonte, cuando no las revueltas de las poblaciones indígenas, como señalaron repetidamente los informes de los prefectos del Beni en la década de 1880.15 En consecuencia, con el objetivo de obtener informaciones precisas sobre los procesos que se estaban desarrollando en dichas regiones, en enero de 1884 el diputado por el departamento del Beni, el cruceño Manuel Aguirre, recibió del presidente Campero el nombramiento de Delegado Nacional en el Oriente.16
10Indicador de la especial preocupación de la administración Campero por las regiones del norte y noroeste es que las primeras instrucciones dadas al delegado Aguirre se refirieron exclusivamente a aquellas. Entre otros objetivos, este debía recabar información sobre, primero, el estado de las estradas caucheras con vistas a la elaboración de un reglamento para el arrendamiento y explotación de las mismas, y la disponibilidad de tierras baldías; en segundo lugar, y constatando la importancia del contrabando existente y, por ende, la ineficacia del sistema aduanero en la región, el delegado debía indicar los puntos más adecuados para el establecimiento de las aduanillas y guarniciones necesarias para el buen funcionamiento de aquellas; en tercer lugar, y con el objetivo de preservar las fronteras externas de la expansión brasileña, debía reconocer los límites como paso previo a la restauración de los fortines que debían preservar la soberanía boliviana; finalmente, debía recabar los datos necesarios para la elaboración de un memorándum que evaluase la importancia de los recursos naturales existentes capaces de atraer inmigración extranjera.17 En suma, cuestiones prioritarias para el Ejecutivo fueron las relativas al reconocimiento y protección de las fronteras y el cobro de los impuestos y derechos fiscales procedentes del comercio con el exterior. Ninguna de dichas instrucciones afectó a la empresa de Suárez Arana en el Sudeste.18
11La inspección realizada en el departamento cruceño permitió a Aguirre constatar el fraude constante en las aduanas y la decadencia de la economía regional como consecuencia de la disminución de brazos «enganchados» para el trabajo en las explotaciones caucheras del Beni.19 Y, a propuesta del delegado, el Ejecutivo resolvió (14.07.1884) trasladar las aduanas de San Ignacio y Santiago de Chiquitos a San Matías y Puerto Suárez respectivamente, establecer un contingente militar junto al río Grande, y aprobar algunas medidas fiscales tendientes a evitar el fraude detectado.20
12Por lo que se refiere al departamento del Beni, Aguirre constató la decadencia de la región, de la que claros indicadores eran la disminución de las rentas departamentales, el gran retroceso de la cabaña ganadera, la escasa importancia de la manufactura de textiles de algodón y, en consecuencia, la gran disminución del movimiento comercial.21 Esta situación era resultado, en su opinión, de la nefasta administración y la especulación de individuos que «han ocasionado casi el total despoblamiento, arrojando millares de trabajadores en las mortíferas regiones del Madera, productoras del cautchuc que, si ha producido pingües resultados a algunos, ha sido causa de ruina jeneral [sic]».22 Por ende, en el informe enviado al Ejecutivo, el delegado propuso una serie de medidas relativas a la industria cauchera, las vías de comunicación, la colonización de las tierras baldías, la aduana y la frontera externa.23
13En relación con la primera cuestión, la problemática cauchera, Aguirre constató las dificultades para la explotación y comercialización de las zonas -aún en estado embrionario- y el problema que suponía hacer recaer el impuesto de arrendamiento de estradas gomeras (creado por ley de 24.11.1883) en los productores,24 que estaban a merced de los habilitadores, los que fijaban los precios de las gomas y de los productos que ofrecían a cambio. Una posible solución sería, a su entender, la abolición del impuesto de arrendamiento de gomales, el aumento de los impuestos sobre la exportación cauchera -que recaía en los habilitadores- y la clarificación del acceso a la plena propiedad de las tierras gomeras. Por lo que se refiere a la segunda cuestión, las vías de comunicación, el delegado denunció la crisis en que estaba sumida la región como consecuencia de la escasez de brazos para el servicio de transportes, los altos precios de los productos alimenticios y el «peligro en que se encuentran los pobladores de la hoya del Beni y Madre de Dios de perecer por falta de medios de conducción de víveres y recursos».25 Además, tras denunciar la inexistencia de almacenes y servicios de los «impropiamente» llamados puertos de Cuatro Ojos (Santa Cruz), Cohoni (Cochabamba), Trapiche (Beni) y la ineficacia de la gestión gubernamental en la región que hacía que cualquier impuesto fuera rechazado por la población, cifró la solución de los problemas existentes en la navegación a vapor y la apertura y/o mejora de vías de comunicación. En consecuencia, propuso, entre otras medidas, la apertura de una ruta entre Trinidad y Santa Cruz a través del Palacios y Yapacaní, y de un camino para la superación de las cachuelas del Mamoré, facilitando así la conexión del Madre de Dios con el Acre.
14En relación con la tercera cuestión, el acceso a las tierras baldías, Aguirre señaló la necesidad de efectuar revisitas con el objetivo de averiguar la situación real de la propiedad fundaria, impedir la apropiación fraudulenta de tierras y garantizar la concesión de títulos de propiedad a los «naturales». Finalmente, por lo que se refiere a la tesorería departamental y el resguardo de la frontera, Aguirre constató la inexistencia de recursos fiscales, y denunció las dificultades para un reconocimiento eficaz del territorio fronterizo mientras el gobierno no proporcionara los medios para «atravesar desiertos, montañas pobladas de salvajes y cruzar caudalosos ríos».26 Esta última cuestión, la protección de la frontera, fue objeto de tratamiento específico por Aguirre, quien, con el objetivo de consolidar los derechos territorios bolivianos frente al expansionismo de los países limítrofes, en informe reservado enviado al ministro de Relaciones Exteriores, propuso el establecimiento de guarniciones militares en el Punís27 -frente al Brasil-, en la confluencia del Machupo con el Iténez28 y el aumento de la tropa en la misma capital de Trinidad.
15Una última consideración conviene hacer y es la relativa al papel de las misiones como instrumento de transformación de los indígenas semisalvajes en ciudadanos.29 Indicador de la importancia de dicha función era, según Aguirre, el floreciente estado de las misiones de Guarayos gracias a la acción tuteladora de los religiosos. En su opinión, la supresión del régimen especial vigente en dichos poblados y su equiparación al vigente en el resto de la república sólo, determinaría la «ruina y el silencio», por lo que
La cruzada emprendida para alcanzar esa secularización, sorda y lenta, no puede obedecer a otro móvil que al propósito de apoderarse de los indígenas protejidos ahora por su sistema de vida, para hacerlos víctimas del correjidor [sic] y producir así, en nombre de la igualdad, el aniquilamiento que se deplora en el Beni.30
16El prolijo informe del delegado Aguirre, más allá de ofrecer un panorama del estado de las regiones orientales, bastante desolador por cierto, denunció explícitamente la incapacidad de los gobiernos precedentes para implementar una política oriental. Esta situación era resultado, en su opinión, de la incompetencia del poder civil para implementar su política y ejecutar el contenido de las innumerables disposiciones legales, bien por la escasez y/o nulidad de recursos económicos fijados para tal fin, bien por la desorganización política reinante en muchos de los territorios orientales.31 El advenimiento de la nueva administración Pacheco provocó la renuncia de Aguirre al cargo al presumir que los nuevos gestores «volverían al viejo sistema de demoler cuanto a su paso encontrasen».32 ¿Serían los gobiernos «conservadores» capaces de implementar una política oriental efectiva?
17Los apartados que siguen pretender dar respuesta al interrogante, estudiando el contenido de la política diseñada y/o implementada desde 1880 hasta 1899 por las diversas administraciones que, en principio, hicieron de la ocupación y colonización de los Orientes una cuestión prioritaria. Indicadores de tal afirmación son el vasto aparato legal aprobado por el Legislativo y Ejecutivo bolivianos a lo largo de estos años, y las numerosas iniciativas tomadas por entonces en relación con la cuestión. Veamos pues, en un primer apartado, los aspectos centrales de dicha política, de la que formaron parte el fomento de exploraciones y apertura de vías de comunicación, las disposiciones relativas a la venta y concesión de tierras, de las que, sin duda, la más emblemática fue la ley de 13.11.1886. Las medidas relativas al acceso a las tierras colonizables fueron acompañadas por otras referentes a los instrumentos utilizados por el Estado para la implementación de la colonización -colonias militares, misiones católicas y colonias industriales- y el impulso a la inmigración extranjera. Finalmente, el proyecto oriental conservador pasó también por una redemarcación político-administrativa del territorio, como consecuencia, en gran medida, de la necesidad del Estado boliviano de nacionalizar regiones donde su presencia era una entelequia, y donde la progresiva ocupación por productores extranjeros constituía una seria amenaza para el mantenimiento de la soberanía boliviana que, no olvidemos, había recibido un grave correctivo tras el conflicto del Pacífico.
5.1.1. Los Orientes en el pensamiento y acción política de los gobiernos «conservadores»
18Fue a mediados de los ’80 cuando el diputado por Caupolicán, Carlos Bravo, con motivo de la publicación de uno de los trabajos del misionero Nicolás Armentia relativo al Madre de Dios y sus tributarios, señaló lo indispensable que era para «la ciencia, la civilización y el progreso del país» el conocimiento de la región, el descubrimiento de sus recursos naturales y la llegada de corrientes inmigratorias que la colonizaran.33 El mismo Armentia, refiriéndose a las exploraciones por él protagonizadas en el noroeste en la primera mitad de los ’80, había exclamado «¡Cuántas riquezas yacen desconocidas en las márgenes de esos mismos ríos!».34 Por la misma época, el comisario y delegado nacional en el Oriente, Manuel Aguirre, hizo notar al gobierno de Campero primero, y de Pacheco después, la necesidad de implementar una política de la que resultara la apertura y/o mejora de vías de comunicación entre las regiones orientales y los principales centros poblados de la república, la introducción de la navegación a vapor, el arreglo de los asuntos fiscales en los territorios orientales, el fomento de la población, una legislación adecuada para el acceso a las tierras baldías y el establecimiento de guarniciones militares en las fronteras que permitieran defender la soberanía boliviana.
19Tesis similares a las planteadas por Bravo en relación a la provincia de Caupolicán, por Armentia para todo el noroeste, y por Aguirre en relación con todas las fronteras orientales, fueron repetidas hasta la saciedad en los años siguientes por políticos, empresarios y misioneros desde La Paz hasta Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La conquista y ocupación de los Orientes era la tarea pendiente que sólo podría lograrse a partir de un mayor conocimiento del territorio; de la construcción de vías de comunicación que conectaran los principales centros con dichas regiones y permitieran la salida de las producciones al exterior; de la colonización de la región por una inmigración que se prefería extranjera; y del avance de la frontera interna. La amplia difusión del proyecto en la prensa y hojas volantes contribuyó a la consolidación de un discurso político en torno a los Orientes como depositarios del futuro próspero del país. Esta fue la tesis defendida por todos los gobiernos conservadores y expuesta reiteradamente en los informes presentados por el ministro encargado de la Colonización.35
20Fue con el objetivo de implementar dicho proyecto con las menores cargas –en teoría– para el Estado boliviano que se firmaron contratos fabulosos que, en caso de haberse ejecutado, habrían favorecido el surgimiento de macro-empresas que habrían podido alcanzar un poder cuasi-estatal en el país. A esta situación contribuyó también el interés de empresarios bolivianos y grupos financieros internacionales en obtener jugosos contratos para la construcción de tendidos ferroviarios que llevaban anejos la concesión de vastas regiones con vistas a su colonización. Varios fueron los contratos fantásticos36 firmados en las dos últimas décadas del siglo xix por los gobiernos bolivianos con individuos o empresas.37
21Ejemplo significativo de contrato, que nos da pie para reflexionar sobre el juego cruzado de intereses privados y públicos presente en la ocupación de los territorios orientales, fue el acuerdo firmado con Francisco Javier Brabo –también escrito Bravo– en 1880, para la navegación de los ríos orientales y la colonización de parte del Chaco, Chiquitos y región beniana.38 En virtud del acuerdo, la empresa quedaba facultada para vender y distribuir los terrenos baldíos comprendidos en aquellos territorios, correspondiendo el 85% del capital obtenido a la compañía y el 15% restante al Estado.39 En contrapartida Brabo se comprometió a canalizar hacia la región una población mínima de 100 000 habitantes en diez años, que aumentaría a 500 000 pasados 40 años, compromiso que, dada la experiencia colonizadora hasta entonces, no podemos dejar de calificar, por decir lo menos, de poco viable. Además, el acuerdo preveía el establecimiento de un servicio de barcos a vapor por el Paraguay y un ferrocarril desde el río hasta Santa Cruz, Lagunillas e Higuerones. El contrato fue rescindido el 27.09.1882, según el Ejecutivo boliviano porque el empresario no cumplió con las garantías fijadas en el contrato, ya que, efectivamente, Brabo no pudo reunir el capital necesario para implementar el proyecto.40 Esta situación no permite ignorar, sin embargo, la existencia en la región de intereses contrapuestos, particularmente el caso de las presiones hechas sobre el Ejecutivo por el empresario Miguel Suárez Arana.41 Este había visto a inicios de la década de 1880 que el gobierno de Campero desconocía la concesión obtenida por él en 1875, para la construcción de un puerto en el río Paraguay y la apertura de dos rutas desde el mismo hasta Santa Cruz y Lagunillas en Cordillera, además de obtener varias tierras para su colonización.42 Poco después de la anulación del contrato Brabo,43 Suárez Arana vio reconocidos parcialmente sus derechos para la apertura de varios caminos a través del Chaco hacia Santa Cruz y Sucre, aunque finalmente, por resolución del gobierno Pacheco y, probablemente, gracias a los «oficios» de un tercer interesado en el asunto –Antonio Quijarro44–, la Empresa Nacional de Bolivia vio revocados los acuerdos. Por entonces, el conflicto de intereses económicos entre Suárez Arana y el político potosino por la colonización del Chaco45 se resolvió, inicialmente, a favor de Quijarro, quien, en 1885, había obtenido de los herederos de Oliden la concesión para la colonización de las riberas del río Otuquis (25 000 km2),46 con el visto bueno del Senado, que, tras la introducción de algunas modificaciones, había aprobado la revalidación de la concesión (23.10.1886).47 Con todo, la oposición al proyecto por parte de la mayoría del Congreso acarreó la suspensión del mismo hasta entrado el siglo xx.
22Veamos ahora, sin más dilación, los aspectos fundamentales de la política orientalista diseñada y/o implementada por los gobiernos bolivianos a lo largo de las últimas dos décadas del siglo xix cuando, como señaló el prefecto beniano,
Hai imperiosa necesidad de mejorar los caminos para las salidas al interior de la República y al exterior; de remplazar las embarcaciones a remo con lanchas de vapor que acorten el tiempo y las distancias y aviven las industrias y el trabajo; de inmigración constante de pobladores y establecimiento de colonias en los lugares vacíos de toda actividad humana y del hálito civilizador.48
5.1.1.1. «Bolivia posee inmensos territorios; unos imperfectamente conocidos y otros completamente inexplorados»49
23En las páginas anteriores hemos visto que, a inicios de la década de los ’80, el acceso de los empresarios mineros al poder había permitido el desarrollo de un proyecto de modernización económica, y también política, consolidando la vinculación del país con la economía internacional. Por otra parte, sabemos también del interés de las élites cochabambinas y cruceñas en la superación de la postración económica en que se hallaban sus departamentos en aquella coyuntura. Si a ello unimos la pérdida boliviana de su acceso al mar, encontramos entonces razones suficientes tanto de carácter económico, como geopolítico e ideológico, para comprender que durante el «ventenio» conservador se produjera la movilización de importantes sectores de los grupos dirigentes bolivianos preconizando la ocupación de los territorios orientales y la búsqueda de una salida del país al Atlántico por las cuencas del Paraguay y del Amazonas. Obstáculos a superar eran, sin embargo, las difíciles o inexistentes vías de comunicación y el desconocimiento de parte de las regiones orientales.
5.1.1.1.1. Exploraciones
24La década de 1880 fue propicia para el desarrollo de expediciones que, con el objetivo de reconocer el territorio y en busca de salida al Atlántico, se desarrollaron fundamentalmente en el nor/noroeste y sur/sudeste bolivianos.
25Las planicies del Gran Chaco, limitadas por el Paraguay y el Bermejo, sobre gran parte de las cuales Bolivia pretendía tener derechos territoriales, recibieron la visita de numerosas expediciones que, obedeciendo a motivos geopolíticos y/o económicos, pretendieron descubrir la mejor vía de comunicación con el Atlántico por la vía del Plata, vía reiteradamente defendida en esos años por Santiago Vaca Guzmán.50 Exploraciones significativas fueron las protagonizadas en la década de 1880 por Jules Creveaux, Daniel Campos y Arthur Thouar de las que resultaron la fundación de los fortines Creveaux, Quijarro y Campero.51 El primero de esos exploradores, reputado médico de la Marina francesa y encargado por su gobierno de explorar el alto Paraguay y algunos ríos de la cuenca amazónica, se ofreció a la legación boliviana para dirigir una expedición al Pilcomayo tras la lectura de un opúsculo de Santiago Vaca Guzmán defendiendo la salida de Bolivia por la cuenca del Plata. Con el apoyo de las autoridades departamentales de Tarija y de los misioneros franciscanos, y con un pequeño contingente de voluntarios, la expedición salió en marzo de 1892 con destino al Chaco; tras una parada en la misión de San Francisco del Pilcomayo, los expedicionarios pasaron por Bella Esperanza y arribaron a Cabayu-Repoti, en cuyas cercanías se vieron detenidos por los tobas que, acabaron prácticamente con todos ellos.52
26A inicios del año siguiente, Daniel Campos, como comisario nacional y delegado gubernamental para la visita de las misiones ubicadas en la frontera de Tarija, recibió el encargo de organizar una exploración al Chaco con el objetivo de reconocer la región, construir fortines en Teyó, Cabayu-Repoti y Piquirenda y, finalmente, dejar expedito el camino entre Caiza y Teyó. La expedición contó también como «asesor científico» con el geógrafo francés Arthur Thouar, quien había sido encargado por su gobierno de buscar los restos de Creveaux. Los expedicionarios salieron de Tarija (julio de 1883), y siguiendo la ruta San Luis-Caraparí-Aguayrenda llegaron a Caiza, desde donde continuaron rumbo al Pilcomayo, en cuya margen derecha fundaron la colonia Creveaux, con parte de los miembros de la expedición. El resto siguió siempre por la margen derecha del Pilcomayo hasta la altura de Cabayu-Repoti, donde se emplazó un nuevo fortín –colonia Quijarro–, prosiguiendo por el Piquirenda, en cuyos márgenes Campos dispuso la fundación del fortín Campero. Finalmente, y tras sufrir los ataques continuados de los toba –que conocemos por relatos donde la épica de la conquista está siempre presente–, los restos de la expedición llegaron a mediados de noviembre a Asunción.53 En los años siguientes Thouar, encargado por los gobiernos argentino y boliviano del reconocimiento del Pilcomayo y del Chaco Boreal, dirigió otras expediciones.54 La más significativa fue la realizada en 1886-87 para la conclusión del camino Puerto Pacheco-Sucre, ruta hasta entonces abierta en tres tramos,55 y que, por entonces, no pudo ser completada ni por la expedición Thouar ni por la protagonizada por el administrador de Puerto Pacheco, Zenón Calvimontes.56
27En la lista de exploraciones del sudeste boliviano no pueden faltar las efectuadas por Miguel Suárez Arana quien, como representante de la Empresa Nacional del Oriente solicitó a mediados de los ’80 autorización para construir un puerto sobre la margen derecha del Paraguay, establecer una línea de navegación y abrir un camino entre aquel puerto y la ciudad cruceña.57 Tras obtener la garantía de Santiago Vaca Guzmán –a la sazón representante boliviano en Buenos Aires–, obtuvo el capital necesario para la compra de tres vapores y el concurso de Antonio Quijarro –con el que, sin embargo, mantendría una dura pugna por el control económico de la región– y Antonio Vaca Díez –miembros también de la expedición–, junto con los cuales remontó el Paraná y Paraguay, y arribó a Chamacoco, el antiguo Puerto Vargas rebautizado entonces como Puerto Pacheco en honor del presidente boliviano.58 Este lugar, como es sabido, fue ocupado en 1888 por las tropas paraguayas. Sin embargo, el exceso de gastos determinó la pérdida del apoyo gubernamental para el proyecto de Suárez Arana quien, ante la falta de capitales propios, acordó con el gobierno boliviano la cesión de todos sus derechos a cambio de la propiedad de 225 leguas cuadradas de tierras baldías en el departamento de Santa Cruz y el Chaco, además de la mitad del producto de los ingresos aduaneros obtenidos en los puertos Pacheco, la Gaiba y Suárez y en los que se establecieran en la margen derecha del Paraguay por el tiempo de 15 años a partir de inicios de 1888.59
28En segundo lugar, y por lo que se refiere al norte y noroeste, las dos últimas décadas del siglo xix vieron la realización de gran cantidad de exploraciones oficiales y privadas protagonizadas por propietarios caucheros, como Antenor Vázquez o vinculados con la empresa de Nicolás Suárez Callaú,60 militares y representantes políticos bolivianos en la región como José Manuel Pando y misioneros como Nicolás Armentia. Estas expediciones fueron consecuencia del interés gubernamental en conseguir informaciones con vistas a la defensa de la soberanía boliviana en regiones de imprecisas fronteras, y de las élites de Cochabamba y Santa Cruz, deseosas de mejorar la comunicación con el Beni.61
29Expediciones significativas fueron las protagonizadas, en la primera mitad de los ’80, por el franciscano Nicolás Armentia, quien recogió amplia información sobre la geografía, los pueblos –denunció la despoblación a consecuencia de la entonces incipiente extracción cauchera– y los recursos económicos.62 Las descripciones del Madre de Dios, Beni y algunos de sus tributarios, así como los datos recogidos sobre las entradas efectuadas hasta entonces en la región, sirvieron de base para las reivindicaciones territoriales de Bolivia frente al Perú. De hecho, su publicitada obra Límites de Bolivia con el Perú por la parte de Caupolicán fue redactada como refutación a las pretensiones peruanas planteadas por Claudio Osambela en 1896, y, en la obra, Armentia sólo admitió la existencia de un diferendo en la zona comprendida entre la desembocadura del Inambari y las nacientes del Yavarí.63 Las expediciones del misionero –y futuro obispo de La Paz (1901)– contaron, además, con el patrocinio económico del gobierno boliviano y las ayudas prestadas por los caucheros, especialmente de Antenor Vázquez.64
30José Manuel Pando, por su parte, viajó por el noroeste en sucesivas expediciones a lo largo de los ’90, tras obtener del gobierno boliviano un contrato para la exploración de la región y ríos nororientales,65 y en la primera década del siglo xx tras su nombramiento (1905) como delegado nacional en los territorios del Noroeste. Recorrió la región navegando por el Beni, Madre de Dios, Orton, Tahuamanu y Heath, tanto con fines exploratorios como políticos, puesto que los datos obtenidos sirvieron para adquirir información sobre toda la zona y dictar la medidas necesarias para la defensa de la soberanía boliviana.66 Así sucedió en la expedición que le llevó en 1893 y 1894 a recorrer la región limítrofe con el Perú en el Madre de Dios, a la que volvió en 1897-98, proporcionando amplia información no sólo sobre la geografía y vías de comunicación, sino también sobre el estado socioeconómico de la región.67
31Largo sería el relato también de las numerosas expediciones privadas emprendidas por empresarios caucheros como Antenor Vázquez, la empresa de los hermanos Suárez y Antonio Vaca Díez –quien perdió su vida en el Urubamba en 1897 junto con el peruano Carlos Fitzcarrald– que, a la búsqueda de gomales, viajaron o financiaron expediciones por el norte y noroeste bolivianos.68 Por último, después de la creación de la Delegación Nacional en el Noroeste (1890), fueron también numerosas las exploraciones oficiales por toda la región con el objetivo explícito, como sucedió en el caso de las expediciones de Pando, de obtener información con vistas a la defensa de la soberanía frente a las pretensiones peruanas.69
32Finalmente, entre las numerosas expediciones extranjeras debemos mencionar las efectuadas por Edwin R. Heath en el Beni, Madre de Dios y tributarios, entre 1879 y 1881, de gran importancia para conocer la navegabilidad del primero, el clima y la expansión del frente cauchero en toda la región.70 Las informaciones proporcionadas por Heath relativas al territorio y sus vías fluviales, particularmente en el bajo Beni, permitieron la expansión de las barracas caucheras en la región y en los territorios bañados por el Madre de Dios y Orton, en los primeros años ’80, e hicieron posible que las áreas de explotación del caucho boliviano, hasta entonces separadas, quedaran unidas de facto. Importante expedición fue también la del brasileño Antonio R. P. Labre (1887) a la zona comprendida entre el Beni y Madre de Dios, y del alemán Pablo Ehrenreich al Purús en 1888;71 las exploraciones del italiano Luigi Balzan, quien, en 1890-92, recorrió la región con el patrocinio de la Sociedad Geográfica Italiana;72 y la expedición del ingeniero francés André Bresson –encargado de estudios ferroviarios en varios países andinos–, que recorrió el norte boliviano y preparó incluso un trazado ferroviario para superar las cachuelas del Madeira.73
5.1.1.1.2. La construcción del ferrocarril «lo reclama el porvenir de la patria, lo exige el interés de la civilización!».74 Vías de comunicación
33Si hay un tema que ocupó la atención de las élites políticas y económicas bolivianas en las dos últimas décadas del siglo xix ese fue, sin duda, el de las vías de comunicación, que deberían servir a la «realización del grande hecho transformador del Oriente».75 De hecho, las exploraciones que se llevaron a cabo en la cuenca del Amazonas y del Plata tuvieron como objetivo fundamental facilitar la apertura y desarrollo de las mejores rutas viarias y fluviales, tanto para la exportación de los productos bolivianos como para la mejora de las comunicaciones internas que, partiendo de Cochabamba, Sucre o Santa Cruz, permitieran el traslado de mercancías y mano de obra a las por entonces ricas regiones gomeras del norte y noroeste, o desde Potosí, Santa Cruz y Tarija facilitaran el comercio con la vecina Argentina. Paralelamente a la búsqueda de rutas que permitieran reducir las jornadas de viaje, tema destacado en el debate público fue la sustitución de la «mula, el asno y la llama»76 por el nunca suficientemente publicitado ferrocarril, y la incorporación del vapor a la navegación fluvial. En este proyecto, inspirado tanto en móviles económicos –prioritarios en relación con la producción y comercialización de las gomas– como geopolíticos –la tradicional mediterraneidad del país se había agudizado tras la pérdida del litoral pacífico–, convergieron también los grupos financieros internacionales que, interesados en la explotación del caucho y el acceso a territorios aptos para la colonización, propusieron la construcción de líneas ferroviarias en diferentes zonas de la república. Estos grupos desarrollaron activas campañas de propaganda y presiones sobre los gobiernos republicanos, en gran medida gracias a su alianza con individuos o empresas nacionales, como fueron los casos de Santiago Vaca Guzmán y Antonio Quijarro.77 Veamos, pues, las características de la red viaria y los proyectos ferrocarrileros bajo los gobiernos conservadores.
34Por lo que se refiere a la estructura caminera, todos los informes de los prefectos departamentales, memorias ministeriales y mensajes presidenciales al Congreso denunciaron el mal estado de la infraestructura vial, cuando no su inexistencia, especialmente en las regiones orientales. Repasando el estado de los caminos en el Beni, el delegado Aguirre señaló (1885) que en su departamento las rutas utilizadas por entonces para la conexión con la ciudad de Cochabamba eran tres: la que pasaba por Espíritu Santo y el río Chapare –ruta privilegiada–, la vía del Sécure hasta su confluencia con el Mamoré, y la vía del Chimoré. Otra conexión largamente deseada tanto por los grupos benianos como cochabambinos fue el enlace entre sus respectivas capitales, que se pretendió sin éxito hasta bien entrado el siglo xx, por las vías de Moleto-San Ignacio y Limoquije-Santa Rosa.78 Por lo que respecta a la comunicación del departamento beniano con Santa Cruz, la ruta privilegiada para el transporte de ganado fue la que pasaba por Loreto y las misiones de Guarayos, vía dificultada tanto por la hostilidad de las poblaciones indígenas no sometidas, como por su impracticabilidad en época de lluvias. Paralelamente, la vía fluvial más transitada para el transporte de viajeros y mercancías fue la que discurría por el Piray y el puerto de Cuatro Ojos. Sin embargo, la escasez cíclica de agua en el Piray, además de las pésimas condiciones del camino carretero a Cuatro Ojos habían aconsejado buscar rutas alternativas, como la intentada en la década de 1870 por Miguel Suárez Arana por el Guapay, finalmente descartada por las dificultades que ofrecía para la navegación.
35A lo largo de los años fueron muchas las propuestas que llegaron al gobierno boliviano para la mejora de las comunicaciones de la república, y de ello buena muestra tenemos en los informes prefecturales, así como en las memorias del Ejecutivo al Congreso. Aparte de las relativas a los proyectos ferroviarios en diversas zonas de la república, aspecto que veremos más adelante, las más significativas en el período 1880-99 fueron las que tenían que ver con el norte boliviano. Entre ellas podemos citar las promovidas por el empresario cauchero Antonio Vaca Díez en 1888 –por entonces era senador por el Beni–,79 cuando solicitó el apoyo gubernamental para, entre otras cuestiones, establecer la navegación a vapor en el Beni y el Madre de Dios, y abrir dos caminos carreteros desde Florida –enclave entre Riberalta y Cachuela Esperanza– a lo que hoy se denomina Guayaramerín –¡que sería concluida en la década de 1960!– y Exaltación –para el acarreo de ganado–.80 De hecho, el prefecto del Beni, Eulogio Arze, señaló en su informe de 1890 que la solución a la decadencia económica por la que atravesaba el departamento sólo podía proceder de la apertura de vías que facilitaran el acceso a los centros comerciales del interior del país –citó los radicados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz– y al exterior, y la inmigración que propiciaría la explotación de los recursos naturales y el crecimiento económico.81 Fue una tesis compartida en la misma época por el cauchero Vaca Díez para quien la causa fundamental de la postración de la región era la escasez de brazos como consecuencia de las difíciles y/o inexistentes vías de comunicación: «No hai [sic] población porque no hai [sic] caminos, ni vías fluviales espeditas [sic] para la comunicación; no hai [sic] caminos, ni vías fluviales porque no hai [sic] población».82 Vaca Díez sostuvo, de hecho, la necesidad de impulsar la mejora de los caminos y de la navegación fluvial, en detrimento de las vías ferroviarias, al considerar que estas eran por entonces irrealizables dada la ingente cantidad de capitales que exigían. Respondiendo a este objetivo, el mismo empresario cauchero solicitó (1893) al Congreso una nueva concesión de tierras gomeras –que le fue denegada– a cambio de la construcción de diversos caminos de herradura y carreteros,83 como podemos observar en el mapa 16.
Mapa 16. Proyecto de vialidad en el Noroeste boliviano, de A. Vaca Díez, 1893

Leyenda 1. Guayaramerín 2. Esperanza 3. Exaltación 4. Riberalta
Fuente. «Mapa del Noroeste de Bolivia que señala las vías de comunicación propuestas por el Dr. D. A. Vaca Díez ante el Congreso Nacional de 1893» en AHL (Lima). Mapoteca. В1-11, PL-8-6.
36De igual manera en el sudeste, Suárez Arana consiguió en 1880 permiso para la construcción de dos caminos, uno que uniera Santa Cruz y Laguna Cáceres (aquí sentó las bases de lo que sería más tarde Puerto Suárez), y otro que vinculara Lagunillas con Santiago de Chiquitos. Sin embargo, como bien señala Fifer, según los términos del tratado de 1867 con Brasil, Laguna Cáceres quedaba sin acceso directo al río Paraguay;84 esta fue la razón por la que Suárez Arana buscó un nuevo lugar, más al sur, donde tras una nueva concesión fundó a mediados de 1885 Puerto Pacheco, que, como se ha dicho, fue ocupado por fuerzas paraguayas en 1888.85 En suma, aunque podrían citarse muchos proyectos de vías de comunicación, las grandes estructuras viarias quedaron por varios años en el papel, como podemos observar en el mapa 17, en el que figura la red caminera boliviana a fines del siglo xix.
37Por lo que se refiere al ferrocarril, tampoco fueron significativos los logros a pesar de la continuada atención que la prensa y el Congreso dedicaron al tema. Es bien sabido que el único tendido construido bajo la etapa conservadora fue el que, respondiendo al interés exportador de los empresarios mineros, unió Oruro con la chilena Antofagasta vía Uyuni, proyecto concluido en 1889-92.86 Por lo que respecta al resto de proyectos, las vías más publicitadas fueron la del norte, Madeira-Mamoré, proyectada en los ’70, confiada a la empresa Church que como vimos en el capítulo anterior, fue definitivamente abandonado a fines de dicha década.87 Sin embargo, con la expansión del frente cauchero en las regiones del Madeira, Beni y Acre, el interés en buscar una vía rápida para la exportación de la goma se hizo perentorio, pues, hasta entonces, la mayor parte del caucho boliviano seguía la difícil ruta del Madeira, salvo una pequeña parte que, a espalda de porteadores y lomo de mulas, llegaba al altiplano primero y después al puerto peruano de Moliendo. El ferrocarril se presentó como la solución al obstáculo que suponía la existencia de las cachuelas del Madeira, pues, como señaló el ministro de Colonización, «la colonización de la región setentrional [sic] se halla subordinada a la construcción del ferrocarril del Madera y Mamoré».88 De ahí los varios proyectos presentados al respecto que, sin embargo, sólo se hicieron efectivos, parcialmente, bajo las administraciones liberales como veremos en su momento. Finalmente, fueron también muchos los proyectos de construcción de vías férreas en el sur/sudeste, cuya mención figuró incluso en el Reglamento de Colonias dado por Aniceto Arce (10.03.1890),89 aunque ninguno se hizo efectivo por entonces.90
Mapa 17. Principales vías de comunicación en Bolivia, 1898

Leyenda 1. La Paz
2. Viacha
3. Guaqui
4. Huaycho
5. Soraia
6. Apolo
7. Rurrenabaque
8. Trinidad
9. Coroico
10. Chulumani
11. Oruro
12. Uyuni
13. Potosí
14. Tanja
15. Sucre
16. Padilla
17. Samaipata
18. Santa Cruz
19. Puerto Suárez
20. Yacuiba
21. Cochabamba
22. Totora
23. Guanay
Fuente. Elaboración propia a partir de J. C. Roux. La Bolivie Orientale. Paris/Montreal. L’Harmattan, 2000. p.79.
5.1.1.2. «Bolivia no excusa, a quien quiera que sea, sus tierras baldías».91 Colonización e inmigración
38Lugar común de los políticos, intelectuales y empresarios bolivianos en las dos últimas décadas del siglo xix fue atribuir los males del país, el estancamiento económico, el poco peso de Bolivia en el escenario internacional, la pérdida de territorios, etc. a la escasa población y al abandono estatal y privado de extensas regiones al control de las «tribus salvajes». Como se ha venido insistiendo en las páginas precedentes, el proyecto orientalista conservador tuvo como objetivo último la colonización de los territorios fronterizos y el sometimiento de las poblaciones indígenas, al mismo tiempo que atraer a Bolivia una corriente de inmigración extranjera que habría de permitir el progreso del país. En consecuencia, a lo largo de la etapa 1880-99, los poderes públicos emitieron una ingente cantidad de disposiciones para «regular» el acceso a las tierras colonizables y posibilitar así el incremento de la población y el crecimiento económico del país. Veamos pues ahora la legislación relativa a las tierras baldías y la normativa dictada con respecto a la inmigración extranjera que debía ocupar y explotar aquellos territorios.
39Por lo que respecta a la colonización, dejando de lado todas las cuestiones relativas al tradicional agro boliviano y ocupándome aquí de la legislación agraria relativa a los Orientes, desde el inicio de los ’80, el gobierno Campero –que por ley de 15.08.1880 implantó el Catastro– mostró interés por el tema y, considerando que la mensura y avaluación de las tierras previamente a su adjudicación «impedían» el desarrollo de la agricultura, decretó (12.04.1880) que cualquier individuo podía solicitar la adjudicación de hasta 100 ha. de terrenos baldíos en cualquier bosque del país, debiendo pagar un boliviano por hectárea.92 El deslinde y amojonamiento de los lotes se haría por cuenta del concesionario y con posterioridad a su otorgamiento, situación que permitió la concesión de tierras sin el previo reconocimiento y la supervisión estatal, lo que tuvo graves consecuencias para el erario público,93 y que, probablemente, fue la razón por la que el Ejecutivo suspendió el decreto pocos meses después (1.12.1881).94
40Sin embargo, la política colonizadora no dio un cambio cualitativo hasta 1886, pues, como dijo un miembro del gabinete Pacheco al Congreso «Hasta aquí nuestra administración en la materia no ha obedecido a ningún plan previsor, ni seguido sistema alguno».95 El primer hito de dicha política fue el decreto de 22.02.1886 por el que se creó la Oficina de Tierras y Colonización a la que se concedieron atribuciones para recabar información sobre zonas susceptibles de ser colonizadas, fundación de colonias, establecimiento de puertos y adjudicación de terrenos baldíos.96 Siguió después la ley de 13.11.1886, por la que se encomendó al Ministerio de Colonización el cuidado de todos los ramos de la administración de las colonias (art. l), de los terrenos baldíos y colonizables (art. 13), de las fuerzas militares radicadas en aquellas colonias (art. 14) y de las misiones religiosas (art. 15).97 La medida, de colonización al fin y al cabo, otorgó al Ejecutivo (art.5) capacidad para conceder tierras en forma gratuita, venta o subasta a «1° a las empresas nacionales o extranjeras, que tengan por objeto fundar poblaciones; 2° a las misiones religiosas de Propaganda Fide; y 3° a los nacionales que quieran establecerse en ellas».98
41Esta ley comportó un cambio significativo en la estrategia estatal para ampliar la frontera interna y salvaguardar la externa, porque, en primer lugar, para optimizar los resultados se concentró bajo un único mando –el Ministerio de Colonización–99 el régimen administrativo de todos los terrenos baldíos y colonizables. Segundo, se reconoció explícitamente el papel de las misiones –hasta entonces encargadas de reducir a los «salvajes»– como instrumentos de colonización, colocándolas en plano de igualdad con los fortines, prioritarios para la administración boliviana desde el gobierno de Ballivián en 1844. Tercero, se fijaron las características de la concesión o venta de tierras, extensión de las mismas, compromisos de los beneficiarios, etc. Y, finalmente, a fin de evitar el despojo de tierras, se señaló explícitamente (art.8) que no podía realizarse venta o adjudicación alguna sin el previo reconocimiento, división y mensura de las zonas colonizables; pocos años después, la ley de 21.10.1897 derogó dicho artículo.
42La ley de 13.11.1886 fue reglamentada bajo la administración de Aniceto Arce por decreto de 10.03.1890100 que, tras establecer la Superintendencia de Colonias y Tierras Baldías, confiada al Ministerio de Colonización, señaló como zonas colonizables las tierras yermas existentes en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y el Beni; fijó las competencias y obligaciones de las comisiones de reconocimiento y mensura de los terrenos; y las características que debía presentar la adjudicación o venta de tierras a individuos y empresas.101 Por lo que se refiere a las misiones, el Reglamento señaló explícitamente que las mismas quedaban bajo la «protección administrativa» del ministerio (art.9), dispuso la «necesaria aprobación» por los poderes públicos de todo centro de colonización establecido por empresas colonizadoras (art.7), y proclamó que toda colonia cuya población alcanzara los 500 habitantes adultos pasaría al régimen político-administrativo vigente en el país.
43El decreto de marzo de 1890 fue complementado por muchas otras disposiciones, aunque me interesa señalar básicamente dos. La primera, la resolución de 22.01.1891 según la cual las solicitudes para el registro de los títulos de propiedad de los terrenos baldíos debían presentarse en las prefecturas, a las que reconocía jurisdicción privativa en todas las diligencias preliminares.102 La segunda, la ley de 21.10.1897 que, entre otras cuestiones, derogaba el art.8 de la ley de 13.11.1886 según el cual no se podía ejecutar ninguna venta ni adjudicación antes del reconocimiento, división y mensura de las zonas colonizables,103 beneficiando así a los acaparadores de tierras.
44Es por todo ello que, en mi opinión, aunque la normativa aprobada reflejó un novedoso interés del poder político en regular la colonización de tierras, la praxis histórica mostró cuán limitada fue la eficacia de dichas medidas y evidenció la inoperancia estatal para implementar su política colonizadora. En mi opinión, las causas son dos: la primera, derivada de las reticencias del Congreso a votar fondos que permitieran los trabajos de las comisiones de exploración, reconocimiento y mensura de los terrenos; la segunda, directamente relacionada con la anterior, la presión de los terratenientes y de los caucheros, interesados en actuar en un territorio donde la presencia estatal –existencia de aduanas, control de la población, etc.– se viera reducida al mínimo y les dejara las manos libres en sus actividades económicas.
45Entonces, ¿por qué aprobar una ley para después no proveer los medios para su cumplimiento? ¿Se trataba sólo de construir una imagen de país moderno? ¿Había diferencia de criterios entre, por un lado, ciertas élites dirigentes detentadoras del poder central que, buscando su consolidación como grupo hegemónico, pretendían ya sea promover una real ocupación del territorio, ya sea posibilitar la explotación de sus recursos naturales como vía para obtener más ingresos fiscales;104 y, por otro lado, grupos regionales que pensaban que la mejor legislación era la que no existía y, por lo tanto, no presionaron para su implementación, considerando que sería más bien un impedimento a su expansión? o bien ¿considerando la expansión cauchera que por entonces se estaba produciendo, una parte significativa de las tierras colonizables albergaban gomales y, por lo tanto, su explotación no requería colonos que trabajaran la tierra o se dedicaran al pastoreo en régimen de propietarios, sino abundante mano de obra? De hecho, también en aquellos años se dio una amplia legislación relativa a las explotaciones gomeras paralelamente a la expansión del frente cauchero en el norte y noroeste bolivianos, como veremos al estudiar las «colonias industriales».
46Por lo que respecta a la inmigración, «naturalmente» extranjera, las medidas más significativas sólo empezaron a darse a partir de mediados de los ’80 pues, como señaló el ministro de Colonización en 1886, aspiración del Ejecutivo era «atraer hacia la República las corrientes de una benéfica y fecunda inmigración extranjera».105 Esta fue la razón por la que, durante la administración Pacheco, primero, se encargó a los prefectos una pormenorizada descripción de las tierras útiles, productos susceptibles de ser explotados, condiciones de las vías de comunicación, etc., destinada a «hacer conocer en el exterior los vastos territorios de la nación y las riquezas que encierra»;106 segundo, se nombró un comisionado nacional para la exploración de los lugares apropiados para recibir inmigración extranjera y recopilación de informaciones generales sobre el Oriente;107 tercero, se elaboró una compleja normativa sobre la adjudicación de tierras, en la cual el argumento reiterado en toda orden, ley, resolución o circular era «establecer el sistema más adecuado de colonización e inmigración».
47Un repaso de los informes prefecturales –especialmente de Beni y Santa Cruz, aunque también de Tarija y Cochabamba– y ministeriales, a lo largo de la etapa 1880-99, nos permite afirmar que la problemática inmigratoria y colonizadora se configuró como elemento vertebrador del discurso sobre la ocupación de los Orientes. Sin embargo, la praxis histórica mostró que la política gubernamental confió exclusivamente la llegada de inmigrantes a los contratos de colonización,108 ya comentados con anterioridad, dedicando escasa atención a la llamada «inmigración espontánea». De hecho, sabemos que todos los contratos signados con empresarios bolivianos o extranjeros sobre el ingreso de familias, fueran belgas, francesas, polacas o norteamericanas, constituyeron un absoluto fracaso. Fueron igualmente un fiasco algunos intentos «personales» efectuados por empresarios para la introducción de inmigrantes, como el intentado por el cauchero Antonio Vaca Díez a mediados de los ’90, cuando, tras haber expresado reiteradamente que los «males que padecemos» en la región beniana eran consecuencia de la falta de población, haber solicitado de las autoridades «llamar la concurrencia de colonos, sean nacionales o extranjeros, con un buen sistema de colonización que ofrezca risueña perspectiva al poblador»,109 y haber constatado la ineficacia gubernamental al respecto, optó por introducir en el Beni, vía Brasil, alrededor de 200 familias españolas, con nulos resultados pues la mayor parte de ellas se quedaron en el camino.110
48A fines del siglo xix el gobierno de Fernández Alonso constató el fracaso de la política inmigratoria y colonizadora. Esta fue la razón por la que considerando la necesidad de población que tenía el país para la explotación de los recursos naturales bolivianos –aunque mejor sería decir de mano de obra, como aclararé más adelante– se estimó conveniente promover la llegada al país de la llamada «inmigración espontánea». Tratando de resolver el problema, el ministro del ramo, José V. Ochoa, envió una circular (16.07.1896) a los cónsules bolivianos en el extranjero con recomendaciones explícitas para que dieran a conocer las riquezas del país, el cual, además, ofrecía al colono todas las ventajas y garantías de un «país civilizado»,111 y ordenó (decreto 21.12.1896) el establecimiento de una Oficina de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, adscrita por entonces al despacho de Fomento,112 con el objetivo de divulgar en el extranjero la importancia de los recursos naturales existentes en Bolivia.
49Una lectura atenta de la legislación y de diversos textos sobre los Orientes bolivianos nos permite comprobar que esta política venía dictada, en gran parte, por la necesidad de mano de obra para las explotaciones caucheras113 que, como bien sabemos, siguiendo la lógica extrema del capitalismo, pretendía el máximo beneficio con el menor costo y en el menor tiempo posible. Los inmigrantes tampoco llegaron esta vez, y cuando lo hicieron fueron básicamente asiáticos, con destino a los fundos gomeros.114 No obstante, claro indicador de la inconsistencia de la política inmigratoria boliviana es que el primer «Reglamento de inmigración libre» se aprobó solamente el 15.03.1907.
50Estando por concluir la etapa conservadora, el ministro de Colonización, Tomás Baldivieso, en su informe al Congreso del 98, denunció las limitaciones del proyecto colonizador al afirmar que el Ejecutivo del que formaba parte se había limitado a tomar medidas de «mera ejecución» de la ley de 13.11.1886 relativa a grandes exploraciones y división de tierras colonizables «sin poder adoptar iniciativas que pudieran dar impulso más vigoroso a la colonización, pues es cierto que para pretender efectuar innovaciones trascendentes, es necesario que las disposiciones primitivas... lleguen a constituir una costumbre en el ánimo del pueblo».115
5.1.1.3. ¿Presencia estatal en los Orientes?
51Cuando a inicios de 1884 el gobierno Campero nombró al diputado beniano Manuel Aguirre delegado en los territorios orientales, entre las varias instrucciones cursadas se señaló la importancia de «asegurar nuestras fronteras del Noreste y del Este contra las invasiones que paulatinamente pudieran hacerse y en las que algún día se pretendería fundar títulos territoriales».116 Por entonces, la preocupación fundamental del Ejecutivo boliviano procedía de la expansión cauchera por ciudadanos brasileños en los ríos del norte y noroeste, hecho que se vio corroborado en el informe reservado enviado por el delegado Aguirre al ministro de Relaciones Exteriores tras su visita a la región. En opinión del delegado la consolidación de los derechos territorios bolivianos frente al expansionismo de los países limítrofes exigía el establecimiento de guarniciones militares en el Purús,117 en la confluencia del Machupo con el Iténez,118 y el aumento de la tropa en la misma capital de Trinidad. Estas mismas ideas fueron expuestas por Aguirre al Ejecutivo de Gregorio Pacheco a inicios de 1885, en cuyo gabinete pareció existir ciertas discrepancias sobre el tema por cuanto el delegado no dejó de señalar que algún ministro mostró «cierta reserva contra nuestra tendencia resguardadora de territorios (se dijo) que después no se pueden administrar y son improductivos».119 situación que movió a escándalo a Aguirre, quien no dejó de subrayar su idea de que todo territorio, «por alejado, por inculto y estéril» que fuera, «es siempre un retazo de la patria que nos legó el esfuerzo viril de nuestros mayores y que debemos conservar y resguardar a costa de todo sacrificio».120
52De lo dicho hasta ahora podemos inferir que la inquietud fundamental del gobierno Campero fue de carácter geopolítico, esto es, la defensa de la soberanía boliviana en una región donde la presencia estatal era nula. La afirmación es cierta pero parcial por cuanto, del conjunto de la correspondencia cruzada entre los miembros del Ejecutivo –y de todas las administraciones «conservadoras»– con las autoridades departamentales del norte boliviano, mensajes presidenciales al Congreso, etc. emerge como preocupación prioritaria la cuestión económica relativa al nulo control de la producción gomera y del movimiento comercial generado por esta, con los consiguientes perjuicios fiscales para el país, como mínimo hasta 1895. Por entonces, a consecuencia del apoyo de los gobiernos del Perú y Brasil al avance de «empresarios» caucheros peruanos y brasileños en la región del Madre de Dios, Acre y tributarios, se produjo un creciente interés del Ejecutivo y Legislativo bolivianos en la defensa de territorios, considerados propios, como se observa en el incremento de las comunicaciones de la cancillería de Bolivia con sus representantes en el exterior.121
53En consecuencia, podemos afirmar que fueron razones de tipo económico, primero, y geopolítico, después, las que llevaron al Congreso boliviano a aprobar (25.10.1890) la ley relativa al establecimiento de dos delegaciones en el Madre de Dios y el Purús, medida sancionada por el presidente Arce tres días más tarde.122 De hecho, gran parte del articulado de la ley, y salvo los puntos específicos relativos a los límites de las delegaciones, se refirió a las funciones a cumplir por los delegados que fueron, esencialmente, de carácter económico. Efectivamente, más allá de las consideraciones genéricas sobre la realización de las exploraciones, fundación de colonias y apertura de caminos, se reiteraron como tareas prioritarias de la nueva autoridad llevar a cabo un censo de la población y de los fundos gomeros; el estudio de la región con vistas al establecimiento de puertos fluviales y sus correspondientes dependencias aduaneras; la aprobación de impuestos a la exportación de gomas y otros productos; y, finalmente, el inicio de negociaciones con el Brasil para «ajustar una convención en que se establezca reglas para el tránsito comercial, recaudación de impuestos y demarcación provisoria de un límite sobre el río Purús».123
54Sin embargo, no deja de ser interesante e indicador de la incapacidad gubernamental para implementar su política, constatar que cuando el gobierno boliviano puso en práctica dichas medidas –fue el gobierno de Mariano Baptista en 1893– dictando el reglamento para el funcionamiento de la delegación del Madre de Dios (decreto 16.05.1893), y aprobando la correspondiente partida presupuestaria, las antiguas dos delegaciones se fusionaron en la práctica en una sola, adjudicando a la del Madre de Dios la gestión de los asuntos en los ríos Acre y Purús.124 Un estudio de los informes ministeriales y debates parlamentarios me permite señalar que la causa fundamental de esa «fusión» y de las dificultades para implementar la política en el Noroeste fue la reiterada negativa del Congreso boliviano a aprobar las medidas sin las cuales, como dijo el ministro del ramo en 1896, todas las iniciativas relativas al Oriente no eran más que «proyectos hábilmente elucubrados», sin posibilidad de ser implementados hasta que «no se voten los recursos necesarios para afirmar y desemvolver [sic] estos propósitos».125
55En cualquier caso, el primer delegado nacional en los Territorios del Noroeste126 fue, como se ha dicho, Lisimaco Gutiérrez, a quien se encargó la organización de la delegación con el objetivo de llevar «a las apartadas regiones septentrionales el imperio de la ley» y la formación de «florecientes colonias»,127 para lo que se le dieron instrucciones relativas al control de la producción y comercialización gomera.128 Los informes recogidos por el delegado –quien estableció la sede de la delegación en Riberalta en febrero de 1894– son ilustrativos del descontrol estatal sobre una región cuya población indígena estaba sometida a un régimen de esclavitud,129 cuyos «industriales» caucheros no tenían un sólo título escrito, pues «el descubrimiento y las señales de él y de la posesión, son los únicos que garantizan los trabajos establecidos».130 Con todo, no me resisto a recoger una reflexión que, como mínimo, dice poco de la sagacidad política del delegado cuando, a propósito del Acre como región de futuro próspero por la gran cantidad de gomales allí existentes, proclamó
Los brasileros radicados ahí, saben que se encuentran en territorio boliviano y se avienen gustosos a la idea de nacionalizarse como bolivianos, una vez que se llegase a hacer la demarcación internacional.131
56La historia inmediata se encargó de desmentir a Gutiérrez tanto en la región del Madre de Dios como en el Aquiri y Purús. En el primer caso, el delegado Dámaso Sánchez informó en 1898 sobre los avances hechos en la zona por «industriales extranjeros» en los territorios limítrofes con Perú y Brasil;132 en el segundo caso, el gobierno de Fernández Alonso, ante «la necesidad de amparar esos territorios, llevando a su seno autoridades bolivianas, elemento boliviano y para normalizar la administración pública descuidada y entregada hasta hoy a elementos extraños, incompatibles con la soberanía nacional», organizó en el primer trimestre de 1898 la Delegación Nacional en el Aquiri y Purús –que debía instalar también una aduana en el Aquiri– para cuya implementación nombró a Juan Francisco Velarde.133 Con todo, dichas actuaciones mostraron, una vez más, la incapacidad de los gobiernos bolivianos para desarrollar una política eficaz tanto en la ocupación del territorio como en la defensa de la soberanía frente al expansionismo de los países limítrofes. Los hechos que se sucedieron en la primera década del siglo xx en la región acreana y, en menor medida en el Madre de Dios, fueron el mejor ejemplo de lo interesante de la retórica gubernamental.
5.1.2. Instrumentos de bolivianización. Colonias militares, industriales y religiosas
57En 1895 el sistema colonizador boliviano estaba «reducido al sistema embrionario de agrupaciones llamadas fortines o colonias militares, misiones o colonias religiosas y centros industriales».134 Una retrospectiva del camino andado desde la ley de 13.11.1886 por la que se creó el Ministerio de Colonización –al cuidado del cual se puso la administración de las colonias, terrenos baldíos y colonizables, fuerzas militares radicadas en aquellas colonias, y las misiones religiosas– permite ver que los gobiernos «conservadores» aprobaron gran cantidad de medidas con el objetivo de implementar el proyecto de ocupación de los Orientes. Sin embargo, la praxis histórica demostró, nuevamente, los escasos resultados que se lograron.
5.1.2.1. Fortines «cuya misión civilizadora es la del soldado de la ley y del progreso y no ya la del abuso y la violencia»135
58Por lo que se refiere a las colonias militares, las funciones de los fortines como instrumento de colonización fueron cuatro. La primera, defender las poblaciones de colonos de la hipotética hostilidad de los grupos indígenas que, en caso de resistencia, debían ser reprimidos y exterminados; la segunda, constituir núcleos poblacionales; la tercera, resguardar la soberanía boliviana en las fronteras; la cuarta, concentrar los bárbaros habitantes ocupantes de los Orientes en las colonias. Estas funciones fueron implícitamente reconocidas por todos los gobiernos de la etapa 1880-99 al proclamar, con mayor o menor énfasis, que los fortines tenían «la misión especial de reprimir las irrupciones de tribus salvajes y de fundar poblaciones agrícolas».136 Veamos, a título indicativo y como ejemplo de las funciones teóricamente asignadas a los fortines, el contenido de cuatro disposiciones sancionadas por el Ejecutivo boliviano a lo largo de estos años, que nos permitirán una brevísima reflexión final sobre la contribución de las «colonias militares» a la nacionalización de los Orientes.
59La primera de las medidas fue la resolución de 19.03.1880, relativa a la construcción de los fortines Ñaguapoa y Taringuite en la provincia de Azero, dictada con el objetivo de defender las colonias organizadas por los vecinos de Mañcaroinza de los posibles ataques de los indígenas no sometidos.137 La segunda, fue la orden gubernamental de 22.02.1886 al jefe militar de las colonias del Chaco, por la que se le dieron instrucciones sobre la organización de la tropa para el servicio de los fortines en Caiza y Creveaux.
60Estas «instrucciones» son ilustrativas de la política del gobierno Pacheco respecto a la utilización conjunta de fortines y misiones católicas como instrumentos de colonización, pues «la mejora y el incremento de esas poblaciones nacientes, consiste en combinar la influencia benéfica y civilizadora de la religión, con las garantías y seguridades que ofrece la fuerza pública». En aras de dicha convergencia de intereses, el Ejecutivo boliviano exigió del jefe militar del Chaco que mantuviera con los misioneros del Colegio de Tarija la armonía necesaria a fin de que «unos y otros en su respectiva esfera de acción, concurran al mantenimiento y desarrollo de las colonias».138 La tercera disposición, también relativa a la región chaqueña, fue la contenida en el decreto de 6.02.1888 referente a los fortines existentes en Caiza y Creveaux, y a la construcción de dos nuevos centros en Tonono (Chaco) e Higuerones (río Guapay).139 La medida pretendía proteger las poblaciones y propiedades de los fortines ya existentes de las «invasiones de los salvajes», fomentar la «colonización espontánea» del Oriente, desarrollar las actividades agropecuarias, y facilitar la navegación y comercio entre Santa Cruz y el Beni. El decreto adjudicó tierras al conjunto de dichos enclaves colonizadores y concedió a cada uno de ellos un lote de terreno, algunas piezas de ganado y útiles de labranza. La cuarta y última disposición fue la contenida en la orden de 7.01.1888 relativa a la construcción de un fortín en la Horquilla (confluencia de los ríos Itonoma y Machupo, en el departamento del Beni) con el objetivo de «atraer a los salvajes hacia la vida civil; establecer centros agrícolas y relaciones comerciales; y hacer efectivo el dominio nacional en las desiertas regiones que comprende su importante misión».140 Agreguemos que la existencia de este fortín fue teórica por entonces, como consecuencia, tanto de los escasos fondos departamentales para el mantenimiento de aquel y de sus similares, como de la falta de individuos dispuestos a trasladarse a aquellas regiones. Estas fueron las razones reiteradamente denunciadas por los prefectos del Beni desde fines de los ’80 y a lo largo de los ’90.141
61Sin embargo, la existencia de los fortines poco hizo por la bolivianización del territorio, como señaló el ministro Paz al Congreso de 1893 al afirmar que, tras nueve años de implementación de la colonización militar, aquellos «son simples guarniciones en el desierto, sin más elemento de vida que el soldado», el cual sin formar una familia, sin estímulo alguno para permanecer en el lugar «resguarda regiones sobre las que volverá el dominio del salvaje» si a dichos fortines no seguía una colonización resultado del «interés privado».142 Dos años después (1895), el Ejecutivo informó al Congreso de la existencia en las fronteras orientales de nueve fortines, los existentes en el Chaco (Villa Rodrigo, Bella Esperanza, Creveaux), en las fronteras de Tarija (Caiza –antigua colonia Ballivián–), y en las regiones del Oriente (fortines Murillo, la Horquilla, San Matías, Baptista y fortín del Parapetí), previéndose la fundación de dos nuevos en el Chapare y Abaroa.143 Sin embargo, algunos de ellos existían sólo sobre el papel, como el caso de la Horquilla, Higuerones o Parapetí.144 Además, el número de habitantes de dichas «colonias militares» fue siempre muy reducido, bien por la lejanía de las colonias –tanto entre ellas, como respecto a las poblaciones ya existentes–, bien por la desatención gubernamental en el pago de haberes a los soldados, bien por las resistencias que tenían algunos de los jefes de los fortines a permitir el asentamiento y «disfrute» de las tierras a los colonos que pretendían hacer uso de ellas.145 Además, otras razones significativas fueron las epidemias de diverso signo que azotaron a los pobladores y las inundaciones periódicas de algunos fortines, fundamentalmente en el Chaco.146 Considerando esta situación y la gran extensión del territorio no puede sorprendernos las dudas del ministro Paz sobre la eficacia de dicho sistema
No ofrecen un buen resultado estos fortines de pura y reducida posesión militar y no tienen ni aún las condiciones necesarias para la defensa de poblaciones por las enormes distancias que les separan y que impiden la mutua protección.147
5.1.2.2. Colonias industriales
62Por lo que se refiere a las «colonias industriales», nombre bajo el cual se designaba, inicialmente, a toda unidad productiva, agraria, pecuaria o extractiva, el boom de la goma elástica a partir de los ’80 redujo progresivamente su significado a sinónimo de empresas caucheras. La historiografía existente sobre el caucho boliviano, desde la primera obra sistemática sobre el tema escrita por Manuel Vicente Ballivián,148 informa del inicio de la explotación gomera a mediados de la década de 1860, en la boca del río Yata, tributario del Mamoré;149 sin embargo, el incremento sustancial de las barracas no se produjo hasta fines de los ’70 y, fundamentalmente, inicios de los ’80, en las riberas de los ríos Beni, Madre de Dios, Tahuamanu, Orton y Acre.
63Una de las primeras disposiciones relativas a la goma fue la ley de 23.02.1878, por la que la Asamblea Nacional concedió terrenos a los exploradores de los ríos orientales, medida cuyo art.2 dispuso que los beneficarios debían «plantear establecimientos de cultivo o explotaciones de goma, maderas u otros objetos de exportación» antes de un año y medio de la adjudicación.150 Esta ley fue seguida por varias disposiciones tanto sobre el pago de impuestos, como sobre el acceso y explotación de los bosques gomeros, fundamentalmente en la última década del siglo xix. No es el caso aquí de hacer una historia de la legislación gomera, por lo que me ceñiré, por un lado, a un breve comentario sobre las principales medidas aprobadas, y, por otro, a una sucinta reflexión sobre la contribución de las explotaciones caucheras a la expansión de la frontera interna, cuestión que me permitirá abordar, también brevemente, la problemática de la mano de obra indígena.
64Por lo que respecta a la legislación gomera, entre las principales medidas sancionadas por los gobiernos «conservadores» bolivianos cabe destacar la ley de 24.11.1883 –cuyo objetivo principal fue el «reconocimiento» de los indígenas benianos como propietarios151– por la que se fijó un impuesto para el arriendo de gomales,152 y se declaró que tras diez años de arrendamiento de los mismos el arrendatario tenía la posibilidad de adquirir la propiedad de la estrada aunque sin comprender el terreno, que sólo podría ser consolidado conforme a la ley de tierras baldías.153 Fue, sin embargo, durante la década de 1890 cuando se aprobaron las principales disposiciones, entre las cuales destacan la ley de 10.10.1892, por la que se estableció la caducidad de las adjudicaciones de tierras gomeras si en los cuatro años posteriores no se iniciaran los trabajos de cultivo, y se dispuso que los gomales abandonados durante cinco años pasarían a ser considerados como tierras baldías pertenecientes al Estado.154 La medida fue seguida, entre otras, por los decretos de 15.05.1893 y 19.07.1893, que declararon adjudicables en arrendamiento las estradas –consideradas cada una de ellas como grupo de 100 árboles productores de goma–, y prohibieron la destrucción de los árboles; y la ley de 27.11.1893 que fijó en 100 estradas el máximo a otorgar a una persona, o 1000 estradas a una empresa.155 Sin embargo, la principal disposición fue la ley de 12.12.1895 que estableció la forma y condiciones para la adjudicación de las estradas en los territorios de Colonias, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz, reglamentada el 30.06.1896, medida que al dejar al arbitrio de las autoridades departamentales la concesión «en propiedad»156 de hasta 500 estradas –la estrada había pasado a ser el conjunto de 150 árboles gomeros– por persona, y 1000 estradas por empresa, provocaron el surgimiento de enormes explotaciones.157
65Por lo que se refiere a la segunda cuestión, el papel de la explotación cauchera como instrumento de ocupación del territorio, la mayoría de los políticos bolivianos compartieron las tesis expuestas por el ministro Paz al Congreso de 1895, para quien las barracas eran «establecimientos industriales que por la afluencia de trabajadores forman núcleos de población vigorosa» por cuanto donde el gomero «sienta sus reales surje [sic] un núclo de población fija y estable», siendo el único instrumento de colonización en regiones que por sus peligros o inaccesibilidad no atraían a la migración común.158 Por entonces, el caucho se encontraba en plena expansión en la Amazonia boliviana y se presentaba, al decir de la mayoría si no la totalidad de los políticos bolivianos, como talismán que permitiría el progreso de la región y de todo el país. Evidentemente, la industria gomera pareció presentarse como útil instrumento para la expansión de la frontera interna al atraer a la región importantes contingentes de mano de obra que, se dijo, fijándose en el territorio, permitirían el control del mismo. Estas fueron las razones por las que el ministro Paz propuso la aprobación de una serie de medidas para el desarrollo y mantenimiento de la actividad, entre ellas la futura ley de 12.12.1895 ya citada. Uno de los precios a pagar fue la existencia de la «trata» humana,159 cuestión que me permite hacer una digresión sobre la problemática de la mano de obra indígena.
66Esta cuestión fue reiteradamente expuesta tanto por los misioneros como por las autoridades departamentales del Beni y Santa Cruz, que denunciaron ya la explotación de los indígenas, ya la despoblación de dichas regiones como consecuencia del «enganche» de estos con destino a las regiones gomeras. El problema mayor radicaba en que la captación de brazos con destino al Madeira y Noroeste en general provocaba la ruina de las empresas agropecuarias y actividades comerciales de Santa Cruz y el Beni, que asistían impotentes a la disminución de la mano de obra.160 Esta es la razón por la que el gobierno de Campero, considerando necesaria la tutela de las poblaciones indígenas del Beni, –«a causa de la especie de trata establecida allí para conducir a los sencillos y sumisos benianos a las inhospitalarias playas del Madera»161– propuso al Congreso la aprobación de una ley reglamentando la contratación de los peones que, con algunos cambios, fue sancionada el 24.11.1883.162 La medida, elogiada por cuanto obstaculizaba la acción de los «explotadores de gomas», fue sin embargo criticada por algunos, como el delegado gubernamental en el Oriente M.Aguirre, que consideraron un error la «absoluta liberación de toda imposición pública a los naturales» porque al abolir toda obligación de prestación de trabajo que pesaba sobre los indígenas benianos –a quienes se reconocía, además, libertad para contratar sus servicios– el Estado boliviano renunciaba a una acción de tutela sobre ellos. Esta situación, siempre según Aguirre, era particularmente nefasta para el progreso económico del país, por cuanto, dada la «independencia semisalvaje» de los indígenas, estos caían en una «lastimosa ociosidad», privando al comercio y a la industria de mano de obra.163 En los años siguientes, tanto las autoridades prefecturales como centrales aprobaron otras medidas «protectoras», como la resolución de 12.05.1893 por la que la Prefectura de Santa Cruz regularizó el enganche de peones con destino a las explotaciones gomeras, y el Ejecutivo dictó la resolución de 6.02.1894 declarando que todos los contratos de trabajadores caucheros debían atenerse a la legislación «protectora» dada por las autoridades.164 Con todo, la transgresión fue la norma, como denunciaron los informes prefecturales del Beni y Santa Cruz, y de los que se hizo eco el mismo Ejecutivo, el mismo que, sólo tres años después de la aprobación de aquella ley (1886), señaló que continuaba vigente en Velasco y Chiquitos el «abuso» de conducir a los indígenas a las provincias del alto Amazonas y el Brasil, sin las garantías que la ley prescribía relativas al término de los contratos y el regreso de los indígenas a sus lugares de origen.165 A trece años de la aprobación de la ley de 1883, a punto de concluir su gestión, el gobierno Baptista denunció la despoblación del Beni y la extracción de mano de obra del departamento cruceño y de la provincia de Caupolicán con destino a las regiones gomeras, «falencia de brazos útiles [que] ha dado lugar a tráficos inicuos». Tal situación, según el ministro de Colonización, sólo podía ser resuelta con la llegada de inmigración extranjera que proporcionaría los brazos necesarios a la economía del Noroeste.166 Por ello, a propuesta de José Manuel Pando –entonces senador por Chuquisaca– el Congreso aprobó (16.11.1896) la ley relativa a los contratos de peones enganchados para trabajar en los bosques gomeros, que provocó la resistencia de los sectores propietarios.167
67Una última consideración sobre la funcionalidad de los enclaves caucheros como instrumento de colonización del territorio. La praxis histórica mostró la debilidad del Estado boliviano, incapaz de hacerse presente en aquellas regiones, y que delegó en los empresarios caucheros la misión de bolivianizar e incluso defender el territorio, como se vería en la Guerra del Acre. Esta razón, unida a la connivencia entre las élites socioeconómicas locales/regionales con las autoridades, además de las mismas características de las empresas caucheras, determinó que el boom cauchero provocara no sólo un descenso demográfico de la población indígena de los departamentos de Santa Cruz y del Beni, sino incluso la desaparición física de los pobladores «naturales» de las regiones caucheras sometidos a condiciones de esclavitud cuando no exterminados, de la que son ejemplo la expedición al Abuná (1893) de Santos Mercado, o del mismo José Manuel Pando en 1894.168 Paralelamente constatamos los exiguos resultados de la política colonizadora, aunque a finales del siglo xix –en pleno boom cauchero– los empresarios gomeros aparecían en el imaginario nacionalista como «pioneros del progreso y de la civilización».169 Contrariamente a las empresas caucheras, las únicas «colonias industriales» que sí lograron un avance –lento pero creciente– de la frontera interna fueron las vinculadas con la explotación agropecuaria que, como es sabido, se produjo al sur de Santa Cruz, y al este y sudeste de Tarija.
5.1.2.3. Misiones
68En 1883, José Cardús, otrora misionero entre los guarayos, fue encargado por sus superiores franciscanos de «visitar» las misiones existentes en Bolivia con el objetivo de recoger información estadística sobre la población y economía de las mismas, obstáculos que lastraban su desarrollo y posible solución de los mismos, etc. encargo probablemente relacionado con el establecimiento de un Vicariato Apostólico en Bolivia170. Por entonces (1884) las misiones franciscanas existentes en Bolivia ascendían a 19, dependientes de los Colegios de Propaganda Fide de La Paz (Cavinas, Cobendo, Muchanes, Isiamas, San José, Santa Ana, Tumupasa), Potosí (San Pascual de Boicovo), Tarata (Ascensión, Urubichá, Yaguarú y Yotaú), Tarija (Aguairenda, Chimeo, Itau, Macharetí, San Francisco, Tarairí, Tigüipa), cuya ubicación puede verse en el mapa 18.171 La población concentrada en ellas sumaba un total estimado de 9 342 indígenas bautizados, cristianos172 y 6 408 infieles, además de 4 628 mestizos, obviamente cristianizados, radicados en las colonias de Caiza, y los curatos de Igüembe, Ingre y San Antonio, todos ellos atendidos por 28 sacerdotes conversores y 2 hermanos legos, como podemos ver en el cuadro 7.
Cuadro 7. Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1884

Note (1)173
Note (2)174
Fuente. Elaboración propia a partir de J. Cardús. Ob.cit. pp. 22 passim.
Mapa 18. Misiones franciscanas en Bolivia, 1883-84

Leyenda
1. Cavinas
2. Isiamas
3. Tumupasa
4. S. José de Uchupiamonas
5. Muchanes
6. Santa Ana
7. Cobendo
8. Ascensión
9. Yaguarú
10. Urubichá
11. Yotaú
12. S. Pascual Boicovo
13. Macharetí
14. Tigüipa
15. Tarairí
16. S. Fco. Solano
17. Chimeo
18. Itaú
19. Aguairenda
Fuente. J. Cardús. Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia. Barcelona, Lib. Inmaculada Concepción. 1886.
69Dada su función de «visitador», Cardús observó los obstáculos fundamentales a enfrentar por los misioneros en el ejercicio de su tarea y denunció tanto la presión de los sectores propietarios para acceder a tierras y mano de obra indígena –particularmente en las misiones de Guarayos y Chiriguanos– como la captación de mano de obra indígena que los comerciantes y/o enganchadores hacían con destino a los gomales del norte y noroeste, grave en las misiones ubicadas en Yungas y Caupolicán. Además, sostuvo la necesidad, primero, de que los misioneros efectuaran reformas en el ejercicio de su misión, fundamentalmente la castellanización de los indígenas;175 segundo, que los superiores de la orden franciscana en Europa y en Bolivia proporcionaran mayor número de religiosos; tercero, que los gobiernos bolivianos garantizasen la observancia por las autoridades departamentales y provinciales del Reglamento de Misiones de 1871,176 y aumentasen el sínodo recibido por las misiones que, por entonces, era de 300 pesos anuales por misión. Cardús no dudó que se tomarían las providencias oportunas considerando la contribución de las misiones a los
Nuevos y extensos terrenos conquistados o conservados, pueblos libertados o asegurados, numerosos e implacables enemigos reconciliados o aliados, muchos bárbaros semi-civilizadoso ya del todo cristianos, nuevos caminos abiertos o rectificados y mejorados, desiertos poblados, ríos desconocidos explorados y navegados, nuevas tribus descubiertas, nuevas poblaciones formadas, el comercio más libre, extenso, activo, multiplicado y resguardado.177
70Este párrafo es ilustrativo de las funciones que las misiones habían cumplido y, lo que es más importante aún, que deberían cumplir en el presente e inmediato futuro boliviano en el cual se comportaban, según Cardús, como «verdaderas colonias»178 al servicio del país.
71Fue en esa coyuntura que el ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto, del que dependían por entonces las misiones, informó al Congreso de 1885 del «adelanto intelectual, agrícola e industrial de las nuevas poblaciones que se establecen en las rejiones [sic] poco conocidas de nuestro territorio»,179 como consecuencia de la actividad misionera. Esta posición gubernamental se tradujo en un cambio sustancial de la estrategia utilizada por los gobiernos republicanos en la política oriental, cambio que se produjo con la ley de 13 de noviembre de 1886, que vinculó explícitamente el establecimiento de las misiones con la colonización del territorio. La medida, tras recordar que el ministro de Colonización era el encargado de atender y regularizar el servicio de las colonias –según el decreto de 22.02.1886– y declarar colonizables todas las tierras baldías de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, La Paz, Tarija y Cochabamba, señaló (art. 15) que «Las misiones religiosas existentes y las que en lo sucesivo se fundaren, quedan sujetas a la protección administrativa del Ministerio de Colonias».180 Aunque tradicionalmente el poder político boliviano había confiado a los misioneros la función reductora de los indígenas habitantes de sus territorios ignotos, a partir de la citada ley la fundación de misiones pasó a formar parte, explícitamente, de la estrategia estatal para ampliar la frontera interna, pensando en ellas no sólo como mecanismos reductores, y por lo tanto «domesticadores» de la mano de obra indígena, sino también como centros de colonización por pobladores nacionales o inmigrantes y, al mismo tiempo, como instrumento de nacionalización del territorio y defensa de la soberanía boliviana frente a los países limítrofes, en momentos en que la explotación cauchera había ocasionado la llegada a la Amazonia boliviana de «productores» brasileños y peruanos.
72La nueva coyuntura hizo más apremiante la solución de tres cuestiones que, hasta entonces, habían sido obstáculo fundamental para la expansión de los poblados misionales, como fueron la escasez de misioneros, la penuria de recursos económicos y la presión de los sectores propietarios por las tierras y/o mano de obra indígenas. Varias fueron las iniciativas tomadas para resolver y/o mitigar aquellos problemas. En relación con la insuficiencia del número de religiosos, sabemos que Stanislao Simonetti, otrora misionero del Parapeti –misiones de San Francisco y San Antonio que, fundadas a inicios de los ’70 habian sido entregadas (1880) al obispo de Santa Cruz dada la imposibilidad de atenderlas– solicito (26.11.1883), infructuosamente, de la Secretaria de Estado de la Santa Sede el reconocimiento del Hospicio existente en Santa Cruz como Colegio de Propaganda Fide para la formacion de misioneros.181 Poco despues (1887), Cardus solicito –también sin exito– de sus superiores y de la misma SCPF el envio de religiosos.182 Por lo que respecta a la escasez de recursos economicos, a fines de los ’80 se intento implementar en Bolivia, con magros resultados, la Obra de Propagacion de la Fe;183 paralelamente, se solicito del gobierno boliviano un ligero aumento de la dotacion economica a las conversiones.184 Finalmente, tratando de resolver los conflictos entre misioneros y sectores propietarios, que tuvieron lugar especialmente en las misiones guarayas y chiriguanas, el gobierno de Pacheco ordeno (1886) a los prefectos departamentales que garantizaran «la independencia con que debe ejercerse el gobierno por los RR.PP. Conversores sobre los numerosos infieles»,185 y dicto numerosas disposiciones tendientes a la solucion de algunos de estos problemas.
73Entre las numerosas medidas tomadas por el Ejecutivo boliviano citare, a titulo de ejemplo, tres. La primera fue la resolucion de 22.11.1892 que ordeno a los prefectos de Tarija y Chuquisaca garantizar la «propiedad territorial de las misiones» y la permanencia de los neófitos en ellas, situaciones vulneradas por los «propietarios vecinos» de las provincias del Gran Chaco y Azero, interesados en expandir sus tierras y acceder a la mano de obra indigena sin la mediacion misionera.186 La segunda fue la resolucion de 13.06.1893 que, con el objeto de acabar con los abusos de los ganaderos de la provincia de Azero que invadian los terrenos misionales, faculto a las misiones a verificar el «rodeo» de los mismos.187 La tercera resolución (25.06.1894), dictada con el objetivo de eliminar el «comercio de los neófitos» existente en las fronteras de Chuquisaca y Tarija, amplió a dichas regiones la ley de 24.11.1883 que, recordemos, había fijado las reglas a que debían sujetarse los contratos de los indígenas del Beni y Santa Cruz «conciliando la libertad de comercio y locomoción con el amparo que requiere la seguridad individual de los aborígenes».188 Sin embargo, la transgresión fue la norma, y muchas de las medidas fueron sistemáticamente ignoradas por los sectores propietarios y por las «indolentes autoridades», como denunció Manuel O. Jofré, delegado gubernamental para la inspección de las misiones y colonias a mediados de los ’90,189 para quien las primeras habían sido hasta el momento la «base única para la conquista de aquellas bastísimas rejiones [sic] del Chaco».190
74Con todo, conviene no pasar por alto que, si bien en el ámbito político gubernamental hubo consenso sobre la importancia de las misiones como instrumentos de colonización, tal posición no fue unánime. Efectivamente, por un lado, constatamos que todos los gobiernos bolivianos de las dos últimas décadas del siglo xix consideraron las misiones como «único sistema de colonización práctico», por encima incluso de los fortines y colonias agrícolas, pues, como señaló el ministro de Colonización en 1895
Las misiones religiosas constituyen el único y positivo sistema colonizador tradicional en el continente, secular en nuestros bosques orientales [ya que] el misionero conquista naciones salvajes al cristianismo y a la civilización; solicita al bárbaro, lo busca en sus propios dominios para levantarlo de la postración en que se encuentra, ilustrando su inteligencia y enseñándole el trabajo; administra sus territorios y da todavía un valioso caudal a la historia, a la lingüística, a la geografía y a la ciencia en general.191
75Sin embargo, a lo largo del período hubo voces discrepantes con la tesis gubernamental, que no sólo impugnaron los escasos resultados logrados por las misiones en la transformación de los bárbaros en ciudadanos y en la colonización efectiva del territorio, sino que denunciaron a los misioneros como contrarios a la civilización del indígena y explotadores de la mano de obra india, en ocasiones en connivencia con los sectores propietarios. Entre dichas voces se contaron, entre otras, la de Daniel Campos, jefe de la expedición al Chaco y delegado gubernamental para la visita de las misiones y colonias en la región en 1883, a partir de la cual publicó De Tarija a Asunción.192 Igualmente crítico con la actividad misionera por su incapacidad para lograr la nacionalización del territorio fue el coronel José Manuel Pando quien, en sus viajes exploratorios al Noroeste (1893), aun reconociendo la importancia del sistema reduccionista misional, sostuvo que «sería más eficaz el establecimiento de guarniciones militares en determinados sitios, en los cuales su presencia y acción detengan las irrupciones y pongan límites a la creciente osadía de los bárbaros».193
76Por entonces, el comisario general de los franciscanos en Bolivia, Sebastiano Pifferi, realizó una visita pastoral a las misiones y doctrinas a cargo de la Orden y constató que se había producido un ligero incremento de la población indígena radicada en las misiones, estimada en 17 994 individuos, y un aumento proporcionalmente más significativo de los colonos (blancos y mestizos) tanto en los poblados misionales, como en las doctrinas confiadas a su cargo, sumando un total aproximado de 6 900 individuos, entre los que desempeñaban sus tareas 26 sacerdotes y un lego –ver cuadro 8–.194 Con todo, el aumento fue poco significativo, una vez más, como consecuencia de la presión ejercida por los sectores propietarios, comerciantes y enganchadores sobre la mano de obra indígena concentrada, neófitos a los que retenían en su poder con los perjuicios consiguientes para la supervivencia de dichas misiones. La situación revistió mayor gravedad, como había sucedido en la década anterior, tanto en las fronteras orientales de Tarija y Santa Cruz como en el noroeste boliviano. En las misiones ubicadas en esta última región, dependientes del Colegio de La Paz, su prefecto apostólico Pablo Fernández, constató (fines de 1892) el continuado descenso del número de neófitos captados para trabajar en los bosques gomeros, situación ante la cual los religiosos no podían hacer nada porque tenían «las manos amarradas por las autoridades locales».195 Para entonces estos factores habían provocado la desaparición de la antigua misión de Cavinas, y los pocos indígenas que habían quedado –alrededor de 90– se habían trasladado (1890) a un nuevo lugar, frente a la desembocadura del Madidi.
Cuadro 8. Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientesbolivianos, 1893

Note (1)196
Note (2)197
Note (3)198
Note (4)199
Note (5)200
Leyenda. A.d.= Ausencia de datos.
Fuente. Elaboración propia a partir de Z. Ducei. Ob. cit.
77Además, conviene señalar que ya en los últimos años del siglo xix las misiones ubicadas bien en el camino entre Santa Cruz y las regiones del noroeste –guarayos–, bien en regiones donde se estaba produciendo un progresivo avance de la frontera agropecuaria –chiriguanos y tobas–, tuvieron que enfrentar la hostilidad de propietarios y comerciantes. Estos, pasada la fase reduccionista, pretendieron acabar con la mediación misionera en sus «tratos» con los indígenas y/o apropiarse de sus tierras, para lo cual recurrieron, generalmente, a solicitar del poder civil la «secularización» de las misiones y su transformación en beneficios curales, con el argumento de que la reducción y aculturación indígena habían sido ya concluidas, como veremos en el último apartado de este capítulo, cuando analicemos lo sucedido con las misiones entre los guarayos, en el departamento de Santa Cruz. El cambio, como sabemos, implicaba que la población de los nuevos curatos o doctrinas adquiría el «pleno goce de sus derechos civiles» y quedaba sujeta a las autoridades políticas, contrariamente a su situación anterior, cuando, según se indicaba en el reglamento de 1871, era el misionero quien ejercía la «tutela» sobre los indígenas. A título de ejemplo citemos el caso de Santa Rosa de Cuevo que, fundada en 1887 en la provincia de Azero, a petición de algunos hacendados interesados en que los neófitos concentrados «abandonen sus hábitos de correrías... con grave perjuicio de los propietarios establecidos ya, i de que la agricultura aproveche de esos brazos sustraídos a la producción», dos años más tarde, solicitaron al gobierno alguna provisión que obligara a los misioneros a proporcionar la mano de obra necesaria, prohibiera el «enganche violento» de los indios para «reducirlos a la vida común de las misiones», pues
si los Padres Conversores, inspirándose mejor en las necesidades del comercio i de la industria i en la conveniencia de civilizar al salvaje por el trabajo, no los aislasen en el seno impenetrable de la comunidad, mui fácil les sería colocar esos brazos vigorosos en condiciones de incrementar la producción en beneficio jeneral.201
78Al final, el Ejecutivo instó a los religiosos a que se atuvieran a lo prescrito en el Reglamento de Misiones y facilitaran la mano de obra solicitada.
79No puedo concluir este apartado sin subrayar que las misiones fueron, de facto, en los gobiernos «conservadores» de las dos últimas décadas del siglo xix, el instrumento fundamental utilizado para la ocupación del territorio, reducción de las poblaciones indígenas no sometidas, y la nacionalización de la región.202 Esta tesis no implica, necesariamente, que el poder politivo boliviano «protegiera» y fomentara eficazmente la acción misionera con vistas a lograr los objetivos que, teóricamente, le habían sido asignados por el poder civil. La praxis histórica nos mostró las limitaciones de la política orientalista como consecuencia, en gran medida, de que los intereses prioritarios de los grupos dirigentes no estaban en los Orientes y, por lo tanto, los recursos económicos que deberían permitir la implementación del proyecto –del que las misiones formaban parte– siempre fueron insuficientes; el discurso y la retórica se impusieron. Por el contrario, los grupos locales/regionales se movilizaron, en un primer momento, para utilizar la actividad misionera, relegándola posteriormente. De las diferencias entre el discurso y la acción, de la distancia entre el teórico interés de los poderes públicos y la siempre escasa asignación presupuestaria para la implementación del proyecto colonizador, es buen ejemplo lo acaecido en torno al surgimiento del Vicariato del Beni.
80El proceso se empezó a fraguar en 1886 como consecuencia de las gestiones de los obispos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que, considerando la decadencia de las otrora florecientes misiones jesuitas, solicitaron del Ejecutivo la erección del Vicariato del Beni. Formalmente, dado que los territorios que estarían sujetos a la jurisdicción del Vicariato pertenecían a la diócesis de Santa Cruz, fue su obispo quien solicitó al Ministerio del Culto (24.08.1888) la aprobación por el Legislativo y Ejecutivo bolivianos de la nueva demarcación eclesiástica.203 Un año más tarde, el Congreso aprobó (18.09.1890), y el presidente Arce sancionó (19.09.1890), la ley que creaba la Vicaría Apostólica del Beni, en la región homónima, y autorizaba al Ejecutivo a solicitar de la Santa Sede el plácet correspondiente.204 La medida respondió, fundamentalmente, al interés de las élites políticas en el poder de dejar constancia de la bolivianidad de los terrritorios del noroeste donde, como vimos antes, se estaba produciendo una progresiva penetración de caucheros brasileños y peruanos, y donde el mismo Congreso pretendía aprobar las delegaciones del Madre de Dios y del Purús (15.10.1890). La afirmación me permite sostener la tesis de que la creación del Vicariato del Beni formó parte del proyecto político conservador por el cual el Estado pretendió hacerse presente en una región que, hasta entonces, había escapado a su control, como señalaron repetidamente los políticos de la mayoría parlamentaria al reclamar la aprobación pontificia del vicariato «a fin de secundar los esfuerzos de la Delegación en el Noroeste».205 Posteriormente, se consideró conveniente ampliar la jurisdicción del vicariato a las misiones de Caupolicán –adscritas al obispado de La Paz– y de Yuracarés –adscritas al obispado de Cochabamba–, lo que exigió la correspondiente aprobación parlamentaria que, solicitada por el presidente Arce, se obtuvo con la ley de 27.09.1892, ya en la administración de Mariano Baptista.206 Las negociaciones parecieron entrar en fase conclusiva entre 1895-97 cuando las Cámaras aprobaron la dotación económica para el Vicariato, el Ejecutivo propuso poner al frente del mismo a Nicolás Armentia, los obispos bolivianos dieron su pleno respaldo al proyecto y, finalmente, León XIII aprobó (20.08.1895) la erección del Vicariato con categoría de sede episcopal.207 El nombramiento del vicario debió esperar al 19.04.1898, cuando el Pontífice, a propuesta «informal»208 del gobierno boliviano, designó a Armentia para el cargo.
81Fue entonces cuando surgió el obstáculo derivado del diferendo fronterizo existente en la región entre el Perú y Bolivia,209 cuya solución ocupó desde fines de 1898 hasta mediados del año siguiente. Según el delegado Gaspard, el proyectado Vicariato –que por el norte limitaba con los ríos Buturo, Tuiche, Beni y Mamoré– incluía territorios que el Perú podía reivindicar como propios, razón por la que convendría averiguar la disposición del gobierno peruano.210 Aunque este negó la existencia de litigio en la zona, señaló que considerando que el límite norte del vicariato mencionaba explícitamente el río Buturo –inexplorado y cuyo nacimiento era incierto– convendría que en el documento de erección se utilizara la ambigua fórmula de «la frontera con Perú».211 Agreguemos que esta había sido la solución acordada recientemente en el caso de la peruana Prefectura Apostólica de Santo Domingo del Urubamba, cuyos límites habían sido cuestionados inicialmente por el gobierno boliviano.212 Para entonces la llamada «revolución federal», iniciada a fines de noviembre de 1898, se había impuesto, el gobierno de Fernández Alonso había caído (10.04.1899), y se había producido el ascenso de los liberales al poder con José Manuel Pando. Además, Armentia había renunciado a ocupar el cargo por motivos de salud –aunque en realidad esperaba su nombramiento como obispo de La Paz–, y su posible sucesor, Sebastiano Pifferi, solicitaba mayores ingresos para el vicariato. Con todo, según el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Eliodoro Villazón, el Ejecutivo continuaba interesado en la erección del vicariato –carente del breve pontificio correspondiente–, estaba dispuesto a aumentar la asignación presupuestaria a 10 800 bolivianos, aceptaba el nombramiento de Pifferi213 y, tras la aprobación por la Convención Nacional del derogamiento del Reglamento de Misiones de 1871 (20.01.1900),214 esperaba recibir datos sobre el estado de las misiones para una eventual reforma de su administración. En esa coyuntura, el ministro Villazón informó al Congreso que
Mientras no hayamos adoptado los sistemas de colonización modernos, con fondos bastantes para el transporte e instalación de los colonos y de sus respectivas familias, no sólo por espíritu de humanidad y religioso, sino también por deber de patriotismo, debemos protejer [sic] y multiplicar aquellas misiones, como medio eficaz de amparar y mantener nuestra soberanía en las más apartadas y desiertas regiones de la República y conservar la raza aborígene [sic] en centros útiles para la industria y para la República.215
82Las palabras del liberal Eliodoro Villazón no dejan lugar a dudas sobre la persistencia del interés del poder político en la utilización de las misiones como principal instrumento de ocupación del territorio y nacionalización de las regiones orientales, aunque esta es una cuestión que analizaremos en el apartado siguiente.
5.2. «EL PORVENIR DE BOLIVIA ESTÁ EN EL ORIENTE».216 LA MIRADA LIBERAL SOBRE LOS TERRITORIOS ORIENTALES, 1899-1930
Revelada al mundo nuestra existencia como Nación sólidamente constituida y culta, la liberalidad de nuestras leyes de adjudicación de tierras y las garantías y protección que se ofrecen al extranjero, atraerán sin duda, corrientes de inmigración, que cambiarán las desiertas llanuras y valles en poblaciones y campos habitados y prósperos, en que reine la civilización.217
83Cuando tras su triunfo en la Guerra Federal los liberales paceños accedieron al poder, Bolivia tenía una extensión aproximada de 1 822 334 km2 y una población estimada de 1 816 271 habitantes, de los cuales alrededor de 91 000 correspondían a las poblaciones indígenas no sometidas ubicadas en los Orientes.218
Cuadro 9. Censo general de la población en Bolivia, 1900

84La «era de progreso»219 auspiciada por el presidente José Manuel Pando en su mensaje al Congreso en agosto de 1901 pasaba por la profundización del programa modernizador iniciado por los conservadores, permitiendo así la anhelada inserción en lo que por entonces se denominaba el «concierto de las naciones civilizadas». Objetivo de los gobiernos liberales fue, en la esfera económica, posibilitar la explotación eficaz de todos los recursos naturales existentes en el país, básicamente la minería –con el estaño a la cabeza–, los productos nororientales –fundamentalmente la goma elástica– y también la producción agropecuaria del este y sudeste; en la esfera política, los liberales pretendieron consolidar la organización del estado-nación boliviano.220 En esta coyuntura, los Orientes cobraron un inusitado protagonismo como consecuencia tanto de su función económica como política, al constituir la plataforma que permitiría demostrar a los grupos dirigentes paceños su capacidad para controlar el territorio y los habitantes fronterizos, construir la nacionalidad y defender la soberanía de Bolivia en las zonas en litigio. Dice mucho de tales propósitos la adscripción de la Sección de Colonias al Ministerio de Guerra (decreto 31.12.1899).221
85En consecuencia, la política colonizadora pareció ser una de las prioridades de los gobiernos liberales de las dos primeras décadas del siglo xx y, de hecho, ocupó un lugar prevalente en el discurso político a lo largo de esos años, primero en forma precaria bajo el gobierno de Pando (1899-1904), después decididamente bajo los mandatos de Ismael Montes (1904-09 y 1913-17) y Eliodoro Villazón (1909-13). Estas administraciones diseñaron una política que pretendió hacer realidad muchos de los proyectos esbozados desde la época de José Ballivián y nunca implementados, relativos a la nacionalización de los Orientes, con una ocupación del territorio por una población, preferentemente de colonos extranjeros, la reducción de las poblaciones indígenas no sometidas y la explotación de los recursos naturales existentes. El desarrollo de esta política exigió, en el discurso liberal, la mejora de las vías de comunicación –fundamentalmente con la construcción de vías férreas–, el fomento de la colonización en todas las «fronteras» a partir de la inmigración, el impulso de la actividad misionera aunque sometida a un creciente control político, y el incremento de la presencia estatal en las regiones orientales. El acceso del Partido Republicano al poder en 1919, grupo surgido de una escisión del Partido Liberal, no implicó un cambio sustancial en la política estatal con respecto a la ocupación de los territorios, que fue, a pesar de los discursos de ruptura con el pasado, de marcado carácter continuista. Probablemente, los puntos más significativos en lo que aquí interesa fue, primero, una mayor incidencia en la «fortificación» del sudeste, con el establecimiento de numerosos fortines en el Chaco; segundo, la creación de dos nuevas circunscripciones eclesiásticas en la región: la Prefectura del Pilcomayo y el Vicariato de Chiquitos.
86En aras del sueño liberal de ocupar todo el territorio e incorporar el país a la modernidad, los gobiernos bolivianos de las dos primeras décadas del siglo xx sancionaron un amplio corpus normativo sobre la colonización, que incluyó gran cantidad de disposiciones relativas al acceso a la tierra propiciando la adjudicación de grandes extensiones a empresarios nacionales y extranjeros, y una ley de inmigración que, se esperaba, atrajera contingentes significativos de grupos de origen anglosajón que contribuyeran a la explotación de los recursos naturales. En segundo lugar, y con el objetivo prioritario de facilitar la exportación de las producciones mineras, impulsaron la construcción de infraestructuras –en particular ferrocarriles– y, diseñaron, aunque implementaron en raras ocasiones, una política viaria que debía permitir la unificación del espacio nacional. En tercer lugar, aprobaron una redemarcación político-administrativa de los territorios orientales con el objetivo de incrementar la presencia del Estado y defender la soberanía boliviana, por entonces puesta en entredicho por Brasil y el Perú en el noroeste. Todas estas cuestiones serán analizadas en un primer apartado.
87Paradójicamente, considerando el pensamiento político y la praxis política liberal con respecto a la Iglesia,222 veremos que todos los gobiernos continuaron considerando las misiones como punta de lanza de la penetración republicana en los Orientes, al tiempo que trataron de impulsar la implantación de colonias civiles y militares. Con todo, creo poder afirmar que los liberales –como antaño habían hecho los conservadores– delegaron en los franciscanos la socialización de las poblaciones indígenas, proyecto que por lo tanto permite sostener que la función de las misiones no se circunscribió sólo al plano ideológico, sino que afectó también al ámbito político, al perseguir la transformación del bárbaro en cristiano, del salvaje en civilizado, en ciudadano. De ahí que las misiones fueran consideradas por todas las administraciones liberales, y las que le siguieron en la década de 1920, como el principal instrumento de colonización, fundamental en la ocupación del territorio y en la defensa de la bolivianidad de los Orientes. De hecho, fue al final de la etapa liberal cuando se erigieron los Vicariatos apostólicos del Beni y del Chaco, a los que siguieron, ya bajo el gobierno del Partido Republicano, la Prefectura del Pilcomayo y el Vicariato de Chiquitos, cuestiones estas que analizaremos en un segundo apartado. Como comprobaremos, el fomento de la actividad misionera fue paralelo al progresivo control político de los religiosos, como consecuencia tanto de los postulados liberales como de la creciente presión de las élites económicas sobre las tierras y mano de obra indígenas. Estas son las razones por las que, a lo largo de la etapa aquí analizada y en las zonas donde la presión sobre las misiones fue más aguda, se produjo un progresivo incremento de los conflictos entre misioneros y sectores propietarios los que, en ocasiones en clara connivencia con las autoridades políticas departamentales, demandaron la secularización de las misiones, cuestión que estudiaremos al referirnos a una de las zonas donde la presión secularizadora fue más significativa, esto es en las misiones entre los guarayos, en el departamento de Santa Cruz, problemática a la que dedicaremos el tercer apartado.
5.2.1. Los Orientes en el pensamiento y acción política de los gobiernos «liberales» y «republicanos»
En el ramo de Colonización, es indispensable y de urgencia adoptar un sistema que no sólo responda a las necesidades que se presentan, sino que fomente el progreso de los Territorios que, por su riqueza y su extensión, constituyen el porvenir de Bolivia. Sería criminal dejar pasar un día más sin prestar a ellos la atención que demandan de los Poderes Públicos de la Nación, pues es axiomático el principio de que, los territorios extensos, poco poblados y que la acción del Estado no alcanza a proteger, se vuelven un día contra la nacionalidad. Así lo hemos visto en el Litorial y el Acre.223
88No le faltaba razón al presidente Pando cuando ante el Congreso de 1903 abogó por la adopción de un sistema de colonización que permitiera al Estado boliviano un control efectivo del territorio. La praxis histórica mostraba claramente que la política colonizadora implementada hasta entonces había producido escasos resultados, tanto por lo que se refiere a la expansión de la frontera interna –con la excepción de los territorios del este y sudeste– como a la defensa de la soberanía boliviana en los territorios limítrofes. Si la autocrítica hubiera prevalecido sobre la retórica, y el discurso hubiera dejado paso a la acción, Pando habría podido añadir que la causa fundamental de tan parcos logros era la escasez de recursos públicos destinados a implementar el proyecto colonizador como consecuencia, básicamente, de la falta de voluntad política por parte de los gestores estatales, cuyos intereses económicos no se encontraban en dichos territorios; además, habría puesto en evidencia que el proyecto colonizador había sido hasta entonces mucho más «ilusorio» que real. Con todo, la coyuntura finisecular se prometía más fructífera si consideramos, primero, el importante crecimiento de la explotación de gomas en el nor/noroeste a cargo de empresas bolivianas; segundo, la creciente actividad del sector agropecuario del este y sudeste; finalmente, las importantes expectativas económicas que había generado el país en el exterior, donde numerosas publicaciones divulgaron las grandes posibilidades de enriquecimiento ofrecidas por Bolivia. The Central Highway of South America, a land of rich resources and varied interest.224
89Veamos, pues, sin mayores preámbulos, el contenido de la política orientalista de los gobiernos liberales sobre la colonización del territorio, las vías de comunicación y la presencia del Estado en los desiertos bolivianos, cuestiones todas ellas que deberían coadyuvar a la nacionalización de los mismos, pues, como dijo un miembro del gobierno de Villazón al Congreso de 1911, «La soberanía de la República en las fronteras no será real y efectiva, sino cuando nuestros ciudadanos mediante una ocupación sistemada y progresiva, incorporen esas dilatadas comarcas a la comunidad nacional y al imperio de sus instituciones».225
5.2.1.1. La pervivencia del mito colonizador. Colonización e inmigración
Las naciones que cuentan con territorios apropiados a la colonización, han procurado fomentar la agricultura y las demás industrias contraidas a la explotación de sus riquezas naturales, alcanzando por este medio un espectable [sic] puesto en el concierto de los pueblos civilizados.226
90Los gobiernos liberales, como antaño hicieran los conservadores, firmaron innumerables contratos con compañías –preferentemente extranjeras, aunque también nacionales– a las que concedieron grandes extensiones de tierras a cambio de la exploración y reconocimiento del territorio, colonización y construcción de infraestructura, desde vías de comunicación a puertos fluviales. Sabemos que sólo al inicio de la etapa liberal se firmaron, entre otros, los acuerdos con Deves y Cía. para la construcción de un ferrocarril que comunicara los ríos Beni, Madre de Dios, Aquiri y Purús (ley 9.01.1900); con The Bolivia Trading Company para la colonización del Beni (resolución 17.05.1901); con la Bolivian Company para el reconocimiento del territorio y levantamiento de mapas en el Territorio de Colonias y Caupolicán (resolución 3.08.1901); con L’Africaine para la colonización del Chaco por inmigrantes extranjeros y la construcción de un puerto en Bahía Negra, sobre el río Paraguay (ley 13.12.1901); con The Bolivia Syndicate en la región del Acre (21.12.1901), acuerdo este utilizado como coartada por Brasil en la guerra homónima; con el Sindicato Fomento del Oriente Boliviano para la construcción de un puerto sobre el rio Paraguay, una línea telegráfica y un ferrocarril desde ese punto hasta Santa Cruz, y una línea telegráfica (ley de 8.11.1905 ampliada por ley 20.01.1908).227 Aunque los ministros encargados de la Sección de Colonias e Inmigración señalaron en diversas ocasiones que convenía dejar «la fantasía de las grandes empresas y colosales proyectos y concretar nuestra modesta acción a obra real y duradera», como dijo el ministro Zegarra al Congreso de 1910,228 los años siguientes vieron la firma de nuevos contrato con Simón Patiño para la construcción de un ferrocarril de Cochabamba al Chimoré (ley 23.11.1911), con The Bolivia Development Colonization para la construcción de las líneas ferroviarias La Paz- Puerto Brais, Santa Cruz-Yacuiba о Puerto Suárez, Potosí-Sucre (resolución 16.08.1912), o con James S.Wood para la colonización y construcción de un puerto en Chiquitos (ley 3.01.1917). Común denominador de todos los acuerdos fue la concesión de grandes extensiones de tierras –a la Bolivian Company, por ejemplo, se le prometió la propiedad de 15 000 millas cuadradas– y, aunque en muchas ocasiones estos contratos fueron revocados, suspendidos o anulados ante el incumplimiento de alguna de sus cláusulas, no podemos dejar de constatar que la «quimera» presente en los proyectos conservadores continuó en la etapa liberal, y que el discurso siguió primando sobre la praxis.
91Los gobiernos liberales esperaban que tales acuerdos permitirían implementar su proyecto colonizador, plan que requería de una normativa sobre el acceso a las tierras baldías y la delimitación de zonas colonizables. En consecuencia, importante cambio respecto al pasado fue el que se dio durante la primera administración de Ismael Montes (1905-08) con la delimitación de las zonas colonizables (decreto 25.04.1905) y la Ley de Tierras Baldías (26.10.1905), cuyo reglamento fue aprobado el 20.06.1907.229 La primera medida, que según Lavadenz se dictó «con el propósito plausible de impedir la aprehensión por particulares de las mejores tierras baldías de la República»,230 pretendió solamente, en mi opinión, delimitar las regiones hacia las cuales canalizar la inmigración que habría de llegar procedente del extranjero tras la firma de los muchos contratos firmados con las empresas colonizadoras. La tesis se ve confirmada tanto por alguno de los considerandos del decreto, en particular el que apuntaba que las medidas aprobadas en el pasado no habían previsto claramente las tierras señaladas para entregarlas al inmigrante –solo o en grupo–, y/o a empresas que obtuvieran del Gobierno los contratos de colonización, como por el artículo 3 que especificaba que las colonias por establecer siguiendo los planes gubernamentales «podrán constituirse con elementos bien escogidos en los países que ofrecen esta clase de contingentes, o con nacionales bolivianos».231
92En realidad, ya la ley de 13.11.1886 había señalado, aunque en forma vaga, que las tierras colonizables eran las existentes en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba. Sin embargo, el decreto dado por Montes fue más allá al detallar concretamente cuáles y cuántas eran las tierras susceptibles de ser colonizadas, resultando que la mayor cantidad de terrenos baldíos se hallaban en Santa Cruz –provincias de Velasco, Chiquitos, Cordillera– con un total de 92 800 km2, seguida de Chuquisaca –provincia Azero– con 67 750 km2, Tarija –provincia Gran Chaco– con 30 250 km2, Beni –provincia Iténez– con 29 550 km2, Cochabamba –provincias de Ayopaya y Chapare– con 18 500 km2, Territorio de Colonias con 17 250 km2 y La Paz –provincia Caupolicán– con 14 500 km2.
93La segunda disposición, la Ley de Tierras Baldías de 26.10.1905, permitía solicitar hasta 20 000 ha. previo pago –10 centavos/ha. en caso de tierras agropecuarias, 1 boliviano en caso de gomales– sin otra obligación que la de radicar una familia por 1 000 ha., si bien no se preveía ninguna sanción en caso de incumplimiento.232 Según la ley, el Ejecutivo podía reservarse las tierras necesarias para la colonización con el objeto de distribuirlas entre los indígenas, destinarlas a fundación de poblaciones, caminos y/o fomentar la inmigración, aunque en los años que siguieron no organizó una sección encargada del reconocimiento y mensura de los territorios a adjudicar; además el Ejecutivo tenía, junto con los prefectos y delegados nacionales, la facultad de sancionar la venta de tierras, exceptuando aquellas que superaran las 1 000 ha. reservadas a la aprobación del Congreso. La medida, cuyo reglamento se dio en 1907, –dispositivos ambos que modificaron sustancialmente la legislación relativa a las gomas al señalar que la propiedad de la tierras se adquiría por compra, siendo la unidad de medida la hectárea y no la estrada, consagró el derecho de prioridad en la petición, sin atender a otras consideraciones, y la adjudicación de las tierras sin reconocimiento y mensura previos.233 Esta última disposición tuvo nefastas consecuencias para el erario público, facilitó la apropiación de tierras por parte de unos pocos y sustrajo importantes zonas a la colonización. Como señaló el presidente Villazón en su informe al Congreso de 1913, la aplicación de la Ley de Tierras (1905) permitió que, por entonces, las concesiones inscritas ascendieran a 3 633 116 ha. muchas de ellas gomeras aunque no declaradas como tales; posibilitó la constitución de «latifundios increíbles, con centenares de leguas cuadradas, por un precio exiguo y mediante un sistema arbitrario», y provocó escasez o inexistencia de tierras susceptibles de ser otorgadas a los colonos.234
94Estas fueron las razones por las que el Ejecutivo solicitó del Congreso la derogación de la ley, que se produjo bajo la segunda administración de Montes, cuando el Congreso aprobó (11.09.1915) la suspensión de la venta de tierras baldías «destinadas a la agricultura, ganadería o explotación de gomas», con excepción de las concesiones especiales acordadas por el Congreso Nacional.235 Era evidente, incluso para los legisladores, que muchas de las concesiones otorgadas no habían contribuido ni al incremento de la población, ni al desarrollo económico boliviano, pues muchos de los beneficiarios sólo habían pretendido especular con los terrenos buscando «el acaparamiento de tierras para revenderlas a subido precio con el transcurso del tiempo», como señaló Fermín Prudencio, ministro de Colonización en 1917.236 Este propuso algunas reformas al Congreso, que no fueron atendidas por lo que, al año siguiente, el Ejecutivo solicitó nuevamente del Legislativo el remedio para acabar con los «procedimientos fraudulentos» proponiendo, entre otras cuestiones, que sólo se consolidaran las propiedades tras la visita de la comisión catastradora237 aunque tampoco recibieron la aprobación del Congreso. Según las informaciones proporcionadas por el presidente Gutiérrez Guerra al Congreso de 1919, el total de adjudicaciones inscritas en el Registro Nacional de Tierras para entonces se estimaba en un total de 13 500 000 ha. concentradas en un reducido número de concesionarios,238 lo que permite suponer el «notable trabajo» del Congreso en esos años, que no sólo concedió tierras a discreción, sino que, además, boicoteó todo intento de racionalizar la concesión de tierras baldías.
95El acceso de los «republicanos» al poder, a mediados de 1920, pareció imprimir un cambio en la política colonizadora si nos atenemos a los estudios recabados sobre la problemática de las autoridades departamentales y prefectos misioneros, y a la gran cantidad de disposiciones aprobadas en materia de tierras, contratos de colonización acordados y establecimiento de colonias civiles, militares y misioneras, en el noroeste y, fundamentalmente, en el sudeste bolivianos. Efectivamente, la administración Saavedra constató la existencia de enormes terrenos incultos en gran parte del país, carentes de brazos, cultivos e industrias.239 Según el Ejecutivo, la situación era consecuencia de que las zonas reservadas a la colonización extranjera por el decreto de abril de 1905 «no han sido reconocidas ni exploradas, por falta de recursos fiscales»,240 escasez de medios que había impedido también la delimitación de las tierras baldías, problemas todos ellos no solucionados por los gobiernos anteriores, que habían «desbaratado las mejores tierras entregándolas al primer peticionario o especulador» en proporciones enormes, y sin conseguir la implantación de colonos extranjeros, por lo que Saavedra propuso «encarrilar por vías de seriedad la obra de la colonización extranjera».241
96En aras de conseguir tales objetivos era necesario, según el Ejecutivo, autorizar a las empresas extranjeras «con idoneidad comprobada» que realizaran tal cometido, además de aprobar una serie de reformas legislativas. Estas fueron las razones por las que el gobierno Saavedra, y los que le sucedieron en la década de los ’20, ratificaron y/o acordaron nuevos contratos con compañías extranjeras, como la encabezada por el norteamericano William H. Murray para la colonización de 18 000 ha. en Aguairenda e Itaú,242 o la alemana Staudt y Cía –en tratos con el gobierno boliviano desde 1908–, la norteamericana The Bolivian Colonization Association (con sede en New Orleans) y de algunas otras, para el reconocimiento y ocupación de terrenos baldíos por todo el país. Algunas de estas propuestas, como la planteada por la inglesa The Bolivian Oil & Land Syndicate Limited (1923), cuyas concesiones fueron heredadas por The Bolivian Concessions –liquidada finalmente en 1931–, o la misma The Bolivian Railway Company, incluyeron, además de las tierras baldías, la construcción de vías férreas o puertos fluviales.243 Además, los gobiernos de la década de los ’20 dictaron algunas medidas significativas con vistas a una implementación efectiva de la política colonizadora, entre otras, la preparación del Padrón de Tierras Fiscales adjudicadas en aplicación de la ley de 26.10.1905, censo que era fundamental con vistas al cobro de los impuestos prediales correspondientes,244 y el levantamiento del plano de las regiones colonizables con indicación de la calidad de las tierras y la ubicación de las zonas gomeras y ganaderas.
97Con todo, no debemos llamarnos a engaño sobre la eficacia de las concesiones efectuadas por los gobiernos de la década de 1920 en términos de ocupación efectiva del territorio, pues, como señaló el presidente Siles en el discurso programático ante el Congreso de 1926, era mucho lo hablado y poco lo implementado. En consecuencia, propósito del gobierno de Siles fue desarrollar «la colonización en nuestras fronteras. Está exigida por los intereses superiores de la nacionalidad».245 Por entonces, las principales empresas colonizadoras eran la Bolivia Concessions, de capital británico, implantada en la Delegación del Parapetí y Llanos de Manso, dedicada a la extracción de madera; la llamada Colonia Murray, ubicada en el Chaco boreal; la colonia Tuza en el Chapare. Sin embargo, en vísperas del conflicto del Chaco, el fracaso fue el común denominador de estas empresas colonizadoras, como reconoció el ministro del ramo ante el Congreso de 1931: «El poblamiento de las concesiones que es una obligación de los adjudicatarios, no pasa de ser una utopía».246 Para entonces, estas concesiones habían sido revocadas o sus responsables habían renunciado a implementar el proyecto, cuando no habían huido, como sucedió con Pablo Andrés Tuza. Paralelamente, según los datos obtenidos por el Ministerio de Colonización, hasta 1930 habían pasado a dominio particular alrededor de 21 millones de hectáreas de tierras baldías, de las cuales más de la mitad habían sido propiedades gomeras –con particular incidencia en el Noroeste–, y el resto tierras de pastoreo y cultivo, fundamentalmente en Santa Cruz, Beni y el Chaco.247
98En el origen de la mayoría, si no la totalidad, de las medidas colonizadoras latió siempre el deseo de provocar la llegada a Bolivia de riadas inmigratorias procedentes de los países europeos como vía para el progreso económico y social, en claro continuismo con las tesis darwinistas en boga desde el último cuarto del siglo xix. Aunque los gobiernos conservadores (1880-99) señalaron reiteradamente la necesidad de fomentar la llegada de inmigrantes extranjeros, poco fue lo hecho en la praxis –incluso después del establecimiento de la Oficina de Inmigración (1896)–, salvo publicar algunos textos de divulgación sobre las riquezas del país destinados a estimular la llegada de migrantes foráneos, y dar instrucciones a los cónsules bolivianos en el exterior en ese sentido. Los liberales, con un discurso similar al de los gobiernos que les habían precedido,248 confiaron también a sus representantes europeos la propaganda correspondiente
Lo que interesa al Gobierno y al país en general, es el poblamiento de las regiones coloniales de Bolivia; a este fin ansiamos colonos habituados al trabajo e industriales que puedan llevar a efecto el fomento de la industria agrícola, pecuaria y la extractiva de la goma elástica, que son las principales industrias que inmediatamente pueden explotarse con ventaja sobre todas las demás.249
99Impulso decidido al tema inmigratorio pareció imprimir la administración de Ismael Montes (1904-09), quien había ocupado con Pando la cartera de Colonización, que introdujo cambios notables respecto al pasado si nos atenemos al conjunto de disposiciones adoptadas al respecto. Varios son los indicadores de la nueva política, confiada ahora al hasta entonces Jefe de la Oficina de Inmigración, Manuel V.Ballivián,250 aunque los más significativos, en mi opinión, fueron los contenidos en las medidas sobre tierras aprobadas por entonces. Ya en el decreto relativo a las zonas colonizables (1905) se mencionó la necesidad de dictar alguna ley sobre la inmigración al considerar llegado el momento de «desarrollar un plan que sirva al poblamiento de la República, mediante una activa propaganda en los países de donde se juzgue conveniente atraer la corriente inmigratoria».251 Ese mismo año, el ministro Ballivián confirmó los proyectos gubernamentales destinados a dar «nuevos rumbos a la colonización e inmigración».252 Y, efectivamente, tanto en la Ley de Tierras de 1905, como en su Reglamento de 1907, varios de sus artículos253 señalaron, explícitamente, la necesidad de reservar extensiones para su distribución según la forma señalada en el Reglamento de Inmigración Libre, disposiciones que permiten afirmar que fueron pensadas conjuntamente con la primera ley de inmigración dada en Bolivia.
100El llamado Reglamento de Inmigración Libre,254 sancionado por el presidente Montes (18.03.1907), luego de considerar «llegado el momento de iniciar los trabajos de inmigración en Bolivia, para impulsar el progreso de la agricultura y el desarrollo de las industrias nacionales», reguló en sus 32 artículos las franquicias concedidas al inmigrante,255 su acceso a la propiedad de las tierras, derechos y obligaciones y, finalmente, la organización y financiamiento de las oficinas de información y recepción de inmigrantes. El inmigrante, que junto con su familia tenía garantizado el libre tránsito y transporte256 en ferrocarriles y carreteras hasta su lugar de destino, era todo extranjero «obrero, agricultor o industrial» que quisiera establecerse en el país. Para ello, además de determinadas exenciones de pagos aduaneros, se le facilitaba el acceso a tierras –mediante el pago de 10 centavos/ha. al contado o a plazos– para desarrollar actividades agropecuarias o industriales en una cantidad de 50 ha. por persona, y 25 ha. por cada hijo mayor de 14 años. Aunque desconozco el número de extranjeros que acogiéndose a tal disposición se establecieron en el país, sospecho que su número fue reducido, tanto más si consideramos que por ley de 11.09.1915 se suspendió la venta de tierras en la república.257
101Para concluir, este Reglamento sería elevado a ley por el presidente Hernando Siles (27.12.1926), prácticamente sin variaciones, salvo las referidas a la extensión del libre tránsito a la mujer y a todos los hijos del migrante, y la concesión al Ejecutivo de la facultad de conceder tierras baldías a colonos extranjeros (art. 32).258 Ya entonces Siles no dejó de reconocer ante el Congreso, cosa que repitió en su mensaje de 1928, que en lo relativo a la colonización e inmigración «todo está por hacerse». Hasta entonces, una gran cantidad de disposiciones dadas por el Ejecutivo y Legislativo bolivianos, y las autoridades prefecturales, daban pruebas de cuán importante había sido la problemática colonizadora para los gobiernos bolivianos del primer tercio del siglo xx. Sin embargo, la praxis histórica mostró que el corpus normativo se había quedado en un enunciado teórico, en un discurso desmentido por la realidad, según posición mayoritariamente compartida, como consecuencia del «desconocimiento de la realidad»259 La aplicación del proyecto demandaba, según Siles, dos cuestiones nunca atendidas hasta entonces, como eran la apertura de oficinas de propaganda y el desarrollo de una infraestructura viaria que permitiera el transporte y comercialización de la producción a los centros de consumo.260 Como dijo en su mensaje al Congreso de 1926: «Vincular las regiones orientales del país con las zonas del altiplano, mediante ferrovias y caminos aptos para la locomoción moderna, es el primordial requisito para que la inmigración y colonización en Bolivia puedan iniciarse y desarrollarse....».261 Veamos, pues, los proyectos y realizaciones relativas en lo que concierne a vías de comunicación.
5.2.1.2. Vías de comunicación
102El censo de la población elaborado en 1900-02 reconoció la deficiencia de los medios de comunicación existentes en el país, reducidos a las «carreteras» que unían las principales ciudades y centros mineros del interior a lo largo de 2 297 km, los caminos nacionales y municipales –vías que en la época de lluvias eran, en algunos territorios, inutilizables– y las líneas férreas que por entonces alcanzaban alrededor de 1 129 km uniendo Oruro con Antofagasta, además de las vías fluviales en el norte y noroeste.262
103A lo largo de la etapa 1899/1920 –como sucedió bajo los gobiernos conservadores– los liberales cifraron en el ferrocarril el porvenir del país – incluso dictaron la Ley General de Ferrocarriles (3.10.1910)263– y, aunque los resultados no respondieron a las enormes expectativas iniciales, el tendido ferroviario hizo avances sustanciales en estos años. En el camino quedaron otros, particularmente la otrora soñada ruta del Madeira-Mamoré. El interés en dicha vía se reactivó como consecuencia de la derrota boliviana en la Guerra del Acre, tras la firma del Tratado de Petrópolis (1903), según el cual los vencedores se comprometieron, entre otras cuestiones, a pagar una indemnización de dos millones de libras esterlinas para la mejora de las comunicaciones y la construcción de un ferrocarril desde San Antonio a Guayaramerín, superando así las cachuelas del Madeira.264 Pero lo último que se realizó de su tendido, en 1909/12 se quedó en territorio brasileño y Bolivia no construyó ni el puente sobre el Mamoré ni prolongó la vía en su territorio.265 Fue por entonces cuando se renovó el interés en la ruta del Paraguay, planteándose la posibilidad de construir una línea ferroviaria que desde Cochabamba pasara por Santa Cruz y accediera al río Paraguay, como veremos. Pocos años antes (1900) Henry Bolland –comisionado por el gobierno boliviano para la exploración de la región– había fundado Puerto Quijarro en la orilla occidental del lago Gaiba, y había proyectado diversas rutas que, saliendo de dicha zona, llegaran a Santa Cruz.266
104La praxis histórica nos muestra que la ruta privilegiada por las élites económicas y políticas en el poder fue la ampliación de la línea ferroviaria entre Oruro y Antofagasta vía Uyuni, que en 1908 llegó a La Paz, en 1911 a Potosí y en 1917 a Cochabamba, alcanzando por entonces un total aproximado de 1 689 km.267 Los datos correspondientes a ese año nos informan de los trabajos que se estaban realizando en la construcción de la línea Uyuni-Tupiza, La Quiaca-Tupiza, Potosí-Sucre, y del interés por implementar la línea desde La Paz a Yungas –con la idea de arribar al Beni– y desde Machacamarca, en las cercanías de Oruro, hasta Uncía,268 rutas que podemos observar en el mapa 19. Entre esos proyectos, surgidos con el doble objetivo de unificar el espacio nacional y posibilitar la recuperación económica de algunas regiones –Beni, Cochabamba, Santa Cruz–, uno de los más interesantes para la región central fue la vía Potosí-Sucre que, como subrayaron los autores de la Guía de Bolivia de 1918, suponía un «esfuerzo político y económico para realizar la penetración nacional hacia el Oriente y dominar con el riel el Chaco».269 A dicha vía debemos agregar el proyecto para unir Cochabamba-Santa Cruz con la idea de, en algún momento, llegar al río Paraguay, línea cuya construcción fue aprobada por el Congreso (ley de 26.09.1917), que aprobó las medidas para la captación de recursos, entre otras, la reserva de una parte de los impuestos existentes sobre tierras baldías adjudicadas, la consolidación de estradas gomeras e importación de productos para consumo en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.270
Mapa 19. Vías férreas en Bolivia, 1929

Fuente. G. A. Otero. Bolivia. 1929. Barcelona, Casa Ed. Maucci, 1929, pp.40-41.
105Para entonces (circa 1915) habían entrado en funcionamiento algunas nuevas vías camineras, entre ellas las que unían la capital cruceña con Concepción, el camino interdepartamental entre San Ignacio (provincia Velasco) y el río Iténez, y algunos «caminos carreteros» en el interior de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Además, entre los varios proyectos viarios se contaron el camino que partiendo de Tarija debía llegar a Villazón, posibilitando así el acceso tarijeño a la vía férrea; y, fundamentalmente, el proyecto caminero más interesante, en sintonía con los planes para el acceso al río Paraguay, como fue el que debía conectar Puerto Suárez con Santa Cruz y Cochabamba.271
106El acceso del Partido Republicano al poder (1920) pareció presagiar un avance sustancial en la articulación del país mediante el incremento de las las vías férreas y mejora de los caminos y carreteras. Efectivamente, los gobiernos de Saavedra y Siles denunciaron la división existente entre el Altiplano y los Orientes, como consecuencia de la inexistencia de ferrovias y caminos que vincularan la región occidental con las «ubérrimas regiones agropecuarias del Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija [que] yacen anémicas, lejos de toda eficaz acción gubernamental», ausencia que había provocado la pérdida de Atacama, el Litoral y el Acre.272 En consecuencia, se preconizó la necesidad de implementar las redes ferroviarias hacia el norte y el este, ya que «No hay, pues, otros medios de defensa más eficaces y expeditivos que las ferrovias y los caminos, que al incorporar esos territorios y esas riquezas al organismo nacional han de consolidar el dominio y soberanía de Bolivia».273 Sin embargo, a fines de dicha década la línea Potosí-Sucre estaba aún en construcción, igual que la que desde La Paz accedía a Yungas. Por otra parte, los proyectos relativos a la continuación de la primera (Potosí-Sucre) hacia Santa Cruz, y de la segunda (La Paz-Yungas) hacia el Beni, se hallaban aún en estudio y nunca serían materializados.274 Para entonces, los Junkers utilizados por el recientemente constituido Lloyd Aéreo Boliviano (1925), debido a la iniciativa de empresarios alemanes, unían Santa Cruz con Cochabamba –el primer aeroplano fue bautizado con el nombre de El Oriente–, línea área que, junto a otras que se establecieron, serían bien pronto el principal medio de transporte rápido para unir las principales poblaciones de la república con gran parte de los Orientes bolivianos.
5.2.1.3. Redemarcación político-administrativa y defensa de la soberanía
107Cuando los liberales accedieron al poder en 1899, la división político-administrativa boliviana comprendía por los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, a los que cabría agregar el recientemente fundado Territorio Nacional de Colonias en el Noroeste (1900), y el «teórico» departamento del Litoral, perdido tras la derrota del conflicto del Pacífico en beneficio de Chile. Parece claro que a lo largo de la etapa liberal los cambios más significativos en relación al tema se produjeron, por un lado, en los territorios del Noroeste, escenario de contrastados intereses económicos y geopolíticos; por otro lado, en el este y sudeste del país como consecuencia, de la expansión de la frontera agropecuaria y la defensa de la soberanía boliviana en la región frente a Paraguay y Argentina, que afectó no sólo a la elevación de algunas zonas a la categoría de Territorio Nacional, sino también a los reajustes demarcatorios en el interior de los departamentos implicados, que fueron, fundamentalmente, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
108Por lo que se refiere al Noroeste, territorio donde el gobierno de Arce había instituido en 1890 las delegaciones del Madre de Dios, Acre y Purús, era conocida la concentración de caucheros peruanos en las riberas del primer río y de brasileños en las márgenes de los dos restantes, zonas que, como he dicho reiteradamente, eran objeto de soberanía discutida entre Brasil, Perú y Bolivia. Por lo que concierne al diferendo con el Perú, el conflicto se había suscitado fundamentalmente, desde inicios de los 90, en las riberas del Madre de Dios, adonde convergieron los intereses de caucheros peruanos y bolivianos. La aprobación por el Ejecutivo boliviano de la Delegación Nacional (1890-93), y del establecimiento de una aduana en la confluencia del Manu con el Madre de Dios (20.10.1896) –decreto sancionado por el Congreso por ley de 18.11.1896– provocaron las protestas del gobierno peruano, como había sucedido en 1867 con motivo del Tratado entre Brasil y Bolivia, y en 1891 a causa de la concesión de tierras en la zona efectuada por el gobierno boliviano y la autorización que dio para la exploración de la región- pues esas medidas vulneraban el statu quo existente desde 1863.275 La situación se repitió con motivo de la aprobación del Territorio Nacional de Colonias (8.03.1900) hasta que, finalmente, ambos gobiernos resolvieron (1901-02) someter el diferendo fronterizo en la región del Madre de Dios al arbitraje argentino –aunque los incidentes continuaron a lo largo de la década, como reflejan los informes anuales de las autoridades del Territorio276– diferendo que, como vimos antes,277 se resolvió en 1909. Sin embargo, en los años siguientes se producirían algunos pequeños conflictos, como el que acaeció en el Manuripe entre el cauchero español con residencia en el Perú, Máximo Rodríguez, y el cauchero boliviano Nicolás Suárez.
109Por lo que se refiere al diferendo fronterizo existente en el Acre con Brasil digamos que el territorio era, a fines del siglo xix, una de las más ricas regiones caucheras, razón por la que el gobierno boliviano instaló (enero 1899) en la margen izquierda del río homónimo, y a escasas millas del puesto brasileño, la aduana de Puerto Alonso. Los altos derechos de exportación pretendidos por la administración liberal boliviana lesionaron tanto los intereses de los caucheros –que atacaron la aduana y, encabezados por el español Luis Gálvez Rodríguez, proclamaron el efímero Estado independiente del Acre– como del Estado de Amazonas (Brasil), privado de una importante fuente de ingresos. El gobierno de Pando logró restaurar el orden y adoptó tres importantes medidas: la primera, el reconocimiento de la región como Territorio Nacional de Colonias (8.03.1900);278 la segunda, la concesión a la empresa angloamericana The Bolivian Syndicate of New York (diciembre 1901) de derechos a la ocupación y explotación de una extensión de casi 200 000 km2 en el Acre.279 Esta decisión fue tomada por el Ejecutivo con el fin evidente de frenar la expansión brasileña en una coyuntura en la cual la soberanía sobre la región se veía cuestionada, y cuando al interior del gabinete
Se hizo general la idea de fundar una Compañía que se encargara de la administración económica de aquella zona. Con esta medida se creyó asegurar el orden, crear una administración correcta, promover el desarrollo material de esos lugares y afianzar, en todo el territorio del Madera al Yavary, la posesión y soberanía de Bolivia.280
110Los términos del contrato fueron objetados tanto por el gobierno brasileño281 como por la oposición política boliviana, hasta que, tras algunas escaramuzas políticas –clausura brasileña del Amazonas al comercio boliviano y sugerencias a Bolivia para el canje del Acre por una zona bañada por el Madeira– estalló la guerra del Acre, en la que las fuerzas brasileñas apoyaron al nuevo levantamiento secesionista de los caucheros acreanos (1902), que se impusieron a la Columna Porvenir del empresario Nicolás Suárez y a las fuerzas bolivianas.282 El nuevo Territorio Federal de Acre fue anexionado a Brasil y, aunque el ministro de la Guerra informó al Congreso de 1902 de la «enérgica resolución y la inquebrantable firmeza del Gobierno para conservar dentro de la autonomía nacional los territorios que, por razón de indiscutibles derechos, se ha sabido hasta hoy defender...»,283 las fuerzas brasileñas se impusieron y, tras la firma del tratado de Petrópolis (17.11.1903), Bolivia sufrió la pérdida de alrededor de 191 000 km2.284 La tercera medida tomada por el gabinete Pando fue el proyecto para el establecimiento de una prefectura apostólica en el Acre con la que el gobierno pretendía legitimar –por la vía eclesiástica– la soberanía sobre el territorio en litigio; sin embargo, el conflicto armado hizo inviable el proyecto que, con posterioridad a 1903, no se volvió a mencionar.285
111Tras la cesión del Acre,286 el Territorio Nacional de Colonias incorporó las antiguas delegaciones del Madre de Dios, y del Acre y Purús, siendo su capital provisional la población de Riberalta –más tarde reemplazada por Cobija– por entonces capital de la recientemente instituida provincia de Vaca Diez (19.01.1900) en el departamento del Beni. Posteriormente (1905) el Territorio Nacional fue dividido en cuatro distritos: Beni, Madre de Dios, Acre y Orthon.287 Siempre con la intención de hacer más visible la presencia estatal en la región, los gobiernos bolivianos de las dos primeras décadas del siglo xx intentaron incorporar la provincia de Vaca Díez –perteneciente al departamento del Beni– al Territorio Nacional de Colonias del Noroeste, e incluso se planteó la posibilidad de transformar dicho Territorio en nuevo departamento –cuestión propuesta ya por el gobierno de Pando y también en varias legislaturas a lo largo de la administración Villazón–, aunque las resistencias de Trinidad a perder los ingresos que aquella proporcionaba, la oposición de los sectores propietarios del Beni, y la discrepancia de opiniones en la mayoría parlamentaria, hicieron naufragar dichos proyectos.288
112Por lo que se refiere al este y sudeste bolivianos, la expansión de la frontera agropecuaria y la defensa de la soberanía en estas regiones empujaron, al gobierno de Montes a crear la Delegación Nacional en el Chaco (ley de 27.12.1905) en los territorios de la provincia del Gran Chaco, para «el servicio de colonización, administración y exploraciones en el río Pilcomayo y territorios adyacentes», con capital primero en Villa Montes, más tarde en Yacuiba.289 Posteriormente, el gobierno de Villazón –interesado en lograr el acceso al Paraguay– hizo lo propio con los cantones de Puerto Suárez, San Matías, Santo Corazón y Santiago, todos ellos en la provincia de Chiquitos (departamento de Santa Cruz), con los que organizó la Delegación Nacional en el Oriente (ley de 11.01.1911) para el «servicio de colonización, administración, construcción y fundación de un puerto sobre el río Paraguay», y cuya capital fue Puerto Suárez.290 Finalmente, ya a fines de los ’20 y bajo el gobierno de Siles, considerando la enorme extensión de la Delegación del Chaco y las dificultades que de ello se derivaban para el desarrollo de la colonización, se estableció la nueva Delegación del Parapetí y Llanos de Manso (7.02.1928), de la que formaron parte los cantones de Cuevo, Parapetí e Izozog (provincia de Cordillera) e Ivo y Carandaití (provincia de Azero).291 No es necesario señalar que, además, a lo largo del período todos los departamentos bolivianos, particularmente Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, se vieron sometidos a reajustes internos tanto a nivel cantonal como provincial.
113Concluyendo este punto, y como prólogo del que veremos a continuación, no puedo dejar de constatar la incapacidad de todos los gobiernos bolivianos para una defensa efectiva de la soberanía sobre sus territorios orientales, como consecuencia tanto del desinterés político de ciertos grupos dirigentes cuyas «utilidades» se encontraban en el altiplano y regiones centrales bolivianas, como de la «mediterraneidad» del país tras la pérdida del Litoral. Constatación esta que no es ninguna novedad, pues como ya señalara el político cruceño Julio A.Gutiérrez en su etapa de delegado nacional en el Chaco (1926-27)
Las cuestiones fronterizas del Noroeste, Oriente y Sudeste, preciso es decirlo, no han interesado vivamente a los Gobiernos nacionales por razones simples: falta de conocimiento de esas zonas alejadas; indiferencia consiguiente por lo que no se conoce ni se aprecia; dificultades de distancia e incomunicación, que repugnaba vencer esforzada y patrióticamente; concentración de todas las actividades en la política interna, con inicuo olvido de las más trascendentales cuestiones; y para muchos, concepto estrecho de la nacionalidad y de sus problemas futuros, no viendo y sirviendo otra Bolivia que la minera.292
5.2.2. Instrumentos de bolivianización. Fortines y misiones
114Una estimación compartida por la mayoría liberal en el poder desde 1899 fue lo magro de los resultados obtenidos en la bolivianización de los Orientes. Paradójicamente, considerando los postulados ideológicos liberales, el gobierno Pando y los que le sucedieron reconocieron a las misiones como el principal, si no único, instrumento de colonización hasta que fuera posible adoptar «sistemas más modernos» para la ocupación del territorio, la protección de los indígenas y la defensa de la soberanía en las regiones limítrofes.293 Por entonces era evidente que los avances más significativos en la ocupación de las «fronteras» bolivianas habían sido los logrados por las misiones, contrariamente a los magros resultados obtenidos por las colonias militares y las «industriales». ¿Cuál fue la evolución de los fortines y las colonias «civiles» de carácter agropecuario o extractivo en el primer tercio del siglo xx?
115La praxis histórica nos muestra un cambio cuantitativo en la fundación de fortines, particularmente en el sudeste. De hecho, tras la pérdida del Acre y la firma del Tratado de Petrópolis, en virtud del cual Bolivia obtuvo cuatro pequeñas «ventanas» desde las cuales poder acceder al Paraguay,294 se renovó el interés de los gobiernos bolivianos por la ocupación del Chaco tanto por motivos geopolíticos como económicos, con la expansión del frente ganadero y la organización de un circuito económico que involucrara los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija con Argentina.
116Sabemos que a inicios del siglo xx existían, en el sudeste, los fortines de Caiza, Creveaux, Murillo; en el Oriente cruceño aunque se había aprobado la construcción de dos fortines (Baptista y San Matías) estos no habían sido construidos, como tampoco se había instalado el fortín en Puerto Suárez; finalmente, en el nor/noroeste debemos mencionar el fortín de la Horquilla, en proceso de organización, y la petición por el prefecto beniano de la fundación de un nuevo fortín en la margen izquierda del Iténez.295 Con todo, la importancia de las colonias militares como centros de penetración colonizadora sólo se demostró eficaz en el Chaco, donde a los fortines antes citados se sumaron a lo largo de la primera década del siglo los de D’Orbigny, Guachalla, Avanzado (más tarde Ballivián), Intermedio (posteriormente Linares) y Campero, centros que al decir del ministro de Guerra y Colonización contaban con los «suficiente elementos para contrarrestar, en caso necesario, el ataque de las tribus salvajes y proteger el desarrollo de nuestras pequeñas colonias».296 Y los avances continuaron en la década de 1910 con Magariños y Esteros de Patino, y, en la de los ’20, con los fortines establecidos en El Carmen, Nuevo Magariños, Muñoz, Saavedra, Tinfunqué y Sorpresa, entre otros, algunos de los cuales se habían construido al norte del Pilcomayo, en dirección a Puerto Suárez, atravesando el Chaco y frente a los fortines paraguayos.297 Sin embargo, una cuestión era el avance de la línea de fortificaciones y otra que se produjera efectivamente el desarrollo de un frente demográfico significativo, el mismo que, como consecuencia de las características de la economía pecuaria, no se produjo. De hecho, aunque a lo largo de estos años se aprobaron algunas partidas presupuestarias para el sostenimiento de guarniciones y la radicación en la región de aquellos individuos que, acabando el servicio, permanecieran en la zona, la mayoría de ellos retornó a sus lugares de origen. Sin renunciar a la utilización de los fortines como avanzada de la colonización –se dispuso que junto al fortín Campero se organizara una «colonia militar» y que se establecieran nuevas colonias en La Horquilla y Mateguá (provincia de Iténez)–,298 la solución propuesta por la administración Saavedra (9.12.1922) fue la concentración de indios en los terrenos situados junto a los fortines de Guachalla, Linares y Esteros de Patiño.299
117Paralelamente a la colonización militar, los gobiernos liberales plantearon la conveniencia de fundar colonias «civiles» con población nacional o extranjera con cargo al presupuesto público. Sin embargo, en los veinte años que permanecieron en el poder sólo sabemos de la fundación en 1909 de la colonia Warnes, cercana a Puerto Suárez (provincia de Chiquitos), para el desarrollo de la cual se destinaron 12 000 ha. (decreto 29.01.1909), y que, a fines de los ’20, había obtenido escasos resultados;300 y de la colonia Villa Manzo, junto al fortín sobre el Pilcomayo (orden 23.05.1911).301 A estas se incorporaron, en la década de 1920, la colonia de Todos Santos, en la margen izquierda del Chapare (Cochabamba), fundada por el coronel Federico Román302 y se intentó, con más o menos éxito, la organización de núcleos colonizadores en Monte Grande, Cañada Larga, Tres Cruces, Pozo del Tigre, Guarayitos, Libertad y Puquios (Santa Cruz) y, en el mismo departamento cruceño en Roboré (cantón Santiago).303 Sin embargo, en vísperas del conflicto del Chaco era evidente el fracaso de gran parte de los proyectos colonizadores aprobados a lo largo del primer tercio del siglo xx, porque como dijera el ministro Lanza al Congreso del 31, la legislación «ha sido abundante, pero sin un rumbo científico que pudiera dar resultados prácticos».304
118Para entonces, la época del caucho había pasado –provocando un receso económico no sólo en el nor/noroeste, sino también en el departamento cruceño-y las grandes esperanzas depositadas en las empresas gomeras como instrumento de expansión del frente colonizador, de crecimiento económico y de nacionalización de la región, se habían diluido. Este progresivo desencanto frente a los efectos colonizadores de los fundos caucheros se produjo a partir de la primera década del siglo xx, cuando el mismo presidente Montes señaló en 1906, momento álgido de la explotación gomera
Mientras en aquellos exhuberantes [sic] bosques yacían inexplotadas las riquezas naturales del suelo y la única manifestación de la vida era la de las industrias estracticas [sic], las pingües utilidades que ellas reportaban atrajeron núcleos de poblaciones casi nómades, que sin arraigo en aquella tierra fecunda, la abandonaban para ir en busca de nuevos centros de explotación, en cuanto la quina portentosa o el árbol de la goma languidecían a los golpes de su avariento empeño.305
119La incapacidad del frente cauchero para favorecer una expansión efectiva de la frontera interna con la ocupación del territorio y la atracción de poblaciones colonizadoras propició, como contrapartida un progresivo interés gubernamental en el fomento de las actividades agropecuarias. Claro indicador de este cambio es que Colonización pasó a integrar en 1905, junto a Agricultura, el Ministerio homónimo (ley 18.10.1904), que fue confiado al antiguo jefe de la Sección de Inmigración, Manuel Vicente Ballivián.306 Con todo, como vimos, fue poco lo avanzado en la colonización efectiva del territorio en los años siguientes, fundamentalmente como resultado de las prioridades económicas de los grupos dirigentes, centradas en la explotación minera.
120Sin embargo, como vimos antes, una de las fronteras que recibió la atención preferente de los gobiernos bolivianos a lo largo del primer tercio del siglo xx fue la región chaqueña, donde, en vísperas del conflicto del Chaco, había una red de fortines sobre el Pilcomayo –108 leguas– constituida por Villa Montes, D’Orbigny, Guachalla, Ballivián, Linares, Magariños, Esteros y Sorpresa. Además, hacia el interior chaqueño y en dirección a Puerto Suárez – por entonces en grave contracción económica tras la caída de las gomas– Bolivia disponía de los fortines Muñoz, Saavedra y Tinfunqué307 Las razones de esta «presencia» estatal en el Chaco fueron dos: la primera de carácter geopolítico –que en la década de 1920 fue prioritaria– la bolivianización de la región, de soberanía discutida y por entonces amenazada por la expansión paraguaya, a consecuencia de la cual se dieron los primeros choques en la zona en 1927– 28;308 la segunda, de carácter económico, la protección de las actividades pecuarias con el objetivo de favorecer el circuito económico que involucraba a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y el norte argentino, y, cuestión nada desdeñable en esa coyuntura, el descubrimiento de importantes recursos de hidrocarburos en la zona.309 Además, en esos momentos se estaba produciendo una movilización de los cruceños frente al gobierno de La Paz que amenazaba incluso la unidad del país.310
121Para entonces, el delegado nacional del Chaco, Julio A. Gutiérrez, había informado al gobierno Siles de la necesidad de desarrollar la infraestructura viaria conectando el Chaco con Tarija, la provincia del Azero y con Santa Cruz; en segundo lugar, de cambiar la legislación arancelaria para permitir la recuperación de los mercados ganaderos; en tercer lugar, de impulsar la penetración en el Chaco Boreal a partir del río Pilcomayo, del camino de Villa Montes a Santa Cruz, y de la ruta de Esteros al Roboré;311 y, finalmente, la necesidad de reformar el «Reglamento de Misiones [que] resulta ya anacrónico e inadecuado para la época y el desarrollo de estas regiones».312 El frente partidario de la secularización de las misiones, en progresivo avance a lo largo de la etapa liberal, estaba imponiéndose, por lo que es llegado el momento de analizar la importancia de los centros misionales como instrumentos de ocupación de los Orientes bolivianos.
5.2.2.1. Misiones
122A lo largo del primer tercio del siglo xx los gobiernos bolivianos consideraron las misiones como el principal instrumento de colonización aunque, al mismo tiempo, pretendieron ejercer un mayor control político sobre ellas. Paralelamente, durante esos años, se produjo un progresivo incremento de la presión secularizadora por parte de políticos y sectores propietarios, en particular en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
123Los planteamientos liberales se plasmaron desde el inicio de su gestión política a través de dos medidas, aprobadas por la Convención Nacional (20.01.1900), según las cuales se dispuso, primero, que «el servicio de las misiones corresponde a la Nación» y las erogaciones correspondientes serían satisfechas por el Tesoro Nacional, eximiendo de tal partida a los presupuestos departamentales; segundo, la derogación del Reglamento de Misiones de 1871 entonces vigente.313 En esa coyuntura, el Ejecutivo presidido por Pando solicitó a los prefectos misioneros un informe sobre el estado de las misiones con el objetivo de disponer de los datos necesarios para la reforma, en caso de que fuera necesario, de dicho reglamento, y la aprobación de las disposiciones necesarias para la «realización de la obra humanitaria y civilizadora» de los conversores.314 Con todo, no se dejó de reconocer, explícitamente, que un cambio radical del sistema vigente comportaría «inevitablemente la decadencia y acaso la extinción de las misiones», que habían demostrado ser el principal instrumento para la ocupación del territorio, la reducción de las poblaciones indígenas y la defensa de la soberanía boliviana, o, en palabras de Villazón al Congreso de 1900
Mientras no hayamos adoptado los sistemas de colonización modernos, con fondos bastantes para el trasporte [sic] e instalación de los colonos y de sus respectivas familias, no sólo por espíritu de humanidad y religioso, sino también por deber de patriotismo debemos protejer [sic] y multiplicar aquellas misiones, como medio eficaz de amparar y mantener nuestra soberanía en las más apartadas y desiertas regiones de la República, y conservar la raza aborígene [sic] en centros útiles para la industria y para la República.315
124Las misiones franciscanas existentes por entonces ascendían a 24 –ver cuadro 10–, aunque los religiosos gestionaban también antiguas misiones transformadas en beneficios curales –en el organigrama político-administrativo denominadas cantones–, como eran los casos de Ixiamas, San José de Uchupiamonas, Tumupasa y Cavinas en la provincia de Caupolicán (La Paz), Chimeo en la provincia de Salinas y Yacuiba e Itaú en la provincia del Gran Chaco (Tarija), e Igüembe, Cuevo, Ingre y Huacaya en la provincia de Azero (Chuquisaca).
Cuadro 10. Misiones franciscanas en los Orientes bolivianos, 1902

Note (1)316
Note (2)317
Fuente. Elaboración propia a partir de Censo General... 1902 y Sinopsis Estadística y Geográfica. T. I.
125Recibidos los informes de los prefectos misioneros, el Ejecutivo preparó el proyecto de un nuevo Reglamento, sancionado por Pando por decreto supremo de 12.08.1901.318 En él se continuó considerando a los neófitos como menores bajo tutela del misionero (art.4), el cual continuaba ejerciendo el gobierno económico y administrativo de la misión (art.26). Sin embargo, se introdujeron algunos cambios sustanciales en relación con dos cuestiones: la supremacía del poder político local y regional sobre las misiones, y el recorte de las atribuciones del conversor en los territorios misionales. En el primer caso, mientras que antaño se exhortaba a las autoridades políticas y militares a proteger y a no inmiscuirse en la gestión del misionero, ahora se encargaba a los prefectos y subprefectos de departamentos y provincias, respectivamente, ejercer «la supervigilancia sobre ellas» (art.2), aunque prestando el apoyo y protección requerida por los religiosos. En el segundo caso, el recorte o anulación de algunas de las atribuciones del conversor se manifestó en varios artículos; primero, a diferencia de lo legislado en 1871, donde entonces se declaraba la necesidad de recabar el permiso del misionero para transitar por el territorio misional, ahora se señalaba que era «libre el tránsito por el territorio de las misiones», debiendo el religioso facilitar a los viajeros todo lo necesario para la continuación del viaje con la consiguiente retribución económica (art. 19); segundo, mientras que antes se requería la autorización del conversor para explorar alguna zona de la misión, ahora se debía igualmente recabar el permiso, pero se añadía que el religioso «no podrá negarlo» (art.23).
126Además, el reglamento introdujo algunos leves cambios semánticos, aunque reflejo de la nueva situación política, en relación a la aculturación indígena. A diferencia del pasado en que se encargaba a los misioneros la asimilación de las costumbres de los neófitos a las de los demás «cristianos» de la república, ahora primaba el concepto de «ciudadanos» (art.27), sin duda más en sintonía con el ideario liberal del momento. En igual medida y a diferencia de la imprecisión del Reglamento de 1871 en relación con el aprendizaje de la lectura y escritura por los/as niños/as, en el texto de 1901 se precisaba que aquel debía hacerse en «idioma español» (art.28) pues era un hecho el fracaso de la castellanización de las poblaciones indígenas en las misiones.
127El mayor control que el poder político pretendía ejercer sobre los misioneros no obsta para sostener, como hicieron los ministros de Colonización y de Relaciones Exteriores, que los religiosos eran los principales «sostenedores de la civilización y la integridad nacional, en las ignotas fronteras de la República».319
128Con todo, era evidente el avance de los sectores secularizadores que en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija estaban interesados en acceder a la mano de obra indígena sin la mediación misionera, y a las tierras misionales, como veremos en el apartado siguiente. Por el momento, ilustra el conflicto por entonces existente la propuesta a la Cámara de 1904 del diputado Leigue, quien, lamentando la dejación de deberes de los gobiernos bolivianos en la nacionalización de las fronteras orientales «resguardando los derechos de sus naturales», exigió al Ejecutivo el cumplimiento estricto del reglamento misionero.320 Dice mucho de la distancia entre la teoría y la praxis de los liberales bolivianos que en una coyuntura en que se acentuó el ataque a la tierras y estructuras comunales indígenas, o justamente por eso, y en aras de una protección de los neófitos descuidada por los misioneros, Leigue reclamara la estricta observancia del reglamento vulnerado por los religiosos, que «jamas habían dado cumplimiento a esas disposiciones, y que cometían todo género de abusos, haciendo lo que les venía en gana, gobernando como autoridades constituidas y dictando reglamentos depresivos y onerosos para los naturales y aún para los comerciantes».321
129Los cambios más significativos se produjeron, sin embargo, bajo la administración de Montes, con medidas aparentemente continuistas respecto al pasado, pero que mostraron una variación sustancial en la estrategia estatal para ocupar los Orientes. El cambio producido fue consecuencia, por un lado, del interés de los dirigentes liberales en hacer posible lo que sus pares latinoamericanos habían hecho o intentaban hacer, esto es, demostrar su capacidad para controlar el territorio y habitantes del país; por otro lado, de la evidente falta de voluntad política y/o la ineficacia gubernamental en lograr el control efectivo del territorio oriental en las décadas precedentes, con la consecuente pérdida de, prácticamente, la mitad del país; y, finalmente, del interés de los grupos dirigentes paceños en controlar los espacios aún en litigio cuyos recursos económicos podían proporcionar ingresos fiscales de gran importancia para un Estado con permanente déficit de recursos. ¿Cuáles fueron las medidas sancionadas por la administración de Ismael Montes?
130La primera medida fue el decreto del 17.10.1905 por el que las misiones dejaron de estar adscritas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y pasaron a depender de Colonias y Agricultura. La segunda, de mayor trascendencia que la anterior, fue el decreto de 23.12.1905 mediante el cual se aprobó un nuevo Reglamento de Misiones.322 La primera disposición nos da la pauta de la mirada liberal sobre los territorios orientales, si atendemos a tres de sus considerandos, a saber, las misiones constituían las primeras bases del sistema colonizador, eran consideradas como primeros núcleos de colonización para facilitar la «reconcentración de los bárbaros dispersos a fin de formar nuevas aldeas y pueblos agrícolas»323 y, finalmente, eran instrumento para la apertura y mantenimiento de las vías de comunicación que estimularían la llegada de inmigrantes con destino a los establecimientos industriales.
131Si el Estado liberal pretendía hacer efectiva su soberanía sobre territorios incontrolados, y las misiones debían cumplir un rol fundamental en tal proyecto sirviendo a los intereses gubernamentales, el control que aquel debía ejercer sobre las misiones debía ser mayor para facilitar el rápido logro de los objetivos misioneros –la «concentración y civilización» de los indígenas– y, posteriormente, posibilitar la secularización de los poblados misionales.324 De ahí la importancia de un nuevo reglamento de misiones por el cual los misioneros, antaño revestidos de poderes omnímodos en sus misiones, ahora, en calidad de funcionarios públicos (art. 23), se veían sometidos a un estricto control por el poder civil a través de los delegados nacionales, prefectos y subprefectos. Además, aunque los religiosos continuarían siendo mediadores entre los indígenas y el mundo exterior, se señaló que no podrían oponerse a la contratación de aquellos como mano de obra, reivindicación constante de los sectores propietarios y causa de un sinfín de conflictos desde la década de 1880.
132En el nuevo Reglamento325 los indígenas continuaban siendo considerados menores bajo la tutela misionera, y del conjunto de sus artículos, y en función de los cambios que se introdujeron respecto al anterior, merecen destacarse fundamentalmente los relativos a, en primer lugar, la identificación precisa del objetivo misionero que era «la preparación para la vida civilizada de los elementos nómades del país,326 así como la colonización del territorio» (art.l). En segundo lugar, el control estatal sobre las misiones, precisando la función del poder político al señalar que eran las autoridades civiles las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes en las misiones establecidas en los territorios bajo su jurisdicción, y quienes debían cuidar «que los Padres Conversores cumplan con las instrucciones que dichas autoridades administrativas les impartan» (art.2). En tercer lugar, el radical recorte en las atribuciones del conversor que, a pesar de continuar ejerciendo el «gobierno económico y administrativo» en el territorio de la misión (art.25), veía precisar su calidad de «funcionario público» (art.23) y cómo, no obstante se continuara considerando necesaria su intervención en la contratación de los servicios de los neófitos, se señalaba que los religiosos «no podrían oponerse a tales contratos» (art. 10), reivindicación concreta de los sectores propietarios.327 En cuarto lugar, cambio significativo respecto a los reglamentos anteriores y cuya interpretación daría lugar a serios conflictos en los años posteriores, fue el introducido en relación con la propiedad de las tierras de la misión al señalarse (art.6) que declarada una misión en beneficio curai, los bienes y tierras serían adjudicados a las familias de neófitos por parte de la autoridad política, «pudiendo reservarse los terrenos que se creyera conveniente para fundación de nuevos pueblos».328 En quinto lugar, relativo a la posible venta de los bienes pertenecientes a la misión –excluyendo los productos agrícolas e industriales considerados medios para el mantenimiento de los poblados misionales– venta que, se señaló, requería de la aprobación del Ministerio de Colonización (art. 18). Finalmente, y siempre bajo la égida de esta agudización del control de los misioneros, se estipulaba que «será de libre disposición de los neófitos, el ochenta por ciento de los ingresos provenientes de su trabajo personal, asignándose el veinte por ciento al fomento de la misión, como adquisición de material para edificios, útiles, elementos de subsistencia, etc.» (art. 13), debiendo llevar los conversores un registro de los ingresos y egresos de las misiones que permitiera la revisión del movimiento económico de las mismas por las autoridades civiles correspondientes.
133En síntesis, el Ejecutivo parecía decidido a propiciar una progresiva secularización de las misiones, cuyos habitantes, mezclados con los colonizadores nacionales o extranjeros que arribaran a la zona, serían los mejores garantes de la soberanía de Bolivia en los territorios fronterizos. Como señaló el ministro Ballivián al Congreso de 1906
Espero que la sustitución gradual de las Misiones en ejercicio, en núcleos de reducción, bajo la protección de la autoridad política y civil, hará que las tribus que aún permanecen nómades y salvajes, se vayan sometiendo poco a poco y comprendan las ventajas de la existencia civilizada, convirtiéndose en unos cuantos años, en ciudadanos útiles y amantes del orden y del trabajo, formando los primeros núcleos de la colonización.329
134De hecho, en los mismos días en que se aprobó el nuevo reglamento, las misiones de San Francisco y San Antonio del Pilcomayo fueron, de facto, secularizadas cuando sus tierras sirvieron de base para la fundación de Villa Montes, y quedaron sometidas «a las leyes de la República y a las autoridades administrativas» (decreto de 27.12.1905).330
135No es extraño que, dados los nuevos planteamientos del gobierno con respecto a las misiones, se desarrollaran frecuentes conflictos entre misioneros, propietarios y autoridades locales en torno a los artículos que disponían su sometimiento a los dictados de las autoridades civiles y, fundamentalmente, en la aplicación del art. 10 que, al impedir al conversor oponerse a la contratación de la mano de obra indígena, dejaba teóricamente el campo abierto a la libre contratación de los indígenas. Digo teóricamente porque, si por un lado, todos los prefectos misioneros opusieron una resistencia tenaz a algunas de las medidas, particularmente respecto a la sujeción a las autoridades civiles,331 por otro lado la actuación del poder central fue ambigua, probablemente, por la incapacidad del gobierno paceño para ejercer un control efectivo de las autoridades departamentales y locales, al mismo tiempo que contentar a los misioneros, a los que necesitaba como instrumento reductor. Probablemente el artículo que provocó la mayor oposición de los misioneros al considerarlo causante de la despoblación indígena fue el 10, como veremos más adelante. Particular resistencia opuso el prefecto de Tarata, Francisco Pierini, quien tras solicitar reiteradamente la reforma de dicho artículo obtuvo del gobierno de Montes la resolución suprema del 31.01.1907 que limitaba la contratación de neófitos a un número no superior a 5 por cada 100 habitantes y fijaba una garantía de 500 bolivianos por cada indígena que, en caso de no volver a la misión en el período estipulado –no superior a 6 meses– quedaría en beneficio de la misma.332
136La transgresión fue la norma, igual que en tantas otras ocasiones, como denunciaron insistentemente los misioneros y los ministros de Colonización en los años posteriores. Valga como ejemplo lo sostenido por el ministro Aranibar en el Congreso de 1909, ante el cual afirmó que
coopera al despoblamiento y ruina de las Misiones, el abuso que cometen los industriales de goma y propietarios de barracas con la Ley de enganche de peones. Estos se acogen a la ley, en cuanto les da derechos, pero la burlan en el capítulo de las obligaciones. Piden a los Misioneros peones, y cuando se les exige que cumplan con el precepto de prestar garantía real, de asegurar el regreso del neófito, de resguardar su vida y su trabajo, de procurar su bienestar, apelan al engaño o a la imposición armada.333
137La situación parecía no tener solución puesto que, como reconoció el mismo Aranibar, el Ejecutivo tenía escaso control sobre los caucheros y, lo que es más grave, sobre las autoridades departamentales y locales.334 Aunque se propusieron diversas alternativas, como el establecimiento cerca de las misiones de colonias formadas por inmigrantes nacionales o extranjeros, y la reforma de la ley y reglamento de enganche de 1896, la situación no cambió sustancialmente ni siquiera con la caída de la cotización del caucho amazónico en los mercados internacionales, a inicios de la década de 1910.
138Para entonces, la Sección de Colonización, de la que dependían las misiones, había sido puesta bajo la dependencia del Ministerio de Guerra y Colonización (23.12.1910), cambio significativo que tenía por objeto ejercer un control más eficaz de los Orientes tanto en la región del Madre de Dios como en el Chaco. Sin embargo, siendo la defensa de la soberanía boliviana en las fronteras una razón fundamental no fue la única. Una segunda, tan importante como la anterior, fue la represión de los indígenas hostiles, para garantizar, en este caso en la región de los guarayos, «la seguridad de los transeuntes...evitando los frecuentes ataques de que son víctimas por parte de los salvajes».335 Para entonces, las misiones franciscanas ascendían a 26, ya que tras la secularización de Aguairenda (4.01.1911), las misiones existentes eran San Antonio del Chimoré (provincia de Totora), Macharetí, Santa Rosa de Cuevo, San Buenaventura de Ivo, Tigüipa, Yumbía, San Francisco y San Antonio del Parapetí Grande (provincia de Azero), Muchanes (provincia de Larecaja), Covendo y Santa Ana (provincia de Sud-Yungas), Aimiri, Burapucuti, Itatiquí, Masaví, Piriti y Tacuaremboti (provincia de Cordillera), Ascensión, San Pablo, Urubichá, Yaguarú y Yotaú (provincia de Velasco) e Itaú, Tarairí, San Antonio y San Francisco del Pilcomayo (provincia de Gran Chaco).336
139Estos datos permiten afirmar que durante la etapa liberal se fundaron algunas nuevas misiones aunque, paralelamente, se produjo una progresiva secularización de las mismas. La paradoja se explica si consideramos, siguiendo las tesis del ministro Zalles (1913), que mientras Bolivia no contara con el concurso de empresas colonizadoras «ningún medio será más eficaz y fructífero, para la transformación del hombre de los bosques en ciudadano libre y útil a la colectividad donde vive, que la silencionsa y edificante labor del misionero católico».337 En segundo lugar, como enfatizó el ministro Néstor Gutiérrez –encargado de la Guerra y Colonización– ante el Congreso de 1915, la importancia de las misiones disminuía a medida que aparecían nuevos núcleos de población y mejoraba la vialidad en las regiones hasta entonces ocupadas por los salvajes, y/o se incrementaba la producción y circulación de mercancías
[El Gobierno] juzga que las misiones que actúan como avanzadas de la civilización en territorios alejados, en los que aparece el bárbaro como elemento dominante, deben mantenerse, procediéndose a la secularización de las reducciones que ya hubiesen llenado su objeto, sea por la relativa educación de los indios o porque el desarrollo regional del comercio y de las industrias hace ya innecesaria la presencia del conversor.338
140Un año antes, el mismo Gutiérrez había preparado un proyecto que pretendía un mayor y más eficaz control de la actividad desplegada por los misioneros tanto en el plano interno como en las relaciones de las misiones con el mundo exterior. Así, la «razonable vigilancia» postulada por el ministro pretendía lograr mediante la actividad misionera no sólo la total aculturación de los neófitos reducidos en las misiones, sino también la conquista de los bárbaros con el objeto de «ganar hombres para la civilización y brazos para el trabajo».339 Y, considerando las tesis contradictorias sobre la «utilidad» de las misiones en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, el Ejecutivo decidió en 1914 encomendar al prefecto cruceño y al delegado nacional en el Chaco la inspección de las mismas y la presentación de un informe documentado de la actividad misional, éxitos obtenidos en la civilización de los neófitos –especialmente la castellanización–, causas del éxodo indígena de los poblados, condiciones de trabajo ofrecidas por los hacendados, estado económico de las misiones y actividades industriales establecidas en cada región.340
141Los informes elaborados por las autoridades civiles concluyeron, a decir del Ejecutivo, que el comportamiento de los misioneros era muy «conservador» respecto a la fundación de nuevas misiones, limitándose a mantener las existentes sin sustanciales avances ni en la castellanización de los indígenas ni en la aculturación de los mismos con la imposición de una praxis social individualista. Al mismo tiempo, coincidieron en señalar la «acción obstruccionista» de los misioneros al desarrollo económico regional por cuanto impedían la libre contratación de mano de obra indígena, perjudicando tanto a los hacendados como a las mismas misiones, abandonadas por los neófitos en busca de trabajo.341 En consecuencia, el gobierno propuso una reforma radical del régimen misionero que permitiera fiscalizar más eficazmente el trabajo de los franciscanos y reclamó la sustitución del «sistema de comunidad con el de propiedad individual, mediante la distribución de lotes a cada familia indígena y el aprovechamiento de su trabajo y producción».342 Además, dispuso (decreto de 15.01.1915) la secularización de San Francisco y San Antonio del Parapetí, e Itatiquí (provincia de Cordillera) tras considerar, primero, la importancia que habían alcanzado como centros de aprovisionamiento en la ruta entre Santa Cruz y algunas provincias de Chuquisaca, Tarija y la República Argentina, además de la expansión ganadera que se había producido en la zona; segundo, la marcha de los indígenas de las misiones en busca de trabajo; tercero, los conflictos surgidos entre los misioneros y las autoridades civiles.343 La secularización de aquellas misiones fue seguida por la de Itaú y Chimeo, realmente transformadas en beneficios curales en 1871, aunque por falta de sacerdotes no llegaron a implementarse como doctrinas, lo que sí se hizo a partir de 1917.344
142Por entonces se había producido un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a consecuencia del cual llegó a La Paz el internuncio Rodolfo Caroli.345 Con el objetivo de obtener de primera mano información sobre el estado de las poblaciones indígenas en todo el país –los ecos del escándalo del Putumayo estaban aún presentes– y de las misiones de «infieles», y de acuerdo con las instrucciones recibidas, realizó su visita pastoral por gran parte del país entre junio y septiembre de 1918.346 Caroli envió dos informes, uno sobre la situación de la Iglesia boliviana y de las poblaciones indígenas que comentaré en el apartado siguiente,347 y otro sobre el estado de las misiones franciscanas, aunque en realidad sólo visitó las dependientes del colegio de Tarata y Tarija.348 En este último, Caroli elogió la buena marcha de las misiones entre los guarayos y criticó la decadencia en que se hallaban las establecidas en el Gran Chaco; en su opinión, dicha situación era consecuencia tanto de los proyectos expansionistas de los «blancos» que presionaban por una secularización de dichas misiones,349 como de la desidia de los franciscanos que, temiendo dicho proceso, no hacían nada por el mantenimiento de los poblados, ni tampoco por la reducción de los bárbaros, siendo así que, en su opinión, «habrían podido hacer bastante más».350 Caroli confiaba en que la situación podría mejorar con la erección en estos territorios del Vicariato del Chaco,351 que junto al ya existente Vicariato del Beni, y los futuros Prefectura del Pilcomayo y Vicariato de Chiquitos (aprobados en la década de 1920) constituyeron las cuatro demarcaciones eclesiásticas en los bárbaros Orientes bolivianos.
5.2.2.1.1. La larga marcha hacia el establecimiento de los vicariatos apostólicos en los Orientes bolivianos
143Realmente fue una larga marcha la que llevó al establecimiento de los vicariatos apostólicos en Bolivia porque las gestiones para la erección del primero de ellos –Vicariato del Beni–, iniciadas en 1886, sólo se concluyeron en 1917. Ese mismo año se iniciaron las negociaciones con vistas a la erección de un nuevo vicariato en el sudeste –Vicariato del Chaco– que fue instituido en 1919.
144Cuando los liberales accedieron al poder, la erección del vicariato beniano estaba pendiente sólo del breve pontificio mientras que, a su vez, la Santa Sede esperaba que el Congreso votara las partidas presupuestarias correspondientes para su sostenimiento. Esta era una cuestión que, al decir del ministro Villazón, no presentaba ningún inconveniente pues el gobierno Pando, como vimos antes, estaba dispuesto a aumentar la asignación a 10 800 bolivianos.352 El interés de los nuevos dirigentes en el establecimiento del vicariato –aun contrariando los postulados liberales relativos al papel de la religión y de la Iglesia, que pronto se harían presentes– se derivaba de la creencia de que aquel propiciaría un avance de las misiones en territorios de soberanía discutida.353
145El interés del Ejecutivo Pando en obtener la aprobación final de la Santa Sede para el establecimiento efectivo del vicariato –que, por otra parte, esta estaba deseosa de otorgar– se fue diluyendo con el tiempo, en razón de problemas, el más importante de los cuales fue el conflicto del Acre. El proyecto cobró nuevo impulso en las postrimerías de la administración de Pando y al inicio de la presidida por Montes en 1904, aunque diversos factores impidieron también entonces el éxito de la iniciativa.354 En primer lugar, las reticencias del Congreso en votar la partida económica para la dotación del vicariato, que ya se había rebajado a 5 400 bolivianos –la mitad de lo acordado–, aprobada en primera instancia a fines de 1904, aunque finalmente rechazada por el Congreso de 1905 tras un agrio debate en el cual los partidarios de la asignación señalaron la necesidad de la actividad misionera pues, como dijo el diputado Chacón: «La defensa de nuestra patria, es la que me importa a apoyar la creación del Vicariato, pero no el interés de doctrina» pues los misioneros eran, a su entender, el principal instrumento para la difusión del «patriotismo».355 En segundo lugar, el deseo gubernamental de que fueran los salesianos, en lugar de los franciscanos, quienes se hicieran cargo del vicariato, planteando, en última instancia, la división del mismo en dos demarcaciones confiadas a una y otra orden religiosa.356 Sabemos que incluso se llegó a firmar (abril de 1904), un acuerdo para el establecimiento de escuelas de Artes y Oficios y de Agricultura en el Beni y el resto del país, entre el representante salesiano para el Perú y Bolivia, P. Raineri, y el gobierno boliviano.357 En tercer lugar, la radicalización ideológica del Congreso, por entonces decidido a una progresiva secularización legal de la vida pública boliviana con la aprobación de la libertad de cultos, supresión de la enseñanza religiosa, medidas que llevaron a la ruptura formal de relaciones diplomáticas entre Bolivia y la Santa Sede.
146Aunque los contactos informales se mantuvieron en los años sucesivos y hubo varios intentos por parte boliviana y de la Santa Sede para la solución del problema, –erección del Vicariato del Beni–, la cuestión quedó aparcada en 1912 como consecuencia de la oposición de la mayoría parlamentaria a conceder el Vicariato a los franciscanos. El asunto sólo fue resuelto en 1917 –año que llegó a La Paz el internuncio apostólico Rodolfo Caroli– cuando el gobierno de José Gutiérrez Guerra dio el visto bueno a la erección del vicariato beniano con sede en Trinidad, se asignaron en el presupuesto las partidas económicas correspondientes y Benedicto XV sancionó el breve respectivo (1.12.1917) a la nueva demarcación, que comprendería el Beni y las misiones existentes en Colonias, Caupolicán y Yuracarés, en un territorio estimado de 400 000 km2. El franciscano Ramón Calvo fue su primer vicario con categoría de obispo.358
147Contrariamente a lo sucedido con el vicariato beniano, la coyuntura se presentó favorable para el establecimiento de un vicariato en el Chaco, propuesto por los franciscanos a fines de 1917359 con el objetivo de «proseguir colaborando al Supremo Gobierno en la colonización y adelanto» en dichas regiones, donde hasta entonces había misiones confiadas a los colegios de Potosí y Tarija.360 De la amplia documentación sobre el tema cabe deducir una tesis, hasta ahora no planteada explícitamente para el caso boliviano, según la cual el vicariato se presentó a los franciscanos como un buen instrumento de defensa de los bienes eclesiales –edificios y tierras– y también, en algunos casos, de las tierras indígenas, frente a la apropiación que de ellos hacían las autoridades locales y sectores propietarios tras la secularización de las misiones, como se había producido en el Pilcomayo primero, y en el Parapetí después.361 Para entonces en esta región había 6 misiones (Boicovo, Santa Rosa de Cuevo, San Buenaventura de Ivo, Macharetí, Tigüipa y Tarairí), otras 8 habían sido secularizadas (San Antonio y San Francisco del Parapetí, Itatiquí, San Antonio y San Francisco del Pilcomayo, Chimeo, Itaú, Aguairenda), y, además, los franciscanos prestaban sus servicios en 10 doctrinas constituidas principalmente por pobladores blancos y mestizos (Ingre, Igüembe, Huacaya, Cuevo, Carandaití, Camatindí, Caiza, Palmar, Yacuiva, Ñancaroinza). La creación del vicariato permitiría, según el internuncio Caroli, establecer una única administración para todas las poblaciones citadas –entonces dependientes del arzobispado de Sucre, obispado de Santa Cruz y prefecto de misiones– y obtener mayor protección gubernamental para el trabajo misional frente a los abusos de las autoridades locales y departamentales.362
148Los planes de la Santa Sede y la orden franciscana tuvieron el apoyo gubernamental hasta que el 12.10.1918, diputados liberales representantes del Gran Chaco presentaron a la aprobación del Congreso el proyecto de ley relativo al establecimiento del vicariato.363 Aunque hubo algunos contratiempos derivados de la tenaz oposición de los cuatro senadores del Oriente, aparentemente con el apoyo –que se demostró infundado– del obispo de Santa Cruz a aceptar que Cordillera –bajo su jurisdicción– formara parte del vicariato, el proyecto fue finalmente aprobado por el Congreso Extraordinario el 13.01.1919 con el nombre de Vicariato del Sudeste, denominación preferida por el Congreso dado el diferendo existente en la región chaqueña y la inclusión en el mismo de algunas zonas no pertenecientes a la misma.364 El nuevo vicariato, cuyo decreto de erección fue aprobado por la SCPF el 22.05.1919,365 fue constituido con las misiones, parroquias y doctrinas existentes en las provincias de Cordillera, Azero y Gran Chaco, algo menos de 200 000 km2. Pocos meses después la SCPF eligió (28.07.1919) para vicario del Chaco –denominación que la Iglesia utilizó preferentemente a la de Sudeste– y ante la sorpresa de muchos que consideraron que el elegido debía ser B. de Nino, al franciscano Ippolito Ulivelli,366 quien tomó posesión del cargo el 11.04.1920 y nombró, como su ayudante al citado de Nino. En el mismo acto el dicastero romano decidió la transformación de los colegios de Potosí y Tarija en conventos regulares sometidos a la constitución general de la orden.
149Un grave problema a resolver fue, sin embargo, la crónica escasez de religiosos, que se pretendió solucionar con la aprobación por la SCPF (13.08.1919) de la unión –que tropezó con serios conflictos en el seno de la orden franciscana en Bolivia–, por un lado, de los colegios de La Paz y Sucre, y su incorporación a la provincia española de frailes menores de la Bética (Andalucía), que proporcionarían los religiosos con destino al Vicariato del Beni; por otro lado, mediante la unión de los colegios de Potosí y Tarija (25.08.1919) y su incorporación a la provincia franciscana de Toscana (Italia), cuestión esta última decidida poco después, que proporcionaría los religiosos al Vicariato del Chaco.367 Con todo, el número de religiosos procedentes de dichas provincias franciscanas fue siempre escaso, razón por la que incluso el vicario Calvo amenazó con renunciar al cargo.368
150Por entonces se estaban fraguando ya dos nuevas demarcaciones, la que sería Prefectura del Pilcomayo, y el Vicariato de Chiquitos. Por lo que se refiere a la primera, territorio abandonado y donde, según el internuncio Trocchi, son los «soldados, por confesión del mismo Presidente, [quienes] se encargan de reducir a los salvajes con balas de fusil»,369 las negociaciones se iniciaron en 1920 aunque no se concluyeron hasta 1924. El proyecto, propuesto inicialmente por los franciscanos de la provincia de Génova, tropezó con la oposición de los misioneros de la provincia de Toscana encargados del Vicariato del Chaco,370 y los recelos del gobierno Saavedra mucho más interesado en establecer una prefectura en el Chaco Boreal con la que legitimar la posesión de territorios en litigio con el Paraguay. Aunque en 1921 se presentó un proyecto de ley sobre el tema considerando «urgente la reducción» de los grupos indígenas que hostilizaban a los colonos pobladores,371 las negociaciones relativas a la aprobación de la nueva demarcación no se reactivaron hasta fines de 1923. En esos días, el avance paraguayo en la zona era significativo y el Ejecutivo boliviano consideró conveniente apoyar la fundación de nuevas misiones a partir de las cuales hacer frente al «avance de misiones que ocupan el territorio nacional en nombre del Gobierno Paraguayo que las protege», como señaló el texto aprobado por el Congreso en 1924.372 La nueva prefectura, cuya capital se estableció, provisionalmente, en el Fortín Esteros, fue encomendada a los Oblados alemanes –su primer prefecto fue José Rose– y abarcaba un territorio de 120 000 km2 parte de los cuales eran de soberanía en disputa con Paraguay.373
151Por lo que respecta al Vicariato de Chiquitos, el impulso definitivo no se produjo hasta la administración de Siles, cuando, con el apoyo de los representantes parlamentarios de Santa Cruz, el Ejecutivo aprobó (23.03.1927) la Vicaría Apostólica de Chiquitos que fue confiada a los franciscanos.374 Tres años después, por bula papal de 27.01.1930, se dio la erección canónica de la nueva demarcación constituida por las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos –hasta entonces pertenecientes eclesiásticamente a la diócesis de Santa Cruz–, al frente de las cuales se nombró al austríaco Bertoldo Büehl, por entonces prefecto de las misiones guarayas.375
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152Los cambios introducidos en la demarcación misional en los Orientes no lograron, sin embargo, avances significativos en la reducción de las poblaciones indígenas ni contribuyeron eficazmente a la expansión de la frontera interna en la década de 1920. Por el contrario, desde las mismas instancias eclesiásticas se constató la decadencia de las misiones como consecuencia, primero, de las secularizaciones prematuras producidas, en la mayoría de ocasiones, por las presiones del frente colonizador –comerciantes y hacendados–, interesados en acceder a las tierras y mano de obra indígena. Segundo, del escaso número e incapacidad de los religiosos para llevar a cabo las tareas reduccionistas y civilizadoras. En este sentido fueron constantes las críticas a los escasos logros de los franciscanos, resultado, decían aquellas, de su desinterés por la reducción de los bárbaros. En mi opinión, las críticas eran fundadas en esos años pues el proyecto misional reduccionista, en caso de obtener los resultados perseguidos, provocaba la secularización, y por lo tanto excluía a los misioneros del sistema. Tercero, de la ineficacia cuando no falta de voluntad política de los gobiernos por controlar la actuación de los colonos blanco/ mestizos376 que, por el contrario, gozaban frecuentemente de la protección de las autoridades locales y departamentales.
153No deja de resultar paradójico que, por un lado, los gobiernos se lamentaran de que la secularización no hubiera favorecido el desarrollo regional sino que, por el contrario, hubiera provocado la huida de los indígenas, el abandono de las propiedades y el progresivo decaimiento de la economía regional377 y sostuvieran que «no hay colonizador más eficiente y entusiasta que el conversor y de que nada hay más perjudicial y prematuro que la secularización de misiones que aún no han llegado a su completo desarrollo».378 Y, por otro lado, esos mismos gobiernos insistieran a lo largo de la década en que las tierras misionales eran del Estado, que podía utilizarlas en la forma que creyera conveniente, y promovieran, al mismo tiempo, la secularización de nuevas misiones.
154Ejemplo de esta paradoja fue lo acontecido en Cordillera, donde la secularización de las misiones de San Antonio y San Francisco del Parapetí e Itatiquí, sobre el Pilcomayo, (1914-15) había tenido nefastas consecuencias para la región. Esta fue la razón por la que, a petición del prefecto departamental de Santa Cruz, el gobierno de Saavedra decretó (3.04.1923) la entrega de los edificios y terrenos ahora «estatales» a los franciscanos allí radicados e incluso restableció en dichas poblaciones el Reglamento de Misiones; paralelamente, el decreto señaló explícitamente que los ex-neófitos, y los terrenos que estos recibieron tras la secularización, quedaban fuera del control misional y «gozan de todas las franquicias y garantías otorgadas por la Constitución Política y las leyes secundarias».379 Un posterior decreto del presidente Siles (8.06.1928), constatando el incumplimiento de esa medida, la progresiva decadencia de la región y la explotación de los indígenas, reinstauró las tres misiones, que fueron encomendadas al Vicariato Apostólico del Chaco.380 Sólo un año más tarde el ministro Vincenti, tras señalar el secular fracaso del Estado boliviano en la colonización del territorio,381 y denunciar el escaso control de los gobiernos sobre las misiones, cuya acción «está convirtiéndose en el amor a las tierras adquiridas y en la creación de otro Estado dentro del Estado mismo», anunció la secularización de cinco misiones en el Chaco (23.01.1929)382 y, nueva paradoja, sostuvo la necesidad de fundar misiones en San Matías, Santo Corazón, Santiago y Roboré, en el Oriente. Objetivo de estas debía ser la reducción de las «tribus salvajes» existentes y la preparación para la colonización.383
155El decreto secularizador de las misiones chaqueñas (Macharetí, Tarairí, Tigüipa, Santa Rosa de Cuevo y San Buenaventura de Ivo) quedó en suspenso tras la movilización de los prefectos misioneros y del representante papal con el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores –no informado de la medida– y numerosos miembros del Congreso, y a la espera de informes posteriores sobre el estado de las misiones chaqueñas.384 Creo útil anotar que una de las principales acusaciones hechas a los misioneros que, evidentemente, legitimaba en el plano ideológico la secularización, fue la escasa alfabetización en castellano de los neófitos y los magros avances en el aprendizaje de oficios. Al final, el presidente Siles ratificó la medida secularizadora –que incluyó también la misión de Boicovo (decreto 8.04.1930)–,385 solución de compromiso entre el gobierno y la Iglesia en el que se introdujeron importantes medidas correctivas favorables a los misioneros.386 Así, aunque las misiones fueron transformadas en «comunidades de indígenas» (art. 1) que entrarían en el «goce del estado civil que la Constitución y las leyes» (art.2) concedían a la población boliviana, los párrocos encargados del ministerio sacerdotal ejercerían «la administración política y económica sobre dichas comunidades, con la autoridad necesaria respecto de los indígenas comunarios en lo referente a la administración de la heredad, y de sus bienes, cultivos y demás actividades de este orden» (art.4).387Además, el Vicariato Apostólico del Chaco recibiría en «propiedad» –cuestión introducida en el curso de la negociación– importantes lotes de terrenos y el ganado por entonces en poder de la misiones. La aplicación de la medida debía estar precedida por la mensura, alinderamiento y toma de posesión de las tierras, que los acontecimientos políticos que se produjeron tras el intento de Siles por permanecer en el poder y el estallido de la «revolución constitucional» a fines de junio de 1930, impidió realizar. La presión sobre las misiones no dejaría de acentuarse acusándolas de incitar a la revuelta indígena contra la propiedad y las autoridades.
156Considerando esta historia creo poder afirmar que la secularización de las misiones se hizo efectiva, generalmente, en aquellas zonas donde la presión de los intereses de los colonos –propietarios agrícolas, ganaderos o enganchadores– por acceder a la propiedad de los terrenos y a la libre contratación de mano de obra tornó incómoda la presencia del régimen misional. Y ello, incluso en el caso de que hubiera en la región poblaciones no sometidas para cuyo control se optó, regularmente, por la represión armada como la mejor alternativa en una coyuntura en la que el diferendo fronterizo con Paraguay se agravaba. Por el contrario, en las regiones donde la colonización era escasa o nula, la necesidad de controlar a los salvajes determinó que desde el Ejecutivo se promoviera el mantenimiento de las misiones existentes y la fundación de otras nuevas.
157Esto pareció ser la divisa de los gobiernos de Siles y Salamanca, pues como señaló el ministro de Guerra y Colonización de este último al Congreso de 1931, para entonces las misiones habían dejado de ser «un medio indispensable para la colonización y reducción de los salvajes, por las incontenibles corrientes de civilización y progreso que nos llegan del exterior y por la acción administrativa que ya deja sentir el Supremo Gobierno en los distritos que anteriormente se encontraban bajo su influencia exclusiva», aunque su concurso continuaba siendo imprescindible en zonas «donde debe trasladarse la labor del misionero para continuar su cruzada en pro de la humanidad y colabore a la acción de los poderes públicos en favor de la colonización y de las diferentes tribus de indígenas que hoy viven en estado semi-salvaje».388 Pocos meses después el presidente Salamanca decretó (15.01.1932) la fundación de cuatro nuevas misiones entre los «Potoreros, Guarañocas, Zamucos y Yanaiguas» en el Vicariato de Chiquitos.389
5.3. LA DIFÍCIL CONVIVENCIA DE HACENDADOS, COMERCIANTES Y MISIONEROS. EL CASO DE LOS POBLADOS GUARAYOS
158Fueron las misiones entre los chiriguanos (provincias de Azero y Cordillera) y los guarayos (provincia Velasco, más tarde Ñuflo de Chávez) las que fueron objeto de una mayor presión secularizadora, y es a estas últimas a las que me referiré aquí, cuya ubicación podemos ver en el mapa 18. El análisis de los conflictos acaecidos en las misiones guarayas me permitirá reflexionar sobre la importancia de los poblados como factor en el proceso de reducción en una zona –vía de tránsito entre Santa Cruz, Beni y el Noroeste– y, por lo tanto, sobre su contribución a la expansión de la frontera interna, su incidencia en la economía regional y, por ende, sobre las presiones de los sectores propietarios por obtener un acceso directo y sin mediación a la mano de obra indígena, al mismo tiempo que acceder a los terrenos misionales. Así, tras una muy breve historia de la reducción de los guarayos y la fundación de los centros misioneros, estudiaremos los conflictos que se sucedieron desde 1880 y hasta 1930.
159Los primeros intentos misionales por conquistar y reducir a los indígenas radicados en las inmediaciones de los ríos Blanco y San Miguel, afluentes del Iténez, datan de fines del siglo xviii como consecuencia del interés de la Corona española y la presión de algunos grupos regionales en abrir una vía de comunicación entre las provincias de Chiquitos y Moxos.390 Las primeras reducciones, confiadas a los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Tarata, no se produjeron hasta inicios de la década de 1820, cuando los misioneros lograron concentrar un pequeño contigente de guarayos (552 individuos) en Urubichá y Yaguarú –fundadas en 1821–, a los que iniciaron en actividades agrícolas, ganaderas y en trabajos de herrería, carpintería, etc. y, además, consiguieron «la apertura del camino tan deseado y que tanta utilidad había de proporcionar al comercio y a algunos pueblos de Mojos, Chiquitos y Santa Cruz».391 La actividad misionera se vio alterada como consecuencia de la independencia de la Audiencia de Charcas que provocó la marcha de la mayoría de religiosos, la incorporación de algunos de los guarayos a las haciendas cruceñas y/o el remonte de otros muchos.
160Las misiones entre los guarayos se reanudaron en la década de 1840 cuando, tras las gestiones del presidente Velasco, llegaron a la región los franciscanos del Colegio de Sucre, M. Viudez y J. Cors, el primero de los cuales estimó el número de guarayos reducidos entonces en 3 000 individuos.392 La conquista y reducción de los indígenas, que contó con la ayuda de un contingente armado para controlar a los más reticentes a permanecer en las nuevas poblaciones y capturar a los que habían huido a los montes, se consolidó en la década de 1850 cuando a las misiones de Nuestra Señora de los Angeles de Urubichá –antes Trinidad, más tarde Trinidad de Ubaimini– y Santa Cruz de Yaguarú se sumaron, en 1850, el pueblo de Ascensión,393 y en 1858 la nueva población de San Fermín, más tarde San Francisco de Yotaú, que cambió su ubicación en 1873. El desarrollo de las misiones guarayas debió ser considerable en los años siguientes, si atendemos a las fuentes gubernamentales, hasta el punto de que el ministro Calvo, en su informe a la Asamblea de 1874, consideró inminente la secularización de las mismas al «encontrarse hoy en día casi en estado de ser entregadafs] a la autoridad Diocesana de Santa Cruz».394 Podemos, pues, afirmar que la reducción de los guarayos se dio por concluida en la década de 1870, época en que empezaron a surgir los primeros conflictos con los grupos propietarios que iniciaron la presión secularizadora. Las misiones entre los guarayos, hasta entonces adscritas en lo político-administrativo a la provincia de Chiquitos, pasaron a formar parte (ley de 12.10.1880) de la nueva provincia de Velasco, de la que formaron también parte los cantones de San ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, Concepción y San Javier; por su parte, la provincia de Chiquitos agrupó los cantones de San José, San Juan, Santiago, Santo Corazón, San Matías y el Cerro de Concepción.395
161La aplicación del Reglamento de Misiones de 1871 hizo posible, si atendemos a los datos proporcionados por los misioneros y los informes gubernamentales, un incremento de los indígenas reducidos que, en el caso guarayo, se estimó alcanzaba un total de 4 439 individuos.396 El aumento de la población fue paralelo al desarrollo de una creciente actividad económica que se había desarrollado a partir de la agricultura en los casos de Urubichá y Yotaú, y de la ganadería en los casos de Ascensión y Yaguarú, y de una importante actividad artesanal en todos los pueblos que había permitido la producción de una amplia gama de manufacturas, desde textiles hasta muebles, tejas, herramientas de hierro, etc. La mayor parte de los productos obtenidos se quedaba para su consumo en el interior de las misiones, lográndose una notable autosuficiencia económica –las subvenciones estatales eran escasas–, lo que, a mi entender, fue el primer factor que permitió la consolidación de los poblados misionales. Un segundo factor que contribuyó en gran medida a la misma y al desarrollo de los poblados guarayos, que comportaba potenciales efectos negativos para el proyecto misionero en un futuro más o menos inmediato, fue la localización de las misiones, ubicadas en el camino de Chiquitos-Santa Cruz-Moxos. El emplazamiento de los poblados guarayos en dicha ruta favoreció el desarrollo de un activo comercio entre las citadas regiones al servir no sólo como centros de aprovisionamiento de víveres sino también al constituir las misiones una potencial reserva de mano de obra para la conducción del ganado en tránsito de una a otra zona, para las haciendas moxeñas, las explotaciones gomeras del Beni y, obviamente, para el mantenimiento de la infraestructura viaria.
162Las series estadísticas relativas a la población guaraya reducida proporcionadas por los misioneros a partir de 1885, un resumen de las cuales figura en el cuadro 11, nos permiten observar el lento incremento de la población como consecuencia, básicamente, del crecimiento vegetativo, aunque los religiosos percibieron, rápidamente, que la utilización de mano de obra guaraya en beneficio de sectores externos –ganaderos, comerciantes y hacendados– se convertiría, a mediano plazo, en un problema para la supervivencia de las misiones, cuestión que, al decir del mismo Cardús, tendría en un futuro «muy malas consecuencias». Según cálculos hechos por Cardús sólo para Ascensión, en 1883 ascendieron a 255 los hombres destinados a aquellos servicios por espacio de 35 días,397 y fue el control de esta mano de obra indígena lo que se presentó como principal obstáculo para el mantenimiento de las misiones y el punto de fricción por excelencia entre los misioneros y los sectores propietarios.
163En consecuencia, cuando a mediados de la década de 1880, Cardús concluyó su trabajo sobre el estado de las misiones franciscanas en Bolivia afirmando que los guarayos habían alcanzado un importante desarrollo material y dejado atrás su barbarie se pronunció en contra de su eventual secularización. Sus argumentos fundamentales fueron dos: primero, que dicho proceso comportaría una progresiva e ilimitada extracción de mano de obra con destino a los gomales del Beni y Madeira;398 y segundo y consecuencia del anterior, que la desaparición de las misiones provocaría no sólo el fin del comercio entre Santa Cruz, Chiquitos y Moxos como resultado de la escasez de cargadores, conductores de ganado, tripulantes para las barcas, etc. sino también la disminución del número de individuos capaces de hacer frente a los sirionós, aún reacios a la conquista blanco-mestiza del Oriente boliviano. Además de estos argumentos citó también, entre otros, la aún deficiente formación religiosa e intelectual de los guarayos; la escasez y poca preparación del clero diocesano del obispado de Santa Cruz de la Sierra para ejercer su tarea entre los neófitos; el insuficiente número de casas para alojar a todas las familias reducidas; la desaparición de la plataforma necesaria a los misioneros –la misión– para proceder a la reducción de los grupos étnicos bárbaros circundantes, como los chiquitanos remontados y los sirionós. Concluyendo su razonamiento, Cardús alertó a los sectores propietarios de la región sobre las nefastas consecuencias de la secularización por cuanto les privaría de los servicios de los poblados misionales.399
Cuadro 11. Población de las misiones guarayas, 1885-193(1)

(1) Se contabiliza sólo la población guaraya, excluyéndose la escasa población blanco/mestiza.
2) Misión fundada en 1900, de la que disponemos de datos a partir de 1903.
(3) El original da la cifra de 1 247 para Urubichá, aunque sumando los datos parciales se obtiene la cifra que figura en el cuadro; igualmente en lo que respecta al total de la población, en el original se dice que suma 5 934, pero sumando los parciales se obtiene el total de 5 944 que figura en el cuadro.
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los informes localizados en ASCPF de M.Ceccarelli (1.07.1885). Scritture riferite nei Congressi. Vol. 14. Años 1878-85, ff.886-888rev y Vol. 15. Años 1886-89, f.585; J.Gianchi (Tarata, 5.08.1894), Rubrica. NS. Vol.50. Año 1894, ff.133-139; W.Priwaser (Tarata, 29.07.1897, Rubrica. NS. Vol. 119. Año 1897, ff.93-98; B.J.Pesciotti (Tarata, 11.07.1900), Rubrica. NS. Vol.214, ff.773-780; L.Scherer (Tarata, 17.09.1903), Rubrica. NS. Vol.294, ff.405-408; W.Priwaser (Tarata, 2.08.1906), Rubrica. NS. Vol.361, ff.230 rev-233; B.Pesciotti (Yotaú, 31.12.1917) en ASV. NB. R.Caroli. Fasc.158. Aptdo.74, ff.126-135; A.Singer (1923), Anexo n°l, en ASV. NB. T.Trocchi. Fasc.216. Aptdo.54, f. 15. Los datos de 1911, 1915, 1921, 1923 y 1937 proceden de J. La Faye. Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1911 el Ministro de Guerra y Colonización Coronel —. La Paz, Tall.Gráf. «La Prensa», 1911, p. 118 y N.Gutiérrez. Memoria de Guerray Colonización. 1915. La Paz, Intendencia de Guerra, 1915, pp.26-31; P.Baldivieso. Memoria de Guerra y Colonización. 1921. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1921, p. 158; B.Büehl. Informe que presenta al Supremo Gobierno el R.P.Prefecto — sobre el movimiento de las misiones a su cargo. Yotaú, Tip.Guaraya, 1930, p.l; A.Hoeller. Informe anual 1937, que presenta al Supremo Gobierno el Prefecto de las Misionos de Guarayos. Ascensión, Tip.Franciscana, 1938, p.10.
164La preocupación por la despoblación de Santa Cruz fue una constante desde la década de los ’80 y, como vimos antes –apartado 5.1.2.2– fue una de las razones que motivaron la ley de 24.11.1883 sobre el enganche de peones con destino a las explotaciones gomeras. Sin embargo, como denunció el mismo Ejecutivo pocos años después, la trangresión fue la norma y siguió en Velasco y Chiquitos «el abuso de conducirlos [a los indígenas] al Amazonas i provincias del Brasil, para la esplotación [sic] de goma i otros trabajos».400 La situación se agravó en la década siguiente cuando el descubrimiento de algunos gomales entre los ríos Verde e Iténez (Velasco) –cuya explotación se agotó rápidamente–401 provocó una competencia por la mano de obra entre los enganchadores de brazos con destino a los gomales nororientales y los ubicados en Velasco.402
165No obstante, tal captación de brazos no afectó, por entonces, a las misiones guarayas,403 que tuvieron un progresivo desarrollo a lo largo de estos años, como muestran tanto el incremento de población, que en 1900 alcanzó los 5 486 individuos –ver cuadro 11–, como el aumento de la producción agrícola, ganadera y manufacturera, y como indicar tambiénlos reiterativos elogios de los prefectos cruceños a los poblados misionales por los «importantes servicios [que prestan] al comercio del Beni», opinión unánime presente en todos los relatos que nos han llegado sobre las misiones guarayas en esos años. Entre estos contamos con los informes de los prefectos misioneros al Gobierno y a la SCPF, el relato de la visita pastoral efectuada a las mismas por el Comisario franciscano Sebastiano Pifferi (1893)404, las memorias anuales enviadas por las autoridades del departamento de Santa Cruz al poder central, e incluso los diarios de viajeros, exploradores y/o aventureros, como Juan B. Coimbra.405 Pifferi señaló, primero, el desarrollo económico producido gracias a los talleres de carpintería, talabartería, zapatería, curtiembre, herrería, además de las plantaciones de cacao, y azúcar; segundo, los avances logrados en la socialización indígena, aunque no dejó de notar la escasa castellanización de la población; tercero, tras recordar lo nefasto de la partida de los jesuitas para los chiquitanos, y de la secularización de las misiones en Azero y Cordillera, alertó sobre las negativas consecuencias que tendría para los indígenas y la economía cruceña la posible secularización de los poblados misionales guarayos.406 En esa misma década de 1890, los prefectos de Santa Cruz no dejaron de reiterar el progreso de los misiones guarayas al mismo tiempo que su contribución a la economía regional, e incluso la eficacia del sistema religioso para la aculturación indígena. Según el prefecto Angel M. Zambrana (1898), las misiones guarayas gozaban de una buena situación económica y mantenían «el antiguo comercio de Beni, por la vía terrestre y fluvial del río de San Pablo».407
166Sin embargo, en el último de sus informes, el prefecto Zambrana pareció albergar alguna duda sobre la gestión de los misioneros, puesto que, a pesar de señalar que el «régimen teocrático» existente en las misiones era el único que parecía adaptarse perfectamente a la tarea de «atraer pueblos nómadas y salvajes», recomendó al Ejecutivo el envío de un delegado para la inspección de los poblados misionales con el objetivo de conocer realmente «su estado verdadero».408 ¿Respondió ello a una mayor presión de los sectores propietarios por la secularización de las misiones? En mi opinión, por entonces se incrementó la publicación en la prensa de Santa Cruz –también en Cochabamba y Tarija– de artículos cuestionando los logros misionales, cuando no acusando a los religiosos de explotar a las poblaciones indígenas y canalizar los excedentes económicos a Europa, presión mediática que se incrementó a partir del acceso de los liberales al poder.409 Pero no nos adelantemos, y digamos que el prefecto de Guarayos –Bernardino Pesciotti– en su informe trienal (1897-1900) a la SCPF, luego de describir el estado de los poblados, actividades económicas, contribución de sus habitantes a los servicios públicos de la región;410 enumerar los servicios prestados por los indígenas a los sectores propietarios –alrededor de 1 120 guarayos en el trienio–; lamentar los escasos avances en la enseñanza del castellano; y constatar la superficialidad de las prácticas religiosas -ambas cuestiones a consecuencia de la escasez de misioneros para atender a todo-, solicitó la venida de un mayor número de franciscanos a fin de
entregar en no lejanos tiempos al Gobierno las Misiones de Guarayos como pueblos modelos de civilización, antes que un golpe de mano de parte de nuestros antagonistas, poseídos de una sórdida codicia y avidez insaciable de brazos, destruya de la noche a la mañana una obra magna.411
167Agregó que, por entonces, varios periódicos nacionales habían «conspirado a una por la secularización y destrucción de Guarayos», e incluso se había llegado a solicitar de la Convención Nacional que dictara una orden de expulsión contra el Prefecto y todos los misioneros.412 Corría el año 1900, y el gobierno de Pando había autorizado el establecimiento de una nueva misión junto al río San Miguel, el poblado de San Pablo, en el que los misioneros habían concentrado alrededor de cincuenta familias,413 que sólo dos años más tarde aumentaron a 100 familias.414 El nuevo poblado favoreció el desarrollo comercial con el Beni, por cuanto, en la época invernal, era ruta obligada por la fácil navegación del río y la abundancia de pastos que ofrecía al ganado.
168Como hemos visto, los liberales en el poder pretendieron hacer de las misiones el principal instrumento de colonización al mismo tiempo que proceder a su secularización en el momento «oportuno», coyuntura que coincidiría normalmente con el incremento de las presiones de los sectores propietarios. En el caso guarayo, sabemos que desde el inicio del gobierno liberal no sólo se reconocieron los logros de los misioneros, sino que se les solicitó la reducción de los grupos salvajes que atacando a los pasajeros obstaculizaban el desarrollo del comercio regional.415 Para entonces, la vía de Guarayos era la ruta utilizada por los tratantes de ganado vacuno desde Santa Cruz al Beni, por lo que el mantenimiento de la misma –al cuidado de los guarayos– era preocupación de las autoridades regionales. Y fue la discusión de un proyecto de ley sobre la asignación económica a las misiones para dichos trabajos –que fue aprobado– nuevo motivo para la crítica de los misioneros que «no cumplen la ley de prestación vial; los caminos no se reparan nunca y fácil es comprender que de día en día se hacen más intransitables».416
169Sin embargo, los conflictos no cobraron realmente importancia hasta la aprobación del nuevo Reglamento de Misiones (1905), en el que se sometió a los misioneros a un mayor control por el poder civil –tanto central como departamental–, al mismo tiempo que se dispuso (art. 10) que los religiosos no podrían oponerse a la contratación de la mano de obra indígena. En el caso guarayo, el conflicto se agudizó por la oposición frontal del prefecto misionero Wolfgang Priwaser no sólo al reglamento, sino también al envío de 300 neófitos para los trabajos públicos en Puerto Suárez y al envío de una tripulación de 20 guarayos –dirigida por Bernardo Pescioti– que, por orden gubernamental, debían explorar los límites bolivianos del río Iténez, donde se pretendía establecer una aduanilla y fundar una misión entre los pausernas. En opinión de Priwaser, la mano de obra existente por entonces en las misiones era ya escasa, por lo que, en caso de acceder a la petición de las autoridades, la disminución de brazos perjudicaría el desarrollo de los poblados guarayos. El religioso fue objeto de una activa campaña en la prensa regional, que le acusó de estar vinculado con las casas comerciales alemanas radicadas en la zona, favorecer la contratación de mano de obra por los empresarios extranjeros y obtener pingües beneficios para uso propio. Campaña a la que no fue ajena la actuación del prefecto departamental, Rosendo Rojas, quien en su informe al Ejecutivo (8.06.1906) denunció la actuación del prefecto misionero, el cual
acostumbrado a especular discrecionalmente con los neófitos, alquilando sus servicios en provecho exclusivo propio, y lo que es más aún, protegiendo a los comerciantes extranjeros con injustificable preterición de los nacionales, era natural que no recibiera con beneplácito las órdenes emanadas del poder supremo, para que facilite brazos en favor de las obras públicas, una vez que con esto se le privaba de una negociación indigna, pero lucrativa.417
170En plena campaña acusatoria, el prefecto Priwaser redactó su informe anual al Ejecutivo (1905) en el cual, primero, ofreció los usuales datos estadísticos relativos a la población, producción agrícola y manufacturera, exposición que le permitió mostrar el creciente desarrollo de los poblados, señalar la contribución de los misioneros a la castellanización, y mostrar la insuficiencia de mano de obra radicada en la prefectura como consecuencia de la excesiva contratación de neófitos para el servicio público y privado;418 segundo, rechazó la secularización que, en su opinión, comportaría la destrucción de las misiones dada la escasez de clero secular para atender a las poblaciones, la despoblación de la región como resultado de la captación de brazos por la explotación gomera y minera del norte amazónico, y en consecuencia el decaimiento de la economía cruceña; una última razón para el rechazo de la secularización de las misiones fue que los «Guarayos aún no están en el estado de ser declarados ciudadanos libres».419 Las presiones ejercidas –que incluso movieron al Ejecutivo a solicitar la sustitución de los misioneros por otros de «reconocida virtud... que no pusiesen inconvenientes ni reparos a las medidas de la autoridad respectiva»–420 lograron su objetivo, primero, al conseguir el envío de la mano de obra solicitada con destino a Puerto Suárez y, posteriormente, obtener la remoción del cargo del religioso a mediados de 1906, puesto para el que fue nombrado Francisco Pierini. Este, que discrepó de la falta de «diplomacia» de Priwaser, no dejó de rechazar las acusaciones de aquéllos que pretendían que los misioneros actuaran como «agentes industriales» que hicieran de los indígenas «las ruedas de una máquina de producción»,421 mostró su radical oposición al art.10, y demandó una reforma del mismo. Esta vino por la resolución gubernamental de 31.01.1907, por la cual se limitó la contratación de indígenas a un número no superior a 5 por cada 100 habitantes y se fijó una garantía de 500 bolivianos por cada indígena, cantidad que quedaría en la misión si este no retornaba a la misma en el período estipulado, no superior a 6 meses.422 La resolución matizó que, en el caso que fuese la «autoridad política la que pidiere neófitos para trabajos de utilidad pública» bastaría el levantamiento de un acta en la que constara la entrega de neófitos y el compromiso de la autoridad de su devolución.423
171El prefecto Pierini agradeció la reforma que, en su opinión, facilitaría el desarrollo de los poblados guarayos y propiciaría, en pocos años, la plena participación en la vida civil boliviana de los cinco pueblos indígenas «formados del elemento conquistado exclusivamente en las selvas y probarán [los misioneros que] su labor, aun en el orden social, no es completamente inútil a la Nación»,424 y señaló que el año anterior (1907), 520 guarayos habían prestado servicios privados –ver cuadro 12–.
Cuadro 12. Mano de obra guaraya utilizada en servicios públicos y privados en 1897-1929

Leyenda
SPV= Servicios Privados.
SPB= Servicios Públicos.
EX= Expediciones para las eufemísticamente llamadas, «conquista de los bárbaros».
Fuente. B.Pesciotti. Informe (Tarata, 11.07.1900) en ASCPF. Rubrica. NS. Vol.214. Año 1900, f.776; F.Pierini. Informe anual del Prefecto de Misiones del Colegio de Tarata. Tarata, Imp.San José, 1908, Anexo n°2; B.Pesciotti. Informe al Ejecutivo (Yotaú, 31.12.1917) en ASV. NB. R.Caroli. Fasc. 158. Aptdo.74, f.129; A.Singer. Informe al Ministro de Guerra y Colonización en 1923, en ASV. NB. T.Trocchi. Fasc.216. Aptdo.54, f. 15; B.Büehl. Informe que presenta al Supremo Gobierno el R.P.Prefecto — sobre el movimiento de las misiones a su cargo. Yotaú, Tip.Guaraya, 1930, p.3, en ASV. NB. C.Chiarlo. Fasc.368. Aptdo.54, f.143.
172Dado el conflicto existente entre los sectores propietarios y los misioneros en la región, y a petición de la Prefectura de Guarayos, llegó a las misiones (agosto 1907) el prefecto cruceño Rosendo Rojas, con el objetivo de investigar la situación real de aquellas, su economía y administración. Los religiosos pretendían así contrarrestar las denuncias de quienes en la secularización «veían una oportunidad para incrementar el número de su gente».425 El informe de Rojas –quien tiempo atrás había cuestionado la actuación misionera– fue tan elogioso que la prensa, que lo publicó íntegramente, lo tituló Apología de las Misiones de Guarayos.426
173Los poblados guarayos parecieron progresar a buen ritmo si atendemos al leve incremento de la población, la adaptación progresiva de los indígenas a los hábitos de los civilizados –la castellanización entre ellos– y el aumento de las actividades agrícolas que, al decir de Pierini, suministraban los artículos de primera necesidad (arroz, maíz, maní, harina de yuca, aceite de cusi, azúcar y chocolate) a la provincia del Iténez y a varios pueblos del Beni.427 Paralelamente, con el objetivo de controlar los ataques de que eran objeto los viajeros que transitaban por las regiones orientales y, además, preservar la soberanía boliviana, el Ejecutivo dispuso la instrucción militar de los neófitos en los principales poblados misionales que, en el caso de los guarayos, fue Ascensión.428 Gracias a la medida se logró instruir en el manejo de las armas a un total de 1 137 indígenas,429 lo cual no puede extrañarnos si se considera que todo varón, de edad comprendida entre los 18 y 39 años, tenía que recibir adiestramiento al respecto y enseñanza sobre sus deberes cívicos, de modo que, en las intenciones de los políticos de turno, los indígenas hicieran suyos los «sentimientos de amor a la patria y del tributo de sangre a que en su caso están obligados».430
174Con todo, los conflictos en torno a la contratación de mano de obra indígena persistieron en la década de 1910, durante la cual la actitud de los gobiernos fue ambigua. A título de ejemplo, si por un lado el Ejecutivo de 1914 denunció que, al amparo de los art. 10 y 11 del Reglamento misionero vigente, muchos comerciantes y propietarios exigían de los misioneros la entrega de jornaleros y peones sin preocuparse de devolverlos a sus poblados de origen, lo que llevó al Gobierno a autorizar al Prefecto de Guarayos a acceder o negarse a las solicitudes de contratación de brazos,431 por otro lado, el mismo Ejecutivo se pronunció un año más tarde contra el «conservadurismo» de los religiosos, que nada hacían por someter a las poblaciones indígenas hostiles aún existentes, y cuestionó el régimen misional que impedía
la cooperación del indígena al progreso de comarcas en las que la agricultura y ganadería no llegan a desenvolverse por falta de brazos. El industrial y el propietario, obligados a una inactividad dolorosa, no encuentran en las misiones colaboración efectiva, porque el conversor prefiere dejar en el ocio a los neófitos antes de emplearlos en trabajos que no responden a su propio interés.432
175La progresiva escasez de brazos del departamento de Santa Cruz, mencionada reiteradamente desde fines del siglo xix en los informes prefecturales al Ejecutivo, provocó un aumento de la presión secularizadora sobre las misiones guarayas, tanto más cuando, por entonces, la caída en la cotización de las gomas amazónicas afectó gravemente a la economía cruceña. No obstante, cuando en 1914, y como consecuencia de las denuncias del obstruccionismo de los misioneros en Tarija y Velasco, llegó a estas zonas en visita de inspección la autoridad departamental, la crítica a la labor misionera se circunscribió, exclusivamente a los escasos avances en la «educación» de los indígenas.433 En los años sucesivos, continuó la prestación de trabajos «gratuitos» para la apertura de nuevos caminos y el mantenimiento de los ya existentes, en unos momentos en que las misiones guarayas entraban en un progresivo estancamiento económico como consecuencia de la disminución del comercio entre Santa Cruz y el Beni, la sequía que se produjo en 1916-17, y los incendios que afectaron, por entonces, a algunas cosechas de algodón y café en Yaguarú y Urubichá.434
176En esa coyuntura, el prefecto misionero B.Pesciotti, en su informe al Ejecutivo de 1917, tras dar cuenta de la conclusión de los trabajos hechos por los guarayos en la apertura y rectificación del camino del Monte San Pablo (alrededor de 40 km) –única vía terrestre que comunicaba Santa Cruz con el Beni, dado lo impracticable del antiguo camino de La Estrella-, vía que debería ser conservada permanentemente (ley de 1.12.1916), solicitó al Ejecutivo, en primer lugar, que no se obligara a la «saca de neófitos» a grandes distancias y por largo tiempo, ni tampoco secundara «las pretensiones de ciertos individuos, que validos de su posición social o del favoritismo oficial» no estaban dispuestos a contratar mano de obra libre y pagar los salarios adecuados, y solicitaban para sus empresas «contingentes sucesivos de brazos y regateando el salario pretextando crisis económica».435 El documento se refería, explícitamente, a la mediación del ministro de Guerra ante los misioneros para que concedieran al hacendado y senador por el Beni, Mariano Méndez Roca, los brazos que solicitaba para sus empresas y, como recordó el ministro «Juzgo que es de interés recíproco para el Sr. Roca y las Misiones de Guarayos, mantener la cordialidad de sus relaciones, en pro del adelanto regional».436 En segundo lugar, Pesciotti solicitó del gobierno central la protección de las autoridades departamentales para reprimir los usos de algunos sectores propietarios que se apropiaban en calidad de colonos de indígenas «prófugos», transgrediendo el reglamento misionero, que señalaba explícitamente que los neófitos debían retornar a la misión una vez concluidos sus contratos.437 En tercer lugar, Pesciotti abordó la cuestión de la instrucción de los indígenas a cargo de los conversores, los cuales, en cumplimiento de sus obligaciones, podían dedicar escaso tiempo a tal función, razón por la cual demandó del Ejecutivo –como había hecho el inspector y ex-prefecto cruceño César M.Ochávez en 1914– la dotación de ocho profesores, ya que hasta ese momento sólo había un preceptor fiscal en Ascensión.438
177El mismo Pesciotti, pronto a dejar el cargo, en su informe al comisario superior franciscano de junio 1918, tras lamentar la condición de funcionarios civiles y sin sueldo de los misioneros, denunció que «la lucha principal que sostenemos, es la antigua cuestión de brazos, cuya extracción, ordenada inconscientemente por el mismo Gobierno, ha obstaculizado, en cierto grado, el progreso de las Misiones, y lo que es más lamentable, ha aportado la desgracia a muchos hogares de esta tribu Guaraya».439 En consecuencia, preocupación fundamental del misionero entonces fue la, para él previsible, secularización de las misiones, como le comunicó al internuncio Caroli. El informe, repleto de datos con vistas a la defensa ante el Ejecutivo de la reforma del Reglamento de Misiones, incidía en forma significativa en la problemática de la mano de obra, demandando la modificación del articulado que «deje al arbitrio del R Prefecto el dar o negar brazos Guarayos, para trabajos particulares... reservándose sí el Gobierno de disponer de los neófitos, para trabajos nacionales, dentro de un ámbito o circunferencia de unas 30 leguas, más o menos de las misiones».440 Además, el informe mencionaba una serie de «indicios secularizadores» como el nombramiento por el Gobierno de un guarda con el objetivo aparente de controlar el movimiento comercial y, finalmente, solicitaba gestionar ante el Ejecutivo el envío de inspectores ajenos a la región, y preceptores fiscales sometidos a la autoridad del misionero.
178El internuncio Caroli, recién llegado a Bolivia, había conocido personalmente la situación de las misiones y de las poblaciones indígenas, constatado la explotación de la que estas eran objeto, y denunciado la «barbarie» de los blancos que «dan caza a los bárbaros como tigres» a los que capturaban y que, posteriormente, eran «distribuidos en las propiedades de los amigos o incluso vendidos como trabajadores».441 La visita de Caroli a las misiones guarayas –«las mejores de todas»–442 nos permite constatar que, por entonces, continuaba vigente en ellas el sistema económico implantado desde el inicio misional en la región, según el cual los indígenas trabajaban tres días en las actividades comunales –de carácter agropecuario y manufacturero– y tres días para sí mismos en sus chacras donde obtenían productos para su dieta cotidiana.443 Por lo que se refiere al régimen socio-político vigente en las misiones, estas estaban divididas en parcialidades –grupos de 20 a 30 familias– bajo el liderazgo de un capitán o intendente que controlaba la marcha del trabajo y orden público; los capitanes estaban subordinados al cacique, nombrado por el conversor el cual era, obviamente, la máxima autoridad del poblado. La buena marcha de las misiones guarayas no impidió a Caroli lamentar la escasa alfabetización de los/as niños/as, cuestión que esperaba pudiera solucionarse en un futuro inmediato; sin embargo, no dejó de anotar los «riesgos» que podría suponer: «el neófito demasiado letrado ya no se prestará para los rudos trabajos que se le demanden, p.e. para abrir caminos, aunque sea por orden del Gobierno. Parecería conveniente limitar su instrucción a su condición de jornalero, a fin de que no se pierda el auxilio de su brazo, allá más necesario que el de sus letras».444
179No obstante, a pesar del incremento de la presión secularizadora sobre las misiones y el temor de los franciscanos a que la misma alcanzara a los poblados guarayos –como había acaecido poco antes con gran parte de las misiones entre los chiriguanos– la reforma del Reglamento de Misiones no llegó a ser solicitada formalmente por Caroli al gobierno Gutiérrez Guerra. La razón fue la oposición del entonces comisario general franciscano en Bolivia, Wolfgang Priwaser, quien dijo temer que la petición provocara mayor hostilidad de parte de los grupos críticos con las misiones y favorables a su secularización.445 La prudencia de Priwaser no logró, sin embargo, atemperar el aumento en el reclutamiento de mano de obra guaraya, tanto por los sectores propietarios como por las autoridades políticas y militares hasta el punto de que a inicios de 1920, con ocasión de un nuevo pedido de 100 neófitos guarayos –que deberían ser reemplazados semestralmente– para engrosar un Batallón de Zapadores cuya misión era la construcción de un camino entre Todos Santos del Chapare y San Ignacio de Moxos, el nuevo Prefecto de las Misiones, Dámaso Sartori, rechazó la solicitud por cuanto la entrega de indígenas «daría el último empuje a la destrucción de las Misiones» ya en gran decadencia tras los envíos de personal hechos en años anteriores a Puerto Suárez, Guayaramerín, etc. autorizados «por el Supremo Gobierno mal informado por ciertas Autoridades subalternas, inconscientes y mercenarias».446 Al final, Sartori debió ceder y permitir la incorporación de la mano de obra solicitada para la apertura del camino.447
180La presión secularizadora se acentuó en la década de 1920 y los argumentos utilizados por los sectores partidarios de la medida –que introdujeron una variable muy repetida en los años sucesivos, esto es el origen extranjero de los misioneros– fueron dos: el primero, la escasa alfabetización castellana de los guarayos y, por lo tanto, el incumplimiento misionero en la transformación del indígena en ciudadano;448 el segundo, el maltrato inflingido por los misioneros a los indígenas, acusación que, aunque reiterada en diversos momentos, cobró actualidad en 1927-28 con la que formuló un ex-neófito (Pío Oreyay) sobre la supuesta mala administración misional, denuncia que, con el apoyo de la prensa local, obligó a la intervención del prefecto de Santa Cruz. Este, tras la visita de inspección correspondiente, concluyó que las acusaciones «carecían de base cierta» y señaló el «progreso de los pueblos guarayos tanto en el orden moral como en el material».449
181Paradójicamente, la presión en favor de la secularización de las misiones no fue incompatible con el establecimiento de nuevos poblados misionales, como mostró el proyecto de un tal Fortas, miembro de la élite local de Portachuelo. Fortas preconizó la secularización de las misiones guarayas – adscritas en lo político-administrativo a la nueva provincia de Ñuflo de Chávez (16.09.1915)– por la incompetencia de los franciscanos en lograr que los indígenas se incorporasen al «concierto político de la nación» y, al mismo tiempo, propuso la reducción de los bárbaros existentes en Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez en poblados misionales siempre y cuando, anotaba Fortas, se cambiara el régimen misional vigente, que sólo servía para que «el misionero se haga befa del Estado i sus autoridades».450
182Era evidente que la secularización de las misiones era compatible con la fundación de nuevas reducciones en aquellos territorios donde la resistencia indígena hostilizara las poblaciones y dificultara el tránsito por los caminos orientales, pues, como no dejaron de subrayar repetidamente los ministros de Guerra y Colonización a lo largo de la década de 1920, el misionero era «el elemento colonizador más económico y menos exigente», el más apto para la «docilización de las tribus salvajes» y dado que las secularizaciones «prematuras» habían provocado la desaparición de los poblados, mientras el Estado no dispusiera de otros mecanismos, las misiones continuarían siendo el principal instrumento de ocupación del territorio y control de sus habitantes.451
183Sin embargo, a fines de la década de los ’20 se produjo una radicalización en la presión secularizadora como muestran dos indicadores. El primero fue el intento gubernamental, que por entonces no se concretó, de colocar una autoridad intermedia entre el Ministerio de la Guerra –del que dependían las misiones– y la Prefectura de Guarayos, que, según el encargado de esta, Alberto Singer, haría de los misioneros «peones de una persona grata al Ministerio y dotada de poderes casi ilimitados sobre los Padres».452 El segundo indicador fue el informe del ministro de Guerra al Congreso de 1929 en el cual, tras señalar el secular fracaso del Estado boliviano en la colonización del territorio y denunciar el escaso control de los gobiernos sobre las misiones al haber permitido que el apostolado misionero se convirtiera en «amor a las tierras adquiridas y en la creación de otro Estado dentro del Estado mismo», señaló categóricamente que «el régimen misional tiene por objeto preparar a los neófitos para la vida civilizada. Llenado este cometido debe cesar su acción».453Tan rotunda afirmación fue seguida por una retahila de acusaciones al régimen misional, «casi de esclavitud»,454 y a los conversores cuyo «omnímodo poder» obstaculizaba el comercio, el crecimiento económico, amén de no cumplir con su cometido de castellanización de los neófitos.
184Los misioneros de la Prefectura de Guarayos, acostumbrados a rechazar los postulados secularizadores, no permanecieron inactivos y, en sus informes a las autoridades no dejaron de señalar el positivo papel cumplido por las misiones en general y, en particular en la región cruceña y, por consiguiente, la necesidad de su mantenimiento. Según el prefecto misionero Bertoldo Büehl, los guarayos
Eran menores por su idiosincracia y lo son todavía, porque su desarrollo intelectual y moral no ha alcanzado el grado necesario para que sean ciudadanos conscientes de sus obligaciones y deberes. Los efectos de su manumisión en el tiempo actual serían perniciosos a la patria que los ha protegido hasta ahora. El abandono de tierra, la emigración al Brasil o Paraguay, la esclavitud como mozos, el regreso al Monte serían las consecuencias de una secularización prematura.455
185El informe enviado por Büehl al Ejecutivo en 1930 señaló que el total de guarayos destinados al servicio público y privado en 1929 había ascendido a 648 individuos –ver cuadro 12– y, para entonces, los misioneros habían debido rechazar algunos contratos de mano de obra para no poner en peligro la existencia de los poblados. La cuestión de brazos se convirtió, nuevamente, en cuestión de litigio –¿había dejado de serlo en algún momento, especialmente a lo largo de la etapa liberal?– y, de nuevo, los franciscanos fueron acusados de esclavitud por el control que ejercían sobre la contratación de peones en momentos en que la crisis económica del Oriente se había agudizado. En aquella coyuntura, el prefecto Büehl solicitó del Ejecutivo, entre otras cuestiones, primero, la reforma del art. 10 del Reglamento de Misiones vigente, que, a su entender, era la causa de todos los conflictos con las autoridades departamentales y los sectores propietarios, modificación que pretendía impedir que los guarayos fueran obligados a trabajar en lugares malsanos, o contratados por empresarios sin escrúpulos, o integraran expediciones contra los sirionós.456 El fracaso de la petición –que sin embargo, sí había obtenido éxito en otras demandas, como la que facultaba al prefecto la contratación de religiosas para las escuelas– fue seguido por numerosas acusaciones a los misioneros, entre otros por el mismo prefecto de Santa Cruz, de inflingir castigos a los indígenas. Büehl, quien no negó los hechos y sostuvo la legalidad de dichas acciones dado que los misioneros eran tutores de los neófitos –«menores delante la ley y según Reglamento de Misiones»– señaló que las denuncias eran una excusa para provocar la secularización de las misiones guarayas.457
186La imprudencia de Büehl al reconocer la punición, que se practicaba contra los indígenas en general, fue un argumento más a favor de la secularización ya que, como reconocieron los mismos superiores franciscanos en Bolivia, todo castigo corporal contra los neófitos estaba prohibido por ley.458 Sin embargo, por entonces, nada se hizo pues otros problemas preocupaban a los políticos paceños y al Ejecutivo de 1931, que no dudó en señalar que los conversores de las misiones guarayas «se mantienen en la árdua labor de la enseñanza y alfabetización de los neófitos, con abnegación y constancia».459 La secularización de los poblados misionales guarayos se produciría, como veremos, unos años más tarde. Sin embargo, creo haber mostrado a lo largo de estas páginas que las misiones fueron instrumento de los gobiernos y las élites socioeconómicas de las regiones fronterizas para la ocupación gradual del territorio y la reducción de los indígenas. Superada esta fase, la secularización se impondría como consecuencia de los intereses de los sectores propietarios en acabar con la mediación misionera y acceder, sin intermediarios, a la mano de obra indígena y/o a las tierras adjudicadas a los indígenas.
Notes de bas de page
1 Buena síntesis de los aspectos más significativos del período 1880-1930 en Herbert S. Klein. Historia de Bolivia. La Paz, Lib. Ed. Juventud, 1996, pp. 161-196 y del mismo autor, Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952. Cambridge, Cambridge University Press, 1969; Marta Irurozqui. La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920. Cusco, CBC/CSIC, 1994. Finalmente, por lo que se refiere a la política relativa a las tierras de comunidad ver, entre otros, Tristan Platt. Estado boliviano y ayllu andino. Lima, IEP, 1982; Erick Langer. «El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo xix», Historia y Cultura, 14 (La Paz, 1988), pp. 59-95; E. Langer y Robert H. Jackson. «El liberalismo y el problema de la tierra en Bolivia (1825-1920)», Siglo xix, 10 (Monterrey, 1990), pp. 9-32.
2 Hasta 1880 la explotación de la goma elástica estuvo localizada, por un lado, en la región del bajo Mamoré-Iténez y, por otro lado, en un territorio localizado a medio camino entre Reyes y Cavinas. La expansión de esta segunda zona estaba absolutamente condicionada por el alto costo del transporte del caucho al Madeira en busca de los mercados exteriores.
3 En la década de los ʼ80 el diferendo fronterizo afectó fundamentalmente a los territorios del sudeste, donde en función del uti possidetis de 1810, Bolivia pretendió tener derechos sobre el Chaco Boreal –que se extiende entre el Paraguay y el Pilcomayo– y el Central –que abarca el territorio ubicado entre el Pilcomayo y el Bermejo–. Por lo que se refiere a la región del noroeste, los conflictos fronterizos no se presentaron hasta fines del siglo xix. Sin embargo, la preocupación por la defensa de la frontera apareció reiteradamente en los informes prefecturales y ministeriales al Congreso desde inicios de la década de 1880.
4 Juan C. Carrillo. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores y de Colonización presenta al Congreso Ordinario de 1886. Sucre, Tip. del Cruzado, 1886, p. 28.
5 J. С. Carrillo. Ob. cit. p. 28.
6 El pacto, que se concretó en la Constitución de 1880, fue posible, en gran medida, porque los partidos políticos surgidos entonces compartían preocupaciones fundamentales como el fomento del comercio libre y la necesidad de abolir las comunidades indígenas, consideradas obstáculo al progreso.
7 Según los datos económicos ofrecidos por la representación boliviana en Francia, en 1882 el total de producción de plata, evidentemente el más importante rubro económico del país, se estimó en 159-937 kg con un valor de 34 485 650 francos, en el anónimo La Bolivie. Sa Situation politique, financière el commerciale en 1882. Paris, Imp. Nouvelle, 1882, p. 6.
8 Ver Ramiro Condarco Morales. Aniceto Arce. La Paz, Amerindia, 1985 p. 710 y M. Irurozqui. La armonía de las desigualdades... p. 101.
9 Notables contribuciones al tema son los trabajos de Gustavo Rodríguez Ostria. «Estado nacional, mercado interior y élites regionales: los casos de Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia, (1880-1930)», en Andes, n° 2-3 (Salta, 1990-91), pp. 11 -32 y, sobre todo, Élites, Mercado y Cuestión Regional en Bolivia (Cochabamba). Quito, FLACSO-ED, 1994.
10 Antonio Mitre. Los patriarcas de la plata. Lima, Instituto Estudios Peruanos, 1981, pp. 176-177 y Gustavo Rodríguez Ostria. «Mercado interior y conflictos regionales: Santa Cruz, 1891-1952», Historia Boliviana, VIII/1-2 (Cochabamba, 1987), pp. 69-84.
11 Un resumen estadístico del servicio exterior boliviano estimó la producción de quina en 1882 en 460 800 kg con un valor de cuatro millones de francos, siendo por entonces el segundo producto de exportación boliviano -el primero era la plata- en valor económico. En el mismo año, la producción de caucho se estimó en 69 120 kg con un valor aproximado de 240 000 francos franceses, en La Bolivie... p. 6.
12 Una buena descripción de las dificultades ofrecidas por la conexión del Madeira-Mamoré al tránsito de pasajeros y mercancías se encuentra en J. Valerie Fifer. Bolivia. Territorio, Situación y Política desde 1825. Buenos Aires/Santiago de Chile, Ed. Francisco Aguirre, 1976, pp. 180-187.
13 Cita recogida por Manuel Aguirre. La Delegación del Gobierno en el Oriente. 1884. Exposición, informes y documentos. Sucre, Imp. de «La Industria», 1885, p. 7.
14 Como señaló el prefecto del Beni en 1883: «Tendría muy corta vista quien no viese en el despueble, la total ruina del comercio interior y exterior, industria y agricultura de estos pueblos. Si son conducidos [los indígenas] al Madera, ¿qué brazos transportarán las producciones al interior de la República? ¿Quiénes serán los remeros para el comercio con el Departamento de Santa Cruz?», en Mamerto Oyola. Informe que eleva ante el Supremo Gobierno el Prefecto del Departamento del Beni Dr.—. La Paz, Imp. de «La Industria», 1883, p. 2.
15 Ilustrativo del estado de la región beniana a inicios de los ʼ80 es Informes y Documentos referentes al departamento del Beni. La Paz, Imp. de La Libertad por J. Aramayo, 1882, donde se recogen sendos informes de los prefectos del Beni, Fermín Merizalde y Marcelino Marañón. Ver también Daniel Suárez. Manifiesto del Ex-Prefecto del Beni ante la opinión pública. Trinidad, Imp. de Fco. Suárez y Hnos, 1887. Un muy interesante texto, dedicado casi en su totalidad a los conflictos benianos a los que se ha dado en llamar la guayochería, es el informe del jesuita Gumersindo Gómez de Arteche (La Paz, 1.01.1888), cuadernillo de 102ff. conservado en el Archivo de la Curia de la Provincia Peruana de los jesuítas, en Lima.
16 El nombramiento, según la resolución suprema de 9.01.1884, fue de Comisario Nacional y Delegado del Gobierno en el departamento del Beni y en la empresa Suárez Arana, aunque en la mayoría de los textos apareció como Delegado Nacional en el Oriente, entendiendo por Oriente lo abarcado por el departamento del Beni y los territorios ubicados en el sur/sudeste. Ver la resolución en M. Aguirre. Ob. cit. p. 65 y Nataniel Aguirre. Memoria del Gobierno y Relaciones Exteriores presentada al Congreso Ordinario de Bolivia en 1884. Sucre, Tip. del Cruzado, 1884, p. 14.
17 Instrucciones dadas con fecha 22.02.1884, en M. Aguirre. Ob. cit. pp. 66-69; el año que aparece en el texto original es, erróneamente, 1883. Estas ordenanzas fueron ratificadas en sucesivas comunicaciones, como puede observarse en el documento n° 3, Ibid. pp. 70-72.
18 Ver la comunicación del delegado Aguirre al ministro de Gobierno (Santa Cruz, 15.05.1884), еn Ibíd. pp. 72-73.
19 Según el delegado, las disposiciones relativas al contrato de peones eran ignoradas perjudicando no sólo a los individuos enganchados en forma clandestina, sino también a la economía cruceña, pues «el clamor por la falta de brazos en esta región productora del azúcar es inmenso; esa industria camina a su ruina», según comunicación de Aguirre (30.07.1884) en Ibíd. pp. 84-85.
20 Ver informe de Aguirre y disposiciones gubernamentales en Ibíd. pp. 79-84.
21 Según Aguirre «Desatendidas la ganadería y agricultura, anonadada la industria fabril, descuidado hasta el aprovechamiento de los frutos expontâneos [sic], como el cacao que se pierde lamentablemente en las montañas del Beni mientras escasea en proporciones alarmantes en los centros poblados, naturalmente el comercio del departamento y sus demás órdenes de actividad han debido resentirse de la decadencia jeneral [sic]», en M. Aguirre. Ob. cit. p. 21.
22 Ibíd. p. 21. En parecidos términos se había pronunciado el prefecto departamental M. Oyola. Ob. cit. pp. 2-3, quien tomó algunas medidas al respecto hasta la aprobación por el Congreso de una ley de «protección» a los indígenas, que se encuentra en el mismo informe, pp. 24-30. Reflexiones sobre la extracción de mano de obra de la región moxeña con destino a los gomales se encuentran también en el diario de Antonio Vaca Díez estudiado por Arnaldo Lijerón Casanovas. «Apuntes de un diario inédito del Doctor Antonio Vaca Díez, sobre la situación social y económica de Mojos, en el siglo xix», Signo, n° 29 (La Paz, 1990), pp. 107-133.
23 Informe de Aguirre al ministro de Hacienda (Trinidad, 16.09.1884) en M. Aguirre. Ob. cit. pp. 91-98.
24 Ley por otra parte inviable, en su opinión, como consecuencia de la inexistencia de una «policía de bosques» y aislamiento de las zonas gomeras.
25 M. Aguirre. Ob. cit. p. 95.
26 Ibíd. p. 97.
27 El acceso al Purús exigía, previamente, encontrar la vía de acceso del Madre de Dios al Acre, por lo que Aguirre propuso el envío de una expedición exploratoria a la región.
28 La guarnición situada en dicho lugar -punto central de los poblados de Magdalena, San Ramón y San Joaquín- no sólo frenaría el expansionismo brasileño, sino que «protegería» a los habitantes y ganados de las frecuentes incursiones de las «tribus salvajes», en M. Aguirre. Ob. cit. p. 100.
29 Según Aguirre «No puede llamarse ciudadano quien no reune las condiciones sencillas que la más rudimentaria organización política exije [sic] para considerar al individuo en aptitud de ejercer la plenitud de sus derechos», el énfasis en el original, en M. Aguirre. Ob. cit. p. 56.
30 M. Aguirre. Ob. cit. p. 56.
31 Según Aguirre era necesario proveer al nombramiento de los cargos públicos y creación de otros, como los de los corregimientos, subcorregimientos y alcaldes políticos, que, confiados frecuentemente a los propietarios, eran posteriormente delegados por estos en otros sin ninguna garantía legal, en M. Aguirre. Ob. cit. p. 59.
32 El juicio no afectaba al presidente Pacheco, sino a algunos miembros del gabinete que, sin embargo, Aguirre no menciona. M. Aguirre. Ob. cit. p. 16.
33 Nicolas Armentia. Navegación del Maire de Dios. Viaje del Padre —. La Paz, s.i. 1887, p. I.
34 Ibíd. p. 192.
35 Hasta 1885 toda la problemática sobre tierras y colonias en general dependió indistintamente de los ministerios de Gobierno y/o Hacienda. La situación cambió con el gobierno de Pacheco cuando, por decreto de 22.02.1886, se creó la Sección de Colonias adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Probablemente ello se debió al interés del gobierno boliviano en fomentar la inmigración extranjera y, dado que eran los embajadores y cónsules quienes debían encargarse de publicitar las excelencias del país, nada mejor que vincular esa oficina con el Ministerio del cual aquellos dependían; esta adscripción se mantuvo hasta 1888 cuando, por ley de 3.12.1888 se asoció al Ministerio de Colonización el de Agricultura, incorporándose dichos asuntos al Ministerio de Gobierno. En años sucesivos el despacho de Colonización se asoció a diversas carteras hasta 1901 cuando pasó a ser competencia del Ministerio de la Guerra, situación que se mantuvo hasta 1904, cuando se fundó la cartera de Colonias -posteriormente Colonización- y Agricultura.
36 Acepción que siguiendo el Diccionario de la Lengua española expresa algo «quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consiste sólo en la imaginación».
37 Mención aparte merecen las concesiones caucheras que comentaré más adelante.
38 Por ley de 16.10.1880 y suprema resolución del 25.10.1880 se aceptó la propuesta de Brabo -presentada en marzo de 1879- relativa a la colonización y navegación de los ríos orientales, en la práctica el norte y noreste boliviano. Francisco J. Brabo. Empresa Brabo. Memorándum primera propuesta. Anexos-informe de ia comisión mixta... presentados al gobierno de Bolivia y a la Soberana Convención Nacional sobre la colonización y viabilidad del Oriente. La Paz, Imp. de la Unión Americana, 1880. Ver también del mismo autor Colonización del Oriente de Bolivia por la ruta del Plata y Paraguay; propuesta de la empresa Brabo al gobierno de Bolivia. Buenos Aires, 1879.
39 Pocos meses antes de la firma del contrato, el decreto de 12.04.1880 dispuso que todo individuo podía solicitar la adjudicación de hasta 100 ha. de terrenos baldíos, debiendo pagar 1 boliviano por cada ha., pagadero en 5 anualidades. El deslinde de los terrenos se haría por cuenta del concesionario y después del otorgamiento, cuestión que provocó numerosos conflictos que provocaron una suspensión de la medida (1.12.1881), aunque la transgresión fue la norma.
40 Reunir un capital de 2 millones de libras esterlinas a los 12 meses de la firma del contrato y depositar 20 000 libras en el plazo de 8 meses.
41 Según Roux, estas presiones fueron decisivas para la revocación del acuerdo, y el origen de los conflictos que se sucedieron en los años posteriores entre Suárez Arana y Antonio Quijarro, el político y empresario potosino valedor, por entonces, del proyecto Brabo, en Arthur Thouar. A través del Gran Chaco (1883-1887). La Paz-Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1997, p. 26.
42 Ver cap. 4, nota 58.
43 Brabo criticó la posición del gobierno boliviano en su folleto El Acre, Bolivia y la empresa Brabo. Colonización del Oriente de Bolivia. Concesiones anuladas. Buenos Aires, Imp. Bonarente, 1902. Sin embargo, Cristian Suárez Arana lamentó el fracaso de la empresa Brabo que, en su opinión, fue «una de las empresas más halagadoras por sus proyecciones y largos alcances para los progresos del país», en Exploraciones en el Oriente Boliviano. La Paz, González y Medina Eds. 1919, p. 43.
44 Quijarro, nacido en Potosí, crítico con la dictadura de Melgarejo, se opuso al tratado firmado entre Bolivia y Brasil en 1867. Embajador en Londres en 1873, siguió las diligencias del coronel Church relativas a la creación del ferrocaril Madeira-Mamoré. Ministro de Relaciones Exteriores, defendió proyectos de ferrocarril y creación de colonias agrícolas y negoció con Paraguay el tratado Quijarro-Decoud de 1879 sobre el Chaco, que no fue implementado. Ver al respecto el apologético artículo de Nicanor Matto. «Sesión de honor de homenaje al centenario del Doctor Antonio Quijarro», Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, n° 310-311 (Sucre, 1931).
45 Las posiciones de ambos pueden seguirse en A. Quijarro y Manuel Luis Oliden. Empresa de Otuquis. Peticiones al poder central. Sucre, Tip. El Cruzado, 1886, M. Suárez Arana. Empresa Nacional de Bolivia en el río Paraguay. Empresa Quijarro en Otuquis. Sucre, Imp. de «La Industria», 1886 y los trabajos de este último en cap. 4, nota 58.
46 Fue la obtención de la concesión Oliden (28.04.1885) la que llevó a Quijarro a reeditar el texto publicado en 1842 por M. Bach. Descripción de la Nueva Provincia de Otuquis en Bolivia. Buenos Aires/La Plata, Imp. Lit. y Enc. Jacobo Peuser, 1885. Ver también cap. 4 notas 71 y 74.
47 Resolución legislativa en José E. Ortiz. Bolivia. Empresa Oliden en el Otuquis. Nuevo Memorial ante el H. Senado. La Paz, Imp. y Lit. de «El Nacional» de Isaac V. Vila, 1900, pp. 21-23.
48 Eulogio Arze. Informe de la Prefectura del Beni en el año 1890. Trinidad, Imp. de Francisco Suárez Hnos. 1890, p. 25.
49 N. Armentia. Navegación del Madre..., p. 1.
50 Vaca Guzman defendió sus tesis en El Pilcomayo. Buenos Aires, Imp. Coni, 1880; La ruta oriental de Bolivia. Buenos Aires, Imp. Coni, 1886; El Chaco Oriental. Consideraciones económicas. Buenos Aires, Imp. Coni, 1888.
51 О. Storm. El Pilcomayo y el Chaco Boreal. Viajes y exploraciones. Buenos Aires, Cía. de Billetes de Banco, 1892. El autor, integrante de algunas de las expediciones al Chaco procedentes de Argentina, hace una historia de los viajes que se dieron a lo largo de la década de 1880.
52 Santiago Vaca Guzmán. El explorador Jules Creveaux i el Pilcomayo. Buenos Aires, Imp. Coni, 1882.
53 Varios son los relatos de la expedición publicados por sus participantes, entre otros, el de Thouar, Explorations dans l'Amérique du Sud. Paris, Hachette, 1891, obra en la que se presentó como protagonista destacado de las expediciones en detrimento del resto de participantes. La obra fue publicada en castellano, A través del Gran Chaco, 1883-1887. La Paz-Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1997. Ver también de Daniel Campos. Informe incidental. Buenos Aires, Imp. La Nación, 1884, el extenso De Tarija a Asunción. Buenos Aires, Imp. Peuser, 1888 y en colaboración con A. Thouar. Documentos relativos a la fundación de la colonia Creveaux. La Paz, Imp. Libertad, 1884. Finalmente, ver José Paz Guillén. A través del Gran Chaco; relación de viaje de la expedición militar boliviana en 1883 del departamento de Tarija a la capital del Paraguay explorando el río Pilcomayo. Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1886.
54 Un detallado recuento de los resultados de las expediciones anteriores es recogido en J. C. Carrillo. Ob. cit. pp. 34-36. Thouar obtuvo incluso del Ejecutivo boliviano la concesión de 25 km2 en la colonia de su nombre, aunque topó con algunos problemas en el momento de hacer valer sus derechos, como puede verse en el texto de E. A. Thouar. La ley de premios y honores a los exploradores del Chaco y Pilcomayo ante el Congreso de 1912. Buenos Aires, s. i. 1912.
55 Un tramo (100 km circa), iba desde Carumbey (sobre el Parapetí) hacia el pueblo de Salinas, ruta abierta por la empresa de Suárez Arana y completada por Cristian Suárez; un segundo tramo partía de Salinas hacia Puerto Pacheco (150 km); y un tercero desde este en dirección a Salinas (en torno a 76 km). La conclusión de la ruta exigía unir Carumbey a Salinas (15 km) y acabar la ruta Pacheco a Salinas (24 km), en C. Suárez Arana. Exploraciones en el Oriente Boliviano. La Paz, González y Medina Eds. 1919, pp. 59 y ss. y J. Díaz Arguedas. Expedicionarios y Exploradores del Suelo Boliviano. La Paz, Eds. Camarlinghi, 1971, T. 2, p. 129.
56 La expedición Thouar contó con la participación, no exenta de polémica, de Cristian Suárez. Thouar denunció la incompetencia y despilfarro del dinero público de M. Suárez Arana, quien por su parte criticó la incapacidad científica y falta de dotes de mando de Thouar. Ver además de los escritos de ambos ya citados, C. Suárez Arana. Ob. cit. pp. 59-71 y el anónimo Manifiesto del Centro Boliviano contra Arturo Thouar. Buenos Aires, Imp. Stiller, 1886. Informe de la expedición se encuentra también en J. C. Carrillo. Ob. cit. pp. 34-48. La expedición de Calvimontes pretendió unir Puerto Pacheco con Salinas y contó también con la colaboración de Cristian Suárez, ver Z. Calvimontes. Documentos e informes sobre la exploración del Chaco. Sucre, Imp. La Industria, s. a. [1884-85].
57 Una defensa de la obra de Suárez Arana en Ernesto Daza Rivero. La empresa de Miguel Suárez Arana en el río Paraguay y la Casa comercial Torres i hermano de Cochabamba. La Paz, Colección Folletos de Hoy, 1983. Ver también Hernando Sanabria Fernández. Miguel Suárez Arana y la Empresa Nacional de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, Imp. Serrano, 1977.
58 El presidente Pacheco, por su parte, solicitó infructuosamente del Congreso del 85 la autorización y concesión presupuestaria correspondiente para la apertura de un camino desde Sucre hasta el recién fundado Puerto Pacheco. Ver los proyectos gubernamentales en Mensajes del Presidente de la República al Senado Nacional. La Paz, Imp. de «El Nacional» de Isaac V. Vila. 1885.
59 J. Díaz Arguedas. Ob. cit. T. 2, p. 128. El Ejecutivo boliviano se hizo eco del acuerdo en Juan Fco. Velarde. Memoria presentada al Congreso Nacional de 1888 por el Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización Dr. —. Cochabamba, Imp. de «El Heraldo», 1888, p. 21.
60 N. Suárez Callaú, el menor de una familia de seis hermanos, había nacido en Santa Cruz (1851) aunque se crio en Trinidad, donde su padre dirigía una hacienda. Uniéndose a una expedición de cruceños y benianos que en 1872 se establecieron en Reyes para la extracción de la quina, se dedicó primero a dicha actividad hasta que «descubrió» el caucho. Comerciante primero y propietario de barracas después, construyó un gran imperio cauchero a finales del siglo xix, que se incrementó cuando, tras la muerte de Antonio Vaca Diez en el Urubamba (1897), se hizo con la compañía de este, lo que determinó que la empresa Suárez controlara alrededor de 70 000 millas cuadradas. Ver J. Valerie Fifer. «The Empire Builders: A History of the Bolivian Rubber Boom and the Rise of the House of Suárez». Journal of the Latin American Studies, V. II, (1970) pp. 113-146.
61 Ofrecen una relación sintética de las principales exploraciones a la región a fines del siglo xix el anónimo «Bosquejo histórico de los exploradores e industriales del Noroeste de Bolivia y de su organización político-económica», Revista del Ministerio de Colonización y Agricultura, Año IV, n 37-38-39 (La Paz. 2o trim. 1908), pp. 258-273, Antonio Quijarro. Conferencia pronunciada por el Dr. — en el Salón Universitario el día 3 de agosto sobre exploraciones efectuadas en el río Madre de Dios y sus afluentes. La Paz, Imp. de «El Comercio», 1890 y Consideraciones de actualidad sobre los ríos Madre de Dios, Aquiry y Purús. La Paz. Imp. de «El Comercio», 1893. Además, D. F. J. Velarde. El Madera y ríos que lo forman. Últimas exploraciones en los ríos Beni, Madre de Dios, Orton y Abuná. Río de Janeiro, Imp. do Paiz, 1886.
62 Varios fueron los diarios de viajes y relatos de Armentia sobre sus expediciones, entre otros. Diario de sus viajes entre el río Beni y Madre de Dios y en el arroyo de Ivon en los años de 1881 y 1882. La Paz, Tip. Religiosa, 1883; Exploración oficial mandada efectuar del Madre de Dios. La Paz, Imp. El Nacional, 1885; Navegación del Madre de Dios. Viaje del Padre Nicolás Armentia. La Paz, s.i. 1887 y la muy divulgada Límites de Bolivia con el Perú por la parte de Caupolicán. La Paz, Imp. El Telégrafo, 1897.
63 Ver al respecto el prólogo a la obra de Manuel V. Ballivián, en N. Armentia. Límites de Bolivia... pp. II-III.
64 El reconocimiento de Armentia por la ayuda prestada por los caucheros para la exploración de la región no le impidió criticar sus actividades, causa fundamental de la disminución progresiva de la población de Moxos y de las mismas misiones de Caupolicán, como consecuencia de la captación de brazos con destino a las barracas y la ausencia de mujeres en ellas, en N. Armentia. Navegación del Madre... p. 84.
65 Resolución de 22.12.1891 y acuerdo de 30.05.1892. En virtud del contrato obtenido por Pando, este se comprometió a explorar los ríos norbolivianos, cosa que hizo entre enero y agosto de 1893, y de ello dejó un interesante informe y un mapa de la región. Ver la copia que se hizo en 1897 del «Informe presentado en 1893 por José Manuel Pando a Lisimaco Gutiérrez, Delegado Nacional en los ríos Beni y Madre de Dios» en Archivo Histórico de La Paz (ALP). Fondo José Manuel Pando (JMP). 1891-97. № 2. Pando obtuvo, en contrapartida, la propiedad de 400 leguas cuadradas de tierras en el noroeste, por resolución gubernamental de 29.10.1896. En José Vicente Ochoa. Memoria del Ministro de Instrucción Pública y Colonización Dr. — presentada al Congreso Nacional de 1896. Sucre, Tip. Excelsior, 1896, Anexos, pp. 319-320.
66 Sucinta biografía de Pando y sus exploraciones en Alberto Lavadenz Ribera. Pando es Bolivia. Santa Cruz, Imp. Casa de la Cultura, 1991. Ver también Chelio Luna Pizarro. «Vocación exploratoria del general José Manuel Pando», Historia y Cultura, n° 6 (La Paz, 1984), pp. 75-85, y Luis Crespo. El mayor general Don José Manuel Pando. Su vida y sus obras. La Paz, Imp. Moderna, s. a., T. I. Relaciones concretas de sus expediciones son: Viaje a la región de la goma elástica (N. O. de Bolivia). Buenos Aires, Museo de La Plata, 1894; Expedición del coronel don José Manuel Pando al Inambary. La Paz, Imp. El Telégrafo, 1898. También hay datos autobiográficos en algunas de las memorias preparadas en los años en que ocupó la Delegación en el Noroeste.
67 Ver, además de los textos citados, los manuscritos e impresos en ALP. Fondo JMP. Año 1894, n° 4, y la carta de Pando a Manuel V. Ballivián, por entonces presidente de la Sociedad Geográfica de La Paz (La Industria, 15.01.1898) dando cuenta de sus trabajos de exploración en el río Madre de Dios, una copia de la cual he consultado en AHL. LB-1170, Caja n° 295.
68 Antonio Vaca Díez fue autor de numerosos trabajos sobre la región, describiendo tanto aspectos geográficos como socioeconómicos e incluso políticos, como puede observarse, entre otros, en De Santa Cruz a Reyes. Crónica de un viaje. La Paz, Ed. Crónica Aguda, 1989; El Río Orton y su colonización. La Paz, Imp. El Nacional, 1894; Memorial que presenta al delegado nacional en el Madre de Dios, Acre y Purús. La Paz, Imp. El Nacional, 1894.
69 Ver, entre otros, los relatos de las expediciones desplegadas entre 1893-96 en los ríos Madidi, Madre de Dios, Acre, Punís, Orton, Tahuamanu y Manuripe, en Ministerio de Instrucción Pública y Fomento. Informe del Jefe de la Mesa Topográfica [Juan L. Muñoz] de la Delegación Nacional en el N. O. presentado al Señor Ministro de Instrucción Pública y Fomento sobre exploraciones efectuadas en el Norte de la República. Sucre, Tip. Excelsior, 1897; y la que en 1894 llevó al Madre de Dios a Román Paz. Informe del Dr. —, jefe de la expedición al Madre de Dios organizada por la Delegación Nacional. La Paz, Imp. El Comercio, 1895.
70 Médico norteamericano vinculado en los ʼ70 con la empresa de los Collins que, por entonces se había hecho cargo de la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré. Tras el fracaso de la empresa, Heath permaneció en Bolivia e intentó, con éxito, la exploración del Beni, que ya había sido intentada por su hermano Ivon, y por James Orton, en 1876-77, en J. V. Fifer. Ob. cit. p. 176. Ver E. R. Heath. Informe sobre los estudios hechos en el departamento del Beni en los años 1879, 1880 y 1881. La Paz, Imp. «La Libertad», 1882.
71 Relatos de dichas expediciones en Manuel V. Ballivián. Exploraciones y noticias hidrográficas de los ríos del Norte de Bolivia. Primera parte. Traducción, reproducción y documentos inéditos por —. La Paz, Imp. de «El Comercio», 1890. La expedición Labre llevó también consigo al boliviano Víctor Mercier, quien participó en otras exploraciones en la región del Madre de Dios y Acre. Ver al respecto su opúsculo Diario de una expedición del Madre de Dios al Acre. La Paz, Imp. La Tribuna, 1894.
72 Brevísimo estudio del personaje y de los informes que preparó para la entidad patrocinadora en Clara López Beltran. «El viaje de Luigi Balzan: Una mirada al Oriente boliviano entre 1890 y 1892» en J. Córdova y J. С. Roux (eds.). El espacio territorial y los Orientes bolivianos. La Paz, UMSA, s. a., pp. 31-46.
73 Ver su libro Sept années d'explorations, de voyages et de séjours dans l'Amérique Australe. Paris, Imp. Challamel l'Aîné, 1886.
74 M. Aguirre. Ob. cit. p. 37.
75 Ibíd. p. 30.
76 Ibíd. p. 30.
77 Quijarro, en nombre propio y/o como abanderado de financieros extranjeros, presentó a los gobiernos bolivianos numerosos proyectos sobre el tema, entre otros: Propuestas que el Dr. D. — presenta a nombre de varios capitalistas para la construcción de un ferrocarril, fundación de un puerto y colonización de tierras baldías en los Departamentos de Lu Paz y Santa Cruz. La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 1890; Navegación del río Otuquis, fundación de un puerto y establecimiento de colonias agrícolas. La Paz, Imp. El Nacional, 1890; Las empresas en el Departamento de Santa Cruz. Carta abierta dirigida a la Sociedad «Hijos del Pueblo». Santa Cruz. La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional de Isaac V. Vila, 1891; Notable causa administrativa. Sucre, Tip. El Cruzado, 1897.
78 M. Aguirre. Ob. cit. pp. 32 y ss.
79 Vaca Díez, nacido en Trinidad, era hijo del coronel José Vaca Guzmán, originario de Sucre. Opúsculo apologético del cauchero y senador por el Beni en la última década del siglo xix es el anónimo El doctor don Antonio Vaca Díez. Sus antecedentes. Su obra. Sus detractores. Cochabamba, Imp. El Comercio, 1894. En la misma línea, el también anónimo La libertad individual en el Beni. Atropellos contra el Dr. Antonio Vaca Díez. Arbitrariedades del hijo de G. Portales. La Paz. Imp. El Comercio, 1893.
80 El proyecto sería financiado con los ingresos fiscales procedentes de la aduana de Villa Bella en los siguientes 30 años, en Antonio Vaca Díez. Propuesta Vaca Díez. Río Orton, 1888.
81 Eulogio Arze. Informe de la Prefectura del Beni en el año 1890. Trinidad, Imp. de Francisco Suárez y Hnos. 1890, pp. 16-19.
82 Párrafo contenido en la carta enviada por Vaca Diez (Orton, 24.02.1890) al prefecto Arze, recogido en E. Arze. Ob. cit. p. 40.
83 Vaca Díez solicitó la concesión de 2 041 estradas gomeras ubicadas en los ríos Orton, Tahuamanu y Bajo Beni, que le fueron denegadas en junio de 1894. Ver Lisimaco Gutiérrez. Informe preliminar de los actos de la Delegación Nacional en el Noroeste de la República presentado por el delegado — y el secretario Dr. Román Paz. Sucre, Tip. Excelsior, 1895, Cuadro sinóptico de las peticiones de estradas gomíferas hechas ante la Delegación Nacional; Antonio Vaca Díez. Vías de comunicación en el Noroeste de la República. La Paz, 1893.
84 J. V. Fifer. Bolivia... p. 290.
85 El acceso al Paraguay se logró, finalmente, tras la firma de un tratado con Brasil en 1903.
86 Posteriormente la vía alcanzó La Paz (1908), Potosí (1911) y Cochabamba (1917), J. V. Fifer. Ob. cit. pp. 102-110.
87 Ver cap. 4 notas 62 y 63.
88 J. F. Velarde. Ob. cit. p. 19.
89 El art. 15 señaló que a los efectos de construcción de vías férreas en el Oriente, ya sea que partieran del río Paraguay, ya sea de la frontera argentina «se procederá al reconocimiento de las tierras que resulten beneficiadas por las líneas en construcción» y que deberían quedar fuera de las áreas adjudicadas a las empresas constructoras, en C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 58-59.
90 Entre los varios proyectos relativos a la construcción de ferrocarriles, que siempre involucraban la solicitud de concesión de terrenos colonizables, citemos, entre otros, los presentados por Antonio Quijarro quien, como representante de financieros extranjeros -ver nota 77- se interesó fundamentalmente en el sur/sudeste: Ferrocarril Oriental. Proyecto presentado por el Dr. —, representante de D. Emilio Reus. Buenos Aires, Imp. J. Peuser, 1888 (vía ferrea entre Laguna Gaiba y Sucre); Propuestas reformadas del sindicato Franco-Belga por la construcción de dos líneas de ferrocarriles internacionales. La Paz, Imp. El Nacional, 1889 (proyecto para unir la Pampa con la Amazonia siguiendo el camino de Oran-Santa Cruz-río Purús y frontera brasileña) a la que siguió Últimas propuestas del sindicato Franco-Belga. La Paz, Imp. El Nacional, 1891; Cilley Greenleaf. Empresa de Otuquis. Propuesta para la construcción de un ferrocarril. La Paz, Tip. Olañeta, 1886 (unión de Cochabamba con el Otuquis); Propuesta. — de la Compañía Sud Americana de Exploración, Fomento y Colonización. La Paz, Imp. La Revolución, 1893. El mismo Quijarro presentó también algunas propuestas para el tendido de vías férreas en el Noroeste como fue la Propuesta para establecer la conexión entre los ríos Aquiri y Madre de Dios por medio de un ferrocarril. La Paz. Imp. El Nacional, 1893.
91 Luis Paz. Memoria de Gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 por el Ex-Ministro de Gobierno y actual de la Guerra —. Sucre, Tip. El Cruzado, 1895, p. 107.
92 Rómulo Corvera Zenteno. Legislación agraria boliviana. La Paz, Tall. Gráf. «La Prensa» de José L. Calderón, s.a. [1926?], pp. 93-96.
93 Además, por resolución suprema de 18.08.1880 se confió a las Prefecturas el seguimiento de las diligencias de remate y posesión de las tierras baldías, en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 96 y J. Lavadenz. La Colonización en Bolivia durante la primera centuria de su independencia. La Paz, Tall. Gráf. de la Intendencia de Guerra, 1925, p. 9.
94 Decreto recogido por R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 101. Según Lavadenz. Ob. cit. p. 10, tal suspensión se produjo como consecuencia de la gran cantidad de solicitudes de tierras y la falta de una reglamentación adecuada.
95 J. L. Carrillo. Ob. cit. p. 29.
96 Casto F. Pinilla. Repertorio de Leyes, Decretos, Resoluciones y demás antecedentes relativos al Despacho de Colonización. La Paz, Tall. Tipo-Litográfico de J. M. Gamarra, 1905, pp. 1-4.
97 Ley recogida en С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 24-28 y en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 117-120.
98 C. F. Pinilla. Ob. cit. p. 25.
99 Las atribuciones del Ministerio de Colonización, según la ley de organización política y administrativa de 3.12.1888, sección cuarta, art. 12, eran fomentar la inmigración extranjera, procurar el establecimiento de colonias prestándoles la protección y auxilios que necesitaran, dictar los reglamentos respectivos, y vigilar el cumplimiento de las garantías concedidas por la Constitución a las colonias, en Ramón Retamoso L. y Juan Silva V. La Inmigración en Bolivia. La Paz, Ed. Arno Hnos. 1937, p. 16.
100 С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 53-68 y R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 124-137.
101 Se hizo la distinción entre terrenos concedidos a particulares (art. 25) –los ubicados en un radio de 60 km de distancia de los centros poblados (lotes de 25 ha. y sin superar los 3 lotes por cada padre de familia y uno por cada hijo varón mayor de 14 años)– de los otorgados a las empresas colonizadoras (art. 26 a 31).
102 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 139-140.
103 С. F. Pinilla. Ob. cit. p. 26. La ley de 21 de octubre en Ibíd. pp. 201-202.
104 Marta Irurozqui apunta que el interés por el Oriente de las élites conservadoras chuquisaqueñas en los últimos años de permanencia en el poder respondió, probablemente, a una estrategia de supervivencia frente a las cada vez más importantes élites paceñas. Sin embargo, ¿cómo explicar la política colonizadora del Oriente en el primer decenio de gobierno conservador sin referirnos a su interés por consolidarse como clase, como grupo hegemónico, y construir un país moderno? Ver al respecto La armonía de las desigualdades... pp. 99-102.
105 Recogido en la orden de 12.07.1886 en la que se dieron instrucciones a una comisión nacional encargada de la exploración de los Orientes, en C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 18-21.
106 Circular de 23.03.1886 a todos los prefectos departamentales, en C. F. Pinilla. Ob. cit. p. 13.
107 Ordenes del 12.07.1886 por las que se nombró a Federico Sacc comisionado nacional y se le dieron las instrucciones correspondientes, en C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 16-21. El proyecto se frustró tras la negativa gubernamental a aumentar la dotación económica para la realización de los trabajos de Sacc, por resolución de 23.07.1886, en Ibíd. pp. 22-23. J. Lavadenz señala que la iniciativa no se llevó a cabo por «falta de recursos» aunque no menciona, explícitamente, el rechazo del Legislativo a incrementar el presupuesto, en su Ob. cit. p. 12.
108 Política perseguida «con ahinco por nuestros gobiernos progresistas [con] el establecimiento de empresas colonizadoras, que facilitando y abriendo las corrientes al inmigrante, fijasen las bases de una atinada y verdadera colonización; y en este sentido, cuantas veces se han presentado empresas colonizadoras, aún sin garantías, se les ha concedido privilegios excepcionales y verdaderamente pródigos. Mas, sensible es manifestarlo, todas esas empresas han fracasado o por falta de recursos o por carecer de seguridad los empresarios», en circular de 16.07.1896 en C. F. Pinilla. Ob. cit. p. 191.
109 Carta de A. Vaca Díez al prefecto del Beni (Orton, 24.02.1890), en Eulogio Arze. Informe de la Prefectura del Beni en el año 1890. Trinidad, Imp. Francisco Suárez y Hnos. 1890, p. 39.
110 Referencias al proyecto en Rodolfo Arauz. Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento del Beni. Sucre, Tip. Excelsior, 1897, p. 22.
111 Circular del ministro de Colonización de 16.07.1896 a los cónsules bolivianos, en С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 190-197.
112 Un posterior decreto (17.11.1899) ratificó y amplió las funciones de dicha Oficina en J. Lavadenz. Ob. cit. p. 17. Manuel Vicente Ballivián, jefe de dicha Oficina, denunció la ineficacia de la mayoría de los cónsules bolivianos e insistió en la necesidad de divulgar las riquezas de Bolivia en Italia, Francia y España. Ver su informe en Tomás Baldivieso. Anexos a la Memoria de Instrucción Pública y Fomento presentada al Congreso Ordinario de 1898. Sucre, Imp. «Bolívar» de M. Pizarro, 1898, pp. 201-210.
113 Mano de obra destinada a la explotación de todos los recursos naturales, según la circular del ministro J. V. Ochoa (16.07.1896), pues los bosques de gomales del norte y noroeste bolivianos «reclaman activa y poderosamente la inmigración extranjera que provea a esas inmensas regiones de suficientes brazos productores, [y] la fiebre de riqueza que ocasiona esa industria... va despoblando antiguas regiones agrícolas y de ganadería en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y el Beni, privándolas de brazos necesarios para la economía general y ordinaria del país», en C. F. Pinilla. Ob. cit. p. 194.
114 La resolución de 28.04.1903 permitió la llegada y establecimiento de «colonos» japoneses para los trabajos de la industria gomera, en R. Retamoso L. y J. Silva L. Ob. cit. p. 18.
115 Tomás Baldivieso. Memoria de Instrucción Pública y Fomento presentada al Congreso Ordinario de 1898. Sucre, Imp. «Bolívar» de M. Pizarro, 1898, р. 110.
116 Instrucciones (La Paz, 11.02.1884) en M. Aguirre. Ob. cit. pp. 71-72.
117 El acceso al Purús exigía, previamente, encontrar la vía de ingreso al Madre de Dios al Acre, por lo que Aguirre, como vimos antes (cap.5.1.), propuso el envío de una expedición exploratoria a la región. Ver nota 27.
118 La guarnición situada en dicho lugar –punto central de los poblados de Magdalena, San Ramón y San Joaquín– no sólo frenaría el expansionismo brasileño, sino que «protegería» los habitantes y ganados de las frecuentes incursiones de las «tribus salvajes», en M. Aguirre. Ob. cit. p. 100.
119 El énfasis en el original. Ver al respecto «Estracto de los informes prestados al Presidente de la República, en consejo de gabinete, el 8 de enero, por el Delegado del Gobierno en el Oriente» en M. Aguirre. Ob. cit. p. 61, nota 1.
120 Ibid. p. 61, nota 1.
121 Gestiones que pueden seguirse en los informes de la Cancillería de Relaciones Exteriores al Congreso boliviano -la peruana hizo lo propio ante el Congreso del Perú- y en los fondos del Archivo de dichos ministerios, también consultados. Particularmente útil para ver la posición boliviana ante el Perú es el informe firmado por Claudio Pinilla (Lima, 6.04.1897) enviado al ministro de Relaciones Exteriores peruano, recogido en Manuel Ma Gómez. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores y del Culto presentada al Congreso Ordinario de 1897. Sucre, Imp. «Bolívar» de M. Pizarro, 1898, pp. 63-94.
122 Ley preparada en gran medida por el diputado beniano Pedro Suárez, y cuyo reglamento fue dado el 2.12.1890, en Lisimaco Gutiérrez. Informe Preliminar de los actos de la Delegación Nacional en el Noroeste de la República presentado por el delegado Sr. — y el secretario Dr. Román Paz. Sucre, Tip. Excelsior, 1895, pp. 1-4.
123 Ibíd. p. 3.
124 Cuestión ratificada por ley de 25.11.1895, y decreto supremo de 8.03.1900, medidas recogidas en С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 118-127, 184-186 y 238-253. Acerca del interés gubernamental en la implementación de la delegación ver Luis Paz. Informe presentado al Congreso Nacional de 1893 por el Ministro de Gobierno Dr. —. La Paz, Imp. y Lit. de «El Nacional» de Isaac V. Vila, 1893, pp. 168-170. Según el primer delegado, Lisimaco Gutiérrez, uno de los motivos que apresuró el envío de la delegación nacional al Noroeste fue «la necesidad de responder con la acción tutelar administrativa... contra los crímenes y abusos imputados a varios industriales gomeros del Beni». El énfasis en el original, en L. Gutiérrez. Ob. cit. p. 29.
125 José Vicente Ochoa. Memoria del Ministro de Instrucción Pública y Colonización Dr. — presentada al Congreso Nacional de 1896. Sucre, Tip. Excelsior, 1896, p. 140.
126 Anotemos que, según las instrucciones dadas por el gobierno de Baptista a Gutiérrez, todas las autoridades del departamento del Beni -incluido el prefecto- quedaron sometidas a la autoridad de la delegación, lo que ocasionó serios conflictos en los años siguientes. Ver instrucción n° 13 en Ibíd. pp. 137-138.
127 С. F. Pinilla. Ob. cit. p. 134.
128 Instrucciones dadas por el gobierno de Baptista (La Paz, 17.06.1893) a Gutiérrez en C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 133-138.
129 «La despoblación del Beni, ocasionada por la emigración a las barracas del Madera, en años pasados, ha producido el abandono de muchas estancias de ganadería y dificultado grandemente la consecución de brazos para el cuidado y trabajos de las que subsisten; lo que ha conducido, a los patrones, a tener sujetos a su dominio a los colonos, con limitaciones tales, que parecen hallarse estos realmente en esclavitud», en L. Gutiérrez. Ob. cit. p. 13, situación reiterada insistentemente en las memorias anuales al Congreso de los ministros encargados de la Colonización.
130 L. Gutiérrez. Ob. cit. p. 31.
131 Ibid. p. 48.
132 T. Baldivieso. Memoria de Instrucción... 1898. pp. 111-115.
133 Ibid. p. 115. En 1897 fue ofrecido el puesto, ad honorem, al coronel José Manuel Pando, quien se ofreció a dirigir una expedición con el objetivo de estudiar la región limítrofe con el Perú para la delimitación de la frontera, puesto aceptado con algunas reservas pero sin consecuencias prácticas. Ver J. V. Ochoa. Memoria del Ministro de Instrucción Pública y Fomento Dr. — presentada al Congreso Nacional de 1897. Sucre, Tip. Excelsior, 1897, pp. 232-240.
134 Luis Paz. Memoria de Gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 por el Ex-Ministro de Gobierno y actual de la Guerra —. Sucre, Tip. El Cruzado, 1895, p. 107. Todos los informes al Congreso del Ministerio encargado de la sección de Colonización, fuera quien fuera su titular, reiteraron la necesidad de implementar estos tres instrumentos «colonizadores».
135 Orden de 22.02.1886 del ministro de Colonización al coronel Agustín Martínez, jefe militar del Chaco, en C. F. Pinilla. Ob. cit. p. 7.
136 J. V. Ochoa. Memoria del Ministro de Instrucción Pública y Fomento Dr. — presentada al Congreso Nacional de 1897. Sucre, Tip. Excelsior, 1897, p. 221.
137 Resolución recogida en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 92-93.
138 Orden de 22.02.1886 en С. F. Pinilla. Ob. cit. p. 7.
139 C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 29-34.
140 Ibid. pp. 71-75.
141 Ejemplo de tales denuncias es el informe del prefecto del Beni en 1897, R. Arauz. Ob. cit. p. 20.
142 Luis Paz. Informe presentado al Congreso Nacional de 1893... p. 157.
143 L. Paz. Memoria de Gobierno... 1895. pp. 108-111.
144 Angel M. Zambrana. Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz Dr. —. Santa Cruz, Imp. de «La Estrella del Oriente», 1896, p. 25.
145 Según la visita efectuada en 1893 por el delegado gubernamental, Manuel Othon Jofré, a las colonias y misiones en el Chaco, el jefe de la colonia Creveaux impedía el asentamiento de nuevos pobladores. A Jofré le pareció inaudito que «las fuerzas colonizadoras se conviertan en guardianes de las selvas salvajes y en perseguidoras de la ocupación industrial y civilizadora», M. O. Jofré. Colonias y misiones. Tarija, Imp. de «El Trabajo», 1895, p. 90.
146 Interesante resulta el «Informe del Jefe Superior de Colonias del Gran Chaco» en J. V. Ochoa. Memoria del Ministro... 1897. Anexos, pp. 445-455.
147 L. Paz. Memoria de Gobierno... ¡895. p. 110.
148 M. V. Ballivián y С. F. Pinilla. Monografía de la industria de la goma elástica. La Paz, Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos, 1912. Unos primeros apuntes sobre el caucho habían sido publicados por Ballivián, unos años antes. Apuntes sobre la industria de la goma elástica en los territorios dependientes de la Delegación Nacional en el Noroeste y el Departamento del Beni. La Paz, Imp. de «El Comercio», 1896. Datos sobre fundos caucheros y población residente en ellos en la década de los ʼ80 en N. Armentia. Navegación del Madre de Dios. pp. 78-85. Ver también J. Valerie Fifer. «The empire builders: a history of the Bolivian rubber boom and the Rise of the House Suárez», Journal of Latin American Studies, 2,2 (Cambridge. 1970); Ma Pilar Gamarra. Haciendas y peones en el régimen hacendatario gomero boliviano. Las bases económicas de un poder regional: La Casa Suárez (1880-1940). Tesis de grado. La Paz, 1992 y «La participación estatal en la industria de la goma elástica. Legislación fiscal y economía gomera», Data, n°4 (La Paz, 1993); Heraclio Bonilla. «Estructura y eslabonamientos de la explotación cauchera en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil», Data, n°4 (La Paz, 1993), pp. 9-22. Sobre la pervivencia del caucho en la economía boliviana ver Pablo Pacheco. Integración económica y fragmentación social. El itinerario de las barracas en la amazonia boliviana. La Paz, CEDLA, 1992.
149 Uno de los primeros empresarios caucheros fue Santos Mercado quien, al igual que el resto de cascarilleros que llevaban su producto a San Antonio, supieron de la progresiva importancia de las gomas en Brasil. Fue así que se inició la explotación cauchera en Bolivia (1864), en M. V. Ballivián y C. F. Pinilla. Monografía... pp. 52-53.
150 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 83-85.
151 El art. 11 declaró a «los indígenas benianos propietarios absolutos de las tierras del dominio público que actualmente posean como adjudicados en arrendamiento o de cualquier manera precaria..», al tiempo que el art. 12 dejó «subsistente el sistema de trabajo en común mediante asociaciones de individuos o familias..» en R. Corvera Zenteno. Ob.'cit. pp. 107-108.
152 Principales disposiciones sobre impuestos a la producción y exportación de caucho en M. V. Ballivián y C. F. Pinilla. Monografía... pp. 193-200 y Apéndice.
153 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 108-109. Según el delegado en el Oriente, Manuel Aguirre, objetivo de la ley fue no tanto aumentar la recaudación fiscal, sino normalizar la adquisición de propiedades gomeras y garantizar su explotación, en M. Aguirre. Ob. cit. pp. 91-98.
154 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 142.
155 Los art. 5, 6, 7 del decreto de 15.05.1893 prohibieron destruir los árboles gomeros bajo la pena de un boliviano de multa por cada uno, a no ser que fueran reemplazados con los «renuevos» del mismo árbol, en M. V. Ballivián y C. F. Pinilla. Monografía... pp. 203-204.
156 La propiedad se adquiría previo pago de quince anualidades de un boliviano por estrada. Superado este término el concesionario podía consolidar tanto la propiedad definitiva de las estradas como un lote de 25has. sin más gravamen que el pago de las escrituras, en M. V. Ballivián y C. F. Pinilla. Monografía... pp. 205-206.
157 Ley de 1895 y reglamento de 1896 en H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 52-70.
158 L. Paz. Memoria de Gobierno... 1895. pp. 117-118. La importancia de la empresa cauchera como instrumento de ocupación del territorio fue reiteradamente subrayada por Paz por cuanto «las agrupaciones de vecindarios serán permanentes y estables, como la industria que las alimenta», en Ibíd. p. 118.
159 L. Paz. Memoria de Gobierno... 1895. p. 117.
160 Como señaló el prefecto del Beni en 1883, si los indígenas eran llevados al Madeira «¿Qué brazos transportarán las producciones al interior de la República? ¿Quiénes serán los remeros para el comercio con el Departamento de Santa Cruz? ¿Se preferirá la muerte de estas poblaciones a la industria gomera?», en M. Oyola. Ob. cit. p. 2.
161 Mensaje presidencial (La Paz, 7.10.1882) en M. Oyola. Ob. cit. pp. 24-25.
162 Proyecto de ley en M. Oyola. Ob. cit. pp. 25-30. Extracto de la ley y algunos de sus artículos en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 107-109.
163 M. Aguirre. Ob. cit. p. 55-56. Según Aguirre, el Estado no podía renunciar a ejercer tutela sobre los indígenas benianos, «impúberes sociales», por cuanto «No puede llamarse ciudadano quien no reune las condiciones sencillas que la más rudimentaria organización política exije para considerar al individuo en aptitud de ejercer la plenitud de sus derechos». Énfasis en el original, en Ibid. p. 56.
164 Medidas citadas en M. V. Ballivián y C. F. Pinilla. Monografía... pp. 203-205.
165 J. С. Carrillo. Ob. cit. pp. 38-39.
166 J. V. Ochoa. Memoria del Ministro... 1896. pp. 142-143.
167 Ley reglamentada el 25.02.1897 en M. V. Ballivián y С. F. Pinilla. Ob. cit. Apéndice, pp. XXXII-XXXIV. La resistencia de los propietarios aparece recogida en numerosos escritos, entre otros, en el texto del entonces prefecto del Beni, el cruceño Fabián Vaca Chávez. Por el Oriente y por el Noroeste de la República. La Paz, La Prensa, 1912, pp. 12-18.
168 Ver Informe presentado por J. M. Pando al Ejecutivo sobre la expedición de S. Mercado al Abuná y su propia expedición a los rios del Noroeste (Río de Janeiro, 6.08.1894), en ALP. JMP. 1894. N°4.
169 J. Lavadenz. Ob. cit. p. 56
170 La documentación trabajada me permite señalar que Cardús actuó como «visitador», aunque no he encontrado texto alguno en el primer lustro de los ʼ80 que me permita confirmar que el encargo obedeciera al interés franciscano y/o gubernamental, en solicitar a la Santa Sede la erección de un vicariato. Sin embargo, sí he localizado un texto, sin fecha (aunque por los datos que ofrece podría haber sido escrito en 1883/ 84), firmado por Juan B. Aguirre, guardián del convento de Nta. Sra. de los Angeles (La Paz), quien, siguiendo las órdenes de su Superior General, se ofreció a la SCPF como «visitador» de las misiones para recoger datos a suministrar al gobierno boliviano y a la Santa Sede, con vistas a la erección de un vicariato apostólico, tanto más cuando por entonces «domina el pensamiento de ensanchar la comarca social civilizada, y es indispensable que a la acción puramente civil, cuyas tentativas han sido hasta aquí casi siempre infructuosas, se anticipe... la acción evangélica», en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 14. Años 1878-85, ff. 773-774rev.
171 Datos ofrecidos por el religioso y ex-misionero en Guarayos, José Cardús, tras la visita efectuada a las misiones existentes en el país, por encargo del otrora comisario general de los Colegios de Propaganda Fide de Bolivia, Hugolino Gorlieri, en Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia. Barcelona, Lib. de la Inmaculada Concepción, 1886.
172 Cristianos eran, para Cardús, los indígenas reducidos y bautizados, utilizando el vocablo de neófitos para designar a los indígenas que, reducidos, no se hubieran bautizado. Sin embargo, generalmente, los misioneros tendieron a utilizar el término neófitos para designar a los indígenas concentrados que habitaban en el poblado misional, que, por lo general, habían sido bautizados.
173 Datos aproximativos pues el mismo Cardús, a lo largo de su obra, ofrece datos discrepantes.
174 Según Cardús, estas misiones eran, propiamente, doctrinas. Sin embargo, él utilizó indistintamente una u otra designación.
175 De las reflexiones de Cardús se desprende la renuencia de los misioneros a castellanizar a la población indígena, al temer que facilitaría el contacto con los civilizados y, por ende, estos podrían «engañar» más fácilmente a los indios. Cardús sostiene, por el contrario, la necesidad de enseñar el castellano como una de las principales medidas para el adelanto de las misiones, en J. Cardús. Ob. cit. pp. 174-175.
176 Para entonces, el gobierno Campero había sancionado la ley de 15.10.1880 por la cual se había reformado el art. 2 de la Constitución, y en el que, además, se señaló que «las colonias podrán estar sujetas a leyes y reglamentos especiales», en Anuario. —de Leyes y Supremas disposiciones de 1880 compulsado por Jenaro Sanjinés. La Paz, Imp. de «El Ciudadano», 1881, p. 185.
177 J. Cardús. Ob. cit. pp. 179-180.
178 Ibíd. p. 180.
179 Martín Lanza. Memoria del Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto, Dr. — al Congreso Ordinario de 1885. La Paz, Tip. de La Patria, 1885, p. 32.
180 El énfasis es mío. Ley aprobada por el Congreso Nacional el 12.11.1886, y sancionada por el presidente Pacheco al día siguiente, en Anuario. — de Leyes y Supremas disposiciones correspondientes al año de 1886. pp. 246-248.
181 El expediente en AAEESS. Bolivia. Años 1882-84. Fasc. 7, ff. 61-67rev.
182 Ver amplia correspondencia sobre el tema en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 15. Años 1886-89, ff. 278-319rev.
183 El internuncio apostólico, Beniamino Cavicchioni, solicitó (1888) a los obispos bolivianos que impulsaran la OPFe, en ASV. NB. В. Cavicchioni. Fase. 20. Aptdo 5, ff. 212 у rev.
184 Ver el proyecto de presupuesto estatal en Martín Lanza. Anexos a la Memoria presentada por el Ministro de Justicia, Instrucción Publica y Culto Dr. — al Congreso ordinario de 1885. La Paz, Imp. de la Patria, 1885, pp. 139-175.
185 Pedro García. Informe del Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto, ciudadano-a las Cámaras ordinarias de 1886. La Paz, Imp. de «El Nacional» de Isaac V. Vila, 1886, pp. 36-37.
186 С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 101-103.
187 Ibid. pp. 132-133.
188 С. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 165-167. La resolución de 1894 introdujo pequeñas variaciones en la ley de 1883.
189 M. O. Jofré. Ob. cit. p. 97. Nombramiento de Jofré como delegado gubernamental a las misiones y colonias del Chaco (1893), en Ibíd. pp. 2-4 y C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 144-148.
190 M. O. Jofré. Ob. cit. p. 103.
191 L. Paz. Memoria de Gobierno... 1895. p. 111.
192 D. Campos, De Tarija a Asunción. Buenos Aires, Imp. Peuser, 1888. Campos matizó sus aceradas críticas al sistema misionero al señalar que las irregularidades denunciadas las había observado en las misiones del norte argentino, pues no había podido visitar las existentes en Bolivia. Tesis similares a las de Campos fueron planteadas pocos años después (1892) por el delegado gubernamental para la visita de las misiones y colonias, el coronel Melchor Chavarria, quien, sin embargo, tampoco visitó efectivamente las misiones. Las tesis de Campos fueron rebatidas, entre otros, por el futuro ministro Luis Paz en De Tarija a la Asunción. Juicio sobre el informe del Dr. Daniel Campos, Delegado del Gobierno. Estudio sobre las misiones por —. Tarija, Imp. de «El Trabajo», 1889.
193 Copia realizada en 1897 del Informe presentado en 1893 por J. M. Pando a Lisimaco Gutiérrez, Delegado Nacional en los ríos Beni y Madre de Dios, en ALP. JMP. 1891-97. N° 2, ff. 4rev-5.
194 Datos todos ellos que deben tomarse como aproximativos pues, incluso la misma fuente, ofrece a lo largo de la obra algunas contradicciones. Estas variaciones aumentan si se comparan con los datos de las relaciones que, manualmente, enviaban los prefectos misioneros dependientes de cada colegio a la SCPF, que, para no extenderme, no he incluido aquí. Los datos ofrecidos por estos informes correspondientes al año en que Pifferi y Ducei realizaron la visita pastoral, son ligeramente superiores a los ofrecidos por estos. Zacarías Ducei. Diario de la visita a todas las misiones existentes en la República de Bolivia practicadas por el M. R. P. Sebastián Pifferi. Asis, Santa María de los Angeles, 1895. También encontramos inexactitudes en la relación del ministro Luis Paz. Memoria de Gobierno presentada... 1895. pp. 114-115, donde se denominan misiones a lo que son doctrinas, se cita alguna población que, prácticamente, ha desaparecido, y se confunde incluso los nombres de algunas de ellas. Finalmente, hay también discrepancias con los datos aquí ofrecidos en las historias publicadas por los respectivos Colegios misioneros.
195 Informe del prefecto de misiones del Colegio de La Paz, Pablo Fernández (La Paz, 15.10.1894) presentado a S. Pifferi y enviado a SCPF, en ASCPF. Rubrica. NS. Vol. 73, f. 568rev. Todo el texto en ff. 564-572. La disminución de la población indígena fue reiteradamente denunciada por los misioneros. Ya N. Armentia, quien había elogiado la contribución de los caucheros a la exploración del Noroeste, había señalado en 1887 que la «industria gomera» era la causante de la disminución de la población de Mojos y que a ella se «deberá tal vez la desaparición de Ixiamas, Tumupasa y San José, etc.», en N. Armentia. Navegación del Madre de Dios... p. 84.
196 La información hace la distinción entre catecúmenos (infieles en proceso de cristianización e infieles), aunque he optado por ofrecer aquí la suma total para facilitar la comparación de los datos.
197 Ducci no cita esta población de la que, sin embargo, consta su existencia en otras fuentes.
198 En la relación de Ducei aparecen como misiones Isiamas, Chupiamonas y Tumupasa, aunque en realidad son doctrinas.
199 Misión fundada en 1887.
200 Estas dos poblaciones habían sido secularizadas el 17.11.1892, ver decreto en Anuario de Leyes y Supremas disposiciones de 1892. La Paz, Imp. De «El Comercio», 1893, pp.208-210, aunque continuaron a cargo de religiosos franciscanos, y en la relación de Ducei aparecen en el apartado de misiones, aunque propiamente hablando ya no lo eran.
201 Carta del propietario Félix Torres -con intereses económicos en el norte argentino- al presidente Baptista solicitando se obligara a los misioneros a que facilitaran mano de obra indígena y no «protegieran» a los indígenas que vulneraban los contratos de enganche, en Expediente en BACCB. Doc. n° 150. Ver también Doc. n° 151. Poco antes de la fundación de la misión, algunos sectores se habían opuesto al establecimiento de la misma, lo que obligó al Ejecutivo a intervenir (junio 1888), en Angelico Martarelli. El Colegio Franciscano de Potosí y sus misiones. Noticias Históricas por el P. Fr. —, corregidas, aumentadas y con notas por el P. Fr. Bernardino de Nino. La Paz, s. i. 1918 [2aed.], pp. 243-245.
202 Como dijera el ministro Ichaso al Congreso de 1890, las misiones habían prestado hasta entonces «remarcables servicios a la causa de la civilización, sosteniendo la jurisdicción nacional sobre los extensos desiertos en que están situadas», en Telmo Ichaso. Informe presentado al Congreso Ordinario de 1890. La Paz, Imp. de «La Tribuna», 1890, p. 69.
203 Referencias a las iniciativas tomadas por los prelados en carta del obispo de Santa Cruz (24.08.1888) al ministro de Culto, en AAEESS. Bolivia. Años 1889-91. Fasc. 18, ff. 44-46rev. y carta del obispo de La Paz (J. J. Baldivia) al delegado apostólico en Lima a inicios de 1895, ASV. NB. G. Macchi. Fasc. 32. Aptdo. 21, ff. 206-208.
204 Carta del obispo cruceno, la ley y la correspondencia entre el episcopado, el gobierno boliviano, el representante de Bolivia en la Santa Sede y la Secretaría de Estado, en AAEESS. Bolivia. Años 1889-91. Fasc. 18, ff. 41-55.
205 Emetério Cano. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de ¡894. La Paz, Imp. de «La Revolución», 1894, pp. 85-86. Tesis sostenida explícitamente por todos sus sucesores en el cargo.
206 Aniceto Arce. Mensaje del Presidente de la República de Bolivia Dr. D. —. Oruro, Imp. de «La Revolución», 1891, p. 8. Ley recogida en carta del representante boliviano, Guido Fausti, ante la Santa Sede (Roma, 11.06.1895) en AAEESS. Bolivia. Años 1897-97. Fasc. 25, ff. 7-8.
207 Negociación entre el Ejecutivo boliviano, la delegación apostólica, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la SCPF, la Congregación de AAEESS y la representación boliviana en Roma, además de la orden franciscana, en ASV. NB. G. Macchi. Fasc. 32, Aptdo. 21, ff. 202-237 y AAEESS. Bolivia. Años 1895-97. Fasc. 25, ff. 1-50 y Años 1897-99. Fasc. 33. ff. 54-75. Sin embargo, el breve pontificio dando el vía libre a la erección no se dictó hasta 1917.
208 Aunque formalmente era el Pontífice quien hacía el nombramiento, la diplomacia papal sondeaba previamente la disposición gubernamental frente a los posibles candidatos.
209 El diferendo fronterizo dio lugar a numerosas publicaciones en las que la defensa de la bolivianidad del territorio se basó tanto en su adscripción colonial a la Intendencia de La Paz, como en la existencia de misiones financiadas por la Audiencia de Charcas. Entre otros trabajos ver Carlos Biavo. Límites de la provincia de Caupolicán o Apolobamba, con el territorio peruano. La Paz, Imp. de La Paz, 1890 y N. Armentia. Límites de Bolivia con el Perú....
210 Carta de P. Gasparri al Secretario de Estado pontificio, M. Rampolla (Lima. 21.01.1899), AAEESS. Bolivia. Años 1897-99. Fasc. 33, ff. 66-67. El expediente sobre el tema en ff. 54-75. Documentación sobre la misma cuestión en ASV. NB. P. Gasparri. Fasc. 45. Aptdo. 6, ff. 3-26.
211 Carta del Ejecutivo peruano al delegado Gasparri (Lima, 3.05.1899). en AAEESS. Bolivia. Años 1897-99. Fasc. 33. ff. 74 y rev. Ver también la correspondencia cruzada sobre el tema entre la delegación apostólica y la cancillería peruana en 1899, en ACH. 6-0. Año 1899, incluyendo también el informe de Solón Polo, Jefe de la Sección de Límites (29.04.1899).
212 Solución señalada por P. Gasparri a M. Rampolla (Lima. 21.01.1899) en AAEESS. Bolivia. Años 1897-99. Fasc. 33, ff. 66-67, y en ASV. NB. P. Gasparri. Fasc. 45. Aptdo. 6, ff. 5-6rev. Sobre el surgimiento de las prefecturas apostólicas en el Perú ver cap. 3. 2. 1.
213 Carta de Villazón al delegado Gasparri (15.05.1900) en ASV. NB. P. Gasparri. Fasc 45. Aptdo. 6, ff. 13-14. Todo el expediente en ff. 3-26.
214 Ley sancionada por Pando tres días más tarde, en Anuario. — de Leyes, decretos y resoluciones supremas de 1900. La Paz, Imp. de los Debates, 1901, p. 74.
215 Eliodoro Villazón. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de 1900. La Paz, Taller Tipo-Litográfico, s. a. pp. LIX-LX.
216 Título del artículo de F. Frey, en el que defiende que el comercio de Chiquitos y Velasco debe dirigirse, fundamentalmente, al Matto Grosso por la vía del Iténez, publicado en el Boletín de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, (Santa Cruz, 1906), pp. 347-353.
217 Ismael Montes. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1905. S. p. i. p. 41.
218 Censo. — general de la población de la República de Bolivia. La Paz, Taller Tipo-Lit. de José M. Gamarra, 1902, T. I, p. 13. Las cifras son indicativas, especialmente por lo que hace referencia a las poblaciones ubicadas en los Orientes. Por otro lado, incluso los datos recogidos resultan a veces discordantes tanto en lo que se relaciona con las estadísticas como con nombres de provincias y pueblos, e incluso misiones que aparecen en un tomo y no son recogidos en otro. En el cuadro se incluye el territorio perdido por Bolivia en el conflicto del Pacífico, el llamado departamento Litoral, zona que los gobiernos bolivianos pensaban recuperar por tratados y/o por compra. Ver al respecto J. V. Fifer. Bolivia... pp. 98-114, 120-123.
219 José Manuel Pando. Mensaje del Presidente Constitucional de la República General —. (La Paz, 12.08.1901). Texto manuscrito en Archivo Histórico del Congreso de Bolivia (AHCB), f. 30.
220 Para una reflexión sobre el proyecto liberal ver, entre otros, Herbert S. Klein. Panics and Political Change in Bolivia, 1880-1952. Cambridge, Cambridge University Press, 1969; Erick D. Langer. «El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo xix», Historia y Cultura, 14 (La Paz, 1988), pp. 59-95; M. Irurozqui. La armonía... pp. 73-102 y 141-196 y «A bala, piedra y palo». La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2000, pp. 262-298.
221 La adscripción se mantuvo hasta el 18.10.1904, cuando la Sección de Colonias se desgajó del Ministerio de Guerra y se incorporó al nuevo Ministerio de Colonias y Agricultura. Esta situación perduró hasta 23.12.1910, cuando una nueva reorganización ministerial vinculó Agricultura con el Ministerio de Instrucción Pública y la Colonización fue adscrita nuevamente al Ministerio de Guerra, situación en la que permaneció hasta la guerra del Chaco.
222 Recordemos que la primera década de gobierno liberal vio la propuesta, y en muchas ocasiones aprobación, de proyectos secularizadores, entre otros, los relativos a la supresión de la enseñanza religiosa (31.05.1904), libertad de cultos (6.08.1906) –a través de la reforma del art. 2 de la Constitución que señalaba que «El Estado reconoce y sostiene la religión Católica Apostólica Romana, permitiendo [en lugar de «excluyendo»] el ejercicio público de toda otra forma de culto»–, secularización de los cementerios (26.10.1906) y abolición del fuero eclesiástico (26.11.1906), que provocaron la ruptura de relaciones entre Bolivia y la Santa Sede, que sólo se reanudaron en 1917.
223 José Manuel Pando. Mensaje del Presidente Constitucional de la República General —. 1903. Texto manuscrito f. 30 en АНСВ.
224 Significativo título de la obra de Marie Robinson Wright publicada en Philadelphia/ London/Paris, George Barrie & Sons, 1907, en la que se dan informaciones generales sobre el país y cada uno de los departamentos bolivianos.
225 Julio La Faye. Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1911 el Ministro de Guerra y Colonización, Coronel —. La Paz, Tall. Gráf. «La Prensa», 1911, p. 7
226 С. F. Pinilla. Ob. cit. p. П.
227 La firma de dichos contratos provocó por entonces la aparición de gran cantidad de artículos en la prensa y en folletos, favorables o contrarios a los mismos, escritos o patrocinados por los individuos y empresas directamente interesados. Algunos ejemplos son La «Bolivian Company» sociedad de explotación y viabilidad en la región de Caupolicán. La Paz, Taller Lit. 1901; José Manuel Pando. «El contrato sobre el Acre», Boletín de la Oficina Nacional de Inmigración, n° 15-16 (La Paz, 1902), pp. 233-242.
228 Germán Zegarra. Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1910 el Ministro de Colonización y Agricultura Dr. —. La Paz, Tall. Gráf. «La Prensa» de José L. Calderón, 1910, p. XXV.
229 Textos recogidos en Humberto Delgado Llano. Legislación Integral del Ramo de Colonización. La Paz, Ed. Renacimiento, 1928, pp. 81-84, 1-9 y 10-29 respectivamente.
230 J. Lavadenz. Ob. cit. p. 21.
231 H. Delgado Llano. Legislación Integral..., p. 83.
232 Cuestión regulada por el art. 28 del Reglamento de Tierras, en el que se señaló un período de 4 años para hacer efectivo el asentamiento de la familia. Clausula derogada el 26.06.1921, y nuevamente reimplantada el 13.06.1927, en H. Delgado LLano. Legislación Integral... pp. 204-206 y 353-354.
233 Según la ley aprobada, el trámite a seguir en la venta de tierras se iniciaba con una petición de los terrenos expresando número de ha., calidad de tierras -pastoreo, cultivo, gomales-, ubicación, nombre que tendría la concesión, nombres de los colindantes en caso de que los hubiere con la denominación de sus concesiones, y plano o croquis de la extensión solicitada. Las autoridades, tras comprobar que no había una petición anterior relativa a las mismas tierras, autorizaba su publicación para conocimiento público y, pasado un período sin objeciones a la misma, concedían el lote solicitado. A continuación, podía hacerse ya la mensura y alinderamiento de los terrenos, trabajo que teóricamente correspondía a un perito fiscal y otro del comprador, a no ser que este se conformara con el criterio del primero.
234 Villazón criticó los aspectos negativos de la medida y, entre otras cuestiones, no dejó de notar lo absurdo de un sistema que dejaba a la libre elección de los interesados la selección de «los terrenos de su agrado, dejando los que no son de buena calidad, abarcando las orillas de los ríos y desconociendo todo sistema de orden», en Eliodoro Villazón. Mensaje del Presidente Constitucional al Congreso Ordinario de 1912. S. p. i. p. 52. Ver también del mismo, el Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1913. S. p. i. pp. 77-78. Útiles reflexiones sobre los tópicos proyectos colonizadores son los realizados desde las instancias gubernativas por los ministros encargados del ramo. En lo referente a la década de 1910 son ilustrativos Julio La Faye. Memoria que presenta al Honorable Congreso Nacional de 1912 el Ministro de Guerra y Colonización Coronel —. La Paz, Intendencia de Guerra, 1912, pp. 51-58, Juan Ma Zalles. Memoria de Guerra y Colonización. 1913. La Paz, S. i. 1913, pp. 85-101 y Néstor Gutiérrez. Memoria de Guerra y Colonización. 1915. La Paz, Intendencia de Guerra, 1915, pp. 1-16.
235 H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 167-168.
236 Fermín Prudencio. Memoria de Guerra y Colonización. 1917. La Paz, Intendencia de Guerra, 1917, p. 84.
237 Según señaló el ministro, era necesaria «la creación de estas comisiones [catastradoras] para el reconocimiento de los terrenos baldíos sobrantes, la mensura de las pertenencias a título de consolidación, y la remensura de las adjudicaciones efectuadas por el estado hasta el presente», en F. Prudencio. Memoria de Guerra y Colonización, 1918. La Paz, s. i. 1918, p. 78.
238 José Gutiérrez Guerra. Mensaje del Señor Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1919. S. p. i. p. 46.
239 Muy interesantes son los dos memorandos sobre colonización del 23.03.1923, en H. Delgado Llano. Legislación de Tierras Baldías... pp. 208-211.
240 Bautista Saavedra. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional de 1922. S. p. i. p. 63-64. Posición desarrollada por el ministro del ramo, Hernando Siles, en Memoria de Guerra y Colonización. 1922. La Paz, s. i. 1922, pp. 1-30.
241 Bautista Saavedra. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1923. S. p. i. p. 38. En el mismo sentido se pronunciaron en repetidas ocasiones las autoridades departamentales, como hizo el prefecto del Beni en 1926 cuando señaló que «no se puede sostener que en el Beni hubiera habido hasta la fecha labor o política de colonización, si bien es cierto que, en general, y poco más o menos, es ese el estado de toda la república, a causa de su situación mediterránea y la falta de una red vial que facilite el ingreso de inmigrantes y los radique en zonas productoras» en Gregorio Vincenti. Informe que eleva a la consideración del Supremo Gobierno el Prefecto Accidental del Departamento del Beni —. Trinidad, Tip. de «La Democracia», 1925-26, p. 40.
242 Murray propuso, inicialmente (fines de 1922), adquirir más de 200 000 ha. para el desarrollo de cultivos de café y algodón, aunque la disolución del Congreso antes de ser examinada la solicitud hizo que tomara en arrendamiento 18 000 ha. de tierras existentes en las otrora misiones de Aguairenda e Itaú. Ver la distribución de los lotes en Juan Manuel Sainz. Memoria de Guerra y Colonización. 1923. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1923, pp. 11-13. Sobre la evolución de la concesión hasta la renuncia de Murray en 1929, ver Gregorio Vincenti. Memoria de Guerra y Colonización. 1929. La Paz, s. i. 1929, pp. 114-116.
243 H. Delgado Llano. Legislación Integral... recoge las disposiciones gubernamentales relativas a la mayoría de estas concesiones. Algunas reflexiones sobre los proyectos de Murray y de la Bolivian Oil -de cuyo directorio formó parte Martin Conway- en J. V. Fifer. Bolivia... pp. 314-324.
244 Censo, que había sido precedido por algunas disposiciones anteriores como la ley de 8.11.1917 –reglamentada por decreto de 31.01.1919– creando una Comisión Catastradora primero para el Noroeste, después para los departamentos del Beni y Santa Cruz, y el decreto de 6.03.1918 ordenando la formación de un cuadro general de todas las concesiones otorgadas por los gobiernos bolivianos. Posteriormente, en la década de 1920, se dieron entre otras disposiciones relativas al censo, la resolución de 19.03.1920, ordenando la remensura, alinderamiento y planificación de todas las concesiones agrarias de extensión desconocida; la circular de 14.04.1920 dando las instrucciones correspondientes; el decreto de 3.02.1923 ordenando la remensura de concesiones en el Oriente que hubiesen superado los límites establecidos en los respectivos títulos de adjudicación; el decreto de 5.02.1923 relativo a la remensura de tierras sobrantes en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz para su reversión al Estado; la ley de 18.12.1923 concediendo prórroga para la consolidación e inscripción de tierras que no dispusieran del título legal, y circulares de 20.12.1923 y 24.01.1924 sobre el mismo tema, en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 230-241, 262-264, 267-271.
245 Hernando Siles. Discurso Programa del Dr. —, Presidente de la República. S. p. i. p. 10.
246 José L. Lanza. Memoria de Guerra y Colonización. 1930-31. La Paz, s. i. 1931, p. 72.
247 Ibíd. p. 143, informe en el que, como la mayoría de los presentados al Congreso en los años precedentes, se detalla la distribución de tierras por departamentos y se señala la calidad y estado de las concesiones. Ver también Gustavo Adolfo Otero. Bolivia. Guía sinóptica. 1929. Barcelona, Casa Ed. Maucci, 1929, pp. 77-79.
248 Discurso bien reflejado en la obra reiteradamente citada de C. F. Pinilla, funcionario del Ministerio de Colonias, quien sostuvo que «Bolivia posee dilatadas regiones de prodigiosa feracidad y admirable riqueza, cuya explotación está destinada a producir en su virgen seno transformaciones radicales. Es por esto que los gobiernos y todos los hombres ilustrados del país, anhelan con todos sus votos, la inmigración europea; inmigración que en estos países ha sido el agente más enérgico del progreso» en Ob. cit. p. II.
249 El énfasis en el original. Oficio de Manuel V. Ballivián al ministro de Colonización (28.04.1903), en M. V. Ballivián. Memoria que presenta el Ministro de Colonias y Agricultura a la Legislatura ordinaria de 1905. La Paz, Taller Tipo-Lit. de J. M. Gamarra, 1905, pp. 9-10.
250 Ballivián, a poco de acceder al cargo, envió una circular (10.03.1905) a los cónsules bolivianos comunicándoles las intenciones gubernamentales de «constituir una institución que provea a la inmigración y colonización de las privilegiadas regiones del suelo boliviano, que requieren su poblamiento para dar óptimos frutos en beneficio mutuo del colono y del país» en C. F. Pinilla. Ob. cit. Apéndice, p. II.
251 H. Delgado Llano. Legislación Integral... p. 82.
252 M. V. Ballivián. Ministerio de Colonias y Agricultura... 1905. p. II. En el mismo mensaje había reiterado el discurso liberal en torno a la inmigración: «Conocidos los grandes beneficios que reporta la inmigración, por medio de la cual los Estados procuran su rápido poblamiento, abriéndose facilidades a la industria, al comercio, tanto interior como exterior, y acelerando por este medio el establecimiento de nuevas vías de comunicación, el Gobierno actual se preocupa seriamente de atraer corrientes de inmigración extranjera hacia su feraz y exuberante territorio, en el cual se encierran las más preciadas riquezas naturales, que ofrecen ancho campo de acción a la iniciativa industrial y agrícola del colono europeo», Ibíd, p. II. El énfasis en el original.
253 Art. 6 de la Ley de Tierras, y art. 59 y 60 del Reglamento, en H. Delgado Llano. Legislación Integral..., pp. 3 y 20.
254 H. Delgado Llano. Legislación de Tierras Baldías y Concesiones Gomeras. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1923, pp. 80-87.
255 Según el Reglamento, los inmigrantes «libres» –no introducidos en el país por empresas de inmigración o colonización– debían presentar un certificado del municipio de origen con constancia de moralidad, oficio e información general sobre el mismo. Por decreto de 27.10.1921, los inmigrantes debían presentar pasaportes visados por los cónsules bolivianos, y certificados de sanidad, profesión honesta y de no haber sufrido procesos o condenas en los últimos 5 años, en J. Lavadenz. Ob. cit. p. 32.
256 No deja de llamar la atención en un análisis de la medida hecha desde el presente lo recogido en el art. 2, en el que se garantizaba el libre tránsito, que se aclarase que «Esta franquicia se extiende a su mujer [del inmigrante] y a los hijos varones de más de 18 años», H. Delgado Llano. Legislación ele tierras... p. 81, ¿Qué pasaba con las hijas mayores de 18 años, y con los hijos/as menores de dicha edad?
257 H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 167-168. Creo que esta afirmación viene confirmada por el presidente Gutiérrez Guerra en su mensaje al Congreso de 1919, en el cual señaló que la colonización por inmigrantes no se había desarrollado en forma satisfactoria –responsabilizando de ello a la guerra de 1914-18– y propuso la colonización por población nacional, en José Gutiérrez Guerra. Mensaje del Señor Presidente Constitucional al Congreso Ordinario de 1919. S. p. i. p. 47.
258 Además de las dos modificaciones citadas, un cambio menor fue el relativo al nombre de la Oficina, antes de Trabajo, ahora de Inmigración, encargada de dar cumplimiento al conjunto de medidas previstas en la ley. Ver el texto completo en H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 322-328.
259 Julio A. Gutiérrez. La Delegación Nacional del Gran Chaco. Santa Cruz de la Sierra. Publicaciones de la Universidad Gabriel René Moreno, 1980 [ed. original 1927], p. 55.
260 Hernando Siles. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional de 1928. S. p. i. pp. 93-94.
261 Hernando Siles. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional de 1926. S. p. i. p. 67
262 Censo General... 1902. T. II, pp. 51-54.
263 Ley recogida en gran parte en Rosendo y Gregorio Viscarra Heredia. Guía General de Bolivia. La Paz, Imp. «Artística», 1918 [2aed. ], T. I, pp. 395-429.
264 J. V. Fifer. Bolivia... pp. 206-223. Bolivia contempló también la posibilidad de prolongar la vía desde Guayaramerín a Riberalta en 1903, que tampoco se realizó. Aunque la causa de ello fue la falta de voluntad política de los gobiernos bolivianos, Fifer agrega la probable resistencia a dicha vía por parte del cauchero Nicolás Suárez, pues esta habría desviado el comercio del caucho del Beni, Madre de Dios y Ortón de su centro de operaciones en Cachuela Esperanza, donde recaudaba importantes derechos, en Ibid. pp. 212-213.
265 Tras el tratado boliviano-brasileño de 25.12.1928, Brasil puso a disposición de Bolivia la suma adicional de un millón de libras esterlinas para la realización de una prolongación de la vía que, pasado el boom cauchero, nunca se construyó.
266 H. Bolland. Exploraciones practicadas en el Alto Paraguay y en la Laguna Gaiba. Buenos Aires, 1901.
267 R. y G. Viscarra Heredia. Ob. cit. T. I, pp. 429-441 y J. V. Fifer. Bolivia... pp. 102-110.
268 R. y G. Viscarra Heredia. Ob. cit. T. I, pp. 441 passim.
269 Ibíd. T. I, p. 445.
270 Ibíd. T. I, pp. 447-449.
271 Ibíd. T. I, p. 458.
272 Ilustrativo de dichas posiciones es Pedro Gutiérrez. Memoria de Guerra y Colonización. 1926. La Paz, Tall. Gráf. de la Intendencia de Guerra, 1926, pp. 1-6.
273 Ibíd. p. 4.
274 En el caso cruceño, en 1938 se empezó la construcción de la línea Santa Cruz-Corumbá, y en 1942 la via Santa Cruz-Yacuiba, aunque la conexión con Cochabamba y Sucre nunca fue construida. Una ùltima línea que salió de Santa Cruz fue la del acceso al Mamoré.
275 Correspondencia cruzada entre ambos gobiernos, además de las notas de sus respectivos representantes, en Emeterio Cano. Memoria de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia al Congreso Ordinario de 1895. Santiago de Chile, Imp. Cervantes, 1895, pp. 383-407 y Manuel Ma Gómez. Memoria de Relaciones Exteriores y Culto al Congreso Ordinario de 1897. Sucre, Imp. «Bolívar» de M. Pizarro, 1898, pp. 59-94.
276 A título de ejemplo ver José Manuel Pando. Informe de los actos de la Delegación Nacional en el Territorio de Colonias correspondiente al primer semestre de 1906. La Paz, Tall. Tipo-Lit. de J. M. Gamarra, 1906, pp. 23-27.
277 Ver apartado 3.1.1.3, especialmente notas 85 a 88. Interesantes reflexiones sobre la posición boliviana en Eliodoro Villazón. Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de 1903. La Paz, Tall. Tip-Lit. de J. M. Gamarra, 1903, pp. xlv-lxx.
278 H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 71-81.
279 El acuerdo fue firmado en Londres (11.07.1901) entre el comisionado boliviano Félix A. Aramayo y el representante de la empresa, ratificado por el Congreso boliviano el 20.12.1901 y promulgado por Pando un día más tarde. Documentos varios previos a la firma del contrato en Ministerio de Colonización. Territorio del Acre. Antecedentes del contrato para su administración fiscal. La Paz, Imp. del Estado, 1902, y texto del acuerdo en Boletín de la Oficina Nacional de inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, V. II, n° 15-16 (La Paz, marzo-abril 1902), pp. 233-242. Por entonces, el mismo gobierno de Pando concedió a Martin Conway la Concesión Caupolicán (15 000 millas cuadradas), que caducó en 1909. La decisión de Pando provocó una fuerte oposición interna, como podemos ver en Efraín Chacón. El proceso Pando ante la opinión pública por el Dr. —, ex-juez del sumario y de acusación en esta célebre causa. La Paz, Imp. Mundial, 1924. Ver también Ramón Salinas Mariaca. Vida y muerte de José Manuel Pando. La Paz, Ed. Populares Ultima Hora, 1978.
280 Eliodoro Villazón. Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de 1903. La Paz, Taller Tipo-Lit. de J. M. Gamarra, 1903, p. xvi. Un relato de los acontecimientos que se remonta a los derechos históricos de Bolivia sobre la región y las negociaciones con Brasil hasta 1903, en Ibíd. pp. vii-lxx.
281 Brasil adujo que la zona estaba en litigio, que la gestión del territorio se delegaba en una empresa privada y que el Acre y el Purús eran accesibles sólo a los buques brasileños según el acuerdo de 1867.
282 Numerosas fueron las obras publicadas en aquellos años sobre el conflicto acreano por parte de autores bolivianos, entre otras, las de José Aguirre Achá. De los Andes al Amazonas. La Paz, Artística, 1902: José Manuel Aponte. La revolución del Acre, 1902-03. La Paz, Imp. El Comercio de Bolivia, 1903; Emilio Fernández. La Campaña del Acre, 1900-01. Buenos Aires, Ed. Peuser, 1903; Florian Zambrana. El Acre, notas y correspondencia. Ginebra, Imp. С. Zoellner, 1904 у el muy conocido relato de Nicolás Suárez. Anotaciones y documentos sobre la campaña del alto Acre, 1902-03. Barcelona, Tip. La Académica, 1928. Síntesis de la posición brasileña, además de una historia de la región es Leandro Tocantins, Carlos de Meira Mattos y Atenor Reis. Formaçao historica do Acre por —. Río de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 1979, 2V. [3aed. J.
283 Ismael Montes. Memoria presentada por el Ministro de la Guerra y Colonización. La Paz, Imp. del Estado, 1902, p. 23.
284 Brasil, se comprometió a indemnizar a Bolivia con dos millones de libras esterlinas, además de construir un ferrocarril desde Puerto de San Antonio en el Madera hasta Guayaramerín en el Mamoré. El mismo gobierno brasileño había llegado a un acuerdo con The Bolivian Syndicate para la renuncia de todos sus derechos a cambio de la indemnización de 110 000 libras esterlinas. Cabe agregar, finalmente, que Bolivia recibió también un territorio de 5 200 km entre el Madeira y Abuná, lo que le proporcionó un acceso más fácil a la navegación del Madeira.
285 Eliodoro Villazón. Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de 1902. La Paz, Imp. de «La Tribuna», s. a. p. LVIII. Amplio expediente sobre el tema en AAEESS. Bolivia. Años 1902-03. Fasc. 40, ff. l-27rev. y ASV. NB. A. Bavona. Fasc. 55. Aptdo. 6, ff. 3-31.
286 Cesión que según Fifer tuvo escaso impacto en Bolivia si se compara con el provocado antes por la pérdida del Litoral boliviano y, posteriormente, por la cesión del Chaco, en Bolivia... p. 207. En mi opinion, siendo ciertas las consecuencias negativas que tuvo para la economía boliviana –y la percepción que de ello tuvieron las élites económicas y políticas centrales y regionales– la pérdida del Litoral, y en menor medida del Chaco, no creo que deban subestimarse las consecuencias de la cesión del Acre para la conformación de un nacionalismo boliviano siempre temeroso de los movimientos de sus vecinos.
287 Decreto de 27.11.1905 dado por José Manuel Pando, ahora delegado gubernamental en el Territorio de Colonias, en «Legislación político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos 86 (La Paz, 1913), pp. 173-174.
288 Oposición de los grupos dirigentes benianos e incluso cruceños al proyecto de la administración Pando que puede seguirse en la prensa regional del Beni y Santa Cruz y en varios folletos. Valga como ejemplo, Angel Vásquez. La Colonización del Departamento del Beni y el Mensaje Presidencial. Santa Cruz, Tip. Comercial, 1904. Ver también F. Vaca Chávez. Ob. cit. pp. 9-11 y Oswaldo Vaca Díez. Creación de Nuevo Departamento. Riberalta, 1938. Útiles resultan también las memorias de Guerra y Colonización de la década de 1910.
289 Ley que fue prorrogada por otra igual de 29.11.1913. Texto de ambas leyes en Humberto Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 90-91 y 158. Como señaló el art. 2, la nueva delegación no comprometía los derechos territoriales de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
290 Ley que sería prorrogada por otra de 29.11.1913. Ambos textos recogidos en Ibid. pp. 120-121 y 159. La Delegación no comprometía, tampoco en este caso, los derechos territoriales de Santa Cruz. La transformación de la Delegación del Oriente en departamento de Chiquitos, planteada como consecuencia del gran incremento de la actividad comercial de empresas alemanas en la región en la segunda década del siglo xx uniendo el Chaco al Beni, fue frustrada por la decadencia, a partir de inicios de los '20, de Puerto Suárez.
291 Decreto de 7.02.1928, aprobado por ley del Congreso de 4.04.1928 que fue reglamentada por decreto de 30.04.1928, en H. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 367-369, 372-376. Ver también G. Vincenti. Ob. cit. pp. 124-129.
292 J. A. Gutiérrez. Ob. cit. pp. 34-35.
293 E. Villazón. Memoria... 1900. pp. lix-lx.
294 J. Valerie Fifer. Bolivia... pp. 306 passim.
295 José Carrasco. Memoria que presenta el Ministro de la Guerra y Colonización Dr. — al Congreso Ordinario de 1901. La Paz, Imp. de «El Comercio», 1901, pp. 106-107.
296 J. La Faye. Memoria... 1911. pp. 22-23.
297 Anuario. —Geográfico y Estadístico de la República de Bolivia. La Paz, Dirección Nacional de Estadística y Estudios Geográficos, 1919, pp. 111-112 y las memorias de Guerra y Colonización a lo largo de esos años. Los gobiernos paraguayos habían desarrollado una activa política colonizadora en la región a través de la concesión de grandes extensiones de tierras, particularmente a los grupos mennonitas que llegaron a la región a partir de 1926.
298 Decreto de 14.05.1923 y ley 22.11.1924 en H. Delgado Llano. Legislación integral... pp. 244-245 y 277-278.
299 Juan Manuel Sainz. Memoria de Guerra y Colonización. 1923. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1923, pp. 66-68 y H. Delgado Llano. Legislación de Tierras Baldías... pp. 225-226.
300 H. Delgado Llano. Legislación de Tierras Baldías y Concesiones Gomeras. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1923, pp. 92-93 y 206-207.
301 Orden que se vio complementada por otras disposiciones en 19.11.1912, 12.05.1913, en H. Delgado Llano. Legislación de tierras Baldías... pp. 121-123, 133-134, 137-138.
302 Decreto de 2.10.1920 y medidas complementarias en esa década. Razón fundamental fue contribuir a la construcción del camino desde el puerto de Todos Santos a Cochabamba con la fundación de una población destinada a ser el centro de la región yuracaré, y vía de comunicación de la región cochabambina con el Beni y el Territorio de Colonias, en h. Delgado Llano. Legislación Integral... pp. 195-197, 342-343, 347-348, 371-372. De gran importancia fue la actuación de Román, más tarde delegado nacional en el Noroeste, defensor de la vinculación de Cochabamba con el Beni, que en 1921 abrió una ruta entre San Antonio (actual Villa Tunari) y San Lorenzo de Moxos.
303 Ibíd. pp. 215-217, 258 y 273-274.
304 J. L. Lanza. Ob. cit. p. 71.
305 Ismael Montes. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1906. S. p. i. 1906, p. 2.
306 Como consecuencia de la reorganización ministerial José Lavadenz asumió la jefatura de la Sección de Colonización, y Casto F. Pinilla fue nombrado secretario del Ministerio y jefe de la Sección de Inmigración. Esta adscripción ministerial se mantuvo hasta 1910, cuando Colonización pasó a formar parte del Ministerio de Guerra, y Agricultura del de Instrucción Pública. Un perfil apologético de la figura de Ballivián en Juan Siles Guevara. Perfil de la vida y obra de Manuel Vicente Ballivián, un científico boliviano. La Paz, Tall. Escuela de Artes Gráficas «Don Bosco», 1979.
307 J. A. Gutiérrez. Ob. cit. pp. 70-71.
308 En 1907, los representantes boliviano y paraguayo habían firmado un protocolo –que nunca fue ratificado– en Buenos Aires, por el que se había acordado someter el diferendo fronterizo en el Chaco boreal al arbitraje argentino, observando un statu quo por el que se detenía toda penetración en la región. En realidad esta no se produjo y en los años siguientes, en los que se desarrollaron varias tratativas diplomáticas, la fortificación boliviana avanzó a lo largo del Pilcomayo, al mismo tiempo que Bolivia intentó, sin éxito, obtener la devolución del perdido Puerto Pacheco. Los incidentes fronterizos en 1927-28 motivaron la tercera edición (1929) del texto de M. Bach sobre la concesión Oliden, como prueba de los «derechos bolivianos» sobre la margen occidental del río Paraguay, además de numerosas obras sobre el tema como Miguel Alaiza. Los Derechos de Bolivia sobre el Oriente y el Chaco Boreal. La Paz, Lit. e Imp. Unidas, 1928.
309 Creencia extendida en las representaciones extranjeras en Bolivia a fines de los ʼ20 era que el diferendo fronterizo ventilaba, en realidad, la posesión de los derechos petroleros (Paraguay era «títere» de la Standard Oil, mientras que Bolivia lo era de la Royal Dutch-Shell) y no el acceso al río Paraguay.
310 Es sabido el creciente secesionismo que se produjo en la zona, que incluso provocó la toma por los insurgentes de la aduana de Yacuiba y posteriormente de algunos edificos públicos en Santa Cruz (1923-24), y cuyos integrantes expresaron su deseo de incorporarse a Brasil o Argentina, movimiento reprimido por las fuerzas enviadas desde Cochabamba. Este es, sin embargo, un tema insuficientemente trabajado y, por lo que conozco hasta el momento, no creo que tenga nada que ver con la fortificación del Pilcomayo.
311 J. A. Gutiérrez. Ob. cit. p. 46.
312 Ibíd. p. 69.
313 Medidas aprobadas por la Convención y sancionadas por Pando el 23.01.1900, en Anuario. — de Leyes, decretos y resoluciones supremas de 1900. La Paz, Imp. de los Debates, 1901, pp. 74 y 77-78, y C. F. Pinilla. Ob. cit. pp. 235-237.
314 Carta del ministro Villazón al arzobispo de La Plata (La Paz, 5.05.1900) para ser transmitida a los prefectos misioneros, en Eliodoro Villazón. Anexos a la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de 1900. La Paz, Imp. del Estado, 1901, p. 318. Según el art. 31 del Reglamento de Misiones de 1871, los prefectos misioneros debían enviar bianualmente un informe reflejando el movimiento demográfico, el estado «moral e industrial» de los indígenas reducidos y las mejoras materiales que se habían producido, en A. Ercole. Ob. cit. pp. 23-24.
315 Eliodoro Villazón. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso ordinario de 1900. La Paz, Taller Tipo-Litográfico, s. a. pp. lix-lx.
316 Se incluye población indígena, mestiza y blanca.
317 Aparecen en las fuentes con la categoría de misión y también de cantón.
318 Decreto Supremo recogido en Anuario. — de Leyes. Decretos y Resoluciones Supremas. Año de 1901. La Paz, Imp. y Lit. Paceña, 1902, pp. 223-229. Un estudio de los cambios introducidos en el reglamento de 1901 con respecto al de 1871 en mi artículo «Estado boliviano, misiones católicas e indígenas amazónicos...» en J. R. Fisher (ed. ). Actas del XI Congreso Internacional de AHILA. Liverpool, AHILA/Instituto Estudios Latinoamericanos. Universidad Liverpool, 1998, V. I, pp. 254-256.
319 Sinopsis Estadística y Geográfica de la República de Bolivia. La Paz, Tall. Tip. Lit. de J. M. Gamarra, 1903, T. I. p. 267.
320 Intervención del diputado Leigue (19.08.1904) en Redactor. — de la Honorable Cámara de Diputados. La Paz, Imp. y Lit. Boliviana, 1905, T. I, pp. 71-72. La minuta de comunicación solicitando a la Cámara la aprobación de la recomendación al Ejecutivo para exigir el cumplimiento del reglamento misionero fue firmada también por los diputados Vergara y Justiniano.
321 Afirmación de Leigue en la 9a sesión ordinaria (19.08.1904), en Redactor. — de la Honorable.... 1905, T. I, p. 72.
322 Ambos decretos recogidos en Nuevo. — decreto reglamentario de 23 de Diciembre de 1905 referente al servicio de las Misiones de infieles en Bolivia con un Apéndice histó-rico-geográfico sobre las existentes en la República. La Paz, Tall. Tip. Lit. de J. M. Gamarra, 1906. Probablemente por error de imprenta el decreto del 17 de octubre aparece en dicha obra datado en 1904, y no en su datación correcta que es 1905. El decreto fue recogido inicialmente en Anuario. — de Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenes Supremas. Año de 1905. La Paz, Tip. Artística de Castillo y Cía, 1906, pp. 598-603.
323 Ambos considerandos fueron recogidos por el presidente Montes en su mensaje al Congreso de 1906 al señalar que el «principal objeto de esas colectividades [misiones] es el de preparar para la vida civilizada los elementos nómades del país, así como la colonización del territorio», en I. Montes. Mensaje del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1906. S. p. i. 1906, p. 28.
324 Como señaló el ministro Ballivián al Congreso de 1906, el interés gubernamental por implementar el proyecto colonizador exigía la reforma del reglamento por el cual «La administración y el régimen político, civil y judicial, debía encargarse a las autoridades administrativas, dejando a los P. P. Conversores sólo la acción catequizante», en Manuel V. Ballivián. Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura al Congreso ordinario de 1906. La Paz, Imp. de «El Comercio de Bolivia», 1906, р. 3.
325 Una reflexión más amplia sobre los contenidos del Reglamento de 1905 en mi trabajo «Estado boliviano, misiones católicas e indígenas amazónicos...» pp. 256-258.
326 Esta nueva fórmula genérica comportó la desaparición en el nuevo reglamento de dos artículos que sí figuraban en los textos de 1871 y 1901, sobre la necesidad de que los neófitos asimilaran las costumbres del resto de «cristianos», de «ciudadanos» de Bolivia, y el aprendizaje por los indígenas de la lectura y escritura en castellano. Cabe suponer que los legisladores consideraron que la «preparación para la vida civilizada» suponía la aculturación de la población indígena, pero no deja de ser sorprendente que una mentalidad tan «ordenancista» como la que tenían aquéllos no precisara el concepto. ¿Es una ingenuidad preguntarse si, en realidad, no estaban más interesados en lograr la reducción y control de los indígenas que en promover su ciudadanía? Sobre el acceso a la ciudadanía de las poblaciones quechuas y aymaras, tradicional mano de obra de la economía boliviana, ver Marta Irurozqui. «Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia, 1825-1900», Revista de Indias, LIX, n° 217 (Madrid, 1999), pp. 705-740 y «A bala, piedra y palo»... pp. 56-80.
327 El artículo precisaba que esta imposibilidad de oponerse a la contratación de peones regiría siempre y cuando el contrato no durara más de seis meses, y se garantizara el regreso de los neófitos a la misión.
328 Nuevo. — decreto reglamentario... p. 7.
329 M. V. Ballivián. Memoria.... 1906. pp. 3-4.
330 El decreto de 27.12.1905, consideraba que para «el fomento y seguridad de la colonización en la Provincia del Gran Chaco y el desarrollo de las exploraciones del Pilcomayo, es indispensable establecer un centro civil y administrativo donde residan las autoridades políticas y judiciales y de donde se atienda al poblamiento de esas regiones y a la radicación de los colonos e inmigrantes», en Nuevo. — decreto reglamentario.... pp. 15-16.
331 Las posiciones de los franciscanos no fueron uniformes. Los por entonces prefectos misioneros discreparon del reglamento aunque con posiciones diversas. Si bien el P. Bernardino de Nino amenazó con abandonar las misiones si los art. 2 y 3 –sujeción de los religiosos a las autoridades civiles– no eran reformados, Francisco Pierini creía que era inútil oponerse. Tenaz fue también la oposición al art. 10 por el cual los misioneros no podrían oponerse a la contratación de los indígenas. Por otro lado, los otrora prefectos S. Pifferi y N. Armentia –cuya opinión fue solicitada por el representante pontificio– no le dieron demasiada importancia y señalaron que el texto pretendía «ordenar la administración temporal de las misiones», y sólo objetaron el art. 6 por cuanto el gobierno asumía la facultad de convertir una misión en parroquia –como siempre había sucedido–, aunque clarificaron que no había inconveniente en aceptarlo por cuanto el poder civil sólo actuaría de acuerdo con la autoridad eclesiástica. La afirmación no sólo es cuestionable -de hecho hay muchos ejemplos de que el gobierno decidió por su cuenta- sino que evidencia, en mi opinión, la posición privilegiada que estos religiosos habían alcanzado, particularmente Armentia, por entonces obispo de La Paz. Ver el informe del delegado apostólico a la Santa Sede junto con otros escritos en ASV. NB. A. Bavona. Fasc. 58. Aptdo. 10. ff. 112-115.
332 Resolución de 31.01.1907 en Anuario. — de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas de 1907 compilada por José Aguirre Achá. La Paz, Tall. Tip. Lit. de J. Miguel Gamarra, 1908, pp. 65-67, recogida también en Manuel V. Ballivián. Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura Sr. — al Congreso Ordinario de 1907. La Paz, Imp. de «El Comercio de Bolivia», 1907, Apéndice, pp. xlix-l. Aclaremos que la medida matizaba que, en el caso que fuese la «autoridad política la que pidiere neófitos para trabajos de utilidad pública», bastaría el levantamiento de un acta en la que constara la su entrega y el compromiso de la autoridad de su devolución.
333 Isaac Aranibar. Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1909 el Ministro de Colonización y Agricultura Dr. —. La Paz, Tall. Tip. Lit. de José M. Gamarra, 1909, p. xl.
334 Según el ministro: «La acción del Gobierno, que no puede hacerse sentir por la distancia y falta de comunicación ni sobre sus propias autoridades, mayormente no puede ejercer su poder sobre esos propietarios que consideran sus barracas como reinos soberanos y absolutos», en I. Aranibar. Memoria.. 1909. p. xli.
335 Julio La Faye. Memoria que presenta al Honorable Congreso Nacional de 1912 el Ministro de Guerra y Colonización, Coronel —. La Paz, Intendencia de Guerra, 1912, p. 117. En función de dicho proyecto se enviaron instructores militares a las misiones para el adiestramiento de los neófitos en el manejo de las armas.
336 «División político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos», 86 (La Paz, 1913), pp. 115-151, e informes misioneros.
337 Juan Ma Zalles. Memoria de Guerra y Colonización. 1913. La Paz, s. i. 1913, p. 152. Poco antes, el prefecto de Santa Cruz, en su informe al Ejecutivo (1911) había señalado que «Las innumerables tribus salvajes que vagan por nuestros fértiles bosques y que constituyen un peligro para los agricultores, ganaderos y viajeros, merecen que el Estado se preocupe de someterlos por los medios naturales del cariño y de la conveniencia, únicos medios capaces de dominar razas tan robustas, activas y temerarias... En este orden, lo único que es posible... es domarlos por los medios invencibles de que disponen los misioneros católicos: caridad, paciencia y perseverancia» en José Rafael Canedo. Informe anual del Prefecto y Comandante General del departamento Dr. —. Santa Cruz, Tip. Comercial, 1911, p. 23.
338 Néstor Gutiérrez. Memoria de Guerra y Colonización. I9I5. La Paz, Intendencia de Guerra, 1915, p. 18.
339 Néstor Gutiérrez. Memoria de Guerra y Colonización. ¡914. La Paz, S.e. 1914, p. 132.
340 Ibid. pp. 133-134.
341 N. Gutiérrez. Memoria de Guerra.. 1915. p. 19.
342 Ibid. p. 20.
343 Ibíd. pp. 23-24. Un resumen de los informes proporcionados por las autoridades departamentales en pp. 21-34, y de las protestas misioneras ante la secularización en Bernardino de Nino. Las tres Misiones secularizadas de la provincia de Cordillera. Cochabamba, Tip. San José, 1916; Sobre las misiones. Dos escritos del R. P. —. Tarata, Tip. San José, 1916.
344 Fermín Prudencio. Memoria de Guerra y Colonización. 1917. La Paz, Intendencia de Guerra, 1917, p. 129.
345 Hasta entonces la representación de la Santa Sede en Bolivia, en Ecuador y en el Perú tenía su sede en Lima.
346 Instrucciones y visita pastoral en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 106. Aptdo. 5, ff. 66-68 rev; Fase. 117. Aptdo. 23, todo el legajo; Fase. 160. Aptdo. 75a, todo el legajo. Ecos de la visita pastoral en la prensa local en ASN. NB. R. Caroli. Fase. 159. Aptdo. 75, ff. 51 y ss.
347 Informe de Caroli a la Secretaría de Estado (La Paz, 27.09.1918) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 13-20rev.
348 Informe de Caroli (La Paz, 2.10.1918), en ASV. NB. R. Caroli. Fase. 158. Aptdo. 74, ff. 4-11 rev. El informe se encuentra impreso en ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 219, ff. 335-338.
349 Según Caroli, la condición de las misiones chaqueñas era muy precaria y «No pasará mucho tiempo y las misiones serán secularizadas porque los blancos de los alrededores, deseando tener a los neófitos como trabajadores en sus propiedades y no pudiendo tenerlos mientras existan las Misiones, se comportan como enemigos de los misioneros, mirando no el bien religioso y civil de tantos indígenas, sino sólo el propio lucro e influyen en el ánimo de los gobernantes», en ASV, NB. R. Caroli. Fase. 158. Aptdo. 74, ff. 8rev-9.
350 Ibíd. f. 11 rev.
351 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 20 y rev.
352 Escrito de Villazón al delegado P. Gasparri (La Paz, 15.05.1900) en ASV. NB. P. Gasparri. Fasc. 45. Aptdo. 6, ff. 13-14.
353 E. Villazón. Memoria... 1900. pp. lix-lx. Ver también la correspondencia cruzada entre Gasparri, el Ejecutivo boliviano, la SCPF, la Secretaría de Estado e incluso el nuncio en París, mostrando el interés del gobierno boliviano por la erección del vicariato, en AAEESS. Bolivia. Años 1900-01. Fasc. 38, ff. 1-40.
354 Problemas que se desprenden, entre numerosa documentación, de la correspondencia cruzada entre el delegado Alessandro Bavona, el Ejecutivo Montes y la Secretaría de Estado (agosto 1904-junio 1905), en ASV. NB. A. Bavona. Fasc. 63. Aptdo. 27, ff. 41-70.
355 Redactor. — de la Honorable Cámara de Diputados. La Paz, Imp. y Lit. Artística, 1905, T. II, pp. 166-167, ideas ratificadas en una posterior intervención del mismo diputado en pp. 170-171. La partida presupuestaria fue rechazada por una mayoría de 24 contra 18 votos. El debate se desarrolló en las sesiones extraordinarias de 27 y 28.12.1905 en Ibíd. T. II, pp. 165-174.
356 El proyecto encontró la resistencia de la orden de Frailes Menores, como vemos en cartas del ministro general franciscano, Giuseppe Kaufmann, al delegado Bavona (Roma, San Antonio, 6.06.1904) en las que, en tono imperativo, le exigió trabajar para que sus misiones no pasaran a «extraños», en ASV. NB. A. Bavona. Fasc. 63. Aptdo. 27, f. 49, y en el escrito del mismo Kaufmann al prefecto de la SCPF, cardenal Girolamo Ma Golli, (Roma, 15.06.1904) en ASCPF. Rubrica N. S. Vol. 294. Prot. 61381, ff. 487-488. Conviene señalar la buena disposición del delegado Bavona al cambio -ver notas de este (Lima, 2.06.1904) en Ibíd. ff. 53-54 rev. y, al cardenal Merry del Val, secretario de Estado (Lima, 22 y 27.08.1904 y 4.09.1904), en AAEESS. Bolivia. Años 1903-05. Fasc. 41, ff. 47-48 y 72-74rev. Años después, ante la insistencia boliviana, el nuevo delegado Angelo Dolci reiteró al presidente Montes la disponibilidad al establecimiento de los salesianos (Lima, 26.01.1909), en ASV. NB. A. Dolci. Fasc. 76. Aptdo. 16, ff. 47 y rev. lo mismo que hizo el delegado Angelo Scapardini ante la administración Villazón, en 1911-12, ASV. NB. A. Scapardini. Fasc. 93. Aptdo. 26, ff. 22-33.
357 M. V. Ballivián. Memoria... 1905. Apéndice, pp. 85-86.
358 Últimas fases de la negociación en varios informes de Caroli al secretario de Estado de la Santa Sede en el último trimestre de 1917, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 22-30 y AAEESS. Bolivia. Años 1917-18. Fasc. 57, ff. 1-36. Breve papal en ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 290, Sumario n° 1. Por lo que respecta al nombramiento del vicario, varios fueron los candidatos (B. Pesciotti, C. Agrasar, W. Priewaser, J. Ma Elejalde), aunque al final se impuso el nombre de Calvo. La SCPF decidió (19.07.1919) el nombramiento de Calvo y la incorporación de los colegios de La Paz y Sucre a la Bética, al mismo tiempo que la derogación del breve Apostolica Sedes, vigente desde 1877, y el sometimiento de los colegios a la constitución general de la orden. Ver ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 290, ff. 286-321. Ver también AAEESS. Bolivia. Año 1919. Fasc. 62, ff. 20-67 y ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 109-171rev.
359 En 1906, el visitador franciscano en Bolivia, Amando Bahlman, planteó por primera vez la posibilidad de establecer un vicariato en el Chaco, aunque la gran tensión existente entonces entre el gobierno de Montes y la Iglesia impidió siquiera su propuesta a las autoridades políticas, en «Proyecto del Vicariato Apostólico del Gran Chaco» adjunto a la carta del guardián del colegio de Tarija, Gabriel Tommasini a Caroli (Tarija, 14.09.1918) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 155. Aptdo. 71, f. 39.
360 Escrito de Salvador Sargenti (comisario general delegado), Bernardino de Nino (prefecto misionero del Colegio de Potosí) y Pedro Corvero (en representación del colegio de Tarija) al ministro de Colonización (La Paz, 11.12.1917), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 155. Aptdo. 71, f. 11, todo el escrito en ff. 11-16. En este legajo, de más de 200 ff. están recogidos los más significativos informes, cartas y escritos cruzados entre los franciscanos, la internunciatura, los diversos dicasteros romanos y la Secretaría de Estado.
361 Como señaló el comisario general franciscano en Bolivia, Salvador Sargenti, en su propuesta de 10.01.1918, «El medio obvio i eficaz para conjurar tal peligro [derivado de la secularización de las misiones] nos parece que sería la fundación de un Vicariato Apostólico» con el que «se implantaría un nuevo y más eficaz gobierno misional y se atendería con mayor celo y amplitud a las poblaciones civiles de aquellas regiones, desapareciendo la dualidad de jurisdicción» además que «es evidente que ese particular favor de la Santa Sede conciliaria la benevolencia del Supremo Gobierno de la República y le induciría a ventajosas concesiones a favor de la Iglesia en esos territorios. Desde luego puede afirmarse que se asegurarían los bienes de la Iglesia en las misiones existentes, y que no sería muy difícil obtener su devolución, a lo menos en las secularizadas en los últimos doce años», en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 155. Aptdo. 71, f. 22-23, todo el escrito en ff. 18-25. En los mismos términos se expresó Gabriel Tommasini en su «Proyecto del Vicariato...» citado (Tarija, 14.09.1918), en Ibíd. ff. 37-41.
362 Informe de R. Caroli al secretano de Estado vaticano (La Paz, 22.03.1918) en ASV. NB. R. Caroli. Fase. 155. Aptdo. 71, ff. 26-31rev.
363 ASV. NB. R. Caroli. Fase. 155. Aptdo. 71, f. 51. Caroli anotó en su informe al secretano de Estado vaticano (La Paz, 18.10.1918) que «gané para la causa al más influyente de los Diputados liberales de aquella región» junto al cual, con la ayuda de B. de Nino perfilaron los límites del vicariato e hicieron pequeños ajustes en el proyecto, y obtuvieron la «adhesión y la firma de otros Diputados [liberales] del Gran Chaco», en Ibíd. ff. 54rev-55rev.
364 Oposición de los representantes orientales que puede rastrearse en diversos escritos, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 155. Aptdo. 71, ff. 56-59, 70, 76, e informe de Caroli al secretario de Estado (La Paz, 14.01.1919), ff. 86-90.
365 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 105; AAEESS. Bolivia. Años 1917-1919. Fasc. 60, ff. 59-79; ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 290, f. 331rev.
366 La decisión de la SCPF fue ratificada el mismo día por Benedicto XV en ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 290, f. 334, ver también ff. 331-340rev. Varios fueron los nombres barajados aunque finalmente los dos propuestos a la SCPF fueron Bernardino de Nino, del colegio de Potosí –preferido por Caroli, dado su conocimiento de la región– e Ippolito Ulivelli, del colegio de Tarija. Obstáculo al nombramiento de B. de Nino fue, probablemente, el conocimiento –que no era de dominio público– de que el religioso, siendo prefecto misionero en el Chaco, había vendido cabezas de ganado pertenecientes a las misiones por un valor de 80 000 bolivianos con el objeto de pagar deudas contraídas por estas, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 171 y rev. Ver diferentes escritos sobre el tema en Ibíd. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 109-171rev. e Ibíd. Fasc. 155. Aptdo. 71, ff. 92, 95-97rev. 99-103rev. y 123 passim y AAEESS. Bolivia. Año 1919. Fase. 62, ff. 20-67.
367 Decisiones de la SCPF, en agosto de 1919, en ASV. NB. R. Caroli. Fase. 163, Aptdo. 78, ff. 25-26rev. Las reformas fueron solicitadas por la Curia general franciscana, el visitador de la orden en Bolivia, Juan José Uriarte, y el mismo internuncio Caroli. La polémica interna franciscana -férreo opositor a los cambios introducidos fue el comisario franciscano en Bolivia W. Priwaser, con fuerte predicamento sobre el comisario general, el cual dio algunas medidas transitorias impidiendo, de hecho, el control por parte de los superiores franciscanos de la Bética y la Toscana- puede seguirse en amplia correspondencia entre las diversas congregaciones romanas, la Secretaría de Estado, la internunciatura, la Comisaría de los franciscanos en Bolivia con la Curia general de los frailes menores y los colegios misioneros, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 153. Aptdo. 70, ff. 210-211rev. y Fasc. 163. Aptdo. 78, todo el expediente.
368 Carta de Calvo al encargado de negocios de la internunciatura Felice Camponuovo (Trinidad, 25.01.1922) en que señala que en caso de no llegar el personal solicitado pediría «o que se me admita la renuncia o que se dé el Vicariato a otra Provincia religiosa», en ASV. NB. T. Tracchi. Fasc. 213. Aptdo. 51, ff. 5-6. La escasez de personal se mantuvo en los años siguientes y provocó roces constantes con los superiores de la Bética, como podemos comprobar en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 296. Aptdo. 95, ff. 127 passim y Archivo Provincial de la Bética (APBF). «Pro-Memoria sulla Missione del Vicariato Apostolico di El Beni» (Vaticano, 14.08.1927). Misioneros del Beni, 1927-1930.
369 Informe de T. Tracchi al prefecto de la SCPF, G. Van Rossum (La Paz, 3.04.1924) en ASV. NB. T. Tracchi. Fasc. 215. Aptdo. 53, ff. 13.
370 ASV. NB. T. Tracchi. Fasc. 215. Aptdo. 53, ff. 34-43, 124-125.
371 Texto del proyecto en ASV. NB. T. Tracchi. Fase. 215. Aptdo. 53, ff. 95-96.
372 ASV. NB. T. Tracchi. Fasc. 215. Aptdo. 53, ff. 97 passim. Pocos meses antes, el ministro de Guerra y Colonización había solicitado del pro-vicario del Chaco, B. de Nino, (La Paz, 16.08.1923) el establecimiento de un centro misional bien en Ballivián, bien en Esteros, para frenar «los trabajos de colonización que se propone efectuar el Paraguay en nuestro Chaco, mediante el concurso de misioneros evangelistas», en Ibíd. f. 74. La carta fue enviada por el religioso al internuncio Trocchi quien, en respuesta al ministro (8.11.1923) le «recordó» la existencia del proyecto de la nueva prefectura, en Ibíd. f. 76. El presidente Saavedra firmó el decreto de creación de la Prefectura del Pilcomayo (16.07.1924) que, para no incrementar la tensión existente en esos momentos entre Bolivia y Paraguay por unos incidentes fronterizos, se publicó semanas después, ver ASV. NB. E Cortesi. Fase. 238. Aptdo. 9, f. 47. Interesante informe sobre las negociaciones es el enviado por Cortesi al secretario de Estado vaticano (La Paz, 20.06.1924) en Ibíd. ff. 25-33.
373 Cuestión de la que los misioneros fueron conscientes pues, como señaló el procurador general de los Oblados de Ma Inmaculada (3.12.1930), la nueva prefectura «ha sido erigida a instancias de Bolivia, la cual con la fundación de la Misión perseguía miras políticas, es decir, afirmar sus derechos sobre el territorio en litigio», en ASV. NB. C. Chiarie Fase. 380. Aptdo. 112, f. 105. Todo el escrito en ff. 105-110.
374 Decreto gubernativo en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 299. Aptdo. 98, ff. 85-86. En el legajo hay amplia correspondencia entre el nuncio Cicognani y los diversos dicasteros romanos entre 1926-28.
375 Desarrollo de las negociaciones entre las diversas instancias civiles y eclesiásticas entre 1926 y 1930, en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 299. Aptdo. 98, ff. 44 passim; ASB. NB. C. Chiarlo. Fase. 379. Aptdo. 102, ff. 284-290 y Fasc. 367. Aptdo. 52, ff. 50 passim.
376 Problemas citados todos ellos en las Instrucciones dadas por la Secretaría de Estado al nuevo internuncio T. Trocchi (julio 1921), instándole a la solución de los mismos, en ASV. NB. T. Trocchi. Fase. 178. Aptdo. 2, ff. 23-70, particularmente ff. 62-65.
377 Como señaló el ministro Baldivieso al Congreso del 21, «regiones antes florecientes y de crecida población, bajo la administración misional, se han convertido, después de producida su secularización prematura, en tristes villorrios y desiertas comarcas», Pastor Baldivieso. Memoria de Guerra y Colonización. 1921. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1921, p. 149.
378 Pedro Gutiérrez. Memoria de Guerra y Colonización. 1926. La Paz, Tall. Gráf. de la Intendencia de Guerra, 1926, p. 78.
379 Juan Manuel Sainz. Memoria de Guerra y Colonización. 1923. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1923, pp. 84-85.
380 Anuario Administrativo de 1928. La Paz, Imp. Unidas, 1929, pp. 721-722.
381 Sólo dos años antes, J. F. Prudencio. El fracaso de la obra colonizadora en Bolivia. La cuestión del Chaco. Sucre, Imp. Bolívar, 1927, señaló la incapacidad del Estado boliviano en favorecer la colonización, tarea que, en su opinión, debía ser confiada a los militares, principales agentes colonizadores.
382 Anuario Administrativo de 1929. La Paz, Lit. Imp. Unidas, 1929, pp. 55-56. Un titular de prensa, informando de la medida, señaló que «Los informes de los delegados confirman que las tierras agrícolas aprovechables se encuentran en poder de los misioneros y no rinden utilidad alguna al Estado», El Diario (La Paz, 5.02.1929) en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 297. Aptdo. 96, f. 95. La secularización fue provocada por la presión de un colono que había arrendado algunos terrenos misionales en Macharetí (1919) y veía peligrar la renovación del arrendamiento, y la concesión gubernamental de 10 000 ha. de terrenos baldíos en la zona que, efectuada la mensura, afectó a las tierras de la misma misión de Macharetí. No fueron ajenos a la medida los informes de los delegados en el Gran Chaco, Julio Gutiérrez y Plácido Sánchez.
383 Gregorio Vincenti. Memoria de Guerra y Colonización. 1929. La Paz, s. i. 1929, pp. 75, 85, 113.
384 Argumento utilizado por los misioneros fue que las tierras «que se dicen del misionero, no son suyas sino de los indígenas» y que «no son inútiles al Estado porque mediante ellas, el Misionero va labrando poquito a poco ciudadanos útiles para el País», en Memorándum enviado por el Encargado de Negocios vaticano a senadores y al ministro de Guerra y Colonización, en ASV. NB. C. Cicognani. Fasc. 297. Aptdo. 96, ff. 119-120.
385 Anuario Administrativo de 1930. La Paz, Lit. Imp. Unidas, 1932, T. I, pp. 783-786.
386 Desarrollo de las negociaciones en ASV. NB. С. Chiarlo. Fase. 366. Aptdo. 50, todo el legajo. Informe pormenorizado de las gestiones del nuncio Chiarlo con el apoyo del vicario del Chaco, Cesare Viagini, en el informe del primero al prefecto de la SCPF (La Paz, 8.05.1930) en ASV. NB. Fasc. 379. Aptdo. 102, ff. 228-239.
387 El decreto otorgó (art. 7) en propiedad a las comunidades indígenas el «terreno suficiente» para sus «necesidades»: Macharetí y Santa Rosa de Cuevo (500 ha. cultivo y 2 500 ha. pastoreo) para cada una; Tarairí, Tigüipa y Boicovo (60 ha. cultivo y 350 ha. pastoreo); Ivo (400 ha. cultivo y 1 600 ha. pastoreo).
388 José L. Lanza. Memoria de Guerra y Colonización. 1930-31. La Paz, s. i. 1931, p. 136.
389 Anuario Administrativo de 1932. La Paz, Lit. Imp. Unidas, 1932, p. 34.
390 J. Cardús, recogiendo las informaciones proporcionadas por el franciscano José Cors, señaló que en la década de 1790 el gobernador de Chiquitos, Juan Verdugo, «deseoso de poner la provincia de su mando en comunicación con la de Mojos, mandó desde San Javier una partida de gente para que explorase aquellos lugares y abriese una senda, si se podía», en Ob. cit. p. 88.
391 J. Cardús. Ob. cit. pp. 97-98.
392 J. Cardús. Ob. cit. p. 69.
393 El pueblo, establecido en 1826, fue convertido en misión cuando, tras la partida del único sacerdote secular, los religiosos obtuvieron del prefecto del departamento el cese del corregidor de Ascensión que, según ellos, «era de grande obstáculo para hacer progresar la Misión», en J. Cardús. Ob. cit. p. 118. Para entonces, por ley de 23.09.1846, los poblados guarayos (Yaguarú, Ubaimini y Ascensión) fueron adjudicados al departamento de Santa Cruz, si bien sujetos en lo «espiritual y temporal a reglamentos particulares», en Colección. — oficial de Leyes, decretos, órdenes y resoluciones supremas que se han expedido para el Régimen de la República boliviana impresa de orden del Gobierno Supremo con anotaciones e índices. Sucre, Imp. de Hernández, 1863, T. XI, pp. 190-191.
394 Daniel Calvo. Memoria que el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública presenta a la Asamblea Ordinaria de 1874. Sucre, Tip. del Cruzado, 1874, p. 16.
395 «Legislación político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos, 86 (La Paz, 2 cuatr. 1913), p. 167.
396 J. Cardús. Ob. cit. p. 183.
397 Ibíd. p. 124.
398 Según Cardús «Los trabajadores y comerciantes de goma insisten con afán febril en semejante industria; el número de indios y peones que desde algunos años a esta parte han muerto y continuamente mueren en tan mortíferos lugares es asombroso... Los guarayos han sido también y son el objeto de mucha codicia, habiéndose hecho ya tentativas muy atrevidas para poderlos llevar a los gomales» en Ob. cit. p. 157.
399 Ibíd. p. 158.
400 Juan С. Carrillo. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores y Colonización presenta al Congreso Ordinario de 1886. Sucre, Tip. del Cruzado, 1886, p. 38.
401 El descubrimiento de gomales en el norte del departamento cruceño originó algunos conflictos en torno a la concesión de los mismos, que podemos ver en los informes prefecturales de Santa Cruz y Beni en 1893 y en la respuesta a estos de Viador Moreno. Los informes prefecturales de Santa Cruz y del Beni. En la empresa de explotación «Río Verde» combatida pero realizada. Cochabamba, Imp. y Lit. de «El Comercio», 1893.
402 Un eco del enganche con destino al Iténez lo hallamos en algunos informes departamentales en la última década del siglo xix, como Juan F. Velarde. Informe del Prefecto de Santa Cruz Dr. D. — acerca de su visita a las provincias de Chiquitos y Velasco. Santa Cruz, Imp. de «La Estrella del Oriente», 1894, pp. 14 passim y Mariano Zambrana. Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz Dr. —. Santa Cruz, Imp. de «La Estrella del Oriente», 1896, p. 29. En la década 1890-1900, según estimaciones de la prefectura cruceña, el número de enganches con destino al Beni había ascendido a 8 000 individuos, en Rosendo R. Rojas. Informe del Prefecto y Comandante General Coronel — en la gestión de 1904. Santa Cruz, Tip. de «La Ley», 1904, pp. 53-54.
403 El escaso impacto del enganche entre los guarayos se debió al «aislamiento en que se hallan y al poco contacto con los especuladores», gracias al régimen misionero imperante, en Z. Ducci. Ob. cit. p. 168.
404 Visita efectuada entre el 12. 07 y 10.12.1893, junto a su secretario Z. Ducci. Ob. cit. pp. 65-85 y 167-168.
405 Según Coimbra, los conversores «gozaban del respeto y el recuerdo agradecido de todos los viajeros, por el socorro que tributaban con diligencia sin medida a quien quiera que se aventurara por tan recónditos parajes», en Siringa. Memorias de un colonizador del Beni. La Paz, Lib. Ed. «Juventud», 1986, p. 46.
406 Z. Ducci. Ob. cit. pp. 81-82, 85 y 168.
407 A. M. Zambrana. Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz, Dr. —. Santa Cruz, Imp. de «La Estrella del Oriente», 1898, p. 8. Por vía terrestre se llegaba hasta Trinidad; por vía fluvial se llegaba hasta Magdalena, en caso de utilizar el río San Pablo, y hasta Baures, navegando el río Blanco. En parecidos términos se habían expresado los prefectos anteriores como Eulogio Peláez. Informe que el Prefecto del Departamento de Santa Cruz eleva ante el Supremo Gobierno sobre la administración pública durante el año 1888 y primer semestre del 89. Santa Cruz, Tip. de «La Ley», 1889, pp. 9-10; A. M. Zambrana. Informe del Prefecto... 1896, p. 28 e Informe del Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz, Dr. —. Santa Cruz, Imp. de «La Estrella de Oriente», 1897, pp. 10-11.
408 A. M. Zambrana. Informe del Prefecto... 1898, p. 9.
409 Una muestra es Wolfgang Priwaser. Última defensa. Dos cartas abiertas a sus detractores por —. Tarata, Imp. Colegio Apostólico de San José, 1902.
410 Fueron guarayos (alrededor de 159 indígenas entre 1897-1900) quienes abrieron sendos caminos desde Cuatro Ojos y Ascensión en dirección a Trinidad (Beni), procedieron a la limpieza anual del camino que desde las misiones iba a Santa Cruz –hasta el acceso al río Grande–, y, finalmente, estaban por concluir la instalación de la línea telegráfica del Yorochito a Santa Cruz. Ver Informe de Pesciotti (Tarata, 11.07.1900) en ASCPF. Rubrica. NS. Vol. 214. Prot. 40723. f. 773rev.
411 Ibíd. f. 774.
412 Ibíd. f. 774 rev.
413 Orden de 8.05.1900, firmada por el ministro Villazón y sancionada por Pando, que figura en Fernando E. Guachalla. Anexos de la Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Ordinario de ¡898. S. p. i. p. 321.
414 Carta de Bernardino J. Pesciotti, conversor de San Pablo desde septiembre de 1901 (San Pablo, 1.05.1902) al ministro Eliodoro Villazón, en ACCB. Archivo Histórico y Límites (AHL). Doc. 157. El religioso solicitó el envío de 2 000 bolivianos para la compra de herramientas (hachas, machetes, palas) y ganado vacuno para la nueva población.
415 Entre otros documentos ver los ubicados en ACCB. AHL. Doc. 154, 156, respuesta de B. Pesciotti (21. 10 y 12.11.1900) a la petición del ministro Villazón.
416 Afirmación del diputado Leigue en sesiones de 1 y 11.10.1904 en Redactor. — de la H. Cámara de Diputados. La Paz, Imp. y Lit. Boliviana, 1905, T. I, pp. 503-504 y 566-567.
417 Informe del prefecto Rojas en M. V. Ballivián. Anexos a la Memoria que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura al Congreso ordinario de 1906. Primera parte. La Paz, Imp. de «El Comercio de Bolivia», 1906, p. 197. Todo el informe en pp. 188-205. Las denuncias de Rojas alcanzaron al resto de misiones cruceñas; en concreto acusó a los misioneros del Parapetí de favorecer el despoblamiento de la zona tras inducir a los indígenas a emigrar a la Argentina antes que prestar sus servicios a los empresarios bolivianos radicados en la región, en Ibíd. pp. 196-197. Además, Rojas solicitó del gobierno su «intromisión» en el nombramiento de preceptores para la enseñanza del «idioma nacional» en las misiones, pues su desconocimiento por los indígenas era una prueba más del interés de los conversores en «explotarlos a perpetuidad y conservarlos también en calidad de siervos, sin que jamás puedan conocer sus derechos de hombres libres, dentro de una República también libre», en Ibíd. p. 198.
418 Priwaser, tratando de defenderse de las acusaciones de los sectores de propietarios y autoridades locales de obstaculizar la contratación de mano de obra indígena, ofreció datos pormenorizados para 1904, según los cuales el total de varones aptos para la agricultura ascendía a unos 700, tras descontar aquellos contratados para conducir los ganados, trabajar en las haciendas, ir a los gomales, actuar como cargadores en los puertos, guías, etc. Según el religioso, «todas estas aclaraciones [eran] para justificar la repugnancia o resistencia, que a veces manifestamos tratándose de un pedido excesivo de brazos por algunos meses». En W. Priwaser. Informe c/ue el Prefecto de las Misiones de Guarayos Fr. — del Colegio Apostólico de Tarata, presenta al Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el año de 1905. Santa Cruz, Tip. Comercial, 1905, p. 7. En consecuencia, el misionero defendió la reducción de la oferta de mano de obra guaraya para el servicio público y privado.
419 El énfasis en el original. Ibíd. p. 17.
420 Citado en el interesante informe de F. Pierini al ministro de Colonización y Agricultura (Ascensión, 31.12.1906), en Revista del Ministerio de Colonización y Agricultura, Año III (La Paz, febrero 1907), n° 23, p. 125. Todo el informe en pp. 101-150.
421 Ibíd. pp. 110-111.
422 Ver nota 318 de este capítulo.
423 Anuario. — de Leyes... 1907. p. 66.
424 Francisco Pierini. Informe anual del prefecto de Misiones del Colegio de Tarata. Tarata, Imp. San José, 1908, p. 12. En su informe de 1909 reiteró la idea de que como consecuencia de la actuación misionera y del apoyo del poder civil «la antes feroz tribu de los guarayos, ha llegado a ser un verdadero elemento de vida nacional, y en día no lejano promete llegar a ser una colectividad que entrará de lleno a formar parte de la familia boliviana, con hábitos, costumbres, religión, lengua y aspiraciones comunes», en F. Pierini. «Informe anual que el Prefecto de las Misiones de Guarayos pasa al Supremo Gobierno por 1909». En Informe sobre las misiones de Yuracarés y Guarayos en 1909. La Paz, Imp. Hoy, 1984. Col. «Folletos Bolivianos de Hoy», V. II, n° 10, p. 10.
425 Francisco Pierini. Informe anual... 1908, p. 25. El énfasis en el original. Un año y medio más tarde (mayo de 1910), el mismo Pierini denunció a aquellos para quienes el misionero: «Si al neófito lo conserva en un estado de aislamiento que lo precave de los malos ejemplos con que lo desmoralizan los hombres de la civilización, luego se grita contra la intolerancia de los Padres, y se habla de obscurantismo y retroceso. Si por el contrario hacen del bárbaro un elemento útil a la sociedad, entonces se habla luego de explotaciones indignas, de caudales con que se enriquecen las familias de los Padres Misioneros», en F. Pierini. «Informe... 1909», p. 12.
426 F. Pierini. Informe anual... 1908, p. 26.
427 F. Pierini. «Informe... 1909», p. 11.
428 Según el ministro La Faye, en las misiones guarayas «El Padre Prefecto y los Conversores cooperarán en esa obra patriótica que tiende a preparar a los neófitos en el servicio de la patria y a garantizar, en caso dado, la seguridad de los transeuntes en la región de Guarayos, evitando los frecuentes ataques de que son víctimas por parte de los salvajes», en Julio La Faye. Memoria que presenta al Honorable Congreso Nacional de 1912 el Ministro de Guerra y Colonización, Coronel —. La Paz, Intendencia de Guerra, 1912, p. 117.
429 Total repartido entre Ascensión (350), Urubichá (147), Yaguarú (340) y entre San Pablo y Yotaú (300).
430 Juan Ma Zalles. Memoria de Guerra y Colonización. 1913. La Paz, s. i. 1913, pp. 162-163.
431 Néstor Gutiérrez. Memoria... 1914. p. 149.
432 Néstor Gutiérrez. Memoria... 1915. p. 19. El ministro se pronunció por una reforma «radical» del régimen misional, responsable de que «ni los indios de las misiones secularizadas han aportado a la colonización el resultado que el Gobierno pretendió obtener de ellos al otorgarles su capacidad civil y al reconocerles su derecho de propiedad en los terrenos misionales. Habituados como están a una obediencia ciega y sin el menor espíritu previsor, muchos vuelven a la vida errante o renuncian las ventajas que se les ofreció, enajenando sus pertenencias sin beneficiarse en forma alguna», en Ibíd. pp. 19-20.
433 N. Gutiérrez. Memoria de Guerra.. 1915. pp. 26-31.
434 Fermín Prudencio. Memoria de Guerra y Colonización. 1917. La Paz, Intendencia de Guerra, 1917, p. 133.
435 Informe de В. Pesciotti al Ministerio de Guerra y Colonización (Yotaú, 31.12.1917) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, f. 128. Todo el texto en ff. 126-135.
436 Ibíd. f. 133. En el informe, Pesciotti incluyó la correspondencia mantenida por él con el ministro Gutiérrez y Méndez Roca, que ilustra la confusión entre intereses privados y públicos, en Ibíd. ff. 132-134. Méndez Roca había visto denegada en 1914 su solicitud de mano de obra, en la que señalaba: «Espero que de ninguna manera me sean negados los brazos que solicito, quedando así obligado a sostener la política del Gobierno, favorable a las Misiones», en Ibíd. ff. 132-133.
437 Ibíd. Anexo 3, ff. 134-135.
438 El preceptor, Roberto Añez, había sido nombrado para el cargo en Ascensión, poblado que albergaba un mayor número de escolares (567 niños/as) sobre un total de 1 616 niños/as, en Ibíd. f. 131.
439 Informe del prefecto В. Pesciotti al Comisario General (Yotaú, 27.06.1918), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, f. 122. La «inconsciencia» gubernamental procedía, según Pesciotti, de la ignorancia de todo cuanto acaecía lejos de La Paz pues como el misionero señaló, en una entrevista sostenida por él con el presidente Montes, este le había preguntado si las misiones de guarayos habían sido secularizadas, en Ibíd. nota 1, f. 122.
440 Pesciotti agregó que «No por ser neófitos o Guarayos estos indios son esclavos, o dejan de ser seres humanos racionales; y tienen, como todos, hogares e intereses. La salida frecuente, y larga ausencia de sus pueblos, son la causa de la indisciplina, inmoralidad y pobreza. Escarmentemos en cabeza ajena: por el éxodo de los indios se han extinguido los que fueron florecientes pueblos de Mojos y Chiquitos», en «Apuntes sobre algunas necesidades, etc. de las Misiones de Guarayos», (probablemente setiembre 1918), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74. f. 75.
441 Informe de Caroli (27.09.1918) a la Secretaría de Estado vaticana sobre las misiones bolivianas y la condición de los indígenas en ellas, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 19 y 19bis. Ver también el informe sobre la Iglesia boliviana y las misiones (2.10.1918) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74. ff. 4-1l rev. Este último recogido también en ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 290, ff. 335-338.
442 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74. f. 6.
443 A diferencia del existente en las misiones' entre los chiriguanos donde el trabajo en común prácticamente no existía, en Ibíd. f. 9 rev.
444 Informe que Caroli previó enviar al ministro de Guerra y Colonización (16.10.1918), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, f. 55; todo el escrito en ff. 54-57.
445 Ver al respecto la correspondencia cruzada a lo largo de 1918 entre el prefecto de misiones guarayas, B. Pesciotti, el viceprefecto D. Sartori, el comisario general W. Priwaser, y el internuncio Caroli, en ASV. NB. Fase. 158. Aptdo. 74. ff. 51-59, 75-76 rev. y 122-124 rev.
446 Escrito fechado el 10.02.1920, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 66 y rev. La solicitud de mano de obra había sido hecha por el coronel Federico Román en diciembre de 1919.
447 Pastor Baldivieso. Memoria de Guerra y Colonización. 1921. S. p. i. p. 157.
448 Denuncia del preceptor fiscal de Ascensión (Roberto Añez) al ministro de Guerra, transcrita en el escrito de éste al comisario general de las misiones franciscanas en Bolivia, Gabriel Hernández, (La Paz, 14.04.1921), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 40-41. Amplia correspondencia sobre la denuncia en Ibíd. ff. 22-42.
449 Ovidio Santistevan. Informe anual que eleva a la consideración del Supremo Gobierno el Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz. Santa Cruz, Tip. La Unión, 1928, p. 30.
450 Frases recogidas en el proyecto enviado por Fortas a Severo Fernández Alonso (Portachuelo, 10.06.1922), en ASV. NB. T. Trocchi. Fasc. 216. Aptdo. 54, ff. 114-135. El mismo proyecto fue enviado al ministro Luis Paz (15.06.1922), en ibíd. ff. 136-137.
451 Hernando Siles. Memoria de Guerra y Colonización. 1922. La Paz, s. i. 1922, pp. 66-67. Ver también Juan Manuel Sainz. Memoria de Guerra y Colonización. 1923. La Paz, Intendencia de Guerra Talleres, 1923, pp. 83-84 y A. Meleán. Memoria de Guerra y Colonización. 1927. La Paz, Imp. Intendencia de Guerra, 1927, pp. 142-144.
452 Carta de A. Singer (Ascensión, 5.09.1928) al nuncio Cicognani, en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 299. Aptdo. 98, f. 6. Todo el texto en ff. 4-6.
453 Gregorio Vincenti. Memoria de Guerra y Colonización. 1929. La Paz, s. i. 1929, pp. 75 y 143.
454 Paradójicamente, si consideramos las tradicionales acusaciones a los misioneros de obstaculizar la libre contratación de mano de obra indígena, la denuncia de esclavitud se basó en que los neófitos eran «alquilados para trabajos particulares», Ibíd. p. 145. El informante querría decir, probablemente, que el dinero recibido por los misioneros no era posteriormente distribuido entre los indígenas, pero esto es tan sólo una hipótesis no clarificada por la fuente.
455 B. Büehl. Informe que presenta al Supremo Gobierno el R. P. Prefecto — sobre el movimiento de las misiones a su cargo. Yotaú, Tip. Guaraya, 1930, p. 6.
456 Ibid. pp. 7-8. Pocos meses antes, Buehl habia informado al nuncio Chiarlo de sus peticiones al gobierno (La Paz, 29.10.1929), en ASV. NB. C. Chiarlo. Fasc. 368. Aptdo. 54, ff. 124-125.
457 Carta de Buehl (Ascension, 12.10.1930) al prefecto cruceno, en ASV. NB. C. Chiarlo. Fasc. 368. Aptdo. 54, ff. 160-161.
458 Numerosa correspondencia sobre el tema entre el Ejecutivo, B. Buehl, el comisario franciscano de la Betica en Bolivia, y el prefecto de Santa Cruz a lo largo de 1930 en ASV. NB. C. Chiarlo. Fase. 368. Aptdo. 54, ff. 135-178.
459 Jose L. Lanza. Memoria de Guerra y Colonización. 1930-31. La Paz, s. i. 1931, p. 140.
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