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El embrollo boliviano

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Jean-Pierre Lavaud

Conclusión

Texte intégral

1Para articular las principales proposiciones explicativas hasta aquí enunciadas, en un modelo de inteligibilidad válido para los 30 años post-revolucionarios, me parece apropiado tomar, como punto de partida, las hipótesis de Merle Kling (1956). Decía Kling que la inestabilidad política latinoamericana es crónica, está acompañada de violencias limitadas y no afecta fundamentalmente a los sistemas económicos, sociales y políticos de los países involucrados. A pesar de la incesante agitación, las fuentes tradicionales del poder económico permanecen relativamente estables y pertenecen a oligarquías locales volcadas, en general, hacia el exterior: tanto en el caso de las tierras como en el de las riquezas del subsuelo y aun de una balbuciante industria. Dicho de otra manera, el entorno económico de los países latinoamericanos es a la vez estable y basically colonial.

2En estas condiciones, es el gobierno mismo la única base “de poder económico cuya posesión es susceptible de variaciones, al contrario de las bases convencionales de este mismo poder” y, a partir de este hecho, la carrera política ofrece un camino notablemente atractivo que permite, a la vez, riquezas, poder y honores. De ahí la fuerte competencia por acceder a las responsabilidades gubernamentales. En suma, la inestabilidad es consecuencia de las contradicciones entre las realidades de una economía “colonial” y las exigencias políticas de la soberanía legal.

3La fuerza de esta proposición radica en el hecho que ésta articula los factores exógenos y endógenos de la inestabilidad y, por lo tanto, ubica a los países en su contexto internacional. También, integra los datos del orden económico, político y social, abarcando así todos los campos de determinación. Finalmente, apunta correctamente hacia los principales responsables de la inestabilidad: los propietarios de los medios de producción, estables, y la móvil clase política.

4Sin embargo, inmediatamente, viene a la mente una objeción. Si bien antes de la revolución de 1952 uno se encuentra ante la situación clásica descrita por Kling, ésto ya no vale para después, cuando los “barones del estaño” son expulsados y los hacendados expropiados: la oligarquía ya no es barrera para los ambiciosos y tampoco es un obstáculo en la competencia económica en el sector privado. ¿No sería apropiado, entonces, cambiar de sistema explicativo?

5Uno se ve tentado a creerlo. Pero, en los hechos, después de la revolución, es todo un desafío el de arriesgarse a realizar inversiones económicas. Las grandes ramas de la economía han sido nacionalizadas, las fuentes de financiamiento son básicamente públicas y, además, los sectores populares se han movilizado. Para enfrenar ese desafío es necesario que uno haya antes logrado autorizaciones y garantías políticas, es decir, que uno esté vinculado con la clase política. Dicho de otra manera, el camino de la fortuna privada permanece estrecho mientras que el del vinculado al poder político se amplía aún más: uno está obligado de transitarlo para enriquecerse o, simplemente, para sobrevivir. Y la clase política que tiene la necesidad de afirmarse ante los contrarrevolucionarios, al remunerar generosamente a sus diversas clientelas, incrementa el parasitismo público. Los cargos político-administrativos constituyen presas tan codiciadas después como antes de la revolución.

6En vista de tal situación, uno se puede preguntar si el primer término de la fórmula de Kling, es decir, si la existencia de una clase propietaria fija, explotadora y ligada al extranjero, no hace otra cosa que tipificar un contexto socio-económico, entre otros, que hace posible la carrera por los cargos públicos. Según Tocqueville, ¿acaso no basta, en efecto, que “las luces permanezcan incompletas o los espíritus límidos, o que el comercio y la industria, frenados en su impulso, no ofrezcan sino medios difíciles y lentos de acumular fortunas” (1981: 307), en un país a la vez democrático y centralizado, para que se desate el frenesí por los cargos públicos?

7En el caso boliviano, no hay que olvidar que el país permanece totalmente dependiente de las exportaciones de minerales para así poder obtener las divisas que requiere para la importación de los productos manufacturados y los alimentarios que necesita; que para enfrentar esa situación, el gobierno, ansioso de lograr el beneplácito de los Estados Unidos —su principal comprador de estaño— se compromete a garantizar la propiedad privada; y que en el país perdura una fracción de la antigua oligarquía, constituida por comerciantes vinculados con la importación y exportación y por los propietarios mineros “medianos”. Rápidamente, gracias a las facilidades otorgadas a las inversiones y a los intercambios privados (Código del Petróleo, la estabilización monetaria de 1956), este núcleo de propietarios de los medios de producción se extiende hacia otros sectores de la economía y tiende a reconstituir un grupo oligopólico ligado, en muchos casos, con el comercio exterior.

8Y, ahí, uno se reencuentra con una situación ciertamente bloqueada, en la que se reconocen dos tipos de posiciones particularmente rentables. Por un lado, tenemos la ligada con algún grupo extranjero, del cual uno es el subcontratista o el representante en el país. Este es el caso de los responsables de las casas de importación y exportación, de algunos bancos, de varios mineros medianos, etcétera. Estos lugares permanecen relativamente fijos y, en parte, sólo en parte, son ajenos a las turbulencias políticas locales (cf. la nacionalización de la Gulf, la ruptura del contrato de explotación de la Mina Matilde, etcétera). Y, dada su naturaleza oligopolística, son de difícil acceso. Por otro lado, hay ciertas posiciones políticas que permiten toda clase de negocios, más o menos turbios, que se realizan bajo el amparo del aparato del Estado, como hemos visto en detalle más adelante. A menudo, estos negocios se realizan con los representantes de los grupos extranjeros; pero, no es ésta una condición sine qua non. Por lo tanto, la política es doblemente atractiva:

  1. porque hay muy pocas posibilidades de enriquecimiento en el sector privado, fuera de los oligopolios extranjeros o ligados a ellos, y que, además, son riesgosas,
  2. porque siempre existe la posibilidad —al menos así se piensa— de un “buen negocio” en los crecientes sectores públicos.

9Vemos, entonces, que es fundamental conservar la distinción propuesta por Kling entre dos clases dirigentes: la de los propietarios privados de los medios de producción y la de los políticos. Sin embargo, el grupo de los propietarios privados no es tan estable y fijo como, a primera vista, sugiere su formulación. En el caso boliviano, este grupo ha sufrido varios reveses, se ha visto amenazado con la desaparición y ha cambiado de composición: básicamente minero antes de la revolución, se convierte después en comercial-financiero. Lo que sí permanece es la situación contextual: una economía exportadora de materias primas (minerales, sobre todo); una economía que los sucesivos gobiernos bolivianos no logran cambiar fundamentalmente y que los pone en una situación de debilidad ante su más importante comprador y provisor: los Estados Unidos.

10Esta primera corrección implica inmediatamente una segunda. Al leer a Kling, uno podría tener la impresión de que los principales actores de la agitación política son, precisamente, los políticos y, secundariamente, los militares cuando no hay más remedio que recurrir a la fuerza para acceder al gobierno. Todo sucede como si habría, por un lado, unos cuantos propietarios seguros y tranquilos, prácticamente invulnerables, y, por otro, legiones de políticos en permanente movimiento. Ya hemos visto que los propietarios pueden ser expropiados. Hay que subrayar una vez más que, directa o indirectamente, son también parte interesada en la competencia política, por intermedio de los políticos o militares. Son parte porque, obviamente, les interesa preservar o incrementar sus bienes —a costa, a menudo, de otros propietarios o, simplemente, de los desposeídos. Y la clase política, a su vez, se encuentra profundamente dividida en dos campos: uno, conservador, promotor de los intereses propietarios, y otro, reformista, muy a menudo preocupado por extender las prerrogativas del Estado en nombre del necesario desarrollo del país. Dicho de otro modo, aquí no importa tanto la distinción analítica entre los propietarios de los medios de producción y la clase política sino la ruptura que existe en el seno mismo de la clase política —incluyendo a la alta administración— entre los políticos ligados al grupo de los propietarios, algunas veces hasta delegados por éstos, y aquéllos que no lo están.

11Como ya se ha mostrado más adelante, la imagen que debemos siempre tener en mente es, entonces, la de unas redes de enriquecimiento, constituidas por propietarios y hombres políticos, que giran constantemente en la bisagra de los sectores público y privado. En torno a ellas, existe una fila de políticos no tan afortunados, ávidos por ser admitidos en una u otra red o lograr constituir otras con algunos amigos y que esperan ansiosamente que se les presente la ocasión.

12En suma, algo que Kling no había imaginado es que, en un contexto de (alta) vulnerabilidad económica —aun si se produce una profunda crisis política y “las bases convencionales del poder” se alteran, bajo la doble presión interna de las redes de enriquecimiento público-privada y de sus homólogos externos, los que también son parte de los sectores público o privado— bien puede reconstituirse una oligarquía que tiende a nuevamente a fijar sus bases económicas y engendrar una situación política en la que, como dice un aforismo francés recogido por el autor, “plus ça change et plus c'est la même chose.

13Hasta aquí, la inestabilidad política se explica, principalmente, por el hecho que el Estado boliviano constituye una presa codiciada por las personas que son parte de las redes de enriquecimiento público-privado, y por las legiones de políticos, porque éste es o el medio de hacer fortuna (o de subsistir) o el medio de preservar la fortuna adquirida, y porque, en el fondo, con o sin razón, cada uno de estos aspirantes a la fortuna y al poder piensa que no hay otro, o más fácil o más seguro, camino. En este sentido, la inestabilidad sería un efecto de agregación, el efecto perverso de una descarnada competencia.

14Existe un otro posible punto de partida, el adoptado por dos economistas, Schvarzer y Sabato (1985: 172-173), para explicar la inestabilidad política argentina. De partida, estos dos autores constatan que la hasta caótica estancación económica y la inestabilidad política —que en la Argentina van mano a mano desde los años 30— no sólo no han empobrecido a los sectores privilegiados de esa economía, los que, pese a todo, ejercen su influencia sobre los gobernantes (por lo menos después de 1955) sino que, al contrario, los han enriquecido aún más. Dada esta constatación, estos autores se preguntan si estos beneficiarios del desorden económico y político no son sus directos responsables.

15Su demostración consiste en caracterizar el modelo de desarrollo argentino para luego sacar las consecuencias políticas. “Una buena parte del proceso económico argentino tiene por punto de partida aquellas condiciones que facilitan la captación de recursos más en los circuitos de circulación que en los de la producción de bienes” y “la preponderancia histórica de los circuitos comerciales y financieros —a través del comercio exterior, el control de los mecanismos de distribución interna ... y la manipulación del dinero— ha impuesto una lógica diferente a la que podemos observar cuando la hegemonía de la producción se combina con la competencia entre las empresas, dándole así una nueva dinámica a la economía.” En consecuencia:

  1. El crecimiento es débil si no nulo por falta de inversiones productivas. De ahí, a la vez, un deterioro en la base de la legitimación política de los gobiernos burgueses y una degradación del clima social que se manifiesta, sobre todo, en una lucha cada vez más encarnizada por la distribución de los ingresos. Los conflictos sólo pueden ser momentáneamente solucionados por medio de la violencia.
  2. La contradicción existente entre un grupo relativamente sólido y homogéneo de oligopolios, aspirante a gobernar, y una sociedad democrática que impone el sufragio universal provoca rápidamente una serie de períodos alternos, donde opera un sistema democrático a largo plazo junto a otros de elecciones parciales, si es que no se impone un gobierno a la fuerza.
  3. El control del gobierno estatal se convierte en un factor fundamental, en la medida que éste fija las condiciones del funcionamiento económico (tasa de cambio, precios, impuestos, derechos aduaneros, etcétera) y, por tanto, permite o prohibe ciertos beneficios; en la medida en que también implica el control del aparato represivo. Las Fuerzas Armadas adquieren una importancia cada vez mayor porque los dirigentes de la economía las necesitan para derrocar a los gobiernos elegidos que les son adversos y para acallar las demandas populares. Pero, progresivamente, estas mismas Fuerzas Armadas se convierten en un nuevo personaje político y, ahí, las opciones de la economía política entran en contradicción con las de la oligarquía (pues participa directamente en la producción de algunos bienes). Procesos que, a la larga, conforman un círculo vicioso: los propietarios recurren a las Fuerzas Armadas, las que a su turno los desplazan aliándose con los sectores populares, o convocando a elecciones y así sucesivamente.
  4. Finalmente, los dirigentes de la economía se dedican a un intenso trabajo de demolición de las organizaciones sociales exacerbando los conflictos y haciendo uso de la represión; desmantelan también el aparato del Estado “de tal forma que resulte cada vez más y más difícil de manipularlo en detrimento suyo,” notablemente, al crear un sistema financiero que transfiere la capacidad de administrar los fondos monetarios hacia el sector privado y los acreedores extranjeros.

16Pero, una divergencia de fondo surge del énfasis con el que estos dos autores argentinos caracterizan la voluntad consciente de desestabilización propia a los oligopolios comerciales y financieros. Ahora, si bien parece apropiado pretender que los núcleos de privilegiados han buscado derrocar los gobiernos que intentaban limitar o normar sus actividades, este hecho no basta para caracterizar todos los tipos de cambios gubernamentales. Más aún, no se entiende porqué, si logran instalarse en el gobierno, habrían de abandonarlo inmediatamente con el pretexto de que así se engendraría una aun mayor inestabilidad, la que resultaría aún más favorable a sus intereses. Esto es evidentemente absurdo y, por lo tanto, no se puede afirmar que la oligarquía causa la inestabilidad política. Por otra parte, Schvarzer y Sábato se ven obligados a introducir otros actores en esta competencia política, las capas populares que deben ser “desorganizadas” y reprimidas, y las Fuerzas Armadas que se constituyen en un actor político aparte. Dicho de otra manera, la responsabilidad de la oligarquía en la inestabilidad política no se comprende si no se la encuadra dentro del conflicto general que la opone a los otros sectores sociales organizados y a la clase política. Lo que quiere decir que, aun si uno le concede una particular importancia a la oligarquía, de todas maneras, la inestabilidad es el resultado de una encarnizada competencia por la ocupación del aparato del estado y, en consecuencia, de ahí los efectos de agregación.

17A continuación, resumamos los principales aportes del análisis de Kling, Schvarzer y Sábato, que constituyen el núcleo de la explicación de la inestabilidad.

  1. En un país con Constitución democrática, donde la categoría de los propietarios de los medios de producción constituye un conjunto relativamente fijo, volcado hacia el exterior o dependiente de él, la política constituye la vía privilegiada de la ascensión social, sino la única; de ahí una activa competencia por los “empleos” políticos.
  2. La nacionalización de las fuentes esenciales de la riqueza nacional y la reforma agraria, al alterar las bases del poder económico, puede también estimular “la industria de los cargos públicos,” multiplicando los cargos, si no logra crear un espíritu competitivo el seno del sector privado y, sobre todo, una tendencia hacia la industrialización; por otra parte, en un contexto general de economía exportadora dependiente, pueden surgir nuevos oligopolios en base a los antiguos, con la complicidad de una parte de la clase política, y engendrar así una neo-oligarquía. En suma, las vicisitudes experimentadas por las categorías propietarias no implican necesariamente una menor atracción por los puestos públicos y tampoco abren necesariamente las vías hacia el logro de riquezas privadas.
  3. Un tipo de categoría propietaria se muestra particularmente interesada en el control del aparato del Estado: la categoría de los comerciantes importadores-exportadores y los financieros, en general, los que, al obtener sus beneficios gracias a los intercambios con el exterior, buscan evitar a como dé lugar todo tipo de legislación adversa. La competencia se encuentra así una vez más acrecentada.

18En torno a este nudo explicativo inicial pueden ahora articularse tanto los factores exógenos de la inestabilidad, que provienen principalmente de la influencia de los Estados Unidos (que no reiteraré en estas conclusiones), como los endógenos que permiten tipificar el caso boliviano.

19En el país mismo, la politización fruto de la industria de los puestos públicos no se limita a las categorías dominantes, pertinente al conjunto de la sociedad. Por eso, siguiendo a Samuel Huntington, se puede calificar a Bolivia como una sociedad pretoriana de masas, es decir, ahí no sólo están politizadas las Fuerzas Armadas sino también las universidades, los sindicatos, la clerecía... En un tal contexto, cada uno de estos sectores utiliza los medios de presión disponibles a su alcance para lograr imponer su causa: “los ricos subordinan, los estudiantes se amotinan, los obreros entran en huelga, las multitudes realizan manifestaciones y los militares dan golpes de estado” (Huntington 1968: 179). Las revindicaciones presentadas a los gobiernos se apoyan en mecanismos de violencia civil e intervenciones militares, a tal punto que se puede decir que el uso de la violencia es una norma. Es lógico entonces que cada grupo de interés organizado busque dotarse de una fuerza armada. Este es el caso de la Bolivia de los años 50, donde coexisten milicias obreras, campesinas y partisanas, un ejército y varias fuerzas policiales. La tendencia a la movilización miliciana ha subsistido aun después de que los militares lograran desarmar a las milicias más activas y evidentes, porque nunca fueron capaces de legitimar su toma del poder ante la opinión pública, tampoco lograron oficiar de árbitros entre los sectores sociales y, finalmente, porque, muy a menudo, abusaron de la represión.

20Este tipo de movilización hace que el partido político sea extremamente vulnerable, todo grupo profesional que lo sustenta sólo lo hace para defender sus intereses sectoriales y lo deja o se torna opositor si no se siente satisfecho. El sector prima sobre el partido y el líder sectorial es más respetado que el jefe de partido. Si, además, el libre juego de los partidos se ve impedido por la serie de golpes de estado, ningún partido logra implantarse continua y durablemente, en cambio, la organización sectorial permanece aun si padece con la represión; y, a veces, hasta gana prestigio.

21Finalmente, una última precisión, necesaria para caracterizar la situación boliviana: la movilización sectorial y miliciana operan en una sociedad en la que el conjunto de las relaciones sociales y políticas operan fuertemente signadas por prácticas clientelísticas. Los partidos, entonces, toman la forma de pirámides: un gran patrón en la cumbre, luego, los jefes intermediarios de este patrón, los que, a su vez, disponen de una cohorte de clientes propios. Puesto que la relación clientelar es personalizada, ésta sirve, sobre todo, para unir a los adherentes de las capas medias urbanas. Pero también permite la articulación de los sectores con el líder político por intermedio del dirigente sectorial. En efecto, en muchos casos, es necesario y suficiente que dos hombres logren un acuerdo para que todo un sector se incline hacia la órbita de un partido. Esta es la política del MNR en relación a los sindicatos; una política de economía, pues basta conquistar al dirigente para contar con las tropas; pero, una política también, en parte, impuesta por la movilización sectorial. El partido gobernante retribuye a sus clientes con puestos gubernamentales o con fondos suplementarios y con medios materiales diversos que se distribuyen, sobre todo, en medio del sector, en cascada, desde la cima a la sima. Puesto que los recursos no pueden extenderse al infinito y como los clientes potenciales tienden a multiplicarse, este tipo de procedimiento encuentra rápidamente sus límites. El MNR sufrió ese shock, efecto de sus generosidades, bajo la forma de la desafección de los sectores obreros. Si no sucedió lo mismo con los campesinos, esto obedece, en parte, a una doble razón: la promoción de los dirigentes sindicales campesinos a los puestos de administración territorial (jueces, notarios, corregidores, etc.) y la lentísima legitimación de los títulos de propiedad; en suma: debido a la posibilidad de retribuirles durante mucho tiempo con favores no monetarios o no muy costosos para el erario público.

22En tanto que el conjunto del partido se alinee detrás de Paz Estenssoro, que los sectores se vinculen al partido y que, al mismo tiempo, sólo exista un único frente de oposición política, el ocupado por los falangistas, el clientelismo o, más exactamente, el patronato político, favorece a la estabilidad gubernamental.

23Pero este frágil equilibrio no dura mucho tiempo. Fue roto por la pugna interna entre los jefes del MNR, la que se desata a fines del primer mandato de Paz Estenssoro. Para asegurar su dominio sobre el partido y los sectores con él articulados, el nuevo presidente, Siles Suazo, impulsa la creación de unidades fieles al interior del MNR. Si bien las unidades gubernamentales logran el apoyo de algunos sectores y de las milicias que les son afines, otros sectores, que escapan a su control, se vuelcan en su contra. En estas condiciones, el clientelismo no basta para asegurar la estabilidad y, además, tiende a instaurar un círculo vicioso de presiones recíprocas entre los gobiernos y todos los grupos de interés organizados (sectores, partidos, unidades partisanas, comités cívicos, entidades públicas...), lo que incrementa la inseguridad civil y conduce a la inestabilidad general, tanto social como política. Por un lado, el gobierno exige pruebas de lealtad a los grupos de interés, caso contrario, los castiga o reprime, y, por el otro lado, los grupos de interés organizados, ya sea para defenderse o con la esperanza de obtener rápidamente beneficios, ejercen reiteradas presiones, más o menos violentas, sobre las instancias gubernamentales (peticiones, manifestaciones, huelgas, demostraciones armadas, asesinatos).

24En un tal clima de inseguridad, si el gobierno pierde el apoyo de los sectores populares mayoritarios y de sus milicias, o, si no logra movilizarlos suficientemente en su apoyo, salvo algunas clientelas políticas poco numerosas, no le queda otro apoyo que el de las Fuerzas Armadas. Esto les otorga una importancia considerable en el juego político, tanto más considerable en un contexto de movilización miliciana, donde los enfrentamientos toman la forma de violentos combates y donde son las mejor organizadas las que, en última instancia, imponen su capacidad bélica. No es una sorpresa, entonces, que las Fuerzas Armadas bolivianas, reestructuradas y reforzadas gracias a la ayuda norteamericana, se conviertan progresivamente en el sector mejor organizado del país y, en un momento dado, tomen el poder para sí mismas.

25A este primer gran eje conflictivo, se le añade un segundo, clásico en el conjunto de los países latinoamericanos: el de los conflictos cívicos regionales, que, en Bolivia, toma la forma de una oposición entre Santa Cruz y La Paz. Una fracción dirigente local, en vía de rápido enriquecimiento, logra unir a la población entera en contra del centro, acusándolo de frenar el desarrollo regional. La movilización cívica es muy distinta de la sectorial; atraviesa todas las capas sociales y vincula a los patrones cruceños con los sectores populares. Puede considerarse como una movilización inversa a la de los mineros pues, en el fondo, es la única que alinea a los sectores populares detrás de los patrones, los que por otra parte se encuentran en la vanguardia del combate por el liberalismo y en contra de la reglamentación centralizada. En 1970, efectivamente, el patronato cruceño, que arrastra tras sí al patronato nacional y a la fracción liberal-represiva de las Fuerzas Armadas, logra expulsar del gobierno a la fracción nacionalista y permisiva de éstas, a la aliada con los mineros. Pero si los militares, sean éstos de derecha, intentan de un modo u otro controlar la región, ésta se volcará contra ellos como, en efecto, sucede en 1981 y 1982, operando, esta vez, si no aliada a los mineros, por lo menos, en complicidad con ellos.

26Finalmente, lo que constituye la especificidad boliviana es, entonces, el hecho que la competencia por la ocupación del aparato del Estado no se restringe a los dominantes. Incluye también a los trabajadores mineros que poseen una capacidad excepcional de movilización y arrastran tras sí a otros sectores populares. Incluye, además, a los habitantes de Santa Cruz, organizados, desde ya, para defender su región pero que, además, sus posibilidades de convocatoria van más allá del marco estrictamente local. Estos dos tipos de agentes son tanto más peligrosos para los gobernantes de turno en la medida que se movilizan bajo esquemas milicianos.

27Intentemos, a continuación, poner a prueba las hipótesis precedentes para explicar la situación política posterior al año de 1982. Es fundamental, en efecto, tratar de comprender porque, después de esta época, la inestabilidad crónica se ha visto reemplazada por una sorprendente continuidad institucional; porque, por la primera vez desde 1952 —y aun desde la fundación de la República—, el tránsito pacífico y ordenado de un gobierno a otro de distinta tendencia ideológica ha ocurrido dos veces, en 1985 y en 1989.

28De 1982 a 1985, Siles Suazo ha presido el país a la cabeza de una coalición de izquierda que había ganado las elecciones de 1980, pero que no había gobernar por causa del golpe de estado de García Meza. En 1985, Paz Estenssoro resulta elegido a la presidencia, a la cabeza de un grupo de gente de centro derecha. En 1989, Paz Zamora, a la cabeza de un MIR cada vez más y más moderado, accede, a su turno, a la presidencia.

29De partida, caractericemos brevemente al gobierno más notable durante este período de apertura democrática: el de Paz Estenssoro. Se trata, simplemente, del gobierno de la neo-oligarquía, de una neo-oligarquía que ha triunfado. La mayoría de los hombres políticos relevantes no son hombres políticos tradicionales sino, más bien, representantes directos de los intereses privados, propietarios o accionistas de importantes negocios o responsables de asociaciones patronales. ¿Cómo ha sido posible esta su victoria?

30Primer tiempo: 1982. Los militares se desprestigian totalmente por causa de García Meza. Disparan sus últimos cartuchos. La opinión publica se vuelve tercamente antimilitarista; también los patrones, notablemente los de Santa Cruz. En el seno de la institución militar, se impone el lado de los constitucionalistas y el poder pasa a mano de los civiles.

31Segundo tiempo: de 1982 a 1985. La toca el turno de desprestigiarse a la izquierda política. La coalición dirigida por Siles Suazo pierde rápidamente su lado dinámico: el MIR abandona el gabinete ministerial. Además, con minoría parlamentaria, el gobierno no puede gobernar sin impedimentos y es incapaz de enfrentar el profundo deterioro económico del país, fruto de la conjunción de una grave crisis nacional y de la crisis internacional, cuya manifestación más espectacular es la hiperinflación. Debe, una vez más, enfrentar a los sindicatos, poco dispuestos a colaborar con el gobierno e interesados en imponer sus propias soluciones políticas. La debilidad del gobierno es tal que, en setiembre de 1983, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia ocupa la COMIBOL, con la intención de administrarla bajo una “cogestión mayoritaria” y, al mismo tiempo, otros sindicatos buscan también cogestionar sus respectivas empresas públicas. Más tarde, a su vez, los sindicatos también se descomponen. Por un lado, el juego democrático abierto permite no sólo revelar las oposiciones políticas entre los dirigentes sindicales sino también contribuye a agudizarlas. Por otra parte, la cogestión de COMIBOL contribuye a crear conflictos entre los sindicatos cogestionarios y los demás, sobre todo porque sucede en un coyuntura adversa, cuando la empresa se encuentra fuertemente endeudada y trabaja a pérdida. Finalmente, el “maestro” Lechín, envejecido, comete múltiples errores y pierde también su tradicional autoridad y prestigio en un momento en el que los sindicatos precisaban de un vigoroso y riguroso dirigente.

32En suma, con los dos antagonistas de primer plano, las Fuerzas Armadas y los sindicatos mineros, muy disminuidos y con la izquierda política debilitada al extremo, las puertas del poder se encuentran abiertas para los partidos políticos de derecha.

33Y entonces, tercer tiempo, la derecha triunfa en las elecciones de 1985. La ADN de Bánzer obtiene el 29 % de los votos, el MNR de Paz el 26 %, en tanto que el primer partido de la dispersa izquierda, el MIR, sólo logra un 9 % —y, ahora, se trata de un MIR reagrupado en torno a sólo uno de sus dirigentes históricos, Jaime Paz Zamora, un MIR amputado de dos de sus fracciones de izquierda y decido al compromiso electoral. A sus 79 años, Paz Estenssoro es elegido Presidente por cuarta vez y por voto en el Congreso, gracias a los representantes del MIR, quienes buscan así evitar, como sea, el retorno de Bánzer al gobierno.

34Las decisiones gubernamentales del nuevo Presidente rompen brutalmente con las del gobierno previo. Por un lado, se entorna de un equipo ministerial compuesto casi en su totalidad por representantes directos de los intereses privados dominantes, y, por otro lado, en el Congreso, se alía con Bánzer a partir de octubre de 1985. La desaparición de los mineros y los militares deja el campo libre para una neo-oligarquía; una neo-oligarquía que triunfa —y esto no deja de ser toda una paradoja— gracias al ejercicio del sufragio universal; un medio indirecto, es cierto, pues las promesas del candidato Paz Estenssoro no dejaban prever un cambio tan radical. A partir del 29 de agosto, el gobierno decreta una Nueva Política Económica (NPE) nacional, anti-inflacionaria, por una parte, y, por otra, en franca ruptura con el modelo de acumulación basado en el capitalismo de estado instaurado en 1952 y vigente, pese a las diversas administraciones, a lo largo de todos esos años. Esta NPE consiste, sobre todo, en una liberalización de los mercados monetarios, del crédito, del comercio exterior y del trabajo; al mismo tiempo, se congelan los salarios, el peso se devalúa y se lo decreta flotante y aumenta el precio de los carburantes. También, en parte, las empresas públicas se cierran o descentralizan y se despide hasta un 10 % de los empleados del sector público.

35En lo que al presupuesto del Estado, la inflación y el mercado de cambios se refiere, esta política resulta todo un éxito. Pero, la recesión se acentúa: entre 1981 y 1986, la producción minera disminuye en un 60 % y la producción manufacturera en 40 %. De todas maneras, lo más importante de esta política se traduce en la disminución en la oferta y demanda de los cargos públicos y, por otra parte, en el desmantelamiento de COMIBOL. Las empresas más rentables de la ex Corporación son repartidas en siete establecimientos regionales, las otras son alquiladas o cedidas a cooperativas de obreros. En 1988, sus efectivos no representan sino una quinta parte de los de 1985. La oposición de los mineros, considerablemente debilitada y obligada sólo a defenderse, ya no significa ningún gran peligro para los gobernantes —en agosto de 1986, la marcha de 12.000 trabajadores desde Oruro hacia La Paz fue su “canto del cisne.” En cambio, el boom de la cocaína y de todos otros los tráficos vinculados con esta droga producen el espejismo de un éxito económico rápido y posible para todos los bolivianos y de todos los orígenes sociales. La caída en la oferta de cargos públicos se ve acompañada, entonces, por una creciente oferta de soluciones privadas —reales o imaginarias. La Veta Blanca de la coca reemplaza a El Dorado de la mina.

36Finalmente, entonces, en un contexto donde el Estado ya no aparece como una gran mama nutriente y donde muchos ambicionan algunos pedazos de la riqueza engendrada por el tráfico de drogas, la neo-oligarquía logra imponerse, relativamente sólida, al frente del país y eliminar a la oposición de los mineros sindicalizados, débil y desatendida. Tanto que ya no hay contradicción entre gobierno oligárquico y democracia. Se trata, de todas maneras, de una democracia “forzada”: el gobierno de Paz Estenssoro tuvo que recurrir dos veces al estado de sitio para lograr aplicar su nueva política económica.

37¿En qué medida pueden subsistir las condiciones que permitieron la adopción y aprendizaje de la vía constitucional? ¿Es la actual experiencia constitucional un buen terreno democrático?

38La segunda transición presidencial después de 1982 se produce en agosto del 89. El representante del MNR, Sánchez de Losada, uno de los principales artífices de la NPE, logra la primera posición con el 23 % de los votos, seguido de cerca por Bánzer con 22.6 %; luego viene Paz Zamora con 19.6 %. Por su parte, la Izquierda Unida sólo logra 9.7 % de los votos. La sorpresa viene de una nueva formación política, Conciencia de Patria (CONDEPA), que recibe 11 % de los votos a escala nacional, gracias a un inaudito resultado en el departamento de La Paz. Finalmente, las ahora envenenadas relaciones entre los socios gobernantes de ayer, hacen que el Congreso elija a Paz Zamora como presidente de la República, con el apoyo de CONDEPAy de Bánzer. Un apoyo muy costoso, desde ya: la ADN obtiene numerosos ministerios y, entre ellos, el de finanzas. En consecuencia, la neo-oligarquía no ha perdido su lugar y, a primera vista, este gobierno podría hasta confundirse con el previo, salvo que, aquí, el MIR reemplaza al MNR.

39Esta primera impresión se ratifica en los resultados del escrutinio electoral. En efecto, globalmente, muestran que la derecha sigue bastante bien a pesar de la purga que llevó a cabo en la administración del país; tanto que el MIR había ya anunciado su adhesión a la NPE. La izquierda, aunque algo avanza en relación a 1985, obtiene un resultado mediocre; una parte de los descontentos con ella se desplaza hacia CONDEPA, partido que tiene como base a una población menesterosa cuya sobrevivencia cotidiana es su principal preocupación. El “compadre” Palenque, locutor de radio y de televisión, dirige ese partido. Durante 20 años, Palenque ofreció a los paceños de origen popular una tribuna pública en la que ellos pueden no sólo expresarse en su propia jerga, la de los “cholos” paceños, sino también pedir y encontrar apoyo para resolver algunos de sus problemas; supo capitalizar, a la vez, sus necesidades de sobrevivencia y reconocimiento, y, así, tejió una red de relaciones de reciprocidad a través del intercambio mutuo de servicios.

40En las elecciones municipales de diciembre de 1989, los condepistas alcanzaron un nuevo éxito (17 % de los votos) y apareció un otro partido populista, la Unión Cívica de Solidaridad (UCS), que obtiene el 15 %. La UCS dirigido por un industrial célebre por sus buenas obras. La posición de los partidos gobernantes es, pues, frágil, más aún ahora que sus opositores no se limitan a votar sino que cuentan con tribunas de mediación.

41A esta protesta populista, hay que añadirle la de los sindicatos que vuelven a movilizarse: uno tras de otros, los mineros de lo que todavía resta de la COMIBOL —habrían logrado impedir, parece, su total desmantelamiento—, los obreros, los maestros y, finalmente, la COB en pleno manifestaron sus revindicaciones, desde setiembre hasta noviembre en 1989. El conflicto más duro, desatado por los maestros que exigían un aumentos salarial, se transformó en una huelga de hambre que llegó a incluir hasta a 4.000 personas. Asediado, el gobierno debió recurrir al estado de sitio e hizo arrestar a centenas de huelguistas. Así, las dos expresiones más notables de la oposición gubernamental se encontraron en las calles lanzando gritos de muerte contra la oligarquía.

42La consolidación de la NPE se hace cada vez más problemática. En efecto, a largo plazo, la orientación neoliberal necesita un gobierno unido y fuerte. Desde ese punto de vista, la ruptura de la alianza MNR-ADN no ha sido una peripecia sin importancia. Si, a pesar de todo, el gobierno mantiene ese rumbo, se verá sin duda obligado a multiplicar las medidas de excepción, poniendo en peligro el régimen constitucional. Si, al contrario, enfrenta esta actual oposición intentado incorporarla en el gobierno por medio de algunos de sus representantes o accediendo a algunas de sus revindicaciones —¡suponiendo que le fuera posible!—, la NPE tendría que ser abandonada; y, entonces, tanto el futuro económico como el político se tornarían inciertos.

43Finalmente, en lo que al porvenir democrático del país concierne, la reaparición de hombres providenciales con clientela no es un buen augurio. Pues, a pesar del sorpresivo y espectacular retorno a las formas constitucionales de gobierno, el débil tejido industrial del país está prácticamente destrozado, la cocaína gangrena el país, la red educativa se encuentra perturbada; en suma, el terreno social boliviano parece poco propicio para el florecimiento de las virtudes democráticas caras a Montesquieu y Tocqueville.

© Institut français d’études andines, 1998

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