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La laguna de los villanos

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Daniel Parodi Revoredo

Consideraciones finales

Texte intégral

1Algunos aspectos de la Guerra del Pacífico no han sido investigados a fondo. Hemos identificado importantes vacíos de investigación en la producción historiográfica que estudia este aspecto de la historia del Perú y que requieren ser llenados para completar el conocimiento que se tiene acerca de esta materia.

2En particular, es la escasa significación que se ha asignado a la gestión presidencial de Lizardo Montero la que ha favorecido la conformación de lagunas de conocimiento que, directa o indirectamente, involucran otros aspectos del conflicto. Al no profundizarse el estudio del mencionado gobierno, tampoco fue posible conocer las gestiones que sostuvieron éste y el de Bolivia, por lo que se ignora el funcionamiento de la Alianza Perú-Boliviana entre los años 1882 y 1883.

3Además de las lagunas que hemos mencionado, algunos de los autores que han trabajado estos hechos han emitido juicios de valor sobre sus protagonistas, los que han sido reproducidos reiteradamente, configurándose un imaginario de la guerra que no corresponde a los acontecimientos que tuvieron lugar. Es así que expresiones como «Bolivia abandonó al Perú», «Arequipa se rindió sin disparar una bala» o «Montero no hizo nada ni por la paz ni por la guerra», se han difundido en todos los sectores de nuestra sociedad.

4Existe pues una activa retroalimentación entre la producción historiográfica y el imaginario colectivo que recrea los acontecimientos de la Guerra del Pacífico; ambos reproducen una y otra vez estas versiones.

5La búsqueda que hemos efectuado nos permite sostener la vigencia de la Alianza hasta el día en que la ciudad de Arequipa fue ocupada por las fuerzas invasoras. Asimismo, demuestra que el gobierno de Lizardo Montero llevó a cabo importantes esfuerzos por alcanzar la paz y fortalecer la resistencia armada. Por último, queda claro que la población arequipeña no participó de la toma de decisiones en la coyuntura que culminó con la ocupación del centro poblado: la retirada a Puno del Ejército del Sur —que no pudo producirse debido al alzamiento de parte de la población— había sido acordado por las autoridades militares y políticas del Perú.

6Estas demostraciones nos llevan a plantear un nuevo esquema de periodificación para la segunda fase de la Guerra del Pacífico (1881-1883), diferente del que sostiene una solitaria disyuntiva entre Iglesias y Cáceres; el primero respaldando la paz incondicional y el segundo la resistencia a todo trance.

7En esta fase de la conflagración, que debe titularse «etapa de las negociaciones diplomáticas», la Alianza ocupa el primer lugar en importancia porque recoge los esfuerzos del Perú y Bolivia en pro de alcanzar un acuerdo de paz decoroso. Seguidamente, debe considerarse las gestiones peruanas en la mediación norteamericana, y las que, combinadamente, iniciaron los aliados con la finalidad de acordar con Chile una tregua que permitiese arribar a la firma de la paz.

8Por otro lado, en nuestro esquema la disidencia de Iglesias aparece obstruyendo estas negociaciones, mientras que la resistencia cacerista y las montoneras del Sur las fortalecen y coadyuvan a su ejecución. El accionar conjunto de Iglesias y Chile se opone a las gestiones oficiales del Perú y Bolivia; en esa línea, el plan de acabar con Cáceres persigue la finalidad de apagar el último foco de resistencia peruano, pero también el de desbaratar la estrategia diplomática de la Alianza. Paralela y contrariamente, el accionar militar de Cáceres, Pacheco y Zavala intenta debilitar la ocupación chilena y acercar a sus autoridades a la mesa de negociación.

9Otras conclusiones, más puntuales, se desprenden de las que acabamos de reseñar:

101. En el contexto de la Guerra del Pacífico, 1881 es «el año de los replanteamientos». Culminada la etapa militar del conflicto, las naciones implicadas comienzan a delinear sus estrategias diplomáticas para obtener, cada cual según su particular posición, las mejores condiciones de paz.

11En un primer momento, Chile busca un rápido desenlace de las gestiones diplomáticas, obteniendo para sí Tarapacá, y manteniendo por varios años Tacna y Arica. Por su parte, el Perú acepta su derrota militar pero, respaldado por la intervención diplomática de Estados Unidos y de su plenipotenciario Stephen Hurlbut, se niega a aceptar la cesión de Tarapacá. En su lugar, busca compensar pecuniariamente a Chile.

12Entre los años 1880 y 1881, Bolivia no delinea claramente su postura diplomática; aunque tras asociar su suerte con la del Perú, rechazar los canjes territoriales que le propuso Chile y dar curso a la iniciativa de conformar los Estados Unidos Perú—bolivianos, se define en favor de su permanencia en el seno de la Alianza.

13Por su parte, Estados Unidos de Norteamérica inicia su participación como mediador en el conflicto, adoptando una posición contraria a la cesión de territorios pero que modificó con el transcurrir de los meses debido, en parte, a su cambio de administración, pero principalmente a la radicalización de la política chilena —que encarcela a García Calderón como respuesta a las decisiones tomadas por su gobierno— y al imperativo de cautelar la vigencia de la doctrina Monroe en el continente, para lo cual debía mantener su función mediadora.

14Posteriormente, en 1882, convendrá en la propuesta de la cesión de Tarapacá, pero sus plenipotenciarios, al parecer impulsados por la intención de culminar exitosamente sus gestiones, excederán el marco de sus atribuciones y buscarán la aceptación peruana de las cada vez más ambiciosas pretensiones chilenas. Estas iniciativas particulares —el viaje de Trescot a Huaraz y finalmente la carta de Logan a Montero— deslegitimarán la mediación estadounidense y facilitarán el posterior acuerdo de los aliados, que coincidirán en proponer a Chile las bases de una tregua.

152. El gobierno del contralmirante Lizardo Montero, primero en Huaraz y después en Arequipa, supuso la continuidad de la gestión que en la Magdalena encabezó Francisco García Calderón. Exiliado este último, Montero asumió formalmente la primera magistratura de la nación y delineó su política en coordinación con el presidente cautivo.

16La política internacional de su gobierno fue pacifista y su posición frente a las negociaciones de paz evolucionó de una negativa a la cesión de territorios, a la aceptación de la cesión exclusiva de Tarapacá.

17Fueron dos los medios diplomáticos de los que se valió para alcanzar sus objetivos. En primer lugar mantuvo hasta donde le fue posible su concurso en la mediación. Posteriormente, fracasada esta alternativa diplomática, se acogió al plan de paz boliviano que pretendía el advenimiento de una tregua para negociar la paz.

183. Bolivia se mantuvo siempre en el seno de la Unión; en todo caso no estuvo nunca dispuesta a abandonarla. Tras más de un año de mantenerse casi al margen de las negociaciones, a principios de 1882 se acerca resueltamente al aliado con la finalidad de lograr su concurso en las discusiones conducentes a la tregua.

19Una vez suscrito y oficializado el mencionado convenio, realizó importantes aunque infructuosas gestiones ante la cancillería chilena con el fin de iniciar las conversaciones diplomáticas. La negativa chilena de aceptar la participación de los plenipotenciarios peruanos en la ronda de negociaciones frustró sus posibilidades de éxito.

204. Los objetivos geopolíticos chilenos, más que su intención de conservar Tacna y Arica, explican el fracaso del plan de paz boliviano. Para Chile acabar con la Alianza era imperativo. Es así como se entiende el canje territorial que repetidas veces propuso a Bolivia. También de este modo se comprende su negociación con el partido iglesista, con el que acordó condiciones de paz similares a las que rechazó cuando modificó las bases del ultimatum del 9 del octubre de 1882.

21Para Chile, Tacna y Arica, más que una pretensión territorial, eran una carta de negociación que en un primer momento debía servir para asegurar el cumplimiento de otras condiciones de paz, y que luego fue utilizada con la intención de separar a los aliados.

225. La resistencia armada que impulsó el gobierno de Lizardo Montero al procurar la compra de elementos bélicos, al requerir el cumplimiento boliviano de los compromisos adquiridos, así como al reforzar a Cáceres y conformar montoneras en la costa sur del territorio peruano, se subordina a su política de paz que antes hemos reseñado.

23Con el nuevo armamento procuró fortalecer su posición negociadora. Asimismo, su respaldo a la resistencia armada persiguió la finalidad de obstaculizar la ocupación chilena y apremiar a sus autoridades para iniciar las conversaciones diplomáticas y obtener de ellas mejores condiciones de paz.

246. La continuidad de la Alianza, en el periodo que abarca los años 1882 y 1883, se hace explícita en el cumplimiento boliviano de sus obligaciones. En el marco temporal mencionado, Bolivia canceló al Perú adeudos que contrajo al iniciarse el conflicto bélico. Contribuyó además al sostenimiento del gobierno de Arequipa y del Ejército del Sur con sendos donativos de dinero y armamento.

25Por otro lado, la ausencia de ejércitos bolivianos en los campos de batalla, en el marco temporal mencionado, se explica debido a que, entre los años 1882 y 1883, eran las negociaciones diplomáticas y no las acciones armadas las que más preocupaban a las autoridades aliadas. Debe comprenderse que sus gobernantes estimaban perdida la contienda militar y que la guerra se encontraba en su fase diplomática. Es por eso que, con excepción de la resistencia cacerista, los ejércitos regulares del Perú y Bolivia no actúan más en los campos de batalla.

26La conservación de Tacna y Arica en manos de la Alianza figura en primer lugar entre los motivos que explican su continuidad. Mantenerlas era imperativo porque de este modo podría facilitarse la salida al mar de Bolivia, la que esta nación perdía con la anexión chilena de Atacama.

27A Bolivia se le presentaron dos alternativas para evitar su confinamiento continental: aceptar el canje territorial propuesto por Chile, o mantenerse en el seno de la Alianza y obtener la concesión peruana de Arica. El primero de los dos caminos era el más fácil y directo; el segundo era más intrincado, pero implicaba su lealtad con la Unión por lo cual Bolivia lo prefirió.

28Es a través de estos hechos que se demuestra la vigencia de la Alianza, partiendo de la premisa de que Bolivia no la abandona y cumple con sus obligaciones.

297. El papel que cumple la disidencia que Miguel Iglesias encabeza en Cajamarca es clave dentro del nuevo esquema de interpretación de la Guerra del Pacífico que estamos proponiendo. Más allá de obstaculizar las operaciones militares de Cáceres, la conformación de su gobierno le permitió a Chile llevar a buen término su plan de desbaratar la Alianza Perú-Boliviana. En sentido inverso, propicié) el aislamiento de ésta lo que coadyuvó a su posterior desaparición.

30En función de estos lincamientos, sostenemos que debe revisarse el lugar que le cupo desempeñar a Miguel Iglesias en la segunda fase del conflicto para establecer los ieplanteamientos que consideramos indispensables. Posteriores estudios deben ponderar la influencia que la élite regional del norte pudo ejercer en el delineamiento de la política iglesista y podría ser el punto de partida de las futuras investigaciones.

318. La revuelta que tuvo lugar en Arequipa el 25 de octubre respondió a circunstancias imponderables. Es probable que de haber ordenado Montero la retirada o la resistencia, sin operar previamente una consulta popular, el levantamiento no se hubiera producido y tampoco se hubiese configurado un imaginario colectivo que ha reproducido el hecho asignando a la capital del sur del Perú la gran responsabilidad de la situación: el ejército se hubiese retirado sin mediar mayores trámites, o de lo contrario hubiese resistido con el respaldo de la población.

32Como suele darse en casos análogos, no tocaba a la ciudadanía la potestad de decidir su suerte por tratarse de un estado de guerra. En todo caso, al ser consultada optó por la resistencia lo que superó los cálculos de Montero, que la convocó esperando de ella la legitimación de su orden de retirada. La decisión popular, que contradijo la del Alto Mando, supuso el advenimiento de un estado de confusión generalizado que derivó en un estallido popular y desbarató al gobierno.

33Por otra parte, la expedición y posterior ocupación de Arequipa permitió a Chile asegurar el logro de todos sus objetivos: se anexó Tarapacá, conservó Tacna y Arica, explotó el salitre y el guano, y desbarató la Alianza, con lo que pudo consolidar en el futuro su posición de predominio regional en el Pacífico Sur.

34Para la Alianza, la mencionada expedición confirma su vigencia y explica su desaparición. Confirma su vigencia pues supuso la remisión de nuevos contingentes de dinero y elementos bélicos de Bolivia al Perú, y explica su desaparición porque el descalabro de una de sus partes constitutivas la dejaba automáticamente sin efecto.

35Finalmente, repetimos que es necesario revisar y replantear los esquemas vigentes acerca de la segunda fase de la Guerra del Pacífico. Las grandes lagunas de conocimiento existentes han posibilitado la configuración de una «guerra imaginada» en la que se desconocen muchos de sus episodios, otros se han tergiversado y algunos, inclusive, se han inventado.

36Los investigadores de este conflicto bélico debemos trazarnos la meta de identificar sesgos y diferenciar los hechos que tuvieron lugar efectivamente, de aquellos que sólo se cree ocurrieron. Se debe también asignar nuevos roles a sus protagonistas en función al cabal conocimiento del desempeño que tuvieron.

37La tarea es enorme y de gran responsabilidad, una inmensa laguna ha inundado la Guerra del Pacífico y en ella navegan solitarios tres villanos imaginarios —Bolivia, Lizardo Montero y Arequipa— expiando la responsabilidad de una derrota que debería, más bien, buscar sus motivaciones en el proceso republicano peruano, en sus avatares políticos y en su congénita fragilidad institucional.

© Institut français d’études andines, 2001

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