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Los movimientos sociales en las democracias andinas

 | 
Julie Massal
, 
Marcelo Bonilla

Movimiento indígena y transformación política

Movimientos sociales, democratización y multiculturalismo

Julie Massal

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Texte intégral

Introducción

1El debate actual en América Latina sobre la democracia se enfoca hacia los vínculos existentes entre democracia, cultura política y gobernabilidad. Esta discusión también incluye la posibilidad de profundizar en el análisis del proceso de democratización, fomentando una democracia participativa o, cuando menos, realmente represenrativa. El debate sobre la participación ciudadana como condición imprescindible de una ‘verdadera’ democracia, también conlleva el tema de la legitimidad de las instituciones democráticas o de la democracia como un valor en sí. Este último tema, a la vez, trae consigo el de la ‘eficiencia’ de la democracia en términos de bienestar o, por lo menos, de mejoramiento de las condiciones de vida.

  • 1 Massal Julie, “Los procesos de movilización de los grupos étnicos en el Ecuador: ¿hacia una socieda (...)

2El objetivo general del presente artículo es plantear algunos elementos de reflexión en cuanto al papel de los llamados ‘nuevos movimientos sociales’ en la democracia, a partir del análisis del movimiento indígena en el Ecuador. Este texto complementa un artículo elaborado anteriormente sobre el tema de educación y multiculturalidad1, en el que desarrollamos el cuadro general de una reflexión sobre las relaciones entre democracia y multiculturalismo para demostrar que la democracia es una condición imprescindible del multiculturalismo, pero no suficiente.

3En el Ecuador, la participación política del movimiento indígena tomó forma con la incursión del Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País Pachakutik (MUPNPP) en las elecciones generales de 1996. Dos preguntas esenciales surgen al respeto: ¿cuáles han sido los cambios logrados mediante tal participación, y qué consecuencias ha traído la presencia de los indígenas en el sistema político?, y ¿cómo reaccionan los actores políticos de la sociedad ecuatoriana ante esta experiencia novedosa de participación indígena autónoma?

4Finalmente, cabe destacar que una consecuencia del discurso indígena es el acento puesto en las ‘nuevas identidades culturales’ presentes en el país, fenómeno que plantea dos interrogantes adicionales: si es que existen varias culturas, y más aun distintas culturas políticas dentro de un mismo país, ¿cómo se puede consolidar la democracia? ¿Existe una compatibilidad entre democracia y multiculturalismo?

5Antes de entrar a reflexionar alrededor de estas preguntas será necesario explicar tres aspectos relevantes que permiten describir la consolidación democrática en el Ecuador y que definen el marco político en el que actúan los movimientos sociales: la transición democrática, el pacto entre militares y partidos políticos, y las características de la vida política ecuatoriana.

La transición democrática

  • 2 Veáse: O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C.; Whitehead, Laurence (eds), Transitions from Au (...)

6La transición democrática en el Ecuador (1978-1979) es la primera del continente latinoamericano. A pesar de esto, no ha sido estudiada y en los primeros estudios comparativos de los procesos de democratización en América Latina2 existe un vacío sobre el tema. Éste no es el caso del Perú, país cuyo proceso de transición empezó en 1979 y terminó en 1980, ni el de Bolivia, donde se inicia en 1978 y demora hasta 1982.

7Una primera hipótesis para explicar semejante ausencia de estudios puede ser el hecho de que esta transición era percibida a simple vista como exitosa: adopción de una Constitución por referéndum, una Junta Militar que había reemplazado al general Rodríguez Lara como expresión de una dictadura debilitada, que facilitó el traspaso del poder al presidente Jaime Roldós en agosto de 1979. Esta percepción de un proceso exitoso se fundamentaba en la noción de que la transición democrática ‘acaba’ con la organización de un proceso electoral. Así, el supuesto éxito parece haber despertado poco interés teórico.

  • 3 Sin embargo, el parámetro de la estabilidad como indicador de éxito de la consolidación democrática (...)

8En los momentos actuales, se puede constatar que la consolidación democrática en el Ecuador es insuficiente, sobre todo si se considera que éste es uno de los países latinoamericanos políticamente más ‘inestables’ del continente. Bajo esta perspectiva, se plantea la necesidad de analizar las relaciones causales entre transición y consolidación democrática3.

9Una segunda hipótesis consiste en resaltar el hecho de que la sociedad ecuatoriana tiene más semejanzas con la de la República Dominicana que con las de otros países latinoamericanos, por su grado de patrimonialismo. Por tanto, no entra en las tipologías propuestas comúnmente para los Estados latinoamericanos. Así que no es factible comparar al Ecuador con otros países andinos o del Cono Sur (ODonnell et. al. 1993). Existen estudios que comparten esta perspectiva y profundizan esta comparación (Conaghan y Espinal 1990).

10Los estudios que conciernen al Ecuador se centran en periodos posteriores (Isaacs 1991, Menéndez-Carrión 1992) a los años 1976-1981, con pocas excepciones. Una de éstas la constituye el artículo de Luis Verdosoto: “El sistema de partidos políticos y la sociedad civil en el Ecuador”, el cual plantea un análisis del proceso de democratización que permite entender la construcción del sistema partidista y sus límites en términos de representación política. A través de un enfoque histórico Verdesoto pone en relieve tres fenómenos: la crisis de representatividad de los partidos (la de 1968 en particular), los antagonismos entre éstos y los movimientos sociales, y la mínima participación de estos últimos (movimientos sindicales, estudiantiles, etc.) en el proceso de democratización, situación similar a la de otros países andinos.

El pacto entre partidos y militares

11En 1978, Enrique Ayala escribió:

  • 4 Ayala, E. Lucha política y origen de los partidos en el Ecuador, Quito, CEN 1988 (4ta ed.), 371 p., (...)

“(...)tanto la subsistencia de rasgos heterogéneos en la estructura social como el escaso robustecimiento alcanzado por el Estado, determinarían que las crisis no se resuelvan al interior del sistema partidista, sino por el arbitraje de la Fuerzas Armadas”4.

12Lo notorio es que esa constatación sigue, en gran parte, vigente durante el proceso democratizador y después de veinte años de democratización.

13La transición democrática y el traspaso del poder a un gobierno civil, es decir a un partido político, se fundamentó en el pacto entre partidos políticos y militares que permite el mantenimiento de un estatu quo en cuanto a la distribución de las responsabilidades: el poder político pertenece a los partidos, mientras el Ejército mantiene un fuerte control sobre el manejo de la economía, aunque se aparte de la gestión directa de los asuntos económicos. Sin embargo, por sus orígenes sociales los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y los que se conformaron en la década del setenta (Izquierda Democrática, Democracia Popular, además del Partido Social Cristiano conformado a partir de 1951) dominan actualmente la escena política (Conaghan 1995), siguen siendo muy dependientes de grupos de poder económico o de intereses de algunos sectores empresariales exportadores (bananeros, camaroneros).

14El Ejército ecuatoriano reivindica ser la institución representativa del ‘interés nacional’ y del Estado (específicamente en la Amazonia, lo cual se expresa a través del lema “El Ecuador ha sido, es y será un país amazónico”). A diferencia de los Ejércitos del Cono Sur (Chile, Uruguay, Argentina), el Ejército ecuatoriano salió ileso del ejercicio del poder, no sufrió mayor descrédito, debido a que ejerció una relativamente débil represión política en la década del setenta, y sobre todo porque fue favorecido por la coyuntura económica del auge petrolero. El papel del Ejército se definió por rechazar las privatizaciones de las áreas estratégicas (la producción petrolera, la explotación y distribución de los recursos naturales, el sistema educativo, cuyo funcionamiento en gran parte es responsabilidad del Ejército, sobre todo, en la región amazónica). Finalmente, las FFAA siguen gozando de una fuerte legitimidad por lo que aparecen en, cierta forma, como los ‘salvadores’ de la estabilidad política y del proceso democrático, al mantener a los demás actores dentro de los límites de la constitucionalidad (febrero del 1997). Según el pacto tácito que mantiene con los partidos, el Ejército puede tomarse legítimamente el poder para salvar la democracia.

15Pero cabe subrayar que ésta es una de las causas de la debilidad de los sistemas democráticos en América Latina. En este continente, el descrédito de los ejércitos constituye la mejor protección contra el regreso a regímenes autoritarios (Hermet 1991). El hecho de que el Ejército ecuatoriano goce todavía de una importante legitimidad como actor político y económico, implica que en el Ecuador, tal protección ya no tenga vigencia. Así, en el discurso político ecuatoriano, la Iglesia Católica y las FFAA figuran como las únicas instituciones legítimas. Semejante discurso nace en un contexto en el cual los conflictos revelan la debilidad de la institucionalización de los procesos de debate político.

La vida política ecuatoriana

  • 5 Ver en particular Ecuador, un problema de gobernabilidad, Quito 1996, CORDES-PNUD, 330 p.

16Las características de la vida política ecuatoriana, definidas por sus propios y más diversos actores, son: primero, una cultura política que se caracteriza por la ausencia de consensos; segundo, una alta conflictividad social, la cual proviene según las autoridades gubernamentales de las organizaciones y movimientos sociales que paralizan la marcha del poder y la reforma del Estado; y tercero, una falta de ética, de honestidad y de compromiso con el país o un sometimiento a los intereses extranjeros5.

17De hecho, la vida política ecuatoriana parece marcada por un desfase entre dos fenómenos: una institucionalización incompleta de la vida política; y un crecimiento de la representación política, que se refleja en el cambio de las formas de acceso al debate político de sectores y actores que habían sido marginados tradicionalmente. En ese contexto, se pueden destacar varias disfunciones en el sistema político ecuatoriano.

18En primer lugar, existe un conflicto interno al sistema legislativo. La primera causa de este conflicto es la ‘fragmentación del sistema partidista, que dificulta la constitución de alianzas políticas. Esta fragmentación del sistema de partidos no se manifiesta tanto al nivel ideológico o al nivel organizativo, sino al nivel de sus bases sociales, pues cada grupo o ‘clase social’ busca tener su propio representante. Las consecuencias de esta diversidad de partidos (en la actualidad existen doce partidos) con muy pocas diferencias ideológicas son: los ‘cambios de camiseta’, las fusiones, alianzas y desapariciones de fuerzas políticas muy efímeras, o cuya denominación cambia rápidamente. Esto impide un debate político fundamentado en el intercambio de propuestas políticas originadas en un pluralismo político efectivo.

19Al mismo tiempo se destaca una tendencia a la representación de figuras nuevas a través de candidaturas ‘independientes’: hombres políticos que se alejan de un partido, para figurar como ‘independientes’ (el caso de Sixto Durán Ballén en 1992 ilustra esta tendencia). Este último fenómeno tiende a aumentar la dificultad de identificar ‘ideológicamente’ a los patudos. Los candidatos independientes no pueden alejarse del sistema partidista, pues si quieren ser electos, tienen que acceder a los recursos de un partido político. Además, en caso de conseguir la victoria, deben gobernar fomentando alianzas con los demás actores y partidos políticos. Por lo tanto, es limitada la posibilidad de que representen una ‘alternativa’, o fomenten propuestas radicalmente diferentes de las de los actores tradicionales. Estas candidaturas de personas que reivindican estar ‘fuera del sistema político’ contribuyen a aumentar el número de actores, lo cual no necesariamente implica un mayor pluralismo político.

20La ley de participación de independientes tiene otra consecuencia. La reforma constitucional promovida por el mismo Congreso, en enero de 1996, que autorizó la participación de ‘independientes’ (personas o movimientos) en las elecciones populares, permitió la conformación de un movimiento político que no se reconoce como ‘partido’: el Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País Pachakutik (MUPNPP). Éste pretende “representar a todos los que no gozan de representación política, los excluidos, los pobres”. No obstante, el hecho de que se abra nueva ‘puerta’ de entrada al debate público, aunque exista una demanda de representación, no significa automáticamente que la población elija esta nueva opción. El acceso formal a una representación política es un logro, pero las condiciones de acceso efectivo a la competencia electoral no permiten a los movimientos independientes una participación equitativa con los partidos políticos. De la misma manera que los candidatos independientes, los movimientos siguen dependientes del sistema partidista, y sus propuestas, que aparentemente permiten ampliar la representación política, son ‘limitadas’ por la forma y la lógica actual del sistema político. El cambio que pueden promover en el ámbito político requiere de más tiempo.

21En segundo lugar, una disfunción importante proviene del enfrenta-miento que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Una de las principales causas de este conflicto es la siguiente: la elección de los diputados se realiza conjuntamente con la primera vuelta de la elección presidencial. Por lo tanto, el Presidente electo en la segunda vuelta no pertenece necesariamente al partido mayoritario. Dada la fragmentación del sistema partidista, el partido del Presidente nunca logra constituir una mayoría política, y tiene que buscar alianzas con los demás partidos. Pero, por las razones antes mencionadas, esas alianzas son frágiles y efímeras, y cambian según el proyecto de ley que está en debate. El Presidente tiene entonces que someterse a la decisión del Congreso, o bien oponer su veto, lo cual dificulta la búsqueda de acuerdos.

22Una segunda causa del enfrentamiento entre poderes legislativo y ejecutivo se debe a que existe una confusión en la distribución de responsabilidades y competencias, pues no se ha definido una organización jerárquica de los poderes de los diferentes actores. Un ejemplo que ilustra este vacío jurídico es el siguiente: el poder de reforma de la Constitución pertenece a tres actores: el Congreso, el Presidente de la República (éste último puede reunir una comisión de especialistas o bien convocar una consulta popular), y la Asamblea Constituyente. Así en 1997, esos diferentes medios de reforma constitucional fueron utilizados: una comisión reunida por el presidente Fabián Alarcón (marzo-abril), una consulta popular (25 de mayo), y una Asamblea Constituyente convocada por el Presidente bajo la presión de los movimientos sociales (diciembre 1997-mayo 1998).

23En el Ecuador, como en otros países latinoamericanos, el recurso a la reforma constitucional es percibido como un instrumento importante, imprescindible, de cambio político, y/o de mayor ‘gobernabilidad’. Pero no se define exactamente qué tipo de cambios se pueden producir mediante el proceso de reforma constitucional.

24Hay que mencionar que, en un periodo relativamente corto, un importante paquete de revisiones o reformas constitucionales está implementándose desde 1992. Estas revisiones y reformas tienden por un lado a incrementar el poder de los partidos políticos al favorecer la constitución de fuerzas mayoritarias (por ejemplo: las reformas electorales de 1994 y de 1998 que eliminaron el principio de representación proporcional de las minorías); y por otro lado, a restringir y prohibir el derecho de huelga en los sectores públicos (en noviembre de 1997 y luego en junio de 1998). Pero hay también leyes que son percibidas como más progresistas: la susodicha ley de participación de independientes, y el reconocimiento de la plurietnicidad y pluriculturalidad del Ecuador en enero de 1996.

25Desde la perspectiva de las elites políticas, el fortalecimiento del sistema partidista implica un mayor control sobre los actores sociales que cuestionan abiertamente a los partidos políticos. A partir de esta percepción, las elites atribuyen la falta de gobernabilidad del sistema y de la sociedad ecuatoriana a las características descritas en líneas anteriores: la falta de consensos, y sobre todo una alta conflictividad social. Esta visión se sustenta en una definición ‘institucionalista de la democracia, según la cual la democracia es el resultado de un equilibrio y una armonía en la organización y el funcionamiento de las instituciones. El papel de las elites políticas consiste entonces en mantener este equilibrio y esta armonía. Para lograr este fin, sólo se debe recurrir a los cambios institucionales y las reformas legislativas, que dentro de este discurso son los únicos cambios que permiten conservar el buen funcionamiento de las instituciones.

26Al contrario, los movimientos sociales promueven un discurso que enfatiza la necesidad de una ‘democracia participativa’. Discurso que ahora es retomado por los gobiernos desde mediados de la década del noventa, a través del tema de la descentralización. Ese es uno de los cambios que han conseguido los movimientos sociales, en especial, el movimiento indígena.

27En una primera parte de este artículo nos proponemos explicar en qué consiste este discurso, cómo se está aplicando, sobre todo, desde las organizaciones indígenas; intentaremos mostrar cómo los actores indígenas buscan cambiar las formas de representación política promoviendo nuevos actores como sujetos políticos (las comunidades), y a más largo plazo, modificando las relaciones de poder.

28En una segunda parte, reflexionaremos, a partir del discurso de los movimientos indígenas, sobre la representación de las identidades culturales y los cambios que plantea esta nueva forma de representación política al conjunto de la sociedad. El principal desafío que surge al implementar una representación de los grupos étnicos, es el de la compatibilidad entre democracia y multiculturalismo. Para entender en qué consiste este último problema, será necesario un estudio de la perspectiva liberal: esta tendencia teórica comporta un debate acerca del tema de los derechos políticos, de la representación política, de la ciudadanía y de la nación, elementos ahora cuestionados por los actores indígenas.

Movimientos sociales y movimiento indígena: nuevos discursos, nuevas formas de representación

29La constatación muy difundida de que el retorno a la democracia coincidió, en la mayoría de países latinoamericanos, con un declive de la participación de la sociedad civil o de los movimientos sociales, planteó la necesidad de repensar las formas de representación política y social. Los ‘nuevos movimientos sociales’ que aparecieron en la década del sesenta (movimientos sindicales, campesinos, movimientos feministas, o de defensa de los derechos civiles) desempeñaron un papel importante contra las dictaduras, pero su protagonismo ha sido limitado durante la transición democrática y, hasta ahora, no han podido modificar sustancialmente la estructura del poder ni las formas de alcanzarlo.

30Durante la década del ochenta, aparecieron (o se reconstituyeron a partir de los anteriores) actores sociales que promovían nuevas formas de movilización social, pero también de representación política, en fin, nuevas concepciones del cambio. Al modificar sus formas de acción y sus discursos lograron conquistar un espacio dentro de la arena política. Es el caso del llamado movimiento indígena en el Ecuador, que vamos a explicar más detenidamente. Sin embargo, cabe resaltar muy brevemente la definición de los conceptos de ‘nuevos movimientos sociales’ y de ‘sociedad civil’, que son manejados tanto por los propios actores como por los analistas. Esa definición ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, razón por la que será preciso definir cuál es nuestra perspectiva al respecto.

31Desde hace unos quince años, la literatura sociológica, histórica, filosófica, y más recientemente, politológica, enfatiza el papel de los nuevos movimientos o de la sociedad civil en la promoción de los cambios políticos y sociales, pero desde perspectivas distintas.

32La sociedad civil (Cohen y Arato 1992, Dalton y Kuechler 1990) fue concebida principalmente como un actor homogéneo que fomenta una oposición al autoritarismo o a la dictadura, pero fue necesario investigar su papel en cada sistema político para poder definir sus características, sus componentes y sus objetivos. Hoy en día, el concepto de sociedad civil engloba tanto a los partidos políticos como a los movimientos sociales, actores civiles y militares, políticos y económicos, en fin, un sinnúmero de organizaciones y actores distintos por su forma de organizarse, sus propósitos, sus perspectivas sobre el poder y la forma de alcanzarlo. En los actuales momentos, el objetivo de los actores sociales (las ONG, los movimientos sociales, los movimientos comunitaristas) ya no es la conquista del poder, sino más bien la modificación de ciertos componentes del debate político o de la cultura política dominante.

  • 6 La literatura sobre este tema es muy amplia. Véase: Melucci, Alberto, “The symbolic challenge of co (...)
  • 7 Véase: Fals Borda .Orlando, “Social Movements and political power in Latin America”, en Escobar, Ar (...)

33Los nuevos movimientos sociales por su parte, concebidos como los agentes del cambio político, social y cultural, también han sido redefinidos. De acuerdo a las realidades vigentes en las décadas del veinte al sesenta (y a las percepciones sociales en ese entonces), eran catalogados como movimientos de masa, como actores homogéneos cuyos discursos se conformaban en torno a sus objetivos (toma del poder), sus formas de organización (guerrillera, sindical, revolucionaria), y su proyecto de sociedad (lucha de clase, construcción del Estadonación, proyecto de modernidad y desarrollo), de acuerdo al contexto en el que luchaban (Touraine 1988). En cambio, hoy por hoy, se destaca el hecho de que los movimientos o actores de masa han sido sustituidos por actores locales, que tampoco se proponen exclusivamente conquistar el poder político para cambiar la sociedad nacional (hasta lo rechazan abiertamente)6. En términos organizativos, estos movimientos pacíficos buscan ampliar su base social y fomentar una articulación entre diferentes actores, aprovechando la ‘desideologización’ de la lucha social, en un afán de autonomía respecto del poder político y de los actores partidistas o religiosos, pero sin aislarse de los mismos7. Sus discursos se orientan hacia nuevos temas: respeto del pluralismo y de la diferencia, compromiso con la autonomía y la descentralización; y su acción requiere de otras condiciones sociales: se propone ser cívica y pacífica, y sobre todo, despertar el interés y la participación ciudadana, y no exclusivamente la de un grupo movilizado estrechamente definido.

  • 8 Véase: Morris, Aldon D. y Mac Clurg Mueller, Carol (eds). Frontiers in social movement theory, New (...)

34Hoy en día, una nueva perspectiva metodológica se remite a una concepción del movimiento social8 como un actor plural, conformado por una variedad de organizaciones dotadas de intereses propios, pero que se proponen definir un objetivo común, un cambio social, cultural o político específico, que permita que sus intereses sean reconocidos. Empero, un movimiento social no solo es una agrupación de organizaciones buscando defender intereses puntuales, sino que se propone fomentar un cambio de las estructuras reales o mentales de una sociedad. Esto supone una movilización a largo plazo, y por lo tanto, la conformación de una estrategia de movilización (en el sentido activo) compuesta de: un discurso, una forma de acción, valores, percepciones, símbolos y comportamientos, o sea una cultura política propia.

35Además, cabe subrayar que un movimiento social, que tiene como razón de ser el fomentar un cambio social, debe definir identidades colectivas que permitan lograr y mantener un fuerte nivel de movilización a largo plazo. Esta identidad colectiva se construye en el proceso mismo de movilización. Un movimiento social se conforma con base en organizaciones existentes, rearticulando o creando nuevos vínculos entre actores sociales ‘preconstituidos’ (Obershall 1973, Tilly 1991); finalmente, al mismo tiempo que se moviliza, construye su propia identidad, tejiendo su cultura política a partir de elementos comunes de la cultura nacional, de elementos propios, y otros ‘adquiridos’ desde otros ámbitos (internacionales por ejemplo). Así, a pesar de su diversidad, los movimientos que nacen en un determinado país comparten rasgos de la cultura política nacional.

36Esta definición constructivista’ permite abordar el diverso movimiento indígena, como un fenómeno de construcción política de una ‘identidad indígena’ desde varias identidades culturales.

  • 9 Además de la CONAIE : la FEI, la FEIE, la FEINE, la FENOC y la FENOC y

37En el Ecuador, existen en el nivel nacional, seis organizaciones9 que reivindican una dimensión étnica. Desde este punto de vista, la CONAIE es la más ‘radical’, ya que se autodefine exclusivamente en referencia a la fisura étnica como la representante de las ‘nacionalidades y pueblos’ del Ecuador. En este sentido, quiere ser autónoma respecto de cualquier otro actor social, político y religioso. No obstante, su base es diversa y amplia, tanto al nivel social como geográfico (la CONAIE abarca las tres regiones del Ecuador continental: la Sierra, la Costa y la Amazonia). Su diversidad también se debe a que cada organización miembro, al nivel local, define su estructura: centro, federación, cooperativa, etc. Varios elementos ‘externos’ también han conformado la cultura política del ‘movimiento indígena’ en el Ecuador. Por ejemplo, el origen campesino de la movilización social indígena es importante, ya que influyó en muchos aspectos del discurso (reformas agrarias, reivindicaciones locales de acceso al crédito agrícola, control del sistema de distribución del agua, etc.). También cabe subrayar la influencia de las organizaciones sindicales campesinas y/o religiosas (FEI, FENOC) y de los partidos políticos de izquierda (PCE, PSE y sus diversas ramas) en la movilización indígena (Almeida 1990, Charvet 1991, León 1991, Guerrero 1993).

38A continuación, buscaremos definir, a través del análisis de las prácticas, y sobre todo de las reivindicaciones actuales, la orientación del cambio que el movimiento indígena puede promover.

Prácticas y reivindicaciones indígenas: ¿hacia una representación autónoma?

39Llama mucho la atención el hecho de que, tanto a través de los discursos como de las prácticas, las organizaciones indígenas han conquistado un espacio político desde el cual reivindican una representación política propia. Este logro empezó a concretizarse en 1996, con la elección de 8 diputados y unas setenta autoridades locales. Reconocimiento del Estado plurinacional, derechos colectivos, descentralización, democratización, son cuatro palabras clave del discurso del movimiento indígena (al nivel ‘nacional’) desde entonces.

40Según la terminología de la CONAIE, existen unas 10 ‘nacionalidades’ indígenas. A una nacionalidad pertenecen varios pueblos, éstos, a su vez, se componen de comunidades. El artículo 84 de la Constitución reconoce y enumera los derechos colectivos de los “pueblos que se autodefinen como nacionalidades con raíces ancestrales” (art. 83). Pero en los discursos más recientes (desde 1998), la comunidad constituye el principal actor ‘ejecutivo’ del fortalecimiento de la organización indígena, o sea el ente político, administrativo y económico que debe ser reconocido por las autoridades gubernamentales como un nuevo sujeto político.

41Al nivel nacional, la representación es legislativa pero también ‘ejecutiva’. En abril de 1997 nació el Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (CONPLADEIN), que se convirtió en Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE), y se fortaleció en diciembre de 1998, al constituirse como Secretaría Ejecutiva del gabinete presidencial. El CODENPE debe ser un interlocutor directo y propio, dentro del Estado, de las organizaciones indígenas, encargado de definir las políticas de desarrollo específicamente dirigidas hacia los ‘pueblos indígenas’. Su brazo ejecutor, la ONG PRODEPINE, está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

  • 10 X Congreso de la FICI, “Por la Unidad y la Identidad de los Pueblos Kichwas de Imbabura”, 28-30 de (...)
  • 11 No existe una representación igual o equitativa de los pueblos, por ejemplo dentro de la FICI. Esto (...)

42PRODEPINE debe atribuir a las uniones de comunidades (dotadas de personería jurídica) la responsabilidad para la ejecución de proyectos locales de desarrollo (las comunidades aisladas no pueden, en principio, acceder a tal responsabilidad, lo cual provoca bastante descontento cuando alguna de ellas se siente excluida10). Así, la unión de comunidades representa el organismo receptor y ejecutor de proyectos de desarrollo, bajo el control de la organización social indígena. Esto debe consolidar la representación en torno a los pueblos y nacionalidades, que tienen que adquirir una capacidad organizativa suficiente (mediante el proceso de reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades o uniones de comunidades), para lograr derecho a voz y voto en las asambleas de sus organizaciones11.

43El papel de las organizaciones locales (miembros de la CONAIE) consiste en controlar la ejecución de los proyectos, y ser intermediarias entre la Unión de Comunidades y cada comunidad, así como también entre la Unión de Comunidades, y la Junta Parroquial, otra entidad administrativa por definirse que constituye parte de la planificación de los proyectos de desarrollo local. En este contexto se impulsa un doble proceso: por un lado, se fomenta la reorganización de las comunidades, a fin de permitir que sus autoridades propias ejerzan mayores responsabilidades, específicamente judiciales; por otro lado, se busca modificar las autoridades locales externas, por ejemplo se promueve la desaparición del ‘teniente político’ para favorecer la elección de la Junta Parroquial al nivel local.

44Se puede destacar una dinámica ambivalente: coexiste una demanda de mayor democratización del poder y de descentralización de los recursos, con la exigencia cada vez más oficial de un control directo de la CONAIE sobre el CODENPE, al autodefinirse esta primera como la única organización con legitimidad para nominar los directivos del segundo.

45Así, el cambio de la representación política constituye a la vez la principal preocupación de las organizaciones, y una realidad actual que es difícil de interpretar todavía. Pero, las reivindicaciones de la CONAIE van más allá de una simple transferencia de poder y de recursos.

46Al pedir el reconocimiento de pueblos y nacionalidades, es decir, el reconocimiento del Estado ecuatoriano como Estado plurinacional, las organizaciones indígenas se proponían, al principio, permitir a los grupos que se reivindican como ‘distintos’ en lo cultural y social, recuperar o practicar sus lenguas, usar su traje ‘tradicional’, conservar una forma propia de organización y de socialización en las relaciones económicas vigentes en el campo y en los espacios de convivencia social, aspectos culturales que se han mantenido en parte, pero que han sido también objeto de reinvenciones. Se trataba principalmente de obtener cierto respeto a distintas identidades culturales que se han mantenido (con adaptaciones), y de conseguir mayor respeto hacia los individuos pertenecientes a esas culturas como seres humanos dotados de los mismos derechos individuales que los demás ecuatorianos. Los actores fundamentales de esta lucha eran las organizaciones indígenas.

47Al obtener el reconocimiento de la pluriculturalidad y de la plurietnicidad del Estado en enero de 1996, y de “los pueblos que se autodefinen como nacionalidades” (art. 83) en la Constitución de junio de 1998, las organizaciones han logrado importantes cambios, al menos en un plano constitucional. Desde entonces, las reivindicaciones se han orientado más abiertamente hacia la ‘democratización’ y ‘descentralización del poder y de los recursos’, reivindicaciones que en los momentos actuales no son exclusivas de los indígenas, sino que pertenecen al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

48Para las poblaciones indígenas, en especial para las comunidades, la descentralización debería permitir mayor control sobre las políticas de desarrollo y los recursos adscritos a los municipios por ley; mientras la democratización (que implica a la vez la elección de autoridades, que en la actualidad son nominadas desde el ejecutivo, y la apertura de las condiciones de acceso a la competición política) favorecería el acceso al debate público local, mediante una participación con representantes propios.

  • 12 Es más, el control estrecho ejercido por las organizaciones sociales indígenas sobre las comunidade (...)

49En la práctica, estas reivindicaciones se enfrentan con bastantes obstáculos. En primer lugar, la participación política directa y autónoma necesita cuadros y dirigentes formados, y militantes capaces de establecer vínculos con las comunidades. A veces no existen estos cuadros, inclusive en periodo electoral (año 1998), o no tienen la formación necesaria para cumplir con sus cargos. En segundo lugar, las redes clientelares de los ‘caciques’ locales siguen vigentes, y se mantienen estructuras de control de la población comunitaria por parte de los partidos políticos12. También persiste cierto racismo, tácito o callado, pero real. En tercer lugar, se suman las dificultades legales y presupuestarias de los movimientos sociales derivadas de la ley de partidos políticos. Según este cuerpo legal, los movimientos sociales están excluidos del apoyo financiero estatal, mientras los partidos reciben una ayuda económica proporcional al número de representantes obtenidos en las elecciones, de acuerdo a cada tipo de contienda (elecciones para diputados, concejales, alcaldes, etc.). Esta Ley desequilibra la competición electoral. Por otro lado, las leyes nacionales fortalecen el anclaje de los partidos tradicionales. A esta problemática se suman el analfabetismo, aún significativo en este país, y la falta de información sobre los procesos electorales (modos de escrutinio) que impide una elección consciente y libre por parte de la población.

50Frente a estos obstáculos, las respuestas son diversas: a menudo se percibe cierta frustración, un desencanto, hasta cierta apatía de las poblaciones, mientras crece un alejamiento de la dirigencia en relación con sus bases sociales, fomentándose divisiones en las organizaciones y entre la organización social y el movimiento político. Este contexto, en algunos casos, induce a las comunidades a desconfiar de ‘sus’ organizaciones y preferir buscar por sí mismas, mediante redes sociales, un apoyo externo de origen político, o directamente desde una ONG financiada por organismos internacionales. Pocos son los dirigentes que logran movilizar su comunidad para conseguir por la ‘lucha’ (aunque sea un simple enfrentamiento con la administración) un mejoramiento de su nivel de vida.

  • 13 En el año 1986, León Febres Cordero propuso una reforma a favor de la participación de los independ (...)
  • 14 Entrevista con Luis Macas, 24 septiembre de 1997.

51¿Cómo entonces, a pesar de todos los obstáculos que acabamos de describir, los indígenas han logrado participar directamente en las elecciones de 1996 y de 1998? A corto plazo, una coyuntura específica13, marcada por una voluntad propia del Congreso de favorecer ciertas reformas constitucionales del sistema político, permitió concretizar la formación del MUPNPP. A mediano plazo, desde el año 1994, las relaciones con otros movimientos y organizaciones (organizaciones ecologistas y feministas, sindicatos públicos) se orientaron hacia la búsqueda de una alianza, que conforma la base del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. Dentro de la CONAIE, la nueva directiva electa en diciembre de 1993 empezó entonces a hablar de una participación política directa como la única estrategia valida para “conseguir un cambio en este país”14. Esta nueva posición rompe con el rechazo de la CONAIE a participar en el ‘sistema político’, que se había manifestado por el boicot al censo nacional en 1990 y a las elecciones generales en 1992.

52A más largo plazo, los cambios políticos y sociales, conseguidos sobre todo a partir del 1978, han permitido modificar en parte las representaciones de los actores sociales y políticos, respecto a los movimientos indígenas. Sobre todo, desde el levantamiento de 1990 se puede constatar una deslegitimación de los discursos racistas y de las formas más evidentes de ostracismo, de segregación o de maltrato hacia las poblaciones indígenas. En el nivel jurídico y constitucional, los cambios obtenidos en 1996 y en la Constitución de 1998, que consagran la lucha de la CONAIE, así como la ratificación en abril de 1998 del Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos y Tribus en los Países Independientes, constituyen logros formales importantes, que además otorgan mayor legitimidad política a la forma de movilizarse, organizarse y autodefinirse de los pueblos indígenas.

53La CONAIE se propone fomentar una representación política exclusivamente indígena. Este proceso empezó desde la conformación del MUPNPP, que muy pronto (noviembre de 1997) se dividió entre el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, MUPP (conformado por la CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales), y el Movimiento de Ciudadanos por un Nuevo País (MCNP). A pesar de la alianza electoral que se realizó en 1998, esta división, y las de la misma CONAIE, ilustran una ‘etnización’ de la estructura del movimiento, desde la CONAIE. Fenómeno que se reproduce en las organizaciones locales, como por ejemplo en la propuesta del grupo dirigente de la Federación Campesina e Indígena de Imbabura según la cual la organización debería adoptar el nuevo nombre de ‘Federación de los Quichuas de Imbabura, este cambio fue perceptible en el décimo Congreso de la Federación, en agosto de 1999.

  • 15 Entrevista con Oscar Chala, diputado alterno de Nina Pacari, 19 de agosto de 1998.

54También se da una centralización política dentro del movimiento político MUPP, que se podría convertir en un partido político (su primer congreso se realizó en agosto de 1999). No solo la estructura sino también el discurso, la ‘filosofía’, del MUPP se orienta hacia una representación de los indígenas por los indígenas exclusivamente15, dado el presupuesto cada vez más difundido de que solo los indígenas pueden entender, y por tanto representar a los intereses de los indígenas (ésta no es una tendencia propia de los actores indígenas, pero refleja cierta ‘fragilidad’ que puede llevar a cierta automarginación, que puede romper con el propósito inicial del MUPNPP).

55Tanto en la CONAIE como en el movimiento político, lo que se fortalece es el poder de un grupo (los quichuas de la Sierra) sobre otros grupos indígenas, entre los cuales hay fisuras políticas cada vez más importantes debido a su situación socio-económica, a sus intereses y a sus objetivos muy distintos (siendo los shuaras de la Amazonia el principal grupo competidor). Estos grupos están luchando por el control de los proyectos de desarrollo dirigidos hacia los pueblos indígenas, pero no todos tienen la misma capacidad de movilización, organización y decisión que el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE).

  • 16 Al nivel electoral, se nota por lo que el MUPNPP, que logró ser la tercera fuerza nacional en el 19 (...)

56Así, el ‘movimiento indígena’ no ha logrado articularse eficientemente y a largo plazo con otros actores, ni tampoco ha podido sobrepasar la dimensión ‘étnica’ de la movilización, que más bien parece agudizarse desde las elecciones de 1998. Por lo tanto, no ha sido capaz de despertar16 un interés duradero o una participación ciudadana amplia respecto a sus afanes de cambio social, cultural y político; lo cual delata nuevos y consistentes límites en cuanto a su participación en el proceso de democratización, tanto al nivel electoral, como al nivel de movilización y de convocatoria social.

Ciudadanía, democracia y nación

57Sin embargo, el discurso de las organizaciones indígenas en torno al reconocimiento de derechos colectivos (enumerados en la Constitución de junio de 1998: art. 84) y en torno a su voluntad de representación política propia, por medio de una participación directa y autónoma, plantean bastantes desafíos a la concepción liberal de la democracia que se ha difundido en América Latina.

58El liberalismo supone una representación política fundamentada por un lado en los derechos individuales, los cuales deben ser estrictamente iguales, y por otro lado en la ‘libertad’ del sujeto político. La democracia se fundamenta en el principio liberal de los derechos del individuo, es decir en una ciudadanía ‘liberal’, mientras el multiculturalismo se fundamenta en la representación política de las identidades culturales, y por tanto en el reconocimiento de ‘derechos colectivos’.

59Nos remitiremos a la concepción liberal de la democracia, los derechos y la ciudadanía. Esta concepción, sin embargo, no es unívoca, lo que implica ampliar el análisis abordando el tema desde una visión más histórica, enfatizando la relación entre Estado, nación y culturas. La consistencia entre democracia y multiculturalismo depende de la concepción de la democracia, pero también de la nación a la que uno se refiere.

Democracia, derechos y ciudadanía

  • 17 Al nivel teórico, la discusión en términos politológicos sobre las relaciones entre multiculturalis (...)
  • 18 Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidos 1996: 303 p.
  • 19 Barth, Fredrik, “Les groupes ethniques et leurs frontières. En: Poutignat, Philippe y Streiff-Rena (...)

60El problema de la consistencia entre la democracia y el multiculturalismo, plantea entonces el de la definición de la ciudadanía17. Will Kymlicka18 muestra cómo la ciudadanía puede ser ampliada para integrar a nuevos grupos, a los cuales se otorgan ciertos derechos colectivos, relegitimando tanto la ciudadanía como la identidad nacional. Cabe subrayar que su teoría se fundamenta en el estudio de las democracias anglosajonas (Estados Unidos, Canadá y Australia); por lo tanto, muchos términos que fundamentan su análisis (en especial los derivados de la distinción que Kymlicka propone entre ‘grupos étnicos’, correspondientes a inmigrantes, y ‘minorías nacionales’, correspondientes a las poblaciones autóctonas) no son transferibles al caso ecuatoriano. En el Ecuador, las poblaciones autóctonas rechazan el término de ‘minorías nacionales’ y se autodefinen como ‘nacionalidades’ y ‘pueblos’. En términos teóricos, lo más conveniente es definirlas como ‘grupos étnicos’, remitiéndonos a la definición que propone Fredrik Barth19.

61El origen de la reflexión ‘multiculturalista’ tiene que ver con la ausencia de una teoría de los derechos de las minorías. En la década del cincuenta, la concepción liberal vigente percibe a los derechos humanos universales como derechos individuales. Esto se debe al temor (en el contexto de posguerra) de que el reconocimiento de derechos de ‘grupo’ permita mayor discriminación política y social. Promover los derechos individuales era una forma de favorecer la integración de los individuos en cualquier sociedad, sin importar su origen, su filiación religiosa, política, etc. Sin embargo, los Estados y los ‘teóricos’ liberales, se dividieron en sus posiciones con relación al problema de tomar en cuenta o no las diferencias de color. Algunos optaron por una política ‘ciega en materia de color’, otros por políticas de asimilación forzada, otros en fin por políticas de acción o discriminación positiva. La consecuencia fue que la mayoría de países cambiaron de opción, eligiendo sucesivamente cada una de estas políticas.

62La ausencia de una teoría de las minorías constituyó el incentivo para una nueva reflexión filosófica, pero también politológica, jurídica, sociológica e histórica sobre la democracia, la cultura y la nación. Esta reflexión denominada ‘multiculturalista’, tiene tres características fundamentales: 1) Es una ‘reflexión teórica’ sobre una realidad concreta, también llamada ‘multicultural’: la heterogeneidad sociocultural de los Estados y sociedades. 2) Esta reflexión nace de la síntesis entre varias corrientes teóricas, que se percibían como opuestas: comunitaristas y liberales (o colectivistas-individualistas...), aunque ninguna corriente está exenta de discrepancias internas. 3) Es una ‘propuesta política’ que apunta: por un lado, a ‘integrar’ los grupos culturales mediante una representación política, y por otro lado, a ‘gestionar’ los conflictos sociales que nacen de la heterogeneidad cultural y social. La perspectiva subyacente es integrar para desarmar potenciales conflictos. Una dimensión más filosófica y quizás más ‘militante’ de la teoría multicultural es la de conceptualizar la forma adecuada de defender los derechos de las minorías nacionales en los Estados liberales, promoviendo otras concepciones de justicia.

63En una perspectiva que sigue siendo esencialmente liberal, pese a que integre elementos de la teoría comunitarista, Will Kymlicka se propone demostrar que el reconocimiento de los derechos colectivos es parte de la tradición liberal y no contradice los derechos humanos individuales, siempre y cuando se definan muy claramente los límites de la ‘tolerancia liberal’. El problema entonces es permitir que coexistan los derechos (colectivos) de las minorías con los derechos humanos individuales (igualdad y libertad individual).

  • 20 Kymlicka, Will; Ciudadanía multicultural, op. cit, p. 45-55.

64Según Kymlicka, los derechos colectivos reivindicados por las ‘minorías nacionales’ son de tres tipos: derechos de autogobierno, derechos poliétnicos (apoyo estatal al grupo mediante políticas públicas), derechos especiales de representación20. Al analizar cada tipo de derechos, Kymlicka esboza una teoría de la justicia fundamentada en la siguiente paradoja: “se deben respetar las formas culturales distintas permitiéndoles protegerse del conjunto de la sociedad, reforzando su identidad propia, siempre y cuando una cultura permita a sus miembros salir libremente de ésta, elegir la cultura y el modo de vida que les parezcan más convenientes para sí mismos, en otras palabras, si es que una cultura respeta el principio liberal de la autonomía individual”.

  • 21 Ibid., cap. 7.

65La perspectiva multicultural de Kymlicka tiene como objetivo ‘integrar’ a las culturas sin destruirlas, esto es, permitirles acceder al debate público, a la toma de decisiones en cuanto a su desarrollo o su bienestar Se refuerza en el hecho de que las minorías buscan su integración en el conjunto de la sociedad, pero sin dejar de reivindicar su identidad cultural propia. Por lo tanto, apoya a los dos tipos de derechos colectivos que, a su parecer, favorecen tal propósito: los ‘derechos poliétnicos’ y los ‘derechos de representación especial’. Los primeros permiten que el Estado elabore políticas públicas a favor de ciertos grupos, que entonces reciben una atención especial, mientras los segundos permiten diseñar las modalidades de una representación política de los grupos, permitiendo su participación en la toma de decisiones; aunque la dificultad consiste en saber quién puede representarlos y de qué modo deben ser electos los ‘portavoces’ para garantizar representatividad frente a ‘su’ grupo21.

  • 22 Para Kymlicka, este término designa simplemente un Estado ‘multicultural’ en los hechos, es decir, (...)

66En cambio, el derecho colectivo de autogobierno opone una dificultad a la teoría de Kymlicka, al permitir que una minoría cree una sociedad paralela permanente. El autor es consciente de que la visión ‘liberal’ de la cultura que él propone no puede imponerse a todas las culturas, y busca definir los límites de la tolerancia liberal hacia culturas ‘no-liberales’. Pero no puede definir la actitud ‘justa’ hacia culturas que no respeten los principios liberales al prohibir a sus miembros la salida de la cultura o la libertad de elección, y que fomenten una diferenciación permanente dentro de la sociedad liberal. Aunque Kymlicka promueva el respeto hacia la diferencia cultural (subrayando que ninguna sociedad es totalmente liberal, ni totalmente ‘no-liberal’) y sugiera una reflexión jurídica (apoyándose en el derecho internacional público) sobre las relaciones entre una ‘minoría nacional’ y el Estado en el cual se inscribe, esto plantea un problema: ¿cuál puede ser la base social de un Estado en el que varias sociedades tengan su propio gobierno? ¿qué es lo que ‘une’ la sociedad o el Estado ‘plurinacional’22?

67La respuesta de Kymlicka consiste en argüir que solo se puede crear unidad social en un ‘Estado plurinacional’, tal como Canadá, (esto es, una democracia liberal) que goce de un fuerte sentimiento de identidad nacional. Lo cual demuestra los límites de su teoría: la mayoría de ‘Estados plurinacionales’ no son democracias liberales occidentales, y no se pueden apoyar en un proceso de construcción nacional sólido, que permita elaborar una identidad común sobre las identidades particulares. Según el autor, esto impide aparentemente, la construcción de una referencia común, y por ende de una ciudadanía donde no hay una identidad nacional potencial o suficientemente constituida.

68La concepción de la ciudadanía a la que se refiere Kymlicka es de índole liberal, es decir que se fundamenta en los defechos individuales. Pero Kymlicka trata de demostrar que una ‘ciudadanía diferenciada’ (basada en derechos colectivos) no es ‘antiliberal’, sino que permite una mayor integración de los grupos culturales en el conjunto de la sociedad, y que éste es un ‘derecho’ de las minorías nacionales (esto es, las poblaciones autóctonas) que han sido injustamente privadas de los beneficios de la democracia.

69En su percepción, el imponer una ciudadanía liberal a ciertos grupos que rechazan ser absorbidos culturalmente, solo puede radicalizar los conflictos sociales. Por tanto, con el propósito de gestionar (y evitar) el conflicto sociocultural, Kymlicka apoya una ‘ciudadanía diferenciada’, libremente electa por el grupo. Señala que, lejos de fomentar mayor división social como lo temen ciertos teóricos liberales (Glazer, Galston, Walzer), esto permitiría revalorizar la ciudadanía inclusive para los individuos (y los grupos) que ya gozan de este derecho pero no lo utilizan y no lo valoran, y que favorecería la (re)construcción de una referencia común, la misma que solamente será aceptada si es que se permite al grupo seguir identificándose como grupo ‘x’ (portorriqueño, inuit, etc.) antes (o a la vez) que americano o canadiense.

70Ya señalamos que la principal dificultad a la que se enfrenta Kymlicka, como él mismo lo reconoce, es explicar qué vínculos unen a la gente en un ‘Estado plurinacional’. Este límite proviene en parte del enfoque ‘occidentalista’ de su teoría pues, como lo subrayamos al principio, se fundamenta en las realidades occidentales (con una excepción, al estudiar el sistema de los millet en el Imperio otomano). Las realidades latinoamericanas no son evocadas, a excepción de dos referencias muy puntuales a Brasil. La realidad ecuatoriana, por ejemplo, aunque en algunos aspectos puede parecerse al modelo teórico de Kymlicka (en cuanto a la definición de los derechos colectivos) es totalmente distinta a la de las democracias occidentales aludidas.

71Sin embargo, es importante señalar que este autor plantea la posibilidad de que una visión histórica y comparativa permitiría en parte responder a esta problemática, y completar la tesis propuesta; es decir, mostrar que la integración de los grupos culturales distintos (minorías nacionales) en una sociedad democrática liberal, respetando y apoyando su diferencia cultural, no resulta ‘anti’ o ‘no-liberal’. Esto implica referirse más específicamente a la concepción liberal de la relación entre Estado, nación y cultura.

Estado, nación y cultura

72Si bien el multiculturalismo se fundamenta en una teoría liberal de los derechos de la ciudadanía y de la democracia, esta concepción liberal actual es distinta a la de principios del siglo. El liberalismo no es una teoría unívoca en el tiempo y en el espacio. La tradición liberal inglesa y francesa, y la tradición americana no son totalmente idénticas, sus raíces son distintas. Las fisuras entre estas tradiciones se construyeron en torno al concepto de nación (y de nacionalidad) y a las formas de construcción política del Estado.

  • 23 Kymlicka, Will, op. cit. Citas, pp. 77-78.

73Kymlicka subraya en primer lugar que, hasta la segunda guerra mundial, el “debate liberal estaba marcado por una preocupación por las minorías nacionales”, específicamente en la década del veinte, cuando la caída del Imperio austro-húngaro dio lugar a una redefinición de las fronteras europeas mediante los tratados que se firmaron entre las potencias del Concierto de las Naciones. El liberalismo en ese entonces “necesitaba una u otra teoría del status de las minorías nacionales”. En segundo lugar, el autor recuerda que hasta la segunda guerra mundial, los teóricos liberales no se oponían al reconocimiento político y al respaldo de la etnicidad y la nacionalidad, y afirma: “(...)los derechos de la minorías son un componente legítimo de la tradición liberal”23.

  • 24 Ibid., p.80.

74Tanto en el siglo xix como en el periodo de entre guerras (década del veinte del actual siglo), una primera corriente liberal afirmó como legítimo que, dentro de los ‘Estados multinacionales’ como el Imperio austro-húngaro, los pueblos gocen de derechos específicos en calidad de naciones, y denunciaba la injusticia de la cual eran víctimas los pueblos ‘minoritatios’ dentro del Imperio. El principio consistía en fomentar la construcción de Estado-naciones a partir de grupos que en este momento se hallaban en situación de minorías nacionales. Se buscaba reforzar su especificidad y homogeneidad cultural. Fue en ese tiempo cuando se creó la Sociedad de las Naciones, que se proponía tanto otorgar derechos individuales universales como defender y conceder “derechos específicos en función del grupo referidos a la enseñanza, la autonomía local y la lengua”24. Esto debía evitar que la ‘supuesta neutralidad’ del Estado, al reconocer derechos iguales a los individuos, contribuya a mantener el estatu quo en cuanto a las relaciones entre culturas mayoritarias y minoritarias. De esta perspectiva, nació un pensamiento ‘liberal identitario’ que concebía la libertad individual y el desarrollo del individuo libre, como necesariamente vinculados a un contexto cultural específico, y a la pertenencia a un grupo nacional.

  • 25 Kymlicka, Will, op. cit, citado p. 80.

75Otra corriente liberal rechazaba por el contrario los derechos de minorías, argumentando que en un Estado ‘plurinacional’, las instituciones libres no podían funcionar: “Entre gentes que no tienen afinidad alguna, especialmente si leen y hablan lenguas diferentes, la unanimidad necesaria para el funcionamiento de las instituciones libres no puede existir...En general, una de las condiciones necesarias en las instituciones libres es que las fronteras de los gobiernos coincidan exactamente con las de las nacionalidades”, sostenía John Stuart Mill25 Según esa concepción, la democracia corresponde necesariamente con una nación y un Estado. La nacionalidad común es la base de la lealtad política y del respeto a las instituciones. Esa corriente aprueba entonces la asimilación coercitiva de las minorías nacionales.

76Sin embargo, el presupuesto de que la democracia solo se puede sustentar en un Estado-nación, en una identidad nacional común, no es aceptado por todos los liberales.

77Una tercera corriente liberal, opuesta a la anterior, postulaba que la verdadera libertad solamente era posible dentro de un Estado plurinacional. Dentro de este marco, las reivindicaciones de las minorías aparecían como un contrapeso a la voluntad de los Estados e Imperios de extenderse indefinidamente.

78¿Qué es lo que une a esos pensamientos distintos y les otorga su carácter ‘liberal’? En otros términos, ¿cómo se definía el liberalismo político hasta la segunda guerra mundial? Según Kymlicka, esas tres corrientes rehusan la idea, defendida ‘actualmente’ por los Estados liberales, según la cual la pertenencia cultural debería ser tratada como un asunto meramente privado. Los liberales tradicionales, al contrario, han postulado la necesidad de una sola cultura oficial (dentro de una entidad política definida como Estado-nación, Estado plurinacional o Democracia), y han propuesto diversas formas de ‘inculcarla’.

79Esa perspectiva histórica permite destacar el hecho de que la preocupación por las minorías nacionales desapareciera después de la segunda guerra en el mundo occidental, y volviera a reaparecer, bajo otras modalidades, en la década del sesenta.

  • 26 Hermet, Guy, “Citoyenneté et Nationalité en Amérique Latine”, Commentaires, Paris, Le Seuil, Vol. 5 (...)
  • 27 Hermet, Guy, “Citoyenneté et Nationalité en Amérique Latine”, op. cit., p. 341.
  • 28 Grijalva, Agustín, Elecciones y representación política, Quito, CEN-Universidad Andina Simón Bolíva (...)

80Según la concepción liberal actual, que corresponde a la segunda corriente expuesta por Kymlicka, la ciudadanía es entonces una referencia nacional común necesaria a la democracia. Pero como lo subraya Guy Hermet, ciudadanía e identidad nacional se consolidan en un contexto de democracia, la misma que supone la existencia previa de una ciudadanía y una identidad nacional26. Para definir el tipo de ciudadanía que se puede implantar en un contexto de democratización en un país como el Ecuador, y en general en el conjunto de América Latina, donde “la mayoría de las poblaciones analfabetas han sido excluidas tanto de la ciudadanía como de la nacionalidad”27, es necesario determinar cuáles son los criterios de inclusión/exclusión de la comunidad política28 (Grijalva 1996).

81El indigenismo fue una respuesta vigente desde los fines del siglo xix hasta la década del sesenta en toda América Latina. Esta ‘política’ (parte de un movimiento cultural amplio) se caracterizaba por la promoción del mestizaje y de la integración de las poblaciones étnicamente distintas a través de una asimilación de las mismas como parte de un proceso de ‘occidentalización’ de la sociedad de aquel entonces, percibida como atrasada con respecto a las culturas europeas. A partir de la década del setenta, el discurso ‘indianista’ rompe con esta percepción evolucionista, y promueve una integración respetuosa de la diferencia cultural, así como políticas de diferenciación y de ‘re-indianización. Las políticas de educación bilingüe fueron retomadas como una herramienta de consolidación de las identidades culturales, después de haber sido empleadas como instrumentos de asimilación por los Institutos y otros actores indigenistas (como la Misión Andina, 1954-1969).

  • 29 En Bolivia el sufragio universal (del cual se benefician tanto las mujeres como los analfabetos) se (...)

82En América Latina el énfasis en la construcción de una identidad nacional (característica del discurso indigenista) no siempre ha correspondido con una organización democrática de la sociedad o del sistema político. A pesar de esto, con el retorno a la democracia en 1978, la concepción según la cual la democracia se fundamenta en una identidad nacional y una ciudadanía común, aparece como legítima. En el Ecuador, las reformas electorales de 1979 permitieron integrar a los analfabetos (la mayoría de los cuales eran indígenas) a la comunidad política29. Este cambio fue parte de un esfuerzo del Gobierno para ampliar la comunidad política, que además incluía la aplicación de programas de alfabetización y enseñanza bilingüe, cuyo objetivo último era la castellanización de los indios como parte de un proceso de construcción de una identidad nacional.

83En la década del ochenta, el discurso de las organizaciones indígenas del área andina promoviendo la ‘integración en la diferencia’ adquiere una legitimidad mundial, tanto en los organismos internacionales y las ONG como en las ciencias sociales. Sin embargo, la actitud de los Estados de la región no se parece en nada a la de los Estados europeos a inicios de este siglo, pues al igual que los demás de América Latina comparten la posición liberal contemporánea al enfatizar la importancia de la construcción nacional por medio de la asimilación de las ‘identidades culturales’, hasta la década del noventa, en el Ecuador, se reprimía a los indígenas por usar su traje, tener el pelo largo, o hablar quichua.

  • 30 A pesar de que, en la Constitución, se reconozca el derecho a “mantener, desarrollar y fortalecer s (...)
  • 31 En el artículo 1 de la Constitución de 1998 consta lo siguiente: “El Estado respeta y estimula el d (...)

84En la actualidad, la mayoría de reivindicaciones políticas de las organizaciones indígenas han sido reconocidas formalmente. No obstante, el otorgar derechos colectivos sin legitimarlos como derechos ‘nacionales’ constituye en la práctica una limitación al desarrollo de las identidades culturales30. En este sentido, se destaca el desfase entre el uso de la lengua vernácula exclusivamente “de uso oficial para los pueblos indígenas”31 y el castellano que es “el idioma oficial” para todo el país. Es decir, no hay una obligatoriedad de bilingüismo para el conjunto de la población ecuatoriana, sino una opción para los pueblos indígenas de practicar este bilingüismo (en la esfera privada, o dentro de ciertas circunscripciones geográficas).

  • 32 Entrevista con Manuel Ainaguano, ECUARRUNARI, 5 de abril de 1999. Entrevistas con Rodrigo Martínez, (...)

85Por otro lado, a pesar de que el reconocimiento de la educación bilingüe se obtuvo en el año de 1988, su organismo ejecutor, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no se ha beneficiado de los recursos o de las políticas del Estado (lo que Kymlicka llamaría ‘derecho poliétnico) adecuadas para fomentar este sistema de educación, el cual sigue siendo ineficiente en gran parte, según reconocen los propios dirigentes indígenas32. Tal limitación también se evidencia en el hecho de que la legislación que debería poner en vigencia los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos en la Constitución todavía no se concreta. La ‘integración’ de los ‘derechos colectivos’ en las estructuras y en las prácticas sociales aún no se vislumbra, aunque el discurso sea aceptado formalmente.

Conclusión

86¿Qué balance se podría esbozar de la actuación política de los movimientos indígenas, a través de su participación legislativa, y de los cambios conseguidos mediante este tipo de estrategia?

87Cabe subrayar que, pese a algunas reivindicaciones ‘provocativas’ (Estado plurinacional, ‘plurinacionalidad’, término ‘reemplazado’ por el de ‘pluriculturalidad’ desde 1993 hasta 1996), el discurso del movimiento indígena parece haber sido, en gran medida, aceptado e integrado por el Estado y la sociedad ecuatoriana. “La unidad en la diversidad” es un eslogan (promovido desde 1990) que comparten en la actualidad tanto los gobiernos como las organizaciones indígenas (está inscrito en el art.3 (nral.1) de la Constitución de 1998).

88Simultáneamente se produce una convergencia en los discursos de los organismos financieros internacionales, de las ONG y las organizaciones indígenas, apuntando a una mayor participación de la población local, para bajar los niveles de pobreza y aumentar el bienestar de la gente (las razones de esta aparente ‘aceptación’ de los discursos de los movimientos indígenas por los gobiernos y organismos financieros internacionales no pudieron ser discutidas dentro de este artículo, sin embargo, es un aspecto importante del discurso del movimiento indígena el haber conquistado tanta ‘legitimidad’ oficial, nacional e internacional).

89Sin embargo, los cambios propuestos o anhelados por las organizaciones indígenas, por el MUPNPP o por las mismas poblaciones (específicamente el mejoramiento de su nivel de vida) no se han conseguido en su totalidad, debido al mantenimiento de estructuras de control social muy fuerte. ¿Qué es lo que permite entender esta (aparente) paradoja entre la aceptación e integración del discurso por un lado, y por otro el mantenimiento del control social en la práctica a través de obstáculos legales, presupuestarios, políticos, ideológicos, etc.?

90La primera respuesta, bastante obvia, es que se necesita tiempo para concretizat los cambios después de que las propuestas hayan sido integradas en los discursos y en las leyes. También, hemos dado algunos ejemplos que demuestran que las propuestas integradas constitucionalmente, o inclusive los cambios institucionales conseguidos, no necesariamente implican cambios sociales, y más bien tienden a desradicalizar las demandas y por ende desmovilizar los actores sociales (Fals Borda 1992).

  • 33 Otro ejemplo de esto es el hecho de que existen ya espacios de debate y de ejecución de proyectos q (...)

91La segunda respuesta es que los cambios actuales del discurso político resultan de modificaciones sociales a largo plazo. Por ejemplo, la doble estrategia (diálogo-movilización) mantenida por la CONAIE desde el 1990, con más o menos éxito, parece haber sido efectiva frente al Gobierno de Jamil Mahuad, debido a circunstancias nacionales (el contexto de movilización general en 1999). Este Gobierno ha otorgado a la CONAIE (en septiembre de 1999) el derecho a controlar la distribución de gas doméstico en las comunidades, mediante un convenio con la empresa petrolera nacional, Petroecuador. Esa ‘medida’ ilustra un problema todavía vigente en el campo: la relación entre indígenas y mestizos sigue caracterizada por el papel importante de los intermediarios. Pese a que denunciar el papel de los intermediarios es un lema bastante ‘antiguo’ del movimiento indígena, presente en las primeras movilizaciones ‘indígeno-campesinas’ de la década del setenta, el problema sigue vigente, y hasta ahora se le ha dado poca respuesta. La CONAIE se propone desplazar o eliminar esas formas de ‘control’, tanto al nivel económico como político. Tal vez, las organizaciones indígenas buscan ser los únicos intermediarios entre las comunidades y ‘el mundo blancomestizo’33.

  • 34 Ver Mills, Nick D., “Perspectivas sobre el desarrollo y el proceso de cambio en América Latina”, en (...)
  • 35 Al respecto, veáse Klandermans, Bert y Tarrow, Sidney G., “Mobilization into social movements, synt (...)

92La tercera respuesta es que más allá de circunstancias coyunturales, o de un sistema político específico, existe una percepción cada vez más generalizada, según la cual el tipo de cambio que las organizaciones o los movimientos sociales pueden conseguir son transformaciones al nivel microfísico, locales o parciales34, sobre todo respecto a las relaciones sociales. Además, los cambios que se dan en un momento, son relacionados con cambios estructurales de la sociedad en su conjunto35. Los límites opuestos por el sistema político ecuatoriano a la movilización social y política indígena se derivan en gran medida del proceso de transición democrática, y de la insuficiente consolidación democrática. Las estructuras y los actores no democráticos persisten, por lo tanto esto afecta la capacidad de promoción de cambio social de los movimientos sociales. Las formas de representación política pueden ser aparentemente más fáciles de modificar. Sin embargo, en países en proceso de democratización, esta apariencia resulta engañosa y los intentos al respecto más bien revelan las resistencias de los actores dominantes.

93En fin, todo el problema reside en saber ¿qué cambios se quieren promover?, ¿estos cambios son compatibles, no solo con una coyuntura, un sistema político o las estructuras sociales, sino también con las mismas prácticas de los actores sociales? ¿Los cambios son siempre sinónimo de ‘modernización’ o de ‘democratización’? ¿Los actores sociales siempre promueven el cambio?

94Una corriente de la teoría liberal de inicios de este siglo, el llamado pensamiento ‘liberal identitario’, al cual se refiere Will Kymlicka, ponía el énfasis en que la libertad individual y el desarrollo del individuo libre están necesariamente vinculados a un contexto cultural específico y a la pertenencia al grupo nacional. Esta concepción es liberal en la medida en que concibe la cultura como un instrumento de formación, concientización y liberación del individuo. Pero va más allá, al vincular el desarrollo de la personalidad con la pertenencia a un grupo cultural (nacional). Esto permite concebir al cambio de cultura como una fuente de nuevas oportunidades puestas a disposición del individuo para desarrollar su identidad, y no necesariamente como una causa de trastorno, de pérdida de ‘la identidad propia’ que conllevaría el tránsito de una cultura a otra. En principio, esta perspectiva plantea la posibilidad de la coexistencia de una ‘ciudadanía diferenciada’ con una ciudadanía nacional. Pero los mecanismos para fomentar la aplicación de este doble estatuto aún no están definidos, ni siquiera por la teoría ‘multicultural’.

95Empero, semejante concepción de la cultura no es la que, al parecer, alimenta la definición que promueven los actores indígenas, al enfatizar una ‘reidentificación’ dentro de la comunidad y desde la comunidad. La percepción subyacente a esta dinámica política (fortalecimiento de las autoridades comunales, y por ende de pueblos y nacionalidades) acompañada de una dinámica sociocultural (revitalizar las fiestas tradicionales, el traje, las señales físicas de identidad) parece más bien concebir a la cultura como una entidad objetiva que hay que defender contra los avances de la creciente aculturación. Lo que conlleva cierta búsqueda de autenticidad, y quizá de aislamiento. Esta reacción, al nivel político, puede constituir una seña de automarginación.

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Notes

1 Massal Julie, “Los procesos de movilización de los grupos étnicos en el Ecuador: ¿hacia una sociedad multicultural?” en el Boletín Especial del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), publicación que reúne los debates del seminario internacional : “Educación y cultura en tiempos de liberalismo y neoliberalismo en los países andinos” (Quito, 28 - 30 de junio de 1999 ). En el artículo en cuestión, analizamos el proyecto político indígena a fin de entender si se lo puede calificar como un proyecto de sociedad multicultural, y qué consecuencias tendría esto sobre el proceso de democratización en el Ecuador. Esto nos permitió entender por qué la democracia es una condición imprescindible, pero no suficiente para promover una sociedad multicultural. Planteamos que se precisa analizar el papel de los movimientos sociales para entender en qué medida estos actores participan en el proceso de democratización.

2 Veáse: O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe C.; Whitehead, Laurence (eds), Transitions from Authoritarian Rule : comparative perspective, Baltimore and London, The John Hopkins University Press 1991 (3a ed.): 190 p.; y de los mismos autores: Transitions from Authoritarian Rule : tentative conclusions about uncertain democracies, Baltimore and London, The John Hopkins University Press 1991 (3a ed.): 81 p.; Transitions from Authoritarian Rule: Latin America, Baltimore y London, The John Hopkins University Press 1993 (2a ed.): 244 p.

3 Sin embargo, el parámetro de la estabilidad como indicador de éxito de la consolidación democrática, debe ser analizado con cautela: si hay estabilidad, ¿significa necesariamente que la consolidación es completa? De la misma manera cabe cuestionar a los parámetros que permiten definir una transición como ‘exitosa’. El debate sobre este punto se remite a la dificultad de analizar el paso de un orden político al otro (¿cuándo empieza y acaba, cómo y por qué? En ese sentido, los conceptos de modernización, de estabilidad política, o de ‘crisis’ son objeto de varias interpretaciones). O’Donnell et. al. prefieren diferenciar la democratización y la liberalización de la sociedad. El status del proceso electoral en la transición es objeto de discrepancias, según la definición de la democracia (formal o ‘minimalista’ o bien ‘sustancialista’) escogida. La percepción sustancialista pone el énfasis en los cambios sociales, no sólo en los procedimientos institucionales.

4 Ayala, E. Lucha política y origen de los partidos en el Ecuador, Quito, CEN 1988 (4ta ed.), 371 p., p. 11.

5 Ver en particular Ecuador, un problema de gobernabilidad, Quito 1996, CORDES-PNUD, 330 p.

6 La literatura sobre este tema es muy amplia. Véase: Melucci, Alberto, “The symbolic challenge of contemporary social movements”. In: Social Movement Research, New York, ed. A. Mack, Winter 1985, 52(4), pp. 789 - 816; Offe, Claus, “New social movements, challenging the boundaries of institutional politics”. In: Social Movement Research, New York, ed. A. Mack, Winter 1985, 52(4), pp. 817 - 868. Véasetambién Melucci, Alberto, Nomads of the present, social movements and individual needs in the contemporary society, Philadephy, Temple Univesity Press, Ed. Keane & Mear 1989, 259 p.; Touraine, Alain “Découvrir les mouvemenrs sociaux”, in Chazel, François, Action collective et mouvements sociaux, Paris, PUF 1993 , 267 p., pp. 17-36.

7 Véase: Fals Borda .Orlando, “Social Movements and political power in Latin America”, en Escobar, Arturo y Alvarez, Sonia (eds), The making of social movement in Latin America ; identity, strategy and democracy, University of California - Santa Cruz, San Francisco 1992, Westview Press, 383 p., pp.303-329; Le Bot, Yvon, Violence de la modernité en Amérique latine, indianité, société et pouvoir, Paris, Karthala, CNRS, 1994, 291 pages; Radcliffe, Sarah y Westood, S., Remaking the nation, identity and politics in Latin America, Londres, Routledge, 1996, 196 p.; Mouffe, Chantal (ed). Dimensions of radical democracy, pluralism, citizenship, community, New York, Verso, 1992, 235 p.; Slater, David, “New social movements and old political questions; rethinking state-society relations in Latin-America”. In: International journal of political Economy, New York, ed. A.E. Fernández, Jilberto, vol 21(1), spring 1991, pp. 32-61.

8 Véase: Morris, Aldon D. y Mac Clurg Mueller, Carol (eds). Frontiers in social movement theory, New Haven & Londres, Yale University Press, 1992, 382 p.; Klandermans, Bert; Tarrow, Sidney G.; Kriesi, Hanspeter (eds), From structure to action, comparing social movements across cultures, International Social Movement Research, vol.1, 1988, J.A.I. Press L.T.D., Greenwich, Connecticut (USA) & Londres, en particular: Klandermans, Bert y Tarrow, Sidney G., “Mobilization into social movements, synthesizing european and american approaches”, pp. 1-32; Melucci, Alberto, “Getting involved, identity and mobilization in social movements”, pp. 329-348.

9 Además de la CONAIE : la FEI, la FEIE, la FEINE, la FENOC y la FENOC y

10 X Congreso de la FICI, “Por la Unidad y la Identidad de los Pueblos Kichwas de Imbabura”, 28-30 de agosto de 1999, Gualsaqui, Imbabura.

11 No existe una representación igual o equitativa de los pueblos, por ejemplo dentro de la FICI. Esto se debe al hecho de que la elección de los representantes de la FICI, que no alcanzamos a describir aquí, no obedece a un principio de ‘representación proporcional’ de los diferentes grupos, sino más bien a redes tejidas entre cada comunidad y la organización para asegurar ‘tal candidato’ para tal puesto. Los grupos que no gozan de suficiente capacidad de organización no tienen ninguna oportunidad de presentar un candidato. Esto es favorecido concretamente por la distinción entre tres tipos de invitados: los invitados especiales (dirigentes nacionales de la CONAIE), los invitados oficiales (representantes de uniones de comunidad) y los delegados, que pueden ser personas ‘importantes’ pero que no son parte de la dirigencia o de las redes de la dirigencia. Así, los invitados oficiales tienen derecho a voz y voto, mientras los delegados no tienen derecho ni a voz ni a voto.

12 Es más, el control estrecho ejercido por las organizaciones sociales indígenas sobre las comunidades (como es el caso de la FICI respecto a las comunidades del cantón Otavalo que pretende abarcar), no permite una votación libre, secreta, y no favorece un acercamiento personal de los dirigentes hacia una organización o un movimiento que no esté ‘reconocido’ en tal o cual área.

13 En el año 1986, León Febres Cordero propuso una reforma a favor de la participación de los independientes en las elecciones, mediante una consulta popular, pero la propuesta fue rechazada (TSE). En 1996, la reforma fue promovida dentro del Congreso.

14 Entrevista con Luis Macas, 24 septiembre de 1997.

15 Entrevista con Oscar Chala, diputado alterno de Nina Pacari, 19 de agosto de 1998.

16 Al nivel electoral, se nota por lo que el MUPNPP, que logró ser la tercera fuerza nacional en el 1996 (su candidato, F. Ehlers, consiguió 20% de los votos válidos), solo llegó a ser la quinta fuerza en 1998 (y F. Ehlers obtuvo tan solo el 15% de la votación). Cierto es, que las reformas electorales del 1998, que se aplicaron en esta contienda, perjudicaron al movimiento. Pero su descrédito, debido al encarcelamiento de tres representantes indígenas del movimiento en abril de 1997, por corrupción, así como sus divisiones y deficiencias organizativas le quitaron bastante apoyo, especialmente de los movimientos urbanos.

17 Al nivel teórico, la discusión en términos politológicos sobre las relaciones entre multiculturalismo y democracia, vía el concepto de ciudadanía, es todavía incipiente. El enfoque, en términos más bien filosóficos, ha sido el de una nueva concepción de la justicia. Los debates se centran en la concepción filosófica del Individuo, de la Cultura o del Bien. Además, no hay muchos estudios comparativos de situaciones nacionales donde se plantee un conflicto entre diferentes concepciones de la representación política, menos aún fuera del ‘mundo occidental’.

18 Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidos 1996: 303 p.

19 Barth, Fredrik, “Les groupes ethniques et leurs frontières. En: Poutignat, Philippe y Streiff-Renart, Jocelyne, Theories de l’ethnicité (suivi de), París, PUF 1995: 270 p. La obra original fue publicada en el 1969: Ethnic boundaries : the social organization of culture difference. Esta definición se fundamenta en la ¡dea según la cual los grupos se definen por una cultura cuyas fronteras cambian de acuerdo a las estrategias de los mismos (asimilación, afirmación, reconocimiento político).

20 Kymlicka, Will; Ciudadanía multicultural, op. cit, p. 45-55.

21 Ibid., cap. 7.

22 Para Kymlicka, este término designa simplemente un Estado ‘multicultural’ en los hechos, es decir, heterogéneo social y culturalmente, y no una forma política definida; mientras el Estado multicultural designaría un Estado fundamentado en la teoría de la justicia de las minorías. Esta definición no es adecuada para interpretar las reivindicaciones indígenas en el Ecuador, una de las cuales es justamente el ‘Estado plurinacional’, que a pesar de ser ‘una realidad’ según las organizaciones (y este criterio no es aceptado por el conjunto de la sociedad) no es reconocida como forma política en el Ecuador.

23 Kymlicka, Will, op. cit. Citas, pp. 77-78.

24 Ibid., p.80.

25 Kymlicka, Will, op. cit, citado p. 80.

26 Hermet, Guy, “Citoyenneté et Nationalité en Amérique Latine”, Commentaires, Paris, Le Seuil, Vol. 58(15), été 1992, pp. 341-349., p. 341.

27 Hermet, Guy, “Citoyenneté et Nationalité en Amérique Latine”, op. cit., p. 341.

28 Grijalva, Agustín, Elecciones y representación política, Quito, CEN-Universidad Andina Simón Bolívar, 1998, 181 p.

29 En Bolivia el sufragio universal (del cual se benefician tanto las mujeres como los analfabetos) se obtuvo en 1953.

30 A pesar de que, en la Constitución, se reconozca el derecho a “mantener, desarrollar y fortalecer su identidad en lo espiritual, cultural lingüístico, social, político y económico” (art. 84; nral.l). Respecto a la educación y la cultura: ver art. 62, 66, 68, 69.

31 En el artículo 1 de la Constitución de 1998 consta lo siguiente: “El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley”.

32 Entrevista con Manuel Ainaguano, ECUARRUNARI, 5 de abril de 1999. Entrevistas con Rodrigo Martínez, Dir. Planificación, DINEIB, y con Cristobal Quishpe Lema, asesor técnico, DINEIB, 26 de junio de 1997.

33 Otro ejemplo de esto es el hecho de que existen ya espacios de debate y de ejecución de proyectos que unen a las ONG con las organizaciones indígenas, pero que no siempre son utilizados. Por ejemplo, en Otavalo, la FICI es parte del consejo administrativo del Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU). Sin embargo, el director del mismo destaca que desde que conquistó ese espacio, la FICI no aprovechó el sirio para fomentar mayores vínculos entre la FICI y la ONG. Esta ONG es parte de un programa del PNUD, y está compuesta en parte por personal ecuatoriano, otavaleño sobre todo, y por voluntarios de la ONU.

34 Ver Mills, Nick D., “Perspectivas sobre el desarrollo y el proceso de cambio en América Latina”, en CAAP (colec.), Desarrollo y cambio socioeconómico en el Ecuador, Quito 1979, ed. Libri Mundi, 232 p., pp. 17-70. Véase también: Hirshman, Albert O., El avance en colectividad: experimentos populares en la América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1986 (trad. J.J. Utrilla), 120 p. Según Sánchez Parga, el nivel de vida de las poblaciones indígenas todavía no ha logrado un mejoramiento global y significante: Sánchez Parga, José, Población y pobreza indígena, Quito, CAAP, Estudios y análisis, 1996, 148 p.

35 Al respecto, veáse Klandermans, Bert y Tarrow, Sidney G., “Mobilization into social movements, synthesizing european and american approaches”, pp. 1-32; Gamson, William A., “Political discourse and collective action”, pp. 219-224; Kriesi, Hanspeter, “The interdependance of structure and action, some reflexions on the state of the art”, pp. 349- 367; Snow, David A. y Benford, Robert D., “Ideology, frame resonance and participant mobilization”, pp. 197-217; todas estas referencias se encuentran en: Klandermans, Bert; Tarrow, Sidney G.; Kriesi, Hanspeter (eds), From structure to action, comparing social movements across cultures, International Social Movement Research, op. cit.; Kitschelt, Herbert P., “Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracies”, en British journal of Political Science, n°l6 (1), January 1986, Cambridge University Press, G.B., pp. 57-85; Craig, Jenkins J. y Klandermans, Bert (eds), The politics of social protest, comparative perspectives on states and social movements, Minneapolis, University of Minnesotta Press, 1995, 381 p.; Tarrow, Sidney G., Power in movement : social movement, collective action and politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 251 p.; Tarrow, Sidney G., “Mentalities, political cultures and collective action frames”, en Morris Aldon D. y Mac Clurg Mueller, Carol (eds), Frontiers in social movement theory, op. cit., pp. 174-198.

Notes de fin

1 Universidad Aix-Marseille III

2 Quiero agradecer a Marcelo Bonilla la paciencia desplegada en volver más castellano a mi español, en una muy fructuosa y respetuosa corrección del artículo original, el mismo que queda metamorfoseado.

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