4. La ocupación de los Orientes bolivianos, 1825-1880
p. 248-296
Texte intégral
Mapa 14. Bolivia, 1859

Fuente. Elaboración propia a partir de J. C. Roux. La Bolivie Orientale. Paris/Montreal, L’Harmattan, 2000, p. 61.
1La Bolivia que surgió a la independencia el seis de agosto de 1825 era una región arrasada por la guerra, con una economía minera descapitalizada, un mercado exterior estancado, una población indígena (800 000 sobre un total aproximado de 1,5 millones de habitantes) que a través del tributo proporcionaba al nuevo estado una de sus principales rentas,1 y, en buena medida, grupos dirigentes tradicionales que continuaban a la cabeza de las instituciones sociales, económicas y políticas de la neonata república.
2La independizada Audiencia de Charcas –cuya población estaba mayoritariamente concentrada en la región central– contaba con extensas regiones al norte/noreste (Amazonia) y sur/sureste (Chaco), lo que aquí denominaremos Orientes bolivianos,2 en gran parte inexploradas y sólo recorridas parcialmente por los misioneros jesuitas y franciscanos como vimos en el primer capítulo, y cuya vida discurría prácticamente al margen de la temprana sociedad republicana. Común denominador a estas regiones era, no sólo el desconocimiento existente sobre ellas, sino también la escasa si no completa ausencia de comunicación vial con el resto del país, grandes distancias respecto a las concentraciones urbanas o rurales del altiplano y del centro del país, y una población de indígenas nómadas o seminómadas insumisos, que hasta entonces habían resistido la penetración colonial. Según el uti possidetis iuris, la nueva república boliviana ocupaba alrededor de 2 343 769 km2 –más del doble de los actuales 1 098 377 km2–, territorio que, según la primera demarcación político-administrativa efectuada por el presidente Antonio J. de Sucre (23.01.1826), se dividía en los departamentos de Chuquisaca (provincias de Cinti, Yamparaes, Tomina, Parja, Oruro, Carangas), Potosí (provincias de Porco, Chayanta, Chichas), La Paz (provincias de Pacajes, Sicasica, Omasuyos, Larecaja, Apolobamba, Yungas de Chulumani), Cochabamba (provincias de Sacaba, Tapacari, Arque, Palca, Clisa, Mizque), Santa Cruz (provincias de Mojos, Chiquitos, Vallegrande, Cordillera).3 Esta demarcación fue redefinida poco después cuando, primero, el presidente Sucre aprobó (5.09.1826) la creación del departamento de Oruro; y después, Andrés de Santa Cruz hizo lo propio (24.09.1831) con las «provincias litorales» de Tarija y Cobija (Litoral),4 situación confirmada en la constitución aprobada en 1834.5 La demarcación político-administrativa permaneció inalterable, como veremos, hasta la administración de José Ballivián.
3El efímero gobierno de Simón Bolívar fue seguido por el presidido por Antonio J. Sucre que, con planteamientos liberales intentó, sin éxito, varias reformas socioeconómicas, entre las cuales la reorganización de la industria minera y la introducción de un sistema fiscal progresivo que pasaba por la abolición del tributo indígena. Por el contrario, logró imponer su proyecto en relación con la Iglesia, que, siguiendo las tesis ilustradas sobre la inutilidad de las órdenes religiosas y el necesario control económico y político del clero, se caracterizó por una radicalidad mayor que, probablemente, la que hemos visto en el caso peruano.6 La renuncia de Sucre dejó paso al gobierno de Andrés de Santa Cruz, cuya administración logró establecer un orden económico,7 político y social estables gracias al cual pudo crear una estructura financiera estatal más eficaz que la precedente, conseguir mayor cantidad de recursos para el Estado y emplearlos en la organización del incipiente aparato civil y militar de la nueva república.8
4El derrocamiento de Santa Cruz por una rebelión militar comandada por el general José Ma Velasco (17.02.1839) y los conflictos con el Perú dejaron paso en 1841 a la presidencia del general José Ballivián, con quien se consolidó la hegemonía de los caudillos militares en el gobierno boliviano hasta 1880.9 Y, creo que no hay lugar a dudas de que la administración Ballivián (1841-47) constituyó un antes y un después en la historia del control de los Orientes bolivianos pues fue entonces cuando se diseñó el primer plan integral para el conocimiento, ocupación y control del territorio y de los habitantes, en el que se fijaron los instrumentos –colonias militares y religiosas– y las medidas destinadas a tales objetivos. El proyecto orientalista de Ballivián, inspirado en buena medida en las ideas del argentino Félix Frías10 para quien todos los territorios existentes entre el Beni y el Pilcomayo eran la tierra de promisión anunciada por José I. Alvarez de Arenales a fines del siglo xviii y Alcides d’Orbigny en la temprana historia republicana,11 fue ampliamente divulgado por los cónsules bolivianos en Europa, particularmente en Gran Bretaña y Francia, con el fin de promover la formación de compañías que se comprometieran al envío de colonos. Paralelamente, Ballivián dictó una serie de disposiciones, entre las cuales la creación del departamento del Beni (18.11.1842), patrocinó viajes de exploración del territorio y de los ríos orientales, impulsó la construcción de caminos que permitieran implementar su política y dispuso el levantamiento de la que sería primera carta geográfica del país, que sólo fue publicada en 1859 bajo la gestión del gobierno de José Ma Linares (1854-61).12
5En las siguientes tres décadas, los gobiernos bolivianos dictaron numerosas medidas relativas a la concesión de tierras como contrapartida a la exploración y navegación de los ríos y tierras orientales, apertura de caminos, construcción de fortines, misiones y poblados, y cooperación en «la conquista de los bárbaros» además de aprobar comprometidos proyectos de colonización. No obstante, en líneas generales, constatamos una dejación de los poderes públicos que llegó a una situación crítica en 1867 cuando la administración Melgarejo cedió al Brasil unos 250 000 km2 de su territorio amazónico13 por el «Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradicción» que al decir del Ejecutivo había «zanjado definitivamente y con recíprocas ventajas las antigua cuestión de límites».14
6No mejoró la situación cuando Melgarejo fue derrocado por Agustín Morales quien, a pesar de haber proclamado la «regeneración» del país y exhortado a los miembros del Congreso a un «Marchemos adelante, por la vía del progreso i civilización»,15 permaneció escasamente dos años en el poder. Sin embargo, me interesa señalar que fue entonces cuando el gobierno sancionó el primer Reglamento de Misiones (13.09.1871). Y uno de los motivos fundamentales de la aprobación del texto fue la «necesidad» de proteger la actividad misionera en la reducción de los indígenas que obstaculizaban la colonización y el libre tránsito del territorio.16 Aunque bajo la gestión de Hilarión Daza (1876-79) hubo un tímido repunte del interés por los Orientes manifestado en la aprobación de medidas por las que se concedían tierras a cambio del establecimiento de poblaciones, fortines y empresas agropecuarias, la realidad de los hechos mostró que la política orientalista no dejó de ser, a lo largo de la etapa aquí estudiada, un espejismo.
7Antes de estudiar el contenido de la política orientalista dictada por los gobiernos bolivianos entre 1825 y 1880 me interesa señalar que, si bien desde los primeros años de la Bolivia independiente se dictaron medidas destinadas a la ocupación de las fronteras orientales, la inestabilidad política, el interés prioritario de los grupos dirigentes en la explotación argentífera, y la escasez de recursos públicos que permitieran implementar aquella política determinó que esta tuviera escasos resultados.17 Paradójicamente, la «necesidad» de ocupar los Orientes planteada por la mayoría de los gobiernos bolivianos en los primeros sesenta años de la historia republicana, y que se manifestó en el primer mapa de la república (1859), fue conformando un discurso en el que la colonización de las fronteras18 era ingrediente significativo del imaginario colectivo. La consolidación de este imaginario se produjo en las dos últimas décadas del siglo xix, tras el acceso al poder de la llamada por la historiografía oligarquía conservadora, en una coyuntura en que Bolivia había perdido su salida al mar como consecuencia de la derrota de sus ejércitos en la Guerra del Pacífico.
8Veamos pues las características fundamentales de la política oriental de los gobiernos bolivianos entre 1825 y 1880, definida a partir de la exploración de territorios absolutamente desconocidos para la sociedad republicana, la aprobación de numerosas medidas relativas a la colonización –leyes de tierras e inmigración fundamentalmente– y la demarcación político-administrativa del territorio, aspectos que veremos en un primer apartado; posteriormente, analizaremos los instrumentos utilizados por los grupos dirigentes republicanos para el control, sometimiento y reducción, cuando no exterminio, de los bárbaros ocupantes nómadas, instrumentos que a lo largo de esta etapa fueron los fortines y las misiones.
4.1. LOS ORIENTES EN EL PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS
9Pocas son las descripciones de las que disponemos sobre el estado de la república boliviana en las primeras décadas de historia republicana y, menos aún de los Orientes. Aún en 1859 –año de publicación del primer mapa de la Bolivia republicana– era evidente la existencia de grandes territorios desconocidos total o parcialmente para la sociedad republicana,19 zonas bañadas por el Madre de Dios, Beni y Mamoré al norte, y las cuencas del Paraguay, Pilcomayo y Bermejo al sur y sureste. Aunque los primeros gobiernos dictaron algunas medidas relativas a los territorios orientales y patrocinaron viajes de reconocimiento de los mismos, los intentos más serios con vistas a su exploración, ocupación e incorporación efectiva al Estado se iniciaron, fundamentalmente, con la administración de José Ballivián. Como dijera su ministro del Interior a la Convención de 1843, la mayor parte del territorio había permanecido abandonada a una «naturaleza silenciosa y salvaje o a reuniones nómades» que sólo esperaba la implementación de una política que permitiera superar tal estado, como la que estaba tratando de impulsar por entonces el gobierno en el recién creado departamento beniano, del que señaló:
su nueva posición política le ha de proporcionar gentes y facilitar las vías de comunicación; multiplicará los brazos; hará que el trabajo del hombre aumente las riquezas de la naturaleza; la industria agrícola y fabril se distinguirá con ensanches rápidos; serán pobladas las orillas de sus caudalosos ríos; se navegarán éstos; y entonces, para Bolivia no podrán calcularse los grandiosos efectos procedentes de su inmediato contacto con la Europa por el atlántico.20
10Estas ideas fueron conformando un discurso en el que la ocupación, colonización y explotación de los territorios fronterizos fueron considerados fundamentales para el porvenir del país. El tópico se repitió desde inicios de los años ’40 y a lo largo de toda la etapa aquí estudiada, y, determinó que aún en 1871 se continuara planteando que «Todo augura a ese país [Bolivia] un porvenir espléndido, el día que la industria y el trabajo quieran aprovecharse de los tesores de su fecundo i rico suelo».21 La realización del proyecto exigía un mayor conocimiento de la región por lo que, a lo largo del período 1825-80, se realizaron numerosas expediciones, oficiales y privadas, protagonizadas por bolivianos y extranjeros, con vistas a obtener datos de la geografía, población, recursos naturales, etc.
4.1.1. «La mayor parte de estas comarcas permanece desconocida»22
11Como consecuencia del interés de algunos grupos en la expansión de las haciendas agropecuarias en el sur/sureste –importancia decisiva tendrán en este sentido los grupos propietarios de Tanja–, en la extracción de la quina en el nor/noroeste y, en la ocupación de las tierras existentes del bosque húmedo situadas en el norte cochabambino,23 se constata desde las primeras décadas republicanas un cierto interés en la apertura de vías de comunicación con las regiones desconocidas por parte de grupos locales/regionales con el apoyo, en ocasiones, de los gobiernos republicanos. Si con el reconocimiento del territorio los sectores propietarios pretendían obtener datos para facilitar el avance de la frontera interna, el interés de los gobiernos se derivó de razones de índole económica y geopolítica. Las informaciones recabadas de las expediciones deberían permitir el diseño de un plan colonizador y de infraestructuras que permitiera la comunicación entre el altiplano y sus valles periféricos con las regiones orientales, dar salida a los productos por la vía del Atlántico a traves del Madeira-Mamoré –vía amazónica– o por la del Paraguay –vía platense– y, cuestión no menos importante, defender la soberanía boliviana en los territorios reclamados como propios en función del uti possidetis de 181024.
4.1.1.1. Exploraciones
12Por lo que se refiere a la exploración del territorio, desde inicios de la república constatamos la realización de exploraciones protagonizadas por científicos, militares y empresarios bolivianos y extranjeros, además de las emprendidas por los misioneros. En orden cronológico, probablemente, uno de los primeros viajeros, que dejó importantes anotaciones sobre la geografía, población y recursos económicos bolivianos fue Alcides d’Orbigny quien, en su viaje desde el Altiplano al Oriente –iniciado en 1826– pasó por el Beni, Santa Cruz, las misiones de Chiquitos y Guarayos. Me interesa citarlo aquí por cuanto en los planos que incluyó en su relato, la amplia región existente entre Chiquitos y Guarayos era un espacio vacío, según dijo en su narración, por la ausencia de exploraciones al ser territorio habitado por «indios bravos»25.
13Por lo que se refiere al norte boliviano, y después de los viajes emprendidos en la región por d’Orbigny a partir de 1826, las primeras expediciones exploratorias con patrocinio oficial fueron las emprendidas durante la gestión de José Ballivián quien, desde el inicio de su gestión, encargó a varios exploradores –Bernardino Vargas, Manuel Helguero, José Manuel Baca– reconocer la región beniana, investigar la existencia de minerales y las condiciones para el desarrollo agropecuario. Sin embargo, las mayores empresas fueron las acometidas, en primer lugar, por el geógrafo francés Felipe Bertrés –encargado de preparar un mapa y hacer un relevamiento topográfico de las regiones bolivianas a través de las cuales se podía acceder al mar– quien, en el transcurso de su viaje estudió las posibilidades de navegación del Sécure, Chapare, Mamoré, Iténez y Yacuma26.
14En segundo lugar, por el gobernador del recién creado departamento del Beni, José Agustín Palacios. En el viaje que Palacios hizo desde La Paz al Beni, vía Caupolicán, en 1844, verificó las distancias que separaban los pueblos recorridos, reconoció la ruta de San Borja a Santa Ana de Mosetenes, y remontando el Beni recogió valiosas informaciones sobre las cachuelas existentes en el mismo. Esta primera exploración fue seguida por la efectuada en 1845, también a instancia gubernamental, tratando de averiguar si el lago Rogo-aguado tenía comunicación directa con el Beni para, eventualmente, establecer una ruta fluvial por el Mamoré. En el transcurso del viaje –que le llevó desde Cochabamba a Trinidad– Palacios estudió la navegabilidad del Chapare y los datos obtenidos le hicieron plantear la posibilidad de unir el Beni y el Madeira por el lago Rogo-aguado, lo que exigía un reconocimiento del Yata-grande, tributario del Beni. Una nueva expedición, emprendida a fines de 1846, le llevó a la Gran Cachuela, en la confluencia del Beni-Mamoré27 –la denominada por Edwin Heath (1880) Cachuela Esperanza– y los datos obtenidos sobre la navegación del Madeira –ofreció información detallada de todas las cachuelas existentes– le hicieron pronunciarse a favor del impulso a dicha vía de comunicación «incontestable, porque además de que por su medio se abren las puertas de Bolivia al comercio extranjero por el Atlántico, y con él a todos los elementos de civilización, poder, riqueza y engrandecimiento»28. El informe de Palacios, que incluyó también una pormenorizada descripción del territorio, recursos y población de Moxos, concluyó subrayando la necesidad de impulsar un vasto programa de inmigración y navegación de los ríos amazónicos para poner en contacto el Oriente de Bolivia con los mercados exteriores29. No hemos de olvidar que estas expediciones se emprendieron bajo la gestión de Ballivián, cuya política orientalista estuvo inspirada en buena medida en las opiniones de Félix Frías, partidario, entre otras cuestiones, de la salida boliviana al Atlántico, solución que permitiría la explotación económica de los Orientes, particularmente Beni, Santa Cruz y el Chaco. Esta posición fue compartida, entre otros, por José M. Dalence, encargado de la Junta de Estadística instituida por Ballivián, y quien, en su informe sobre la Bolivia de los ’40, señaló:
¡Qué de bienes no alcanzaríamos, uniendo la navegación del Plata a la del Amazonas! ¡Cómo se aumentaría nuestro comercio interior y exterior! ¡Cuán brevemente no se poblarían aquellos territorios que hoy de nada sirven!30
15En tercer lugar, el norte amazónico boliviano recibió también la visita a mediados de siglo, de algunos misioneros, entre los cuales, el franciscano Samuel Mancini –residente por muchos años en las misiones de Caupolicán– quien recorrió el territorio entre el Beni y el Madre de Dios; algunos años más tarde (fines de los ’60) fue Jesualdo Macchetti quien, en su viaje de regreso a Europa, navegó por el Beni, pasando por Reyes y Exaltación y, en su relato de viaje no dejó de anotar la hostilidad de los indígenas del Iténez para con los viajeros y la gran importancia económica que por entonces adquiría en el Madeira la extracción de la siringa.31
16En cuarto lugar, la región recibió también la visita de numerosas expediciones extranjeras con intereses prioritariamente económicos. Fueron, entre otras, la dirigida por los oficiales norteamericanos L. Gibbon y W. L. Herndon (1851),32 quienes, con el objetivo de explorar toda la cuenca del Amazonas, navegaron por el Iténez y el Madeira; la exploración protagonizada por el inglés Clements Markham, el cual en 1853 recorrió las cuencas del Madre de Dios y Beni;33 la emprendida en 1867/68 por José y Francisco Keller con el objetivo de informar al gobierno brasileño de las posibilidades colonizadoras que presentaba la región cedida al Brasil por el gobierno de Melgarejo.34 Por entonces arribó también a la región el coronel norteamericano George E. Church, fundador de la National Bolivian Company quien, siguiendo la estela del general boliviano Quintín Quevedo –que en 1861 había descendido por el Madeira35– recorrió desde fines de los ’60 e inicios de los ’70 las riberas del Madeira y defendió la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré,36 siendo considerado por algunos de sus contemporáneos bolivianos como el «gran propagandista de la civilización moderna, el promotor de una nueva era de progreso».37 Finalmente, hay que mencionar también las expediciones llevadas a cabo por James Orton en 1876-77 por el Tahuamanu y el Madeira-Mamoré.38
17Por lo que se refiere al sur y sureste bolivianos, en el llamado Gran Chaco, la región fue escenario de numerosas exploraciones realizadas como consecuencia del interés de los grupos dirigentes tarijeños y cruceños,39 y del poder central, en el control de una soberanía discutida por Paraguay y Argentina.40 La primera de las expediciones fue la emprendida desde Tarija por el general Francisco Burdett O’Connor al Pilcomayo (1827), a la que siguió la protagonizada por Manuel Oliden al Otuquis (1833) tras haber obtenido la concesión del gobierno de Santa Cruz de la colonización de la región, y a la que más adelante me referiré. En los años ’40, bajo el gobierno Ballivián y con el objetivo de abrir la navegación del Pilcomayo para llegar hasta el Paraguay, y al Atlántico, se efectuaron dos expediciones oficiales a la región, ambas saldadas con un rotundo fracaso como consecuencia tanto del medioambiente, como de la hostilidad de las poblaciones indígenas; la primera fue protagonizada por el general Manuel Rodríguez Magariños (1843-44)41 quien en el transcurso de la misma fundó la colonia militar de Villa Rodrigo; la segunda, por el oficial de Marina belga, Enrique Van Nivel (1844)42 A mediados de la misma década (1845) M. Weddel, antiguo miembro de la expedición Castelnau, viajó también por el Chaco desde Villa Rodrigo hasta el Pilcomayo y, al término de su viaje, dejó constancia de las dificultades de navegación de dicha vía con fines comerciales como consecuencia, entre otros factores, de los cambios de su cauce a lo largo de las estaciones.43 Posteriormente, en la década de 1860, varias fueron las expediciones realizadas en las mismas regiones, bien a instancias gubernamentales, bien como resultado del interés de individuos y/o empresas ya que, sabemos, por entonces fueron muchas las solicitudes de concesión de tierras a cambio de exploraciones, como veremos en el apartado dedicado a la colonización. A título indicativo citemos, primero, la expedición realizada bajo el gobierno del general José Ma de Acháquien en su mensaje a la Asamblea de 1862 había señalado que «la navegación de nuestros ríos» era uno de los pensamientos dominantes de su gobierno44 y había ordenado al prefecto de Tarija la organización de una expedición al sudeste– por el coronel Andrés Rivas (1863) con el objetivo de buscar una salida al Paraguay, colonizar la región y reivindicar la soberanía de la misma frente a Argentina.45 El viaje, a consecuencia del cual se fundó la nueva colonia militar de Bella Esperanza, tampoco logró sus objetivos exploratorios.46 La segunda, la expedición dirigida por el coronel Miguel Estenssoro en 1867, cuyo avance más allá de Bella Esperanza se vio imposibilitado por la resistencia opuesta por las poblaciones indígenas. La tercera, la protagonizada por José Domingo Vargas, quien obtuvo del gobierno Melgarejo (1868) autorización para colonizar, fundar un puerto en la margen derecha del Paraguay –Puerto Vargas, futuro Puerto Pacheco– y abrir un camino desde dicho puerto al interior del país, alcanzando parcialmente los dos primeros objetivos en el viaje que partió de Santiago de Chiquitos.
18Finalmente, en la década de los ’70, fueron varias las exploraciones efectuadas en la región protagonizadas por extranjeros o bolivianos, con el objetivo último de obtener concesiones de tierras. Entre ellas, cabe señalar, primero, la exploración del Pilcomayo hecha por el argentino Orestes Mendoza en 1870, quien había obtenido del gobierno Melgarejo un contrato para la exploración y navegación del río citado –desde el embarcadero de Magariños hasta la desembocadura del Paraguay– a cambio de tierras ribereñas y la navegación a vapor en exclusiva durante 25 años.47 Segundo, la del coronel boliviano Juan A. Rojas, quien en 1874 llegó hasta el Palmar de las Islas. Por entonces, los acuerdos internacionales habían confirmado al Pilcomayo como límite entre la Argentina y Paraguay.48
19A pesar de los numerosos proyectos presentados y aprobados por los gobiernos bolivianos en la etapa 1825-80 relativos al reconocimiento del territorio, escasos fueron los logros, probablemente, como dijo Ballivián en su mensaje al Congreso de 1846, como consecuencia de «La falta de recursos públicos, los pocos hombres capaces de acometer este jénero [sic] de empresas, no acostumbradas en el país, hacen lentos los progresos en esta línea».49
4.1.1.2. «No se puede negar que nuestros caminos son por la mayor parte, intransitables».50 Vías de comunicación
20Las exploraciones en los Orientes fueron paralelas a la búsqueda de las mejores rutas terrestres o fluviales destinadas a favorecer la colonización y, por ende, la explotación económica de la región, y facilitar el transporte de pasajeros y mercaderías. Por ello, muchas de estas exploraciones fueron emprendidas por empresarios que, habiendo obtenido del gobierno concesiones de colonización, se comprometieron a reconocer el territorio, abrir vías de comunicación y poner en explotación las tierras con el concurso de colonos.
21Sin embargo, fue desde la administración de José Ballivián cuando notamos una preocupación gubernamental por el tema, como se evidenció en muchos de los mensajes presentados por los presidentes bolivianos al Congreso a partir de entonces. El proyecto pareció implementarse cuando Manuel I. Belzú sancionó el decreto de 27.01.1853 por el que, considerando la importancia de los ríos navegables para la explotación de los «vastos territorios de prodigiosa fertilidad» y el vehículo más importante para el «comercio, la colonización y la civilización» de los Orientes, sancionó la libertad de comercio y navegación en los ríos amazónicos tributarios del Amazonas y el Paraguay. Este decreto habilitó, además, una serie de puertos francos en los ríos bolivianos, entre otros, sobre el Mamoré (Exaltación, Trinidad y Loreto), Beni (Reyes, Rurrenabaque, Muchanis y Magdalena), Pirai (Cuatro Ojos), Chapare/Cohoni y Chimoré (Asunta, Cohoni y Mamoré), Pilcomayo (Magariños), Paraguay (Bahía Negra y Fuerte Borbón u Olimpo).51 Como no podía ser de otra forma dado el contexto en el que se sancionó la medida, el decreto preveía la concesión de terrenos a los colonizadores que lo solicitasen como contrapartida a la ocupación efectiva de la región, en buena medida inaccesible por entonces. Unos años más tarde, estando el presidente José Ma de Achá por dejar el cargo, informó a la Asamblea de 1864 que la construcción de vías de comunicación había ocupado un lugar destacado en su programa de gobierno y, citó entre otros, los proyectos de vías férreas y apertura de caminos para vincular el Pacífico con el interior de la República adjudicados al empresario norteamericano Enrique Meiggs, y las concesiones hechas a Taboas para la implementación de un camino de Santa Cruz a la margen derecha del Paraguay y a la sociedad Sécure para la apertura de caminos de Cochabamba a Moxos.52
22Tratando de entender cuáles fueron las vías que concitaron mayor interés a nivel regional y estatal, haré aquí una muy breve mención de las mismas. En primer lugar, en la región beniana, probablemente la ruta establecida más tempranamente fue la que permitió la vinculación de la región con La Paz,53 vía en la que se produjeron algunos avances durante la administración Ballivián, gracias al impulso del prefecto José Borja. Efectivamente, durante la corta gestión de Borja, años en los que se incrementó la explotación de cascarilla, se abrieron varias rutas, entre ellas, la vía Rurrenabaque-Reyes-Santa Ana con salida, vía fluvial, al Amazonas; las rutas que unieron Loreto-El Carmen, Magdalena-Baurés y, en forma parcial, la vía Cochabamba-Moleto con la idea última de conectar los valles cochabambinos con la capital beniana (Trinidad), proyecto que no se concluyó hasta bien avanzado el siglo xx.54
23Como podemos observar en el mapa 15 –en el que figuran las rutas existentes en el interior del departamento beniano y la comunicación con Santa Cruz– las vías más significativas, combinando las rutas terrestres con la navegación fluvial, fueron las que partiendo de la capital cruceña llegaban a Bibosi-San Fermín (o la alternativa por el este, dando un rodeo por Santa Cruz-Paila-Ramadilla-Potrero Largo-San Javier-San Fermín) y, desde esa última, hasta Asunción de Guarayos. En ese punto el camino se bifurcaba, por un lado, en la ruta Yaguarú-Carmen-Baures-Guacoraje-Magdalena-San Ramón-San Joaquín, y desde ahí hacia el oeste a Exaltación, Santa Ana-Reyes, sobre el Beni; por otro lado, en la vía Loreto-Trinidad, punto desde el cual, bien se seguía por el norte hacia Exaltación por la vía San Pedro-Santa Ana, bien hacia el oeste por San Ignacio-San Borja-Reyes. No es superfluo añadir, a la vista de las rutas señaladas, que en la región beniana las vías fluviales constituyeron, tradicionalmente, las rutas de comunicación por antonomasia. En este sentido es necesario subrayar la importancia de la vía entre Trinidad y Magdalena, en la cuenca del Iténez, ruta seguida mayormente por los viajeros –entre ellos por A. d’Orbigny– que desde Santa Cruz querían llegar por el norte al Beni.55
Mapa 15. Poblaciones y vías de comunicación en el Beni, 1859

Fuente. T. Roca. «Mapa del Beni, 1859», en ACCB. AHL (La Paz). Mapoteca. 17-8.
24En segundo lugar sabemos del fracaso en la región tarijeña de los proyectos de los sectores de propietarios de Tanja en abrir y consolidar la ruta de acceso al Bermejo y Pilcomayo, no obstante los diversos intentos hechos desde la década de 1840. Únicos logros reseñables son, a mi entender, las trochas que, con el intento de expandir la frontera tarijeña, llevaron desde Tanja a Villa Rodrigo y, más tarde, a Bella Esperanza. Nunca fructificaron a lo largo de la etapa aquí estudiada los intentos por construir una ruta desde Tarija al Pilcomayo ni al Bermejo, como las proyectadas, entre otras, en la década de los ’60, por Luis Lozada y Mariano Colodro, oficiales bolivianos que constatando la ausencia de conocimientos sobre la región comprendida entre Magariños (cercanías de Tarija) y el río Paraguay propusieron en 1868 la apertura de un camino y la construcción de fuertes que aseguraran el avituallamiento de las colonias, y un camino hacia el río Paraguay a cambio de concesión de tienas con fines colonizadores.56
25En tercer lugar, por lo que se refiere a la expansión de Santa Cruz hacia el sur, no podemos ignorar los proyectos del empresario Miguel Suárez Arana quien, a fines de los ’50, propuso la apertura de un camino que partiendo de Santa Cruz, pasara por las provincias de Cordillera y Salinas (Tarija) hasta el límite con la Argentina, y solicitó la concesión de parte del territorio comprendido entre el Parapetí y el Pilcomayo, región en la que se comprometió a fundar la colonia Abatiri; el proyecto, sin embargo, no obtuvo la aprobación gubernamental.57 El mismo Suárez Arana, a través de la Empresa Nacional de Bolivia en el Paraguay, solicitó en 1874 la aprobación gubernamental –que obtuvo en 1875– para la construcción de dos caminos carreteros que partiendo de Santa Cruz y Lagunillas arribaran a la margen derecha del Paraguay, donde se establecería un puerto.58 Corresponde a la misma década el proyecto de la Sociedad Progresista de Bolivia para la instalación de un puerto sobre el Paraguay y un camino que lo conectara a Santa Cruz.59 Finalmente, por lo que se refiere a la comunicación entre los valles cochabambinos y el norte boliviano, el alemán G.Von Holten propuso, y le fue aceptado, un plan para la colonización del territorio entre el Sécure y Chimoré en el Chapare, gozando de la exención de impuestos y derechos aduaneros para el material agrícola importado durante los diez primeros años. En contrapartida, se comprometió a instalar un puerto sobre el Chimoré, la apertura de un camino entre Vandiosa y Espíritu Santo, la conclusión de la vía Cochabamba-Trinidad, y la instalación de colonos extranjeros o nacionales; el proyecto, como tantos otros, no se materializó.60
26Así, a pesar de que el presidente Morales en su mensaje al Congreso de 1872 proclamó eufórico que la navegación de los ríos orientales y la construcción del ferrocarril para salvar las cachuelas del Madeira eran un hecho y que
Los Departamentos del oriente han tenido ya la fortuna de oir el silvato del vapor, y no pasará mucho tiempo sin que se sienta en la República el desarrollo e incremento rápido de la industria y el comercio de esas rejiones [sic] vírjenes [sic], habitadas hasta hoy por tribus salvajes,61
27la realidad desmintió tal discurso, y la construcción de infraestructuras continuó siendo una tarea pendiente de los gobiernos bolivianos. Efectivamente, la década de 1870 vio el fracaso del proyecto ferroviario emprendido por el norteamericano George E. Church, quien, desde 1868 planeó la construcción de un tendido férreo que facilitara la salida boliviana por el Amazonas, surgiendo así la idea del ferrocarril Madeira-Mamoré. El proyecto exigió la obtención del gobierno brasileño de una concesión (20.04.1870) por la que se permitía la construcción de una línea de 300 km desde la antigua misión jesuita de San Antonio hasta un punto sobre la catarata más alta de Guayaramerín, ganando tierras a lo largo de la línea.62 Aunque se encargó la construcción de dos barcos y una lancha a vapor a los Estados Unidos, rieles a Bélgica y equipos varios a Inglaterra, y se iniciaron los trabajos para tumbar la selva en las cercanías de San Antonio (1871), el desconocimiento de la zona que rodeaba las diversas cachuelas, las dificultades en obtener financiación externa y la incompetencia de la empresa subcontratada para la realización de la obra –Public Works Construction Company–, motivó la rescisión del contrato. Posteriormente, hubo algunos intentos de otras compañías norteamericanas por continuar el proyecto, pero este fue definitivamente abandonado en 1878-79 poniendo fin, por entonces, al sueño del ferrocarril en el norte boliviano.63
4.1.2. Las quiméricas tentativas colonizadoras64
28En el discurso político boliviano republicano, el término colonización ha designado, tradicionalmente, la fundación de poblados y la explotación del territorio en regiones periféricas no controladas por el Estado, bien por inmigrantes extranjeros, bien por migrantes bolivianos. Así, la colonización e inmigración han sido dos caras de una misma política, cuya implementación debía permitir, según repitió insistentemente la mayoría de gobiernos bolivianos, el «progreso» del país. En consecuencia, considerando que la Bolivia de 1825 tenía gran cantidad de territorios «vacíos»65 susceptibles de ser colonizados, los primeros gobiernos republicanos (Bolívar y Sucre) dictaron algunas disposiciones al respecto, que, aunque restaron inaplicadas, fueron las primeras de una larga serie que construyeron todo un discurso sobre la ocupación de las fronteras orientales. En este contexto, la colonización de dichas regiones fue conformándose como parte significativa del imaginario colectivo boliviano, y referente ideológico de la mayoría, si no la totalidad, de los gobiernos republicanos en los siglos xix y xx. Variables fundamentales y estrictamente interrelacionadas de dicho discurso fueron la construcción de una vialidad que debía permitir la ocupación de todo el territorio por parte de una población, interna o foránea, que explotaría los recursos naturales y posibilitaría el progreso económico y social del país, al mismo tiempo que salvaguardaría la bolivianidad de todas las fronteras.
29Dejando de lado el decreto bolivariano de 8.04.1824 sobre la enajenación de tierras estatales y el reparto de las tierras de comunidad –en suspenso por decreto de 20.09.1826–,66 las primeras medidas sobre tierras e inmigración fueron las dadas el 14.12.1825 protegiendo los derechos de propiedad de los terratenientes de la región cruceña y el reparto de tierras estatales a los «naturales»,67 y el 24.05.1826 por la que se invitaba a los extranjeros a inmigrar a Bolivia con la promesa de acceder a la propiedad de los terrenos baldíos.
30Sin embargo, fue bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz que se aprobaron las que podemos considerar primeras leyes de adjudicación de tierras baldías y de colonización, estando frescas por entonces las informaciones proporcionadas por d’Orbigny al Ejecutivo relativas a los territorios orientales. Aunque desde el inicio de su gobierno, Santa Cruz aprobó la concesión de tierras «despobladas y baldías» en algunas zonas –camino de Cochabamba a Moxos, y en las fronteras de Tarija–,68 la que podemos considerar primera ley de colonización fue la aprobada el 30.10.1833 según la cual se autorizó al gobierno a «distribuir gratuitamente todos los terrenos baldíos que posee la República», comprometiéndose el receptor al desarrollo de actividades agrarias o pecuarias en el término de un año; la medida sólo fue reglamentada nueve años más tarde (30.12.1842). La nueva ley fue acompañada, poco después, por la aprobada el 5.11.1833 según la cual el gobierno podía adjudicar tierras a los extranjeros interesados en radicarse en el país para «ejercer la industria agrícola o pastoril», con la obligación de desarrollar dichas empresas en el plazo máximo de dos años. Sin embargo, el proyecto colonizador más importante desarrollado en los inicios de la Bolivia republicana fue el autorizado por el Ejecutivo Santa Cruz en favor del comerciante y empresario de origen argentino, aunque radicado en Potosí, Manuel Luis de Oliden,69 para la ocupación de extensos territorios en las riberas del Otuquis. La concesión merece algunos comentarios porque ilustra las contradicciones presentes en el proyecto boliviano con respecto a la ocupación de sus fronteras.
31Efectivamente, por ley de 5.11.1832 y decreto de 17.11.1832, Oliden obtuvo del gobierno de Andrés de Santa Cruz una vasta concesión de terrenos70 para la colonización de la región del Otuquis –afluente del Paraguay– y el establecimiento de un puerto en la confluencia del Otuquis, Tucabaca y Latiriquiqui.71 Tras establecer en Santiago de Chiquitos su base de operaciones (1833), el empresario envió a su hijo a la exploración de la región procediendo a la navegación del alto Otuquis, la apertura de algunos caminos, la fundación de Fuerte Olimpo –también denominado Fuerte Borbón– y el establecimiento de algunas haciendas agropecuarias.72 Premio final a dichas actividades fue la toma de posesión legal de parte del territorio –en lo que fue reconocido como nueva provincia de Otuquis– antes del tiempo límite establecido en la concesión. Oliden, en calidad de gobernador de la nueva provincia, decretó la concesión de terrenos a los primeros cien pobladores de la por entonces inexistente ciudad Oliden y el acceso a la propiedad de los colonos que llegaran con posterioridad a cambio de ocupar y explotar efectivamente los terrenos;73 estas medidas parecieron presagiar la expansión de la frontera interna en el sudeste. Sin embargo, el funcionamiento de todo el plan exigía la libre navegación del Paraguay y la solución del diferendo fronterizo entre todos los países de la cuenca, que, al no resolverse, provocó el abandono del proyecto Oliden en 1842.74 El proyecto sólo fue retomado en la década de 1870 por el empresario Miguel Suárez Arana, quien, a través de la Empresa Nacional de Bolivia, propuso y obtuvo del Ejecutivo boliviano el establecimiento de un puerto en la margen derecha del Paraguay, y la apertura de dos caminos que partiendo de dicho puerto llegaran hasta las poblaciones de Santa Cruz (capital del departamento homónimo) y Lagunillas (provincia de Cordillera).75
32No adelantemos acontecimientos y continuemos con nuestra historia para decir que, a la caída de Santa Cruz y tras el breve interregno signado por la inestabilidad política que le siguió, accedió al poder el vencedor de la batalla de Ingavi, José Ballivián, cuya presidencia (1841-47) constituyó un hito fundamental en lo que se refiere a la ocupación de las fronteras orientales. El proyecto orientalista de Ballivián,76 que debía permitir la ocupación efectiva de todas las fronteras, pasó por la aprobación de los instrumentos –colonias militares y religiosas– y medidas destinadas a tales objetivos, la más significativa de las cuales, desde el punto de vista ideológico, esto es, de plasmar en el plano legal el proyecto orientalista ballivianista, fue la ley de 13.11.1844 cuyo artículo único autorizaba al Ejecutivo a «proteger la colonización en el territorio de la República, así como la navegación interior y la comunicación con el Atlántico por el Amazonas y el Plata» pudiendo conceder todas los privilegios, franquicias y exenciones que estimara convenientes.77
33En relación con los instrumentos, el art.1 del decreto de 22.11.1841 dispuso el establecimiento de colonias militares «en las fronteras con los bárbaros, en las márgenes de los ríos navegables y en los campos de los fértiles y poco poblados valles que tiene la República» y concedió tierras a sus pobladores como mecanismo básico para la ocupación de las fronteras;78 estas colonias fueron puestas bajo la competencia del Ministerio de la Guerra.79 También se pensó en los misioneros católicos como agentes colonizadores al encomendarles la reducción de los salvajes e, incluso, tratando de implementar la colonización de la región por inmigración extranjera, se solicitó de la Santa Sede el nombramiento del sacerdote irlandés Anthony Magee –entonces cura de Westminster, en Londres– como vicario o, en su defecto, prefecto apostólico de las misiones orientales. La importancia de tal concesión, según el cónsul boliviano Vicente Pazos Kanki, derivaba del compromiso de Magee, de establecer en las regiones de Moxos y Chiquitos, y con el apoyo de financieros ingleses, una gran colonia de irlandeses, además de desarrollar la actividad reduccionista entre las poblaciones indígenas no sometidas. Como señaló Pazos Kanki, para recabar la aprobación pontificia pertinente, se argumentó
Estos Ríos [amazónicos], así como sus bosques inmensos, se hallan sin población, habitados en la mayor parte por tribus errantes y salvajes, y aunque hai [sic] más de treinta poblaciones de estos Indígenas que se llaman Misiones y Reducciones, todas se encuentran todavía en la infancia de la civilización; tanto así que no están sujetas a las leyes generales de la República, y están regidas por un Reglamento especial que ha dictado el Poder Executivo [sic] del Estado.80
34El proyecto, para el que Pazos Kanki creyó haber obtenido el plàcet de la Santa Sede,81 fue finalmente desestimado por esta tras haber recibido informes de Londres sobre la no idoneidad de Magee para el cargo, y misivas de los obispos peruanos solicitando religiosos, preferentemente españoles, con destino a las misiones orientales.
35Por lo que respecta a las medidas, fueron muchas las dadas por el gobierno Ballivián a lo largo de su gestión, antes incluso de la ley de 13.11.1841, amparando la colonización de las fronteras orientales. Entre otras pueden mencionarse, las facultades otorgadas a los concesionarios –bolivianos y extranjeros– de terrenos (decreto de 30.12.1842) medida en la que no dejó de subrayarse que la adjudicación de tierras se otorgaría a aquellos individuos y sociedades «que propongan y plantifiquen establecimientos para la navegación de los ríos, o que funden colonias en sus costas»;82 el reconocimiento de los terrenos para evitar usurpaciones al Estado (decreto de 13.02.1843); la concesión a los «ciudadanos industriosos» que fueran a establecerse en las colonias militares de lotes similares a los otorgados a los soldados (circular de 30.01.1844);83 y la asignación de determinados territorios para premiar a los soldados una vez acabado el servicio (decreto 14.04.1844).84 Además, se aprobó también el reglamento que debía regir en la venta de bienes nacionales (ley 21.10.1844).85
36Con todo, los resultados fueron escasos con excepción de los avances logrados en la Chiriguanía, donde desde inicios de la década de 1830, la penetración colonizadora –procedente de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija–86 y, fundamentalmente, a partir de los ’40, logró constituir con los fortines y misiones una frontera demográfica estable en torno a las haciendas pecuarias.87 Si el objetivo económico fue el principal atractivo para los migrantes, el interés geopolítico de la región llevó a los gobiernos republicanos a apoyar la ocupación del territorio como instrumento de defensa de la soberanía boliviana en el Chaco.88 La expansión de la frontera interna se produjo también, aunque con características totalmente diversas como consecuencia del tipo de explotación económica de la región –extracción de cascarilla– en la provincia de Larecaja89 (departamento de La Paz) y los territorios de Caupolicán y Moxos, donde la creciente incidencia del frente económico cauchero a partir de la década de 1860 acarreó la concentración en la región de antiguos quineros venidos del alto Beni, Rurrenabaque, Reyes y Santa Ana, que se instalaron preferentemente en el bajo Mamoré, pero que no superaron las 200 personas.90 Finalmente, sabemos también de la ampliación del frente agropecuario cruceño tanto en dirección hacia la Cordillera, como hacia el norte, en los territorios ocupados por los guarayos.
37Retomando nuestra historia, y a propósito del avance colonizador, sabemos que ya desde inicios de la década de 1840 aparecieron en la Bolivia republicana quiméricos proyectos de colonización –que tanta fortuna harían en las décadas posteriores– por los que individuos o compañías se comprometían a colonizar vastas regiones y abrir rutas de comunicación fluviales o terrestres. Recordemos al efecto tres proyectos. El primero fue el presentado por la Compañía de la Guayana francesa –que fue rechazado por el Congreso– que propuso establecer la comunicación fluvial entre la Guayana y el Beni, a cambio de la concesión, con fines colonizadores, de la región entre el Beni e Iténez y el lago Rogo-aguado;91 una reformulación del plan –que sí obtuvo la aprobación del Congreso– fue la concesión en 1843/44 de un millón de acres a una Compañía Franco-Boliviana, constituida en Bruselas y Cochabamba, que según el acuerdo firmado por el representante boliviano V. Pazos Kanki, tenía el objetivo de promover la agricultura, comercio, industria, establecer la navegación al Atlántico vía Amazonas y colonizar el territorio introduciendo cincuenta familias europeas al año con generosas franquicias otorgadas por el gobierno boliviano.92 El segundo fue el proyecto de colonización de Juan Ondarza –uno de los autores del mapa de 1859– que, contando con el respaldo económico de un banquero parisino, propuso colonizar la región del Madeira, vía escogida para el transporte de mercaderías de Bolivia al Atlántico utilizando como escala la Guayana francesa, que tampoco obtuvo el visto bueno gubernativo.93 El tercero, fue el proyecto colonizador presentado por el norteamericano A. D. Pipper y su Compañía de Colonización y Comercio para el establecimiento de 5 000 familias –a lo largo de 25 años–, en Caupolicán y el Beni (1869), que, aprobado el 1.10.1869, fue declarado nulo (14.02.1876) tras comprobar la inejecución del plan.94
38En las siguientes tres décadas vemos cómo sucesivos gobiernos dieron reiteradas medidas sobre la concesión de tierras a militares y colonos a cambio de exploraciones, construcción de caminos, establecimiento de fortines y misiones, y cooperación en «la conquista de los bárbaros». Ejemplo significativo del primer caso –tierras a cambio de exploraciones– lo tenemos en la orden de 3.11.1863, por la que reconociendo el gobierno de Achá los servicios prestados por la expedición al Pilcomayo –que avanzando hasta Piquerenda, había construido el fortín de Bella Esperanza–, confirmó las órdenes anteriores relativas al reparto y adjudicación de tierras a favor de los miembros de la expedición y de los vecinos de Tarija que hubiesen contribuido a la misma con aportación de recursos;95 y, fundamentalmente, la ley de 23.02.1878, sancionada por el gobierno de Daza, concediendo una legua cuadrada de terreno en las márgenes de todos los ríos orientales «a cada uno de los primeros exploradores, o a los que con sus capitales hubiesen adquirido la posesión de los lugares ocupados por los bárbaros que pueblan esa región».96 Muestra del segundo tipo de concesiones –tierras por apertura de caminos– tenemos, entre otras, la resolución de 5.01.1867 por la que el gobierno Melgarejo concedió tierras como contrapartida de la construcción de un camino desde Tarija al Paraguay.97 Ejemplos del tercer tipo –tierras a los oficiales y soldados de los fortines– fueron la ley sancionada por el presidente José Ma Achá (14.06.1861) relativa a la construcción de una línea de fortines en el sudeste (uno o más en Cordillera, tres en Tomina y cuatro en Salinas) que concedió a los pobladores una legua cuadrada de terreno;98 y, bajo el gobierno Daza, las supremas resoluciones de 9 y 22.08.1878 que otorgaron tierras a cambio de la fundación de fortines en el Chaco. Modelo de concesión de tierras a las misiones fue el contenido en el Reglamento de Misiones aprobado por el gobierno Morales ( 13.09.1871 ), cuyos art. 11 y 12 señalaron el derecho de toda nueva misión a obtener los terrenos necesarios para el desarrollo de su actividad.99 Finalmente, ejemplo del cuarto tipo de concesión de terrenos –tierras por «cooperar a la conquista de los bárbaros» fueron las medidas dadas en la década de 1870 sobre la distribución de tierras en las fronteras de Tarija a quienes contribuyeran «con armas, dinero o trabajo personal a las expediciones contra los bárbaros y se establecieran en los lugares conquistados a estos, durante tres años» (resolución de 17.03.1877).100
39Con todo, al concluir la década de los años ’70, la colonización de las fronteras orientales continuaba siendo, en gran parte, un espejismo. Por entonces, aunque sería exagerado sostener la tesis de Miguel Suárez Arana según la cual «la viabilidad y colonización del Oriente, ha sido el constante empeño de nuestros gobiernos» sí podemos concordar con el empresario en el sentido de que la ocupación del Oriente constituiría en las décadas siguientes una «cuestión nacional».101
4.1.3. Demarcación político-administrativa
40A lo largo de los primeros sesenta años de historia republicana, la redemarcación del territorio más significativa fue la que se efectuó bajo el gobierno de José Ballivián, en 1842, con la creación del departamento del Beni, región cuya particular localización había sido vista tradicionalmente por los departamentos vecinos –La Paz, Cochabamba y Santa Cruz– como prolongación o zona de influencia de sus propios territorios.102 El nuevo departamento surgió como consecuencia del interés del gobierno Ballivián, primero, en favorecer la salida boliviana al Atlántico, alternativa aconsejada ya a fines del siglo xviii por Tadeo Haenke al gobernador de Cochabamba Francisco de Viedma;103 segundo, por el afán de incrementar la presencia estatal en una región en la que, como dijo el ex-gobernador de Moxos José Matías Carrasco a inicios de la década de los ’30, «La autoridad del gobierno es tan débil en la provincia que su influjo no llega a los pueblos más distantes de la capital», territorio en que «son desconocidas la constitución y las leyes bolivianas»;104 tercero, para responder a las exigencias de la creciente actividad económica que se desarrollaba en la zona –Caupolicán fundamentalmente– en torno a la extracción de la cascarilla.105
41En consecuencia, parecía evidente la necesidad de proceder a una redemarcación político-administrativa en el norte boliviano que, finalmente, vio la luz en 1842 con el decreto de 6 de agosto y la ley de 18 de noviembre. La primera medida aprobó el establecimiento de la antigua gobernación de Moxos como «gobierno independiente sujeto directamente al poder central de la República, por intermedio de una autoridad llamada Gobernador»; al mismo tiempo, se otorgó a los indígenas de la región «la dignidad de hombres libres y ciudadanos con pleno goce de sus derechos y prerrogativas». La segunda disposición, sancionó la creación del nuevo departamento del Beni, con capitalidad en la imprecisa «ciudad Ballivián».106 De tales providencias dio cuenta el presidente Ballivián a la Convención de 1843 al señalar que
Las interesantes provincias de Mojos, Apolo y Yuracarés, han sido elevadas al rango que merecen ocupar entre los pueblos de la República; y los habitantes de la primera inscriptos [sic] en el Catálogo de los Bolivianos libres, han salido de la servidumbre en que por tanto tiempo se les ha tenido sumidos.107
42Por entonces, los centros poblados más importantes se hallaban en las antiguas misiones de Apolobamba, que agrupaban nueve pueblos –Apolo, Atem y Pelechuco los más significativos– con una población estimada en 13 000 habitantes; y Moxos, con quince pueblos –Trinidad, Baures, Exaltación y San Ignacio los más activos108– y una población cifrada entre 25 000 y 30 000 habitantes. La economía regional contaba, por lo que se refiere a Moxos, con la producción de tejidos de algodón y chocolate en pasta comercializados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; y, en Apolobamba, con la producción de coca, tabaco y, fundamentalmente, la quina –también llamada cascarilla o chinchona, materia base de la que se obtenía la quinina–, que a mitad de la década de los ’20 se había convertido en la principal actividad de la región hasta el punto de que, siguiendo las informaciones de d’Orbigny, el volumen de corteza de chinchona salido de Apolobamba había alcanzado en 1831 los 3 000 quintales.109 Problema fundamental era la salida del producto que se hacía, bien por Sorata, bien por el Mamoré hacia Cochabamba y Santa Cruz, vías que resultaban demasiado largas, costosas e inseguras; con todo, los sectores cascarilleros preferían la salida por el Mamoré con el objetivo de rebajar los costos de transporte, evitar los impuestos derivados de las aduanas interiores bolivianas, y reducir los ataques de los grupos indígenas no sometidos.
43El nuevo departamento –visto con recelo por los crúceños, temerosos de que la región cayera bajo la influencia de Cochabamba110– vio cómo en 1848, aprovechando la crisis política que siguió a la caída de Ballivián, se produjo el intento –no logrado– del prefecto cruceño de desgajar Moxos del Beni e incorporarlo a Santa Cruz –cuestión que se repitió en varias ocasiones en los años siguientes–, y al efecto «nombró» un gobernador para Moxos, José Gabriel Moreno, quien se desplazó a la zona para destituir a las autoridades allí constituidas y «revertir los pueblos de Moxos al rango de provincia bajo la dependencia en que antes estuvo», esto es, Santa Cruz.111 Este fue el primero de una larga serie de pronunciamientos «armados» que se sucedieron en la región, la misma que, por otra parte, y como es bien conocido, fue lugar de refugio de los desterrados políticos.112 Por entonces el departamento beniano era el más extenso de toda la república, puesto que abarcaba aproximadamente 1 018 846 km2, vastedad territorial que contrastaba con la escasez de habitantes, cuyo número fue estimado por Dalence en 48 406 individuos.113
44Sin embargo, la enorme extensión del departamento dificultó tanto el comercio interdepartamental como el que se desarrollaba en el interior de la región, en razón de las grandes distancias existentes entre la capital (Trinidad) y las principales poblaciones, cuestión por la que el otrora gobernador de Moxos y ahora prefecto del Beni (1850-51), José Matías Carrasco, demandó al Ejecutivo una redemarcación de la región. El proyecto propuesto por Carrasco, quien consideró que la demarcación política del Beni era contraria a la naturaleza y a los «intereses de las mismas comarcas asociadas»,114 planteó la división de la provincia de Moxos, la adscripción de Yuracarés a Cochabamba115 y la reincorporación de Caupolicán al departamento de La Paz. El decreto dado por el Ejecutivo (10.06.1854) instituyó la provincia de Chapare –integrada por las «montañas» de Corani, Espíritu Santo y Yuracarés– y su adscripción a Cochabamba, recogiendo parcialmente las ideas de Carrasco; estos cambios no fueron recogidos en el cuadro relativo al censo general de la población que, por entonces, se efectuaba en el país y que fue publicado en 1855.116 Dos años más tarde, por decreto de 9.07.1856, fueron suprimidas las «temporalidades» –tributo pagado por los indígenas moxeños al Estado– y, lo que en este punto interesa, el Beni fue dividido en las provincias de Magdalena, Cercado, Sécure y Reyes. Aunque el gobierno de Jorge Córdova segregó Caupolicán y Reyes, dichas provincias fueron restituidas al Beni por la administración de José Ma de Achá. Es así como, a mediados de los ’50, el territorio beniano se vio reducido a la extensión de 207 213 km2.117
45Aunque la redemarcación político-administrativa más importante en relación con la ocupación de las zonas fronterizas fue el surgimiento del Beni, las administraciones bolivianas dictaron numerosas medidas sobre el tema. Las más significativas fueron, primero, la sanción del presidente Ballivián del departamento de Tarija (decreto de 6.06.1843) constituido por las provincias de Cercado, Salinas y Concepción;118 segundo, la creación por el gobierno Melgarejo de los departamentos de Tarata (5.09.1866) y Mejillones (1.01.1867), revocada a la caída de su administración; tercero, la constitución del Distrito Territorial del Gran Chaco (31.03.1872), con capital en Caiza, cuyo gobierno, considerando la existencia de poblaciones indígenas no sometidas en una región de soberanía discutida, fue confiado a un Jefe Superior Político-Militar. Una posterior reforma (12.08.1876) transformó el distrito en nueva provincia del Gran Chaco y efectuó cambios menores en la conformación de las provincias tarijeñas.
46A lo largo de la etapa aquí estudiada se efectuaron diversas modificaciones que afectaron la organización interior de los departamentos; sin embargo, una demarcación político-administrativa del calado que tuvo la dispuesta por el gobierno de José Ballivián no se produciría hasta la última década del siglo xix y, como veremos, fue consecuencia tanto del boom económico cauchero como de la defensa de la soberanía boliviana en territorios en que esta era cuestionada.119
4.2. «CONVIENE NO DEJAR ENTREGADO A SUS SOLAS FUERZAS AL MISIONERO FRANCISCANO»120
47Como dijimos en su momento, el fortín y la misión habían sido, junto con las haciendas, los principales medios utilizados en el pasado colonial para la expansión de la frontera interna. Habiendo tratado en las páginas anteriores sobre la política colonizadora diseñada por los gobiernos bolivianos entre 1828 y 1880, veamos ahora la importancia concedida a los fortines y, especialmente, a las misiones por parte de los gobiernos republicanos.
4.2.1. Fortines
48En la independizada Audiencia de Charcas sabemos de la existencia de algunos fortines, establecidos a fines del siglo xviii e inicios del siglo xix en la Chiriguanía (Saipurú, Membyray, Karapari).121 Igualmente tenemos constancia del interés de los primeros gobiernos republicanos en asegurar la protección de las haciendas a través de los fortines, del que una muestra fue el establecimiento en las fronteras de Tarija del fortín Zapatera (1826). Sin embargo, el impulso a la construcción de colonias militares como instrumentos de ocupación del territorio no se produjo sino a partir de la administración de José Ballivián. Este, como se ha señalado anteriormente, al poco tiempo de iniciar su gestión, dispuso (decreto de 22.11.1841) el establecimiento de colonias militares «en las fronteras con los bárbaros», y concedió tierras a sus pobladores, colonias que, dicho sea de paso, fueron puestas bajo el control del Ministerio de la Guerra.122 Aunque el presidente Ballivián en su mensaje al Congreso de 1846 informó sobre los importantes avances logrados por las colonias militares, elogiando entre todas ellas la actividad desplegada desde el fortín de Villa Rodrigo, en el valle de Caiza –fronteras de Tarija–, anunció la intención gubernamental de «aumentar i adelantar los fortines necesarios» para la defensa y seguridad del Chaco, y sostuvo que el estado de Villa Rodrigo demostraba que «el pensamiento del Gobierno en la creación de colonias militares no fue una quimera»,123 lo cierto es que se establecieron pocos fortines, que fueron los de Palmar, Tarupayu y Chimeo en las fronteras de Tarija.
49La década de los ’60 vio una reactivación de la política de fundación de fortines a consecuencia, fundamentalmente, de la presión ejercida por los hacendados de Santa Cruz y Tarija con vistas a proteger la expansión de la frontera pecuaria. A este respecto sabemos del establecimiento de Bella Esperanza y Pilcomayo –en las cercanías de las misiones de San Francisco y San Antonio–, Macharetí en las fronteras de Tarija, Isoso en Cordillera e IgUembe en el departamento de Chuquisaca. Este impulso se mantuvo en la década siguiente con la erección de pequeños fortines en Boicovo, Ivo, Guacaya, Ingre y Cuevo. Sin embargo, como reconoció el ministro Calvo en su informe al Congreso de 1874, escasos fueron los logros obtenidos por el Estado en el desarrollo de las colonias por lo que
Entre tanto que el estado pueda realizar de cuenta propia esa conquista, mediante el establecimiento de colonias y fortines, conviene no dejar entregado a sus solas fuerzas al misionero Franciscano.124
50Era evidente que para el Estado boliviano las misiones eran, por entonces, el único instrumento efectivo de penetración en los territorios fronterizos.
4.2.2. Misiones125
51Las misiones existentes en la Audiencia de Charcas en la época tardocolonial estaban adscritas a tres colegios misioneros, los establecidos en Tarija (1755), Tarata (1796) y Moquegua (1795). Las misiones y los colegios se vieron gravemente afectados primero, por las guerras de emancipación desde inicios de la década de 1810 hasta la independencia; más tarde, por la política dictada por los gobiernos republicanos de Bolívar y Sucre. Sabido es que la política religiosa desarrollada por estos, imbuida de las tesis ilustradas sobre la inutilidad de las órdenes religiosas y la subordinación de la Iglesia al poder civil, fue aplicada muy tempranamente. Así, en sendas medidas, Bolívar puso a los religiosos bajo la autoridad de los obispos (27.07.1825) y decretó el cierre de todos los noviciados (29.08.1825); estas disposiciones fueron seguidas por los decretos de Bolívar (11.11.1825) y de Sucre (16.03.1826) por los que todos los conventos de religiosos varones –con excepción de seis– existentes en el país fueron clausurados.
52La situación experimentó un importante cambio, al menos desde el punto de vista ideológico, con el también liberal Andrés de Santa Cruz, bajo cuya gestión se aprobaron tres importantes medidas y se impulsaron algunas iniciativas relativas a la actividad misionera. La primera medida (decreto de 22.01.1830), tras considerar que el «medio más eficaz y suave para reducir a la sociedad civil y religiosa» a los «infieles» eran las misiones católicas, las cuales habían sido abandonadas como consecuencia de la escasez de religiosos, decretó que los franciscanos fueran destinados, en calidad de párrocos misioneros, a las doctrinas existentes en las misiones de Mosetenes, Caupolicán, Guanay, Yuracarés, Guarayos y Cordillera, decidiendo que
Los de La Paz se encargarán de las de Mosetenes, Caupolicán y Guanay; los de Cochabamba y Tarata, de las de Yuracarés, Guarayos y la Cordillera; los de Potosí y Tarija, de las que han estado a cargo del colegio subsistente en la última.126
53Esta es la primera ocasión en que un gobierno boliviano pensó en las misiones como instrumento de «reducción» indígena y, aunque nada se dijo por entonces explícitamente del papel que debían desempeñar los religiosos en la ocupación del territorio, algunas medidas aprobadas por entonces sobre la disponibilidad de tierras por parte de las misiones permite suponer que se confió a los religiosos la socialización indígena como mecanismo que facilitara la ocupación de las fronteras. La segunda medida, complementaria de la aprobada a fines de enero de 1830, fue la ley de 27.09.1831 por la que el convento de San Francisco de La Paz fue reconocido como Colegio de Propaganda Fide para que, junto con los ya existentes en Tarija y Tarata, impulsaran los noviciados como centros de formación de religiosos con destino a las misiones.127 La tercera medida fue la ley de 28.09.1831 por la que las misiones quedaron sujetas al control del Gobierno.128
54Junto con estas disposiciones, la iniciativa más importante sobre la actividad misionera bajo la gestión de Santa Cruz fue el envío del franciscano Andrés Herrero a Europa en 1833-34 para que recabara de la Santa Sede, y de sus superiores jerárquicos, atribuciones para captar religiosos europeos con destino a las misiones americanas.129 Aunque la iniciativa fue del religioso –antiguo misionero entre los mosetenes–, quien presentó su proyecto de restauración de las misiones a las autoridades diocesanas de La Paz y al Ejecutivo, el plan interesó tanto a la Iglesia como al gobierno bolivianos que le dieron a aquel cartas de presentación y financiaron parcialmente su viaje.130 Herrero, nombrado prefecto apostólico de las misiones y colegios franciscanos de América meridional captó 12 misioneros en su primer viaje131 y tras obtener el apoyo del gobierno peruano y del mismo arzobispo limeño emprendió un segundo viaje (1836-37) como resultado del cual captó alrededor de 80 religiosos procedentes mayoritariamente de las provincias del norte italiano y algunos españoles.132 Agreguemos que Herrero vio cuestionada su misión por algunos de los provinciales franciscanos en España, Italia y la misma Bolivia que le recriminaron que quisiera ejercer el control sobre toda la orden franciscana no sólo en Bolivia, sino incluso en todo el continente americano.133 La polémica-a laque no eran ajenos los problemas de poder en el interior de la orden con las diferencias existentes entre los conventos franciscanos y los colegios misioneros– persistió tras la muerte de Herrero (1838) en la figura de su sucesor, Matías Bretón, e involucró también al clero secular, por cuanto según el ordenamiento republicano los misioneros debían obediencia a los ordinarios diocesanos los que, en la práctica, delegaron primero en Herrero, y después en Bretón, la autoridad sobre los misioneros. Finalmente, este logró imponerse con el apoyo del Ejecutivo boliviano y del arzobispo de La Plata, diócesis en la que el problema alcanzó elevadas dosis de conflicto a mediados de los ’40.134 Con todo, los superiores franciscanos en Bolivia no dejaron de solicitar de su casa madre el envío de un mayor número de religiosos con destino a las misiones de Bolivia.
55Retomando nuestra historia, si los misioneros eran el primer recurso necesario para la viabilidad de la actividad misionera, no menos importantes fueron otros dos elementos: por un lado, tierras para el establecimiento de las misiones; por otro lado, la dotación económica a los misioneros y curas conversores. Evidentemente, la obtención de tierras era fundamental para la implementación del proyecto misionero, para la reducción y sedentarización de las poblaciones indígenas y para, no lo olvidemos, la producción de insumos que no sólo permitiera alimentar a los indígenas, sino también obtener excedentes con vistas a su comercialización en los mercados regionales, garantizando así la supervivencia de la misión. En consecuencia, era necesario dotar a las misiones de tierras, cuestión en la que aun cuando los diversos gobiernos dictaron algunas disposiciones al respecto, secundadas en mayor o menor medida por las autoridades departamentales, no siempre se cumplieron. Tales concesiones se iniciaron con el gobierno de Andrés de Santa Cruz cuando, por orden de 25.08.1832 y resolución de 27.09.1832, se otorgaron al general Francisco B. O’Connor facultades para examinar la calidad y extensión de las tierras «realengas» en la frontera de Tarija y sus misiones, reservando en ellas los terrenos «que necesiten los indios de ellas para sembradíos, huertas y cría de ganado».135 La adjudicación de tierras a las misiones continuó en las décadas siguientes, con un cambio significativo bajo la gestión de José Ballivián, el cual, de acuerdo con sus proyectos colonizadores, hizo de las misiones un instrumento de expansión de la frontera interna. Sin embargo, las autoridades centrales y departamentales no supieron, pudieron o quisieron garantizar la tenencia de la tierra por la misión y las poblaciones indígenas allí concentradas, como comentaremos más adelante.
56Por lo que se refiere a la dotación económica para los misioneros y curas conversores, una lectura de los mensajes presidenciales al Congreso y de los informes presentados por los ministros encargados del Interior y/o de Gobierno a lo largo de estos años no dejaron de mostrar –como hizo el ministro José Ma Linares en el convulso año de 1840– su disposición a facilitar los medios para la actuación de los religiosos en las misiones, para «derramar en ellas la luz del Evanjelio [sic] y a ganar brazos útiles para la industria».136 Tales medios consistieron tanto en la concesión de terrenos ya comentada, como en la inclusión en los presupuestos estatales de reducidas partidas económicas para los religiosos, asignación de lo recaudado a través de las llamadas Bulas de Cruzada (decreto de 22.02.1845),137 una parte del ramo de primicias y otros óbolos captados por los ordinarios diocesanos,138 y dotación económica a los curas conversores radicados en las misiones, sujeta siempre a las disposiciones del Gobierno.139
57Establecidos los recursos necesarios para el establecimiento de las misiones, con la teórica protección gubernamental, la praxis histórica mostró que la llegada de los religiosos europeos a partir de mediados de la década de 1830 provocó una reactivación de la actividad misionera en Bolivia que se vio impulsada además, por la aprobación de nuevos colegios misioneros pues, a los existentes en La Paz, Tarata y Tarija, se sumaron los fundados en Sucre (1837) y Potosí (1853).140 La aprobación de estos colegios –que se surtieron con franciscanos italianos y españoles llegados en sucesivas oleadas– requería la previa aprobación gubernamental, una prueba más del interés del Ejecutivo y Legislativo bolivianos en el avance misionero.141 Por todo ello, creo poder afirmar que fue a partir de fines de la década de 1830 e inicios de los ’40 cuando las misiones empezaron a convertirse, en la historia republicana boliviana, en instrumento de ocupación del territorio, y una de las puntas de lanzas de la penetración colonizadora en los territorios ocupados por las poblaciones no sometidas.
58Efectivamente, si fue el gobierno de Santa Cruz el que dio las primeras disposiciones para la reactivación de las misiones, no fue hasta la administración de Ballivián cuando, en el contexto de un proyecto político más ambicioso que involucraba todos los territorios orientales, los misioneros empezaron a fundar nuevas misiones y restaurar otras. Este proceso se fue implementando también como consecuencia, en algunos casos muy directa, del interés de los colonos por asegurarse la colaboración misionera para reducir a los bárbaros, para su «domesticación» y utilización como mano de obra en el caso de que las empresas colonizadoras lo requirieran. Conviene matizar al respecto que, cuando la resistencia indígena hacía imposible su incorporación o bien la expansión de la frontera colona no demandaba brazos indígenas, el instrumento requerido por los colonos fueron los fortines como arma de represión. De ahí que podamos afirmar que los fortines y las misiones fueron las herramientas de ocupación de las fronteras orientales. De hecho, hubo territorios –el Chaco es ejemplo paradigmático– en que unos y otras fueron utilizados como punta de lanza del frente colonizador, como muestra bien la narración que el franciscano Alejandro Corrado hace del origen de la nueva misión de Bella Esperanza, junto al fortín del mismo nombre. Según el misionero, el interés de los ganaderos de Villa Rodrigo en ocupar el territorio existente entre Caiza y el Pilcomayo hizo que solicitaran al prefecto departamental permiso para la construcción de un fuerte, petición satisfecha por este, el cual, además, encargó al misionero Giuseppe Giannelli la fundación de una misión junto al fortín, más tarde abandonada y restablecida en otro lugar, la futura misión de San Antonio.142
59El progresivo avance misionero fue reiteradamente mencionado por los gobiernos bolivianos ante el Congreso,143 no dejando de subrayar la protección dada a las misiones y los «éxitos» obtenidos por estas en la civilización de las poblaciones indígenas y en la apertura de caminos. Valga como ejemplo del interés gubernamental en la utilización de las misiones para la ocupación de la región, lo señalado por el ministro del Interior y Culto del gobierno Linares a la Asamblea de 1857: «La pacífica conquista de las tribus salvajes que limitan gran parte de nuestras fronteras, por medio de la enseñanza de la Cruz y la dulce persuación [sic] del Evanjelio [sic]»; esta conquista había permitido, según el ministro Cuéllar, la fundación de las misiones de San Fermín (Chiquitos) y Tarairí (Cordillera), siendo esta última de vital importancia para «abrir definitivamente la comunicación directa» entre el departamento cruceño y el norte de Argentina, con positivas consecuencias para el comercio entre ambas regiones. La conclusión del informe presentado al Congreso no dejaba dudas sobre la expansión misionera, que, sin embargo, era lenta «por las resistencias que los religiosos conversores encuentran frecuentemente en el espíritu bravo y la naturaleza salvaje de sus neófitos».144
60Con todo, la implantación y supervivencia de los poblados misionales se vieron frecuentemente amenazadas tanto por la resistencia indígena como por el avance del frente colonizador, y es esta segunda cuestión a la que voy a referirme. La praxis histórica mostró que, tras una primera etapa reduccionista concluida con la concentración indígena, la presión de los sectores propietarios por obtener tierras y/o acceder a la mano de obra indígena provocó el surgimiento de importantes conflictos con los misioneros. Estos sectores, superada la fase inicial de conquista, a menudo en connivencia con las autoridades departamentales, abogaron por la desaparición del sistema misional y la transformación de la misión en beneficio curai –la secularización– con lo que la mediación misionera desaparecía permitiendo a los empresarios agropecuarios y comerciantes un trato directo con las poblaciones indígenas, y, por ende, fijar condiciones para su contratación como mano de obra, el desarrollo del comercio y el acceso a los terrenos misionales. Esta presión secularizadora estuvo presente fundamentalmente en las fronteras de Tarija y Santa Cruz desde fines de los ’50, pero se manifestó especialmente a lo largo de la década de los ’60 y ’70; de igual forma se presentó en los territorios del Noroeste, como consecuencia de la captación de mano de obra con destino a las actividades extractivas, primero la cascarilla y después el caucho.
61A título de ejemplo, citemos tres casos. El primero, ocurrió en la misión de San Buenaventura –al norte de La Paz– donde, según el prefecto misionero Rafael Sans, religioso del colegio de La Paz, estaba en vías de desaparecer como consecuencia de la captación de brazos indígenas por cascarilleros y gomeros que, a través de la deuda, los transformaban en esclavos.145 El segundo acaeció en la misión de Aguairenda –fundada a fines de los ’40 en el valle de Caiza–, donde la presión de los colonos dejó sin efecto las disposiciones dadas por el general Magariños relativas a la adjudicación de tierras a los indígenas, que sólo pudieron ser obtenidas tras la sucesiva compra de las mismas por los franciscanos en la década de los ’50.146 El tercero tuvo lugar en los poblados de San Francisco y San Antonio –misiones del Parapetí– que, asumidos por los franciscanos en 1871, fueron abandonados por ellos en 1880 por las tropelías cometidas por los colonos con la población indígena y sus tierras pues, hechos consuetudinarios, según señaló el prefecto misionero de Potosí en 1877, eran «el degüello de los Indios; o el destierro de sus territorios; o la oposición a los PP. de Propaganda».147
62Conscientes los religiosos de los obstáculos planteados por el progresivo avance del frente colonizador y las acciones de los civilizados, trataron de obtener del gobierno un reglamento que sirviera para regular tanto la vida en el interior de las misiones como las relaciones entre estas y el mundo exterior y, por lo tanto, protegiera más eficazmente los poblados misionales. Este fue el origen del primer Reglamento de Misiones aprobado por el gobierno de Agustín Morales por decreto de 13.09.1871,148 como no dejó de señalar unos años más tarde, en crítica acerada, el subprefecto de Azero Quintín Miranda, cuando a propósito de los reiterados conflictos entre los sectores propietarios y los conversores por el control de la mano de obra indígena surgidos desde las primeras fundaciones misionales (mediados de los ’50) señaló que las misiones
elucubraron en 1871 un modo legal de apropiarse de los indios garantidos por la lei i las autoridades de tal modo que estas, arrastren coercitivamente a los indios al punto que ellos designen por misión.149
4.2.2.1. Un reglamento de misiones para «aumentar los hijos a la Iglesia y los ciudadanos útiles a la Patria»150
63No es casual que fuera Alejandro Ercole, comisario de misiones del Colegio de Tarija, el autor del proyecto de reglamento presentado al gobierno presidido por Agustín Morales en 1871,151 pues, fue en la frontera tarijeña donde los misioneros sufrieron más contratiempos como consecuencia de la presión de los sectores propietarios. Según Ercole, las misiones y los indígenas que en ellas habitaban se veían amenazados por la actuación de los «enganchadores» a la búsqueda de mano de obra para las empresas de Argentina, de los comerciantes que pretendían tratos directos con los indígenas pobladores y por último, pero no menos importante, de aquellos que trataban de «utilizar las tierras y adelantes de la reducción» sin tener en cuenta la ley de la propiedad, ni los derechos de los naturales, ni la «incapacidad de los mismos para regirse de por sí, sea que se los mire con respecto a la Religión, sea con relación a sus intereses sociales».152 Estas razones habían provocado, según el misionero, que las misiones no lograran los resultados esperados, razón por la cual, sostuvo Ercole, era necesario «establecer una regla que garantice a nuestros indios, que sea bienhechora y fecunda en bienes espirituales y temporales».153
64El largo escrito del comisario Ercole en defensa del reglamento propuesto era reflejo del discurso franciscano sobre las funciones a cumplir por los misioneros, esto es, transformar a los salvajes, a los bárbaros e improductivos indígenas habitantes de las fronteras orientales, en individuos civilizados, religiosos, ciudadanos e implícitamente en individuos productivos aptos para su incorporación al orden republicano. Aunque el religioso se aventuraba a afirmar que, en ocasiones, parecía que la llegada de los misioneros empeorara la situación de los indígenas, puesto que «únicamente se estudian todos los modos para aprovechar de sus brazos», descuidando su cultura y educación, concluía su escrito ratificando que los objetivos misioneros eran «la salvación de las almas y fomentar el progreso e industria, que justamente puede y debe exigirnos la nación».154
65El reglamento propuesto al Ejecutivo a través del cauce regular del arzobispo de La Plata, quien consideró el dispositivo necesario para que los conversores «puedan desempeñar libremente su misión apostólica y civilizadora, atender a la conservación de las actuales reducciones, y obtener otras nuevas e interesantes conquistas»,155 fue aprobado por la Asamblea Constituyente (25.08.1871) y sancionado por el presidente Morales el 13.09.1871.156 Son muy interesantes al respecto los comentarios del ministro de Justicia y Culto –Lucas M. de La Tapia– y de la Comisión de Negocios Eclesiásticos para dilucidar la causa de la aprobación del reglamento por el poder político. Mientras el primero señala la necesidad de garantizar la existencia de las misiones «contra la arbitrariedad, contra la violencia, el fraude y los demás abusos, de que suelen ser víctimas los neófitos, que recién entran en la vida civil»;157 la segunda recomendaba la preceptiva autorización del reglamento por cuanto debía permitir la
civilización de tribus salvajes que ocupan nuestro territorio, haciendo difícil y peligrosa nuestra comunicación y tránsito a las vías fluviales de la República, destinadas a ser próximamente nuestros grandes vehículos de comunicación con el mundo comercial.158
66Tanto en las reflexiones del fiscal, como en las de la Comisión de Negocios Eclesiásticos encontramos ratificadas, esta vez en forma explícita, la vinculación de las misiones con la colonización del territorio. Esto es, la reducción, el control y la aculturación de los indígenas favorecería la llegada a las fronteras orientales de población nacional o extranjera que explotando sus riquezas, potenciaría el desarrollo de la frontera interna y contribuiría al desarrollo y la prosperidad del país.
67El conjunto de 33 artículos de que constaba el reglamento reguló, primero, quién detentaba la autoridad en la misión y cuáles eran sus competencias; segundo, en quién recaía la autoridad y la administración tanto en el interior de la misión, como las relaciones de los indígenas que en ella habitaban con el mundo exterior. Por lo que se refiere a la primera cuestión, el texto señaló explícitamente que toda misión dependía «inmediata y esclusivamente [sic]» del Supremo Gobierno (art.l), único poder competente para declararla en beneficio curai, esto es proceder a su secularización y pasar a la categoría de parroquia (art.4). En virtud de dicha dependencia, el Gobierno ejercería el control de las misiones a través de la obligación de los prefectos comisarios de misiones de presentar bianualmente un estado demográfico, social y económico de las mismas (art.31), y del nombramiento, cuando lo creyera conveniente, de delegados para la inspección de la marcha de las misiones (art.32). Finalmente, señaló como competencias del Ejecutivo la erección de toda nueva misión previa solicitud de los misioneros –a través de los correspondientes ordinarios diocesanos–, para que aquel «apruebe el establecimiento, adjudique las tierras necesarias [cuestión regulada explícitamente en el art.12], señale y situe el Sínodo» del conversor (art. 11), sínodo que según el art. 25 sería de 240 bolivianos (300 pesos) a pagar por la tesorería departamental. Una última anotación es la relativa a las tierras misionales, reglamentada en el art.30, en el cual se estipuló que, transformada una misión en beneficio curai o doctrina, se haría la distribución de las tierras a cada uno de los jefes de las familias neófitas radicadas en ellas, con lo que se reconocía el derecho de propiedad colectiva de los habitantes de la misión.
68Por lo que se refiere a la segunda cuestión, esto es, quién ejercía la autoridad en el interior de la misión y las relaciones de la misma con el exterior, el reglamento reconoció a los religiosos como la máxima autoridad: «Los padres conversores son tutores natos de los neófitos y ejercerán el gobierno económico y administrativo dentro de la circunscripción del territorio de su misión» (art.28). En el ejercicio de su autoridad, se confió a los misioneros la tutela sobre los indígenas (art.3), considerados «menores» (art.24), que no podrían salir de la misión sin el permiso del conversor (art.7); la autoridad misionera desaparecería con la secularización de la misión, coyuntura en la cual los indígenas entrarían «en el pleno goce de sus derechos civiles» (art.5).
69A consecuencia de las atribuciones otorgadas a los misioneros en el reglamento, estos obtuvieron amplias competencias relativas al control del territorio, de la mano de obra indígena, y el intercambio comercial, aspectos que, especialmente los dos primeros, se convertirían en los años sucesivos en puntos de fricción y conflicto con el poder local y/o regional. En primer lugar, por los art. 18, 19 y 23 se señaló que todo aquel que pretendiera transitar por el territorio de la misión, domiciliarse en ella o explorar determinadas zonas de la misma, necesitaba el permiso de los conversores. En segundo lugar, se reglamentó el control de la mano de obra, de modo que, si por un lado, los art.8 y 9 regulaban la contratación de la misma por los hacendados o comerciantes, y se determinaba que todo individuo que pretendiera contratar el servicio de los neófitos debía hacerlo con «autorización e intervención» de los misioneros, declarando nulo todo contrato hecho sin consentimiento de los mismos; por otro lado, el art. 13 reglamentaba la utilización de los neófitos para formar parte de expediciones «a las tribus enemigas o bárbaras», para lo que también se necesitaba la conformidad de los religiosos. En tercer lugar, la intervención del conversor era también necesaria en todo trato comercial entre los indígenas y el exterior (art. 17). Finalmente, el Estado confió al misionero la tarea que, desde el origen, había sido el argumento principal para su trabajo entre los indígenas, esto es, su aculturación, pues según el art.27, los conversores «procurarán en lo posible la asimilación de las costumbres de los neófitos a las de los demás cristianos de la República», para lo cual deberían fundar escuelas donde los/as niños/as aprendieran a leer y escribir (art.29), naturalmente que, aunque ello no se menciona explícitamente, en castellano.
70En suma, el primer Reglamento de Misiones reconoció al Padre Conversor como la máxima autoridad política, civil y religiosa en el interior de la misión y, en consecuencia, intermediario de todo contacto entre los indígenas y el exterior, tanto con la sociedad civil como con el Estado. Paralelamente, el Gobierno se reservó el control de las misiones y la posible modificación del reglamento «según las nuevas necesidades de cada misión, y en conformidad con el desarrollo de la navegación fluvial de nuestros ríos»,159 cuestión harto elocuente en cuanto a la fuerte vinculación existente entre la fundación de las misiones y la ocupación y el control de los Orientes por los gobiernos bolivianos.
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71Las esperanzas depositadas por el gobierno Morales en las misiones como instrumento para el «incremento de las poblaciones civilizadas»160 se vieron parcialmente cumplidas si consideramos la existencia a fines de la década de los ’70 de un total de treinta poblados regidos por los franciscanos, en los que el número de indígenas concentrados se estimó en 8 000 individuos. El número podría haber sido mayor, según señaló el ministro de Justicia en 1877, si las finanzas estatales hubieran permitido incrementar el presupuesto destinado al control de las «hordas errantes que recorren nuestras selvas, condenadas tal vez a perpetua barbarie»161 y, aunque no se dijera en el informe, si no se hubiera provocado por la acción de los civilizados –interesados en la apropiación de las tierras y captación de la mano de obra indígena– la desaparición de las misiones.
72Por entonces, y con ello concluimos el estudio de la etapa materia de este capítulo, las misiones franciscanas fundadas o restauradas eran, en función de su adscripción a los diversos colegios misioneros las siguientes.162 Primero, las dependientes del Colegio de La Paz, como fueron las doctrinas y/ o misiones de Tumupasa (1835), Ixiamas (1838), San José de Uchupiamonas (1836), Cavinas (1806), San Buenaventura (1863), Covendo (1838/39 trasladada en 1862), Santa Ana (1815) y Muchanes (1807). Segundo, las misiones dependientes del colegio de Tarija como fueron las de Itaú (1845), Carapari (1845), Chimeo (1848), Aguairenda (1851), Tarairí (1854-55), San Francisco del Pilcomayo (1860-63), San Antonio del Pilcomayo (1866), Macharetí (1869), Tigüipa (1872). Tercero, los poblados misionales confiados al Colegio de Tarata, es decir Asunción de Guarayos, Urubichá, Yaguarú y Yotaú. Finalmente, el Colegio de Potosí no fundó ninguna misión sino que se hizo cargo, en la década de los ’70, de los curatos de Iguembe y Boicovo (1875) en la cordillera central, y de los existentes en San Antonio y San Francisco de Parapetí (1871);163 estos últimos, a causa de los problemas surgidos con los colonos, fueron devueltos en 1880 por los franciscanos al obispado de Santa Cruz.164
Notes de bas de page
1 Mientras que a fines del siglo xviii los ingresos vía tributo no superaron el 25%, en 1832 eran el 45%, y en 1846 alcanzaba ya el 54%, Jorge A. Ovando Sanz. El tributo indígena en las finanzas bolivianas del siglo xix. La Paz, Imp. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, 1986. Estudios útiles que desbrozan las transformaciones del sistema tributario y la reacción de las comunidades indígenas en Bolivia son, entre otros, Tristán Platt. Estado boliviano y ayllu andino. Lima, IEP, 1982, pp. 36-72, y del mismo autor «La experiencia andina de liberalismo andino entre 1825 y 1900: Raíces de la rebelión de Chayanta (Potosí) durante el siglo xix» en Steve S. Stern (comp. ). Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos xviii-xix. Lima, IEP, 1987, pp. 261-302; Erick D. Langer. «El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo xix», Historia y Cultura, 14 (La Paz, 1988), pp. 59-95 y los trabajos del mismo Langer y de G. Rodrígez Ostria en H. Bonilla (comp. ). Los Andes en la encrucijada. Indios, comunidades y Estado en el siglo xix. Quito, PE, 1994, pp. 133-167 y 277-334 respectivamente.
2 Concepto, en mi opinión más acertado que el tradicional Oriente, al recoger los diversos ecosistemas, población, recursos, etc. Ver el Seminario «El espacio territorial y los Orientes bolivianos» celebrado en 1993 en La Paz, cuyos trabajos fueron editados por Jorge Córdova y Jean Claude Roux (eds. ). El espacio territorial y los Orientes bolivianos. La Paz, UMSA, s. a. y J. C. Roux. La Bolivie Orientale. Paris/Montreal, L’Harmattan, 2000, pp. 13-15.
3 John Miller. Memorias del General Miller. Madrid, Ed. América, s. a. T. I, pp. 38-39 y Joseph B. Pentland. Informe sobre Bolivia. 1826. Potosí, Ed. Potosí, 1975. Extensión territorial en Walter Pers García. Límites de Bolivia. La Paz, Lib. Ed. Juventud, 1996 [2a ed. ], p. 331.
4 Sabido es que Cobija fue la caleta propuesta por el general O’Connor –comisionado por Bolívar para la exploración de la costa de Atacama con el objetivo de buscar un puerto para el comercio de la nueva república– como lugar de intercambio mercantil con el exterior por vía marítima, aprobada por el Libertador (28.12.1825) quien le dio el nombre de Puerto La Mar, adscrito al departamento de Potosí, en el que permaneció hasta 1829.
5 La ley de septiembre de 1831 quedó en suspenso hasta que las Cámaras acordaran las cuestiones relativas a las rentas departamentales.
6 Como ha estudiado William L. Lofstrom. El mariscal Sucre en Bolivia. La Paz, Ed. Alenkar, 1982, los proyectos reformistas abordados por Sucre afectaron a los bienes económicos de la Iglesia regular y secular (diezmos, capellanías, cofradías y obras pías en general) y siguieron los planteamientos liberales sobre la cuestión diseñados en el Trienio Liberal español. Concuerdo con Lofstrom en que la política eclesiástica de Sucre respondió tanto a razones ideológicas -posición anticlerical de origen ilustrado- como económicas, más circunstanciales -penuria financiera de la hacienda pública y necesidad estatal de los fondos eclesiásticos-. Ver también José Ma Barnadas. La Iglesia católica en Bolivia. La Paz, Ed. Juventud, 1976 y Roberto Vada Palma. Historia de la Iglesia de Bolivia en la República. La Paz, Imp. Publicidad Papiro, 1995.
7 Mercantilista decidido, Santa Cruz implantó un proyecto económico proteccionista que rigió hasta la década de 1860. Durante su gestión se redujeron los impuestos mineros, se regularizó el crédito público, y se trató de canalizar las importaciones por el hasta entonces pequeño puerto de Cobija; además, se impuso la moneda feble como recurso temporal aunque su creciente importancia frente al peso fuerte fue claro indicador de la progresiva crisis financiera del Estado. Aunque tradicionalmente, los estudios sobre la economía boliviana del período subrayaron los efectos negativos de la «manipulación monetaria» sobre la economía nacional, en estas últimas decadas se ha impuesto una interpretación según la cual la moneda feble estimuló el crecimiento económico tanto en Bolivia como en las regiones fronterizas. Interesante reflexión sobre ambas interpretaciones en Gustavo A. Prado Robles. «Efectos económicos de la adulteración monetaria en Bolivia, 1830-1870», en Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin Qayum (comps. ). El Siglo xix. Bolivia y América Latina. La Paz, Muela del Diablo Ed. 1997, pp. 299-327.
8 Herbert S. Klein. Historia de Bolivia. La Paz, Lib. Ed. Juventud, 1996 [6a ed. ], pp. 125 y ss. Varios son las obras sobre la figura y actuación de Santa Cruz, entre otras: Oscar de Santa Cruz. El general Andrés de Santa Cruz, gran mariscal de Zepita y el Gran Perú. La Paz, Escuela Tipográfica Salesiana, 1924; Alfonso Crespo. Santa Cruz. El cóndor indio. México, FCE, 1944; Jorge Escobari. La vida y obra del Mariscal Andrés Santa Cruz. La Paz, Ed. de la Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo, 1976. Phillip T. Parkerson. Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839. La Paz, Ed. Juventud, 1984; Roberto Querejazu Calvo (comp. ). Oposición en Bolivia a la Confederación Perú-Boliviana. Sucre, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1996.
9 Estudios recientes sobre el caudillismo boliviano son James Dunkerley. « Reassessing Caudillismo in Bolivia». Political Suicide in Latin America. London, Verso, 1992, y Victor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano. Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880. Madrid, CSIC, 2000.
10 Frías llegó a Bolivia huyendo de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, fue cónsul de dicho país en Chile y, más tarde, consejero del presidente Ballivián. Firme partidario de la salida de Bolivia hacia el Atlántico a través de los ríos orientales, abogó por un acuerdo con Paraguay y la pacificación de los grupos indígenas recurriendo a los misioneros. Un análisis del proyecto orientalista de Ballivián es Janet Groff Greever. Ballivián y el Oriente boliviano. La Paz, Ed. El Siglo, 1987.
11 J. I. Alvarez de Arenales. Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y el río Bermejo. Buenos Aires, 1833, pp. 393-415 y A. d’Orbigny. Descripción Geográfica, Histórica y Estadística de Bolivia. Paris, 1845, T. I.
12 Una copia del «Mapa de la República de Bolivia» de los militares Juan Ondarza y Juan Mariano Mujía, y el cartógrafo Lucio Camacho, en AHL. Β1-3, PL-8-6. Interesante estudio del mapa en Jean Claude Roux. «Bolivia mítica y Bolivia real a través del primer mapa nacional de 1859... Una relectura crítica en términos de organización territorial y de delimitación de las fronteras» en J. Córdova y J. C. Roux en El espacio territorial... pp. 77-119. Las peripecias en torno a la financiación y edición del mapa Linares en Mariano Β. Gumucio. «El mapa que inició la deuda externa de Bolivia», Historia y Cultura, 14 (La Paz, 1988), pp. 97-106. En estricto sentido el primer mapa fue el levantado por F. Bertrés quien en 1843 publicó el «Mapa corogáfico de la República de Bolivia con la topografía de las fronteras limítrofes. Mandado levantar por el Exmo. Sr. Presidente José Ballivián y formado por el Coronel de Ingenieros Felipe Bertrés, Director de la mesa Topográfica», en R. del Pozo Cano. Cartografía del Chaco Paraguayo, publicada por orden del Sr. Ministro de R. Exteriores y Culto Dr. D. Justo Pastor Benitez, recopilada por—, Cartógrafo de la C. de Límites del M. de Relaciones Exteriores. S. p. i. p. 20 y mapas n° 95 y 95 b.
13 Hay una cierta confusión en torno a cuál fue la extensión de la región cedida al Brasil, que según los autores oscila entre 100 000 km2 y 450 000 km2, diferencias relacionadas con la posición de las fuentes del Yavarí, errores sobre la latitud del Madera (demarcación colonial hispano-lusa), los confines del Purús, etc. Según el Atlas de Bolivia (1998) la superficie cedida al Brasil por el tratado de 1867 fue de 257 000 km2. Agradezco a Jean Claude Roux la información relativa a este punto.
14 Mariano D. Muñoz. Memoria que el Ex-Secretario Jeneral de Estado y actual Ministro de Gobierno, Justicia y Relaciones Exteriores de la República de Bolivia presenta a la Asamblea Nacional Constituyente reunida en 1868. La Paz de Ayacucho, Imp. Paceña, 1868, p. 17. Por el Tratado López Netto-Donato Muñoz (27.03.1867) -recogido en la misma Memoria, pp. 203-210- Bolivia obtuvo el libre acceso al Amazonas a cambio de la cesión de una parte de su territorio -la región inexplorada de la línea Madeira-Yavarí, incluyendo el curso completo del Madeira- al Brasil.
15 A. Morales. Mensaje que el Presidente Provisorio de la República presenta a la Asamblea Constituyente de 1871. Sucre, Tip. del Progreso, 1871. p. 8.
16 Así se desprende de varios escritos, como el de Alejandro Ercole. Reglamento de misiones de infieles en el territorio de Bolivia, presentado por el R. P. Fr. —, Prefecto de las de Tarija y aprobado y puesto en vigencia el día 13 de setiembre por el poder ejecutivo en virtud de la autorización de la Asamblea Constituyente por su acto lejislativo de 9 del dicho mes de 1871. Sucre, Imp. de Pedro España, 1871, pp. 15-17 y Melchor Terrazas. Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública a la Asamblea ordinaria de 1872. La Paz, Imp. de la Unión Americana, 1872, p. 8.
17 Para el estudio de la economía boliviana durante el período 1825-80 ver Luis Peñaloza Cordero. Nueva Historia económica de Bolivia. La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1984.
18 Concepto este que se utilizó, frecuentemente, para designar los territorios periféricos ocupados por poblaciones no sometidas y en los que la presencia del Estado era escasa si no nula. En este sentido el concepto trascendía su dimensión política (territorio limítrofe con los países vecinos) e incorporaba la dimensión socioeconómica. Escasos son los trabajos relativos al tema en la historia republicana en el período aquí trabajado, ver entre otros, José Lavandenz. La colonización en Bolivia durante la primera centuria de su independencia. La Paz, Intendencia de Guerra, 1925 y el más genérico Hernando Sanabria Fernández. En busca de Eldorado. La colonización del Oriente boliviano por los crúceños. Santa Cruz, Universidad R. G. Moreno, 1958.
19 J. C. Roux distingue entre lo que denomina la «Bolivia oriental histórica», de la Bolivia exterior reivindicada formalmente por los gobiernos republicanos que, sin embargo, nunca tuvieron interés por hacer efectiva la ocupación de la misma en La Bolivie Orientale... p. 101.
20 Eusebio Gutiérrez. Esposición que presenta en Bolivia el Ministro de Estado en el Despacho del Interior a la Convención Nacional en 1843. S. 1. Imp. de Beeche y Cía, 1843, p. 6.
21 José D. Cortés. Bolivia, apuntes jeographicos, estadísticos, de costumbres, descriptivos e históricos por—. Paris, Typ. Lahure, 1871, p. 1. Ver también el anónimo Bolivian Colonization being prospectus of the Colonization and Commercial Co. of Bolivia, incorporated in San Francisco, California (January 25th. ADI870). San Francisco, Alta California Printing House, 1870.
22 Manco Capac. El río Amazonas y las comarcas que forman su hoya. Vertientes hacia el Atlántico. Lima, Imp. José M. Monterola, 1853, p. 20. Obra que defiende la libre navegación del río Amazonas con el objetivo de que los estados andinos puedan integrarse, por la vía del Atlántico, al comercio internacional.
23 Como señala G. Rodríguez Ostria, los esfuerzos desplegados en la segunda mitad del siglo xviii en pro de la ocupación de la región habitada por los yuracarés, aunque fracasaron, supusieron un cambio en la «geografía mental» de los cochabambinos en relación con la zona como lugar de expansión de la frontera agrícola, y vía de tránsito para la conexión de Cochabamba con Moxos. Para un estudio de los intereses cochabambinos en la ocupación de sus fronteras resulta útil su trabajo La construcción de una región. Cochabamba y su Historia. Siglos xix-xx. Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón, 1995.
24 Con todo, no debemos engañarnos, pues, como señaló Manuel V. Ballivián a inicios del siglo xx, los grupos dirigentes bolivianos no se mostraron a lo largo del XIX excesivamente interesados en la exploración del Oriente. Ver su trabajo «La exploración geográfica y naturalista en el territorio», Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, n° 39 (La Paz, 1913), pp. 122-139. En la misma línea ver R. Abadie. «La idea de la proyección de Bolivia hacia el Plata en el período de 1825 a 1865», Anuario (Sucre, 1995).
25 Viajes por Bolivia. La Paz, Ministerio de Educación, 1958, T. I.
26 F. Bertrés. «Descripción topográfica y histórica de Bolivia», Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, n° 25-31 (Sucre, 1901).
27 José A. Palacios. Exploraciones de — realizadas en los ríos Beni, Mamaré y Madera y en el lago Rogo-aguado, durante los años 1844 al 47. Descripción de la provincia de Mojos. La Paz, Ed. del Estado, 1944. [1a ed. 1893]. Las informaciones proporcionadas por Palacios sirvieron de guía a los estudios geográficos de Edwin Heath en los ’80, y fueron utilizadas por Ondarza, Mejía y Camacho en el trazado de su mapa de 1859.
28 J. A. Palacios. Ob. cit. p. 55.
29 Ibíd. pp. 69-70.
30 José Ma Dalence. Bosquejo estadístico de Bolivia. La Paz, Ed. UMSA, 1975, p. 297. La obra, escrita en 1848, fue publicada en 1851.
31 J. Macchetti. Diario de viaje fluvial del padre fray — misionero del Colegio de La Paz, desde San Buenaventura y Reyes hasta el Atlántico en 1869. La Paz, Imp. El Siglo Industrial, 1869.
32 L. Gibbon y W. L. Herndon. Exploración del valle del Amazonas. Iquitos, CETA, 1991-93, 2T. Edición original en inglés publicado en Washington, A. O. P. Nicholson, 1854, 2V.
33 C. Markham. «Las hoyas del Amaru-Mayo y el Beni», Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, n° 9-10-11 (La Paz, 1901), pp. 433-441 y n° 12-13 (1901), pp. 499-524.
34 Los hermanos Keller fueron encargados (orden 10.10.1867) de explorar el Madeira y presentar los proyectos para la mejora de la vía de comunicación entre el Matto-Grosso y Bolivia a través de aquella vía fluvial, en Exploración del Río Madera en la parte comprendida entre la Cachuela de San Antonio y la embocadura del Mamaré por los injenieros brasileños —. La Paz, Imp. de la Unión Americana, 1870.
35 Q. Quevedo. El Madera y sus cabeceras. Belem do Pará, Tip. de Santos & Irmaos, 1861. Opúsculo en que el autor, antiguo gobernador del Beni, propuso varias soluciones para regular el problema de la navegación de las cachuelas del Madeira, pronunciándose al final por la construcción del ferrocarril.
36 Church obtuvo del gobierno boliviano (27.08.1868) privilegio exclusivo durante 25 años para la navegación a vapor de los ríos orientales, convirtiéndose en agente principal de la Compañía Nacional Boliviana de Navegación. Dos años más tarde (20.04.1870) obtuvo del gobierno brasileño la concesión para construir el ferrocarril entre el Madeira y Mamoré, surgiendo así la Madeira-Mamoré Railway Co. Ltd. Un estudio de la carrera militar y empresarial de Church en Neville Craig. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Sao Paulo, 1947.
37 Manuel M. Salinas. Navegación de los ríos de Bolivia confluentes del Madera y Amazonas y colonización por—. Cochabamba, Imp. de Gutiérrez, 1871, p. 15.
38 Abel Iturralde. «James Orton. Explorador de Bolivia», Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, n° 56 (La Paz, 1922), pp. 1-22.
39 Erick Langer. «Espacios coloniales y economías nacionales. Bolivia y norte argentino (1810-1930)», Historia y Cultura, XVII (La Paz, 1990), pp. 69-93.
40 Según el Uti Possidetis de 1810, los gobiernos bolivianos consideraron territorio propio el curso del Pilcomayo hasta Asunción y los territorios ubicados en la margen derecha del Bermejo, fronterizos con la Argentina. Sobre dichos diferendos territoriales, buena aproximación en J. Valerie Fifer. Bolivia. Territorio, Situación y Política desde 1825. Buenos Aires/Santiago de Chile, Ed. Francisco Aguirre, 1976, pp. 271-294.
41 Nombrado por Ballivián prefecto y comandante del departamento de Tarija, tras el reconocimiento por la Convención de 1843 de la independencia de Paraguay, fue elegido como representante diplomático ante el gobierno paraguayo escogiendo como vía de acceso a Asunción el río Pilcomayo.
42 Julio Díaz Arguedas. Expedicionarios y Exploradores del Suelo Boliviano. La Paz, Eds. Camarlinghi. 1971, T. 2, pp. 79-91. Van Nivel hizo algunos comentarios sobre la expedición de Rodríguez Mariños y la suya propia en su trabajo «Exploration du Pilcomayo. Extrait du journal El Restaurador, de Bolivie», Actes de la Société de Géographie de Paris, (Paris, 1888).
43 M. Weddell. Voyage dans le sud de la Bolivie. Leipzig, Neudruck, 1922, T. 6 de F. Castelnau. Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud. Leipzig, 1922 [reproducción facsímil de la edición de 1851].
44 José Ma Achá. Mensaje del Presidente Provisorio de la República de Bolivia a la Primera Asamblea Constitucional reunida en la Capital, Sucre en 1862. Cochabamba, Tip. de Gutiérrez, 1862, p. 5.
45 En torno a las expediciones desarrolladas por la región a instancias del gobierno argentino ver Emilio Castro Boedo. Estudios sobre la navegación del Bermejo y la colonización del Chaco. San Salvador de Jujuy, Centro de Estudios Indígenas y Coloniales, 1995 [la ed. 1872].
46 A. Rivas. Expedición al Gran Chaco de Bolivia en 1864. Santiago de Chile, s.i. 1881. Ver también J. Díaz Arguedas. Ob. cit. T. 2, pp. 93-98. Miembro de la expedición fue el franciscano Giuseppe Giannelli, antiguo capellán de Villa Rodrigo (1848), quien dejó también sus breves impresiones del viaje y concluyó recomendando al Ejecutivo la apertura de una línea de navegación, «Relación de viaje de exploración por el Río Pilcomayo» en Compañía constructora de vías carreteras y navegación en el Oriente Boliviano. La Paz, 1877, pp. 10-15, relato recogido posteriormente en la historia de las misiones de Alejandro M. Corrado. Aquí se ha utilizado la edición de A. Corrado y Antonio Comajuncosa. El Colegio Franciscano de Tarija y sus misiones. Tarija, Ed. Offset Franciscana, 1990, T. II, pp. 563-584.
47 Concesiones hechas a Mendoza, a las que se agregaría en caso de que tuviera éxito en su misión la cantidad de 10 000 pesos fuertes. Ver Miguel Alaiza. Los Derechos de Bolivia sobre el Oriente y el Chaco Boreal. La Paz, Lit. e Imp. Unidas, 1928, p. 21.
48 Conviene recordar que, por entonces, vencido el Paraguay por la triple alianza de Argentina, Uruguay y Brasil, e interesado este último en mantener al sur un estado tapón contra la posible expansión argentina, se firmó el Tratado de Paz de 1876 y el laudo Hayes de 1878, en los que Argentina renunció a sus pretensiones sobre el Chaco Boreal, aunque Bolivia nunca se conformó. Ver J. V. Fifer. Bolivia... pp. 288 passim.
49 J. Ballivián. Mensaje del Presidente de Bolivia a las Cámaras Legislativas del año de 1846. [Sucre], Imp. de Beeche y Cía, 1846, p. 13.
50 J. Ma Dalence. Ob. cit. p. 283.
51 Decreto recogido en M. Alaiza. Ob. cit. pp. 22-23, que tiene algunos errores de transcripción.
52 J. Ma de Achá. Mensaje que S. E. el Presidente de la República presenta a la Asamblea Ordinaria reunida en Cochabamba el 6 de agosto de 1864. S. I. Tip. de Gutiérrez, 1864, p. 5.
53 Los jesuitas utilizaron en el pasado colonial tres vías, una por Sorata, otra por Zongo, y otra por Pelechuco y Apolo.
54 Según Dalence, la ruta abierta por José Tudela en 1843 «ahorra a los viajantes 100 leguas... y aproxima a aquella capital [Cochabamba] los fértiles campos de Mojos y las llanuras de Yuracaré», en J. M. Dalence. Ob. cit. p. 286. Dalence ignoraba, sin embargo, que Tudela fracasó en su empeño.
55 Miguel Suárez Arana, a inicios de la década de 1870 jefe político y militar del distrito de Mamoré, se interesó en encontrar un camino que redujera los días de viaje de Santa Cruz al Beni, y por ello solicitó, y obtuvo, el patrocinio gubernamental, además del respaldo de los sectores propietarios benianos para la exploración del Guapay, afluente del Mamoré. Ver al respecto M. Suárez Arana. Exploración del río Grande o Nuevo Guapay. Y fundación del puerto de Higuerones, denominado por resolución suprema «El Porvenir». Cochabamba, Imp. de la Restauración, 1873. Unos años antes, Genaro Dalens Guarachi se había pronunciado por la salida cruceña por el Mamoré en detrimento de la vía al Paraguay, en Santa Cruz de la Sierra o el Oriente de Bolivia. La Paz, Imp. Paceña administrada por Francisco Arzadum, 1861, pp. 35-42.
56 L. Lozada y M. Colodro. Apertura de un camino carretero desde las fronteras de Tarija a la marjen del río Paraguay por las llanuras inexploradas. La Paz, Imp. de la Unión Americana, 1868.
57 Sobre las características del proyecto ver los opúsculos publicados en Miguel Suárez Arana. Propuesta al Supremo Gobierno para la apertura de un camino de Santa Cruz de la Sierra a Orán. Precedida de un «Cuadro Descriptivo» del Departamento de Santa Cruz por—. Cochabamba, Tip. de Quevedo, 1858.
58 Diversos escritos de M. Suárez Arana sobre el proyecto son Al Público (S. p. i. ), Breves esplicaciones en apoyo de la Empresa Nacional de Bolivia en el Río Paraguay. Sucre, Imp. de La Libertad, 1874 y Propuesta del ciudadano Miguel Suárez Arana aceptada por el Supremo Gobierno para establecer un puerto Nacional... La Paz, Imp. de Unión Americana de César Sevilla, 1875.
59 Empresa de navegación a vapor, caminos, carreteras, colonización, ganadería. Sucre, Imp. España, 1874.
60 La extensión total afectada por el proyecto se estimó en 150 000 ha. Colonización de los terrenos del Oriente comprendidos entre el Sicure y el Chimoré. Cochabamba, Imp. del Siglo, 1876.
61 A. Morales. Mensaje del Ciudadano — Presidente de la República a la Asamblea Ordinaria de 1872. S. 1. Imp. de «La Libertad» de Ezequiel Arzadum, 1872, p. 7.
62 Surgió así la Madeira-Mamoré Railway Co. Ltd. El trabajo, según el contrato, debía iniciarse dentro de los dos años de la fecha de creación de la Compañía y estar concluido en siete años. Un estudio de la carrera militar y empresarial de Church es Neville Craig. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Sao Paulo, 1947. Ver también J. Valerie Fifer. Bolivia... pp. 163-172.
63 En 1877, la Philip and Thomas Collins se hizo cargo de la empresa y tras construir dos millas de la ruta se declaró en bancarrota.
64 Compilaciones legales relativas a la concesión de tierras con fines colonizadores son las obras de Casto F. Pinilla. Repertorio de Leyes, Decretos, Resoluciones y demás antecedentes relativos al Despacho de Colonización. La Paz, Taller Tipo-Litográfico de J. M. Gamarra, 1905; Humberto Delgado Llano. Legislación de Tierras Baldías y Concesiones Gomeras. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1923, y del mismo autor Legislación Integral del Ramo de Colonización. La Paz, Ed. Renacimiento, 1928.
65 Evidentemente, el «vacío» traducía una concepción según la cual dichas regiones permanecían al margen de la sociedad boliviana, puesto que, como sabemos, los territorios orientales estaban ocupados por poblaciones indígenas no sometidas que, en el discurso de la época, eran salvajes, bárbaras, nómadas.
66 Contenido del decreto en Rómulo Corvera Zenteno. Legislación agraria boliviana. La Paz, Tall. Gráf. «La Prensa» de José L. Calderón, s. a. [1926?], pp. 1-2. La suspensión del decreto fue seguida por la ley de 27.12.1826 por la que se prohibía a los indígenas la enajenación de sus tierras, en Ibíd. pp. 7-9.
67 Medida que sólo entró en vigencia en 1863, en Ibíd. p. 3.
68 Por decreto de 16.02.1830 se contempló la posibilidad de adjudicar tierras a lo largo del camino de herradura a construir entre Cochabamba y Moxos. Más tarde, por ley de 28.09.1831, orden de 25.08.1832 y resolución de 27.09.1832, se autorizó al general O’Connor repartir las tierras «vacantes» entre los tarijeños e indígenas con la obligación de ponerlas en explotación en un máximo de cinco años, y respetando las tierras adjudicadas a las misiones, en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 11-16.
69 Habiendo Oliden iniciado tarde sus gestiones para obtener la indemnización -aprobada por el Congreso de 1826- de todos aquellos «lesionados» en sus haciendas y empresas durante el conflicto independentista, el empresario solicitó al gobierno la concesión de las tierras existentes en la confluencia de los ríos Otuquis, Tucabaca y Latiriquiqui y renunció, en contrapartida, a toda reclamación al Estado boliviano.
70 Tierras cuya extensión varía, según los autores, entre los 25 000 km2 que señala J. C. Roux. La Bolivie... p. 109, y los 53 251 km2 de J. Groff Greever. Ob. cit.
71 Textos legales relativos a la concesión Oliden. descripción de la provincia de Otuquis, relatos del viaje por el Paraguay, etc. en el opúsculo preparado por el secretario de la provincia, Mauricio Bach. Descripción de la nueva provincia de Otuquis en Bolivia. Reimpresión publicada por el Dr. Antonio Quijarro. Buenos Aires/La Plata, Imp. Lit. y Enc. Jacobo Peuser, 1885, pp. VII-VIII. La obra, publicada inicialmente en 1838, tuvo una segunda edición en 1842, una reimpresión de esta en 1885 y, finalmente, una nueva edición en 1929. Las diversas ediciones en un plazo de cien años son ilustrativas de la incapacidad del gobierno y de los grupos dirigentes bolivianos para implementar la política colonizadora. La figura de Bach ha sido tratada brevemente en Mario G. Hollweg. Alemanes en el Oriente boliviano. Santa Cruz de la Sierra, Imp. Ed. Sirena, 1995, pp. 6570.
72 Informes derivados del reconocimiento de la región por Oliden fueron utilizados por el comandante norteamericano Thomas Page quien, con el patrocinio de su gobierno, reconoció la cuenca del Plata a mediados de los ’50, en Th. J. Page. La Plata, the Argentine confederation and Paraguay. New York, Harper & Brothers, 1859.
73 Decreto dado el 18.06.1836 en M. Bach. Ob. cit. pp. 25-27.
74 Abandono que se pensó momentáneo hasta la resolución del diferendo fronterizo, pero que duró largo tiempo. Considerando que uno de los compromisos de Oliden era dejar expedita la navegación del Paraguay, y ello exigía pasar por territorio reivindicado por Bolivia, Brasil y Paraguay, el empresario solicitó del gobierno en 1844 una prórroga que le fue concedida (24.02.1847) en M. Bach. Ob. cit. pp. IX-X. Con todo, el obstáculo mayor fue la negativa brasileña a reconocer los derechos bolivianos sobre el Paraguay, cuestión solucionada, parcialmente, con el Tratado firmado con Brasil en 1867,en J. V. Fifer. Bolivia... pp. 271-273.
75 M. Suárez Arana. Breves esplicaciones en apoyo de la Empresa Nacional de Bolivia en el río Paraguay. Sucre, Imp. de La Libertad, 1874 y Propuesta para establecer un puerto en la margen derecha del río Paraguay que se situarci en el litoral boliviano. Sucre, Imp. de La Libertad, 1874.
76 El plan de Ballivián fue divulgado por los cónsules bolivianos en Europa, adquiriendo particular importancia las figuras de Vicente Pazos Kanki -quien había servido ya a las órdenes de Santa Cruz- y Antonio Acosta, a quienes el presidente confió la misión de interesar a colonos y capitalistas europeos en la colonización y navegación del Oriente, particularmente en el nuevo departamento del Beni.
77 Ley en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 39.
78 La extensión de los lotes varió en función del rango y sufrió modificación por un decreto posterior de 8.10.1842, en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 24-27.
79 J. Groff Greever sostiene, en mi opinión erróneamente, que en el proyecto ballivianista, las colonias militares fueron pensadas como medida transitoria destinada a facilitar trabajo a los antiguos combatientes de Ingavi y otras batallas, pero no constituyeron una parte significativa del plan. En Ob. cit. pp. 170-171.
80 ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1826-42, f. 668. Ver la correspondencia cruzada entre V. Pazos Kanki, la Secretaría de Estado de la Santa Sede y la SCPF, en Ibíd. ff. 668-675. 695-699rev. y Vol. 7. Años 1843-46, ff. 90-91rev.. 124-125rev., 200-201 rev., 227 y rev., 233-240 rev., 249-252rev.
81 La certeza del éxito de la misión, tras una audiencia con el Pontífice (10.10.1842) fue comunicada por Pazos Kanki al gobierno boliviano, apareciendo algunas notas en la prensa boliviana relativas a la próxima llegada de Magee y los colonos irlandeses.
82 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 27-28.
83 Ibíd. pp. 28-31.
84 Se designaron como terrenos baldíos susceptibles de ser distribuidos los existentes en Santa Cruz, Beni, Tarija, las fronteras de Chuquisaca, La Paz (Misiones y Colonias), y Cochabamba (montañas del Espíritu Santo y Paracti), en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 31.
85 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 34-39. Esta ley fue complementada por la resolución de 13.03.1845, que clarificó la cuestión de quien debía correr con los gastos de la tasación de las propiedades sujetas a la venta, en Ibid. pp. 39-40.
86 Las primeras concesiones legales a colonos en la nueva provincia de Acero datan de 1833. Ver Erick Langer. Rural Society and Land Consolidation in a Declinang Economy: Chuquisaca. Bolivia, 1880-1930. Tesis doctoral. Ann Arbor, University Microfilms International, 1984, pp. 181-182.
87 Ballivián, estando por concluir su gestión, informó al Congreso de 1846 sobre los avances realizados a partir del establecimiento de las colonias militares junto al Pilcomayo, fundamentalmente Villa Rodrigo, y expresó su deseo de generalizar el sistema como instrumento de expansión de la frontera interna, en su Mensaje del Presidente de Bolivia a las Cámaras Legislativas del año 1846. Sucre, Imp. de Beeche y Cía, 1846, p. 12.
88 El avance del frente colonizador en la Chiriguanía ha sido tratado en varios de los citados trabajos de E. Langer, Th. Saignes y F. Pifarré. Como consecuencia de la expansión colonizadora se produjo la desarticulación progresiva de los grupos chiriguano, a pesar de algunas medidas gubernamentales destinadas a «proteger» sus tierras, como la dada por el gobierno de José Ma Acha el 16.03.1864, en R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 60-62.
89 Interesante monografía sobre la zona en Juan Jáuregui y otros. Sorata. Historia de una región. La Paz, Prefectura del Departamento/UNMSA/INDEAA, 1991. Sobre la importancia de la quina en la provincia de Larecaja ver Marco Antonio Peñaloza Bretel. «Acumulación de capitales y surgimiento de un mercado regional. El auge de la quina en la provincia Larecaja (1870-90)», Data, n° 2 (La Paz, 1992), pp. 167-195.
90 J. C. Roux. La Bolivie Orientale... p. 192.
91 V. Pazos Kanki. Projet d’un établissement de navigation à vapeur entre la Guyane Française et les Repúbliques du Pérou, de l’Equateur et de la Bolivie. Paris, Imp. de Boulé, 1844.
92 El decreto de 16.11.1843 introdujo reformas significativas al acuerdo original que, al parecer, hicieron desistir a los empresarios de implementar el proyecto. Ver algunos comentarios sobre el proyecto en J. V. Fifer. Bolivia... pp. 158-159.
93 Juan Ondarza. Proyecto para la navegación a vapor de los ríos interiores de la República. La Paz, Imp. Paceña, 1861. Fueron varios los trabajos que en Francia se publicaron sobre la colonización boliviana, generalmente por representantes franceses en las repúblicas andinas, militares o empresarios. Uno de los más divulgados fue el preparado por el cónsul en Bolivia, León Favre Clavairoz. Bolivia. Colonización y Agricultura. Sucre, Imp. de López, 1857, autor también de un trabajo sobre las características de los ríos orientales Apuntes para la navegación de los rios de Bolivia por..., Cónsul Jeneral de Francia y encargado de misión en Bolivia, traducidos al español por Dr. Pablo Luis Rosquellas. Cochabamba, Tip. Quevedo, 1858.
94 Una reflexión de Pipper sobre el futuro prometedor que esperaba a la región amazónica andina se encuentra en la carta que envió a Antonio Raimondi (Lima, 20.09.1876) en AHL. LEL-5-12, Caja n° 186, ff. 11-13 rev. El proyecto fue visto con recelo incluso por el mismo embajador norteamericano en Bolivia quien dijo desconocer todos los planes de Pipper, citado por J. V. Fifer. Bolivia... pp. 169-170, nota 11.
95 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 58-60.
96 Ibíd. pp. 83-85. El art. 1 cita el Yavarí, Purús, Madre de Dios, Beni, Pilcomayo, Bermejo y «demás ríos del Oriente».
97 Ibíd. p. 64. Medida revocada posteriormente por ley de 9.08.1871 del gobierno de Agustín Morales, declarando nulas las adjudicaciones y ventas hechas por el gobierno Melgarejo en Ibíd. pp. 65-67. Sin embargo, fueron muchas las concesiones de tierras como contrapartida a la apertura de caminos.
98 Ibíd. pp. 52-53.
99 A. Ercole. Ob. cit. pp. 20-21.
100 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. p. 86. Ver también las disposiciones dadas en 17.12.1874 y 11.05.1877, en Ibíd. pp. 86-87.
101 M. Suárez Arana. Breves esplicaciones en apoyo de la Empresa Nacional de Bolivia en el rio Paraguay. Sucre, Imp. de La Libertad, 1874, p. 26.
102 José Luis Roca señala la influencia de los políticos cochabambinos, Manuel de la Cruz Méndez -ministro del gabinete Ballivián- y del antiguo gobernador de Moxos (1830) y futuro prefecto del Beni 1851), José Matías Carrasco, en el surgi miento y desarrollo del departamento del Beni, en Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz/Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1980, pp. 37 y 65-68.
103 T. Haenke. Memoria sobre los ríos navegables que fluyen al Marañón. Cochabamba, 1799.
104 Descripción sinóptica de Mojos, p. 15. En relación con la autoría del texto, al inicio del opúsculo hay dos anotaciones: una, al margen, hecha por Gabriel René Moreno, señala que según Gutiérrez el texto fue publicado entre 1836-38 en Sucre o La Paz, cuestión que está en contradicción con lo escrito al final del texto dedicándolo al «Gran Ciudadano, restaurador de su Patria»; una segunda anotación, al pie, afirma que es un anónimo atribuido a Carrasco, publicado en Cochabamba, en 1844, aunque no se señala el por qué. Según Limpias Saucedo, el texto fue redactado por Carrasco en 1831. Personalmente me inclino por esta tercera opción. Ver también algunas referencias al mismo texto de Antonio Carvalho Urey en «Síntesis histórica del Beni» en Monografía de Bolivia. La Paz, Biblioteca del Sesquicentenario de la República, 1975, T. IV, p. 35.
105 Extracción que, en progresión creciente desde 1825, tuvo un importante despegue en la década de 1840, manteniéndose como primer rubro de la región hasta 1870 aproximadamente. Vía preferida para la comercialización del producto fue Reyes-Santa Ana y, por la vía del Mamoré, a San Antonio del Madeira. Estudios de la quina en Luis Peñaloza Cordero. Nueva Historia económica de Bolivia. La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1984, T. 2; J. Jáuregui y otros. Sorata... pp. 55-77 y J. C. Roux. La Bolivie Orientale... pp. 165-179.
106 Esta es la razón por la que durante los primeros años de vida del departamento beniano su capitalidad varió entre San Pedro de Moxos, Exaltación y Rurrenabaque, hasta que Trinidad -residencia desde 1822 de los gobernadores de Moxos, como consecuencia de los disturbios acaecidos entonces en San Pedro- se convirtió, con el transcurrir del tiempo, en capital del Beni, primero de hecho, después de derecho. Las medidas relativas a la creación del departamento en Manuel Limpias Saucedo. Los gobernadores de Mojos. La Paz, Tip. Salesiana, 1942, donde se recoge una lista cronológica de los prefectos que ocuparon el cargo, y los aspectos más relevantes de la historia del departamento.
107 J. Ballivián. Mensaje del Presidente de Bolivia a la Convención Nacional reunida en 1843. S. 1. Imp. de Beeche y Cía, 1843, p. 14. La denominación de las provincias fluctuó en los textos gubernativos tanto entonces como en las décadas siguientes, induciendo a error. Sólo como ejemplo, ya en 1843, el ministro del Interior designó como Caupolicán, lo que Ballivián ese mismo año había denominado Apolo. Ver Eusebio Gutiérrez. Esposición que presenta en Bolivia el Ministro de Estado en el Despacho del Interior a la Convención Nacional en 1843. S. 1. Imp. de Beeche y Cía, 1843, p. 5.
108 J. A. Palacios anota que la provincia de Moxos, a mediados de los ’40, comprendía 14 cantones: Trinidad, Loreto, San Javier, San Pedro, Santa Ana, Exaltación, Reyes, San Ignacio, San Ramón, San Joaquín, Guacaraje, Carmen, Concepción y Magdalena, en Ob. cit. pp. 66-67.
109 A. d’Orbigny. Descripción Geográfica... T. I, p. 74.
110 J. L. Roca. Ob. cit. p. 37. Interesante estudio de los proyectos de los sectores propietarios de ambos departamentos durante la historia republicana en Gustavo Rodríguez Ostria. Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos xix y xx. La Paz, ILDIS, 1993.
111 M. Limpias Saucedo. Ob. cit. p. 48.
112 Muchos fueron los desterrados que pasaron por la región; entre los más conocidos podemos mencionar a Ramón Castilla (1842), Manuel Carrasco (1850-51) y Quintín Quevedo en la década de los ’50, y José Ma de Achá, durante la dictadura melgarejista.
113 W. Pers García. Ob. cit. p. 27 y J. M. Dalence. Ob. cit. p. 182.
114 M. Limpias Saucedo. Ob. cit. p. 100.
115 Carrasco demandó también del gobierno, sin éxito, el establecimiento de una penitenciaría, una colonia militar y la adjudicación de tierras a los particulares interesados en la explotación económica de la zona. Ver la carta enviada por Carrasco al ministro del Interior (9.06.1851) transcrita en M. Limpias Saucedo. Ob. cit. pp. 97-99.
116 Los datos reflejados en el censo son inexactos, no sólo en lo relativo a las cifras poblacionales, en las que, incluso se señala que el total de 2 326 126 habitantes incluía las «Tribus salvajes» existentes en el país, sino también en lo referente a la demarcación político-administrativa del territorio, apareciendo como provincias lo que eran territorios fronterizos, o no incorporando los cambios efectuados en el departamento beniano. Ver «Censo Jeneral de la Población de la República de Bolivia, formado en el año de 1854», en Joaquín de Aguirre. Memoria que el Ministro del Interior y del Culto presenta al Congreso Extraordinario de 1855. La Paz, Imp. Paceña, 1855, Cuadro.
117 W. Pers García. Ob. cit. p. 27.
118 La primera vez en que se habla de Tarija como departamento -hasta entonces era provincia litoral- fue en la Constitución de 1839.
119 Una síntesis de las principales disposiciones relativas a la demarcación del territorio desde la independencia hasta 1913, con algunos errores y muchos olvidos, en «Legislación político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos. Año IX, n° 86 (La Paz, 2° cuatr. 1913), pp. 152-174.
120 Daniel Calvo. Memoria que el Ministro de Justicia. Culto e Instrucción Pública presenta a la Asamblea ordinaria de 1874. Sucre, Tip. del Cruzado, 1874, p. 18.
121 F. Pifaré. Ob. cit. V. 2, p. 316.
122 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 24-25, decreto complementado por las medidas de 8.10.1842, circulares de 2.06.1843 y 30.01.1844 y decreto de 14.04.1844.
123 J. Ballivián. Mensaje del Presidente de Bolivia a las Cámaras Legislativas del año de 1846. Sucre, Imp. de Beeche y Cía, 1846, p. 12.
124 D. Calvo. Memoria... 1874. p. 18.
125 Aparte de las recopilaciones históricas elaboradas por las órdenes religiosas, que incluyo en el apartado bibliográfico, pocos son los estudios sobre la actuación misionera. Estudio de las misiones entre los guarayo son: Walter Hermosa Virreira. Los Pueblos Guarayos. La Paz, Emp. Ed. «Universo», 1950 y Los Pueblos Guarayos. Una tribu del Oriente boliviano. La Paz, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1972. Estudio de las misiones entre los chiriguano son: Lorenzo G. Calzavarini. Nación chiriguana. Grandeza y ocaso. Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1980. Sin embargo, la historiografía más novedosa es la escrita, entre otros, por Thierry Saignes y Erick D. Langer, quienes se han ocupado tanto del análisis intramisional como de las funciones de las misiones en la construcción de la Bolivia republicana, en Th. Saignes. «Las sociedades de los Andes orientales frente al Estado republicano: el caso chiriguano (s. XIX)» en J. P. Deler e Y. Saint-Geours (comps. ). Estados y Naciones en los Andes. Lima, IEP/IFEA, 1986, V. 1, pp. 173-203 y Ava y Karai. La Paz, Hisbol, 1990, Caps. 3 y 6; E. Langer. «Franciscan Missions and Chiriguano Workers. Colonization, Acculturation and Indian Labor in Southern Bolivia», The Americas, 43 (Washington, 1987), pp. 305-322; «Missions and the Frontier Economy: The Case of the Franciscan Missions among the Chiriguanos, 1845-1930» en E. D. Langer and Robert H. Jackson (ed.). The New Latin American Mission History. Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1995, pp. 49-76.
126 Colección. — oficial de leyes, decretos, órdenes, resoluciones, etc. que se han expedido para el régimen de la República Boliviana, reimpresa por orden del Gobierno. Paz de Ayacucho, Imp. del Colegio de Artes dirigida por el ciudadano Bernardino Palacios, 1834, T. 2, pp. 230-231.
127 Colección. — oficial de leyes... 1835. T. 3, pp. 118-119.
128 Explícita mención de la ley en el informe del fiscal de la República sobre el Reglamento de Misiones aprobado por el Ejecutivo en 1871, A. Ercole. Ob. cit. pp. 12-13.
129 Son varios los trabajos en que se menciona el papel de Herrero, aunque probablemente la síntesis más lograda, claramente apologética por otro lado, es la debemos a Odorico Saiz Pérez. «El padre Andrés Herrero y la restauración de los colegios franciscano-misioneros del Perú y Bolivia (1834-1838)», Archivo Ibero-Americano, Año LVII, T. LVII. n°225-226 (Madrid, 1997), pp. 541-564. Por lo que respecta a las relaciones del gobierno de Santa Cruz con la Santa Sede ver Manuel Frontaura Argandoña. La Confederación Perú-boliviana, el mariscal Santa Cruz y la Santa Sede. La Paz, Emp. Ed. Urquizo, 1977.
130 Cartas de presentación, junto a la Epystola Encyclica ad Eratres Omnes de Observantia S. P. N. Francisci. Roma, 1834, y correspondencia cruzada entre el superior franciscano en Roma, la Secretaria de la SCPF y A. Herrero, además de otros documentos sobre el tema en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1826-42, ff. 185-240rev.
131 Dos de ellos se quedaron en Chile para la restauración de las misiones de Chillán, siendo los restantes repartidos entre el colegio de La Paz (seis religiosos), y dos para los colegios de Tarata y Tarija. Breve reseña en la que Herrero hace una historia de sus viajes es el impreso (30.11.1836), en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1826-42, ff. 239-240rev.
132 Ver cap. 2, nota 107.
133 Documentación en AAEESS. América III. Bolivia. Años 1836-39. Fasc. 195, ff. ΙΟ19rev. Ver también el escrito del guardián del convento de La Paz a su superior en Roma (1.09.1836), en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1836-42, ff. 227-228, ff. 247 y ss.
134 Bretón reclamó y obtuvo del gobierno boliviano (decreto 4.12.1838) el reconocimiento de su autoridad sobre los franciscanos, en calidad de vice-comisario de misiones. Conviene matizar que, en el mismo texto se señaló que los ordinarios diocesanos tenían jurisdicción sobre las misiones existentes en sus respectivos distritos «con arreglo a las leyes nacionales» y capacidad para regular el servicio de los religiosos conversores, en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1836-42, ff. 369-377. Ver también AAEESS. América III. Bolivia. Años 1837-43. Fasc. 196, ff. 40-50. Sobre el conflicto en La Plata ver, a título indicativo, la carta del guardián del Colegio de Tarija (Tarija, 25.03.1856) en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 9. Años 1854-56, ff. 843-848.
135 R. Corvera Zenteno. Ob. cit. pp. 11-16.
136 José Ma Linares. Exposición que presenta al Congreso Constitucional de 1840 el Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior y Relaciones Exteriores. Sucre, Imp. de La Libertad, 1840, p. 10. Palabras similares fueron pronunciadas en la mayoría de memorias ministeriales y mensajes presidenciales al Congreso. Sirvan como ejemplo los de J. Ballivián. Mensaje del Presidente de Bolivia a la Convención Nacional reunida en 1843. S. 1. Imp. de Beeche y Cía, 1843, p. 14 y Mensaje del Presidente de Bolivia a las Cámaras Legislativas del año de 1846. Sucre, Imp. de Beeche y Cía, 1846, p. 2, y veinte años después por José Ma de Achá. Mensaje — del Presidente Provisorio de la República de Bolivia a la Primera Asamblea Constitucional reunida en la capital Sucre en 1862. Cochabamba. Tip. de Gutiérrez, 1862, pp. 5-6.
137 El decreto aprobó un reglamento para el «depósito y administración del ramo de Bulas» en el que se dieron varias disposiciones relativas al funcionamiento de las misiones que nunca se pusieron en práctica por ser incompatibles con la legislación dictada por la SCPF, como reconoció el legislativo boliviano con motivo de la aprobación del reglamento de misiones (1871). En A. Ercole. Ob. cit. p. 16.
138 Manuel J. Asín. Esposición que el Ministro de Estado en el despacho del Culto e Instrucción Pública presenta al Congreso reunido en 1848. Sucre, Imp. de Beeche y Cía, 1848, p. 9.
139 Ver la ley aprobada por el gobierno Ballivián relativa a la cóngrua sustentación de los misioneros el 21.09.1846, en Colección. — oficial de Leyes... 1863, T. XI, pp. 189-190. El art. 1 de la ley que autorizó al Ejecutivo a aprobar la cóngrua a los curas conversores de las misiones establecidas o por fundar, mencionó que tal disposición debía permitir cumplir la ley de 6.11.1844 que creo, se refiere a la actuación misional, pero que no he localizado.
140 Ver la correspondencia cruzada entre el convento de Potosí, el arzobispo de La Plata, el ejecutivo boliviano, la SCPF y la Congregación de AAEESS, en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 8. Años 1847-53, ff. 226-229rev., 312-322rev., 345-350rev. 415 y rev., 551-552rev., 585-586rev., 621-622rev.
141 Una recopilación documental que incluye las gestiones hechas a mediados de siglo xix por Andrés de Santa Cruz, representante boliviano ante la Santa Sede, es Humberto Vázquez Machicado. La diplomacia de Bolivia ante la Santa Sede. El Mariscal Santa Cruz, diplomático en Europa. La Paz, Lib. Ed. Juventud, 1991.
142 Giannelli fue encargado, además, de acompañar como «pacificador» a la expedición al Pilcomayo emprendida por entonces por el coronel A. Rivas. Ver nota 46 de este capítulo, y relación de Giannelli en A. Corrado. Ob. cit. T. II, pp. 417-432.
143 La mayoría de los informes o memorias presentadas por el Ministerio encargado de las misiones -Interior, Culto, Gobierno, según las épocas- mencionaron regularmente la «protección» dada a las misiones y se hicieron eco de las que se fueron fundando por todo el territorio.
144 Basilio de Cuéllar. Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de Interior y Culto presenta a las Cámaras Lejislativas de 1857. Sucre, Imp. de Beeche, 1857, p. 10.
145 R. Sans. Memoria histórica del Colegio de misiones de San José de La Paz. La Paz, Imp. de «La Paz», 1888, p. 149.
146 A. Corrado. Ob. cit. T. 11, p. 362.
147 Estanislao Simonetti. Misión del Parapití Grande. Informe elevado al Supremo Gobierno por el R. P. Comisario Prefecto de Misiones del Colejio de Propaganda Fide de Potosí. Santa Cruz, Imp. de Cayetano R. Daza, 1877, p. 7. El informe de Simonetti sirvió de base para la denuncia de los actos contra los indígenas en El Cruzado, V, 21 (Sucre, 10.08.1879), pp. 171-172.
148 Ley aprobada por la Asamblea Constituyente (9.09.1871) -sancionada por el Ejecutivo al día siguiente- por la que se autorizó al gobierno Morales a aprobar el Reglamento de Misiones, y resolución de 13.09.1871, en Anuario. — de Supremas Disposiciones de 1871. La Paz, Imp. de la Unión Americana, 1872, pp. 82-85.
149 Carta de Q. Miranda (Sauces, 20.12.1889) al prefecto en «Expediente relativo a los conflictos en torno a la misión de Santa Rosa de Cuevo, en ACCB. Documentos n° 150 y 151.
150 A. Ercole. Ob. cit. p. 6.
151 Reflexiones sobre los varios Reglamentos de Misiones en Bolivia, su contenido y los cambios introducidos a lo largo del tiempo en mi trabajo «Estado boliviano, misiones católicas e indígenas amazónicos. Una reflexión sobre los reglamentos misioneros y la secularización en la prefectura de Guarayos (1871-1939)», en John R. Fisher (ed.). Actas del XI Congreso Internacional de AHILA. Liverpool, AHILA/Instituto Estudios Latinoamericanos. Universidad de Liverpool. 1998, V. I, pp. 248-265.
152 Memorial enviado al Ejecutivo (Sucre, 20.07.1871) en A. Ercole. Ob. cit. p. 5.
153 Ibíd. p. 6.
154 Ibíd. p. 7.
155 Nota del arzobispo de La Plata (Sucre, 24.07.1871) que junto al reglamento fue enviado al ministro de Justicia y Culto, en A. Ercole. Ob. cit. pp. 9-11.
156 La sanción presidencial vino precedida de la ley de la Asamblea Nacional (9.09.1871) autorizando al Ejecutivo para que diera aprobación definitiva del Reglamento, que había pasado por el juicio previo del fiscal de la República, como puede seguirse en A. Ercole. Ob. cit. pp. 12-13 y 18-19.
157 A. Ercole. Ob. cit. p. 15.
158 Ibíd. p. 16. La tesis fue mencionada también por Melchor Terrazas. Memoria del Ministro... 1872. p. 8.
159 A. Ercole. Ob. cit. p. 24.
160 M. Terrazas. Memoria del Ministro... 1872. p. 8.
161 Agustín Aspiazu. Memoria presentada a la Asamblea Constituyente de 1877 por el Ministro de Justicia. Culto e Instrucción Pública D. —. La Paz, Imp. de «El Ciudadano» dirigida por M. González, 1877, p. 21.
162 Además de los datos estadísticos recogidos en las historias de las misiones citadas a lo largo del capítulo tenemos los que figuran en los informes ministeriales al Congreso.
163 Resolucion de 14.04.1871 autorizando al Colegio Misionero de Potosi a hacerse cargo de las misiones, en Anuario. — de Supremas Disposiciones de 1871. La Paz, Imp. de la Union Americana, 1872, p. 31.
164 Angelico Martarelli. El Colegio Franciscano de Potosí y sus misiones. La Paz, s.i. 1918 [ed. orig. 1889], pp. 132-146.
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