Version classiqueVersion mobile

El embrollo boliviano

 | 
Jean-Pierre Lavaud

Segunda parte. Los agentes de la inestabilidad

Capitulo cuatro. La Neo-Oligarquía

Texte intégral

Los dirigentes del sector privado

  • 1 Cf., al respecto, el capítulo “Víctor Paz Estenssoro, ideólogo frustrado de la burguesía industria (...)

1No bien instalado en el gobierno, el MNR busca fortalecer la industria y promover una verdadera burguesía industrial. Según Armando Canelas, Víctor Paz Estenssoro es también el político que, con mayor lucidez, vincula el desarrollo económico de Bolivia con el fortalecimiento de la burguesía industrial.1

2En esa época, la industria boliviana importa casi la mitad de las materias primas necesarias en la producción y la casi la totalidad de su capital fijo. Como existe un control de cambios, y las divisas se venden a montos distintos de acuerdo a los productos de la importación, la concesión de divisas ofrece un buen indicador de la voluntad industrializante del gobierno revolucionario. De 1953 a 1956, según Ramos, la burguesía importadora recibe 110 millones de dólares para financiar sus operaciones y la industrial 64 millones; si, además, tenemos en cuenta el valor de cambio preferencial (190 bolivianos por dólar), cuando el “libre cambio” llega hasta los 12.000 bolivianos por dólar al finalizar el período, se comprende cómo y en qué medida el nuevo poder revolucionario financia las burguesías importadora e industrial (Ramos 1983: 173). En consecuencia, la industria nacional experimenta un salto que se traduce en un aumento del 15% de la producción industrial entre 1953 y 1955, y, además, el número de empresas industriales registradas en la Dirección Nacional de Estadística aumenta de 1.109 en 1950 a 1.682 en 1956.

  • 2 A fines de 1955, el Banco Central suspende sus créditos de financiamiento a la industria, alegando (...)

3Pero estas cifran son, en realidad, engañosas. Las características generales de la industria boliviana no cambian: continúa fabricando bienes de consumo, utilizando sólo parcialmente sus capacidades de producción y produciendo a costos elevados... Y el capital fijo sólo aumenta en un 5% entre 1952 y 1956. ¿Por qué? Principalmente, porque cerca del 40% de las divisas otorgadas a los industriales se utiliza para especular en el libre mercado o se depositan en el exterior.2 Además, parte de las materias primas y maquinaria importadas es inmediatamente re-exportada a los países limítrofes. Dicho de otra manera, ante el desafío de constituir una verdadera industria nacional, la incipiente burguesía existente responde con la fuga de capitales, la especulación y el consumo ostentatorio. El MNR desea industriales, multiplica negociantes.

4De hecho, estos comerciantes-industriales, cuyo núcleo encarna los restos de la antigua oligarquía, viven atemorizados con la Reforma Agraria y la vigencia del Sufragio Universal, que resienten como la negación misma del orden burgués. Y la situación les parece tanto más intolerable cuando los obreros obtienen una serie de ventajas, tanto que resulta prácticamente imposible despedirlos. Además, dada la facilidad del tráfico de divisas y del contrabando, la conducta general que adoptan les parece totalmente lógica y racional: ¿para qué pasarse el trabajo de invertir si, por medio de un simple manipuleo de documentos o astucias comerciales, se puede ganar más dinero y más rápidamente, sin grandes esfuerzos ni mayores riesgos?

5Cuando, en 1956, el gobierno toma severas medidas económicas y restablece, a la vez, la libertad de cambio y de comercio, el frágil edificio industrial se desploma. De los 1.682 establecimientos industriales registrados en 1956 sólo sobreviven 898 y los 25.367 empleados industriales se reducen a 15.379. Será sólo recién en 1966 que el valor de la producción industrial alcance y supere a la de 1955. En esta época, indudablemente, la economía boliviana vuelve a gozar de buena salud, pero, pese a los buenos resultados globales, el economista Richard Thorn destaca que “aun la actitud extremamente favorable de la administración barrientista en lo que a los negocios y finanzas se refiere no fue suficiente para mostrar ningún incremento significativo en la inversión industrial” (1971: 159).

  • 3 Además, “la carga fiscal al sector privado disminuye bruscamente del 77 al 11%, entre 1972 y 1974, (...)

6En los años 70, las condiciones sociales y políticas no son más las de los años 50; la represión garantiza el orden público; la economía boliviana atraviesa por un fasto período: debido al alza de los precios de venta de los hidrocarburos y los metales no ferrosos en el mercado mundial, la balanza comercial es altamente exedentaria. Además, los petrodólares no buscan otra cosa que invertirse en el país. Entonces, el gobierno de Bánzer facilita las inversiones por medio de un conjunto de leyes que consisten en créditos preferenciales, reducción de impuestos y protecciones aduaneras. Una buena parte del ahorro interno, en notable crecimiento (en 1975, el total de los depósitos públicos alcanza un 35.3% y, en 1976,64%), se destina en beneficio del sector privado y, sobre todo, de la industria: en pesos de la época, el monto de los créditos que les son otorgados aumenta en un 39% por año, entre 1970 y 1979.3 Con todo, esta política de créditos fáciles no desemboca en un acelerado desarrollo del sector industrial. Cierto, durante todo el decenio, la tasa media de crecimiento de la producción industrial es de 5.4% (7% entre 1970 y 1976 y 3% entre 1976 y 1980). Pero, es también ligeramente inferior a la de los años 60 y, para Rolando Morales, “la débil respuesta del sector privado a la increíble expansión del crédito en su favor ilustra de manera elocuente tanto la escasa iniciativa industrial como la ineficiencia productiva del sector” (1982).

7Para fines del decenio, la configuración interna de la industria boliviana acaba siendo, grosso modo, la de siempre. En 1976-1977, 84% de los establecimientos cuentan con menos de 25 obreros; 3% tienen entre 100 y 499 empleados, y menos del 0.4% ocupan a más de 500. El 35% de la producción corresponde a productos alimentarios y bebidas, 24% a productos textiles y 23.4% a los productos químicos derivados del petróleo. El único auténtico cambio es el relativo al nacimiento de la industria metálica (52% de crecimiento anual entre 1970 y 1979). Esto se debe, sobre todo, a la inauguración de las fundaciones de estaño de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), una empresa estatal; también, en parte, el Estado financia la fabricación de productos metálicos (20% de crecimiento anual), notablemente, el ensamblado de automóviles.

8La producción industrial de un sector dado tiende a ser dominada por una o pocas firmas (textiles: Said; bebidas: Cervecería Boliviana Nacional; calzados: Manaco, raro ejemplo, dicho sea de paso, de una empresa industrial completamente extranjera). Esta estructura oligopolista no estimula la formación de nuevas empresas y, al mismo tiempo, también colabora a la inercia de las industrias locales tradicionales, las que, carentes de competencia, pueden sobrevivir sin necesidad de modernizarse verdaderamente.

9En el espacio de una treintena de años, el país no ha logrado, en realidad, forjarse un verdadero tejido industrial. La industria vive, sobrevive, muy frecuentemente, protegida por las diversas facilidades que le otorgan los sucesivos gobiernos. Por lo tanto, es inútil buscar una burguesía industrial en Bolivia; simplemente: no existe. Estos pseudoburgueses son protegidos perpetuos, cuyas revindicaciones revelan una especie de mendicidad crónica. Y, la burguesía industrial “inencontrable” despliega la mayor parte de sus energías en el esfuerzo de desviar, canalizar, hacia sí la mayor cantidad de dinero posible: la industria le sirve de pretexto, pero parece que su principal preocupación no es, precisamente, la de producir.

10A la inversa, las grandes casas comerciales de importación han incrementado notablemente sus actividades e influencia. Cinco entre ellas, ya existentes antes de 1952, sucursales de multinacionales o propiedad de inmigrantes en contacto con los mercados internacionales, con derechos exclusivos de distribución para los productos que representan, dominan, de lejos, el mercado nacional de importación. No han cesado de marcar con sus rasgos el conjunto de las categorías dirigentes y de imponer una mentalidad más comercial que industrial (cf. Eckstein y Hagopian 1993).

11Pero, sigamos explorando el sector privado de la economía. Tres otros grupos llaman la atención, los que, a la inversa de la industria, surgen después de 1952 y tienen un papel cada vez más importante tanto en la vida económica como política del país. El primero es el de la minería privada, denominada “mediana,” el segundo es el de la agroindustria oriental —ya estudiado— y el tercero es el de las finanzas en el sector bancario, y los seguros.

12A partir de los años 60, los extractores mineros del sector privado, agrupados en la Asociación de Mineros Medianos, constituyen, sin duda alguna, una de las categorías dirigentes más dinámicas del país. En efecto, si su parte relativa en la producción de minerales oscila de 10% a 19% entre 1949 y 1959, asciende a 30% y aún más entre 1960 y 1970 (36% en 1970).

  • 4 Se autoriza a 13 compañías privadas y 45 cooperativas a que trabajen en minas de la compañía, y se (...)

13¿Por qué la minería mediana, tan rápidamente, logra un tal impulso? Sin duda alguna, gracias a las políticas gubernamentales de este período: el Plan Triangular implementado durante la segunda presidencia de Paz Estenssoro, en primer lugar, y, luego, las decisiones de Barrientos quien desnacionaliza, en parte, la COMIBOL.4 Pero, si bien el saldo de la minería mediana es netamente positivo, esto también se debe a que las minas medianas privadas no tuvieron que indemnizar la nacionalización, financiar las universidades o alimentar clandestinamente al gobierno boliviano. Tampoco están obligadas a trabajar en minas prácticamente agotadas o financiar costosos experimentos metalúrgicos... Poco interesadas en la legislación vigente y poco controladas por los sindicatos, produjeron minerales con menores costos.

14¿Quiénes son, pues, los mineros medianos? Sergio Almaraz Paz, con talento, ofrece un sugestivo retrato de estos empresarios: “Los medianos lanzados en una carrera expectacular representan esencialmente intereses extranjeros. Su apetito es contagioso. Se organizan nuevas compañías que fácilmente encuentran respaldo financiero. [...] Los nuevos recién llegados y los medianos tradicionales, como Grace y Fabulosa, tienen relaciones y una especie de frente único que se mantiene operante mientras no disputen la misma presa. Disponen de abogados y gestores, gerentes y ex-gerentes de la minería, en USAID, Corporación Minera de Bolivia, Banco Minero, la prensa y, por lo que toca a Roberto Arce, hasta en Naciones Unidas. Por lo demás, no les falta dinero. [...] Si no son préstamos oficiales (BID, USAID, etc.), son bancos o consorcios que buscan alianzas con productores locales” (1969: 96; cf.. todo el Cap. VII).

15En realidad, es difícil discernir el entrevero de relaciones entre la minería mediana y los interés extranjeros a los que alude Almaraz Paz. De hecho, hasta 1974, el grupo norteamericano Grace es propietario de tres de las principales minas medianas (Avicaya, ESTALSA e International Mining), las que, por sí solas, extraían el 50% del estaño y el 85% del wolfram producidos por la minería mediana. La Compañía Minera del Sur que la sigue en importancia (y que ha adquirido La Fabulosa) también cuenta con capitales norteamericanos y panameños (38% de las acciones pertenecen al Fist National City Bank). Es la segunda productora de estaño del grupo y la segunda productora de zinc. A otras empresas como Churquini (filial de la Anschutz Mining Corporation, Estados Unidos), productora de antimonio, o la Nitto (interese japoneses), productora de estaño, se las califica directamente como extranjeras (De la Cueva 1983: 181). Pero no faltan empresas bolivianas, entre las cuales, la más importante, la Empresa Minera Unificada (EMUSA), es la principal productora de antimonio.

16En 1974, las acciones de la Grace pasan a manos de un grupo privado boliviano, dirigido por Guillermo Gutiérrez Vega, ex-colaborador del “barón” Aramayo. En el nuevo grupo ESTALSA, los capitales bolivianos son, desde entonces, mayoritarios; se completan con capitales canadienses y suizos. Sin embargo, si bien los propietarios han cambiado, los mercados, la tecnología, las fuentes de financiamiento, las líneas de importación siguen siendo las mismas y el “imperio” de la Grace, aunque cambia de nombre, lejos de disolverse, más bien, se consolida.

17Al igual que las otras categorías dirigentes, la categoría de los propietarios medianos tiende hacia el oligopolio, pues los tres grupos principales (ESTALSA, EMUSA y COMSUR) producen el 44% del estaño, 92% del wolfram, 88% del zinc, 67% del antimonio y 40% del bismuto extraídos por el sector privado (cf. Eckstein y Hagopian 1983).

18Otra característica de los principales accionistas de las minas bolivianas es que han diversificado enormemente sus actividades. Sin duda alguna, la Grace es la más importante empresa de importación, sobre todo, de equipamiento para la explotación minera; comercializa minerales y es accionista de varios bancos (Banco Industrial, Banco Boliviano Americano, Banco Hipotecario Nacional, Banco de Inversión Boliviano), de diversas compañías de seguros y posee empresas industriales y sociedades agrícolas (alrededor de cincuenta empresas). Además de las minas, EMUSA participa en 32 empresas; su negocio más rentable es el Banco Hipotecario Nacional. COMSUR importa equipamiento minero, etcétera. Hay que añadir que estos diversos grupos tienen intereses comunes. Conjuntamente, Grace y EMUSA poseen acciones del Banco Hipotecario Nacional, controlan las Industrias Alimenticias Savoy S.A. y también son accionistas de SOFOCAN (Sociedad de Fomento Ganadero). Igualmente, Grace y COMSUR tienen intereses comunes a través del First National Bank.

19Parece que el eje más sólido por medio del cual se articulan las otras, eventuales, actividades sería aquél que vincula el comercio de importación-exportación con la actividad minera. Cada uno de los grandes grupos mineros cuenta con su propia casa de importación-exportación: Grace y PEMSA, EMUSA y Rica-Sur, COMSUR y MINE SA. Pero este esquema también vale para otras: la empresa Barrosquilla y la casa Hansa, la empresa Pabón y la casa Gundlach, las empresas Dowa Mining Co. Ltda. y Ochia y Hermanos y la casa Kanematsu Gosho Ltda.... Inmediatamente después de la revolución, las actividades más rentables han sido las comerciales, después, poco a poco, la extracción y venta de minerales vuelven a ser actividades altamente lucrativas.

20En suma, los propietarios de minas más visibles, los que poseen las principales minas, son también hábiles financistas, comerciantes e industriales. Sólo algunos de los más pequeños propietarios se dedican exclusivamente a la minería. Para los más grandes, la extracción de minerales no es, pues, sino una actividad más entre otras, más o menos fundamental y lucrativa de acuerdo a las circunstancias.

21Retomemos el caso de la empresa Grace. En los años 60, extrae y comercializa casi todo el wolfram, realiza todas sus operaciones bancarias por intermedio de bancos extranjeros (First Nacional Bank, Bank of America..) y también puede sacar del país “todo el excedente de divisas que produce, puesto que el contar con otros mecanismos que le proveen recursos en moneda nacional no requiere cambiar los dólares generados en su exportación para pagar a los factores nacionales de producción” (Ortiz, cit. en Bedregal 1982: 292). Además, “uno de los mecanismos por los cuales estas casas [de import-export] se aseguran la catación de un excedente considerable es el sistema de exclusividad como agentes importadores. Así la Grace y la Hansa son agentes exclusivos de firmas americanas y suecas, productoras de equipos mineros. Este sistema obliga a las empresas estatales, COMIBOL especialmente, a realizar sus adquisiciones mediante esas casas importadoras. Así la infraestructura comercial domina al propio sector público boliviano.” Finalmente, la Grace adquiere el derecho exclusivo de la venta del azúcar y la leche producidos por la Corporación Boliviana de Fomento. De este modo, la infraestructura comercial es dominante aun en el sector público boliviano.

22Es pues evidente que estos industriales mineros obtienen sus riquezas y poder tanto de, por lo menos, el control de las importaciones de equipamiento para las minas y de la exportación de minerales como de la explotación de las minas. Las empresas del sector público son sus principales clientes, si es que no figuran, desde ya, como la COMIBOL y la CBF, entre sus proveedores. Y, gracias a la conjunción de los mercados comerciales y financieros internacionales, logran imponer sus intereses y, así, influyen de manera decisiva en la política económica del país.

23En definitiva, cuando se analiza en detalle el pequeño mundo de los propietarios mineros, se llega a constataciones análogas a las que se extraen del estudio de los industriales. Y, aunque la extracción de minerales es una actividad lucrativa —lo que no necesariamente ocurre en el caso de las actividades industriales (salvo excepción: las industrias de bebidas, por ejemplo)—, está orientada y encabezada por intermediarios comerciales y financieros. Y, no olvidemos que lo mismo vale para las más notables agroindustrias cruceñas, vinculadas, a la vez, con casas comerciales y propietarias de los bancos locales.

24Si, en una primera época después de la revolución, es necesario indagar por el lado de las grandes casas comerciales de importación-exportación para encontrar a los dirigentes que orientan la actividad económica nacional, a partir de los años 60, es también necesario ir a buscarlos por el lado de los bancos.

  • 5 Entre 1965 y 1970 los depósitos bancarios se habían incrementado en casi 7 veces. Los bancos extra (...)

25Me parece que se pueden proponer cuatro hipótesis para explicar el desarrollo de actividad bancaria. Las dos primeras se refieren a la duración de los dos gobiernos militares, represivos y liberales al mismo tiempo, de Barrientos y Bánzer. Durante estos dos períodos, el movimiento de capitales no está muy bien reglamentado, más bien, se lo fomenta y, además, la relativa estabilidad política inspira confianza en los banqueros. La tercera, se refiere al aumento de la masa monetaria y los créditos provenientes del extranjero. Al respecto, entre 1974 y 1978, la coyuntura es extremamente favorable: los petrodólares no buscan otra cosa que invertir en el país y los depósitos bancarios, los de las cuentas de ahorro sobre todo, aumentan considerablemente (528% en 4 años) (De la Cueva 1983: 201).5 Finalmente, es necesario que la actividad bancaria sea lucrativa. Este es precisamente el caso durante el gobierno de Bánzer: la tasa de rendimiento anual de los capitales llega al 30%, tanto que, al cabo de cuatro años, se puede recuperar todo el capital inicialmente invertido. Por lo tanto, uno se encuentra con una verdadera fascinación por la actividad bancaria: en 1978, en este país de apenas cinco millones de habitantes, donde el porcentaje de los vinculados con ligados al sistema bancario es ínfimo, existen 27 bancos (23 privados, 7 de ellos extranjeros, y 4 públicos) —en 1952 sólo había 3 bancos públicos nacionales— que cuentan con más de una centena de sucursales y que emplean a 2.800 personas.

26Cada uno de los grandes grupos comerciales de importación-exportación trabaja con un determinado banco o, si se prefiere, cada uno de los bancos mantiene vínculos preferenciales con determinadas casas comerciales. Además, como los bancos bolivianos adoptan una lógica comercial en sus operaciones, muy rápidamente cruzan el puente que existe entre estas dos actividades que tienen la particularidad de efectuar un juego financiero en la bisagra de los mercados nacionales e internacionales.

27A fines de los años 70, la élite de las categorías dirigentes bolivianas (industriales, agroindustriales, mineras y comerciales), se halla en el seno del mundo bancario. Todos los grupos importantes están vinculados a bancos extranjeros (el grupo minero COMSUR y el First National Bank o son propietarios de representaciones accionarias en los bancos nacionales, o los administran directamente.

28Terminemos esta rápida mirada al mundo bancario boliviano, examinando con algo más de detalle a los accionarios y las operaciones del Banco Industrial S.A. Creado en 1963, este banco tiene por objeto exclusivo el de promover la industria; con ese objeto, ofrece financiamientos a mediado o largo plazo con intereses inferiores a los de los bancos comerciales. Sus fondos provienen de grandes instituciones crediticias internacionales (BID, FMI) o extranjeras (USAID), de bancos comerciales y del Banco Central de Bolivia. Sus accionistas se dividen en cuatro categorías, las que, en 1975, se reparten de la siguiente manera:

  • Los bancos privados nacionales (11 accionistas: 155.950 acciones);
  • Los empresarios (251 accionistas: 151.650 acciones);
  • Los inversores extranjeros (6 accionistas: 157.124 acciones);
  • Las compañías mineras (17 accionistas: 151.650 acciones) (De la Cueva 1983: 218).

29La lectura de la lista de los accionistas ofrece una visión sintética de las empresas y de los bancos “que cuentan” en el país. Su clasificación por categorías es un tanto artificial porque, como hemos mostrado previamente, cada gran grupo se encuentra en varias categorías, si no en todas. En los hechos, el 48.1% de las acciones pertenecen a seis grandes grupos. Los dos más importantes son de inversionistas extranjeros: la Organización para el Fomento de Inversiones en América Latina (ADELA) y la Corporación Financiera Internacional, una de las ramas del Banco Mundial. Luego vienen los grupos Grace, Said (dominante textil), Johnson (dominante cervecería), Hansa (dominante export-import), EMUSA y COMSUR (dominates minería). Una vez más, como se ve, no es difícil apreciar la estrechez del grupo de los grandes propietarios de los medios de producción. En efecto, si bien no todos los empresarios privados bolivianos son accionistas en este banco, muy pocos de los “que cuentan” están ausentes.

30No es menos interesante constatar que esta banca, originalmente destinada a promover el desarrollo industrial, ya no destina más la totalidad de sus créditos a la industria. En 1978, un 20% de créditos son otorgados a los propietarios mineros y el 6% a las empresas de turismo. Además, las cantidades promedio de los préstamos otorgados los mineros medianos son 6.5 veces más altas que las de los concedidos a los industriales; las de los préstamos a las empresas de turismo son 2.25 veces más altas. Finalmente, se constata que los préstamos otorgados a los industriales se destinan, en su mayoría, a los sectores tradicionales (alimento, textiles, construcción) (De la Cueva 1983: 218). Todos estos datos juntos muestran, una vez más, la notable resistencia tanto por parte de los financiadores extranjeros como de los amos bolivianos a desarrollar una verdadera industria nacional moderna.

  • 6 La muestra realizada por estos dos autores sólo incluye a las compañías centralizadas en La Paz; s (...)

31A continuación, agrupemos en un todo nuestras diversas informaciones en torno a la categoría de los propietarios de los medios de producción. El censo de 1976, recoge únicamente 13.992 “patrones y empleadores” en el conjunto del país. o sea, 0.93% de la PEA. La mayoría entre ellos administra pequeñas empresas, repartidas casi por igual en los sectores primario (32,56 5), secundario (36.69%) y terciario (30.02) (Bartlema y Soliz 1980: 44, 15, 24). Una indicación complementaria: la banca privada, cuya importancia ya ha sido destacada, es propiedad de 8.700 accionistas. Evidentemente, esta cifra no es directamente comparable con la precedente; simplemente, nos da una idea de la concentración de la riqueza si se admite la hipótesis antes ya defendida, según la cual los bolivianos más visibles se han integrado al sistema bancario después de los años 70. Finalmente, dada la tendencia oligopolística de todas y cada una de las ramas, según Eckstein y Hagopian (1983), la élite de los propietarios de los medios de producción no va más allá de una quincena de grupos.6

32En el conjunto de las categorías dirigentes, incluidos los grupos clave, aunque diversificados, los negocios son también, muy a menudo, asuntos de familia, como demuestra la lectura de la lista de accionistas. De acuerdo a un esquema análogo al de la empresa peruana, bosquejado por François Borricaud, “el accionista típico es una familia o una gens. Cada uno de nuestros poderosos señores no habla ni decide únicamente para sí, sino en el nombre y por encargo del hijo, sobrino, primo cuya fortuna administra” (Bourricaud 1967a). Hecho que no facilita en nada la toma de decisiones pues esta preponderante estructura familiar no siempre parece ser, ni mucho menos, un modelo de disciplina. Tampoco parece estar, como en el previo ejemplo peruano o en la mafia italiana, estructurada en torno a un señor o “padrino” indiscutido, y tampoco sus tareas parecen estar claramente distribuidas de acuerdo a principios rígidos y claramente normados. Finalmente, estas familias son relativamente abiertas, en el sentido que los matrimonios no están severamente controlados, como demuestra el caso cruceño.

33Por debajo de esta harto elástica estructura familiar, existe un otro círculo de influencia que podríamos adjetivar como comunitario o “étnico.” Para nadie es un secreto que los intereses alemanes —habría que hablar de “las familias de origen alemán,” en permanente vínculo, en la mayoría de los casos, con grupos familiares que permanecen en Europa— operan íntimamente ligados entre ellos y operan de común acuerdo. La Cámara de Comercio e Industria boliviano-alemana, que cuenta con 145 miembros (30% de la industria privada del país y 23% de las empresas de La Paz) es una particularmente eficaz. Muy pocos nombres de origen hispánico figuran en las listas de accionistas de los principales grupos alemanes; para crear nuevos negocios, siempre, los alemanes de origen tienden a asociarse entre ellos. Mencionemos, también la comunidad árabe con las familias Said (textiles), Asbún (comercio). Y no hay que olvidar a los japoneses: el grupo Tanaka-Kawaï-Soto (import-export Toyota, y turismo), el grupo Ochiay (minas e industria). Fuera de las estructuras directamente vinculadas con sus actividades, estas comunidades se agrupan en asociaciones específicas (clubes, círculos sociales), o desarrollan una sociabilidad propia y fortalecen sus vínculos internos.

34En todo el conjunto de los grupos dirigentes, sólo dos poseen una vocación industrial. Los demás se componen, principalmente, de comerciantes o de empresarios mineros. Dicho de otra manera, progresivamente, se ha ido reconstituyendo una economía de enclave, donde predominan las exportaciones primarias (minas, hidrocarburos y productos agrícolas); con esta diferencia: ya no son más los “barones del estaño” la que la controlan sino el mundo conformado por los intermediarios comerciales y financieros. Más que los productores, los más poderosos de los propietarios son, en realidad, los dueños de la circulación del dinero y de las mercancías, que obtienen sus ganancias en la conjunción de los mercados nacionales e internacionales.

Los funcionarios del Estado

  • 7 “Prescripciones para el ordenamiento del sector público descentralizado,” Directiva Presidencial N (...)

35En un país que cuenta con un sector público que, en 1977, representa el 31% del PIB, 23% del ahorro nacional, 70% de las inversiones y 11% del empleo (20% de empleo no-agrícola), indudablemente, los funcionarios del Estado juegan un papel económico de primer plano.7

36Después de los años 50, los efectivos de los funcionarios no cesan de crecer: 3% de la población activa en 1950, 11% en 1976. Por supuesto, dan un salto inmediatamente después de la revolución, sobre todo, debido a la creación o fortalecimiento de los ministerios sociales y como consecuencia de la nacionalización de las minas. Pero, en este caso, los gobiernos militares no hacen otra cosa que continuar con la política del MNR. De 1949 a 1964 el número de los funcionarios de la administración pública va de 24.174 a 37.000 y, en 1981, suma 99.988. Este mismo año, el conjunto del sector público cuenta con 199.962 empleados.

37En este conjunto, ¿qué parte les corresponde a los altos funcionarios? El censo de 1976 no distingue entre los empleos delsector público y los del privado. Por lo tanto, uno debe contentarse con una gruesa aproximación y operar por deducción. Los altos funcionarios están repartidos según dos categorías socio-profesionales: los profesionales, 85.497, o sea, el 5.70% de la población activa, y los gerentes y administradores, 9.091 personas, 0.61% de la población activa. Los profesionales son, sobre todo, asalariados (86.5%), de origen urbano (72.20%) y una débil mayoría entre ellos son varones. La importancia del contingente femenino en esta categoría se explica porque ésta incluye a los maestros. En lo que a los gerentes y administradores se refiere, la mitad son asalariados (48.56%), de sexo masculino en su mayoría (82.36%) y un 87.96% residen en las ciudades (Bartlema y Ortiz 1980).

38Una comparación entre los datos de los censos de 1950 y de 1976 (cf. infra) muestra que el conjunto integrado de los profesionales y gerentes-administrativos de sexo masculino experimenta una fuerte progresión relativa; su índice de crecimiento está en segundo lugar, luego del de los transportistas y choferes de taxi; inmediatamente, le sigue el de los empleados. Y, si tomáramos en cuenta la población femenina, sería seguramente mucho más alto, dado el crecimiento de la población femenina en la enseñanza.

39¿Qué se puede deducir de estas aproximaciones, a las que uno debe resignarse, por falta de estadísticas más confiables? Principalmente, que, en el intervalo temporal que separa estos dos censos, el sector público ha captado la mayor parte de los nuevos empleos altamente calificados (profesionales) y de los empleos de oficina. Esto no es nada sorprendente porque, por un lado, la administración central ha contratado, cada vez, más una creciente cantidad de educadores y de personal para la salud, y porque, por otro lado, una buena cantidad de economistas (Ministerio de Finanzas, de Planificación, de Industria), arquitectos (Ministerio de Urbanismo, etc.), han sido añadidos junto a los tradicionales responsables (juristas y otros abogados) de los cargos de alto nivel. Además, la COMIBOL, ENAF, YPFB constituyen viveros de ingenieros y técnicos, así como también algunas de las empresas descentralizadas (Comisión de Energía Nuclear, Servicio Geológico de Bolivia, Instituto de Investigaciones Minero-metalúrgicas). En lo que a las Corporación(es) Regional(es) de Desarrollo se refiere, ya todas vigentes en 1976, pueden ser consideradas como oficinas o institutos de investigación y, en ese caso, concentran personales altamente calificados.

CUADRO 1. El Empleo en 1950 y en 1976

CUADRO 1. El Empleo en 1950 y en 1976

Fuente: Bartlema y Soliz 1980: 46.

40A continuación y con datos de 1974, veamos cómo se organiza el sector público. Se compone de una administración central (Presidencia de la República y ministerios), de una administración descentralizada (instituciones públicas, empresas estatales, empresas mixtas, corporaciones regionales de desarrollo y comités regionales de trabajos públicos), de una administración desconcentrada (prefecturas) y, finalmente, de una administración local (municipalidades).

41Se pueden reconocer 172 entidades públicas, agrupadas de la siguiente manera:

42Presidencia de la República 1

43Ministerios 19

44Instituciones públicas 82

45Empresas públicas 35

46Empresas mixtas 9

47Corporaciones regionales de desarrollo 4

48Comités de trabajos públicos 5

49Prefecturas 9

50Municipalidades urbanas 9

51Todas y cada una de las instituciones descentralizadas dependen de un ministerio. Las prefecturas, por su parte, dependen del Ministerio del Interior, las corporaciones regionales de desarrollo del Ministerio de Planificación y los comités regionales de trabajos públicos del Ministerio de Urbanismo (estos comités desaparecen a lo largo de los años 70 y cada departamento cuenta con su Corporación de desarrollo). En lo que a las municipalidades se refiere, éstas son autónomas desde 1942, pero, en los hechos, no se han realizado elecciones municipales entre 1959 y 1985, y los alcaldes han sido designados por el poder ejecutivo.

52La plétora de instituciones públicas no deja de causarles numerosos problemas a los gobernantes, a menudo, son incapaces de imponerles su política. La constitución de cadenas de autoridad coherentes se complica debido al encabalgamiento que existe entre estas diversas instituciones y los ministerios. Frecuentemente, sucede que varios organismos resultan responsables de una misma actividad: en 1974, 14 se ocupan de promover las exportaciones, 4 de los transportes ferroviarios, 9 del financiamiento para proyectos de desarrollo (Presidencia de la República 1974: 22). Como cada una de estos organismos desarrolla también su propio esprit de corps y, celosamente, defiende sus empleos, sus métodos, su especificidad, no se puede esperar otros frutos que el derroche y la cacofonía.

53Una ordenanza presidencial de 1979, titulada “Prescripciones para el ordenamiento del sector público descentralizado,” constata, en su ‘Introducción,’ que, en efecto, gran parte de las instituciones descentralizadas poseen un “sentimiento institucional tan marcado que las lleva desconocer la premisa que la propiedad de ella es pública y, como tal, sujeta al juicio de la nación a través de los mecanismos adecuados de información, supervisión y control” (Presencia, 04.09.1972). Difundida a fines de la más durable de las presidencias militares, ofrece una medida exacta de los graves problemas de autoridad que los oficiales no han sido capaces de resolver.

  • 8 Este impuesto había sido decretado en 1969.

54Por otra parte, esta ordenanza se hizo pública, por medio de la prensa, cuando la empresa petrolera YPFB y el Ministerio de Finanzas entran en conflicto debido al pago de las regalías del petróleo; regalías que la empresa se niega a desembolsar al tesoro público cuando, al mismo tiempo, “se jacta de haber ganado en el último año 52 millones de dólares” (Boletín IPE, 12.09.1977). Este no es el único caso pues, según el informe de la Misión Musgrave que realiza un estudio de detalle del sistema fiscal boliviano, “al menos 4 empresas que están claramente sujetas al impuesto del 20% sobre utilidades (Empresa Siderúrgica Boliviana S.A., SIDERSA, Empresa Nacional de Electricidad, ENDE; Centro Nacional de Computación, CENACO, Lloyd Aéreo Boliviano, LAB) ni siquiera se han registrado en la Dirección General de la Renta Interna” (Boletín IPE, 24.10.1977).8 En estas condiciones, restablecer la autoridad gubernamental resulta toda una hazaña. A tal punto que, según López Muñoz, la aplicación de la ordenanza presidencia parece ser “más difícil que hallar una solución sin canje al encierro geográfico de la patria” (Boletín IPE, 24.10.1977).

55Paradójicamente, cuanto más se centraliza el país tanto más difícil resulta administrarlo. Por un lado, el Estado crea sin cesar nuevas instituciones públicas, se hace cargo de nuevas actividades económicas —intenta, por otra parte, racionalizar su aparato administrativo (ése es, por lo menos, el espíritu y la letra de las diversas reformas administrativas que se han propuesto)—, pero, por otro lado, el enredo de las instituciones públicas descentralizadas fomenta las separaciones y las presiones de todos los lobbys nacionales (sindicatos, partidos, comités cívicos, familias y redes patronales...) y extranjeros, impide la elaboración de políticas coherentes, mina la autoridad gubernamental y opera, por lo tanto, en contra de la racionalización. La expresión un tanto contradictoria de una “centralización descentrada” permite explicar esta situación: centralización porque, en última instancia, el centro voraz tiende a devorarlo todo; descentrada porque, al interior de esta caja de Pandora, cada institución sólo piensa en sí misma.

56Para valorar mejor el comportamiento de los burócratas y profesionales bolivianos, recordemos las principales características del ideal weberiano de la burocracia. Las funciones administrativas son especializadas y están diferenciadas; exámenes de competencia reglamentan el acceso al empleo; los traslados y las promociones se efectúan de acuerdo a criterios universalistas; las decisiones se toman en función de cálculos racionales. Así se establece una jerarquía de funcionarios disciplinados y responsables. Además, como la administración está al servicio de la colectividad, también se caracteriza por su imparcialidad, y el funcionario, para ser capaz de responder eficazmente y sin presiones a las tareas que le son impartidas, recibe un salario y goza de una cierta seguridad.

57Retomando una idea de L. Whitehead, contrastemos éste con el modelo de la administración española a principios de siglo tal como la describe Gerald Brenan (1962: 17). Las creaciones de empleos administrativos obedecen a las presiones políticas; lo mismo sucede con muchas de las decisiones relativas al funcionamiento de los servicios; el reclutamiento y las promociones se realizan por cooptación, de acuerdo a criterios particularistas y discrecionales, sin tomar en cuenta las capacidades; finalmente, la maquinaria administrativa es ineficaz y los funcionarios están parcializados y son poco escrupulosos. Como —concisamente— indica Whitehead: “En tanto que el modelo ideal de burócrata weberiano debe ser capaz de actuar desinteresadamente, el burócrata típico de Brenan es incapaz de actuar con desinterés. Mientras que el Estado prusiano es descrito como flotando por encima de la ‘sociedad civil,’ casi más allá de su alcance, el Estado español parece sumergido bajo el peso de la ‘sociedad civil,’ aparentemente incapaz de liberarse de ella para implementar políticas de interés general” (1974-1975: 88).

58El modelo administrativo boliviano se sitúa en algún lugar entre estos dos tipos, a una distancia que varía de acuerdo a la oficina pública, a menudo, de acuerdo al servicio prestado, de acuerdo a la propia tarea que el funcionario debe cumplir, pues no todas vienen definidas con el mismo grado de precisión.

59Es necesario subrayar, en primer lugar, que a la administración boliviana de los años 1960-1970 ya no le falta personal calificado. Hemos visto que ha incorporado un gran número de profesionales. Por lo tanto, no podemos suscribir la observación la misión Keenleyside (1950) al respecto, según la cual “las calificaciones técnicas y las capacidades prácticas de muchos de los encargados no parecen alcanzar un nivel muy elevado” (NN UU 1951: 8), aun si, como veremos más adelante, las capacidades no se reparten de la misma manera, de acuerdo a los servicios.

  • 9 Esta preencuesta pudo realizarse gracias a la colaboración de Salvador Romero Pittari, profesor de (...)

60Pero, si uno juzga por los resultados de una encuesta exploratoria que realicé en 1979 en los Ministerio(s) de Finanzas y de Trabajo,9 el reclutamiento de funcionarios se realiza, sobre todo, por intermedio de relaciones personales: un pariente o un amigo recomienda al postulante, si es que el ministro en ejercicio o algún otro superior no ha ya convocado a un pariente o amigo para que lo acompañe (49%). Sin embargo, algunos funcionarios son incorporados como resultado de ofertas públicas de empleo en base a sus antecedentes o por medio de concursos (39%). Pero, evidentemente, la existencia de un concurso o de un examen no es garantía de imparcialidad. En 1978, el presidente del Consejo Nacional de Ingeniería, una asociación corporativista de defensa profesional, afirma aun en su discurso de toma de posesión que “los concursos de méritos para provisión de cargos [son] un verdadero fraude y engaño,” a tal punto que los profesionales bolivianos en busca de un empleo público “tienen que atravesar murallas impenetrables rodeadas de odio, envidia y egoísmo” (Presencia, 06.04.1978). Una apreciación que, como se ve, no ahorra sus palabras. Entre las respuestas sin clasificación, he conservado las siguientes: “Por futbolista, por jugar bien y ser entrenador”; “por asuntos políticos”; “porque era dirigente sindical”... Si no se mencionan mucho las influencias políticas es porque, en los hechos, éstas se confunden con las influencias entre amigos. La “muñeca” o la “cuña” son ayudas que no se les puede negar a los amigos políticos.

61Cuando se les pregunta acerca de la posibilidad de una futura promoción, los funcionarios se dividen, de partida, en dos grupos más o menos iguales: los que valorizan su trabajo, experiencia, sus capacidades, o sea, en breve, su prestación de servicio o los que valorizan el juicio de su jefe. Pero, estas dos respuestas no necesariamente se excluyen mutuamente y se funden en una formulación del tipo “que mis jefes tomen en cuenta mis capacidades, mis méritos”; lo que significa que no siempre sucede así. El juego de influencias de amistad y políticas es cuatro veces más frecuentemente citado que los concursos y exámenes internos; y, la antiguedad se menciona una sola vez. Dicho de otra manera, la promoción como la incorporación es, sobre todo, un asunto que depende de las relaciones con los jefes inmediatos o con algún padrino más influyente: “Nombran al sobrino o el ahijado,” constata uno de mis interlocutores.

62A continuación, examinemos el delicado tema de la estabilidad laboral. A menudo, uno escucha a los funcionarios quejándose de que, con cada cambio de gabinete ministerial —los que, por su parte, son frecuentes—, se producen despidos o “relocalizaciones” en cascada. En la encuesta, a menudo, la inestabilidad laboral aparece como uno de los más graves inconvenientes con los que se enfrenta el empleado del sector público. Y, por este motivo, casi la totalidad de los funcionarios de la muestra no aconsejaría a sus hijos el optar por una carrera de funcionario público. Son dos las categorías de personal más expuestas en el caso de un cambio político: los altos funcionarios, los subsecretarios —tercer cargo en importancia, inmediatamente después del secretario de un ministerio—, “cuando te nombran subsecretario,” me decía uno de ellos, “ya estás con un pie afuera”; y el personal auxiliar, no calificado, de los porteros, mensajeros, ayudantes de oficinas... Los cargos intermediarios son los más seguros, sobre todo aquéllos que requieren capacidades técnicas bien definidas, a fortiori, en ciertos ministerios clave como el de Finanzas.

63Pero, esta presentación global debe ser matizada. En el Ministerio de Finanzas, entre los 10 subsecretarios y jefes de servicio interrogados, 8 cuentan con más de 10 años de antiguedad en este mismo ministerio y, en el Ministerio del Trabajo, 3 entre 10 cuentan con una carrera administrativa equivalente. Además, gran parte de los cuadros administrativos ha realizado la totalidad de su carrera en la administración pública y sin interrupciones. En caso de despido, parece, por lo tanto, que uno puede encontrar un trabajo si no equivalente (para los subsecretarios, sobre todo) por lo menos inmediatamente inferior, en un otro ministerio o en una de las otras numerosas instituciones públicas, hasta que se presente la oportunidad de conseguir la responsabilidad de un cargo más alto. Es sólo entre los más jóvenes que se constata desplazamientos rápidos —de una administración a otra, en general— y que obedecen, en realidad, a deseos personales por mejorar sus ingresos o articular su formación con su empleo, más que a necesidades de mutación por razones políticas.

64Ya en 1950, el informe Keensleyside notaba que, a pesar de los frecuentes cambios en los ministerios y de la brevedad del paso de ciertos altos funcionarios por un cargo de responsabilidad dado, “en algunas de las agencias gubernamentales, tiende a desarrollarse la costumbre de conservar, de una administración a la siguiente, los mismos altos funcionarios y empleados técnicos, y aun la mayoría de los empleados subalternos. Este desarrollo parece ser especialmente notable en algunos de los departamentos y municipalidades donde existe un número considerable de empleados administrativos, fiscales y otros empleados que han trabajado 10 o 20 años o aún más, y donde la promoción de cargos es un fenómeno [bastante] frecuente.” Esta observación puede ser generalizada sin mayores problemas a gran parte de la función pública a fines de los años 70. Mis observaciones inciden, pues, sobre todo, en favor de una seguridad laboral, siempre relativa por supuesto.

65De todas maneras, es posible que este diagnóstico realizado a fines de un período de excepcional continuidad —los siete años de la presidencia de Bánzer— peque por exceso de optimismo. En realidad, hay que hacer una distinción entre la estabilidad de empleo y el sentimiento que los funcionarios tienen al respecto. Todos se preocupan de que la Ley del Sistema de Personal y de Carrera Administrativa (24.08.1973), que prevé disposiciones uniformes para toda la administración así como también para todo lo que se refiere a exámenes de admisión, promociones, procedimientos de evaluación del trabajo, la formación y el perfeccionamiento, como también las garantías del empleo, deje de tener vigencia en 1978; se acaba de terminar una clasificación de empleos con una escala de correspondencia entre los distintos cargos. También reclaman el derecho a sindicalizarse y de contar así con un medio de defensa colectiva; este derecho que habían conquistado en 1952 y que les había sido anulado en 1964. Se puede, pues, oponer la estabilidad parcial del cuerpo administrativo con el sentimiento de inseguridad que poseen todos los funcionarios, debido, principalmente, a las prácticas discrecionales que rigen la admisión y la progresión en la carrera.

66Preguntémonos a continuación, ¿qué atractivo puede tener un trabajo en la función pública, el que, como acabamos de ver, parece ser aleatorio y que, en general, está mal pagado —si exceptuamos los pocos altos salarios de los cuadros en las instituciones descentralizadas? Destaquemos, de partida, que ciertos empleos de tipo administrativo, sobre todo los vinculados con especialidades específicas, como la energía nuclear, por ejemplo, no pueden ejercerse sino en el seno del sector público. Hagámoslos a un lado y dediquémonos al caso general. Aveces, los más jóvenes consideran a su trabajo en la administración como una especie de formación complementaria indispensable, que permite adquirir, al mismo tiempo, una experiencia profesional y un buen conocimiento de los mecanismos administrativos y políticos. Algunos declaran que el sector público ofrece un punto de vista privilegiado de la vida socio política boliviana o invocan la posibilidad de “hacer algo por el país.” Y, en el Ministerio de Finanzas, otros expresan su satisfacción por encontrarse en el corazón de los mecanismos de elaboración de los datos cuantificables que orientan toda la política económica.

67De hecho, aunque veladamente, confiesan su deseo de verse metidos en el juego político, o sea, en emprender una carrera política. Puesto que de partida la práctica administrativa es una práctica política, entrar en la administración es entrar en la política. Por otra parte, el horario continuo puesto en vigencia en los años 70 y, de manera general, el alto grado de tolerancia ante los atrasos y ausencias, les permite a muchos seguir estudios superiores o de ejercer un empleo secundario. Algunas veces, esta actividad anexa es la principal —o más lucrativa. Tal es el caso del ingeniero de minas que, después de sus estudios en el extranjero, ha hecho toda su carrera en el Ministerio del Trabajo (donde dirige una sección en el momento de la encuesta) y que, ejerce, al mismo tiempo, la dirección de una oficina de investigación. Tal otro posee una empresa forestal. Algunos contadores tienen oficinas privadas. Lo mismo sucede con muchos abogados. Todos se sirven hábilmente de su inserción administrativa para hacer prosperar su empresa privada, su negocio, su agencia. En los escalones más bajos de la administración, la actividad privada paralela proporciona el muy a menudo necesario complemento al salario.

68Veamos, a continuación, el tema de las relaciones jerárquicas. A la pregunta: Según Ud., ¿es preferible tener estrechas relaciones con sus superiores o guardar distancias? 70% responden que son preferibles las relaciones estrechas; la mayoría de ellos han tenido, en efecto, relaciones con sus superiores fuera de las horas de trabajo. Y, cuando se les pregunta a estos últimos si se reúnen con sus empleados fuera de las horas de trabajo, sólo un 25% responde que no. ¿Cuáles son las ocasiones para este tipo de encuentros? En general, se trata de los cumpleaños, ciertas fiestas anuales, pero también, de común acuerdo, no importa cuándo. Para la mayoría de los hombres, los fines de semana son motivo de una reunión casi ritual: el viernes de soltero. En esta ocasión, se juntan en pequeños grupos en los lugares apropiados, más frecuentemente en restaurantes donde juegan cacho, ordenan un picante y consumen durante toda la noche botellas de cerveza de 75 cls. Allí, expresan sus penas, intercambian confidencias y “arreglan el mundo.” En el total de la muestra, salvo 5 personas, todos consideran a las reuniones fuera de las horas del trabajo necesarias para el buen funcionamiento del trabajo: “muchas de las ideas prácticas de trabajo salen de allí,” “se charla de los problemas y se llega a soluciones”; para que existan relaciones más amistosas entre jefes y empleados: “en estas reuniones, salen los recelos, se rompe el hielo entre superiores y subalternos,” “para que haya más confianza entre jefes y empleados,” etcétera. El ideal es llegar a establecer una relación de amistad, de compañerismo, que, en cierta forma, sería la sal de la verdadera vida. A menudo, estas reuniones se convierten en fiestas. Marcan, pues, una ruptura en la monotonía del trabajo: “uno se olvida todo,” “por el desahogo que se produce.”

69Las pocas personas en desacuerdo con esta manera de ver y proceder, jefes o empleados, alegan que esto es contrario a la necesaria autoridad y a la imparcialidad del jefe, pues, a menudo, esas reuniones acaban en borracheras y peleas.

70En suma, la atmósfera de una oficina es una atmósfera familiar —por no decir “doméstica”— donde los vínculos afectivos primarios son muy fuertes, con las ventajas inherentes a este tipo de vínculos y, también, con sus inconvenientes: entre otros, el deber de someterse a normas de grupos harto exigentes, con el peligro de verse súbitamente despedido si uno no participa en las reuniones del grupo, después de las horas de trabajo. Los roles sociales no están netamente distinguidos y, para el jefe, el paternalismo es una norma: “El jefe debe ser amigo de los empleados, el jefe no debe ser como una yunta y debe ayudar al empleado no sólo en problemas de oficina sino particulares.” En el otro extremo, el empleado despliega toda una estrategia de seducción para ablandar al jefe y convertirlo, en la medida de lo posible, en un amigo.

71Los núcleos de profesionales incorporados al sector público tienen muchos problemas, pues, en lograr que se impongan los valores y normas profesionales que reclaman (progresión codificada de las carreras, inmovilidad funcionaria, reconocimiento de capacidades y experiencias...). Las turbulencias de la vida política, con la garantía de las “tradiciones familiares,” que rigen en las administraciones impiden, en gran medida, la satisfacción de esos reclamos.

Los políticos

72Dispersos en la primera parte de este estudio, un buen número de los rasgos que caracterizan a los políticos nos son ya familiares. A modo de recuerdo, indiquemos su tendencia al caudillismo, el caso prácticamente omiso que hacen de las ideologías o su carencia de una ética en sus convicciones, así como también su carencia de una ética de responsabilidad y, por consecuencia, sus precarias alianzas. Todas estas características que marcan su comportamiento y su mentalidad inciden directamente en los mecanismos de inestabilidad que hemos detallado previamente. Nos falta examinar más detalladamente el cómo se construye una carrera política y, por supuesto, cuáles son las relaciones entre la clase política y las otras categorías de dirigentes.

73La composición social del Congreso nos ofrece un cómodo indicador del origen social de la clase política. Desgraciadamente, la ausencia de estadísticas constantes nos obliga a trabajar con aproximaciones más o menos convincentes según las épocas.

74Recordemos que en las últimas elecciones previas a la Revolución, las de 1951, el número de votantes era de apenas 211.000 (Whitehead 1981); (257.519 varones alfabetos fueron censados en 1950). Pero, entre 1940 y 1951, el número de votantes se ha visto duplicado y, debido a este espectacular crecimiento del ámbito político, se producen, sin duda alguna, tanto el ingreso al parlamento de representantes mineros (en 1944 y 1946) como el triunfo del MNR en 1951.

75Las primeras elecciones con Voto Universal, las de 1956, incorporan en el Congreso a numerosos representantes de origen modesto (mineros, obreros, empleados, campesinos...), en su mayoría, dirigentes sindicales seguidores de Lechín. En efecto, este último, habiendo obtenido la mayoría en la Convención del MNR previa a las elecciones, hace un amplio uso de su influencia para imponer, entre los candidatos, a sus correligionarios de la COB. Más adelante, el mismo juego de influencias dentro del partido gobernante reduce considerablemente el campo de los líderes sindicales, y los políticos tradicionales retoman sus posiciones de antaño.

  • 10 Este diseño ha sido elaborado a partir de las listas publicadas en Coyuntura No. 26 (08.1979). Hay (...)

76Un grueso análisis de las cualificaciones profesionales de los parlamentarios elegidos en 1979 da una idea de las proporciones a las que se ha retornado después del inicio de los años 60.10 En el Senado, los abogados son bastante numerosos: sobre los 19 senadores cuya calificación nos es conocida —el Senado cuenta con 27 miembros—, se encuentran 11 abogados. Y, las otras profesiones representadas van de un espectro que va del dirigente campesino al sacerdote, pasando por el militar. Subrayemos el hecho de que, en estos casos, sólo se trata de simples calificaciones profesionales. Con la ayuda de sólo estos datos, es imposible saber si el futuro senador ha ejercido su profesión y si la ejercía en la víspera de las elecciones. Se percibe también que 10 de ellos ya han pertenecido a la alta función pública (algunos fueron ministros) y que 8 son jefes de primer orden o altos responsables de partidos políticos.

77En la Cámara de Diputados, el espectro profesional es más amplio. En los 74 casos conocidos (hay 117 diputados), se encuentra 20 abogados (son siempre los más numerosos) y 17 profesionales, a los que se podría añadir los 5 militares o policías y los 4 escritores. Y existen 18 dirigentes sindicales (o exdirigentes sindicales), entre los que prácticamente la mitad (8) —y ésta es un poco la sorpresa de estos datos— son campesinos. Finalmente, indiquemos que, de todas maneras, también se reconoce a 4 empresarios. Como se puede ver, si no fuera por la presencia de los representantes sindicales, sobre todo campesinos, la composición de este Congreso no sería muy diferente de la de los Congresos pre-revolucionarios. Los abogados y otros “doctores” han disminuido, pero mínimamente. Las profesiones de carácter técnico (ingenieros, especialmente) y los empresarios apenas si aparecen. El gran número relativo de dirigentes sindicales campesinos, dispersos en los diferentes frentes, se explica fácilmente: cada coalición espera, así, canalizar a su favor los votos campesinos, mayoritarios en el país; votos campesinos que, como vimos, se han dispersado, de hecho, en el tablero político.

78Un tercio de los diputados de la muestra ha ejercido previamente cargos públicos y un poco menos de un tercio tiene responsabilidades en un partido. Esta última cifra también se explica fácilmente: es necesario que cada frente electoral satisfaga las demandas de los partidos que conforman la coalición. Así, el Congreso es un rompecabezas en el que se conjuga una minuciosa dosificación de líderes políticos y sindicales, y de fieles al candidato a la presidencia.

79La clasificación de los senadores y diputados, según su cualificación, sólo nos ofrece un índice de su nivel cultural, pero no permite, de ninguna manera, una estimación de su ingreso o nivel de vida. Ahora bien, según José María Centellas: “un estudio sobre los medios económicos de que disponen los parlamentarios para las gestiones de 1979-1980 llegó a la siguiente realidad: 10% de ellos eran empresarios muy influyentes, 20% profesionales con prestigio y renta personal; y el saldo, 70%, estaban casi en la inopia. Provenían de estratos de clase media pobre, obreros y campesinos” (Centellas 1982: 31). Estos porcentajes, tan sólo aproximados al igual que los precedentes, matizan los datos relativos a las calificaciones: por un lado, indican que los congresistas de la lista cuyas calificaciones son desconocidas son, en su mayoría, de origen modesto y, por otro lado, que, entre aquéllos que habrían obtenido un título de abogado, una buena cantidad no ejerce su profesión e intenta una carrera política para ganarse, precisamente, la vida. Dicho de otra manera, una mayoría de los congresistas sólo cuenta con su dieta parlamentaria como principal ingreso económico. Así uno comprende mejor porqué, cuando un presidente de la República con minoría en el Congreso intenta reconquistar su mayoría, recurra—si su minoría no es excesiva, evidentemente— “al método individual para despersonalizar a senadores o diputados, ofreciendo stocks de poder y posiciones relevantes en el gobierno junto con el fiduciario.” Y uno comprende mejor también porqué todos los más devotos militantes, los que no han tenido la suerte de haber sido escogidos como parte de la lista de los futuros congresistas por el candidato a la presidencia del grupo al que pertenecen, están dispuestos a hacer lo que sea para lograr entrar en una cualquier función pública. Retomando una otra clásica distinción de Weber, se diría, por lo tanto, que una buena mayoría del personal político boliviano vive menos para la política que de la política. Se trata de un grupo de políticos profesionales que, de lejos, supera el cenáculo de los elegidos y que incluye al conjunto de los altos y menos altos funcionarios, más o menos clientes y dependientes del elegible.

80Los destinos personales de los ejecutivos de la vida política boliviana son conocidos. Todos han conocido altos y bajos, han pasado parte de su vidas en el exilio o en la clandestinidad, si no en prisión. Pero, todos han logrado sobrevivir con relativa facilidad, ya sea porque su familia de origen era acaudalada, porque supieron hacer valer otras cualidades, ya sea porque supieron aprovechar su paso por el gobierno para hacerse de una fortuna que supieron preservar. Pero, desgraciadamente, no contamos con ningún estudio que persiga el destino de todos aquellos militantes-responsables políticos que se encuentran a medio camino entre la sima y la cima, de los que, finalmente, constituyen el corazón de la categoría de los políticos, pues la existencia misma de los partidos descansa sobre sus hombros.

  • 11 El autor de la novela, Oscar Barbery Justiniano, conoce como pocos el tema que le ocupa pues ha ju (...)

81Es por eso que me parece sugerente seguir la trayectoria de Aníbal López, sufrido héroe de la novela Yo, un boliviano cualquiera (1976), quien intenta hacer de la política una carrera.11 Aníbal López nació “en un pueblecito a tres o cuatro leguas” de Santa Cruz de la Sierra: “Se llama ‘E1 Palmar,’ y era una especie de balneario de las gentes de linaje de Santa Cruz en donde éstas mandaban sin ningún reparo ni juzgamiento por parte del pueblo.” Hijo ilegítimo de uno de esos niños bien, es criado por su madre, de modesto origen, la que le sacrifica su vida por él; sigue sus estudios en un pueblo vecino. A los 17 años, es enviado al frente en el Chaco. Por suerte, la guerra está por terminar. Poco antes de su pronto retorno, crea un periódico que “servía la causa de Bolivia en guerra con el Paraguay y la del pueblo que se moría de hambre,” luego, organiza una central sindical. Y así empieza su carrera política.

82Aníbal López no es un boliviano cualquiera, pero, ciertamente, es un político cualquiera de ésos que se rodean los más poderosos y a los que aprovechan. En los años cuarenta, en nombre de un socialismo unido, es elegido diputado de uno de los gobiernos del sexenio de la derecha y, por ello, pierde el carro de la revolución de 1952. Se da cuenta que su camino debería haber sido el de esa gran movilización popular y acaba por entrar ahí, pero, tan tardíamente que no hace otra cosa que acompañar su caída, que ocurre 3 o 4 años después.

83¿Por qué entra al MNR? “Ya he hablado de la extraña fascinación que sobre mí ejercen las multitudes. Para comprender mi decisión de hace algunos años de ingresar al M.N.R., habría que agregar a ella los siguientes ingredientes: que el hambre atenazaba mis entrañas; que debía encontrar protección contra los mandatos judiciales de encarcelamiento...”

84¿Qué hace? “¿Puerco destino el mío! Como un sedimento antiguo, mi procedencia imponía que los otros vieran en mí al simple colaborador de gabinete; al mandadero, mecanógrafo, confidente de porquerías, redactor de comunicados y votos resolutivos; finalmente, al escribidor de discursos. Tenía que conformarme a arrancar, por delegación, gritos de entusiasmo y batir palmas. [...] y tuve varios amos. Todos pasaron por inteligentes con mis trabajos a cambio de los cuales me daban migajas para vivir y esperanzas en que confiar.” Por un tiempo, obtiene un crédito para aprovisionar de carne a la alcaldía de Oruro, luego amplía sus contratos a las minas de la COMIBOL. Pero, un día, un avión se estrella contra la montaña; una vez más, la carne que se pudre en el aeropuerto es rechazada por la COMIBOL. Y, lleno de deudas, debe abandonar su negocio sin haber logrado asegurar su situación.

85Uno se puede preguntar porqué no logra establecerse más sólidamente en las cumbres de la vida política y ocupar los puestos que busca. Este es el tema del libro. Parte de la respuesta tiene que ver con la complejidad del personaje que no es un vulgar arribista y que tampoco está guiado por el sólo deseo de enriquecerse. Pero, la otra, tiene que ver con las características de la vida política boliviana. Según él, hay tres medios para acceder al poder: intrigar, disponer con un ejército o contar con las masas. Antes de la revolución, es elegido diputado porque representa a un sindicato, desgraciadamente, pone sus tropas al servicio de los gobiernos barridos por la tormenta revolucionaria. Más tarde, cuando finalmente ha logrado entrar al MNR, le encontramos agitando a las multitudes en su antiguo feudo, pero, sólo hace promesas que no puede realizar porque su posición en el partido no le permite cumplirlas.

86Después de la caída del partido, no le que otra cosa que la intriga. Cuando está escribiendo su historia, desempleado, enfermo y hambriento, busca la oportunidad de ofrecerles sus servicios a los militares que se han convertido en los nuevos dueños del país. Dispone de un capital: su experiencia como periodista y sus vínculos con el mundo de la prensa. He aquí cómo se presenta: “Me puse pues febrilmente a ampliar mis relaciones personales, orientando preferentemente mis esfuerzos a vincularme con los militares y sólo secundariamente con los civiles.” Por supuesto, el arte de tejer relaciones útiles no sólo lo practican los políticos bolivianos; pero, lo que sí es más propio a la situación boliviana, es que nuestro héroe no cuenta con ningún otro medio para llegar a sus fines y que de ello depende su pan del día. La urgencia lo apura. “Al poco tiempo de seguir escrupulosamente este plan, comencé a ser indispensable para toda esa gente de poder.” Entonces, realiza tareas que se parecen hasta en detalle a aquéllas que antes realizaba para las figuras en busca de partido: participa en conferencias de prensa, redacta artículos, junta a los dirigentes sindicales y las autoridades del momento, inspira proyectos, etcétera. Con una diferencia, pese a todo: carece de clientela propia más o menos real, más o menos fictiva, a la que podría organizar en elecciones o convocar para una manifestación. Se encuentra solo.

87Al fin, se le presenta la ocasión de salir “a plena luz.” Estalla una insurrección en Santa Cruz. Su conocimiento del medio, tanto civil como militar, le permite darse cuenta, rápidamente, que el levantamiento está condenado al fracaso. Inmediatamente, se pone a disposición de los militares en ejercicio y les propone un plan de acción que éstos aceptan, ponen en marcha y que, finalmente, da resultado. En recompensa, los militares lo nombran pomposamente “Coordinador General Civil.” Junto al comandante militar del distrito, designa el nuevo personal político local y preside una comisión encargada de seguir el comportamiento de los funcionarios.

88Pero, la Coordinación General dura muy poco: deja de funcionar el día en el que el gobierno considera que la vida ha retomado su curso normal en Santa Cruz. Y a Aníbal López, quien ha dejado escapar los cargos político-administrativos legales, como los de alcalde o prefecto, no le queda otro recurso que el de convertirse en el secretario del general que comanda la región. Pero, el general cae en desgracia.

89Presintiendo venir el momento en el que se ha de encontrar nuevamente sin trabajo, intenta diversificar aún más sus relaciones. Se hace amigo de un poderoso industrial local al ofrecerle un trabajo administrativo a uno de sus parientes próximos. Luego, incita a su nuevo amigo para que intervenga en su favor ante el gobierno para poder conservar un cargo oficial. Pero, la jugada se desarma desde La Paz: el ministro del Interior le reprocha su pasado político. Sus diversos contactos personales no bastan para compensar su falta de representatividad de una tendencia real. Sacando la lección de esta última desventura, afirma sentenciosamente: “La política es una prueba de fuerza en la que hasta el más hábil es impotente.”

90Es fácil sentirse indignado ante sus zig zags políticos, de su paso por un partido al otro. De hecho, mantiene una línea ideológica, aunque ésta permanece bastante vaga, reformista-nacionalista, más bien centrista, en algún lugar entre la izquierda y el centro-derecha, a la imagen del MNR. Y, a uno de sus amigos que le acusa de ser cínico en su búsqueda por un cargo político, le responde: “¿[H]as sentido hambre alguna vez? Si no eres capaz de robar para salvar a tus hijos ¿qué eres tú? Apenas un ser domesticado en el que hasta los instintos más puros de la especie están bloqueados por una decadente moral. La moral es fruto de la riqueza.”

91Ahora bien, el camino para encontrar un trabajo es bastante estrecho cuando se pertenece a la clase de los “empleados” de la clase media que “han proliferado como hongos.” “Marginados de la posesión de bienes, ajenos al fenómeno de la productividad,” ¿qué otra cosa pueden hacer “sino perseguir ese poder incomensurable que en Bolivia tiene el Estado, sin traba alguna de leyes ni intereses clasistas”? Ese Estado “con su intromisión antojadiza en todas las esferas de la actividad, aun privada,” “tentación y presa de gentes descastadas y desclasadas,” que “lo persiguen día y noche, en la luz y en la sombra, desde cuarteles, diarios, prostíbulos, iglesias, hoteles, mesas familiares, universidades y aun kindergartens; sin perder un minuto, robándole horas al sueño y al trabajo, sin decir jamás una sola palabra que no sirva a sus fines; sin dejar de utilizar, en su favor, una sola amistad o un encuentro ocasional; considerando a cada hombre o a cada mujer, y aun a niños, instrumentos de sus objetivos.”

92Al escuchar a Aníbal López, uno entiende mejor hasta qué punto la clase política y la administración se implican mutuamente: futuros políticos y militantes funcionarios son absolutamente necesarios unos a otros; los políticos a los funcionarios para encontrar trabajo y los funcionarios a los políticos para realizar su trabajo.

93Se podría pensar que la fiebre política ha conquistado al país después de la revolución de 1952 y que se debe tanto a la expansión del juego político al conjunto de la nación como a la multiplicación de cargos administrativos. Pero, hecho, los observadores políticos de principios de siglos ya habían notado este síntoma, a tal punto, que sus escritos parecen no haber perdido actualidad. Para Alcides Arguedas, “la política, por ejemplo —y es la sola actividad que apasiona a los bolivianos—, ya no es el arte de conducir con acierto los negocios públicos; es el medio de alcanzar situaciones y de acumular riquezas. La política hoy en Bolivia es el más lucrativo de los negocios, el más seguro, el más cómodo” (1936: 218). Y, para Carlos Romero, “la incapacidad de las clases dirigentes del país para ganarse la vida por iniciativa propia en el campo de la industria, del comercio o la agricultura encuentra un sucedáneo en la explotación del presupuesto [...]. Esta forma de zanganismo es propicia para el triunfo de los arribistas y para la organización y prosperidad de agrupaciones de explotadores, sin escrúpulos ni sentido moral, que toman la etiqueta de los partidos políticos” (1920: 194-195).

94Es digno de destacar el constatar que la explicación de Carlos Romero se ajusta perfectamente a una de las juiciosas deducciones de Tocqueville en su libro De la démocratie en Amérique: “Pero si, al mismo tiempo que los rangos se igualan, las luces permanecen incompletas o los espíritus tímidos, o que el comercio o la industria, frenados en su impulso, sólo ofrecen medios difíciles y lentos de hacer fortuna, los ciudadanos desesperados por mejorar su suerte por sí mismos acuden tumultuosamente hacia el jefe del Estado y solicitan su ayuda [...]. La búsqueda de cargos se convierte en la más codiciada de todas las industrias” (1981 t. II: 307). Tocqueville no sólo ofrece una buena explicación del deseo “inmoderado por las funciones públicas,” las que constata en las monarquías centralizadas cuyo modelo es, por supuesto, la de Francia, sino, más aún, deduce la precariedad gubernamental o, si se prefiere, la inestabilidad política. En efecto, el gobierno ya no puede satisfacer rápidamente, con medios limitados, los deseos que se multiplican “sin límite,” y vive con el temor que el “pueblo de los solicitantes” altere la constitución y le cambie la cara al Estado sin ningún otro motivo que el “de hacer vaciar los cargos.” He aquí, pues, establecida una relación directa y fundamental entre la ausencia o debilidad del desarrollo industrial, por un lado, y, la pasión política, por el otro, o inestabilidad política, lo que sin duda alguna debe inscribirse en el corazón de la explicación de las turbulencias políticas y sociales bolivianas.

Las redes del enriquecimiento

95¿Conforman los propietarios de los medios de producción, los altos funcionarios y la clase política —civil o militar— un bloque coherente? Aparentemente no, porque sus desgarramientos internos constituyen la actualidad política. Sin embargo, en los años 60-70, varios teóricos han creído discernir la aparición de una clase dirigente motivada por un ideal común o, más exactamente, motivada por una visión común del desarrollo nacional caracterizada por la adopción de una forma “tecnocrática de capitalismo de Estado” para Melvin Burke y James Malloy (1972: 93) o por la aparición de una “burocracia autoritaria de orientación tecnocrática” para Salvador Romero (1978).

96Pero, el hecho de optar por los alcances de la modernización económica y política en un régimen autoritario acaba por privilegiar la apariencia en detrimento del funcionamiento. La COMIBOL es muy probablemente una gran corporación “moderna,” pero funciona empíricamente, como subraya apropiadamente René Ruiz González. El tratar la alta función pública boliviana como una “tecnoburocracia” oculta la omnipresencia de las redes de parentesco, coparentesco y fidelidades, en un país donde el microcosmos de “aquéllos que sí cuentan” es tan reducido. El hecho que las dictaduras militares hayan impuesto un estilo administrativo más rígido y tomas de decisión en pequeños comités en el secreto de los gabinetes no significa, necesariamente, que estas decisiones hayan sido más racionales, más eficaces, o más inspiradas por una visión responsable del bien público. Aunque hayan tratado de fundamentar su legitimidad en la necesidad de “moralizar” la vida pública —la de Barrientos, en primer lugar—, no sólo no han logrado realizar este fin sino, más aún, han permitido, hasta fomentado, la corrupción. Por lo tanto, me parece mucho más apropiado el orientar la investigación hacia el análisis de las redes de enriquecimiento y las mentalidades que éstas revelan.

97Las primeras de estas redes se constituyen después de la revolución. Dado el nuevo poder del Estado, su núcleo es la clase política en ascenso, de la que son parte los altos funcionarios públicos. Sin embargo, su poder no es tan considerable como uno podría imaginar a primera vista, si sólo se tiene en cuenta su victoria política. De hecho, para engendrar esta nueva burguesía industrial con la que sueñan, para que las empresas nacionalizadas —la COMIBOL en primer lugar— empiecen a “marchar,” los movimientistas no tienen otro remedio que el de recurrir a los comerciantes e industriales existentes: necesitan de su know how. Debido a ello, el MNR acoge muy rápidamente a un núcleo de empresarios, reagrupados en uno de los “comandos funcionales” del partido, la “Célula de importadores,” apoyados por varios ministros (Pando Monje 1968: 120). Así, se constituye la pareja comensal (clase política-burguesía comercial, accesoriamente industrial), bajo la forma de redes más o menos duraderas que, lejos de estar motivadas por un fervor industrializante, sólo se sienten atraídas por las ganancias inmediatas de los diversos negocios que realizan (cf. Gómez d’Antelo 1978: 107, Bath 1970: 216). La mayoría operan a escondidas o, por lo menos, discretamente, pero los escándalos que periódicamente revela la prensa permiten desenmascararlas y emprender su análisis.

98Para no volver una vez más al período del MNR, durante el que tanto las divisas engendradas por la venta de minerales como las donaciones norteamericanas han sido utilizadas para engendrar toda clase de tráficos, examinemos algunos más recientes ejemplos, bajo la presidencia del general Bánzer.

99Esta presidencia se caracteriza, especialmente, por la puesta en marcha de grandiosos proyectos en el conjunto de las empresas públicas; proyectos cuyos principales rasgos son el de haberse financiado por medio de créditos comerciales de bancos transnacionales y en condiciones desventajosas de pago (altos intereses y plazos cortos), también de haber sido, en su mayoría, mal elegidos, mal realizados y terminados tardíamente. ¿Por qué esto es así? Un secretario de Estado en planificación, Enrique García, nos proporciona los primeros elementos para la elucidación de esta multiplicación de “elefantes blancos” (CEPAL 1983: 154-155). Luego de destacar la implementación de un sistema moderno de planificación, a la vanguardia de la mayoría de los países latinoamericanos de la época, durante el gobierno de Bánzer, García añade que las normas dictadas sólo se obedecen, en realidad, en los proyectos de pequeña envergadura. Al contrario, los grandes proyectos “se conciben, aprueban y ejecutan al margen de los sistemas en vigencia.” Este es el caso del aeropuerto de Viru Vira (Santa Cruz), de la industria automovilística, de la siderurgia del Mutún (Santa Cruz), del gasoducto con destino al Brasil, de las fundiciones de plomo, plata y zinc. Ya sea porque se ignoran las normas de elaboración o, en algunos casos, aun los estudios de factibilidad, ya sea porque los proyectos, —protegidos por decretos o resoluciones supremas de excepción— ni siquiera han sido sometidos a los mecanismos legales de evaluación, en los hechos, resulta que apenas un 10% de la inversión pública nacional se realiza de acuerdo a las normas legales vigentes. En otras palabras, un limitado número de personas impone sus indiscriminados criterios en la elección de los proyectos. Enrique García los presenta en cuatro grupos:

  1. Las empresas multinacionales que venden tecnología y maquinaria, y que, además, influyen en los organismos financieros gubernamentales y privados de sus países de origen con el fin de obtener los recursos necesarios;
  2. Las firmas comerciales locales que representan a las multinacionales y que, como tales, les interesa mucho aumentar la venta de sus mandantes, para obtener sus propios grandes beneficios, sin preocuparse por la calidad de los proyectos ni del interés nacional;
  3. Los protectores locales de proyectos, funcionarios de las empresas del Estado y del gobierno, que dan su apoyo incondicional por convicción, en algunos casos, y, en otros, por conveniencia personal; finalmente,
  4. Los grupos cívicos regionales, que, convencidos por los tres grupos anteriores de los méritos aparentes o reales de los proyectos y del formidable impacto que supuestamente tendrán en el desarrollo de sus regiones, departamentos, ciudades o pueblos, se convierten en los grupos de presión política más determinantes en la aprobación de dichos proyectos por parte del gobierno.

100Si analíticamente no hay ningún problema en distinguir, como hace García, entre los representantes de las firmas comerciales locales, los funcionarios o responsables políticos promotores de proyectos y los miembros de los Comité(s) Cívico(s) regionales, sería también aconsejable el determinar, en el caso de cada proyecto, qué red, en particular, es la que lo promueve. Mi hipótesis es que la mayoría están dominados por núcleos bastante reducidos de aliados, con un pie en cada una de las instancias destacadas por García; articulados, sobre todo, por los político-administrativos y los comercial-financieros —los Comités Cívicos servirían de cajas de resonancia—, operarían como colectivos de enriquecimiento. Esto es lo que púdicamente García denomina “la conveniencia personal,” cuando habla de funcionarios, y las “grandes ganancias,” cuando designa las firmas comerciales. Todos ellos tienen interés en que los proyectos se realicen y que estén sobredimensionados; de ello dependen sus ganancias.

101Tomemos el caso de la construcción de la carretera La Paz-El Alto (ciudad satélite de la sede de gobierno), el que provoca uno de los más resonantes escándalos durante la presidencia de Bánzer (Gutiérrez 1978). Fue adjudicada a la empresa Bartos, la más grande y renombrada de las empresas bolivianas en trabajos públicos y macroconstrucción. El escándalo proviene, a la vez, del costo de la obra y de las malversaciones. Por su exceso, todas las modificaciones respecto al contrato inicial provocan vehementes protestas, entre las cuales la de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, con pruebas y cifras de apoyo, y publicada en la prensa, es la más resonante. Todas estas protestas motivan un informe de la Contraloría General de la República, el que también se publica. Dejando los detalles a un lado, fijémonos en la lista de las anomalías más evidentes, las que el informe no indica cómo y porqué fueron posibles:

  • El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerció presiones para que se proceda rápidamente a la licitación de la construcción, pese a que el representante del BID, el organismo que financia la obra, expresó serias dudas dado el carácter incompleto de los estudios previos, realizados por el Servicio Nacional de Caminos y las unidades de estudio pertenecientes a la Forrest and Cotton (norteamericana) e Ingeniería Politécnica Boliviana.
  • La firma Bartos es acusada de haber recibido subvenciones extraordinarias ilegalmente. Estas fueron otorgadas por el Ministerio de Transportes (9.500.000 dólares, el 17 de junio de 1977), a pesar de que ya se había constituido una primera comisión de evaluación debido a la lentitud en la ejecución de los trabajos.
  • La Contraloría General también le reprocha a la firma Bartos el haber utilizado la liberación de impuestos autorizada para la importación de equipo pesado en la adquisición bienes personales por “un considerable porcentaje” del monto de esa liberación: entre otros materiales, importó vehículos livianos y piezas de repuesto para estos mismos vehículos, mientras que, por otro lado, se vio obligada a alquilar equipo pesado de una empresa chilena para aumentar su equipo disponible.
  • Finalmente, al margen de la construcción de la carretera, la Contraloría acusa al Consejo Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, por haber dispuesto indebidamente de 66 viviendas expresamente dedicadas a facilitar la liberación del peaje. Entre los elegantes nuevos propietarios, se encuentran oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía.

102Se puede relacionar este escándalo a un otro que lo precede, que implica a la misma Empresa Bartos, la Municipalidad de La Paz y la presidencia de la República: el de la canalización del río Choqueyapu, que atraviesa toda la ciudad de La Paz. Esta obra municipal se hace posible gracias a los fondos del Programa de Arranque para el Desarrollo (PADES), dependiente de la presidencia de la República. La empresa Bartos gana la licitación porque presenta los más bajos costos. Pero, los sucesivos reajustes exigidos por la empresa después del inicio de los trabajos elevan en un 50% el costo inicialmente previsto. El trabajo, por otra parte, iniciado en setiembre de 1973, se acaba en noviembre de 1975, con un año de atraso. Y, a fines de 1977, se comprueba que presenta numerosos defectos.

103En el caso de la carretera, la Contraloría General no comunica al público los nombres de las principales personas implicadas y el caso del río Choqueyapu no da lugar a ningún tipo de investigación. Pero, el escándalo de la carretera produce el suficiente ruido como para motivar, por un lado, la destitución de dos ministros, —la del de Urbanismo y Vivienda y la del de Transportes y Comunicaciones— y, por otro lado, la reorganización del Servicio Nacional de Caminos; con todo, no se sigue ningún tipo de juicio.

104Un segundo ejemplo permitirá mostrar un otro tipo de prácticas de malversación. El 19 de febrero de 1976, una pequeña bomba periodística explota en La Paz. Un joven economista, hijo de un ministro del gobierno de Bánzer —del ministro de Transportes, mencionado en el caso anterior— y un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) denuncian, con pruebas a la mano, un sistema de fraude fiscal que implica a empresas industriales, comerciales y bancarias del sector privado. La acusación es la siguiente: las empresas tienen un doble sistema contable, uno, que refleja su situación real y que se presenta a los bancos para obtener réditos, y, otro, con cifras falsificadas pero debidamente legalizadas, que se presenta al Ministerio de Finanzas para el cálculo del pago de impuestos. La documentación presentada a la prensa involucra a ocho empresas industriales o comerciales y un banco: el Banco Mercantil. El alcance del escándalo se comprende mejor si se añade que el ministro de Finanzas del momento, Carlos Calvo, es uno de los principales accionistas del Banco Mercantil. Por lo visto, los más altos funcionarios del Estado participan en este tipo de hechos, aparentemente generalizados; en efecto, el joven economista precisa que su denuncia “no es una crítica personal contra el Banco Mercantil [...], en mi carrera bancaria conversé con muchos ejecutivos de varias instituciones sobre este tema. Mi conclusión es que el Banco Mercantil es solamente un ejemplo que tipifica todo el sistema bancario a nivel nacional. El problema es común y aplicable no solamente a los bancos nacionales sino también a los extranjeros.”

105Hecho excepcional: los documentos entregados a la prensa revelan la lista de los accionistas, gerentes y contadores de las principales empresas incriminadas. El análisis de las listas muestra claramente que la norma es la de jugar en ambos tableros, el del sector público y el del privado, para defender intereses personales o de grupo; los miembros del gobierno y de la alta burocracia del Estado pueden provenir del sector privado y conservar sus intereses en ese sector, a menos que su desplazamiento a los puestos de decisión públicos no les permita ser parte en la constitución de entidades privadas. Cuando no son las mismas personas las que cabalgan en los dos universos al mismo tiempo, la empresa privada dispone de intermediarios en las altas funciones públicas, para obtener autorizaciones, franquicias o préstamos. Los intermediarios más seguros son los familiares.

106En breve, uno se encuentra ante un mismo mundo de negociantes que se dividen las tareas para lograr un rápido enriquecimiento; unos se encargan de las autorizaciones, préstamos, garantías de impunidad, y, los otros, se dedican a incrementar el capital; un mundo de negociantes que opera en el más alto nivel de la jerarquía nacional pues los más inmediatos colaboradores del presidente de la República son, pues, los actores principales.

107Finalmente, un último caso: el de los aprovechadores cruceños. En 1973, el gobierno del general Bánzer se lanza a la gigantesca tarea de promover la agricultura algodonera cruceña, por medio de la concesión de créditos elevados. El Banco Agrícola y el Banco Central otorgan casi 20 millones de dólares en préstamos, y, dos bancos privados, el First National Bank y el Banco do Brasil, autorizan un monto de 8.7 millones de dólares.

108¿Quiénes son los beneficiarios de esta operación? Ciertamente, no faltan verdaderos agricultores, pero también se incluye a los amigos y colaboradores políticos de los gobernantes. Como destaca el periodista López Muñoz, es evidente que, en una primera época, el régimen tiende a favorecer y enriquecer a los que han contribuido a su victoria sobre el régimen anterior, pero, con el correr de los días, esta manera de proceder que debería haber ido desapareciendo lentamente, no sólo no desaparece sino se acentúa (IPE, 25.04.1977). Una rápida lectura de la lista de los deudores, aparecida en el matutino Presencia en 1984, permite constatar que son conocidas personalidades las que ostentan los récords de deudas: un prefecto, un presidente de la Cámara de Agricultura del Oriente, más tarde, de la Asociación de los Productores de Algodón, dos vicepresidentes de la Federación de los Productores de Caña de Azúcar, un presidente de la Asociación de los Productores de Leche, un vicepresidente de la Cámara de Comercio Agrícola del Oriente, etcétera. El coronel Luis Arce Gómez, más tarde ministro de Gobierno de García Meza, expulsado de las Fuerzas Armadas por tráfico de cocaína, es también parte de esa lista.

109La mayoría de los créditos no fueron pagados y, desde 1975, el gobierno obliga al Banco Agrícola a comprar las deudas en mora del First National City Bank y del Banco do Brasil. El 30 de junio de 1976, la pérdida acumulada del Banco Agrícola, que también se hizo cargo, pocas semanas antes, de las deudas de los ganaderos al Banco do Brasil (5 millones de dólares) es tal que tan sólo dispone del 63% de su capital. A principios de 1984, el total de las moras imputables a la agricultura oriental se evalúa en 70 millones de dólares, intereses incluidos.

110Se podría pensar que el Estado se equivocó al exigir impuestos a los empresarios agrícolas, pues gran parte de los impuestos provenientes de la agricultura serían de exportación. Pero, de hecho, entre 1970 y 1976, época del más decidido esfuerzo gubernamental en favor de la agricultura cruceña, el conjunto de los recaudaciones del sector agrícola sólo ha representado de 0.12 a 5.51% del total de los impuestos, cuando la agricultura engendraba aproximadamente el 20% del PNB. Esta escasa recolección de impuestos se debe al hecho que numerosos empresarios agrícolas, y, particularmente, los productores de aldogón, han simple y llanamente evadido los impuestos.

111Por tanto, en este tercer caso, directamente y sin ningún tipo de artificio, la clase política ha remunerado descaradamente a sus amigos agroindustriales —o pseudo-agroindustriales— con los fondos del Estado.

112Ahora ya queda claro que las categorías dirigentes están encabezadas y, en cierta forma, encaminadas por dos de entre ellas:

  1. la burguesía comercial-financiera que, como vimos, comprende a la “crema” del sector privado de la economía nacional; y,
  2. la clase política parcialmente confundida con la burguesía de Estado o “burguesía burocrática.”

113La importancia del sector público puede inclinarnos a creer que la clase política y la burguesía de Estado imponen sus caprichos. Pero, esta proposición lógica es engañosa. Estos dos conjuntos no confortan un todo coherente. Las grandes empresas, como la COMIBOL o YPFB, disponen de un amplio campo de maniobra y no les preocupa mucho el Ministerio de Minas y Petróleo o el Ministerio de Planificación. Fuera del presidente de la República, de hecho, sólo el Ministerio de Finanzas les impone, de vez en cuando, su ley, por medio de sus políticas financieras, como cuando cambia las formas y los montos de los impuestos, fija las políticas monetarias, interviene sobre los montos de los derechos de aduana, etcétera. Por ello, frecuentemente, surgen conflictos debido a la oposición que existe entre las orientaciones generales del gobierno, que intentan aplicar los funcionarios de los ministerio, y las políticas sectoriales de las empresas, que obedecen a lógicas internas. Este tipo de casos se reproduce a una escala menor entre ciertos ministerios y las otras unidades descentralizadas que tienden a desarrollar sus propias estrategias, independientemente de las gruesas líneas de la planificación gubernamental, más aún cuando, en muchos casos, sus presupuestos dependen directamente de financiamientos externos.

114Por otro lado, es inevitable que existan conflictos en la repartición de un presupuesto crónicamente deficitario. Estos resultan aún más agudos, en la medida que cada grupo político y cada red público-privada disponen de agentes, directos o indirectos, que defienden su causa en las diversas agencias y en los diversos escalones de la burocracia del Estado.

115El grupo que dicta su lógica, el que impone su tono al conjunto de las categorías dirigentes, es el grupo comercial-financiero. Por lo menos, debido a dos razones. La primera tiene que ver con la antiguedad y la permanencia de su implantación en el país; sus representantes más conocidos (Grace, Hansa, Bedoya, Cámara de Comercio Boliviano-alemana, etcétera) ya controlaban el timón antes de la revolución y constituían, en aquel entonces, una de las antenas de la oligarquía del estaño; así mismo, es el único grupo que, desde entonces, se ha conservado hasta nuestros días sin haber sido víctima de las vicisitudes y azares de los cambios políticos. Por otro lado, la segunda tiene que ver con su carácter oligopolístico y sus vínculos con las compañías transnacionales, las que, a la vez, les permite contar con un buen grado de independencia con respecto al Estado boliviano y una gran capacidad de presión. En la bisagra de los mercados nacionales e internacionales, en un país en el que ha contribuido a mantener la economía de exportación de bienes primarios, este grupo es capaz no sólo de movilizar grandes capitales sino también de congelarlos al invertirlos en otros lugares, y, por lo tanto, es capaz de imponer sus preferencias a los grupos políticos o a la burguesía de Estado, sobre todo, en lo que se refiere a la importación de los equipos y productos manufacturados indispensables para las empresas públicas con las que realiza la mayor parte de sus negocios.

116Como corolario, hay que insistir una vez más en la ausencia de una burguesía industrial y, por lo tanto, en el fracaso de los objetivos revolucionarios. Ni las divisas obtenidas gracias a la exportación de minerales o hidrocarburos como tampoco los aportes extranjeros han sido suficientes para implantar una dinámica industrializadora en el país, tanto en el período del MNR como en el de los gobiernos militares. Después de 1964, “gran parte de los beneficios de la exportación han sido utilizados para importar artículos de consumo, incluyendo bienes de lujo. Y los fondos venidos del exterior se han frecuentemente invertido en enormes proyectos de dudosa rentabilidad” (Morales, en Landman (Comp.) 1981: 225).Evidentemente, no todo ese dinero se ha perdido para todos. Ha contribuido a engordar “un estamento social alrededor del Estado y los sectores privados no productivos,” un conjunto que el economista Jordán Pozo no vacila en denominar “cleptocracia, ya que para el logro de sus beneficios y privilegios únicamente se precisa el control efectivo del Estado.”

117Una de las funciones ocultas del comercio de importación y exportación consiste, en realidad, en sacar dinero del país. Y uno se queda paralogizado ante el monto de los capitales que, cada año, salen de Bolivia. Las estimaciones de este tipo de fugas son siempre delicadas, por ello me ha parecido aconsejable yuxtaponer dos de ellas. La de un economista boliviano, Ramiro Carrasco Quiroga, y la de un economista peruano, Oscar Ugarteche. Observamos que la fuga se incrementa a lo largo de los años 70; según Ugarteche, ésta se triplica. En 1977, año récord según Carrasco, llega hasta casi 300 millones de dólares.

  • 12 En Temas de la crisis No. 21, octubre 1983: 39. Según el Banco Mundial, más del 80% de la deuda ex (...)

118Para tener una idea de estas fugas, las podemos vincular con el monto de los financiamientos externos. Para los nueve años tratados por Carrasco, la fuga de capitales (1.341.6 millones de dólares) equivale al 72% del financiamiento externo (1.866.1 millones de dólares). Por su parte, Ugarteche estima que se trata del 65.57 al 78% de la deuda pública, para los tres períodos que trata. Según Carrasco, “ningún país del tercer mundo acusa esta relación pese a que en todos ellos existe fuga de capitales”.12 Para este mismo autor, el principal canal para la fuga de capitales es la banca comercial privada que adquirió el 86% de las divisas producidas por las exportaciones. Hecho que, una vez más, nos confirma el papel fundamental del sistema bancario en la conformación de la clase dominante boliviana, por lo menos, durante los años 70.

CUADRO 2. Fuga de Capitales (en millones de dólares)

CUADRO 2. Fuga de Capitales (en millones de dólares)

Fuentes: Temas en la crisis n. 21, octubre 1983:39, Ugarteche 1987:73.

119El dominio de los prebendalistas y cortesanos que se manifiesta en las redes de enriquecimiento es también el signo de una mentalidad específica que ahora nos es familiar. El capitalista boliviano está muy lejos del empresario ideal, tal como lo construyó Weber; el de esos “hombres educados en la escuela dura de la vida, prudentes y arriesgados a la vez, sobrios y perseverantes, entregados de lleno y con devoción a lo suyo, con concepciones y ‘principios’ rígidamente burgueses, “que consideran al trabajo como una obligación moral, tanto, que se convierte en una vocación, que “aborrece[n] la ostentación, el lujo inútil y el goce consciente de su poder” y les “repugna[n] los signos externos del respeto social de que disfruta[n].” Aestos empresarios, Weber les opone los “especuladores osados y sin escrúpulos,” los “aventureros” o, aun, las “gentes adineradas” (Weber 1994: 73-75).

120Los que uno encuentra en Bolivia no se consideran trabajadores, al contrario, profesan un cierto desprecio por el trabajo, gustan de ostentar una riqueza dilapidada, a menudo, en bienes suntuarios, y “arman golpes” anudando sus relaciones para obtener, en el menor tiempo posible, las mayores ganancias posibles y, así, vivir como señores; con este fin, se permiten cualquier tipo de las maniobras y los protagonistas no prestan ninguna importancia a su falta de escrúpulos. No sólo la corrupción administrativa es la norma sino, más aún, la riqueza de unos se alimenta abiertamente (en última instancia) del trabajo de los otros.

121Esta mentalidad que, brutalmente, podemos resumir al caracterizarla como aventurera, violenta y ociosa, no surge de lo inmediato, tiene profundas raíces. Marie-Danielle Demélas subraya que, a principios de siglo, “muchas de las actividades de la oligarquía no se hubieran realizado si ésta no recurría a la violencia; la que se ejerció en las minas o aquélla en las selvas —en la recolección del caucho— se conocen gracias a las obras literarias que inspiraron; han sido menos descritas las del contrabando y de las bandas que circulaban por las fronteras del país, que, dirigidas a menudo desde La Paz, se dedican al tráfico de todo tipo de productos, emprenden acciones punitivas contra los siervos recalcitrantes, o son parte de los conflictos del momento, tanto en Bolivia como en el Perú. Los agitadores viven en las fronteras. Las fortunas se acumulan desafiando las concesiones mineras, levantando campamentos en las vetas vecinas, alternando la corrupción de los funcionarios con la intimidación a los rivales. En las haciendas, el látigo, a veces la muerte. En los llanos, el pillaje de cautivos, la exterminación de tribus, el asalto a los depósitos de los otros productores después de la cosecha” (1984).

122En lo que a la corrupción general se refiere, o sea, la de los funcionarios y los políticos, ésta fue señalada por todos los observadores políticos de la época. Así, en tono de queja, decía Bautista Saavedra: “Toda nuestra historia no es sino el testimonio de este desequilibrio psicológico, de esta fractura interna dentro de la cual sólo triunfa la astucia criolla, el expediente curialesco, el ardid abogadil, sobre el imperativo moral y noble” (Saavedra 1921: 24).

123Las citas podrían multiplicarse, en todo caso, muestran que estas mentalidades no han variado desde principios de siglo. Es evidente que su vigencia está vinculada con la ausencia de verdaderos empresarios industriales y con la permanencia de una economía de exportación dominada por burócratas y comerciantes. Pero, es difícil saber si estas mentalidades preceden a o resultan de los desarrollos económicos, si nuestros “hombres de frontera,” en el sentido de que se mueven en todas las fronteras (territoriales, públicas y privadas, morales...), son el producto de esta mentalidad particular o si son sus actividades económicas las que engendran estos hábitos en sus espíritus. En todo caso, en lo que nos ocupa, lo importante es el haber discernido una mentalidad común en las categorías dirigentes, una vez puestas en evidencia las redes de enriquecimiento de las que son parte.

124De acuerdo a las observaciones previas, podemos concluir, por lo tanto, que se ha reconstituido una nueva oligarquía, en base a lo que quedaba de la anterior, con la complicidad de los sucesivos ocupantes del aparato del Estado: un reducido grupo de “familias clientelares” que tiende a controlar la riqueza del país, con orientaciones de política económica liberales muy parecidas a las del “liberalismo criollo,” descrito por François Borricaud para el caso del Perú, y que ejerce una especie de control de los gobernantes sin necesidad de verse exclusivamente ligado a una forma político-partidaria en particular (cf. Bourricaud 1964 y 1967).

125Sin embargo, en muchos aspectos, esta neo-oligarquía se distingue de la antigua. Los barones de “La Rosca” dominaban el mercado mundial del estaño mientras que “los hombres de noviembre [...] se saben sobre pasados y aceptan con humildad el puesto señalado por los americanos. Esta falta de energía descubre la debilidad de su raíz de clase; un burgués boliviano operando un banco minúsculo y debiendo dinero a los norteamericanos, o un industrial semiquebrado, no tienen la ambición ni la perspectiva de clases burguesas más fuertes. [S]e sienten dueños del país, pero no pueden compararse con Patiño. Tienen asociaciones de empresarios, influyen en los bancos, escriben en la prensa: se fingen dueños pero dudan de serlo” (Almaraz 1969: 140).

126La fuente misma de su riqueza cambia radicalmente. La exportación de minerales no constituye más la esencial, que proviene, sobre todo, del control de los circuitos de circulación de los bienes y del dinero: monopolio de las importaciones, control de créditos, especulaciones y tráficos, etcétera. Y, si bien un conjunto de grupos antiguos, ya instalados antes de la revolución, vinculados a la Rosca, siguen siendo parte —algunos de los grandes grupos de importación-exportación, sobre todo—, han surgido otros, más o menos colaborados por ciertos gobernantes, de acuerdo a las posibilidades brindadas por la especulación. Al respecto, después del fin de los años 70, el tráfico de la cocaína y el contrabando que, de una u otra manera, le es afín han contribuido, sin duda alguna, a modificar su fisonomía.

127Además, esta recomposición o, mejor, estas recomposiciones sucesivas en torno a un antiguo núcleo se han visto acompañadas de una ampliación de la oligarquía sin que por ello ésta cese de ser “una red de familias clientelares.”

128Finalmente, resulta evidente que tanto el contexto económico y político internacional —veremos luego el peso de los Estados Unidos en la vida del país— como el contexto socio-político local en los que se mueve esta neo-oligarquía han cambiando profundamente. “La Rosca” de antes del 52 alternaba con los hacendados que aseguraban el control del campo. Evidentemente, la revolución que quiebra ese feudalismo e instituye el sufragio universal ha instaurado serias trabas para un nuevo orden oligárquico. Es por esta razón que la neo-oligarquía ha tardado en resurgir y que sólo pudo reconstituirse a la sombra de los dictadores.

129Impuesta a la fuerza, sin contar con un verdadero apoyo de la población, excepto por fracciones más o menos fluctuantes de otras categorías dominantes, no puede ser considerada como una clase dirigente, en el sentido que propone Raymond Aaron, en la medida que “una sociedad carece de clase dirigente si los dirigentes de la industria, los de los sindicatos obreros, los de los partidos políticos se consideran como enemigos los unos de los otros, hasta el punto de no tener ninguna conciencia de solidaridad” (1960: 260-281). Además, si exceptuamos a los líderes de las masas, las prácticas y las maneras de ver de otras categorías de dirigentes no aportan nada a esa solidaridad que tanto reclama Aaron, como tampoco trabajan a favor del “interés común al régimen y al Estado”; tienden, más bien, a exacerbar la competencia y queda claro que —y ése es, precisamente, el tema de este trabajo— les es muy difícil de dirigir el país.

130Huntington sostiene que “la relativa ausencia de una clase alta arraigada implica también la carencia relativa de una ética de clase gobernante, con su sentido de ‘noblesse obligue”‘ (1972: 68). Se puede también proponer una fórmula inversa y levemente diferente: el dominio del país por una neooligarquía predadora y especulativa, de dudosa ética, impide que ésta se constituya en una verdadera clase dirigente. En efecto, es difícil movilizarse constantemente y crear un consenso mínimo en torno a individuos cuyas fortunas son sospechosas, sus méritos inciertos y sus decisiones arbitrarias.

131El hecho que la mentalidad de los dirigentes se halle relativamente difundida en un país donde el “cholo vivo” es más apreciado que el hombre íntegro (un “bobo”), el ladino más que el hombre honesto no altera en nada esta constatación. Las adhesiones que provoca esa actitud y la generalización del “sistema D” descalifican más bien a estos dominantes, a los se que se concibe, sobre todo, como alguien más que, simplemente, un día cualquiera, tuvo más suerte que los demás; ellos mismos, sus antepasados o un miembro de su familia tuvieron la suerte de asestar un buen golpe que los ha encumbrado allá arriba. En suma, entonces, la neo-oligarquía carece de credibilidad, es incapaz de convocar al país y conducirlo hacia un proyecto común del que, por otra parte, carece.

132Y la revolución boliviana es, desde ya, un fracaso moral. Lo nuevos amos del país, en lugar de dar ejemplo de austeridad y firmeza, se han otorgado privilegios a sí mismos, han fomentado la corrupción y derrochado la riqueza nacional. Un tal ambiente no ha sido nada propicio para el desarrollo de una ética del sacrificio en la colectividad; ha desanimado el esfuerzo productivo y, al mismo tiempo, ha provocado exigencias en cadena para los gobernantes, los que, por su parte, evidentemente, no podían satisfacerlas. En consecuencia, la revolución ha empujado hacia la oposición al mundo de los trabajadores, los que constituían su principal apoyo, cavando así su propia tumba y prefigurando el ciclo del sangriento conflicto entre militares y obreros.

Notes

1 Cf., al respecto, el capítulo “Víctor Paz Estenssoro, ideólogo frustrado de la burguesía industrial” (Canelas 1966: 55-64); y también Thorn 1971: 159.

2 A fines de 1955, el Banco Central suspende sus créditos de financiamiento a la industria, alegando que, en muchos casos, éstos habían sido utilizados para especular con los dólares en el mercado libre (CEPAL 1958: 76).

3 Además, “la carga fiscal al sector privado disminuye bruscamente del 77 al 11%, entre 1972 y 1974, y, entre 1972 y 1978, permanece por debajo del 60% —promedio—, cuando su nivel histórico era, entonces, del 85% del total.” (Naciones Unidas 1983: 129). Destaquemos también que el cambio fijo del dólar, con un precio subevaluado, favorece las importaciones.

4 Se autoriza a 13 compañías privadas y 45 cooperativas a que trabajen en minas de la compañía, y se alquila la rica Mina Matilde a un grupo norteamericano.

5 Entre 1965 y 1970 los depósitos bancarios se habían incrementado en casi 7 veces. Los bancos extranjeros instalados en el país habían captado un tercio del total; cf. “Análisis del decenio de desarrollo, 1960-1970,” Revista de Planificación y desarrollo 2 (1970).

6 La muestra realizada por estos dos autores sólo incluye a las compañías centralizadas en La Paz; sería necesario, sin duda, añadir los 2 o 3 grupos suplementarios cuyo centro operativo está en Santa Cruz (Roda Daza, Gasser-Bowles, Elsner).

7 “Prescripciones para el ordenamiento del sector público descentralizado,” Directiva Presidencial No. 2 (Presencia 04.09.1977). El Estado controla total o parcialmente los siguientes sectores de la economía: minas (70%), hidrocarburos (100%), electricidad (70%), cemento (70%), azúcar (45%), transporte aéreo (80%), ferrocarriles (100%), bancos (40%); al respecto, cf. Irving 1979.

8 Este impuesto había sido decretado en 1969.

9 Esta preencuesta pudo realizarse gracias a la colaboración de Salvador Romero Pittari, profesor de sociología en la Universidad Católica de La Paz. Los cuestionarios fueron presentados a 72 personas: 21 directores y jefes de servicios, y 15 empleados. Por otra parte, realicé algunas entrevistas personales más detalladas a responsables de los servicios públicos.

10 Este diseño ha sido elaborado a partir de las listas publicadas en Coyuntura No. 26 (08.1979). Hay que tratar estos resultados con suma prudencia, porque, por un lado, el documento de base, que permite el análisis, es una lista provisional, publicada antes de la instalación del Congreso y que, luego, sufrirá algunas modificaciones; por otro lado, los datos relativos a las profesiones de los cantidatos están incompletos.

11 El autor de la novela, Oscar Barbery Justiniano, conoce como pocos el tema que le ocupa pues ha jugado un rol político de primer plano en Santa Cruz, durante toda la época del MNR, cuando era uno de los grandes rivales de Luis Sandóval Morón. Últimamente, durante la segunda presidencia de Siles Suazo, ha retornado a los primeros planos al ser nombrado, por un tiempo, alcalde de Santa Cruz.

12 En Temas de la crisis No. 21, octubre 1983: 39. Según el Banco Mundial, más del 80% de la deuda externa de los años 70 ha nutrido la fuga de capitales; cf. Baptista Gumucio 1985: 190.

Table des illustrations

Titre CUADRO 1. El Empleo en 1950 y en 1976
Légende Fuente: Bartlema y Soliz 1980: 46.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3441/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 387k
Titre CUADRO 2. Fuga de Capitales (en millones de dólares)
Légende Fuentes: Temas en la crisis n. 21, octubre 1983:39, Ugarteche 1987:73.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3441/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 235k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search