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La crisis ecuatoriana: sus bloqueos económicos y sociales

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María Fernanda Cañete

La nueva ciudadanía y las respuestas políticas e institucionales

¿Pueden los movimientos sociales representar una alternativa a la crisis presente?1

Mario Unda

Note de l’auteur

Note portant sur l’auteur1

Texte intégral

  • 1 Las ideas aquí expuestas están inspiradas, sobre todo, en partes de la obra de Antonio Negri: El po (...)

1Se nos ha invitado a reflexionar sobre si los movimientos sociales son una alternativa; se entiende que a “la crisis ecuatoriana”, materia de este seminario. Obviamente, eso supone preguntarse si los movimientos sociales pueden ser una alternativa actual y, de ser ese el caso, en qué condiciones y en qué sentido.

Acerca de la crisis

2Entre otras cosas, la crisis actual es una crisis política, una crisis de la ciudadanía, una crisis del régimen. Sus mecanismos ya no aseguran la reproducción automática, la autorregulación del sistema imperante. Ya no sirve para asegurar la hegemonía pacífica de los sectores dominantes, ellos mismos envueltos en pugnas de repartos materiales, de representación política de clase, de instrumento para obtener aquello que Gramsci denominó “el consenso activo de los dominados”.

3Pero no es solamente eso: ocurre que también sectores muy amplios de la población sienten que tampoco sirve para atender sus necesidades, para dar cauce a sus expectativas y esperanzas, para asegurarlos de sus temores. No es casual que los cuatro últimos Gobiernos (Sixto Duran Bailen, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad) hayan sufrido tan gran y rápida erosión de su respaldo ciudadano; no es casual, no es fruto del manido “desgaste del poder” (que, finalmente, a algo se deberá). Y no es tampoco muestra de la inmadurez política del pueblo: todo lo contrario.

  • 2 Véase Immanuel Wallerstein: Impensar las ciencias sociales. Límites de ¡os paradigmas decimonónicos (...)

4Hay pues, un múltiple desencuentro, y nuestra impresión es que, aun cuando los movimientos sociales salgan derrotados de esta última puja con el poder, el desencuentro persistirá necesariamente y, con él, la crisis. Porque la crisis implica también una transición2, y las líneas maestras del tránsito están aún procesándose socialmente; quiere decir, que los bloques sociales fundamentales perciben el agotamiento de las formas de dominación y de acumulación, y pugnan por construir sus salidas, muchas veces a tientas, y de tropiezo en tropiezo. Pero lo característico de un momento como el que estamos viviendo desde 1990 o 1995 es que estas respuestas, aun y siendo tentativas, no admiten consenso: es éste el contenido de las luchas sociales que hemos vivido durante los últimos años.

5En efecto, durante estos últimos años, con seguridad desde 1997, quizás desde 1990, tal vez incluso antes, nos hemos visto envueltos, no siempre sabiéndolo con certeza, en una disputa de sentidos sobre la ciudadanía y la democracia, que ha estado atravesada agudamente por la economía y por la política. Las fechas citadas no pueden ser más que indicativas: remiten, como se sabe, al levantamiento indígena (1990); a la segunda consulta popular, en la que Durán Bailén apostó y perdió el respaldo a las privatizaciones (1995); al levantamiento popular del 5 de febrero de 1997, que revocó el mandato de Bucaram; y habría que seguir señalando las luchas sociales contra el neoliberalismo de Mahuad. Son éstos los momentos que nos develan con claridad lo que une a la economía y a la política, igual que los lazos que constituyen el entramado de lo social y lo político.

6Por supuesto, no se trata de una disputa que se juegue en la academia o en los diversos salones de la institucionalidad oficial: su destino se juega en la acción social de la mayoría, constituyéndose en multitud, en sujeto creativo, generador de sociedad, creador de nuevas formas y espacios de politicidad y de ser ciudadanos. Acerca de estos movimientos trataremos en la presente ponencia.

La política como una potencia extraña desde una ciudadanía que nos es dada

7La política se nos enfrenta como una fuerza alienada, una potencia extraña que se nos impone sin contar con nuestra voluntad. Está allí, y desde ese allí, que es un espacio situado por fuera de nosotros y de nuestras posibilidades de acción autónoma, nos exige sumisión. Está objetivada, y se representa en instituciones extrañas que nos dominan: los partidos políticos, los intermediarios de las redes de clientela; sobre todo, las distintas formas de la estatalidad: el congreso, el gobierno, la justicia, la policía, las fuerzas armadas.

8Frente a ellas somos desposeídos: hemos enajenado nuestras posibilidades de creación social, de representación propia; carecemos de autonomía, de capacidad de gobernarnos. Unicamente se nos exige legitimar el orden y sus instituciones, ser obedientes, ni siquiera espectadores, pues la política, enajenada, acaba por convertirse en secreto de Estado.

9La soberanía popular es un espejismo que parece real sólo en el momento de depositar el voto en la urna -si acaso votamos-. La representación se convierte en el mecanismo para excluir a la gente de las decisiones, del conocimiento, de la información. Requiere que los sujetos ya no estén presentes, no permite más que su recuerdo vago como supuesto acto originario de los poderes establecidos que, en consecuencia, se sienten en libertad de volverse contra la fuente de donde provienen para dominarlos, amoldarlos, reprimirlos, desconstituirlos como fuerza. Es claro que el gobierno es entendido, sobre todo, como el gobierno sobre las personas para imponer, a título de un imaginario “interés general”, los intereses particulares, muy reales, de los amos de la sociedad y del dinero (una frase que tomamos de Touraine).

10¿O no son dignos ejemplos de esta fauna aquellos que claman por imponer con mano dura decisiones que jamás han sido consultadas al presunto soberano, aquellos que bogan por la negación física de la protesta, aquellos que se arrogan el derecho, no sólo de hablar en nombre de los supuestos intereses de un país al que ni siquiera le preguntan, sino de imponerle sus decisiones mediante el uso indiscriminado de malas artes legislativas y de la exhibición de fuerza militar?

11Nos estamos refiriendo, por supuesto, al Gobierno de Mahuad, pero sólo en la medida en que aún está vigente, pues lo mismo podría decirse de cualquier otro gobierno, de esos que hemos venido sufriendo sin interrupción durante, digamos, casi toda nuestra historia republicana.

12Una política que expropia a las mayorías la capacidad de decidir, nos parece, se corresponde con una ciudadanía que nos es dada. Frente a ella somos, si puede decirse, sujetos pasivos, “sufrimos” los derechos, así como sufrimos las acciones políticas de los gobernantes. Los derechos están situados también por fuera de nuestra acción colectiva; residen, pongamos por caso, en la Constitución o, más concretamente, en la permisividad de los gobernantes, en aquellos extraños momentos en que creen necesitar la legitimación del pueblo (que suelen ser justamente aquellos momentos en que más se apartan de la legitimidad como “consenso activo”).

13También la ciudadanía, entonces, nos enmarca, nos limita, es decir, pretende constituirnos. Finalmente, la forma de una forma de dominación. Antes de la Asamblea Constituyente la ciudadanía era algo que “nos llegaba” con la mayoría de edad; ahora, después de la movilización popular y ciudadana de 1997 y 1998, la ciudadanía es algo que nos viene”, desde el momento mismo del nacimiento, por el hecho de haber nacido en estas tierras.

14Claro que no es lo mismo: también los niños y los adolescentes son ciudadanos actualmente; claro que ciudadanos a los que les está vedado cierto campo de los derechos, singularmente los derechos políticos y la restricción no debe ser casual. Sin embargo, de alguna manera, hemos extendido el campo social de verificación de la ciudadanía, pero no la hemos modificado sustancialmente: sigue siendo un algo que nos viene desde fuera, que está en el exterior de nuestro ser social y que nos cualifica y nos unge como un acto de potencia extraña que no depende de ninguna manera de nuestra voluntad (así como, generalmente, no está en nuestras decisiones cumplir o no los 18 años, tampoco lo está -y de modo más evidente- nacer o no en determinado lugar del planeta).

15Esta forma de ser ciudadanos (o, quizás mejor, de estar ciudadanizados) se encuentra también presente, por supuesto, en la práctica social común de los ciudadanos comunes y corrientes y, lógicamente, en la práctica cotidiana de los movimientos sociales. No sólo nos viene dada: la reproducimos tal cual; lo que quiere decir que la hemos interiorizado y la hemos convertido en parte de los roles sociales que reproducimos de manera inconsciente, como una función de la reproducción global de la sociedad.

16No vamos a decir que este estar (forma pasiva del ser, después de todo) sea un artificio inútil o meramente un espejismo. Al contrario: es formal, porque no atiende (todavía) a los contenidos, pero, aún así, a su amparo se han logrado reformas interesantes: un estiramiento de las formas, una búsqueda de los límites en el intento de dar con los contenidos. Ya hemos citado el ensanchamiento de los territorios de la ciudadanía, si bien ensanchamiento restringido. Podríamos citar el reconocimiento de las diversas ciudadanías, especialmente en lo que tiene que ver con las mujeres, o ciertos avances hacia ciudadanías activas, por la vía de la participación, presente en diversas instancias del accionar social y político (y estatal). Quizás, sobre todo, el reconocimiento de los derechos colectivos.

17No pretendemos decir nada nuevo al afirmar que estos avances de la ciudadanización están aún en el limbo de aquello por realizarse, y que su tránsito a realidades sociales está todavía por verse. De cualquier forma, esa ha sido nuestra historia: tenemos una legislación cuyos reconocimientos de derechos, por lo general, han sido más avanzados que la práctica social (exceptuemos las reformas neoliberales). Las “conquistas sociales” o las concesiones de las clases dirigentes, en su mayor parte, se quedan en el papel.

18Pero no es eso lo que nos interesa recalcar ahora: quisiéramos, más bien, recordar que estos últimos avances, quizás a diferencia de los contenidos en anteriores Constituciones ecuatorianas, tienen su origen en la movilización social y son debidos a las elaboraciones, a veces muy precisas, realizadas por las propias organizaciones sociales. Esa es, por lo menos en parte, la historia de la Asamblea Constituyente de 1997-98.

19Pero, al hablar de esta Asamblea Constituyente, ya pasamos al segundo sentido de la Democracia y de la ciudadanía. No habría habido Asamblea Constituyente sin el 5 de febrero de 1997; más aún, ya en el Gobierno de Alarcón, no hubiera habido Asamblea Constituyente sin la amenaza de un levantamiento indígena.

La ciudadanía que construimos desde la multitud en que nos constituimos

20La práctica social de los años recientes nos ha mostrado la emergencia de otra ciudadanía, de otra relación de lo político con lo social. Esa política diferente ha aparecido en los momentos de mayor agudeza de la lucha social. Por lo tanto, podríamos decir que viene junto con la movilización, cuando es masiva y cuando surge relacionada con los conflictos centrales de la sociedad: sólo entonces se hace visible, muestra sus contornos, permite prefiguraciones; sostenemos, sin embargo, que los elementos que contiene pueden estar presentes incluso en luchas más localizadas aunque, obviamente, con menores desarrollos, por lo tanto, con menor visibilidad. Y también pudiéramos decir que, en consecuencia, su presencia no implica la desaparición automática de la política tradicional y de la ciudadanía otorgada: conviven en los mismos hechos sociales, en las mismas acciones colectivas; y esto vale tanto para la sociedad en su conjunto cuanto para los propios sectores movilizados. En los hechos, se producen mixturas y comportamientos ambiguos.

21De cualquier forma, quizás la característica básica es que se trata de una ciudadanización construida por los propios sujetos en acción, y que se construye, tendencialmente, más allá de lo otorgado; es decir, sin prestar obediencia a lo establecido.

22En segundo lugar, se puede observar, de la experiencia vivida, que estos momentos coinciden con la constitución del pueblo como multitud, es decir, como sujeto. Dicho de otro modo, el sujeto que se constituye en su propio movimiento, enfrenta lo constituido, redescubre para sí el origen social de lo político, busca y experimenta nuevas formas de politicidad y de relacionarse con ella: reinicia la dinámica (siempre trunca) de recuperar la soberanía que la democracia promete al pueblo, y, en consecuencia, se revela como poder constituyente. Queremos resaltar algunos ejemplos de nuestra historia presente para explicarnos mejor.

a) El 5 de febrero de 1997

23Del 5 de febrero vamos a poner de relieve dos aspectos:

24En primer lugar, una concepción diferente de la democracia. Sabido es que el funcionamiento de las democracias representativas tiende a distanciar a los gobernantes y a los gobernados, estableciendo entre ellos una serie de mediaciones y barreras que acaban estableciendo una jerarquía en la que el gobernante manda y los gobernados obedecen: se ha producido una transferencia de soberanías. Este esquema tiende también a tornar aún más irresponsables a los gobiernos (que no responden ante nadie de sus actos, por lo menos, ante nadie del común), pues la sociedad carece de medios y modos para impulsar la rendición real de cuentas.

25La movilización social llevó, finalmente, a la remoción del Gobierno. La lucha social le revocó el mandato que el voto le había otorgado 6 meses antes. Es cierto que solamente con la movilización del pueblo el Gobierno no habría sido derrotado, pero sin la movilización popular tampoco; y, por lo demás, lo que aquí nos interesa es cómo la conciencia social asoció la revocatoria del mandato y la democracia, más allá de lo constituido (y de la Constitución vigente entonces, que no contemplaba por ninguna parte una salida como la que efectivamente se dio).

26Una frase de una anciana indígena resume con claridad esta concepción: “No estamos de acuerdo con este Gobierno, hemos de cambiar nomás”. El mandato vuelve a sus fuentes, el mandatario es solamente un encargado, un representante; pero el mandante sigue siendo el pueblo, que no enajena su soberanía. El mandatario está obligado a responder por sus actos y, como simple representante, puede dejar de serlo cuando le es retirada la confianza.

27La Constitución actual, aprobada y puesta en vigencia después, en 1998, recoge la figura de la revocatoria del mandato. Pero la establece sólo para las dignidades locales de elección popular... que no fueron tocadas, en cambio, por la movilización social. La movilización social revocó el mandato del Presidente, pero la Constitución surgida de esa movilización prohibe tales audacias. Curioso ejemplo de desplazamiento, que no hace más que dar cuenta del carácter contradictorio del 5 de febrero y de sus efectos.

28En segundo lugar, la multitud movilizada alcanzó a darse formas organizativas peculiares en algunos lados: las Asambleas del Pueblo. Estas Asambleas reunían a los sectores que participaron en la movilización, de manera que actuaban como espacio de conducción unitaria de la lucha. Sin embargo, no se quedaron allí: en algunas provincias, cantones o parroquias, las asambleas populares se tomaron la atribución de destituir a los gobernadores o tenientes políticos y nombrar otros en su lugar. Asumieron, entonces, otro rol: el de espacio de generación y legitimación de los poderes políticos.

29Cierto es: estas acciones tuvieron efecto real por la caída del Gobierno del que formaban parte las autoridades constituidas. Y también es cierto que el Gobierno de Alarcón, surgido de la movilización del 5 de febrero, no reconoció luego los nombramientos efectuados por las Asambleas, y designó otros funcionarios. Pero nos parece que lo relevante es que la cuestión se haya planteado, más que su resultado inmediato.

30Creemos que este aspecto está relacionado con el anterior: es la recuperación de la soberanía del pueblo, la multitud reconociéndose, en su movimiento, como poder constituyente.

b) La Constituyente del Pueblo (octubre 97)

31Uno de los reclamos del movimiento de febrero era la instalación de una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución. Ahora bien: el reclamo no era simplemente que se instalara una Asamblea Constituyente cualquiera. De hecho, detrás de todo estaba la aspiración de que el pueblo redactara su propia Constitución; como si dijéramos que el pueblo, que se había movilizado para revocar el mandato del Presidente, se convirtiera ahora en legislador.

32La Constitución oficial no fue redactada por el pueblo movilizado -eso ya se sabe-, pero el impulso de febrero llegó hasta la instalación de la Asamblea Constituyente del Pueblo, en octubre. Y esta Asamblea aprobó su propia propuesta de Constitución. Señalemos que no era la primera vez que organizaciones sociales se abocaban a la tarea de pensar una reforma constitucional: años atrás, un Foro Democrático había presentado también una propuesta de Constitución. La diferencia es que en octubre de 1997 estuvieron presentes las principales organizaciones de masas, mientras que antes el papel principal lo jugaron los intelectuales democráticos.

33Ahora bien: quizás el mayor límite de la Constituyente del Pueblo fue que, a pesar de aglutinar la participación de las principales organizaciones sociales, y a pesar de concitar el apoyo de otros pequeños grupos de la sociedad, no logró atraer a otros segmentos. Numerosa y todo, quedó aislada, y sus promotores hubieron de concurrir a la Asamblea Constituyente oficial, elegida y posesionada un poco más tarde.

34Desde nuestro punto de vista, sin embargo, lo importante no es lo que no consiguió, sino que remarcaba la política como el acto creador de la multitud.

35Al mismo tiempo, quedaba claro el sentido de la constitución de la multitud, es decir, sus características: la multitud es, en primer lugar, masiva; la masividad es, inmediatamente, pluralidad: no existe un sujeto preconstituido de antemano, sino que se constituye como sujeto múltiple en el encuentro, progresivo o explosivo, según los casos y los momentos, de una gran diversidad de actores particulares, y no siempre los mismos. En el encuentro descubren la cooperación, un descubrimiento, sin embargo, difícil, que logra avances y sufre retrocesos, que hasta ahora no acaba de conquistarse plenamente.

36Pero la masividad supone, al mismo tiempo, una capacidad de ir ubicando su carácter de “distinto social” (como diría della Pérgola): aunque quizás esta delimitación de la multitud no está exenta del acto excluyente emprendido por los grupos de poder. Quiere decir que el “distinto social” se construye a sí mismo, pero también es constituido por las delimitaciones creadas desde las clases dominantes, porque también ellas van constituyéndose en sus definiciones frente a la crisis, y al constituirse como clase que defiende explícitamente sus intereses particulares (como en la consulta de 1995; como ahora, frente a la dolarización, etc.), establece los límites casi infranqueables que impiden que sus intereses particulares sean pasados por intereses generales.

37De manera que octubre acabó siendo, incluso con sus limitaciones, una precisión de la multitud de febrero o, mejor dicho, la tendencia hacia su precisión, que debe aún tornarse real.

c) La movilización constituyente en torno a la Asamblea Nacional (1997-1998)

38La euforia ciudadana que no logró realizaciones tras la resolución conservadora de la crisis de febrero, que no logró convertirse en hecho político nacional en octubre, se desplazó a la Constituyente oficial, de cualquier modo controlada por los partidos tradicionales. Sin embargo, el impulso creador no se había detenido. Por eso las sesiones de la Asamblea vieron un interminable desfile de organizaciones sociales más grandes o más pequeñas (Ongs incluidas), que llevaban sus propuestas con la esperanza de verse reconocidos en la nueva Constitución, de la que, no sin cierta ingenuidad, esperaban un renacer social y político del país. Los legisladores no oficiales de ayer se convertían hoy en co-legisla-dores.

39La nueva Constitución, como ya se indicó antes, acabó recogiendo muchos de los planteamientos particulares, y se llenó de referencias democratizadoras a la participación. Quizás por eso muchos actores perdieron de vista que tenía también su contraparte de refuerzo del autoritarismo (la versión de la gobernabilidad) y de legislar para las privatizaciones.

40En todo caso, es necesario resaltar la sucesiva multiplicación de momentos en los que las organizaciones sociales y el pueblo viven diversas experiencias de constituirse en multitud (o, cuando menos, de intentarlo y probar sus sabores y alegrías iniciales).

d) Los Parlamentos de los pueblos (enero del 2000)

41En 1999, como se sabe, vivimos dos momentos de agitación social, en marzo y en julio. En ambos casos el punto de conflicto fueron los intentos gubernamentales de profundizar la aplicación del modelo neoliberal. Para nuestros fines, baste señalar cómo esos momentos mostraron la complejidad de la constitución múltiple de la multitud, con el aparecimiento de los taxistas en el escenario de los conflictos sociales.

42Pero marzo y julio fueron también momentos de promesas y acuerdos incumplidos. Por las dos cosas, aparecen como el antecedente inmediato de lo que estamos viviendo justamente en estos días. Quisiéramos resaltar solamente dos cuestiones.

43Por una parte, la demanda máxima: la salida de los tres poderes del Estado, o, como dicen los actores, su “desconocimiento”. Puede ser que, coyunturalmente, sea una demanda sin salida posible; sin embargo, implica un reconocimiento de que los gobiernos tienen un contenido social que no siempre logra camuflarse tras los ropajes del ilusorio “bien común”. E implica, también, la aspiración de una forma distinta de ser gobernada la sociedad; en realidad, de que la sociedad, es decir, en este punto, la multitud, se autogobierne.

44Por otra parte, la constitución de los Parlamentos de los pueblos. Cada gran movilización social intenta darse sus formas de organización. Los “Parlamentos de los pueblos” no son un invento de última hora, como no sea por el nombre. El 5 de febrero de 1997, en varias provincias del país, se constituyeron “Asambleas del pueblo” que, por un momento, significaron un real doble poder ante el desmoronamiento del Gobierno bucaramista. En marzo y julio de 1999 se intentó poner en marcha un Congreso del pueblo, pero éste fracasó. Ahora, en enero del 2000, es el turno de los Parlamentos de los pueblos.

45A diferencia de 1997, esta organización no “tiene” aún capacidad de ejercer una suerte de doble poder. Pero, a diferencia de 1997 y, sobre todo, del año pasado, se ha extendido por muchas más provincias, reproduciéndose en sectores de base, incluso en ciertas zonas y barrios de algunas ciudades.

46Los Parlamentos son el lugar de unidad de varios sectores del pueblo. Hay representantes indígenas, de mujeres, campesinos, estudiantiles, de maestros, obreros, profesionales, jubilados, religiosos, incluso algunas Ongs; llegaron militares y policías retirados. Representan una fuerte tendencia a la autoorganización de la actividad autónoma de las masas, al autorreconocimiento de la constitución de un sujeto múltiple y plural.

47Nuevamente: no interesa tanto si lo planteado se consigue o no; lo relevante es que se lo plantea en la praxis social.

¿Cuál es el aporte de los movimientos sociales?

48En principio, el aporte relevante, el que da sentido a los siguientes, es su irrupción desde lo social a lo político, su búsqueda, por tanto, de refundación de la política en la conciencia y en la práctica social. Se desprende de allí una nueva manera de ver la democracia, la discusión práctica de los ámbitos y los actores de la legislación, de la relación gobernantes-gobernados, de la rendición de cuentas, de la revocabilidad de los mandatos, de la constitución y la fuente de legitimidad de los gobiernos. Finalmente, la relación entre la vida social y la política.

49Y esto ocurre en medio de una confrontación de clases: esto es evidente y palpable en el país, por lo menos desde la segunda consulta popular de Duran Bailen, en 1995; fue oscurecida por la confluencia de pugnas en 1997, pero ha vuelto a ponerse en evidencia desde la Constituyente, en el Parlamento de los pueblos.

50Por supuesto, no son estos sentidos los únicos que se han desplegado en las movilizaciones sociales recientes. Vienen mixturados, confundidos, con el sentido hegemónico, porque, a pesar de las aspiraciones y los discursos, nada nace limpio, puro y prístino. La disputa de sentido, entonces, es hacia adentro y hacia afuera, en los movimientos, desde los movimientos. La práctica social tiene estos dos elementos: los sujetos que emergen quieren participar del Estado y reconstruirlo. Quieren el reconocimiento de la sociedad vigente y construir otra. Es cierto, entonces, que sus ansias democráticas son aún “vagos anhelos”, en el sentido de que no han dado con las formas positivas de su construcción. Son utopía, pero no quimera: construyen su terrenalidad.

51Tras la disputa de sentidos se vislumbra un programa que comienza a surgir desde los excluidos del poder, para confrontarse con un programa que intenta ser mantenido “a toda costa” por los beneficiarios de lo existente. Hoy, este es un proceso que se agudiza en medio de un conflicto acerca del neoliberalismo y de la democracia. Estas dos cosas no pueden separarse: un modelo así necesita una democracia recortada y represiva, no la soberanía del pueblo sino el gobierno de las personas. Un conflicto que viene desarrollándose desde 1981, cuando Hurtado reemplazó en la presidencia al fallecido Jaime Roídos; un conflicto que, con avances y retrocesos, viene perfilándose con más y más claridad desde el Gobierno de Durán Bailen.

52Entonces, la posible alternativa que pueden representar los movimientos sociales debe verse desde dos ángulos: por un lado, las respuestas coyunturales; por otro, la reconstitución de las utopías sociales, del “programa” para la construcción de una sociedad justa, humana, solidaria.

53Creemos, también, que otro aspecto central es que la praxis social ha puesto en cuestión el sentido común dominante en la academia y en la “opinión pública”. Pone en evidencia que la crisis no puede resolverse sin cambios radicales. Puede ser que en estos momentos no resulte viable revocar el mandato del Ejecutivo, del Parlamento, de la Corte Suprema de Justicia. Pero por lo menos está planteado. Una nueva conciencia de un programa diferente, una cultura política distinta, incluso, diríamos, un remezón para las ciencias sociales: estas aún deben encontrase con la acción social. La utopía también se está reconstituyendo, al mismo tiempo en que se reconstituyen las vías para su terrenalización. Y esa es la invitación a las alternativas que nos plantea actualmente la acción colectiva de los movimientos sociales.

Notes

1 Las ideas aquí expuestas están inspiradas, sobre todo, en partes de la obra de Antonio Negri: El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Libertarias Prodhufi, Madrid, 1994.

2 Véase Immanuel Wallerstein: Impensar las ciencias sociales. Límites de ¡os paradigmas decimonónicos, Siglo xxi - UNAM, México, 1998.

Notes de fin

1 CIUDAD/Pontificia Universidad Católica del Ecuador –PUCE-.

Auteur

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