Introducción

1La crisis que vive el país ha desviado momentáneamente la discusión de propuestas que, en algunos casos en forma vaga e imprecisa, se debaten sobre la caducidad o el deterioro del servicio público, la burocratización del Estado y la inequidad en el reparto de rentas. La discusión del proceso de descentralización o autonomías está latente y corre el riesgo de desviarse hacia cuestionamientos al concepto de Nación, en un país como el nuestro, con resentimientos sociales, sesgos de género, etnias, divisiones geográficas y un poco claro sentido de identidad.

2El país necesita, ante todo, adquirir fuerzas, afirmar su personalidad y poner de relieve su identidad. Si no existe un centro político del destino nacional los proyectos regionales se convertirán, en muchos casos, en compromisos de élites predominantes. La región, la provincia, para prosperar, necesitan un referente en el centro, que dote de equidad y justicia distributiva al reparto de recursos.

3La pobreza del Estado y el desorden no pueden soslayarse, ni en la burocratización ni en el deterioro de las instituciones que apuntalan la vida pública. Por otro lado, en el debate para encontrar soluciones debe imperar la sensatez, la reflexión, la objetividad e investigación, ya que ello nos dará la evidencia que pueda contribuir a combatir prejuicios o a comprender ofrecimientos ilusos.

4Hay que discutir sobre la dimensión política de las autonomías, cuyo telón de fondo puede ser un problema de poder entre las élites regionales. Los partidos políticos se han regionalizado; no existe un partido político nacional. Es necesario enfrentar aquello que, prioritariamente, le interesa al pueblo: más que el poder, el servicio eficiente. Para establecer un debate y llevarlo a buen término se debe adquirir plena conciencia y conocimiento de las complejas interacciones entre lo local, lo provincial, lo regional y lo nacional.

5Es necesario contar con una decidida voluntad política nacional para impulsar los procesos de reforma del Estado y una nueva organización territorial, con miras a crear las condiciones para un desarrollo equilibrado y equitativo de las regiones, la atención a las desigualdades económico-sociales de toda la población, y la potenciación de la competitividad internacional de la producción regional, haciendo frente a la globalización.

6Hay que advertir, no obstante, que algunos sectores económicos sin, ningún interés en una transformación político-social del país en beneficio de los intereses de los más pobres, pretenden convertir las muestras de descontento popular en programas de transformación económica, orientados únicamente a consolidar el poder de las élites responsables de la crisis.

7Aún no existe un acuerdo nacional sobre los grandes objetivos en torno a la forma justa y eficiente de gobierno. Asistimos a un proceso de discusión con varios planteamientos, que van desde un impreciso federalismo hasta la reiteración del actual modelo, pasando por varias formas de autonomías regionales. Ante el agotamiento, la inoperancia y el descrédito del Estado centralista, la descentralización aparece como un mecanismo de reforma privilegiada. Es indispensable considerar todas las formas de descentralización y, junto a ellas, una nueva forma democrática de organización y participación de los/las ciudadanos/as en la solución de los problemas locales, regionales y nacionales.

8Vale la pena auspiciar y promocionar las iniciativas y capacidades locales, con la finalidad de propiciar el surgimiento de autonomías eficaces y eficientes en la planificación y gestión del desarrollo local, provincial y regional, en plena armonía con el desarrollo integral del país.

9Es urgente enfrentar un proceso de descentralización de servicios, de responsabilidades administrativas y de rentas, además de fortalecer las instituciones que ya existen, tales como los municipios. Un sistema de autonomías regionales no es, necesariamente, una garantía para mejorar la vida de la gente, que es lo que realmente importa. Con las regiones autónomas existe el riesgo de que se reproduzcan las instancias burocráticas y no se logre la eficiencia.

10Nuestro marco legal da cuenta de antecedentes de incursiones en el problema: la Ley de Modernización del Estado, de octubre de 1992, frente a cuya poca efectividad para profundizar el proceso descentrali-zador se dictó, en marzo de 1997, la Ley de Distribución del 15% a los gobiernos seccionales, y, en octubre de 1997, la Ley de Descentralización del Estado. Ha transcurrido algún tiempo desde la aprobación de estas leyes, pero los intentos descentralizadores en el país han sido tímidos. La Asamblea Constituyente no logró reformas profundas.

11Los acontecimientos ocurridos en marzo del año anterior, provocados por ciertos grupos, han puesto sobre el tapete político los temas del centralismo y la descentralización, planteando en esta ocasión, abiertamente, las autonomías, la regionalización e incluso el federalismo.

12De igual forma, en agosto del año 1999, el Comité Cívico Internacional “Pro Autonomía de Manabí” entregó al Congreso, al Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia su propuesta autonómica, fruto de un proceso llevado a cabo por comisiones y asambleas, conformadas por personalidades políticas, académicas y sociales, representativas de la provincia.

13En la Provincia del Guayas nos avecinamos a un proceso de consulta -propiciado por el grupo “Fuerza Ecuador” e impulsado, en principio, por un partido político (ambos hoy distanciados por defender su autoría)-, frente al cual los ciudadanos se han mantenido indiferentes porque sus resultados no conllevarán a solución alguna frente a problemas de mayor gravedad, que vive el país.

14Todos estos antecedentes obligan a analizar con seriedad los planteamientos en torno a la descentralización, para construir una alternativa sólida y viable respecto a la organización del Estado ecuatoriano.

15Es necesario estimular los centros de debate en universidades, centros culturales, colegios de profesionales, medios de comunicación; en paneles como éste, de donde salgan propuestas que permitan al Ecuador encontrar su verdadera identidad, reconociendo su diversidad, y fundirse en un abrazo solidario que elimine regionalismos y reconcilie a la República, consolidando la unidad nacional.