1En 1886 el misionero Bernardino González, guardián por entonces del convento franciscano de Nuestra Señora de los Angeles (Lima), publicó una serie de artículos sobre sus entradas a la selva central, y propuso un plan para la colonización y explotación de la Montaña que debería permitir la «regeneración del Perú».2 El mismo año, Carlos Lissón, conocido positivista y autor de unos interesantes Apuntes sobre la sociología del Perú en 1886, tras afirmar que «El Perú como nación es un país amado de Dios»3 por las enormes riquezas naturales que poseía, señaló que si los peruanos «somos y queremos ser nación» debían seguir la vía liberal, mejorar la explotación minera y la colonización de la Selva, y lograr la cooperación de todos los peruanos para la «regeneración de la patria». Igual que González y Lissón, fueron muchos los intelectuales, políticos y eclesiásticos, conservadores como el primero o liberales como el segundo, que tras la bancarrota económica, la derrota militar y la crisis política, abogaron por la regeneración del país, proyecto que, a modo de talismán, debería permitir al Perú restaurar su maltrecho orgullo nacional, sanear su economía, vertebrar su sociedad, dotarse de una nueva mentalidad y lograr la estabilidad política.

2Superada la Guerra del Pacífico y con ella la crisis política de la primera mitad de los años 80, la victoria de Cáceres inauguró una década de gobiernos militares durante la cual se inició la lenta reconstrucción económica del país sobre la base de la venta al exterior de cobre, lanas, azúcar, caucho, etc. que benefició, fundamentalmente, a los grandes comerciantes y terratenientes exportadores. Estos, rectores de la política civilista de los años ’70, habían visto cómo la bancarrota del Estado primero, y el conflicto militar después,4 no sólo acababan con su proyecto económico, sino que retrasaban el proceso modernizador iniciado a mediados del siglo xix5 y ponía fin a su intento de construir el Perú como un estado-nación. Sin embargo, a mediados de los años 80, el grupo socioeconómico vehiculado políticamente por el civilismo apoyó a los gobiernos militares, hasta que pudo imponer un proyecto político propio que, paradójicamente, fue posible tras la victoria de Piérola sobre Cáceres en 18956 Es conocido que el pierolismo y los gobiernos que le siguieron durante la llamada república aristocrática o de notables hicieron del desarrollo y la modernización el leit motiv que permitió a los grupos dirigentes contar con los medios necesarios para lograr su inserción en la economía internacional. Desarrollo y modernización ligados, económicamente, al fomento de la producción orientada al mercado exterior, particularmente la agricultura comercial y la minería y, en menor medida, de los productos del Oriente amazónico, particularmente el caucho.7 Cuestiones prioritarias fueron, entonces, la captación de capital extranjero, una mayor mecanización de las actividades agrarias y mineras, una mejora de la infraestructura viaria y ferroviaria, la urbanización, la irrigación del desierto, la inmigración de europeos, y la colonización de la región amazónica.

3La vertebración de un país moderno era una exigencia y la necesidad de organizar el estado-nación parecía evidente. El soporte ideológico de este proyecto fue el positivismo,8 que, basado en los principios de «orden y progreso» preconizó la construcción de una nación culta, «civilizada» y con características similares a las de los países económicamente más avanzados. Los grupos dirigentes civilistas, en el poder desde 1895, necesitaban demostrar tanto a nivel interno como ante sus pares latinoamericanos, su capacidad para desarrollar un proyecto que permitiera la superación del Perú tradicional, eliminando todos los obstáculos que hasta entonces lo habían impedido, y posibilitara la incorporación del país a lo que se dio en llamar el «concierto de las naciones civilizadas». Como sabemos, durante la república aristocrática se produjeron cambios significativos en el país con el desarrollo lento pero progresivo de estructuras capitalistas, la desarticulación de las comunidades indígenas tras la supresión de la «contribución» y el ataque a sus tierras, y su progresiva incorporación a modernas plantaciones agroindustriales y a complejos mineros, provocando una incipiente proletarización y el desarrollo de reducidos grupos medios rurales y urbanos.9

4En este contexto, parecía inevitable desarrollar una política que, por lo que respecta a la Amazonia, posibilitara una mayor presencia del Estado en la región, hasta entonces muy limitada, una expansión de la frontera interna, una defensa de la soberanía en los territorios limítrofes, en suma, una nacionalización de ese «medio Perú» hasta entonces absolutamente marginal en el Perú republicano. Paralelamente, algunos grupos locales y regionales en Amazonas, Loreto, Tarma, Huánuco, Cuzco, Ayacucho y Apurímac se movilizaron para controlar no sólo el acceso a la selva sino también para promover diversos planes de colonización, explotación y comercialización de los productos amazónicos –con el caucho como producto dominante, sin excluir la expansión de los frentes agrícolas desde el centro y sur andino sobre el pedemonte– que, obviamente, les permitiera consolidarse como grupos dirigentes a nivel regional y su actuación mediadora entre el poder central y la región amazónica.10 Indicador interesante del proyecto de los grupos dirigentes capitalinos con el apoyo, en este caso, de los grupos regionales, fue la fundación en diversas ciudades de sociedades científicas y centros geográficos como la Sociedad Geográfica de Lima (SGL) y sus homónimas, o el Centro Científico del Cuzco (CCC),11 con el objetivo de aumentar el conocimiento y la divulgación de la geografía, los recursos naturales, etnología y etnografía, además de la difusión de los instrumentos para lograr el crecimiento económico y la transformación del país, básicamente la colonización, inmigración y apertura y construcción de vías de comunicación, entre los más significativos. En suma, objetivo de tales centros fue dar a conocer los elementos para la organización de los espacios nacionales y la constitución de una cultura científica «nacional» base sobre la cual se produciría la tan ansiada incorporación del Perú al conjunto de las «naciones civilizadas».12

5Por entonces –década de los ’80 e inicios de los ’90– la Iglesia peruana estaba empezando a recoger los frutos de la estrategia diseñada años antes cuando, tras tocar fondo en la década de 1870 como consecuencia de la política gubernamental que recortó muchos de sus privilegios, había elaborado un discurso modernizador en torno a la religión católica como elemento esencial de la nacionalidad, que propiciara la unidad e independencia del Perú y su expansión hacia el oriente a través de la institucionalización de las misiones religiosas.13 Además, desde diferentes instancias eclesiásticas se trató de demostrar que el catolicismo era compatible con el progreso, como escribió un conocido publicista católico –el presbítero José Antonio Roca y Boloña– en el prólogo de la Ojeada sobre la Montaña: la «Religión católica y el progreso verdadero no se excluyen».14 Esta posición, derivada de los cambios internos que se habían producido en el Perú, se veía altamente favorecida por la Santa Sede que, afectada por la reunificación italiana y por las reformas liberales que se habían desarrollado por doquier, había elaborado asimismo una estrategia que le permitiera acceder a nuevos espacios donde ejercer su misión y ofrecer su «servicio» a los respectivos estados nacionales. Así pues, bajo el pontificado de León XIII (1878-1903) hubo un relanzamiento de las actividades misioneras en todo el mundo, que, en relación con el Perú, se concretó en el documento enviado al episcopado del país andino el primero de mayo de 1894 propugnando la evangelización de la selva.15

6En consecuencia, a fines del siglo xix parecieron converger plenamente los intereses de la Iglesia y del Estado peruanos en relación con el Oriente puesto que, por un lado, la ocupación de la Montaña exigía el control del territorio y de las poblaciones indígenas y brindaba a los grupos dirigentes peruanos la posibilidad de reparar –ante su población y ante sus pares latinoamericanos– el maltrecho orgullo nacional tras el desastre de la Guerra del Pacífico logrando, finalmente, la nacionalización de la región. Por otro lado, la evangelización y civilización de los bárbaros ofrecía a la Iglesia la posibilidad de reconquistar espacios de poder perdidos pues, a través de su actividad misionera, podría convertirse en institución útil al Perú al posibilitar la transformación del salvaje en ciudadano peruano. Los gobiernos republicanos por su parte, superada la etapa desamortizadora, no tuvieron interés en enfrentarse a una Iglesia de la que podían recibir ayuda, bien como propagandista de una ideología de orden –más aún en una sociedad desvertebrada como la peruana–, bien para abrir la selva amazónica a la colonización.

7Todos volvieron sus ojos hacia el Oriente con el objetivo de incorporarlo al estado-nación, explotar sus tierras y ver a sus moradores reducidos convertidos en ciudadanos de un Perú próspero y moderno. Instrumentos fundamentales para el logro de tales propósitos, que veremos en un primer apartado, deberían ser el desarrollo de un amplio plan de colonización –lo que exigía la apertura y construcción de vías de comunicación al Oriente–, el establecimiento de guarniciones militares en las fronteras exteriores y la fundación de poblados misionales. La hasta entonces episódica e irregular actividad misionera desarrollada por los franciscanos debía convertirse en fuerza permanente e institucional al servicio del Estado pues, como diría más tarde el tantas veces citado historiador de las misiones franciscanas en el Perú, Bernardino Izaguirre, era necesario ir «en pos del indio errante, con el único objeto de hacerlo hombre civilizado, cristiano y también peruano».16 El Estado peruano aceptó la oferta de colaboración de la Iglesia para la construcción del estado-nación y, en consecuencia, delegó en la institución eclesial la socialización de las poblaciones amazónicas. La transformación del bárbaro en civilizado fue una de las funciones confiadas por el Estado a las misiones pero no la única; como veremos, la actividad misional fue uno de los instrumentos utilizados por el Perú republicano, el más importante en mi opinión, para promover la expansión de la frontera interna –lo que exigía la neutralización de las incursiones indígenas a las poblaciones de colonos, y la reducción de los salvajes–, la defensa de la soberanía territorial frente a los países limítrofes, y, en suma, para la nacionalización del Oriente y la unificación del espacio nacional, problemática que analizaremos en un segundo apartado.

8Las funciones confiadas por la república aristocrática a los misioneros se mantuvieron también en el Oncenio de Augusto B.Leguía (1919-30), etapa en que se profundizó la modernización económica en el agro y la minería, con un protagonismo creciente del capital norteamericano y una mayor dependencia del exterior, en la que los sectores medios y populares mestizos e indígenas irrumpieron con fuerza en la escena política.17 En esta etapa la administración leguiista intentó solucionar los conflictos limítrofes con Colombia y Chile. Para entonces, la época del caucho había pasado y los graves conflictos que se habían sucedido en la región amazónica durante el boom de las gomas en torno a la captación y explotación de la mano de obra indígena, habían desaparecido de las primeras páginas de la prensa internacional. El análisis de estos conflictos, que haremos en el tercer apartado, nos permitirá señalar las contradicciones y ambigüedades de la política estatal con respecto al «uso» de las misiones como instrumento de ocupación del territorio y reducción y control de sus pobladores.

3.1. LA AMAZONIA EN EL PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS Y GRUPOS DIRIGENTES PERUANOS

9Inmerso en el ambiente regeneracionista de la década de los años 80, el peruano Carlos Fry afirmó que «era deber sagrado» de todo peruano que amase a su patria divulgar las riquezas existentes en la Amazonia y posibilitar así un

plan general para entrar en posesión de la nueva Patria, haciéndola floreciente y elevándola al nivel de las otras Naciones cultas, puesto que la excelsa mano del Todopoderoso la dotó de medios suficientes que la pone en esa vía de prosperidad y grandeza.18

10Fry demandaba, en realidad, el desarrollo de una política legislativa que permitiera primero, acceder a la Amazonia a partir de la apertura y construcción de vías de comunicación terrestres; segundo, explotar sus recursos naturales mediante la implementación de un vasto proyecto colonizador; tercero, comercializar los productos obtenidos en los mercados europeos y norteamericanos a través de los ríos amazónicos. El desarrollo de la infraestructura viaria y fluvial posibilitaría, en última instancia, a nivel interno poner en comunicación las tres regiones naturales peruanas, Costa-Sierra-Selva, con las consiguientes consecuencias socioeconómicas para el país y la construcción del estado-nación y, a nivel externo, comunicar el Atlántico con el Pacífico y favorecer así la plena inserción del Perú en la economía de librecambio. En términos parecidos se pronunció el franciscano Bernardino González quien, en sus artículos publicados en 1886 y 1893, señaló la necesidad de explorar los territorios de «nuestra casi ignorada Montaña», establecer colonias extranjeras, fomentar la construcción de un ferrocarril que, conectándose con La Oroya, llegara hasta uno de los ríos amazónicos –el Perené o el Palcazú– y, con ello, pusiera en comunicación el Pacífico con el Atlántico.19

11Las propuestas de Fry y González nos introducen en lo que constituyó una de las preocupaciones prioritarias de todos los gobiernos peruanos desde mediados de los ’80, que se prolongó a lo largo de toda la república aristocrática: la unificación del espacio nacional con la progresiva incorporación de la región amazónica. Buena muestra de ello son, en el plano institucional, primero, el surgimiento de la ya citada SGL, constituida en 1888 como sección del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la presidencia de Andrés A. Cáceres, que cumplió un papel fundamental en el proyecto de nacionalización del Oriente fomentando y dando a conocer las características geográficas, climáticas, económicas y sociales del Perú y, por lo que a nosotros interesa, del Oriente, a través del Boletín de la SGL (1891); y la fundación en los años sucesivos en muchas ciudades del país de Centros Científicos cuya actividad puede seguirse en sus boletines, instrumento fundamental de divulgación del conocimiento del país.20 Segundo, la creación por la administración de Nicolás de Piérola del Ministerio de Fomento (1896) para potenciar el desarrollo económico del Perú facilitando la unificación nacional y, por lo tanto, la integración de la región amazónica al Perú republicano. Tercero, la institucionalización de las misiones, que sería posible a partir de la aprobación por el mismo gobierno de Piérola, el 1.05.1899 de las condiciones impuestas por la SCPF y la posterior sanción pontificia (5.02.1900) para la demarcación eclesiástica de la Amazonia en tres prefecturas apostólicas confiadas a agustinos, franciscanos y dominicos, sanción que se produjo bajo el gobierno de Eduardo López de Romaña, administración más preocupada si cabe por la profundización de la política amazónica. Cuarto, la constitución de la Junta de Vías Fluviales (JVF) adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores (22.04.1901)21 cuya principal atribución fue la de proponer al Poder Ejecutivo el envío de expediciones al Oriente, crear los medios de protección a las empresas allí radicadas y dictar las disposiciones adecuadas para la administración del territorio oriental. A estas les siguieron otras muchas, pero las instituciones citadas proyectaron, favorecieron y divulgaron la existencia, el conocimiento y la necesidad de lograr la incorporación de la Amazonia al Perú republicano como nunca antes se hizo en el pasado.

12Obstáculo fundamental, sin embargo, continuaba siendo el desconocimiento del territorio oriental. Esta fue la razón por la que la mayoría de los gobiernos peruanos, y sus representantes departamentales, al igual que los grupos locales/regionales, financiaron expediciones protagonizadas por ingenieros, geógrafos, botánicos y misioneros.22 Citemos, entre otras, las importantes actividades exploradoras del franciscano Gabriel Sala que, desde su acceso a la prefectura de misiones en 1885 y hasta 1897, realizó continuos viajes por la selva central –ver Mapa 4–23 época en la que todo el Oriente peruano recibió la visita de numerosos viajeros –entre ellos el francés Olivier Ordinaire– y empresarios agrícolas o caucheros y, entre éstos, el más significativo por sus aportaciones al conocimiento geográfico fue Carlos F. Fitzcarrald, quien recorrió el Ucayali, Urubamba y tributarios a la búsqueda de una conexión con el Madre de Dios, hasta que la encontró en 1894 en el istmo que desde entonces lleva su nombre.24

Mapa 4. Entradas misioneras en la selva central peruana, 1858-92

13Como he dicho anteriormente, la actuación de las autoridades departamentales fue fundamental en esta etapa y, a título de ejemplo citemos sólo dos casos. Primero, en la década de 1880, José B. Samanez y Ocampo, miembro de la oligarquía cañera de Apurímac, prefecto de Ayacucho (1881-82) y de Loreto (1886-87), quien partiendo de Andahuaylas navegó por el Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali y Urubamba.25 Segundo, Pedro Portillo que, primero como prefecto de Ayacucho (1896-1900) y siguiendo la estela de su antecesor Samanez Ocampo, efectuó diversos viajes de reconocimiento en el departamento, comprobando la navegabilidad del Apurímac y fundando algunos puertos en sus márgenes; después, como prefecto de Loreto (1901-04), exploró igualmente varios ríos de la hoya amazónica y defendió la soberanía peruana frente a la penetración de fuerzas exteriores; finalmente, como ministro de Fomento con José Pardo y, años después, en el gobierno Billinghurst, contribuyó poderosamente al conocimiento de la región amazónica.26

14Por lo que se refiere a la selva norte contamos, además, entre otras muchas expediciones, las realizadas por el presbítero Pablo Visalot, futuro administrador apostólico de Chachapoyas, al Cahuapanas en 1887-88; el también sacerdote David Muñoz que, junto con Daniel Pérez, viajó entre 1895-98 hasta en cuatro ocasiones desde Chachapoyas a Iquitos, y navegó por el Imaza, Nieva, Apaga y Marañón. Esta región fue también recorrida a principios del siglo xx por el prefecto Pedro Portillo y Jorge von Hassel, entre otros, además de los misioneros agustinos llegados por entonces a la recién creada Prefectura Apostólica de San León del Amazonas.27

15Finalmente, novedad respecto al pasado constituyeron las repetidas expediciones que en la década de los ’90 se hicieron a la selva del centro y sur peruano, paralelamente a la expansión del frente cauchero en la región del Madre de Dios; en este caso es obligatorio referirnos a las exploraciones del ya citado C. F. Fitzcarrald a las que siguieron las auspiciadas por la JVE La progresiva importancia de los recursos gomeros y el insuficiente conocimiento de la región que estaba siendo «invadida» por gomeros bolivianos, con los correspondientes peligros para la soberanía peruana en la zona, llevó al gobierno de López de Romana a crear, como dijimos antes, la JVF adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores (22.04.1901). La institución, uno de cuyos objetivos fue la exploración de las vías de penetración en la selva sur y sus conexiones con la selva central en aras de la deseada unificación del espacio nacional, patrocinó repetidas expediciones por toda la Amazonia peruana como las protagonizadas por Ernest La Combe quien desde los ríos centrales y tras atravesar el istmo de Fitzarrald navegó por el Manu hasta el Madre de Dios y el Inambari; Jorge von Hassel, quien navegó por el Urubamba y Alto Madre de Dios; Germán Stiglich por el Tambopata y César A. Cipriani por el Inambari.28 Todas las exploraciones fueron realizadas fundamentalmente a través de los cursos fluviales –vías privilegiadas en la región amazónica– pero, también tuvieron su correlato terrestre con el estudio de los mejores caminos desde las cabeceras serranas a los ríos amazónicos y, paralelamente, las rutas que permitieran la comunicación entre las cuencas fluviales como veremos en el apartado dedicado a la política peruana con respecto a la construcción de la infraestructura vial.

16Como se ha dicho, muchas de las expediciones a la Amazonia fueron iniciativa de grupos locales/regionales que, interesados en acceder a las tierras orientales, exploraron la región a la búsqueda de las rutas más fáciles y rápidas y la apertura de caminos. A tal efecto, los sectores de propietarios fundaron entidades que a modo de grupos de presión gestionaron la colaboración de las autoridades civiles y eclesiásticas del departamento para llevar adelante sus iniciativas. A título de ejemplo citemos la fundación en 1881, en Chachapoyas, de la sociedad Obreros del Porvenir del Amazonas,29 y más tarde (1897) la Unión y Progreso, sucursal de la existente en Iquitos desde mediados de la década de 1890. Veamos pues el contenido de la política oriental a lo largo del período aquí analizado.

3.1.1. «Este es el verdadero «El Dorado» buscado por tantos siglos»30

17Creo poder afirmar que desde el acceso a la presidencia del general Andrés A. Cáceres (1886), todos los gobiernos peruanos tuvieron entre sus prioridades la política amazónica y de ello tenemos buena muestra en las múltiples referencias al tema por parte de la mayoría de los gobiernos en sus mensajes al Congreso. Iniciándose la década de 1890, el presidente Remigio Morales Bermúdez, en su informe al Congreso (28.07.1891), expresó su interés en la construcción de «vías de comunicación que nos deben poner en contacto con las regiones Amazónicas y de Montaña» convencido de que «por esas arterias recibirá nuevo vigor y fuerza nuestra patria, sirviendo útilmente para la fácil explotación de las inmensas riquezas que allí ha acumulado la Providencia, y para fomentar la inmigración».31 Todas las administraciones se pronunciaron por la «necesaria» ocupación del Oriente, especialmente desde la creación del Ministerio de Fomento, y subrayaron lo proyectado y/o implementado en relación con las vías de comunicación, la colonización de la Montaña, la explotación de sus recursos y la nacionalización de la región amazónica.

18La conquista del Oriente se presentó pues, desde mediados de la década de 1880, no sólo como elemento imprescindible para posibilitar la reconstrucción económica del país, sino como ingrediente significativo para la conformación de un «nuevo» nacionalismo peruano –frente al «viejo» que no había podido hacer frente a las tropas chilenas– capaz de defender la soberanía territorial frente a los proyectos «expansionistas» de los países vecinos. El desarrollo del proyecto conquistador contó con un ingrediente fundamental presente en la mayoría de expediciones a la Amazonia, y que permeó gran parte de la política legislativa relativa a las vías de comunicación, colonización e inmigración –me refiero a la reactualización del mito de Eldorado colonial–. La renovación del mito dotó de un discurso homogéneo al pensamiento y la actuación de los dirigentes políticos y élites económicas centrales y regionales, pero también de los misioneros, puesto que para todos ellos la Amazonia apareció como región privilegiada en la que se hallaba el porvenir de la República. Como ejemplo ilustrativo citaré tres textos publicados en los ’80 –aunque sus tópicos fueron repetidos hasta la saciedad, como mínimo hasta 1910 circa– relativos a una parte o al conjunto de la región; el primero lo debemos al hacendado y subprefecto de Chachapoyas, Mariano M. Albornoz, con intereses en la zona; el segundo, al franciscano y misionero, Bernardino González; el tercero, al explorador y empresario, Carlos Fry. Tanto los Breves apuntes sobre las regiones amazónicas del primero, como la Ojeada sobre la Montaña del segundo,y La gran región de los bosques del tercero, renovaron el mito de Eldorado en su reivindicación de la necesaria ocupación del Oriente y demandaron, en consecuencia, la apertura y construcción de vías de comunicación, la colonización de la región a partir de la concesión de tierras a migrantes –cuestión que iba pareja tanto a disposiciones de carácter inmigratorio como a la aprobación de medidas relativas al acceso a la tierra–, la redemarcación territorial de la región; y, por último, aunque no menos importante, la reactivación de la actividad misional, entendida como uno de los principales instrumentos a utilizar por el Perú para la ocupación de la región amazónica.

3.1.1.1. «Los caminos son los conductores del progreso»?32 Vías de comunicación

19Un recuento de las resoluciones, decretos y leyes dados por los gobiernos peruanos a lo largo de la etapa aquí estudiada, relativos a las vías de comunicación –trochas, caminos de herradura, carreteras, ferrocarriles y vías fluviales– que permitieran la comunicación Costa-Sierra-Selva y con ello, del Pacífico con el Atlántico, supera ampliamente el medio millar de disposiciones33 si consideramos por un lado, las relativas a la investigación de la navegabilidad de los ríos amazónicos; por otro, el estudio y, eventualmente, la construcción de caminos terrestres y, por largo tiempo proyecto estrella, de las vías férreas. En aras de la brevedad y excluyendo todo intento de hacer un análisis exhaustivo del tema, me limitaré aquí a señalar los aspectos más significativos de dicha política.

20La apertura, construcción y mantenimiento de vías de comunicación fue una cuestión prioritaria que interesó tanto a los grupos dirigentes limeños –por razones económicas y geopolíticas– como a los grupos regionales –por motivos económicos fundamentalmente– del norte (Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Iquitos), centro (Huánuco, Cerro de Pasco, Tarma) y centro-sur peruano (Ayacucho, Cuzco, Apurímac, Arequipa). De la gran movilización que se produjo en torno a la política de comunicaciones son buena muestra no sólo las disposiciones aprobadas, sino los debates parlamentarios seguidos en la prensa limeña y regional, y una amplia folletística al servicio de los diversos intereses que cargaban las tintas sobre las ventajas de tal o cual vía en detrimento de otra. Raros fueron, en las dos últimas décadas del siglo xix, los casos de proyectos globales que, efectivamente, se plantearan el acceso a la Montaña y la comunicación interoceánica para el conjunto del país. Entre los escasos proyectos que sí tuvieron en cuenta esta situación en los inicios del período que aquí estudiamos está el esbozado por Carlos Fry, el cual en 1889 propuso el desarrollo de cuatro vías: la ruta Pacasmayo-Chachapoyas hasta el Marañón; la vía Lima-Chicla-Cerro de Pasco-Tingo hasta el Pachitea, o la variante Chicla-Tarma-Alto Ucayali en su confluencia con el Unini; la ruta Pisco-Ica-Ayacucho que vía Huanta o Minabamba permitía alcanzar el Apurímac; finalmente, la vía que partiendo de Moliendo accedía a Arequipa-Puno-Cuzco y, desde allí hasta el Urubamba o el Purus, como podemos seguir en el Mapa 5.34

21El proyecto modernizador pasó pues por la implementación de una red de comunicaciones. Como sucedió en el Estado guanero, las autoridades centrales y departamentales concedieron amplias prerrogativas –la más importante, la concesión de terrenos junto a las vías abiertas– a todos aquellos individuos o compañías que se comprometieran a abrir trochas, caminos de herradura, construir puentes, instalar redes de telegrafía y estudiar, y eventualmente construir, el tendido ferrovario. Igual que en el pasado, se aprobaron proyectos para la obtención de los recursos económicos necesarios que confiaban en el impuesto a la coca, al aguardiente u otros, pero los resultados fueron siempre escasos. Ejemplo evidente de tal afirmación lo tenemos en la implementación de la red ferroviaria, proyecto acariciado por los grupos modernizadores desde la década de 1860 que se vio frustrado, momentáneamente, por la bancarrota del Estado peruano a mediados de los años 70. El conflicto del Pacífico dejó pendientes, entre otros proyectos ferrocarrileros, la conclusión de algunos tramos –la ruta central sólo había sido construida hasta Chicla, y la vía del sur hasta Santa Rosa, en las cercanías de Puno– y la construcción de un ferrocarril que, por la vía central, conectara Lima con el Oriente; la conclusión de estos proyectos pareció ser el objetivo de los grupos modernizadores para los que era necesaria la «conquista [de la Amazonia] por rieles y vapores».35

22Es sabido que una de las consecuencias de la pérdida de la guerra fue la aprobación por el Congreso (25.10.1888), después de tres años de negociaciones, del llamado contrato Grace por el cual el Perú vio cancelada su deuda externa –producto de los empréstitos de 1869,1870 y 1872– a cambio de, por lo que aquí nos interesa, la transferencia a los bonistas ingleses por un período de 66 años de la explotación de los ferrocarriles y la concesión de dos millones de hectáreas de tierras de Montaña destinadas a la colonización. Los bonistas, por su parte, se comprometieron a formar una compañía que asumiera todos los derechos y obligaciones del contrato –surgiendo así The Peruvian Corporation Ltd. (1890)– y a la fundación de cuatro colonias con población inmigrante blanca en un lugar aún no determinado, debiendo comenzar los trabajos en un plazo no mayor de tres años y ser concluidos en no más de nueve.36 Poco después de la firma del contrato Grace, sendas disposiciones (ley de 23.11.1889 y resoluciones de 18 y 28.01.1890) permitieron al gobierno peruano contratar la construcción de un ferrocarril de La Oroya al Ucayali, a cambio de lo cual aquel se comprometía a conceder seis mil hectáreas por cada kilómetro de vía construida37 aunque, como sabemos, esta prolongación que debería pasar por Tarma y acceder hasta el Chanchamayo, nunca llegó a realizarse.38 Una variante de la misma línea fue la planteada por el tantas veces citado Bernardino González quien, en su alegato de 1893 a favor de la construcción de la vía desde el Carhuamayo hasta las orillas del Palcazú39 y la reconquista de las antiguas conversiones del Cerro de la Sal, solicitó del poder político las presiones oportunas para que la Peruvian Corporation concluyera los trabajos en esa vía. Tampoco esta variante llegó a buen puerto a pesar de ser votada su realización en diversas legislaturas a lo largo de las tres primeras décadas del siglo xx. Finalmente, en la década de los ’30, bajo la administración de Osear Benavides, el representante por Junín, Domingo Sotil, presentó un proyecto para la continuación del tramo desde Tambo del Sol a Pucallpa por la vía de Oxapampa –la llamada vía Sotil– que, aprobada en el Congreso, tampoco se realizó.40

Mapa 5. Proyecto de C. Fry para la comunicación Costa-Sierra-Selva. Perú, 1889

23Escasos fueron los éxitos obtenidos en la implementación de la red ferrocarrilera que, al decir de muchos, debía ser no sólo instrumento de desarrollo económico sino también de defensa de la soberanía y nacionalización de la región amazónica, como sostuvo Alejandro Garland en 1904 al instar a los poderes públicos a implementar las tres «grandes vías comerciales llamadas a civilizar iperuanizar las regiones orientales de nuestro territorio, abriendo, así, inmenso horizonte a la futura prosperidad del Perú», que desde Paita, Callao y Moliendo debían permitir conectar la costa con el Oriente.41

24Sin embargo, hablar de la ruta más adecuada de penetración en la selva supone referirse, fundamentalmente, a la vía central, de larga tradición en la historia peruana y cuyo desarrollo en el Perú decimonónico se intentó implementar desde el primer gobierno de Castilla. Esta vía de comunicación, sólo se vio parcialmente concluida entre 1890-93, como consecuencia de las presiones de los sectores propietarios tarmeños, los dirigentes de la colonia del Perene42 y la contribución misionera,43 tras la construcción del tramo que unía San Luis de Shuaro con el puerto situado en la confluencia del Pichis con su afluente, el Chivis. Este lugar fue escogido pocos años después para el establecimiento de Puerto Bermúdez, permitiendo también –vía fluvial– el desarrollo de las comunicaciones entre la selva central y la selva norte.44 De hecho, la vía central –para cuyo funcionamiento y servicio fue creada por resolución suprema de 12.04.1907 la administración de la misma– fue recomendada en diversas publicaciones oficiales como la más adecuada para viajar desde la costa central hasta Iquitos utilizando el ferrocaril central (Lima-La Oroya), siguiendo el camino de herradura a lomo de mula (La Oroya-Tarma-Acobamba-La Merced-San Ramón-Puerto Yessup), continuando con canoas o lancha (Puerto Yessup-Puerto Bermúdez-Masisea) y, desde este último punto, continuando por el Ucayali hasta Iquitos, en un viaje que podía hacerse en embarcaciones de vapor.45

25En 1903, una publicación destinada a ser distribuida en Europa y Estados Unidos de Norteamérica para que «la industria venga a explotar sus valiosas riquezas naturales»46 señaló que las principales rutas de conexión Costa-Sierra-Selva –que podemos ver en el Mapa 6– eran en el norte, las que unían Paita, Chiclayo y Pacasmayo hasta la confluencia del Santiago con el Marañón, en el Pongo de Manseriche, en los dos primeros casos, y hasta Yurimaguas –vía Chachapoyas, Moyobamba, Balsapuerto– en el tercero. Por lo que se refiere al centro peruano, las rutas contempladas partían de Lima hasta La Oroya, donde se bifurcaban en dos, y posteriormente, en tres rutas de acceso al Ucayali. Una primera era la vía del Mairo que desde La Oroya seguía por Cerro de Pasco, Huánuco y desde ahí, accedía al Pozuzo, como sabemos afluente del Mairo; una segunda desde La Oroya pasaba por Tarma, La Merced, San Luis de Shuaro y Puerto Bermúdez en el Pichis, vía que a fines del siglo xix e inicios del siglo xx era, como se ha dicho líneas arriba, la ruta privilegiada para viajar de Lima a Iquitos, por el Ucayali. La tercera era la vía que desde La Oroya llegaba a Tarma y seguía por San Ramón hasta el Perene, en el territorio controlado por la colonia inglesa a la que más adelante me referiré. Por lo que se refiere al centro-sur debe citarse la ruta de Pisco-Ica-Ayacucho y, desde ahí, a Puerto Bolognesi junto al Apurímac. Finalmente en el sur la ruta que unía Mollendo y Arequipa, seguía por Juliaca donde se bifurcaba en dos, una hacia Puno y otra, a Sicuani; en el camino a esta población, se encontraba Santa Rosa, desde la que siguiendo ruta terrestre se accedía al Inambari y al Madre de Dios. No creo que sea necesario añadir que, evidentemente, estas «grandes» conexiones fueron paralelas al desarrollo de trochas y pequeños caminos de herradura a nivel regional.

Mapa 6. Vías de comunicación Costa-Sierra-Selva. Perú, 1903

26Paralelamente al desarrollo de la comunicación terrestre, los gobiernos peruanos intentaron potenciar el desarrollo de la navegación fluvial creando una infraestructura que permitiera la explotación y comercialización de los productos amazónicos, esperanza de progreso de la maltrecha sociedad peruana tras el desastre de la Guerra del Pacífico. Confirma esta tesis que en el primer trimestre de 1884 algunos diputados presentaron a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por el cual se extendían a los departamentos de Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Huánuco, todas las leyes y resoluciones vigentes en relación con la navegación y colonización del Amazonas; se declaraban libres de derechos fiscales por 10 años las mercancías que se importaran o exportaran por los afluentes del Ucayali y Amazonas a los departamentos citados y, finalmente, se autorizaba al Ejecutivo a celebrar nuevos o renovar antiguos contratos de navegación y colonización del Urubamba, Perene, Apurímac, Tumbes, Ucayali y afluentes.47 Tanto la Comisión de Hacienda de la Cámara, como el ministro de Hacienda y Comercio, Manuel Galup, se mostraron favorables al proyecto, subrayando este último en su informe la necesidad de la aprobación del texto por cuanto la desastrosa situación económica, social y política consecuencia de la guerra demandaba

consagrar preferente atención a las poblaciones andinas y trasandinas del país, para estrechar cada vez más las relaciones que las ligan entre sí y con las de la costa, y consolidarlas con decidida y eficaz protección a la agricultura, la cual por sus abundantes y variadas producciones ofrece no sólo materias primas suficientes para la creación de industrias fabriles, sino también poderosos alicientes para el comercio que contribuirán a la explotación fecunda de las regiones trasandinas; emporio de riquezas que no tienen rival en los mercados del mundo.48

27El logro de tal objetivo exigía, en su opinión, la existencia de cómodas vías de comunicación. El texto fue aprobado un año más tarde (2.05.1885), pero el progreso en la construcción de la infraestructura fluvial y, por extensión, viaria, fue lento como refirieron la mayoría de los ministros de Fomento desde 1896.

28Siguiendo con la navegación fluvial digamos que, a inicios del siglo xx, el tráfico comercial y de pasajeros en el Amazonas corrió a cargo de dos compañías extranjeras –la inglesa Booth y Cía, y la brasileña Amazonas–, cuyos buques llegaban hasta Iquitos procedentes de Europa y Brasil en un viaje mensual, y una compañía nacional que, quincenalmente, iba desde Iquitos hasta Yurimaguas. Por otro lado, el tráfico de pasajeros y mercancías en la Amazonia peruana era realizado por numerosas lanchas privadas –las matriculadas en Iquitos en diciembre de 1904 fueron 3349– y 8 lanchas gubernamentales dedicadas al servicio oficial, aunque frecuentemente admitían pasajeros.

29Finalmente, la política de construcción de infraestructuras pasó también por la instalación progresiva de la telegrafía inalámbrica en la Montaña que en 1906 unía, básicamente, Puerto Bermúdez en la selva central con Iquitos, en la selva norte.

3.1.1.2. La colonización e inmigración del Oriente

30La actualización del mito de Eldorado vio en la Amazonia un gran territorio vacío, de alta fertilidad, que sólo esperaba la llegada de una población colona que extrajera la riqueza que aquel albergaba, siendo lugar común sostener que «La falta de habitantes es la causa de que... se pierdan millones en los valiosos productos naturales».50

31Creo poder afirmar que la colonización y la inmigración –blanca y, preferiblemente, de origen anglosajón– se fueron convirtiendo a lo largo del siglo xix, particularmente desde la presidencia de Castilla, como dos de los mitos modernizadores de los grupos dirigentes peruanos a finales del siglo xix e inicios del siglo xx.51 En consecuencia, temas de debate en el parlamento, la prensa y la folletística de la época fueron la conveniencia de fomentar una colonización dirigida o espontánea, por parte de individuos y/o sociedades, conformada por una población blanca anglosajona o latina, la concesión de tales o cuales privilegios y exenciones fiscales. En este contexto, desde diversas instancias se planteó la conveniencia de colonizar a través de colonias «civiles», formadas por migrantes foráneos, nacionales o extranjeros–, militares –mediante las guarniciones conformadas por soldados que recibieran tierras en la zona– o poblados misionales que, constituidos con los indígenas reducidos, estimularían la llegada a los mismos de colonos. En este apartado trataré, exclusivamente, de la política diseñada por las sucesivas administraciones en relación con la colonización «civil» por migrantes foráneos o, en su defecto, nacionales; los aspectos referidos a la colonización misionera serán tratados al abordar la institucionalización de las misiones. Finalmente, por lo que se refiere a la colonización militar, sólo puedo apuntar que tuvo escasísima presencia, no pasando nunca de meros proyectos. En la praxis, sólo he constatado que se dieron algunos avances sobre el tema en la primera década del siglo xx en la zona del Napo y Putumayo, cuando el conflicto de límites en la frontera nororiental movió al gobierno peruano a instalar reducidos contingentes armados con pocas familias52. Posteriormente, al inicio del Oncenio, Leguía informó al Congreso de su interés en la colonización militar de las «regiones fluviales del Oriente» pero poco se hizo en ese sentido.53

32La política colonizadora preocupó desde mediados de los ’80 a un amplio espectro de grupos –liberales y conservadores, limeños y regionales– como se observa en varios de los textos citados aquí, pero creo ilustrativo de esta idea, el texto publicado por el misionero franciscano Bernardino González en la varias veces citada Ojeada sobre la Montaña (1886) por cuanto su autor, que había misionado en el Ucayali en los primeros años de la década del 80, hizo del tema su principal argumento. El trabajo –con fuerte trasfondo nacionalista en los ámbitos económico y político– tras una declaración de principios en torno a la Amazonia como región depositaria del porvenir de la república andina, inmenso territorio vacío que «puede alimentar algunos millones de habitantes y proporcionar riqueza a multitud de familias»,54 defendió cuatro tesis: la necesidad de estimular una inmigración de europeos católicos, la construcción de vías de comunicación –especialmente, la prolongación de la vía férrea hacia el Ucayali, a través del Palcazú–, una mayor presencia estatal en la región y, finalmente, la preparación de las tierras susceptibles de ser colonizadas por habitantes de los poblados serranos o del pedemonte, mano de obra que sería pagada por el Estado peruano. Lo sorprendente del escrito, considerando quién era su autor,55 son las escasas referencias tanto a la actuación misionera como a la reducción de las poblaciones indígenas, empresa esta última que consideró poco viable.56

33Continuando con la problemática colonizadora, es conocido que, dadas las tesis darwinistas en boga, la mayoría de intelectuales y políticos sostuvieron la necesidad de estimular la llegada al Perú de una inmigración blanca de origen anglosajón por su capacidad de trabajo, ahorro, constancia y fuerza de voluntad pues, como dijo F. A. Pezet, «el hombre del norte no sólo es mejor trabajador, sino que es más dócil, más ágil, más frugal y más tenaz y perseverante».57 El tópico fue tan extendido que incluso los ideólogos católicos, cuya oposición a la llegada de anglosajonos –en tanto protestantes– fue radical dada la confesionalidad del Estado peruano,58 se pronunciaron por el arribo de alemanes procedentes de Baviera o de las regiones centroeuropeas de tradición católica. La presentación en la Cámara (1891) de dos proyectos de ley relativos al tema –en los que el desprecio a la población indígena es constante– dio pie a un amplio debate en la prensa y las comisiones parlamentarias.59 No obstante, la falta de acuerdo sobre los sistemas de inmigración –dirigida o espontánea– con la participación o exclusión de contratistas y/o compañías, y la financiación del proceso, entre otras consideraciones, retrasó hasta 1893 la aprobación de una ley de inmigración que sólo fue sancionada por el presidente Morales Bermúdez el 14 de octubre. La medida, dada con el objeto de atraer «brazos y capitales», señaló en su art. 2 que eran inmigrantes los «extranjeros de raza blanca» y los colonos que fueran «especialmente contratados para ocupar determinados lugares en la República».60 El resto de artículos se refería a los derechos de los inmigrantes –entre ellos recibir del Estado lotes de terreno en los lugares aptos para la colonización– y la constitución de una Junta Central de Inmigración y Colonización para el desarrollo de estas cuestiones.

34La inmigración, como quedaba claro en la ley, apareció siempre vinculada con la colonización –dos caras de una misma moneda–, aunque fue esta última la cuestión priorizada por los gobiernos peruanos desde la década de 1890, los cuales aprobaron un amplísimo corpus legal respondiendo a razones fundamentalmente geopolíticas –nacionalizar la región– en el caso de los grupos civilistas, y a razones económicas, en lo que se refiere a los grupos locales/ regionales serranos y del pedemonte amazónico. Por su importancia cuantitativa e incidencia en la historia del país obvia es la necesidad de referirse, inicialmente, a las resoluciones supremas de 1.07.1891 y 19.11.1891 por las que se concedió a The Peruvian Corporation algo más de un millón y medio de hectáreas en la selva central, lo que daría lugar a la conocida Colonia del Perene, cuyos escasos resultados son conocidos.61 Pero, junto a ellas y como queda reflejado en la ya citada La Amazonia en la Norma Oficial Peruana: 1821-1990, las autoridades centrales y prefecturales dieron más de dos millares de disposiciones concediendo el acceso a terrenos de montaña para uso agrícola y cauchero, a cambio de la introducción de colonos, construcción de trochas o caminos de herradura, puentes, etc. siendo los beneficiarios miembros de los pueblos serranos o del pedemonte, pero también residentes en la capital e incluso extranjeros que, individual o a través de compañías –sería interesante hacer un estudio en profundidad de estas sociedades que, por lo que sabemos, parecían responder a un interés fundamentalmente especulativo y poco «colonizador»– pretendían asegurarse su porción de «riqueza amazónica».62

35La implementación del proyecto colonizador exigía, a todas luces, una clarificación de la legislación relativa a los terrenos de Montaña, cuestión que desde el lejano 1832 había sido objeto frecuente de decretos, resoluciones y leyes que conformaron un aparato legal sumamente confuso. Fue en la década de 1890 cuando se dieron varias medidas clarificadoras hasta culminar, bajo la administración pierolista, en la ley de terrenos de montaña (21.12.1898) y el decreto que la reglamentaba (6.05.1899).63 Las medidas pretendieron solucionar la ineficacia de las disposiciones tomadas hasta entonces como consecuencia, según se dijo en los considerandos de la ley, de la falta de mecanismos legales para asegurar el cultivo de los lotes adjudicados, y de la inexistencia de vías de comunicación adecuadas para la llegada de pobladores y comercialización de los excedentes agrícolas. Estas disposiciones derogaron las leyes anteriores sobre el tema y tuvieron un gran impacto en el Oriente peruano, posibilitando además un salto cualitativo por la posibilidad de arrebatar los territorios amazónicos a los grupos indígenas, por cuanto el art. 1 señaló que aquellas tierras de Montaña no adquiridas conforme el Código Civil –las ocupadas por los indígenas– eran «propiedad del Estado y sólo pueden pasar a dominio de particulares con arreglo a esta ley».64 La nueva ley fijó, entre otras cuestiones, las formas en que podía adquirirse el dominio de las tierras –por compra, concesión, contrato de colonización y adjudicación gratuita–, el capital a pagar según la forma escogida, y señaló las condiciones en que todos los antiguos concesionarios podían obtener la propiedad.

36La medida provocó importantes cambios en la estructura de la propiedad de la tierra en el Oriente pues, fuera cual fuese la vía escogida, el beneficiario acababa adquiriendo la posesión y propiedad legal de los terrenos. No deja de ser sorprendente, si consideramos que las medidas se aprobaron en pleno boom cauchero, que la ley de 1898 regulara el acceso a los terrenos de Montaña para uso agrícola excluyendo, según decía su art. 10, las tierras productoras de gomas, maderas y productos análogos para cuya explotación y conservación el gobierno peruano se comprometía a dictar una ley especial que nunca se dio.65 En consecuencia, la concesión de los bosques caucheros se hizo a través de contratos de arrendamiento de acuerdo a las disposiciones previstas por la legislación civil para todas las tierras de propiedad estatal. Es probable que los empresarios caucheros, interesados en obtener el máximo beneficio en el menor tiempo y al menor costo posible, no estuvieran interesados en una ley que podría poner coto a la depredación sistemática de los bosques gomeros. Además, el poder central pareció privilegiar sus intereses a corto plazo, con la obtención de beneficios inmediatos a través de la recaudación –vía hacienda pública– de los ingresos procedentes de la exportación de las gomas, más que favorecer el desarrollo a largo plazo de la industria cauchera66 como implícitamente reconoció el ministro de Fomento al Congreso en su informe del año 1899 al señalar que las medidas aprobadas habían venido a colmar tanto las expectativas del Estado como de los particulares, por cuanto la elevada cotización de la goma elástica ofrecía al país «la perspectiva de una renta considerable proveniente de los derechos de explotación y exportación del caucho de los dilatados bosques que nos pertenecen y que contienen en abundancia el artículo».67

37Un repaso de las adjudicaciones de tierras de Montaña permite concluir que la mayoría de ellas tuvieron por objeto la explotación de gomales, fundamentalmente en la selva norte y sur y, en menor medida, en la selva central.68 Entonces podemos afirmar que la tan deseada colonización y ocupación del Oriente se vio mediatizada por las empresas caucheras que, conviene no olvidar para evaluar el efectivo interés gubernamental en la ocupación efectiva del territorio, pertenecían a las élites políticas y/o económicas limeñas y/o regionales como se desprende de las listas de concesionarios beneficiarios de las tierras caucheras tanto en el departamento loretano como en el del Madre de Dios.

38El escaso impacto colonizador de las medidas dictadas en la última década del siglo xix mereció frecuente atención de las sociedades y centros científicos y de la prensa, y mostró la existencia de dos proyectos. El primero, sostenido por quienes consideraban que el simple acceso y explotación –en cualquiera de sus formas, incluida la cauchera– de las tierras de Montaña era suficiente para provocar la colonización de la región y, por ende, la ocupación del territorio; proyecto este defendido por los empresarios caucheros y sus panegiristas que elaboraron un discurso en torno a las concesiones caucheras como principales elementos de nacionalización de la región tanto en Loreto –como se demostró especialmente en relación a la empresa Arana, como se verá cuando abordemos el escándalo del Putumayo–como en la región del Madre de Dios. El segundo fue el proyecto planteado fundamentalmente por los hacendados agrícolas y, ya hacia fines de la etapa cauchera, por numerosos políticos que, partidarios del modelo desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica y en la más cercana Argentina –no entro aquí en la aplicación de este proyecto a la realidad histórica de uno y otro país–, consideraron que la riqueza del país y la defensa de la soberanía territorial pasaba por una expansión de la frontera agrícola a partir de un vasto plan colonizador, como señaló el prefecto Hildebrando Fuentes: «Poblar la montaña y especialmente nuestras fronteras es conservar la vida, la integridad y la honra nacional».69 Ambos proyectos no necesariamente se vieron como excluyentes, como el mismo Fuentes, conocido panegirista cauchero, ejemplifica.

39A fines de la primera década del siglo xx, era evidente lo nefasto de la empresa cauchera para el proyecto colonizador, como denunció el ministro de Fomento Francisco Alayza Paz Soldán en el Congreso de 1909, con motivo del debate del proyecto de Ley de Terrenos de Montaña:

En nuestro oriente, el colono es casi desconocido; sólo tenemos caucheros, verdaderos devastadores, siempre errantes, haciendo vida nómade, derriban los árboles de caucho, únicos que explotan y con ellos nuestra riqueza ulterior; como no tienen interés en conservar sino sólo en expoliar, agostada una región van a otra y a otra en busca de nuevas víctimas y de nuevo vandalaje.70

40Resultado de la depredadora explotación cauchera fue la desaparición de árboles gomeros en amplias zonas del norte y sur amazónicos. Aunque el gobierno de Augusto B. Leguía dio en 1909-10 algunas disposiciones por las cuales se pretendió regular la conservación de los gomales –como veremos en la nueva Ley de Terrenos de Montaña de 1909– a través del cultivo de árboles caucheros, nada pudieron ni la legislación, ni las voces de políticos y científicos que abogaban por la preservación de la industria gomera ante la presión del sector cauchero que, en frecuente connivencia con las autoridades departamentales,71 y con importantes influencias en el gobierno central ejerció de facto el poder en la Montaña.72

41Por lo que se refiere a la Ley de Terrenos de Montaña, la sancionada en 1898 estuvo vigente hasta 1909 cuando, en la primera administración Leguía, siendo Julio Ego-Aguirre ministro de Fomento, el Congreso aprobó la denominada Ley General de Montaña (31.12.1909), a la que siguió el Reglamento relativo a su aplicación (11.03.1910).73 La nueva ley que, según su único considerando respondía a la necesidad de promover la colonización y progreso del Oriente y ofrecer garantías de estabilidad a la agricultura y «en especial a la industria gomera», señaló que las tierras estatales podían concederse a particulares por venta, denuncio, adjudicación gratuita y concesión, fijando el límite de venta de tierras para uso agrícola en mil hectáreas, y en treinta mil en caso de que fueran gomales, necesitando las ventas superiores la aprobación del Congreso.74 Además, por el art. 11, el Ejecutivo podía «ceder» terrenos de Montaña en «compensación de vías férreas, caminos carreteros o de herradura» –situación no contemplada en la ley de 1898– y se facilitaba la exploración de las tierras previa solicitud a la prefectura y el pago de un reducido canon.75 El mismo Ejecutivo leguiista instituyó (5.05.1911) la Sección de Inmigración, Colonización y Propaganda, abriendo una Oficina Central de Inmigración en París con el objeto de «dar a conocer al país y sus recursos, como campo adecuado a la colonización y a la inmigración de brazos y capitales», siendo su primer director el otrora director del Ministerio de Fomento, Carlos Larrabure y Correa.76

42Con todo, las disposiciones de 1909-10 abrieron paso a la consolidación de la gran propiedad en la Amazonia y, aunque por decreto de 27.05.1910 se dispuso que los contratos de colonización no podrían provocar la cesión de más de 200 000 ha. de terrenos de Montaña, que, por otra parte debían dedicarse exclusivamente a uso agrícola, no se fijaron los mecanismos de control correspondientes.77

43Finalmente, finalizado el boom cauchero, se hicieron evidentes los graves perjuicios causados por las empresas gomeras tanto en el territorio como en las poblaciones indígenas. Esta fue la razón por la que el prefecto de Loreto, general Gerardo Alvárez, denunció (1923) la grave responsabilidad de los empresarios caucheros en la crisis por la que atravesaba entonces el departamento, y reclamó una nueva ley de Terrenos de Montaña para Loreto y San Martín que hiciera de los indígenas propietarios de las tierras que ocupaban, única forma de incorporarlos a la sociedad nacional78. En este objetivo coincidió con el vicario apostólico de San León del Amazonas que, en diversas ocasiones, había denunciado los graves problemas que presentaba la reducción y civilización de los indígenas como consecuencia de su dispersión por el territorio ya fuera en grupos aislados, ya en fundos agrícolas o caucheros. Así, tanto la autoridad civil como la eclesiástica estuvieron de acuerdo en proponer el establecimiento de colonias constituidas por familias en terrenos propios de los que no podrían ser despojadas.79

44El fin de la explotación cauchera precedió a la reactivación de la cuestión colonizadora –cifrada exclusivamente en tierras con destino a uso agrícola– durante el Oncenio, cuyos legisladores aprobaron partidas presupuestarias destinadas al fomento de la inmigración. Además, para reforzar el papel de los cónsules como agentes dedicados a la captación de colonizadores, por resolución de 28.08.1920 se creó la figura del Comisario de Inmigración, cargo recaído en los cancilleres de los consulados peruanos en Nueva York, San Francisco, Liverpool, Londres, Barcelona, Bremen, Hamburgo y Genova.80 Avanzada la década, el Ejecutivo aprobó (29.01.1926) la creación del Comisariato General de Inmigración –decreto en el que se fijaron también como áreas prioritarias de actuación las regiones de Satipo, el Pangoa y Mazamarí– institución autorizada para celebrar contratos de colonización de no más de 10 ha.81 Esas zonas recibieron gran cantidad de colonos, mayoritariamente peruanos, aunque también llegaron centroeuropeos, italianos y españoles.

3.1.1.3. Nacionalización del Oriente

45La política diseñada por los gobiernos peruanos relativa a las vías de comunicación y colonización de la Montaña pretendía lograr, entre otras cuestiones, la reconstrucción económica del país y la articulación de los nuevos territorios al Perú republicano. Podemos afirmar pues, que la Amazonia cumplió una importante función económica, tanto para los grupos limeños como, más importante aún, para los grupos regionales serranos y del pedemonte. Junto a este rol, una función fundamental cumplida por la región fue de carácter geopolítico puesto que, como se dijo en otro momento, un grupo socioeconómico que pretendiera consolidarse como grupo dirigente –los civilistas en este caso– debía demostrar tanto en el interior del país como frente a sus pares latinoamericanos, su capacidad para organizar el espacio nacional y, al mismo tiempo, defender la soberanía territorial frente a los países vecinos. Esta es la razón por la que, a diferencia del pasado, y paralelamente a la gran expansión del frente económico cauchero, esta etapa estuvo presidida por los diferendos territoriales, resueltos en unos casos por vías diplomáticas y, en otros, por vía armada. De ahí que la defensa del territorio oriental se convirtiera progresivamente en importante ingrediente del nacionalismo peruano –más importante, si cabe en este caso, considerando la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico–, vigente aún en la actualidad, como se ha evidenciado en el diferendo sostenido con Ecuador y resuelto recientemente82. Este ingrediente «amazónico» del nacionalismo peruano –sobre el que no me detendré aquí– puede observarse en los mensajes presidenciales al Congreso y memorias de los Ministerios de Fomento y Relaciones Exteriores, y tuvo sus hitos significativos en los sucesos acaecidos en Iquitos (1896), el Putumayo (a partir del escándalo promovido en 1911 y años posteriores en las explotaciones caucheras de la Compañía Arana) y Leticia (1922-33), además de los continuos conflictos territoriales sostenidos desde la década de los ’90 con todos los países limítrofes.

46Así pues, la nacionalización del Oriente exigió una política de infraestructura viaria y de estímulo a la inmigración y colonización de la región como vimos, que debía lograr articular la región con el resto del país, pero también una redemarcación político-administrativa que permitiera al Estado hacerse visible en la región y una redemarcación eclesiástica. Dejando por ahora esta última cuestión que trataré al abordar la problemática misional, veamos primero, los cambios más significativos en la demarcación política y, segundo, las características de la política peruana con respecto a la defensa de su territorio.

47Por lo que se refiere a la redemarcación político-administrativa, los cambios más significativos fueron la creación de los departamentos de San Martín (4.09.1906) y Madre de Dios (26.12.1912). El primero, cuyo surgimiento no estuvo vinculado con la defensa territorial sino que respondió a las expectativas de desarrollo socioeconómico de la región, estuvo constituido por las provincias de Moyobamba, Huallaga y San Martín, hasta entonces integrantes del departamento de Loreto. Su capital fue Moyobamba,83 ciudad que había perdido algunos años antes (9.11.1897)84 la capitalidad del departamento de Loreto en beneficio de Iquitos; esta, por entonces, se había convertido en la principal plaza de intercambio de las gomas y puerto de salida de las mismas al Atlántico.

48Por el contrario, puede afirmarse que la creación del departamento de Madre de Dios obedeció a la necesidad de hacer visible la presencia estatal en la zona, de proceder a la nacionalización peruana de la región cuestionada desde fines del siglo xix por la presencia cada vez más significativa de caucheros bolivianos –fundamentalmente, las empresas de los hermanos Suárez y Antonio Vaca Diez– en la cuenca del Madre de Dios y tributarios, entre ellos el Manu, Inambari y Tambopata. Sin pretender hacer aquí una aproximación, por breve que fuese, a la historia del diferendo fronterizo entre Perú y Bolivia,85 lo que parece cierto es que, como dijo el otrora ministro de Relaciones Exteriores Javier Prado y Ugarteche, tanto Bolivia como Perú «quisieron deliberadamente excluir del litigio el título de la posesión en aquellas regiones amazónicas de obscura y precaria ocupación, protestada y rechazada incesantemente por ambas partes».86 Con todo, fue desde el acceso a la presidencia de Nicolás de Piérola y, fundamentalmente, bajo la administración de López de Romana, cuando se dieron pasos significativos para la ocupación efectiva de la región del Madre de Dios e Inambari y cuando Ernesto La Combe presentó, a petición gubernamental, un plan para contrarrestar el avance boliviano en la zona basado, entre otras medidas, en la apertura de vías de comunicación, formación de tambos, construcción de uno o dos fortines, erección de una misión, promoción del acceso a la tierra, rebaja de impuestos de la gomas, y presencia de autoridades civiles, elementos que en gran parte se fueron implementando durante la primera década del siglo xx.87 Paralelamente, los gobiernos del Perú y Bolivia resolvieron, a fines de 1902, someter la cuestión al arbitraje de Argentina, cuyo gobierno dio a conocer su fallo en julio de 1909; la resolución fue contestada por Bolivia –varios establecimientos de caucheros bolivianos habían sido adjudicados al Perú– y el diferendo no se resolvió hasta que, tras la intervención de Brasil, el gobierno peruano admitió una modificación que fue recogida en los protocolos de 15 y 17 de septiembre de 1909.88

49Por entonces la región adjudicada al Perú formaba parte del departamento de Puno, pero ante la necesidad de «proceder a organizar la administración pública» en los territorios recién incorporados y de estudiar sus necesidades, el presidente Leguía nombró (21.05.1910) una «Comisión especial» para que estudiara y propusiera un «plan de administración pública aplicable a los territorios comprendidos por las cuencas de los ríos Purús, Acre, Madre de Dios y sus afluentes hasta la frontera del Brasil y Bolivia, así como de adoptar las medidas necesarias para la mejor percepción de los impuestos vigentes»,89 otorgando al comisionado facultades para la concesión de tierras. La medida fue seguida por otras disposiciones, entre las cuales citaré, primero, la fundación por el comisionado de cuatro poblaciones en las bocas del Tambopata, Heath, Yaverija (alto Acre) y Santa Rosa (Purús);90 segundo, la firma de numerosos contratos de colonización agrícola con individuos y empresas que, según el decreto sancionado por el gobierno Leguía (27.05.1910), no podrían superar las 200 000 ha. y deberían proceder al asiento de colonos peruanos y/o europeos;91 tercero, la adjudicación de gran número de concesiones caucheras como las obtenidas por Forga Rey de Castro, la Inca Mining Co., la Sociedad Gomera Marcapata, la Tambopata Rubber Sindícate y Máximo Rodríguez, concesionarios que, en contrapartida, debían encargarse de la construcción y mantenimiento de la infraestructura viaria o fluvial, y de la colonización. Finalmente, y con el intento de controlar la exportación de gomas, se estableció una aduana en Maldonado y cuatro aduanillas.92

50La implementación de esta política no estuvo exenta de conflictos con Bolivia –como el acaecido en el Manuripe entre Nicolás Suárez y Máximo Rodríguez y en el que participaron dos reducidas guarniciones militares de ambos países– aunque en 1912 el diferendo territorial quedó zanjado. Fue entonces cuando el Congreso peruano aprobó, a propuesta del Ejecutivo,93 y el presidente Billinghurst sancionó, la creación del departamento de Madre de Dios (26.12.1912), con las provincias de Tahuamanu, con capital en Iñapari –conocida con el nombre de Tacna–, Tambopata con capital en Puerto Maldonado –que sería también capital del departamento– y Manu, con capital en el puerto del mismo nombre, demarcaciones provinciales instituidas como tales por la misma ley, y cuya ubicación podemos observar en el Mapa 7.94 Agreguemos tres cuestiones más sobre el nuevo departamento. La primera, el surgimiento de Maldonado –más tarde Puerto Maldonado– fue consecuencia de las reivindicaciones territoriales peruanas en la zona y del intento del gobierno de Leguía de contrarrestar la influencia en la región de la población boliviana de Riberalta, para lo que se estableció allí (10.07.1902) una guarnición militar, en torno a la cual se constituyó posteriormente una nueva población. La segunda, la única comunicación existente por entonces con el resto del Perú era por vía fluvial,95 situación que repercutiría negativamente, al decir de los opositores a la creación del nuevo departamento –algunos sectores cuzqueños y púnenos defensores de la incorporación de la zona a sus respectivas demarcaciones y algunos sectores limeños96– en la articulación de la región al Perú. La tercera, que el nuevo departamento fluvial del Madre de Dios gozó de un régimen político y administrativo similar al resto de departamentos y fue dotado con el prefecto, subprefectos y tesoreros correspondientes, además de servicios aduaneros (puertos Heath, Libertad, Tahuamanu e Iñapari), correos, policía, sanidad, una capitanía de puerto y servicio religioso (vicario apostólico y nueve padres misioneros).

Mapa 7. Departamento Fluvial del Madre de Dios, 1912

51Digamos, para concluir este punto, que estos cambios en la demarcación político-administrativa de los territorios amazónicos fueron acompañados desde la década de los ’90 por cambios menores en el interior de los departamentos, con la creación de nuevas provincias (entre otras la de Ucayali por ley de 13.10.1900),97 distritos (entre otros, Contamana, Callaría y Masisea por la misma ley) y capitalidades (entre otras, Yurimaguas, Caballococha, Pucallpa). Además, como consecuencia de la gran expansión cauchera en los ríos orientales y con el objetivo de conservar el «orden público» en la región, fueron instituidas numerosas capitanías de puerto y comisarías fluviales; en el caso concreto de Loreto, estas comisarías estuvieron, además, obligadas a informar a la Prefectura del estado de las poblaciones indígenas, las labores de los misioneros y a proteger la colonización de la región.98

52Por lo que respecta a la política peruana en relación con la defensa de las fronteras externas presenta dos vertientes. Una relativa a la ocupación efectiva del territorio a partir de la colonización civil, militar o misionera. Otra referente a la salvaguarda de la soberanía del Perú en los confines orientales. En el primer caso, el avance de caucheros colombianos, brasileños y bolivianos en las fronteras del norte y sur amazónicos llevó a las autoridades políticas y militares –no debemos olvidar que por decreto de 16.03.1905 se organizó la región oriental para fines militares99– a ordenar la fundación de pueblos como indicativo de la presencia efectiva peruana en el Oriente, política fomentada a partir de los últimos años del siglo xix y a lo largo de las tres primeras décadas del siglo xx, surgiendo así, entre otros, en el departamento de Loreto, las poblaciones de Nuevo Iquitos en el alto Yurúa (1899), Leticia (1900), Nazareth en el Yavarí (1902), Tarapacá en la ribera del Putumayo (1903), Santo Domingo y San Vicente de Malanquiato en la región del Urubamba, San Luis del Manu y la ubicada junto al río Las Piedras en el Madre de Dios –las cuatro en la primera década del siglo xx– además de las poblaciones surgidas de la reducción indígena realizada por los misioneros como, entre otras, Puerto Meléndez, Jericó, San Luis de Shuaro, Sogormo, Puerto Bermúdez, Puerto Ocopa, Requena, Sta.Rosa de Tahuamanu, Chirumbia, etc.100 En el segundo caso, esto es, la salvaguarda de la soberanía peruana en el Oriente, los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano nos ofrecen una amplia documentación sobre la intensa actividad de la Cancillería para la defensa de los intereses peruanos, bien a través del envío regular de instrucciones precisas a los prefectos de los departamentos orientales a los que, frecuentemente, ordenaban mantenerse en estado de alerta frente a las posibles incursiones de fuerzas exteriores en territorios reivindicados como propios;101 bien mediante la publicación en el país y en el extranjero de informes, opúsculos y libros para la defensa de la causa peruana. Recordemos que el Perú, además del conflicto pendiente con Chile a consecuencia de la guerra del Pacífico, mantuvo diferendos territoriales con todos los países amazónicos limítrofes, pues al secular conflicto mantenido con Ecuador en la región de Maynas y, por extensión, en las riberas del Marañón –vigente hasta fechas recientes– se sumó en la década de 1890 el conflicto con Colombia en la región del Caquetá y Putumayo –sólo solucionado durante el Oncenio con la cesión del territorio en disputa–, y en las dos primeras décadas del siglo xx el conflicto con Brasil y Bolivia por el control del sur amazónico. Con la excepción de pequeños incidentes armados, la mayoría de los conflictos se resolvieron por la vía diplomática, sometiendo los asuntos al arbitraje de terceros países.

53La cuestión rebasa con mucho los objetivos de este trabajo, pero su mención me interesa porque, por un lado, la permanencia de los diferendos a lo largo del tiempo determinó que la defensa del Oriente fuera un ingrediente ideológico más del nacionalismo peruano; por otro lado, y aspecto fundamental dadas las hipótesis por mí planteadas al inicio de este trabajo, porque la institucionalización de las misiones, que se produciría al inicio de la república aristocrática y consecuencia de la cual surgieron en la Amazonia peruana tres prefecturas apostólicas, fue uno de los instrumentos utilizado por los gobiernos peruanos para la defensa de su soberanía en el Oriente. Veamos pues, sin más dilación, los aspectos fundamentales de esta historia.

3.2. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS MISIONES

54La disminución de la actividad misionera que se había producido en la década de 1870 se mantuvo en los inicios de los ’80. Por entonces, los poblados misionales existentes en la selva central eran Cashiboya, Callaría, Santa Rosa de los Piros y Quillazú.102 Esta última, ubicada en el valle de Oxapampa, había sido fundada recientemente (21.04.1881) por el prefecto misionero Juan Pallas como consecuencia de la colaboración entre los misioneros y los «hacendados de Chorobamba, Huancabamba y Paucartambo, para quienes era una garantía de paz la presencia de los misioneros en aquella región, pues podían con el ministerio sacerdotal acabar de ganar la voluntad de los Amahuacas y Campas de la vecindad»103 que hasta entonces habían frenado la expansión de la frontera agrícola. Por el contrario, en Cashiboya, el nuevo gobernador de Sarayacu –apoyado por las autoridades departamentales–104 pretendió, en 1881-82, acabar con el régimen misional allí existente nombrando el correspondiente teniente gobernador y un cura dependiente del obispado de Chachapoyas, problema que llevó al Colegio ocopeño a renunciar (octubre 1882) a su actividad en las misiones del Ucayali, dimisión que no les fue aceptada por la Sacra Congregación de Propaganda Fide (SCPF).105

55El prefecto Pallas fue sustituido en el cargo por Gabriel Sala quien ya desde su primer viaje (desde Ocopa a Quillazú) pareció estar interesado en poner sus exploraciones en la selva central al servicio del Estado peruano. Fue bajo la prefectura de Sala que se fundaron las misiones de San Luis de Shuaro –a orillas del Chanchamayo y muy cercano a La Merced (1886)106– y San José de Sogormo en las orillas del Paucartambo (1891).107 A estas siguieron en los últimos años del siglo xix y bajo la prefectura de Tomás Hernández –en el cargo entre 1891 y 1897– la efímera misión del Pangoa que, fundada en 1894 junto al Mazamarí, desapareció sólo dos años más tarde tras una revuelta de los campas,108 y Puerto Bermúdez en la ribera del Pichis (1898),109 fundada bajo la prefectura de Antonio Batlle a instancias del gobierno Piérola quien instaló también una comisaría fluvial con su correspondiente guarnición.

56La fundación de San Luis de Shuaro junto con las exploraciones realizadas en el Ucayali dieron a conocer a la opinión pública –a través de las páginas de El Comercio de Lima– y a los políticos peruanos la figura del padre Sala,110 quien, entre 1885 y 1897, efectuó numerosas expediciones por las riberas del Paucartambo, Perené, Palcazú y recorrió el Gran Pajonal con apoyo del gobierno peruano. Sus informaciones sobre la geografía de la región, navegabilidad de sus ríos, recursos naturales y sobre las poblaciones indígenas fueron de gran utilidad con vistas a la implementación de la política colonizadora y a la construcción de la muy importante vía central, por medio de la cual se estableció la comunicación entre la costa central peruana y el departamento de Loreto.111

57De lo dicho no podemos deducir que la actividad misionera fuera de gran importancia para el Perú republicano del momento. Sin embargo, el regeneracionismo del que participaban los políticos e intelectuales peruanos como proyecto que debería permitir al Perú salir de su postración económica,112 recuperar la estabilidad política y el maltrecho orgullo nacional posibilitó a los misioneros y al conjunto de la Iglesia peruana recobrar el protagonismo y la influencia perdidas. ¿Por qué?

58Lo expuesto hasta aquí nos muestra el interés de los gobiernos peruanos desde mediados de los ’80 por ocupar el Oriente, por lograr la nacionalización de la región. Pero, también sabemos de la continuidad del proyecto secularizador implementado por los gobiernos peruanos desde 1845 como consecuencia del cual la Iglesia peruana había perdido, progresivamente, poder económico, influencia política y social entre los grupos dirigentes, los cuales, a pesar de ello y como vimos en el capítulo anterior, habían delegado en los religiosos franciscanos la reducción y socialización de las poblaciones indígenas amazónicas. Sin embargo, a mediados de la década de 1880, la Iglesia estaba empezando a recoger los frutos de la estrategia diseñada años antes y que debería permitirle adquirir un nuevo protagonismo en el país. Efectivamente, la intelectualidad católica había elaborado un discurso modernizador en el cual se sostenía que la religión católica era compatible con el progreso y elemento esencial de la nacionalidad, en tanto vertebradora de una sociedad tan dividida, fragmentada y convulsa como era la peruana. El aggiornamento eclesial encontró en esa coyuntura histórica, en que la Amazonia era paradigma regeneracionista, una oportunidad para convertirse en institución útil al Perú. En consecuencia, la Iglesia se ofreció como instrumento para la transformación del salvaje en ciudadano peruano, a través de la evangelización y civilización de los bárbaros ocupantes de la región.

59Entonces, una cierta lógica política y el conocimiento de la historia misional en las dos últimas décadas del siglo xix nos permite afirmar que, en parte como consecuencia de una cierta inercia histórica, en parte como resultado del proyecto «liberal» de ocupar la Amazonia, los gobiernos peruanos continuaron delegando en los misioneros su tarea socializadora, pero sin especiales afanes. Incluso hubo intelectuales y políticos que, respetando el papel de la religión católica y de la institución que la propagaba,113 discreparon de la utilización de los misioneros como instrumento de ocupación del territorio y civilización de las poblaciones –abogando por la llegada de inmigrantes y el establecimiento de guarniciones militares–, por cuanto, como señaló Lissón «La palabra evangélica no encuentra eco en los salvages [sic]. Estos sólo respetan la fuerza; por eso queremos que al lado del obrero esté el soldado; porque el fusil y el arado juntos son el símbolo de la paz y del trabajo».114 Pocos años más tarde (1890) y en la misma línea de pensamiento, Manuel Patino Zamudio sostuvo en la Sociedad Geográfica de Lima que «La civilización no cunde en las selvas, con el lenguaje único de los misioneros, porque los chunchos son, por regla general, indómitos, traidores i rebeldes al cruzamiento civilizador».115

60Entonces, las funciones confiadas a los misioneros en la década de los ’80 e inicios de los ’90 continuaron siendo las tradicionales, esto es, económicas –colonización de la región–, políticas –ocupación del territorio y control de sus habitantes– e ideológicas –transformación del salvaje en ciudadano–. Sin embargo, en la última década del siglo ganó protagonismo una «nueva» función de carácter geopolítico, esto es, las misiones como instrumento de defensa de la soberanía. Realmente, aunque la política borbónica de la segunda mitad del siglo xviii había pretendido también hacer de las misiones un instrumento de ocupación del territorio frente al expansionismo portugués –aunque con escasos resultados–, la novedad en la república aristocrática radicó en que la «institucionalización» de las misiones en la región se tornó en instrumento de «legitimidad» de la posesión del territorio por parte del Perú. Así pues, esta función geopolítica apareció, a fines del siglo xix, como telón de fondo del cambio cualitativo que a partir de entonces se produjo en las relaciones de las misiones con el Estado peruano. Veamos cuáles son los elementos que permiten sostener tal afirmación.

61Documentos localizados en el Archivo Secreto Vaticano muestran que desde inicios de la década de 1890 el franciscano Gabriel Sala, el delegado apostólico Giuseppe Macchi, la Santa Sede y el gobierno peruano cruzaron memorandos y cartas relativas a la conveniencia de organizar vicariatos apostólicos en la Amazonia. Por entonces (1890) el Ejecutivo peruano había firmado un protocolo con el Ecuador –con el que, como hemos visto, mantenía un largo diferendo territorial en la región–, por el cual ambos gobiernos se comprometieron a prestar protección a los misioneros enviados a las «naciones de Oriente» y procurar, por todos los medios que estuvieran a su alcance, la reducción de los salvajes en los centros de misiones y en los pueblos que se fundaran.116 Un memorándum, sin fecha ni firma, aunque quizás escrito por Gabriel Sala en 1891,117 luego de describir y señalar las características del territorio oriental peruano, número aproximado de indígenas, escasos logros misioneros como consecuencia de la ingente tarea y de la escasez de recursos económicos y humanos existentes, propuso la organización del territorio en tres vicariatos, de lo cual resultarían grandes bienes para el país, por cuanto

La Colonización recibirá un gran impulso; ¿quién ignora que donde el misionero planta su tienda, allí levanta el colono su casa y forma sus chacras? San Luis, ahora 6 años era un monte real, [ahora] es un pueblo merced a la casa del misionero civilizador. La integridad territorial quedará resguardada por poblaciones escalonadas de trecho en trecho sobre las fronteras, haciendo imposible, o al menos difícil, todo avance usurpador de los Estados vecinos.// Establecidos los tres vicariatos con sus 30 o 40 sacerdotes, sus colonias agrícolas e industriales, sus talleres y escuelas, pronto se notará un cambio radical en la montaña; la noble emulación, que necesariamente surgirá entre las varias congregaciones será un poderoso estímulo y vendrá a ser una fuerte palanca de progreso moral y material, y debido a esa salvadora medida será que ese más que medio Perú, llegue a ser verdaderamente del Perú.118

62Hago notar el énfasis puesto en dos funciones a cumplir por los misioneros: la colonización del territorio con lo que ello implicaba de avance de la frontera interna, y el control de la frontera externa salvaguardando la soberanía del Perú sobre la zona. En las mismas fechas, el episcopado peruano indicó al Gobierno la necesidad de firmar un concordato para, entre otras cuestiones, fortalecer la actividad de las órdenes religiosas entre las «tribus salvajes» para que, mediante el establecimiento de misiones, contribuyeran al «engrandecimiento de la Iglesia y de la Patria».119 Y, sobre este punto hubo una coincidencia mayoritaria entre los grupos políticos del momento, como se vio en el Congreso de 1892, cuando, con motivo de la autorización gubernamental para la instalación de un convento franciscano en Puno, varios diputados apoyaron la interpelación de Ricardo García Rosell y Mariano H. Cornejo contraria a los regulares en tanto inútiles y opuestos al progreso, con excepción de aquellos que se encontraban entre los salvajes y se encargaban de su civilización.120

63Por entonces, las misiones franciscanas eran un total de 8, todas en la selva central, gestionadas por 5 sacerdotes y 4 legos, y albergaban un total de 7 398 habitantes «civilizados» y 455 «infieles».121 Los obstáculos fundamentales a la ampliación de la actividad misional eran, por entonces, la escasez de recursos, la influencia perniciosa de algunos civilizados y la escasa protección oficial; esta última cuestión llevó al superior franciscano en Lima a afirmar que, mientras el gobierno no considerase a las misiones «como un asunto nacional, ayudándolas con recursos y fomentándolas con su autoridad» los conversores no lograrían resultados positivos».122

64Esta protección no tardaría en llegar al coincidir históricamente con un relanzamiento de las actividades misioneras por parte de la Santa Sede bajo el pontificado de León XIII. Sabemos que, a consecuencia de la reunificación italiana y de la progresiva secularización de los países europeos y latinoamericanos, la Santa Sede había impulsado un aggiornamento con el objetivo de lograr su incorporación «política» al nuevo orden. El indicador más claro relativo al tema que aquí interesa fue la llamada de León XIII a todo el episcopado para el fomento de las actividades misioneras en el mundo que, en el caso peruano, se plasmó en el documento de 1.05.1894 a los obispos peruanos exhortándoles a la evangelización de la selva.123 Veamos los aspectos más significativos del proceso que llevó a la institucionalización misionera y que se plasmó en una nueva demarcación eclesiástica de la Amazonia peruana con el surgimiento de tres prefecturas apostólicas.

3.2.1. La nueva demarcación eclesiástica de la Amazonia peruana. Las prefecturas apostólicas

65La reactivación de la actividad misionera fue posible, en gran medida, gracias al proyecto impulsado por el gobierno de Nicolás de Piérola bajo cuya gestión se produjeron una serie de hechos de gran importancia para el devenir misionero. En primer lugar, el congreso católico celebrado en Lima en 1896 acordó organizar la Obra de la Propagación de la Fe (OPFe) con el objetivo de recoger y canalizar los recursos económicos y humanos hacia el Oriente; la entidad, presidida por la propia hija del presidente, Eva Piérola, recibió la aprobación del episcopado peruano que, bien de motu proprio, bien por sugerencias del delegado apostólico, se comprometió a impulsar el desarrollo de la misma en todas las diócesis señalando como objetivos prioritarios de la institución la propagación de la religión, la civilización y el progreso del Perú.124 En segundo lugar, las negociaciones establecidas entre el Perú y la Santa Sede –tanto Secretaría de Estado como la SCPF– a través de la delegación apostólica, y los múltiples contactos bilaterales de la SCPF con diversas congregaciones religiosas europeas en relación con la posible gestión de las futuras demarcaciones eclesiásticas en la Amazonia peruana, evidenció el inusitado interés de todas las partes por llegar a un acuerdo. En tercer lugar, creo que fue también de gran importancia en la institucionalización misionera el interés de algunas órdenes religiosas por obtener mayor predicamento y reconocimiento en las instancias pontificias, destacando en este punto el interés de los salesianos, agustinos y dominicos, estos dos últimos con excedente de personal misionero tras la pérdida de Filipinas por España, lo que comportó que los religiosos dejaran el citado archipiélago. Todas estas cuestiones encontraron terreno de cultivo abonado en el contexto histórico peruano finisecular cuyos grupos dirigentes, tanto a nivel central como regional, estaban interesados en la ocupación del Oriente.

66Efectivamente, a fines del siglo xix, el Ejecutivo y el Legislativo peruanos aprobaron, como hemos visto, varias disposiciones relativas a las misiones –cesión de tierras, subvención de fondos para la fundación de poblados misionales–125 pero, con todo, la medida más significativa y, en mi opinión, precedente inmediato del surgimiento de las prefecturas fue la ley aprobada por el Cong reso (9.11.1897) y sancionada por Piérola el 5.01.1898.126 Los considerandos del proyecto de ley propuesto el 7.10.1897127 –argumentos que desaparecieron en el redactado final– reflejaban el contexto histórico de la medida al señalar la conveniencia de su aprobación por «el impulso que hoy toma la exploración y colonización de la región oriental» y porque «está fuera de duda que el medio pacífico más eficaz para la reducción y civilización de los salvajes es el de las misiones, siendo esta la práctica de todas las naciones civilizadas en sus colonias».128 Siguiendo los cauces reglamentarios, la Comisión de Hacienda de la Cámara dio su informe preceptivo persuadida de que las misiones orientales «contribuyen como ninguna otra entidad a la civilización de nuestros salvajes», y lo mismo hizo la Eclesiástica que elaboró un largo razonamiento en torno a la transformación del salvaje en ciudadano útil al Estado,129 siendo aprobada, prácticamente sin discusión, por el Congreso, que asignó 3 000 soles anuales –a abonar a la OPFe como «gestora» de las misiones– al mismo tiempo que otorgó al Ejecutivo atribuciones para conceder a los centros de misiones «los terrenos urbanos y agrícolas necesarios».

67Por entonces, la administración eclesiástica oriental dependía, en su mayor parte, del obispo de Chachapoyas, que ejercía su jurisdicción sobre las parroquias administradas por sacerdotes seculares, delegando su autoridad en los misioneros de Ocopa encargados de las reducciones y/o conversiones. El número total de parroquias era de 20 distribuidas entre los departamentos de Amazonas (El Sagrario de Chachapoyas, Luya, Olleros, Huayabamba, Chiliquín, San Carlos, Yamón, Balsas, Santo Tomás, La Talca, Bagua), Loreto (Moyobamba, Rioja, Lamas, Tarapoto), y la provincia de Pataz (Tayabamba, Chilia, Huancaspata, Bambamarca, Cajamarquilla). El número de reducciones y/o conversiones ascendía también a 20, contando con la conversión del Huallaga en el departamento de Loreto (Saposoa, Chasuta, Valle, Pachiza, Tocachi, Uchiza); las reducciones de Maynas (Balsapuerto, Yurimaguas, Laguna, Jeveros, Nauta, Iquitos, Caballo-Cocha, Pebas, Loreto, Andoas);130 y las misiones del Ucayali (Sarayacu, Catalina, Cashiboya, Callaría, gestionadas por los franciscanos de Ocopa.131

68Siguiendo con nuestra historia, hechas las consultas pertinentes por el delegado apostólico Pietro Gasparri ante los diocesanos y el Ejecutivo peruano, el promotor de la OPFe, Francisco de Sales Soto, más tarde obispo de Huaraz, presentó (10.08.1898) a la aprobación gubernamental un proyecto relativo al establecimiento de tres prefecturas apostólicas –circa 770 000 km²– en el Oriente. La primera, San León del Amazonas, ocuparía la selva norte regada por el Marañón y Amazonas con sus tributarios –excepto el Ucayali–, hasta los límites con Brasil, Colombia y Ecuador, siendo su sede Iquitos; la segunda, San Francisco del Ucayali, bañada por el río homónimo y sus afluentes orientales y occidentales, con excepción del Pachitea, ocuparía la región central y tendría su sede en Santa Rosa de Ocopa; la tercera, Santo Domingo del Madre de Dios –en la aprobación final sustituida por Urubamba– atravesada por los ríos de igual nombre hasta la frontera con Bolivia, tendría su centro en el Cuzco.132 El proyecto, que debía contar con religiosos europeos dada la inexistencia de clero nacional lo que provocaría la conformación progresiva de la Iglesia peruana como una iglesia misionera,133 preveía la independencia de cada una de las prefecturas respecto a las demás con la posibilidad de darse reglamentos particulares siempre que se sujetaran a las normas establecidas por Roma. El plan recibió el apoyo de todo el episcopado, en particular del entonces vicario capitular de Lima y futuro arzobispo de la misma, Manuel Tovar, y de la prensa católica que, reiteradamente, señaló la contribución de las misiones a la ocupación del Oriente proyectada por los gobiernos peruanos que verían «marchar unidos al sacerdote y al ingeniero como campeones de la fe y del trabajo, encargados de extender los linderos de la soberanía nacional».134 El plan fue aprobado pocas semanas después por decreto del Ejecutivo peruano (27.10.1898)135 que, en los considerandos del texto, nos proporciona las claves para entender su posición subordinada con respecto a la Santa Sede al señalar:

Que las numerosas tribus que habitan en esa parte de la República se hallan en estado de barbarie, manteniendo inexplotada gran parte de aquella región, e impidiendo el establecimiento de pobladores civilizados con las industrias y mejoras consiguientes; que es deber del Gobierno procurar que se lleve la luz de la civilización y los beneficios del progreso humano a las más apartadas regiones del territorio nacional; y que la experiencia ha comprobado ser el medio más eficaz para obtener la reducción de los infieles y el conocimiento de la zona montañosa, el establecimiento de misiones evangélicas.136

69Este párrafo sintetiza, como el atribuido a inicios de los ’90 a Gabriel Sala citado líneas arriba, las funciones tradicionalmente confiadas a los misioneros: el conocimiento del territorio, la reducción de los indígenas y su transformación en sujetos civilizados, esto es, útiles a la patria. Nada se decía en el mismo –que no olvidemos era una disposición legal y, por ende, convenía no alterar el statu quo relativo a los diferendos territoriales sostenidos por el Perú del momento– sobre la función de las misiones en la salvaguarda de las fronteras. Sin embargo, tanto el texto de Sala, como los informes preparados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como los alegatos preparados por la misma Cancillería peruana en defensa de sus diferendos territoriales con los países vecinos, como finalmente, varios de los discursos del mismo promotor de las misiones, Francisco Sales Soto, señalaron la importancia que el establecimiento de las prefecturas tendría para la solución de las cuestiones de límites y la salvaguarda de la soberanía nacional.137

70No nos adelantemos a los acontecimientos. Una vez que el gobierno peruano aprobó la creación de las prefecturas, quedaba por decidir qué ordenes religiosas debían encargarse de la gestión de las nuevas demarcaciones eclesiásticas, quién designaba a los prefectos apostólicos y quién administraba los fondos destinados a las misiones, facultades que la SCPF reivindicaba para sí. Además de la resistencia del poder civil peruano a ceder prerrogativas a un poder extranjero como era la Santa Sede, hemos de considerar también las gestiones de las órdenes religiosas por obtener alguna de las prefecturas, considerando que su actividad misionera entre infieles no sólo reforzaría su poder en las instancias pontificias sino también les facilitaría el camino en el Perú para desempeñar otras funciones, educativas fundamentalmente, en las que hasta entonces habían topado con el absoluto rechazo de la mayoría del Congreso.138 Los obstáculos políticos desaparecieron cuando el Ejecutivo peruano (1.05.1899) aceptó las condiciones impuestas por la SCPF, por las cuales esta tendría libertad absoluta para la organización interna de las misiones, nombramiento de los prefectos apostólicos, y la distribución de los fondos destinados a las mismas.139 Paralelamente, la SCPF después de recibir informaciones de Gasparri,140 escuchar los reclamos de varias órdenes religiosas, y considerar sus posibilidades de dotar de recursos económicos y humanos a las prefecturas, encargó a los agustinos, franciscanos y dominicos la gestión de San León del Amazonas, San Francisco del Ucayali y Santo Domingo del Madre de Dios respectivamente. Hagamos aquí un inciso para señalar que, factores especialmente considerados por la SCPF para su adjudicación a una u otra orden fue que tanto dominicos como agustinos eran congregaciones que disponían de recursos económicos importantes y tenían excedente de personal tras el abandono por ambas de sus misiones en Filipinas; por otro lado, parece ser que fue también importante la nacionalidad de los misioneros cuya lengua española facilitaba, en principio, su inserción en los países andinos.141

71La sanción final de Roma tardaba en llegar y la impaciencia del gobierno López de Romana hizo que su ministro de Relaciones Exteriores urgiera a Gasparri a obtener la resolución favorable de la Santa Sede, para lo cual le hizo saber que el gobierno facilitaría «la solución de cualquiera dificultad que pudiera presentarse y ampliará, si fuese necesario, los compromisos que contrajo por la suprema resolución del 28 de octubre».142 La resolución llegó el 22.01.1900 tras la aprobación del plan por la SCPF y fue sancionada por León XIII el 5 de febrero siguiente.143

72Según el decreto fundacional,144 San León del Amazonas se extendería en la región regada por el río del mismo nombre con sus afluentes y el Marañón, igualmente con sus tributarios –exceptuando el Ucayali– hasta los límites con el Brasil, Colombia y Ecuador, lo que hacía aproximadamente unos 300 000 km². La prefectura central de San Francisco del Ucayali abarcaría la región del Chanchamayo abrazando el Perené con todos sus afluentes, incluyendo el gran Pajonal, la región del Apurímac regada por el río homónimo y sus afluentes, junto al Mantaro y Tambo con sus respectivos tributarios hasta la confluencia del Tambo con el Urubamba, y la zona del Ucayali comprendiendo el río del mismo nombre con todos sus afluentes orientales y occidentales con excepción del Pachitea, esto es, un total de cerca 190 000 km². Finalmente, Santo Domingo del Urubamba ocuparía la región bañada por el río del mismo nombre con todos sus afluentes y los valles orientales hasta la frontera con Bolivia, lo que hacía un total de aproximadamente 280 000 km²,145 según puede verse en el Mapa 8. Recibido el decreto, el Ejecutivo envió a las autoridades departamentales las «recomendaciones más eficaces a fin de que en la esfera de acción que les es propia, faciliten la evangélica y civilizadora labor del personal que ha de desempeñar tales misiones».146

73La triple demarcación eclesiástica de la Amazonia se mantuvo hasta 1912-13 cuando, por un lado, como consecuencia del escándalo del Putumayo se formó con parte del territorio perteneciente hasta entonces a San León del Amazonas, la nueva prefectura del Putumayo, que fue confiada a franciscanos irlandeses, por entonces subditos de la Corona británica. Por otro lado, y paralelamente a la redemarcación político-administrativa de la selva sur con el surgimiento del nuevo departamento del Madre de Dios, el gobierno Billinghurst solicitó, y obtuvo de la Santa Sede (sanción papal de 26.05.1913), la transformación de la Prefectura de Santo Domingo del Urubamba en el Vicariato Apostólico de Urubamba y el Madre de Dios, y la incorporación a la misma de los territorios del nuevo departamento, según los límites fijados en los acuerdos limítrofes de 1909. Una prueba más del «uso» de las misiones para legitimar posesión de territorios y hacer efectiva la nacionalidad.147

74En esa coyuntura, consecuencia de la política amazónica implementada hasta entonces, constatamos avances notables de la frontera interna por toda la región amazónica donde numerosas poblaciones tenían «origen misionero». Una mirada a los mapas adjuntos (Mapas 9 a 12) nos permite situar estos pueblos resultado de nuevas fundaciones o restauración de otras establecidas antiguamente y después abandonadas. Así a título de ejemplo, y por lo que se refiere a la selva central, territorio donde el avance de la frontera agrícola había sido más significativo, contamos con San Luis de Shuaro, Cashiboya, Sarayacu, Santa Catalina, Tierra Blanca, Callaría, Quillazú, Sogormo, Pichis, Requena y Puerto Ocopa; en la selva sur citemos los pueblos de Santa Rosa de Tahuamanu, Chirumbia, Manu, Cosñipata y Coribeni; y en el norte, Puerto Meléndez, Pebas, Jericó, Leticia y Nazareth, este de corta existencia.148 De hecho, prácticamente todos los ministros de Justicia peruanos de la república aristocrática no tuvieron reparos en elogiar la contribución de las misiones a la ocupación del territorio, y, como dijo el ministro Valera en 1917

Razones muy imperiosas de patriotismo y de humanidad obligan, pues, a los poderes del Estado a prestar cuanta protección les sea posible a quienes se imponen, generosamente, llevar a cabo nobles propósitos de alto interés nacional.149

Mapa 8. Demarcación eclesiástica del Perú, 1900

Mapa 9. Vicariato Apostólico de San León del Amazonas, 1924

Mapa 10. Prefectura Apostólica de San Francisco del Ucayali, en la década de 1920

Mapa 11. Vicariato Apostólico de Santo Domingo del Urubamba y Madre de Dios, 1926

Mapa 12. Vicariato Apostólico de San Gabriel del Marañón, 1943

75A fines de la segunda década de siglo, estando por concluir la etapa civilista, la renuncia de los franciscanos irlandeses a la Prefectura del Putumayo dio argumentos a aquellos eclesiásticos y políticos –especialmente loretanos– que desde hacía algunos años postulaban una redemarcación eclesiástica de la Amazonia.150 La cuestión avivó la polémica en torno a la posibilidad de erigir en Loreto un obispado, cuestión reivindicada desde inicios del siglo xx por los grupos dirigentes loretanos renuentes a aceptar la «supervisión» misionera de los agustinos,151 y reactivada en 1912/13 con motivo del escándalo del Putumayo. Por entonces, y con el fin de «emanciparse» de la tutela romana, el gobierno de Billinghurst sondeó la posibilidad de que todas las prefecturas apostólicas estuvieran subordinadas al solicitado obispado de Iquitos.152 Sin embargo, dada la escasez de clero nacional y la nula disposición de la Santa Sede para acceder a los deseos del gobierno peruano, este optó por solicitar la transformación de San León del Amazonas en vicariato y presionó para que el cargo de vicario recayera en un peruano.153

76Finalmente, la SCPF decidió (27.02.1921), primero, la incorporación del Putumayo a la Prefectura de San León del Amazonas; segundo, la transformación de esta en vicariato apostólico; tercero, la segregación del nuevo vicariato de la provincia de Alto Amazonas –región bañada por el Marañón y sus afluentes Morona, Pastaza y Huallaga– con la cual se formaría la nueva prefectura de San Gabriel del Marañón –Mapa 12– con sede en Yurimaguas, confiada a los pasionistas quienes, ya desde 1913 actuaban como párrocos en las provincias de San Martín, Huallaga, Lamas y Mariscal Cáceres.154 Ambas demarcaciones –junto a la Prefectura de San Francisco del Ucayali y al Vicariato de Santo Domingo del Urubamba– deberían hacer más efectiva la civilización de los indígenas, la vertebración de la nacionalidad peruana en el Oriente, en fin, la incorporación de los territorios y habitantes amazónicos al Perú. Así lo señalaron repetidamente los miembros de la administración leguiista durante el Oncenio –régimen que, por otra parte, mantuvo excelentes relaciones con la Iglesia peruana y el Vaticano155– que no dudaron en afirmar que las misiones eran el «medio más eficaz para conseguir la civilización de las tribus salvajes» orientales.156

77No quiero concluir este apartado sin abordar dos cuestiones, la primera relativa a las dificultades a que los misioneros debieron hacer frente; la segunda referente a la posición de los religiosos ante su «misión» evangelizadora y civilizadora. Por lo que se refiere a la primera cuestión, los religiosos llegados al Oriente a partir de 1900 debieron enfrentarse a varios obstáculos derivados, primero, de la actuación de la sociedad colona consistente, básicamente, en la usurpación de los territorios de los indígenas y la explotación de su fuerza de trabajo provocando el abandono por estos de las misiones e impidiendo la misma supervivencia de ella.157 Esta problemática se produjo en todo el Oriente, aunque su virulencia fue mayor en los departamentos donde la explotación cauchera fue la actividad económica prioritaria. Los misioneros observaron, generalmente impotentes, cómo su tarea reduccionista facilitaba, en muchos casos, la misma desaparición física de los grupos indígenas. El proceso se iniciaba con la reducción de un grupo de nativos en un lugar del que, tras algunas semanas de estancia, el religioso partía para proseguir su actividad. Frecuentemente, cuando este retornaba a la misión establecida se encontraba con que había sido incorporada a alguna propiedad particular y sus habitantes, convertidos en peones de la misma, ¿cómo? Dos fueron las vías utilizadas. La primera consistía en la entrega por el hacendado o el cauchero a los indios de diversos objetos, alcoholes, vestidos, que debían ser pagados por estos con su trabajo, iniciando así una relación asimétrica entre unos y otros que dio lugar al llamado «peonaje por deudas».158 Esta es la situación que había provocado que poblados antaño florecientes como Chayavitas, Cahuapanas, Jeveros o Barranca, estuvieran desiertos o se hubieran convertido en fundos de propiedad particular donde la mano de obra estaba compuesta por los antiguos pobladores de la misión, como fue el caso del último de los poblados citados que en 1903, había pasado «con todo su territorio jurisdiccional a ser un fundo de propiedad particular».159 La segunda fue la apropiación del trabajo indígena a través de un régimen de esclavitud, como fue la norma en la gran mayoría de explotaciones caucheras. Finalmente, a lo largo del boom gomero, se acentuaron las llamadas «correrías», instrumento utilizado por los hacendados y caucheros para la captación de mano de obra, por el cual los indígenas capturados eran vendidos, bien en el Perú, bien en las repúblicas limítrofes. Este comercio fue también denunciado por los misioneros frecuentemente, como acaeció en 1916 cuando el prefecto Pedro Prat, en su informe sobre el estado de las misiones, afirmó

Una de las principales causas, que impiden la reducción de los infieles, es la impunidad con que varios blancos (especialmente caucheros) practican las correrías (caza de infieles) vendiéndoles en las Repúblicas limítrofes, sobre todo en el Brasil y Ecuador, encubriendo esas ventas, con el nombre de traspaso de cuentas de peones,160

78y provocando así la desaparición de misiones como las de Huabico (alto Marañón) y algunas misiones entre los yaguas.

79Un segundo obstáculo fue la escasez de recursos económicos, a consecuencia de la insuficiente subvención gubernamental –a pesar del aumento de la dotación a 9 000 soles en 1903–, limitada ayuda de las casas provinciales y de las OPFe peruana y extranjeras, y la dificultad de las misiones para sostenerse con recursos propios, dada la competencia de los caucheros y empresarios agrícolas, y las dificultades de comercialización de los productos. A la precariedad de medios económicos debe agregarse el siempre limitado número de religiosos que llegaban de Europa los que, a título de ejemplo, en 1917 ascendían a un total de 49 misioneros en el conjunto de las misiones amazónicas, como puede verse en el Cuadro 6.161

80Tercer obstáculo fue el conflicto jurisdiccional surgido entre las autoridades civiles y eclesiásticas de una parte, y las prefecturas apostólicas de otra, fundamentalmente, en San León del Amazonas. Aquí, como consecuencia de la nueva demarcación eclesiástica, los curas conversores existentes en la prefectura pasaron a depender jurídicamente del prefecto apostólico, cuestión rechazada por los sacerdotes. Así se inició la controversia, que duró casi veinte años, protagonizada de un lado, por los párrocos de Yurimaguas, Lagunas, Nauta, Caballo-Cocha e Iquitos, apoyados tanto por las autoridades civiles loretanas que, aduciendo argumentos nacionalistas, defendieron la continuidad de los curas conversores peruanos y su independencia del clero regular extranjero, como por el mismo administrador apostólico de Chachapoyas; de otro lado, los agustinos, que defendieron su jurisdicción en todo el territorio comprendido en la prefectura. La presión de los primeros provocó el famoso decreto Washburn (13.04.1907), que señaló que la jurisdicción del prefecto apostólico quebrantaba el derecho de patronato. A pesar de la insistencia con la que los sucesivos prefectos apostólicos reclamaron el arreglo definitivo del conflicto a los varios delegados apostólicos de la Santa Sede en el Perú, la cuestión no fue resuelta definitivamente hasta fines de diciembre de 1919.

81Por lo que se refiere a la segunda cuestión, esto es, la posición de los misioneros ante su actividad entre las poblaciones indígenas, proyecto que hoy llamamos aculturador o inculturador, las fuentes consultadas permiten señalar que los religiosos se encontraron ante un dilema de difícil solución y cuya existencia sólo se menciona en las cartas enviadas por los religiosos a sus amigos o en las misivas cruzadas con la delegación apostólica y la SCPF. Así, si por un lado y como consecuencia de los obstáculos encontrados en su tarea, los misioneros se plantearon el abandono de las misiones al constatar la inutilidad de su actividad evangelizadora por la negativa influencia de los colonizadores, la resistencia que la explotación de la que eran objeto por parte de estos provocaba entre los indígenas –lo que era motivo frecuente de rechazo a todo lo venido de fuera, misioneros incluidos–, el abandono de las misiones y la huida progresiva hacia lugares más remotos donde no llegara la acción civilizadora; por otro lado, los deberes contraídos por las diversas órdenes con la Santa Sede y con el Estado peruano, cuya contrapartida era gozar de mayor predicamento en los círculos romanos y poder obtener espacios de poder en otras esferas de la sociedad peruana –la educativa fundamentalmente– forzó a los religiosos a permanecer en su lugar, en ocasiones, bajo fuertes presiones de sus superiores jerárquicos aunque, el desánimo ante la inutilidad del esfuerzo realizado es visible en escritos como el presentado por el prefecto Sotero Redondo al ministro de Justicia en 1921: «Aguas arriba primero, y aguas abajo después, tocando en los diferentes fundos o haciendas que se encuentran en las márgenes de los ríos, administrando los Sacramentos a los hijos de los peones del fundo. Y esto es todo».162

82Con todo, en líneas generales, los religiosos trataron de hacer frente a los obstáculos citados y, aunque la acción misionera en la Amazonia peruana se produjo en el marco de una ofensiva colonialista desarrollada por Occidente en diferentes zonas del mundo, en lo que podemos denominar colonialismo externo, y fue potenciada por las minorías blancas/mestizas detentadoras del poder en las respectivas naciones, fruto de un colonialismo interno, las misiones católicas en el Perú –colonialistas y aculturadoras– actuaron, frecuentemente, como amortiguadores de la penetración colonizadora. Probablemente, los ejemplos más conocidos de esta posición son los que muestran la actuación de los misioneros contra la explotación ilimitada de la mano de obra selvática desarrollada por las empresas caucheras en la Amazonia peruana que llegó a su extremo en la región de Putumayo, campo de actuación de la omnipresente compañía de Julio C. Arana durante las dos primeras décadas del siglo xx.

Cuadro 6. Misioneros en el Oriente peruano, 1907-17

3.3. LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO AMAZÓNICO. LORETO «EL PORVENIR DEL MUNDO»165, ESCENARIO DE CONFLICTO ENTRE CAUCHEROS Y MISIONEROS

83A inicios de 1897 los misioneros Tomás Hernández y Gabriel Sala sostuvieron la necesidad de reestructurar las actividades misioneras y acabar con las prácticas de los comerciantes, colonos y empresarios caucheros que realizaban correrías entre los indígenas, los esclavizaban y/o se apropiaban de sus territorios.166 Habida cuenta del establecimiento de las prefecturas apostólicas (1900), podríamos pensar que a partir de entonces los problemas denunciados por los religiosos relativos a la influencia «perniciosa» de los civilizados a lo largo del siglo xix se reducirían y/o desaparecerían. Objetivo de este apartado es estudiar el conflicto de intereses que se produjo entre empresarios caucheros y misioneros, resuelto mayoritariamente a favor de los primeros con la complicidad tácita, cuando no explícita de los diversos gobiernos de la república aristocrática.

84Poco después de la aprobación de las prefecturas apostólicas (1900), Francisco S. Soto solicitó la actuación decidida de las autoridades contra la actuación de los civilizados pues la «causa frecuente de perturbaciones en las nuevas cristiandades es la crueldad de algunos traficantes sin conciencia que oprimen al indio y lo esclavizan, concluyendo por ocasionarle la muerte o por ahuyentarlo al interior de los montes».167 En las mismas fechas, los caucheros peruanos recibían entusiastas elogios de sus adláteres que consideraban el caucho como principal elemento de peruanización en el Oriente, como señaló Claudio Osambela en 1903:

¿Quién ha podido en pocos años, lo que los Misioneros no consiguieron en tres siglos? El rifle y la mercancía de caucheros y siringueros, han hecho ingresar en la comunidad peruana civilizada, como peones libres de la industria extractiva, a las naciones bárbaras, que hoy visten como nosotros y viven como nosotros, habiendo adoptado nuestras costumbres y nuestros vicios.168

85En el mismo sentido, unos años más tarde el prefecto de Loreto no tuvo ningún empacho en elogiar el papel de Julio C. Arana como «civilizador» del Putumayo por cuanto civilizaba a los indios, les sometía al trabajo y les creaba necesidades, calificativo al que con el estallido del escándalo del Putumayo se agregó el de «peruanizador» de dicho territorio.169 En consecuencia, no puede extrañarnos la sucesión de conflictos que se produjeron en el departamento de Loreto entre los caucheros y los misioneros franciscanos y agustinos en torno al control de la mano de obra indígena pues, es conocido, este fue el gran problema al que los explotadores de la goma debieron hacer frente.

86A nadie se le escapa que la organización de la mano de obra en las sociedades selvícolas, fundamentalmente autosuficientes, distaba mucho de las características que demandaba la explotación del caucho, máxime teniendo en cuenta que los empresarios se rigieron por la lógica capitalista en su versión más extrema que pretendía la obtención de los mayores beneficios en el menor tiempo y costo posible. En consecuencia, la obtención de una abundante mano de obra fue condición imprescindible para la expansión de la empresa cauchera, tanto en la producción y manipulación del látex, como en el transporte de la bola de goma de la unidad productiva al puerto de embarque y posteriormente a la ciudad. Esta mano de obra, tanto por las peculiaridades de la actividad gomera, como por los presupuestos ideológicos de los civilizados según los cuales el indio era un ser inferior y era tratado como tal e incluso considerado una mercancía más,170 como finalmente, por la tolerancia cuando no connivencia de intereses entre las autoridades locales y los mismos empresarios caucheros, se obtuvo y mantuvo por medios coercitivos.

87Los principales mecanismos de captación de mano de obra fueron, primero, las correrías, ejecutadas por los patrones caucheros con ayuda generalmente de algún grupo indígena –los campas jugaron importante papel en este sentido–171 en las que, prioritariamente, se apresaba a los jóvenes y se mataba a los adultos; segundo, la compraventa, cuando un cauchero compraba a otro o a un comerciante, un indígena ya listo para ocuparse de la colecta del caucho; y, tercero, el peonaje por deudas. Fuera cual fuese la fórmula utilizada el indígena se convertía en un esclavo al servicio del empresario cauchero y como tal, cuando la goma se agotaba en una zona era enviado a la búsqueda de la goma a territorios cada vez más distantes de aquella. No es extraño que ante semejantes coerciones los indios ejercieran diversas formas de resistencia, bien huyendo hacia lo que consideraban zonas más seguras, bien protagonizando revueltas contra los invasores. Por la misma razón, los patrones caucheros ejercieron unos métodos represivos que, en último extremo, llegaron hasta la muerte ejemplificante del peón.

88Buena metáfora que sintetiza las características que presentó la explotación cauchera en el departamento de Loreto es el párrafo contenido en el informe del subprefecto del Alto Ucayali, Augusto Martínez, en 1911:

El comercio [del departamento] de Loreto puede compararse a un trapiche: el indio es la caña; los patrones, el trapiche, i el jugo de la caña, la verdadera sustancia, los comerciantes de Iquitos o aviadores.172

89El departamento loretano, con capital en Iquitos, estaba integrado a principios del siglo xx por 33 distritos agrupados en las provincias de Bajo Amazonas, Alto Amazonas, Moyobamba, Huallaga, San Martín y Ucayali173 y había sufrido un gran transformación como consecuencia de la explotación cauchera. Su población civilizada era en 1902 de 78 071 habitantes,174 cifra que en 1911 se había incrementado hasta cerca de 100 000 individuos. Por lo que se refiere a la población indígena no sometida las cifras eran muy aleatorias pues mientras Hildebrando Fuentes, prefecto del departamento de Loreto en 1904-06, estimó en 30 000 individuos, el ingeniero Jorge M. Von Hassel dio la cifra de 70 000 indígenas.175 Sean cuales fueren las cifras, que creo están calculadas a la baja, lo cierto es desde diversas instancias se denunciaron los abusos de los empresarios caucheros como hizo el otrora adulador de estos, el ingeniero Von Hassel que exhortó a las repúblicas andinas a conquistar y agregar a los «pueblos indígenas, verdaderos dueños de sus tierras, [que por otra parte] los aniquila sin razón fundada».176 Veamos pues algunos de los conflictos generados en la región en los que los misioneros se vieron involucrados.

3.3.1. Las riberas del Ucayali

90Cuando, a fines del siglo xix, los misioneros T. Hernández y G. Sala se pronunciaron por el fin de las correrías y de la explotación de la que eran objeto las poblaciones indígenas,177 los religiosos observaron que varios de los poblados fundados recientemente por ellos como Callaría, Cashiboya, Quillazú y San Luis de Shuaro agrupaban a pocos neófitos como consecuencia del «roce con los civilizados». En 1903, transcurridos tres años de la erección de la prefectura de San Francisco del Ucayali, su superior –Antonio Batlle (nombrado el 13.07.1900)– envió el informe preceptivo sobre el estado de las misiones al ministro de Justicia y Culto, los centros misioneros eran, primero, Contamana, residencia habitual del prefecto apostólico y capital de la provincia ucayalina, con una población de 4 000 hab. (blancos, mestizos e indígenas serranos junto a un reducido grupo de neófitos selvícolas), que junto con los trece anexos era atendida por 3 religiosos. Segundo, Cashiboya, y doce anexos, que si bien había llegado a albergar a 3 000 hab. contaba por entonces con sólo 300 como consecuencia de la incorporación de la gran mayoría de ellos a la explotación cauchera, y era atendida por 2 religiosos. Tercero, San Francisco Solano del Pichis o Puerto Bermúdez, poblado fundado por el P. Batlle en 1898, donde residían familias serranas (en torno a 50 individuos) junto a amueshas y campas, atendidas por dos religiosos, uno de ellos el conocido Leovigildo Olano. El poblado creció rápidamente como consecuencia de su papel como centro del comercio cauchero y nudo de comunicaciones del departamento loretano con Lima por la vía central, razón por la que dispuso rápidamente de una comisaría rural con 10 gendarmes y una oficina telegráfica. Cuarto, San Luis de Shuaro, fundado en 1886 por el padre Gabriel Sala, contaba en 1903 con 1 000 hab. (200 extranjeros blancos, 100 asiáticos, 500 indígenas serranos y 100 neófitos amuesha) bajo el cuidado de 2 misioneros. Anexos al poblado, que disponía de oficina telegráfica de la línea del Pichis, eran la colonia inglesa del Perené y los caseríos existentes junto a los ríos Colorado y Seco. Quinto, San José de Sogormo, fundado a fines del siglo pasado por G. Sala quien, con la ayuda de algunos infieles, hacendados huancabambinos y miembros de la colonia inglesa y alemana abrió varios caminos con San Luis de Shuaro, Huancabamba, pudiendo comunicarse con Cerro de Pasco por Paucartambo, y con Tarma por Chanchamayo. En 1903 contaba con 80 familias amuesha (en total unos 500 hab. de los cuales 150 eran neófitos) y unas 10 familias de blancos ingleses y alemanes, todas bajo el cuidado espiritual de 2 religiosos. Sexto, Quillazo –que los misioneros llaman también Oxapampa– que en 1903 con 3 000 hab. (alemanes, indígenas serranos y selvícolas, muchos de ellos neófitos) estaba al cuidado de 3 religiosos que administraban, además, 5 anexos y 8 haciendas con sus respectivas capillas en el valle de Huancabamba.

91Según las estimaciones del P. Batlle, la población existente en la prefectura ucayalina era de unos 60 000 hab., un tercio de los cuales eran comerciantes y caucheros –peruanos y extranjeros–, junto a unos 10 000 serranos y unos 30 000 selvícolas, la mitad de los cuales neófitos, y el resto semi-civilizados con contacto regular con el resto de la población. El religioso mencionaba también la existencia de unos 15 a 20 000 indígenas en las riberas del Apurímac, Tambo, quebradas del Pachitea y el Gran Pajonal con escasos o nulos contactos con el exterior.

92Por otro lado, y en relación a las actividades económicas prioritarias en la demarcación eclesiástica, Batlle señaló la gran importancia que tenía la extracción del caucho, además de la producción agrícola de caña de azúcar, café, tabaco, arroz, yuca, además de la salazón del paiche y de la vaca marina. Los indígenas amazónicos eran la mano de obra prioritaria en todas estas actividades, mano de obra que, según agregaba el religioso, el indio ofrecía sólo «cuando se ve obligado a trabajar por la necesidad o por la fuerza».178 Con todo, lamentando los abusos de los comerciantes y empresarios caucheros, Batlle señaló que la situación de la prefectura podría evolucionar hacia el progreso y la civilización si se establecieran

colonias de familias civilizadas, honradas y laboriosas en un número tal que pudieran contrarrestar el abuso que todavía siguen cometiendo algunos comerciantes quienes atizan y habilitan a los infieles chipibos [sic] y cunibos del Ucayali, ya semi-civilizados, para que como galgos vayan a hacer correrías por el Pachitea en busca de los cashibos, y recorran también con tal objeto el Tambo, Tamaya, Unini, Perene, Ené y Apurímac, persiguiendo a los amueshas y campas, matando a los hombres que les resisten y apresando a las mujeres y niños para negociar con ellos y venderlos como esclavos.179

93La solución se presentaba difícil pues, como reflejaban los religiosos en los diarios redactados en el transcurso de sus viajes por los muchos afluentes del Ucayali con el objetivo de contactar y reducir a los indígenas, la presencia del caucho como elemento vehiculador de toda la actividad en la región era una realidad incontestable. Las lanchas que utilizaban en sus desplazamientos eran de los empresarios y comerciantes gomeros, igual que las casas en las que se hospedaban o los alimentos que tomaban,180 ¿y los indígenas? Los religiosos contactaban con diversos grupos a los que trataban de reducir en poblados para constatar que unos meses o años más tarde y como consecuencia del caucho, los neófitos se incorporaban a la actividad gomera a través del peonaje por deudas, siendo ésta la causa principal de la disminución de la población e incluso de la desaparición de los poblados.181

94Los problemas derivados de la explotación cauchera fueron incrementándose en tal forma que los religiosos, cuyas denuncias de la situación eran reiteradamente recogidas en sus informes preceptivos al Ejecutivo peruano, a la Santa Sede y en la correspondencia con su orden,182 decidieron publicar en la prensa un relato sobre la situación. Así fue como apareció en forma anónima en 1908, aunque el estilo del texto es similar a los escritos del P. Leovigildo Olano, el Pasado y presente del Ucayali en el que se denunciaban los perjuicios causados por la actividad cauchera tanto a la población indígena, como al mismo Estado peruano.183 El relato enunciaba todos y cada uno de los devastadores efectos de la explotación gomera, tanto sobre la civilización indígena dado que la actividad misionera se hacía prácticamente imposible, como en relación al escaso avance de la frontera interna, como consecuencia en ambos casos del peonaje por deudas, que si en principio había implicado a los selvícolas, acabó incorporando también a los migrantes procedentes de la sierra y del pedemonte. A tales perjuicios se agregaban los escasos beneficios que el caucho proporcionaba a la economía del país, tanto por ser unos pocos los que recibían el grueso de las utilidades, como por ser una actividad depredadora que, una vez agotados los recursos existentes, dejaba de existir. Es por ello que el autor, tras enumerar los muchos beneficios que las misiones habían llevado al Ucayali al amortiguar los perniciosos efectos del caucho, y señalar la fundación de Requena en el antiguo poblado de Tapiche, demandaba de las autoridades que se preocuparan por el fomento de la agricultura «base de toda riqueza sólida».184

95Nada se hizo al respecto y, por el contrario, se agudizó la sobreexplotación de la mano de obra indígena. Por entonces, había estallado ya el escándalo del Putumayo, al que más adelante me referiré, y la Secretaria de la Santa Sede, informada por la SCPF de los abusos que se cometían en el Ucayali, solicitó de su delegado en Lima, David Quattrocchi, que gestionara ante el gobierno peruano la adopción de las medidas necesarias para solucionar el problema.185 El delegado hizo llegar al Ejecutivo peruano su preocupación por la situación de los indígenas y, como señaló Quatrocchi al ministro de Relaciones Exteriores, M. F. Porras:

En la Prefectura Apostólica de Ucayali se vienen perpetrando verdaderos crímenes en contra de la moral, de la religión y de la civilización.// Se ejerce allá la verdadera trata de blancas; se persiguen descaradamente los indígenas, matándoles, haciendo esclavas las mujeres y los niños, llevándoles afuera del Perú y vendiéndoles en Brasil, sacrificando y violando ignominiosamente su pudor.// Estos crímenes cometen todos los días los mercaderes, en gran parte judíos, y parece que ninguna autoridad se preocupa de punir e impedir esta deshonra del nombre Peruano.// Es pues necesario que se tomen medidas enérgicas para acabar con estos crímenes que muchísimo se oponen a la civilización de aquella población.186

96No obstante, la actitud del Ejecutivo peruano fue calculadamente sibilina pues, como señaló el ministro Porras, los abusos denunciados se ejercían en todos los territorios en litigio entre el Perú y los países limítrofes (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia), circunstancia que impedía a los gobiernos implicados tomar medidas al respecto.187

97En las mismas fechas (agosto de 1911), el prefecto del departamento de Loreto, Francisco Alayza y Paz Soldán había abierto un expediente relativo a la explotación indígena en la región a requerimiento de la Asociación Pro-Indígena, quien a su vez había sido informada por el publicista A. J. Bardales.188 Alayza cursó de inmediato un oficio al comisario del Alto Ucayali, al subprefecto de la provincia del mismo nombre y al subprefecto del Cercado de Iquitos requiriéndoles investigaran los hechos. La respuesta de las diversas autoridades, unánime y coincidente en ratificar las acusaciones, es ilustrativa de las características que presentó la explotación cauchera en el departamento de Loreto en general, y en el Ucayali en particular y, en la mayor parte de los casos, coincidieron en la necesidad de reglamentar las «relaciones legales» entre los caucheros y los indígenas. Aunque en el pasado se habían dado gran número de disposiciones sobre el tema,189 la transgresión había sido la norma porque como denunció Bardales «los subprefectos, gobernadores y toda autoridad de ese río [Ucayali] sólo hacen justicia por dinero, puede deducirse lo que pasa»190 causando especial preocupación no ya la misma sobre explotación de la mano de obra, sino la compraventa de indígenas que era equiparada a la trata de esclavos africanos vigente hasta mediados del siglo xix.191

98El conflicto pareció disminuir en los años sucesivos, paralelamente a la baja de la cotización de las gomas, aunque persistieron las denuncias de la «trata de chunchas»192 y los abusos de que eran víctimas los «salvajes por parte de algunos civilizados» que provocaba la resistencia y ataques de estos a los poblados y viajeros con lo que eran considerados «perturbadores de su tranquilidad doméstica».193 La situación propició una reactivación de las actividades misioneras en la zona, indicadores de la cual fueron la fundación de nuevos centros misionales,194 la instrucción de los niños –las niñas no acudieron a las escuelas hasta que llegaron a la prefectura las religiosas franciscanas, lo que sucedió a partir de 1919 con la apertura de un colegio en Requena– amén de la administración de los sacramentos. Estas actividades eran mantenidas por los 21 franciscanos existentes en la prefectura del Ucayali en 1920. En esa coyuntura los religiosos consideraron un éxito la «conquista pacífica y bienhechora, al par que difícil, de los salvajes que habitan en las vastas regiones del Pangoa, Bajo Perene y del Tambo para el evangelio y la civilización».195

99Los franciscanos constataron por entonces la llegada a la selva de migrantes que, procedentes de la sierra, se instalaron junto a los caminos y en «las tierras que ocupaban las primeras agrupaciones de salvajes» lo que obligó a los selvícolas a retirarse «hacia el interior por más de dos leguas».196 Esta situación, no obstante, era vista satisfactoriamente por los misioneros en tanto posibilitaba, en su opinión, una civilización progresiva de los selvícolas.

3.3.2. La «región de la oscuridad y del olvido».197 El escándalo del Putumayo

100Escenario paradigmático y ejemplo de explotación depredadora de recursos –caucho– e indígenas fue el Putumayo, territorio de aproximadamente 200 000 millas cuadradas, objeto de litigio entre el Perú y Colombia desde fines del s. xix cuyos gobiernos, ante la dificultad en llegar a un acuerdo, convinieron poner la solución del diferendo al arbitraje de Pío IX (1904) y respetar el modus vivendi por el que ambas naciones se comprometieron a no intervenir en la zona hasta la resolución del mismo (1906).198

101Por entonces, el comerciante Julio César Arana –llegado a la región en 1896 para potenciar y controlar el intercambio económico consecuencia de la actividad cauchera desarrollada por algunos colombianos allí establecidos– se había convertido en señor absoluto de la zona y, tratando de asegurar el futuro de su empresa buscó el respaldo de la Gran Bretaña a través de la constitución de la Peruvian Amazon Rubber Co, con sede social en Londres. Una bajada coyuntural en la cotización del caucho en 1907 hizo que Arana, preocupado por la colocación de los títulos de su empresa, exigiera a sus empleados un incremento significativo de la producción que permitiera presentar en el balance económico un aumento significativo de los beneficios, lo que comportó una agudización de la sobre explotación de la mano de obra indígena, huitoto en su mayoría. Por entonces, los misioneros habían reiteradamente denunciado la actuación de la empresa y, como señaló el prefecto misionero Paulino Díaz a la presidenta de la OPFe, Eva M^a Piérola, había desistido de ir al Putumayo pues «se me hizo comprender los peligros a que se exponía el misionero en aquel punto, por haber una poderosa casa de comercio interesada en tener allí la exclusiva sin ninguna otra ingerencia».199

102La denuncia de tal situación –que parecía haber causado la muerte de millares de indígenas– por la prensa de Iquitos (1907), y publicaciones inglesas (1909) dio a conocer al mundo el «escándalo del Putumayo» y obligó a intervenir a diferentes actores. En primer lugar el gobierno británico que, bajo presión de su propia opinión pública -no debemos olvidar que la empresa estaba registrada en Londres, varios de sus accionistas eran ingleses y gran cantidad de los capataces de la compañía procedían de la colonia británica de Barbados– envió a su cónsul en Río de Janeiro, Roger Casement, a indagar acerca de la certeza o falsedad de las torturas y el genocidio denunciados.200 En segundo lugar, el gobierno peruano de Augusto B. Leguía que, como consecuencia de la presión internacional, nombró una Comisión judicial presidida por el juez Rómulo Paredes para la investigación del caso.201 En tercer lugar, la Santa Sede que, bien por su condición de arbitro del litigio entre Colombia y Perú por el control del territorio en el que se desarrollaron tales hechos, bien por ser la autoridad suprema de las misiones instaladas en la selva peruana, solicitó de su delegado en Lima, Angelo Scapardini, una amplia información sobre el tema.202 Con matices significativos en función de los intereses que cada uno de ellos representaba, los informes presentados por los diversos investigadores enviados a la región ratificaron las denuncias formuladas acerca de la extrema explotación de los indígenas por parte de la compañía dirigida por Arana.203

103Los argumentos cruzados entre las partes interesadas fueron, entre otros, primero, la peruanidad del territorio regado por el Putumayo, defendida por el gobierno peruano que, temeroso de las consecuencias de la intromisión inglesa, sostuvo que el escándalo obedecía a una «jugada de bolsa» de los británicos en la que estos pretendían controlar el mercado cauchero; segundo, la necesidad de acabar con la explotación indígena planteada por Inglaterra que, presionada por su propia opinión pública, defendió su papel como potencia hegemónica y salvaguarda del mundo «civilizado»; tercero, la protección de los derechos indígenas a su evangelización y civilización por la Santa Sede, interesada en aparecer como interlocutor fundamental entre el Estado y los indígenas y, paralelamente, impedir todo avance de las iglesias protestantes.

104Los informes elaborados por los representantes de las partes –Perú, Gran Bretaña, Santa Sede– en la zona coincidieron, con mayor o menor énfasis, en que en la región del Putumayo se estaba produciendo una sobreexplotación, cuando no una verdadera esclavitud, de la mano de obra indígena. Mientras la empresa Arana se defendía a través de manifiestos en la prensa y publicación de libros acusando del escándalo a Colombia, país interesado en obtener la soberanía sobre la región, y el gobierno peruano trataba de reducir la magnitud del escándalo siguiendo las tesis aranistas, la Gran Bretaña y la Santa Sede negociaban posibles soluciones entre sí y ante el gobierno peruano.

105Es en este contexto que debemos considerar la actuación de la Santa Sede en 1911-12. Por un lado, publicó la encíclica papal «Lacrimabili Statu» relativa a la «redención religiosa y civil» de los indígenas;204 por otro lado, envió al franciscano G. Genocchi a visitar las misiones católicas en América Latina para averiguar la real incidencia de las mismas en su entorno y la situación de los indígenas infieles; finalmente, aprobó el establecimiento de una nueva misión católica en La Chorrera, principal puesto cauchero en el Putumayo.205

106Este último objetivo fue conseguido en octubre de 1912 tras varios meses de negociaciones oficiosas entre Gran Bretaña, Perú y la Santa Sede y, por si fueran pocas las reticencias de estos interlocutores, esta última debió hacer frente además a la resistencia de los agustinos, encargados hasta el momento de la evangelización de aquel territorio, a desprenderse del mismo.206 Tanto el gobierno inglés como la Santa Sede coincidieron en que la nueva misión debía ser confiada a religiosos ingleses y/o irlandeses que, si bien dependían en su cometido de la Santa Sede, dado su carácter de súbditos de la Corona británica podrían imponer un mayor respeto a los caucheros y recibir una mayor protección del gobierno peruano.207

107El Perú, por el contrario, temía que el establecimiento de una misión inglesa en el Putumayo podría servir de fácil pretexto al gobierno británico para, ante cualquier mínimo incidente, hacer uso de la fuerza y entrometerse en los asuntos internos del país.208 La Santa Sede, claramente decidida a establecer la misión inglesa, hizo saber al Presidente Leguía que la nueva prefectura tendría las mismas características jurídicas que el resto, y convenció al Ejecutivo peruano de su necesidad para, primero, persuadir al gobierno y sociedad británicos que las atrocidades cometidas en el Putumayo habían dejado de producirse, lo que sabrían de primera mano gracias al testimonio de los misioneros franciscanos irlandeses; segundo, frenar el avance de las iglesias protestantes que pretendían enviar sus propios misioneros a la zona; tercero, no levantar nuevas protestas de la opinión pública internacional, cosa que sucedería si el gobierno peruano se opusiera al establecimiento de aquella misión católica.209

108La Santa Sede aprobó finalmente (4.10.1912) la erección de la Misión del Putumayo210 y presionó al nuevo Ejecutivo Billinghurst para que diera el beneplácito a la medida pues, en caso contrario, la responsabilidad recaería sobre aquel y «alimentaría las protestas para mayores intervenciones protestantes contrarias a los intereses nacionales del Perú».211 El gobierno peruano se plegó a la situación y por resolución de 9.11.1912 aprobó la creación de la Prefectura del Putumayo con parte del territorio antaño perteneciente a la Prefectura de San León del Amazonas –cuya sede sería La Chorrera– con las mismas «facilidades» que el resto de las misiones existentes en la selva amazónica.212 Como dijo pocos meses después el nuevo ministro de Justicia, Paz Soldán:

Inútil sería demostrar el interés patriótico de esta nueva misión, que no solamente sirve para inculcar ideas religiosas en esa zona, sino también para hacer efectiva la nacionalidad peruana y derramar la civilización entre los salvajes, velando, al mismo tiempo, por la suerte de éstos, a fin de que no se realicen actos que desdigan de los sentimientos de humanidad de nuestro pueblo.213

109Sin embargo, paralelamente al reconocimiento gubernamental a la misión del Putumayo, el gobierno Billinghurst propuso al Congreso la erección en la región del nuevo obispado de Loreto.214 El objetivo perseguido era doble, por un lado, se pretendía que la nueva diócesis –que estaría regida por un eclesiástico nombrado por el gobierno peruano en uso del Patronato– ejerciera su jurisdicción sobre el resto de prefecturas misionales que, como sabemos, estaban confiadas a misioneros extranjeros. Por otro lado, se buscaba la solución, de facto, del diferendo territorial que el Perú sostenía con Colombia y lograba, como resultado de la eventual sanción pontificia al nuevo obispado, la soberanía sobre el territorio en disputa.215 La Santa Sede, dispuesta a transformar la prefectura en obispado, no estaba dispuesta a aceptar que la proyectada diócesis englobara la misión del Putumayo, dependiente de la SCPF, medida que, en la práctica, suponía dar la razón al Perú en el diferendo territorial que tenía con Colombia pues, como dijo el secretario de Estado Merry del Val, «tratándose de hecho, de un territorio en pugna entre Perú y Colombia» la Santa Sede no podría someter a los misioneros a una autoridad eclesiástica peruana o colombiana, sin transgredir su «absoluta neutralidad».216

110Mientras tanto, los franciscanos irlandeses en el Putumayo constataron la dificultad de actuar en un territorio controlado por el omnipresente Arana. A pesar de la «buena acogida» inicial,217 los años posteriores demostraron la absoluta incompatibilidad entre el desarrollo de la misión y la existencia de la Peruvian Amazon. Evidencia de tal situación la hallamos en el informe preparado por el superior misionero del Putumayo, León Sambrook, a instancias del prefecto de Loreto, Ernesto Caballero, en 1916,218 sobre el estado y desarrollo de la región.219 El texto, muy ilustrativo tanto del abandono de la región, como del interés de la orden franciscana por no enfrentarse ni al poder civil, ni a la Peruvian Amazon, denunció la imposibilidad de ejercer las tareas misionales como consecuencia del escaso número e ineficaz actuación de las autoridades administrativas y judiciales –miembros de la empresa cauchera–, maltrato persistente de los indígenas220 y omnipresencia de Peruvian Amazon Co. que, de hecho, impedía toda acción civilizadora.

111La incompatibilidad existente entre las misiones religiosas y las empresas caucheras se reflejó, mucho más crudamente si cabe, en los textos redactados dos años más tarde (1918) por el franciscano Leovigildo Olano, misionero del Ucayali, que por indicaciones de su orden se trasladó al Putumayo para asesorar a los misioneros irlandeses en su trabajo y que, tras graves disputas con el gerente de la Chorrera, se vio obligado a dejar el territorio. Olano, quien escribió sus informes a instancias de sus superiores y por solicitud del nuevo representante pontificio Lorenzo Lauri, denunció que la empresa Arana impedía toda acción misionera puesto que «de ninguna manera le conviene a la Negociación la permanencia en la región de personas que pueden ser óbice para sus negocios en la forma que los tiene organizados».221 En opinión de Olano, la solución a la explotación indígena debía pasar, fuera cual fuese la orden religiosa que se encargara de ello,222 por el acuerdo entre los misioneros, la Compañía Arana y el Gobierno peruano de garantizar la libertad de movimiento de los indígenas, la exención del trabajo cauchero a las mujeres y menores de 15 años y a todos en los domingos y festivos, la obligación de los indios de concurrir a las escuelas de la misión, la protección real de las autoridades políticas locales y, finalmente, el no acceso de los empleados de la Compañía a los cargos judiciales en la región.

112La Santa Sede, superados los años en que el escándalo del Putumayo había dejado de preocupar a la opinión pública, pareció dispuesta a sustituir a los franciscanos irlandeses por franciscanos peruanos.223 Según Lauri, el problema fundamental era que el Putumayo «está monopolizado» por la Peruvian Company que ha «formado con los habitantes de este lejanísimo distrito una colonia de esclavos de la que el gobierno parece no ocuparse absolutamente, perteneciendo a esta Compañía, bien como miembros o como accionistas, casi todos los hombres políticos del Perú».224

113En este contexto el problema parecía insoluble pues Lauri sólo había obtenido del gobierno peruano vagas promesas sobre la mejora de la situación de cuyo cumplimiento dudaba y, además, consideraba que la posible sustitución de los ingleses por religiosos peruanos o españoles agravaría aún más la explotación indígena al carecer los nuevos misioneros de la protección de Gran Bretaña y desaparecer con ello el temor de la Peruvian y de las autoridades civiles a una posible intervención inglesa. Siguiendo tales indicaciones la SCPF consideró conveniente que, por el momento, los misioneros irlandeses continuaran en su puesto, y solicitó del nuncio Lauri hacer lo posible para que el gobierno peruano nombrara autoridades civiles y/o militares en el Putumayo para la protección de las poblaciones indígenas.225

114Las instrucciones del prefecto de la SCPF cayeron en saco roto y la Santa Sede no logró impedir que los franciscanos irlandeses, ante la imposibilidad de desarrollar su tarea misionera, abandonaran el Putumayo a mediados de 1919. La praxis histórica mostró que el desarrollo de la explotación cauchera era incompatible con toda acción misionera, so pena que fuera cómplice de la situación. Aunque la SCPF encargó provisoriamente a los Descalzos de Lima el envío de religiosos a la zona y nombró a L. Olano administrador apostólico del Putumayo,226 ni aquellos ni este estuvieron dispuestos a asumir dicha tarea dada la lejanía del territorio, las enormes dificultades para el abastecimiento de víveres y útiles de trabajo y, fundamentalmente, de la existencia de la empresa cauchera ante la cual

las dificultades que encontraría el misionero son de tal naturaleza que sólo cambiando el modo de ser de la Negociación Arana, única que trabaja con los ocho mil indios wuitotos del Putumayo, dejarían de existir. Los indios están absolutamente consagrados al trabajo de la extracción del caucho y dependen absolutamente de la Negociación, y nadie puede entrar en relación con ellos sin intervención directa de dicha Negociación.227

115La contraoferta franciscana consistió en proponer, de acuerdo con los agustinos, que la misión existente en La Chorrera se integrara en la Prefectura de San León del Amazonas, de la cual se desgajarían la región de Yurimaguas y los territorios administrados por aquella en el Huallaga y cuencas del Morona y Pastaza, parajes que se integrarían a la Prefectura de San Francisco del Ucayali. La medida parecía contar con el beneplácito del gobierno peruano que, según Lauri, había visto con muy buenos ojos la marcha de los misioneros irlandeses.228

116Las gestiones realizadas por la SCPF y el nuncio Lauri a lo largo de 1920 mostraron el desinterés de los agustinos por el Putumayo, la «región de la oscuridad y del olvido»,229 por razones similares a las aducidas por los franciscanos y a la espera de una protección gubernamental eficaz de «las nuevas poblaciones que se puedan formar con los conversos».230 Parecía pues imposible establecer en el Putumayo una prefectura, bien porque ninguna congregación religiosa quería hacerse cargo de la misma, bien por las reticencias al establecimiento en la zona de una demarcación eclesiástica dependiente de la Santa Sede.231 Finalmente, la tesis que se impuso, como vimos, fue la sostenida por franciscanos y agustinos relativa a la reincorporación de la región del Putumayo a la Prefectura de San León, que pasó a ser Vicariato Apostólico, y la redefinición de las demarcaciones del resto de las prefecturas a las que se incorporó, a inicios de los ’20, la de San Gabriel del Marañón. Debo agregar que la nueva condición del Vicariato de San León, cuyo primer vicario fue el antiguo prefecto Sotero Redondo, exigió que el agustino tomara la ciudadanía peruana a instancias de la Santa Sede, con el objeto que el país andino diera su plácet a los cambios implementados.232

***

117Por entonces, la coyuntura política del Oncenio pareció presentarse propicia para el desarrollo misional si consideramos que el proyecto leguiista contó con el apoyo de la Iglesia peruana. Sabemos que el Ejecutivo, aprobó, entre otras medidas, la concesión de una lancha a la Prefectura de San León, el traslado gratuito de los misioneros en embarcaciones estatales por todo el Oriente, el uso también gratuito de los servicios telegráficos por los religiosos. Este apoyo pareció ser consecuencia de una idea repetida a lo largo del Oncenio por el Ejecutivo, esto es, las misiones eran el instrumento «más eficaz para conseguir la civilización de las tribus salvajes que habitan en el oriente del Perú».233 En este contexto, la Santa Sede –preocupada por los escasos logros de la actividad misionera– solicitó, y obtuvo, de los superiores misioneros una información detallada sobre la condición de los indígenas en el Perú en general, y en la región amazónica en particular.234 Por lo que se refiere al Putumayo, los informes denunciaron la vigencia de todas aquellas condiciones que habían obstaculizado hasta entonces la evangelización y civilización de las poblaciones indígenas amazónicas: jornadas de trabajo que impedían todo contacto con los selváticos, endeudamiento de estos con sus patrones provocando el enganche de trabajo permanente, utilización del alcohol como instrumento de control indígena, correrías de indios, etc.235 En un postrer intento por hacer viable y útil la presencia misionera en la región, el nuncio Lauri se entrevistó con el todopoderoso Julio C. Arana para obtener, infructuosamente, su colaboración para mejorar la condición de los selváticos del Putumayo.236

118No fueron muy diferentes los datos proporcionados para el resto de la región amazónica pues, como señaló el prefecto del Ucayali Francisco Irazola, con excepción de los «éxitos» obtenidos por los misioneros en la montaña alta, donde los indios cristianos tenían buenas relaciones con los colonos y eran parte de la población civil del Perú –normalmente como peones de sus haciendas–, en la montaña «media» y «baja» los salvajes, bien tenían escaso contacto con los civilizados, bien eran utilizados por estos para realizar correrías.237 Y, fue como consecuencia de tales actividades que caseríos y poblados enteros desaparecieron, como sucedió con Sarayacu, Cashiboya y Callaría, y sus habitantes pasaron a formar parte de las haciendas agrícolas o empresas caucheras, donde sus patronos, según Irazola, no tuvieron el mínimo interés por su civilización, les engañaban para «que jamás puedan los pobres cancelar sus deudas» y, en caso de huida, eran perseguidos tanto por los propietarios como por las autoridades en tanto no habían satisfecho la deuda contraída.

119No deja de ser sorprendente que el informe enviado el mismo año por el prefecto Irazola al ministro de Justicia peruano, tras señalar que había continuado la «conquista pacífica y bienhechora» de los «salvajes» del Pangoa, Bajo Perené y Tambo, agregara que la colonización avanzaba entre las tierras ocupadas hasta entonces por los bárbaros y «La civilización que circula por los ríos va avanzando también en forma consoladora. De modo que, a manera de dos alas de ejército, el Evangelio va estrechando y reduciendo la gran zona que dominaba el salvajismo entre la sierra y los grandes ríos de la Montaña».238 El evidente doble discurso del prefecto Irazola refleja, claramente, las contradicciones del proyecto misionero y de los mismos religiosos, prisioneros entre una realidad que, constataban, difería mucho de los discursos y planteamientos teóricos que les habían llevado hasta la región, y el compromiso que les ligaba a su orden, a Roma, y al mismo Estado peruano.

120Los tiempos del caucho amazónico pasaron, el escándalo del Putumayo dejó de ocupar las primeras páginas en la prensa internacional, el gobierno Leguía suscribió –en secreto– el tratado Salomón-Lozano (1922) por el cual toda la zona explotada por la Peruvian Amazon Co. pasó a Colombia –ver mapa 13–,239 y el prefecto de Loreto, general Gerardo Alvarez, haciéndose eco de las peticiones de los misioneros, se declaró favorable a la concentración de los indígenas en reducciones con el fin de facilitar la tarea evangelizadora y civilizadora, y propuso una nueva ley de terrenos de montaña que

dé a sus moradores indígenas hogar y trabajo propios, para vivir y desarrollarse con sus hijos al amparo de su producción agrícola. Hoy, la mayoría de esos pobladores indígenas viven como parias y eternos siervos de los gamonales de sus pequeños pueblos, no tienen campo de trabajo independiente... Se hace pues necesario dar expansión al indio en beneficio de la Nación [y] hacer propietaria a la clase menesterosa y débil... para convertirla en clase fuerte.240

Mapa 13. Plano del Norte del Departamento de Loreto, 1932 circa

121Los indígenas a los que se refería el prefecto Alvarez, eran los que el artículo 44 del código penal de 1924 consideraba «salvajes y semisalvajes» aunque peruanos.