Capitulo dos. Los Campesinos
p. 233-270
Texte intégral
1Las acciones colectivas de los campesinos, locales y esporádicas, nunca han tenido un alcance nacional como las de los mineros ni, siquiera, como las de algunos sectores obreros asociados a los mineros en el seno de la COB; y, durante mucho tiempo, sus organizaciones han estado ligadas a los gobiernos en ejercicio. ¿Por qué, entonces, estudiar a los campesinos en una sección dedicada a los actores sociales movilizados o movilizables, susceptibles de poner en peligro la estabilidad gubernamental?
2Por dos razones, completamente distintas. En primer lugar, para responder a aquella afirmación, frecuentemente reiterada, sobre todo en el pasado, e indicada en la introducción de este libro, según la cual los “indios” serán la causa de todos los males bolivianos. Y, en segundo lugar, porque Bolivia no ha dejado de ser un país dominantemente rural, donde los campesinos constituyen la mayoría de la población activa y, después del dictado de la Ley del Voto Universal (1952), tienen un peso social y electoral decisivo.
La modernización del campo y sus límites
3En 1950, 74.4 % de los habitantes viven en el campo, en pueblos con menos de 2.000 habitantes y el 70.5 % de la población activa trabaja la tierra. Las densidades rurales varían enormemente de un piso ecológico a otro y, además, en cada uno de estos pisos: las zonas más pobladas son los valles de Cochabamba, aledaños a la ciudad del mismo nombre (60 habitantes por km2) y el Altiplano norte, cerca al Lago Titicaca (40 habitantes por km2); el departamento de Pando es el menos denso (0.13 habitantes por km2).
4¿Cómo se valora la tierra? Distingamos, de partida, entre dos formas de tenencia de la tierra: la propiedad comunitaria, forma alterada del ayllu precolombino1 y la propiedad privada, cuya forma dominante es la hacienda. Esta última se constituye, poco a poco, después de la colonización, pero, la usurpación de las tierras indígenas tiene su apogeo a fines del siglo xix y principios del siglo xx. En 1950, sólo existen 3.779 de las 11.000 comunidades censadas en 1847 (cf. Peñaloza 1953: 281-282). Otra forma de propiedad privada: la pequeña explotación familiar; suma el 65 % de las propiedades censadas en 1950, pero sólo abarcan el 18.9 % de la superficie cultivada. En tanto que las haciendas, 9 % de las propiedades, abarcan el 44.3 % de las tierras cultivadas (cf. Canelas 1966a: 98).
5La desigualdad entre la pequeña y gran propiedad es extrema, tanto en lo que a la cantidad de las tierras en propiedad se refiere como al número de propiedades de cada tipo: mientras que un 6.26 % de las propiedades con una extensión igual o superior a 1.000 has. comprenden por si solas al 91.1 % de la superficie agrícola total, las propiedades de 2.9 has. y menos, el 49.6 % de ellas no ocupan sino el 0.13 % de esta superficie (cf. Canelas 1996a: 97). Dicho de otra manera, la mayoría de las tierras se encuentra concentrada en pocas manos y los escasos restos se dispersan en minifundios de propiedad familiar. En realidad, la mayoría de los campesinos carece de tierra propia (52.9 %)2 y los patrones de hacienda son una ínfima minoría (1.7 %) que aprovecha la mano de obra indígena.
6La Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953 consiste, esencialmente, en el fraccionamiento de las grandes haciendas en pequeñas propiedades. La Reforma sólo afecta a este tipo de propiedades; mientras tanto, los pequeños y medianos propietarios, como también todos aquéllos que utilizan tecnología moderna y emplean asalariados, incluidos en la categoría de “empresarios agrícolas,” simplemente, “consolidan” sus derechos.3
7El proceso de distribución de los nuevos títulos es extremadamente lento. En 1972, únicamente un 30 % de los agricultores fueron reconocidos; 52 % en 1978. Aunque algunos campesinos recibieron sus títulos en 1954, el proceso de reconocimiento es tal que, en promedio, pasan 3 a 4 años desde el inicio hasta el final; “los casos en litigio toman, en promedio, 6 a 7 años en resolverse y muchos tardan toda una década” (Dorsay 1975: 35).
8El ritmo de la concesiones va in crescendo de 1955 a 1964; el gobierno más interesado en cumplir con los campesino es el segundo de Paz Estenssoro. Luego, el ritmo disminuye durante Barrientes y sólo vuelve a incrementarse con la llegada de los militares permisivos al poder. Después, se frena una vez más, aunque manteniéndose a un nivel más alto que durante Barrientes (CNRA 1975: 20).
9Desde el primer gobierno de Paz Estenssoro hasta el fin de la presidencia de Barrientes (1969), la cantidad media de hectáreas por beneficiario aumenta regularmente: pasa de 15 a 103 has. Este aumento de superficies promedio se debe al hecho que, al principio, se distribuyeron, sobre todo, las tierras cultivables, individual o colectivamente (70.5 %), mientras que, a la inversa, durante esos últimos años, las tierras concedidas son, sobre todo, las de pastizales (76.5 %) y colectivamente. Al mismo tiempo, la porción de tierras cultivables concedidas a título individual pasa del 40 a un 12.5 %, mientras que la de las tierras cultivables distribuidas colectivamente disminuye de 30.1 a 2.1 % (Dorsay 1975: 46).
10Estas diferencias se explican muy fácilmente. Es normal que, al principio, hayan sido distribuidas las tierras cultivables en las zonas de alta densidad demográfica y que las tierras destinadas al pastoreo se hayan intervenido más tardíamente. En lo que a la disminución de las superficies cultivables distribuidas colectivamente se refiere, esto se debe, por un lado, al cambio de actitud política con la llegada de Barrientos a la presidencia, y, por otro, al hecho que, frecuentemente, las tierras colectivas fueron, a su vez, redistribuidas (individual o colectivamente).
11Después de 1969, las superficies medias otorgadas por el SNRA—incluidas todas las categorías— empiezan a declinar durante los gobiernos de Ovando y Torres, para luego volver a incrementarse durante el gobierno de Bánzer, hasta alcanzar la dimensión récord de 119.5 has. entre 1975 y 1978 (Albó 1979: 42). Estas diferencias se deben fundamentalmente a las estrategias gubernamentales en juego. Así como durante el período movimientista y el de los militares nacionalistas, se intenta favorecer a los campesinos más necesitados, bajo los regímenes represivos, en cambio, se “consolidan” los derechos de los antiguos propietarios y se otorgan vastos terrenos en las zonas orientales o nororientales del país.
12En suma, los resultados de la Reforma Agraria son muy diferentes de acuerdo a las regiones. En las zonas de las propiedades tradicionales, se ha multiplicado el número de propietarios agrícolas, generalizando, así, la pequeña propiedad parcelaria: en 1975, en los alrededores del Lago Titicaca, el tamaño promedio de las propiedades era de 5.7 has. Además, estas pequeñas propiedades han sido otorgadas en forma desigual: en el Altiplano norte, cerca de un tercio no dispone sino de 1 ha. o, aun, menos (Jacquier y Lavaud 1978: 34). Esto debe al hecho que, muy a menudo, los colonos han recibido las parcelas que, anteriormente, cultivaban en usufructo, a las que se les añade una otra parcela de la hacienda proporcional a la que cultivaban. En cambio, en las zonas orientales, los grandes dominios se han multiplicado, algunos por medio de la “consolidación,” pero, la mayoría por medio de la concesión de tierras vírgenes. Finalmente, mientras que en el Altiplano la dimensión promedio de las propiedades tiende a disminuir, a la inversa, en los llanos orientales, las grandes propiedades agrícolas y ganaderas crecen, bajo el modelo de una economía agroindustrial de plantaciones. Actualmente, estos hechos marcan, pues, dos zonas agrícolas muy distintas.
13La brecha existente entre estos dos sectores se ha visto más agravada aún debido a las políticas gubernamentales que han acompañado la Reforma Agraria, sobre todo, la relativa a los créditos. En efecto, en relación a su número, los campesinos indígenas han tenido acceso a sólo una ínfima parte del crédito, mientras que los agroindustriales y ganaderos han sido altamente beneficiados. Entre 1964 y 1971, la otorgación de créditos por parte del Banco Agrícola ofrece una prueba palpable: más del 90 % de los créditos han sido destinados a los agricultores “modernos,” a los cruceños y a los ganaderos del Beni, sobre todo; los campesinos sólo han conocido las migajas de ese festín (CEPAL 1982: 106).
14También, la política de precios en las producciones agrícolas ha perjudicado, a menudo, a los campesinos indígenas, ya sea al fijarse arbitrariamente precios muy bajos de venta, ya sea al permitir el Ubre juego de las leyes de un mercado salvaje, en el cual los campesinos han resultado las víctimas de los comerciantes y transportistas. A la inversa, la producción de azúcar ha sido subvencionada permanentemente y, coyunturalmente, el gobierno de turno ha también ayudado a otros productos orientales.
15Antes de 1953, el sistema de las haciendas producía y practicaba una agricultura harto estática y de un débil rendimiento. La impresionante masa de los campesinos no alcanzaba para alimentar al país —apenas si se alimentaba a sí misma— y Bolivia debía utilizar más de un tercio de sus divisas para importar productos de primera necesidad.
16Poco después de la Reforma Agraria, los productos agrícolas escasean en los mercados, debido, por un lado, a la desorganización comercial del sistema de la prereforma, y, sobre todo, debido al incremento en el auto-consumo campesino. Pero, rápidamente, a partir de mediados de los años 50, la producción supera la de los 40 y, desde entonces, crece a un ritmo constante, superior al 3 % al año (CEPAL 1982: 24). A fines de los 50, le toca el turno a los productos agrícolas tropicales (caña de azúcar, arroz, algodón...), los que se cultivan en tales cantidades que resultan excedentarias y, por tanto, algunos de estos productos comienzan a ser exportados.
17La destrucción del sistema hacendal y la multiplicación de la pequeña explotación familiar también conducen hacia la reestructuración del conjunto del sistema de comercialización de los productos agrícolas. Las tradicionales ferias pueblerinas, controladas por los expatrones y los vecinos, son reemplazadas por nuevas ferias campesinas. Casi inmediatamente, surgen nuevos pueblos en torno a esos asentamientos: así, una treintena de estos emergen en sólo el Altiplano norte, entre La Paz y el Lago Titicaca, y 61 en el conjunto del departamento de La Paz (Albó et al. 1983: 42)4 Muchos campesinos comercializan personalmente sus productos, llevándolos hasta los lugares de las nuevas ferias o, más aún, directamente hasta La Paz. Además, un conjunto de comerciantes, transportistas, diversos intermediarios, surgidos del campesinado, imponen nuevos criterios de comercialización y nuevos circuitos.
18Globalmente, los ingresos campesinos aumentan, en la medida que aumentan las partes comercializables de su producción. Sin embargo, en 1977, 59 % de los campesinos aun pertenecen a la franja del 40 % de los ingresos más bajos, cuando se los compara con las otras categorías socio-profesionales. Tan sólo un 6 % de los mineros y trabajadores del petróleo pertenecen a esta misma franja (Informe Musgrave 1977: 175). Pero, la situación varía enormemente de una región a otra —no todas se orientan de la misma manera hacia el mercado— y, aun, en el seno de una misma región, debido a la diferencia de tamaño de las propiedades. Entre 1963 y 1976, el poder de compra de los productos agrícolas cultivados en las zonas frías y templadas cae en más de un 35 %; y, al contrario, el de los productos agrícolas tropicales aumenta en un 30 % (CEPAL 1982: 120). Además, al interior de la zona templada fría, la evolución del poder de compra es muy distinto de acuerdo a los productos comercializados; mientras que el de los tubérculos cae en 4.9 % (promedio) anualmente, el de los frutales aumenta en 3.9 % y el de las legumbres en un 2.2 % (CEPAL 1982: 143).
19Generalmente, los gobiernos militares (el de Bánzer, sobre todo) han fomentado las producciones orientales exportables —aumentando sus precios por decreto, devaluando la moneda— y, por el otro lado, han dejado que la libre competencia determine los precios de los productos tradicionales. Una competencia salvaje en la medida que los comerciantes y transportistas, aprovechando las dificultades de los campesinos para poder comercializar sus productos (debido a las distancias, la mala calidad de los caminos, la carecía de depósitos, a las necesidades monetarias a menudo apremiantes, etcétera), les obligan a venderlos a los precios lo más bajo posibles. De modo que, globalmente, luego de haber aumentado (hasta principios de los años 60), el poder de compra de los campesinos no cesa de disminuir constantemente a un ritmo de 2.2 % anualmente y la distancia con los ingresos urbanos no deja de crecer (cf. Zuvekas 1977: 29).
20Sin embargo, ahora que cuentan con algún ingreso, sus hábitos de consumo han empezado a cambiar lentamente. Para entender estos cambios, lastimosamente, no se dispone sino de algunas encuestas aisladas. Los cambios más significativos se refieren a la alimentación (compra de azúcar, de arroz, especialmente), al material agrícola (pesticidas, abonos...), mejoras en la vivienda (madera, cemento, vidrios) y a los bienes de uso durable (como: máquinas de coser, camas, lámparas a kerosén, bicicletas y radios).
21Pero, muy probablemente, los efectos de la Reforma Agraria más notables son los sociales. Para medir la distancia recorrida, es necesario comprender que, antes de 1952, el hacendado es, ante todo, un Señor de indios. En toda hacienda, las tierras se dividen en dos grandes conjuntos: las que se explotan a beneficio del patrón y las que se les conceden sus colonos con la condición que trabajen para su “dueño”; la superficie concedida depende de la cantidad de trabajo realizado.
22Pero, fuera de su trabajo agrícola, el colono debe cumplir con otras obligaciones: trabajos artesanales —carpintería, albañilería, fabricación de derivados de la leche (quesos) o de la papa (chuño)—, el transporte de los productos de la hacienda hacia los mercados, juntar leña, trabajos temporarios en otras haciendas del patrón... Finalmente, está obligado a realizar periódicamente un servicio doméstico ya sea en la hacienda, ya sea en la residencia urbana del patrón: los hombres (o pongos) son, ayudantes en todo lo que se les pida, mientras las mujeres (o mitanis) son sirvientas, cocineras, amas de casa... Estas últimas obligaciones, conocidas bajo el nombre de “pongueaje” (cf. Reyeros 1963), se consideran humillantes y, en general, son una dolorosa experiencia. En los valles, esta organización es, a menudo, menos estricta y permite intercambios monetarios. En su sentido estricto, en esas zonas, el colonato se ha degrado en múltiples formas de cultivo de tierras al partido y alquiler.
23La tutela de la hacienda no termina en las fronteras del dominio, engloba al conjunto del mundo rural en una red cuyas mallas son más (o menos) densas de acuerdo a las regiones y que funciona como una “constelación social”5 que incluye aun a las comunidades. A primera vista, sin embargo, estas últimas serían independientes: son propietarias de sus tierras y designan a sus propias autoridades —de acuerdo a un sistema de “cargos,” en el cual, los cargos más altos en la jerarquía se ejercen en la medida que uno ha demostrado su (mayor) generosidad al organizar y costear las fiestas rituales. Pero, esa primera impresión olvida —un poco apresuradamente— que la comunidad es también, pese a todo, parte integrante de la República y que ésta la cubre con su red administrativa local.
24El país está dividido en nueve departamentos, subdivididos en provincias, las que, a su vez, se dividen en cantones. De acuerdo a las regiones y en relación al tamaño de las comunidades —muchas de las cuales han sido amputadas por las haciendas—, éstas pueden ocupar todo el territorio de una provincia, de un cantón o, a veces, menos. Cada departamento tiene un prefecto, las provincias sus subprefectos y los cantones sus corregidores. Las mismas subdivisiones existen en lo que a la justicia y la policía se refiere: así, cada cantón tiene su juez parroquial y su intendente de policía. Además, estas autoridades civiles se duplican con la jerarquía eclesial. Esta corte de autoridades reside en el pueblo (sede provincial o cantonal), donde, junto a los comerciantes, algunos hacendados, eventuales propietarios mineros pequeños y otros, componen el mundo de los “vecinos” o. de hecho, el de los “notables” por oposición a los “indios.”
25Ahora bien: este conjunto de vecinos es un parásito de las comunidades. Los comunarios deben realizar para ellos una serie de tareas públicas (la posta, el cuidado de caminos...) y privadas (a las que, para su beneficio personal, los someten los corregidores, los curas, los jueces). También su libertad es controlada por otras disposiciones, como la necesidad de contar con un permiso para poder circular, los “sentajes” que deben pagar para poder vender sus productos en las ferias o los impuestos de “contribución territorial.”
26En resumen, como apunta Oscar Delgado, antes de la Reforma Agraria el poder rural es un privilegio de los hacendados —los “patrones.” Los funcionarios provinciales y cantonales sólo ejercen un poder formal, pues dependen de los patrones; se trata, casi siempre, de los mestizos que viven en los poblados vecinos, que juegan un papel de intermediarios (en lo social, político y, en algunos casos, en lo económico) entre los patrones y la élite, por un lado, y, por otro, el campesinado. No faltan “vecinos” que tratan cruelmente a los campesinos, les explotan abiertamente y, en consecuencia, despiertan su antipatía (cf. Delgado 1972).
27Se puede calificar de feudal la relación que vincula al hacendado con el indígena: entre dos personas de poder desigual se crean relaciones de protección, por un lado, y, por otro, de fidelidad y de servicio, las que a menudo se convierten en relaciones de explotación pura y simple. Y, siguiendo a Georges Baladier, se puede asumir que “esta relación feudal es un medio puesto al servicio de una estrategia que tiende a la conservación, utilizado por una reducida aristocracia y sus dependientes del poder y del tener” (1967: 113).
28En 1953, se termina con el sistema del colonato, como también con las otras formas de prestación gratuita de servicios. La Ley de Reforma Agraria precisa, entre otros, que, desde ahora, el salario será la única forma de remuneración reconocida tanto en los contratos de trabajo individual como colectivos. Pero, para que el salario se generalice, habría sido necesario conservar las grandes propiedades. Ahora bien, esto no sucede en las regiones de agricultura tradicional, donde las propiedades parcelarias se trabajan, casi siempre, en familia, sin mano de obra exedentaria. Las únicas regiones tradicionales en las que el trabajo asalariado se ha practicado, un poco, son las zonas de cultivo de legumbres y las de ganado lechero en el valle de Cochabamba, en el cultivo del café en los Yungas (departamento de La Paz), de la uva (departamento de Tarija)...; o sea, siempre, en los valles en los que se practica algún tipo de agricultura comercial. Pero, ciertamente, es en los grandes latifundios orientales donde encontramos la más grande proporción de asalariados: entre los 81.758 asalariados censados en 1976 (13.6 % del total agricultores), un tercio trabaja en la región de Santa Cruz (23) (Escóbar y Maletta 1980: 108-114).
29Como efecto secundario, la parcelización de la tierra y la presión demográfica han obligado también a numerosos campesinos, cuya cantidad de tierras disponibles les resultó insuficiente, a convertirse en agricultores a tiempo parcial. Son mi-agricultores y mi-artesanos, o mi-comerciantes, mi-obreros agrícolas temporarios, mi-contrabandistas, mi-obreros... Muy a menudo, la esposa participa en esta diversificación de las actividades laborales al convertirse en comerciante, contrabandista, vendedora de chicha (en los valles) u otras. Es muy frecuente que la actividad no agrícola, temporal o no, le rinda más a la persona o a la pareja que la actividad agrícola. Este es un caso muy común y frecuente en las regiones rurales densamente pobladas como en los bordes del Lago Titicaca y el valle de Cochabamba.
30Otro objetivo declarado de la Reforma Agraria: promover “corrientes de migración interna de la población rural” hacia la zona oriental del país. Para lograr este fin, los sucesivos gobiernos fomentan programas de colonización. En general, esta colonización “dirigida” ha resultado un fracaso. También, últimamente, la tendencia ha sido la de incitar a la colonización por medio de la construcción de infraestructuras (caminos, por ejemplo) y la oferta de determinados servicios gratuitos (salud, sobre todo). Pero, la deserción sigue siendo grande, en las zonas donde se la ha implementado: según ciertas estimaciones, 43 % de los colonos abandonan sus concesiones (Albó 1983: 52). De hecho, es la colonización espontánea —traslado voluntario de un grupo de colonos, en general, organizados sindicalmente— la que ha dado los más durables resultados.
31En 1977, se estima que 64.307 familias recibieron 1.519.742 hectáreas de tierra (32.6 has. por familia). Estas se instalaron, sobre todo, en tres regiones; los valles tropicales del Chapare y de Chimoré en el departamento de Cochabamba, los valles cálidos del norte del La Paz (Yungas) y en la región situada al norte de Santa Cruz (Yapacani, San Julián).
32Para tener una idea más completa del fenómeno migratorio, no hay que perder de vista el conjunto de las migraciones temporales hacia las zonas de cultivo del Oriente boliviano y del Norte argentino, o hacia las ciudades y, también, las migraciones definitivas hacia los centros urbanos. Cada año, entre 40.000 a 60.000 trabajadores zafreros o braceros descienden desde los valles de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija hacia Santa Cruz y, desde estos mismos valles, entre 50.000 a 80.000 viajan hasta la Argentina con motivo de las cosechas de caña de azúcar, arroz y algodón. Para algunos, éste es el primer paso en la búsqueda de un trabajo fijo o de un terreno de cultivo en la región: la migración temporal rural puede así, en un segundo momento, convertirse en un asentamiento como colono o en una integración urbana.
33De acuerdo a las cifras del Censo de 1976, 69 % de los migrantes (nacidos en una provincia diferente de la que actualmente habitan) son de origen rural; entre ellos, 69 % se dirigen hacia las ciudades y el 31 % restante hacia otras zonas rurales. Entre los inmigrantes de la ciudad de La Paz, 64 % son habitantes de origen rural originarios del mismo departamento. Finalmente, sobre el total de la población masculina agrícola económicamente activa —la que en 1974 agrupa a 587.461 personas—, 118.779, o sea, el 20 %, son migrantes.
34Dicho de otra manera, al desestructurar el sistema de dominación de la hacienda, la reforma agraria y, más en general, la revolución abrieron la puerta a una intensa movilidad geográfica que no sólo ha llevado a los campesinos hacia las ciudades sino también les ha incitado a algunos de ellos a trasladarse lejos de su provincia de origen, hacia las tierras bajas del monte tropical. Esta movilidad geográfica de una zona rural a otra no equivale únicamente al desplazamiento de una fuerza de trabajo; es también la manifestación de un lento cambio en las relaciones de producción en la agricultura. En efecto, sobre el total de los migrantes “recientes” (menos de 5 años antes del Censo de 1976, 48 % son asalariados, contra el 25 % de los antiguos migrantes —los de la migración previa de 1971— y sólo el 8 % de los no-migrantes. Además, en el total de los asalariados en la agricultura, 51 % son migrantes (Escóbar y Maletta 1980: 194).
35Finalmente, el conjunto de las migraciones (rurales-urbanas o rurales-rurales) ha provocado una especie de re-equilibrio en beneficio de los montes del este y del norte. Y, esta profunda mutación, que empezó después de 1976, tiene todas las trazas de continuar hasta cambiar radicalmente, esta vez, la fisonomía de mapa demográfico del país (Albó 1983: 20).
36Liberados del colonato, los campesinos se muestran tan ávidos de cultura como de tierras y libertades. Inmediatamente después de la revolución, uno los ve organizarse para construir escuelas en los antiguos predios de las haciendas y exigiéndole al Ministerio de Asuntos Campesinos, por aquel entonces también encargado de la educación rural, que les envíe maestros; rápidamente, el Ministerio se ve desbordado por la cantidad de demandas, pero, pese a todo, aumenta considerablemente el número de establecimientos, maestros y, en consecuencia, aumenta el número de estudiantes (cf. Sanginés Ugarte 1968: 98-101, y Albó 1983: 26).
37Entre 1950 y 1976, el porcentaje de los analfabetos ha disminuido considerablemente. Teniendo en cuenta todo el país, ha pasado desde un 67.9 % a 37.3 %. Una regresión que ha sido notable, sobre todo, en la población masculina que sólo cuenta con un 24 % de analfabetos. En el campo, son todavía analfabetos un tercio de los hombres; y éstos, netamente, son más viejos que la media.
38Además, por la primera vez en la historia del país, aunque ciertamente en un reducido número, los hijos de los campesinos acceden al sistema educativo secundario, a las normales y universidades. Y, si bien subsiste un considerable abismo entre campesinos y citadinos en lo que al acceso a los diferentes tipos de educación se refiere, ya se ha conformado, de todas maneras, una élite de origen rural. En 1976, 1 alumno de cada 5 de origen rural (clase de 15 a 19 años) ha entrado en el circuito de enseñanza secundaria y 1/100 (clase 20 a 24 años) en el de la enseñanza superior (Romero Pittari 1976). Evidentemente, es muy difícil precisar cuáles entre éstos son hijos de labradores; pero, es indudable que ahí ya están; y algunos constituyen parte de los cuadros campesinos.
39La escolarización de los niños y la migración hacia las ciudades o hacia las zonas rurales de colonización han provocado, evidentemente, una hispanización progresiva: en 1976, el castellano es el idioma cotidiano de más de la mitad de los hogares bolivianos (53.7 %). De hecho, si tenemos en cuenta no sólo a los que hablan cotidianamente el castellano sino también a los que lo saben hablar, este porcentaje llega hasta el 77 % (cf. Albó 1980). Por lo tanto, Bolivia cuenta cada vez más con personas bilingües: por un lado, entonces, el castellano ha penetrado en el campo con las escuelas; pero, por otra parte, el quechua y el aymara, a su vez, han penetrado en las grandes ciudades sin por ello diluirse completamente. Así, campos y ciudades se han aproximado culturalmente en un movimiento de aportes recíprocos. Y uno se encuentra ante un proceso global de movilización social en el sentido que lo entiende Karl Deutsch (1961), esta “levantada en masa” al curso del cual grandes sectores tradicionales de la población se ven expuestos a la modernización y, por lo tanto, relacionados, conectados, con los núcleos urbanos dinámicos.
40Evidentemente, esta movilización social es generadora de ocasiones de movilización para ciertos segmentos del campesinado tradicional. Esas ocasiones fueron numerosas poco después de la revolución, porque era necesario llenar los vacíos dejados por la deserción de la oligarquía terrateniente y sus epígonos, los vecinos de los pueblos. Es así que los campesinos se convierten en comerciantes, transportistas, en suma, en intermediarios económicos, pero también en intermediarios administrativos y políticos, corregidores, alcaldes, jueces, policías, sindicalistas, políticos... Sin embargo, una vez pasados los primeros años, es cada vez más difícil cambiar de status social; los diversos canales de ascenso se reducen poco a poco sin cerrarse, pese a todo, completamente.
Luchas campesinas e inestabilidad política
41En la medida que el campesinado constituye sin duda alguna el sector social más afectado por la movilización (en el sentido de Deutsch) durante los treinta años que siguen a la revolución, es evidente que el tipo de batallas que libran varía según las coyunturas. Por lo tanto, su influencia sobre las políticas gubernamentales y, en consecuencia, la estabilidad gubernamental es cambiante.
42Un segundo indicador también permite medir las responsabilidades del campesinado en las rupturas de la continuidad constitucional: su conducta electoral. En efecto, puesto que, potencialmente, se trata de la masa de electores más grande del país, tanto su participación en las elecciones como la orientación de sus votos son fundamentales en lo que al problema de la inestabilidad se refiere.
43Dada la larga interrupción del proceso democrático durante los años 60 y 70, sin que por ello cese la resistencia campesina, me ha parecido preferible optar por un ordenamiento temporal que sigue los tipos sucesivos de luchas campesinas y luego ver, en cada uno de los períodos, si el caso lo permite, cómo vota el electorado campesino.
44La generalización del sistema de dominación de la hacienda a fines del siglo xix y durante la primera mitad del siglo xx hizo de los hacendados el blanco obligado tanto de las comunidades campesinas originarias, cuyos bienes eran expoliados, como de los colonos, encerrados y controlados por sus amos. Revueltas endémicas, aisladas o conjuntas, no cesaron de sacudir el campo; algunas de ellas tuvieron que ser controladas con el envío de tropas (Jesús de Machaca, 1921; Chayanta, 1927; Los Andes, Ayopaya en 1947, etcétera). Paralelamente, entre los años 1930 y 1950, se dieron los primeros intentos de sindicalización del campesinado indígena, propiciados por los sindicatos obreros, ciertos partidos políticos (el PIR y el MNR, sobre todo) y más o menos consentidos por los gobiernos reformistas.6
45La revolución de 1952 agudiza y acelera el combate en contra de los hacendados. Los campesinos se organizan —y son organizados—en sindicatos; en ciertas regiones, invaden las propiedades de los patrones (en el Valle Alto de Cochabamba, por ejemplo); expulsan a los vecinos de los pueblos, se convierten en los amos y señores del campo —por lo menos en las zonas de más precipitada efervescencia.
46Desde el punto de vista que aquí nos interesa, es importante insistir sobre el hecho que, si bien es cierto que durante un cierto tiempo los sucesos se le escapan de las manos (sobre todo en el valle de Cochabamba donde el POR troskista postula la creación de explotaciones colectivas de las tierras invadidas y anima la nueva Federación Departamental), rápidamente y a pesar de todo, el MNR logra controlar el conjunto de los sindicatos y milicias campesinos, desde el Ministerio de Asuntos Campesinos. Y el decreto de Reforma Agraria, al otorgarles la tierra a los campesinos y al canalizar las energías sindicales hacia actividades procedimentales, restablece la calma en las zonas más conflictivas.
47Pero, no por ello cesa la movilización campesina anti-patronal. Durante todo el decenio de los 50, ésta se irradia a partir de dos epicentros, el valle de Cochabamba y los bordes del Lago Titicaca, y, en un menor grado, desde la ciudad de Sucre, hacia zonas cada vez más lejanas. Ahora, sin embargo, las acciones colectivas ya no obedecen a la forma de los levantamientos espontáneos. Cuando se ocupan haciendas y pueblos, y se obliga a los patrones a abandonarlos, cuentan con el apoyo, efectivo o tácito, del MNR o, por lo menos, de ciertas fracciones del mismo (como en el caso de Achacachi). El Ministerio de Asuntos Campesinos se convierte en el centro de mando del conjunto del edificio sindical.
48Los resultados de las primeras elecciones del ciclo MNR ofrecen un segundo índice de los vínculos que existen, en aquel entonces, entre los campesinos y el gobierno. Ya en 1956, aunque Siles Zuazo no obtiene sino aproximadamente la mitad de los votos en las ciudades, logra, sin embargo, una amplísima mayoría en el campo (82 % en el conjunto del país, pero: apenas 56 % en La Paz y sólo 48 % en Cochabamba) (La Nación, 19 al 21.06.1956).
49Ciertamente, el voto campesino a favor del MNR no constituye en sí una prueba de la adhesión campesina al Movimiento, pero, sin duda, muestra la capacidad que este último posee de alterar las votaciones a su favor: lo que implica, podemos sin duda convenir, que, a pesar de todo, sus intermediarios en el campo estarían bien organizados y serían eficaces.
50Es cierto que el campo es más fácilmente controlable que la ciudad. En el momento de las elecciones, el partido gobernante pone al campo en “cuarentena,” y, ahí, el sindicato juega el papel de intermediario del partido (cf. Bonilla y Fonseca 1967). Sin embargo, sería equivocado pensar que el voto es, por lo tanto, uno emitido a la fuerza. La mayoría de los campesinos, sin duda, se dejan manipular pasivamente, pero tampoco está ausente su reconocimiento al gobierno que les devolvió la tierra. Además, siempre existe el peligro del retorno de los patrones, el que hábilmente invocan los agentes del MNR. Finalmente, en las regiones más politizadas, se añade la amenaza comunista. Que se restablezca el régimen de propiedad anterior o que los comunistas tomen el poder, el resultado, se les dice a los campesinos, será idéntico: perderán las tierras que acaban de recuperar (cf. Leonard 1966: 104).
51La movilización política del campesinado boliviano, en 1952 y poco después, no puede comprenderse si no se la inscribe dentro de un proceso global de cambios sociopolíticos que arranca en los años 30. “La entrada en disputa de las masas rurales y la creación de nuevos polos de poder sólo son posibles gracias al surgimiento de una contra-élite militar y civil que consolida —se podría hasta decir que 'pone en su lugar' a— el aparato del Estado y convoca a la población marginada de los pueblos y el campo para combatir el feudalismo existente en nombre del desarrollo nacional” (Lavaud 1977). El juego local de la lucha campesina y el juego nacional en contra de élite existente comparten el mismo enemigo: el hacendado.
52Según Roberto Laserna, para explicar la profunda adhesión de la mayoría de los campesinos indígenas a ley de la Reforma Agraria, también conviene tomar en cuenta que ésta no es sino la versión criolla del “programa” que ellos mismos han optado a lo largo de sus numerosos años de lucha: convertirse en pequeños propietarios, cultivando su tierra en familia. En efecto, no se comprende bien el papel de “administradores” de la Reforma Agraria que ejercieron los sindicatos en todo el país si este “programa” no contara con el apoyo de la mayoría de los campesinos indígenas, puesto que “no es posible suponer que el Estado embrionario que nacía entonces hubiera tenido ya la capacidad de imponer un proyecto distinto del que sustentaban estos fuertes 'órganos de base',” como dice Laserna (cf. 1983).
53En suma, el apoyo que le dan los campesinos-indígenas al MNR se debe al hecho que el Movimiento interpreta apropiadamente sus aspiraciones y que, juntos, combaten al mismo enemigo. Por este camino, el campesinado indígena estabiliza el gobierno de turno, destruyendo, por un lado, la red de dominio de los patrones, anulando así sus esfuerzos contrarrevolucionarios —en varias ocasiones las milicias campesinas contribuyen a detener los golpes de estado falangistas—, y, por otro lado, aumentando el poder del Estado que extiende su administración hacia las zonas campesinas. No podemos concluir, por lo tanto, sino subrayando enfáticamente el papel central del campesinado indígena en la consolidación del MNR en el poder. A decir verdad, desde 1956-1957, la estabilidad gubernamental misma reside casi completamente en ese apoyo.
54Sobre el trasfondo general de las disputas por la recuperación de las tierras se inscribe un segundo tipo de conflicto: el que opone a los dirigentes campesinos entre ellos, en la disputa del liderazgo (leadership) de una determinada región. La faccionalización del MNR, en su cima, agudiza y fomenta estas querellas locales por medio del clientelismo: desde 1956-1957, los caciques campesinos “oficialistas,” los alineados detrás del presidente de la República, se enfrentan a otros que apoyan a tal o cual adversario.
55¿Por qué los campesinos indígenas se dejan arrastrar tan fácilmente hacia esos conflictos? Para entender este fenómeno, volvamos un momento hacia el pasado. Antes del 52, el dominio privado de los hacendados y de sus intermediarios (mayordomos de haciendas y vecinos de pueblos) estaba lejos de ser algo uniforme y variaba según las regiones. Además, el campo boliviano era un escenario de permanentes enfrentamientos entrecruzados: rivalidades intercomunitarias ancestrales por cuestiones de límites (de lo que frecuentemente aprovechaban los hacendados faltos de terrenos), rivalidades comunidades-haciendas, rivalidades comunidades-pueblos, rivalidades entre haciendas y, aun, rivalidades al interior de las propias comunidades y las haciendas; en breve, un ruidoso concierto de rivalidades procedimentales y, a menudo, sangrientas.
56Toda la vida del colono dependía de su patrón: no sólo su acceso a la tierra sino también sus vínculos con el mundo exterior a la hacienda. Por su parte, el comunario se encontraba sometido a las arbitrariedades de los vecinos de los pueblos. Este tipo de dependencia implicaba un tipo de comportamiento muy particular: el del sirviente ante su amo para que éste le conceda algún favor personal. En el mejor de los casos, el hacendado o el corregidor se comportaban como buenos padres para con sus hijos indígenas confiados bajo su tutela. En el peor de los casos, el campesino indígena estaba condenado a la humillación.
57Después de la revolución y, sobre todo, después de la promulgación de la Reforma Agraria, cuando los patrones han sido eliminados y los pueblos invadidos, hay muchos cargos de responsabilidad disponibles: dirigente sindical, por cierto, jefe de comando del partido y las milicias, pero también subprefecto, o corregidor, alcalde juez, notario... Es evidente que todos estos puestos son ácidamente disputados. Y la ruda batalla por el liderazgo local se realiza sobre el fondo de las rivalidades inter-grupales de antes de la revolución; rivalidades que algunas son ya antiguas y que se conjugan con las nuevas que surgen en el momento mismo de la distribución de las tierras. Pero, las querellas del pasado bastan por sí solas para explicar los enfrentamientos porque, a menudo, los hacendados han convertido en inextricables las situaciones locales al despojar sus tierras a las comunidades, al trasplantar otros grupos en lugar de los tradicionales, al levantar, luego, a “sus” indios contra las comunidades vecinas o contra los indios de una otra hacienda.
58En esas condiciones, es fácil entender que los políticos, al dedicarse a las delicias de las luchas faccionales, no hayan tenido mayores problemas en adueñarse de los dirigentes campesinos comprometidos en las ininterrumpidas batallas por el liderazgo local: la revolución no lograba eliminar, de golpe, las conductas de dependencia personales ni, tampoco, destruir los gérmenes de las rivalidades locales. Así, en numerosos casos, los dirigentes locales adoptan las conductas prepotentes de sus antiguos amos, mientras que los campesinos indígenas se comportan de una manera deferente ante ellos.
59La organización sindical que se difunde en el campo ejerce diversas funciones. Muy rápidamente, es algo más que una simple organización temporal dedicada a negociar la distribución de la tierra; también se hace cargo de los trabajos públicos: porciones de caminos, canales de irrigación, postas sanitarias, escuelas —las que, en un primer momento, también funcionan bajo su responsabilidad—, etcétera. Los sindicatos organizan los campeonatos deportivos intercomunitarios y construyen canchas de fútbol; más aún, resuelven los pequeños conflictos entre los campesinos (robos, peleas y, a veces, adulterios o divorcios). En realidad, ningún dominio de la vida social se les escapa, salvo el religioso que depende de las autoridades tradicionales. Constituyen el intermediario político-administrativo final, al nivel de la más pequeña unidad social, más allá del cantón donde rigen las últimas autoridades explícitamente fijadas por la ley: corregidor, alcalde, juez, etcétera. Y, durante toda la época del MNR, el sindicato campesino es, sin duda alguna, el crisol de la socialización política. A menudo, se lo convoca para apoyar al partido gobernante por medio de peticiones, a participar en manifestaciones locales o nacionales y, algunas veces, alzándose en armas.
60Aunque la dirección sindical debe, en principio, contar con una decena de secretarios, sólo el secretario general, a veces llamado simplemente “el general,” juega un papel importante. Es él quien detiene la autoridad y el que decide en última instancia. En ciertos casos, puede también ser nombrado por una instancia pública, puede representar a la célula local del partido, ser jefe de milicia y, siempre, mantiene contactos directos con los responsables del partido y los ministros. “En breve, el cargo de secretario general es el de primus inter pares. En tanto que intermediario cultural, juega un papel crucial entre los representados y los otros sistemas socio-culturales” (Heath 1973).
61Ahora se comprende mejor porque los campesinos se muestran relativamente sumisos ante él —“el general” resulta una suerte de substituto del antiguo patrón. También, aun si es evidente que las solidaridades grupales se fortalecen y que la competencia por el liderazgo es más abierta, y aunque los campesinos indígenas aprenden, poco a poco, a saber negociar sus apoyos y servicios, sucede que el modelo de la sumisión y protección, todavía activo, resulta particularmente apto para el arraigo clientelista y que favorece las fidelidades masivas prestadas a los dirigentes de un más alto nivel: basta, en efecto, que “el general” se alíe con un cualquier renombrado líder provincial o departamental, aliado éste, a su vez, con un político jefe de partido, para que toda la comunidad —en el sentido general del término— le siga. Y continuará apoyándolo cuando, eventualmente, ese mismo líder provincial o departamental cambie de amo político.
62Por otra parte, en algunas regiones, los hacendados logran mantenerse a la cabeza de propiedades que han sido calificadas como medianas o pequeñas y continúan, entonces, dominando el campo circundante bajo el modo habitual. Este es el caso de numerosas cabeceras de valle en el sur del país. No es extraño que, en estas zonas, los hacendados estén directamente vinculados con los políticos del MNR y que, así, conduzcan a sus campesinos por la misma vía.
63Finalmente, un otro caso ejemplar muestra bien la permanencia de una demanda campesina por vínculos de clientela. En las regiones en las que los hacendados han sido expulsados, algunos de sus ex-colonos mantienen relaciones personales con ellos. Constata Dwight Heath que, en los yungas del departamento de La Paz, “el resentimiento generalizado del misti no necesariamente interfiere con los lazos de compadrazgo que el campesino establece con un habitante de la ciudad, el que puede ser no solamente un blanco sino también ex-hacendado, comerciante y falangista” (Heath 1973).
64En suma, los ex-colonos buscan reproducir el modelo ideal de la relación clientelar de la prereforma, según el cual un “buen” hacendado ayudaba y protegía a un “buen” colono, ya sea con su ex-patrón, sea con los nuevos dirigentes, sea con no importa que otro intermediario que disponga de fortuna o poder. Como señala Heath, “existe una notable continuidad en la organización social (en los roles y funciones de las relaciones), pese al considerable cambio de la estructura social (en las forma de las redes estatutarias)” (Heath 1973). Esta demanda de protección no puede sino serles útil a los patrones del MNR que tienen problemas de clientela y, por ahí, también se explica su éxito.
65La guerra de las clientelas en competencia, ligadas a las diversas facciones del MNR, provocan, a la larga, una serie de mal entendidos y desencantos con el partido y la revolución, más aún cuando, poco a poco, aquí o allá, la facción en el poder impone dirigentes que no necesariamente son del agrado de los campesinos. Es así que, desde fines de los años 50, en muchos poblados, se produce un retorno de los vecinos a los cargos de responsabilidad.
66Esas batallas de caciques, inscritas en la guerra de las facciones, resultan indudablemente desfavorables para la continuidad institucional. A pesar de todo, hasta 1964, la preponderancia del MNR sigue dependiendo del voto campesino. En 1960, los votos movimientistas se dispersan entre Paz Estenssoro y Guevara Arze, en tanto que el crédito de la Falange disminuye en relación a las elecciones previas de 1956. En las ciudades, Paz Estenssoro tiene problemas para obtener la mayoría absoluta (53 % de los votos en La Paz, 25.3 % en Cochabamba, 37.4 % en Sucre, 33.8 % en Oruro...). En el campo, sin embargo, gana ampliamente (74.6 % de los votos en el departamento de La Paz, 73.7 en Cochabamba, 52.4 % en Oruro...). En 1964, los resultados son completamente falsos debido a la abstención de la oposición y Paz Estenssoro no tiene ningún problema, en tales condiciones, de obtener un amplio éxito.
67Ya hemos visto la manera cómo el general Barrientos logra constituir su propia clientela campesina en el valle de Cochabamba cuando el gobierno le delega la tarea de darle fin a la guerra entre Cliza y Ucureña. Ya en el gobierno, consolida sus vínculos con los campesinos del valle, gana nuevos cuadros y, finalmente, realiza el tour de force de reclutar al conjunto de la organización campesina, firmando con su dirección nacional un acuerdo, más conocido como el “Pacto militar-campesino.” De acuerdo a este pacto, las Fuerzas Armadas se comprometen a respetar los principales logros campesinos que son: la Reforma Agraria, el derecho sindical, el derecho a la educación — para enorme desconsuelo de los latifundistas, muchos de ellos falangistas, que esperaban que los militares retornen al status quo ante—; también se comprometen a elaborar una política que les permita a los campesinos aprovechar las ventajas de la “sociedad moderna.” Por su parte, los campesinos se comprometen a expresar su apoyo a la institución armada” en toda circunstancia,” al ponerse bajo sus órdenes para combatir todas las “maniobras subversivas,” de izquierda o de derecha.
68Al mismo tiempo, el campo se pacifica. Allí donde existen puestos militares, desarman a las milicias. Y, poco a poco, los escalones medios del sindicalismo o hasta, una que otra vez, los sindicatos de base entran en una especie de letargo. Gracias a su constante presencia en el terreno, su política de pequeños regalos, su carisma personal, “con un estilo vertical, paternalista y muy personalista, del tipo padrinazgo o relación patrón-cliente” (Albó 1968: 103), Barrientos logra romper los vínculos horizontales entre las organizaciones sindicales de base y los reemplaza por relaciones directas con cada sindicato o cada poblado. Así, sin necesidad de poner en entredicho los principales logros de los campesinos, ganándose la simpatía de una parte de ellos gracias a su carisma, desarmando las milicias y “controlando” el juego sindical, logra una especie de amistosa neutralidad en la zona rural.
69Esta se traduce en los resultados de las elecciones de 1966, en las que resulta elegido presidente, convirtiéndose así en un presidente constitucional. En las principales ciudades del país sólo obtiene un 49 % de los votos (sólo 35.6 % en La Paz, pero 62.3 % en Cochabamba), mientras que en el conjunto del país obtiene el 61.6 % (84,8 % en Cochabamba). Una vez más, estas cifras deben leerse con cautela, pues los militares son tan hábiles como el MNR para manipular los sufragios. Pero, de todas maneras, Barrientos triunfa en su operación electoral, testimoniando así su capacidad de “controlar” el campo. Y, finalmente, dada su relativa docilidad, al transferir su lealtad del MNR a Barrientos, el campesinado contribuye, una vez más, a la elección del candidato oficialista.
70A principios de 1968, el general Barrientos se rodea de todo un grupo de dirigentes campesinos, así como también de parlamentarios agrupados en una “brigada parlamentaria campesina” y sindicalistas, mientras que, en las bases —en los niveles provincial, cantonal y comunal—, la maquinaria sindical se encuentra sometida y paralizada (Antezana Ergueta 1968).
71Pero, esta situación de un campesinado indígena sumiso y pasivo cesa bruscamente a raíz de una tentativa de reforma fiscal en el campo, la que cataliza la oposición al régimen y propicia la estructuración de una organización sindical campesina de oposición: el Bloque Independiente (cf. Lavaud 1976).
72Desde entonces, se entra en un nuevo ciclo de luchas campesinas, la de las luchas antifiscales y, más ampliamente, antiestatales. A partir de entonces, el enemigo es el Estado, y los campesinos de una y otra región del país se movilizan para frenar reformas, protestar en contra de las medidas económicas u obtener diversos beneficios a su favor: política de precios, créditos, costo de transporte rebajados, gestión o cogestión de organismos agrícolas (Banco Agrícola, servicios de la Reforma Agraria o de colonización), etcétera. Es obvio que estas movilizaciones antiestatales afectan a la estabilidad institucional, en la medida que logran o no socavar los gobiernos de turno.
73Volvamos al “Impuesto único.” El gobierno barrientista bautiza así a un impuesto sobre la tierra, destinado a reemplazar un conjunto de impuestos cuyo rendimiento resultó, a la larga, insignificante (en 1967, el conjunto de los impuestos fiscales agrícolas representa menos del 1 % del conjunto de los ingresos fiscales). La oposición al impuesto, que toma la forma de asambleas, más o menos grandes según los casos, se realizan, sobre todo, en el Altiplano y en algunas zonas de colonización. Pese a su carácter relativamente limitado, esta resistencia logra poner en jaque a Barrientos y este retrocede sine die en la tentativa de reforma.
74Sin duda, lo más importante de estas manifestaciones es que éstas motivan la aparición de un sindicato de oposición, el Bloque Independiente, el que, muy pronto, encuentra aliados obreros y estudiantes con los que firma acuerdos de ayuda mútua, en réplica al Pacto Militar-campesino. Se arraiga, sobre todo, en aquellas provincias del Altiplano que más enfáticamente protestan en contra del impuesto único (Pacajes, sobre todo, Los Andes, Omasuyos, Murillo, Ingavi en el departamento de La Paz; Pantaleón Dalence y Cercado en el departamento de Oruro) y cuenta con miembros en las zonas mineras (Norte de Potosí) así como también en la periferia de las grandes ciudades (Cochabamba, La Paz, Tarija), es decir, allí donde puede apoyarse en un activo sindicalismo obrero y en los grupos de estudiantes.
75Enfrentado a una organización campesina rival que dispone de una red estable y de un financiamiento seguro, el Bloque encuentra muchos problemas para sobrevivir en el régimen barrientista, el que logra “comprar” a su principal dirigente. Y es sólo recién durante la presidencia de Torres, en la arremetida de los sindicatos obreros que organizan la Asamblea Popular, que el Bloque adquiere una amplia libertad de maniobra y extiende su convocatoria al conjunto de las zonas ya mencionadas.
76Finalmente, la influencia del Bloque repercute, sobre todo, en el orden simbólico: significa que los campesinos empiezan a cortar el cordón umbilical que los ligaba con los sucesivos gobiernos del MNR o surgidos del MNR (Barrientos y Ovando han estado identificado durante un largo tiempo con el MNR) que les devolvió la tierra. A partir de entonces, este movimiento de emancipación ya no cesará y, cada día, le arrebatará más y más grupos campesinos a la comunidad “oficialista.”
77Segunda notable manifestación de la revuelta antiestatal: el levantamiento de los campesinos del valle cochabambino, en enero de 1974, que provoca una feroz represión por parte de las Fuerzas Armadas: la “masacre del valle.” Sucede que, entonces, el gobierno aumenta brutalmente (hasta el 100 % en algunos casos) los precios de los artículos domésticos más corrientes: la harina (y, por lo tanto, pastas y pan), el arroz, el café, el azúcar... Un aumento que sigue a un primer deterioro del poder de compra debido a la devaluación del peso, en octubre de 1972.
78Los bloqueos de caminos y las manifestaciones duran toda un semana y, cuando ésta terminaba, el gobierno de Bánzer envía tanques y aviones para acallar las protestas. Como en la revuelta antifiscal de 1968, la “revuelta del hambre” de 1974 tiene un epicentro local. Como la precedente, también surge espontáneamente. Como aquélla, también, pone en escena a nuevos dirigentes: en este último caso, son jóvenes que, en su mayoría, han cursado estudios secundarios y hasta superiores. Finalmente, esta protesta campesina cuenta con el apoyo de obreros y mineros, los que entran en huelga simultáneamente para protestar en contra de los mismo decretos “del hambre,” como también parte del clero. Pero, a diferencia de la revuelta antifiscal, ésta no se acompaña del nacimiento de una nueva organización campesina. Es cierto que, en este caso, la neutralizan rápidamente y a los representantes más visibles los envían a prisión.
79Si uno trata de comparar estos dos levantamientos campesinos de 1968 y 1974, no puede sino sorprenderse ante el hecho que, en los dos casos, estos levantamientos se producen en lugares del país relativamente circunscritos y distintos, mientras que las decisiones que los provocan se aplican al conjunto del territorio nacional. Se sitúan en zonas que poseen una cierta similitud y su convocatoria disminuye o desaparece en la medida que las barreras físicas y culturales, especialmente lingüísticas, separan a las poblaciones.
80Esta limitación facilita la tarea represiva de los gobernantes y disminuye su alcance desestabilizador. Pero, no por ello hay que subestimarlos: tanto Barrientos como Bánzer, enfrentados, es cierto, a opositores distintos, se ven obligados a endurecer su dictadura para poder mantenerse en el poder.
81A partir de fines de los años 60, se ve que a la voluntad estatal de regimentar, controlar y explotar económicamente al campesinado tradicional (a partir de los años 60, aumenta la distancia entre los ingresos campesinos y los de los asalariados), se le opone una intencionalidad campesina, la de la “soberanía de la vida agrícola,” “independencia en el trabajo,” de “comunidades libres desembarazadas del foráneo,” como decía Proudhom (1873: 15-16).
82Entre las regiones que se oponen a la vigencia del impuesto único, hay que también mencionar a las zonas de colonización. Después de este acto de indisciplina, los campesinos colonizadores logran ser escuchados cada vez más. En el Alto Beni, luego de una serie de amenazas y bloqueos de caminos, en 1970 y 1971, logran que el monopolio de la explotación del café retorne a una empresa estatal. Durante esos mismos años, en Santa Cruz, grupos de colonizadores que se proclaman seguidores del maoísmo ocupan, a la vez, plantaciones y tierras públicas, exigiendo su repartición; son ocupaciones armadas que, sin duda, aceleran la caída de los militares nacionalistas permisivos al facilitar la movilización de la clase dirigente local. En febrero de 1971, la revuelta de los colonizadores se traduce en la creación de una organización específica, la Confederación de Colonizadores, independiente del sindicalismo oficial y ligada, en principio, a la COB.
83Finalmente, no hay que olvidar la persistencia de los tipos de lucha ya examinados. Siempre durante las presidencia de Ovando y de Torres, hay toda una serie de invasiones a propiedades calificadas como “medianas” por el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), que quedaron en manos de los latifundistas, en las provincias del Altiplano central y septentrional (provincias Omasuyos, Loayza, Aroma...). Y, continúan las interminables querellas entre los dirigentes campesinos del valle de Cochabamba, vinculados con jefes militares rivales (Barrientes y Ovando, por ejemplo); lo que también significa la pervivencia del caciquismo. Pero, los caciques locales ya no disponen del poder armado y del grado de libertad que tenían en la época del MNR. Estos dos tipos de conflictos se desplazan a un segundo plano en relación a las luchas antiestatales que son las generadoras de las primeras organizaciones sindicales campesinas liberadas de la tutela gubernamental.
84Pero, la novedad más sorprendente de los años 70, no es la aparición de revueltas antiestatales, previsibles a la larga, es el nacimiento de un sindicalismo que se reivindica específicamente indio. Curiosamente, es en el seno mismo del sindicalismo “oficialista” del departamento de La Paz, más precisamente, del Altiplano central (provincias Aroma y Pacajes), en donde —a partir de 1969, pero, sobre todo, en los años siguientes—fermenta la verdadera renovación del sindicalismo campesino cuyas manifestaciones sorprenden a todo el país en el intermedio democrático de 1978 a 1980.
85La principal particularidad de esta corriente es que pone en escena una serie de reivindicación de orden cultural: la oficialización del aymara y el quechua como idiomas nacionales, programas de radio en idiomas vernáculos, cooperativas campesinas modeladas en la organización indígena comunitaria, etcétera. Para bien marcar su perspectiva, este sindicalismo se declara rápidamente heredero de Tupaj Katari, jefe de una rebelión en contra de la corona española que puso sitio a La Paz desde marzo a octubre de 1781. Tupaj Katari era precisamente oriundo de la región de Ayo Ayo, hoy en día capital de cantón en la provincia Ayopaya. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781.7 En los años 60, en Ayo Ayo se empezó a conmemorar el aniversario de su muerte, luego, se le erigió una estatua el 15 de noviembre de 1970; después, cada año, en esa misma fecha, Ayo Ayo acoge a las representaciones políticas y sindicales que vienen a renovar su fervor indianista.
86Una otra particularidad del sindicalismo “katarista” reside en que revela un jefe que, muy rápidamente, logra una dimensión nacional, y este jefe, a su vez, contribuye a extender la audiencia katarista en todo el campo. El ascenso relampagueante de Genaro Flores en la jerarquía sindical empieza a fines de 1969, cuando es designado secretario general del sindicato de su comunidad a la edad de 27 años. Pocos meses después, es elegido secretario general de la subcentral de Lahuachaca. En marzo de 1970, dirige la provincia Aroma y, un año después, en marzo de 1971, es elegido secretario ejecutivo de la Federación de La Paz. Finalmente, en agosto de 1971 se le nombra secretario ejecutivo de CNTCB, en ocasión del VI Congreso nacional que se realiza en Potosí. Lejos de ser una imposición vertical, Genaro Flores es, pues, la expresión de un impulso que viene desde los sindicatos de base, aun si su promoción del nivel departamental al nacional haya sido ampliamente apoyada por el general Torres, ansioso de contar con una clientela campesina distinta de la de Barrientos y Ovando.
87También es probable que el sindicalismo kataristas se haya impuesto tan rápidamente en el departamento de La Paz debido a la apertura —resultado de las protestas contra el impuesto único—, lo que provoca elecciones en cadena, a todo nivel, en la base sindical del conjunto del departamento, y que hace saltar las barreras legales (y hasta consetudinarias) impuestas durante el régimen barrientista. Por otra parte, es digno de destacar que, luego, algunos de los primeros dirigentes del Bloque Independiente se convierten en kataristas más o menos eminentes y que la provincia Pacajes sea la primera que se moviliza en contra del impuesto único y uno de los lugares de origen del katarismo. Desde ya, el sindicalismo reclama para sí el rechazo al impuesto único así como también el del Pacto militar-campesino.
88Si bien el nombre de Genaro Flores y la invocación katarista bastan para simbolizar esta nueva corriente, es evidente que su arraigo y su audiencia también se deben al surgimiento de un nuevo equipo de dirigentes campesinos cuyas características principales son el origen cultural aymara, la juventud y el nivel de instrucción relativamente elevado. Genaro Flores comenzó estudios superiores, Raimundo Tambo, su principal colaborador y amigo, es abogado, etcétera. Al respecto, es muy significativo que, en los años 60, una parte de los futuros cadetes del katarismo haya fundado, en el seno de un colegio de La Paz, un movimiento denominado “15 de noviembre” (cf. Hurtado 1986: 37), que se reunía para estudiar y discutir los libros del escritor indigenista Fausto Reinaga.8
89Toda la dinámica de la corriente sindical indigenista es bloqueada por el golpe de Estado de Bánzer (20 de agosto de 1971). Un gran número de los líderes campesinos de oposición al Pacto militar-campesino, de todas las tendencias (independientes, indigenistas, maoístas), son exilados (Genaro Flores se refugia en Chile junto a una parte de la izquierda boliviana). Pero, sin embargo, las organizaciones afines, económicas y culturales, continúan funcionando.
90Son estas organizaciones las que, en 1973, hacen circular un policopiado intitulado “Manifiesto de Tiwanaku,” que sintetiza el pensamiento indigenista. Este manifiesto, además de exaltar la historia de la resistencia a la ocupación española, generalmente ocultada por la historiografía oficial (de la que Tupaj Katari es el símbolo, pero también Tupaj Amaru y sus hermanos), una resistencia que continúa durante la República —cf. el levantamiento de Zarate Willka en 1899 (Condarco Morales 1983, Demelas 1985: 91-111)—, magnifica varios rasgos de las civilizaciones precolombinas: sobre todo un cierto “comunitarismo” (“El cooperativismo es connatural a un pueblo que creó modos de producción en mútua ayuda y comprensión como el ayni, la mink'a, camayos”) (Manifiesto de Tiwanaku, 1973) y las virtudes indígenas ancestrales (“Antes de la conquista española, éramos ya un pueblo milenario con virtudes que se desarrollaban dentro de un ambiente altamente socializado [...]. El indio es noble y justo, es sobrio y profundamente respetuoso, es trabajador y profundamente religioso”) (Manifiesto de Tiwanaku, 1973). Para el presente, denuncia la opresión cultural, política y económica del campesinado, insistiendo particularmente en la opresión cultural (“un subtítulo se intitula: “Nuestra cultura como primer valor”) y proclama el principio según el cual el indispensable desarrollo del campo boliviano no puede hacerse sino únicamente por intermedio de un movimiento político indígena autónomo que se base en valores indígenas. De hecho, al enemigo se lo caracteriza, sobre todo, bajo una perspectiva política (los profesionales de la política, los hombres políticos corruptos, el MNR, el gobierno de Bánzer, etcétera).
91El manifiesto parece olvidar la dimensión puramente sindical que, sin embargo, no conviene perder de vista. Ya hemos destacado que el sindicalismo katarista no se distingue en nada de aquél del Bloque Independiente. En efecto, como éste se opone al impuesto único, rechaza el Pacto militar-campesino, tiene las mismas exigencias respecto a la ayuda para el desarrollo del campo y de profundizar la Reforma Agraria (propone, especialmente, la ocupación de las propiedades medianas...). Lo que los separa es, por supuesto, el discurso indigenista y también su independencia respecto a la COB: la COB ayuda a el Bloque Independiente, prestándole una oficina en la sede de la Federación de Mineros.
92¿Cómo explicar el surgimiento del katarismo? En primer lugar, hay que recordar el deterioro de los ingresos en el campesinado tradicional después de principios de los 60 y la casi total ausencia de ayuda al desarrollo agrícola. Ahora bien, este deterioro se produce en un contexto de aculturación política del campesinado aymara. En efecto, a partir de 1952, los campesinos han adquirido la experiencia de la participación en el juego político y, al mismo tiempo, han interiorizado sus nuevos derechos.
93Surge también en un contexto social y cultural de mezcla e intercambio, favorecido por la urbanización y las migraciones rurales-urbanas crecientes, la mejora de la red de comunicaciones, el desarrollo de los medios de comunicación y la extensión de la red educativa. Es decir, en un contexto en el que las diferencias entre el campo y ciudad se hacen cada vez más visibles para los campesinos. Estas diferencias se hacen tanto más insoportables cuando una nueva élite campesina —o, mejor dicho, una élite surgida del campo—es capaz de formular y ofrecer una explicación de esos hechos, y proponer consignas para un combate sindical y político.
94Este conjunto de hipótesis coincide con la propuesta de François Bourricaud quien, a propósito del Perú, escribe: “Me parece que los problemas de etnicidad sólo emergen en una sociedad en la que el sistema de valores ya se encuentra encaminado hacia el logro [achievement] y donde las barreras entre grupos, si es que no han sido erradicadas o rodeadas, han sido, por lo menos, erosionadas por una serie de transacciones económicas o no-económicas” (Bourricaud 1975). El mensaje indigenista es movilizador porque las discriminaciones, las chicanas, los desprecios de los que todavía son víctimas los campesinos indígenas se vuelven mucho más intolerables en la medida que perduran en una sociedad post-racista, en el sentido que, después del 52, las barreras que separaban a los indios de los no-indios ya no existen.
95En otras palabras, el mensaje indigenista extrae su fuerza de la consciencia cada vez más aguda y dolorosa de una terca desigualdad en las costumbres, aunque ya inexistente en las leyes: un mensaje que proclama a viva voz no solamente los derechos adquiridos sino también, en contraste con la realidad actual, la superioridad y esplendor de una civilización y de una nación (o naciones) indígena(s) momentáneamente degradadas, mensaje que, así, adquiere un alcance escatológico.
96A este conjunto de hipótesis explicativas, extraídas de la evolución de los modos de vida del campesinado aymara mismo (y de sus hijos), falta añadirle los estímulos y ayudas que, desde el exterior, fomentan y nutren la arremetida indigenista, sin los cuales ésta no habría logrado el alcance que finalmente tuvo. En primer lugar, los de la iglesia católica y de ciertas iglesias protestantes, los metodistas, sobre todo (Albó 1977: 15). En segundo lugar, los del conjunto de ONGs ligadas a las iglesias (más de 40), agrupadas en la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS). Y, finalmente, los de los ideológicamente muy diversos intermediarios indigenistas europeos y norteamericanos: ecologistas, pacifistas, anarquistas.9 Este conjunto de apoyos y financiamientos acaba por engendrar un clientelismo y una dependencia paralelos a los del sindicalismo “oficial” y no sólo crea una ilusión de facilidad sino también motiva disputas entre los líderes quienes se acusan mutuamente de malversación de fondos o disputan acremente los disponibles; disputas que aceleran las escisiones al interior del movimiento.
97Ahora ya es hora de ocuparnos de la influencia de las luchas indigenistas en la vida política del país: la de las luchas sindicales, pero también, la de las luchas políticas y, en consecuencia, del peso electoral de esta nueva tendencia. De partida, recordemos que, en la vena de la liberación lograda por los huelguista de hambre a principios de 1978 (de los que los kataristas son parte), el sindicalismo campesino paceño se reorganiza rápidamente en todas las provincias, expulsando a los coordinadores impuestos por el gobierno de Bánzer. Este esfuerzo se extiende a todo el país y el grupo directivo elegido en el Congreso de 1971 convoca a un Congreso Nacional que se realiza en La Paz, el 27 y 28 de marzo de 1978. Junto a la reconfirmación de los kataristas al frente de la Confederación sindical, la más dinámica y la más representativa del país, este Congreso se destaca por la voluntad katarista de ser parte de la COB.10 Pero, hay que esperar al V Congreso de COB (lo. a 8 de mayo de 1979) para que ésta responda a la demanda campesina. Poco antes, ésta organiza la reunificación de las organizaciones que le son afines (la Confederación Independiente que, en esa ocasión, se divide en dos: los maoístas quedan fuera de la reunificación; la Federación Julián Apaza, vinculada al MIR; y, por supuesto, la Confederación Tupaj Katari). Ahí nace la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB).
98Este proceso de reorganización es ciertamente muy importante, en la medida que el sindicalismo más movilizado ya no sólo es independiente de los gobernantes y se opone a los militares sino, además, está asociado a la poderosa Central obrera cuyo poder desestabilizador ya conocemos. Esta nueva alianza tiene la primera ocasión de manifestarse con motivo y en contra de las medidas económicas de austeridad dictadas por el gobierno de Lidia Gueiler a fines del mes de noviembre de 1979 (devaluación del peso, aumento de precio de los carburantes y transportes, y congelamiento de precios de los productos agrícolas). La movilización campesina se mezcla con la de los obreros y, rápidamente, hasta la supera. Respondiendo al llamado de la CSUTCB, se bloquean los caminos, primero en el Altiplano, poco después en todo el país, se cesa de aprovisionar los mercados urbanos, se inmovilizan los miles de peregrinos que visitaban a la Virgen de Copacabana, etcétera. Los campesinos exigen la revisión de los decretos y reiteran las revindicaciones que les son propias: creación de mercados controlados por los sindicatos, congelamiento de precios de las herramientas importadas, aumento del precio de los productos agrícolas en función de sus costos de producción, etcétera.
99Esta protesta campesina que, según Hurtado, marca el punto culminante de la movilización katarista (1986: 159), es interesante por muchas razones. En primer lugar, porque, precisamente, nada tiene de típicamente katarista; se inscribe en la línea de las revueltas antiestatales. Como en 1974, los campesinos protestan en contra del súbito incremento en el costo de vida provocado por las medidas gubernamentales. Notemos, por otra parte, que tales medidas se dictan más o menos en la misma época del año: en el momento en el que las reservas del año anterior se terminan y en el que los productos de la nueva cosecha todavía no han madurado. Pero, evidentemente, la acción colectiva campesina aprovecha la movilización sindical previa y la permisibilidad del gobierno de Lidia Gueiler. No es nada sorprendente que su epicentro sea el Altiplano pues, allí, bajo el impulso de los kataristas, los sindicatos han sido los más prestos en reorganizarse y en expulsar a los coordinadores. Finalmente, es notable que los estado-mayores del sindicalismo obrero y campesino se vean un tanto rebasados por la amplitud del movimiento que dura casi quince días, que tengan problemas para controlarlo y detenerlo, a pesar de los esfuerzos que realizan con esos fines, ya que temen una nueva intervención militar. En ese preciso momento, ya nadie controla el país, y el gobierno, tambaleante, se encuentra completamente atenazado entre la acción colectiva popular y los activistas militares que todavía ocupan los cargos clave de las Fuerzas Armadas. Finalmente, después de una serie de retrocesos y promesas —pocas de las cuales serán cumplidas—, el gobierno, colaborado por las cúpulas dirigentes sindicales, logra que se levanten los bloqueos.11
100Paralelamente a las luchas antiestatales, se asiste al surgimiento de un segundo tipo de luchas campesinas, más directamente “políticas,” específicas para este período, y, en cierta forma, contradictorias con las precedentes: las acciones colectivas en defensa de la democracia. Su primera manifestación sucede cuando campesinos y mineros deciden una resistencia conjunta —en los alrededores de la mina de Colquiri (provincia Inquisivi, departamento de La Paz)— en contra del golpe de estado de Natusch Busch (lo. de noviembre de 1979): 2.500 mineros y 1.000 campesinos de la región, en representación de más de 60 sindicatos, se organizan en milicias armadas, dispuestas a resistir a pie firme un ataque militar que, finalmente, no se produce pues la resistencia civil en La Paz basta para impedir la consolidación del golpe (cf. Hurtado 1986: 149-159).
101Aunque de manera harto desordenada e improvisada, las alianzas entre mineros y campesinos se renuevan en torno al golpe de estado de García Meza, en julio de 1980, cuando intentan oponerse a la toma de las minas por parte de los militares. Este es el caso de Colquiri, Siglo xx y Viloco, donde, el 6 de agosto, se produce la última gran batalla.
102Mientras los dirigentes de la COB se encuentran en prisión o en el exilio, es Genaro Flores, en tanto que Secretario de las milicias de la COB, quien se hace cargo de la dirección de la Central clandestina y de la resistencia a la dictadura; una tarea que claramente simboliza el nuevo lugar de los campesinos en la organización sindical boliviana. Bajo su dirección, la COB clandestina logra desatar una huelga general de 48 horas y el bloqueos de caminos, en enero de 1981. Su trabajo se interrumpe cuando es herido por los militares que intentan capturarle, el 29 de junio de 1981. Pero, la resistencia campesina continúa en alianza con otros sectores obreros y, sobre todo, los mineros.
103Antes de concluir, debemos examinar las conductas del voto campesino. Ya sabemos que, en la víspera de las elecciones de 1978, la corriente Tupac Katari se divide en dos partidos: el Movimiento Indígena Tupaj Katari (MITKA), por un lado, el que, a nombre de las naciones indígenas y por la liberación nacional, decide presentarse solo, y, por otro lado, el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) que, a nombre de los campesinos aymaras y quechuas y en contra de los burgueses, se alía con la UDP, para promover un gobierno de los explotados. En julio de 1978, el MITKA obtiene 13.281 votos, de los cuales 11.555 pertenecen al departamento de La Paz, o sea, respectivamente, 0.71 % y 1.66 % de los sufragios. Se desconocen los resultados por provincia, pero, una muestra parcial (Presencia, 13.07.1978) permite señalar a las provincias paceñas más favorables al movimiento indigenista: Pacajes y Los Andes (más del 10 %) seguidas de Aroma y Nor Yungas.
104En julio del año siguiente, los resultados son más confiables. El fraude es menor. Esta vez, el movimiento indígena obtiene 28.344 votos (1.67 %), con 16.557 en el departamento de La Paz (2.75 %). El departamento de Oruro aporta también con un porcentaje superior a la media nacional: 2.2 %. Una vez más, contamos con un total parcial por provincia en el departamento de La Paz (Presencia, 08.07.1979): Pacajes encabeza la lista (10.8 %) seguida de Arama y de Los Andes (7.33 y 7.16 %, respectivamente). Finalmente, en 1980, el MITKA, dividido en dos facciones, aumenta aun más su convocatoria: 20.081 votos en el departamento de La Paz, o sea, el 4 % de los votos. Estos resultados son harto modestos; muestran claramente el núcleo del katarismo, limitado y circunscrito al Altiplano central.
105Pero, los resultados obtenidos por sólo el MITKA no son suficientes para juzgar el alcance de la audiencia del katarismo. Lastimosamente, los otros votos kataristas se ahogan en los de la UDP en 1978, dispersan entre los de la UDP y el MNR en 1979, y, después, en 1980, andan junto a los del PRIN. De todas maneras, podemos intentar responder a la pregunta acerca de su peso electoral. Y, un resultado salta a los ojos: en 1979 y 1980, la UDP no parece afectada por la defección de los amigos de Genaro Flores; cada año, obtiene los mismos resultados en el departamento de La Paz. En consecuencia, parece evidente que el MRTK no cuenta sino con una débil audiencia política o, por lo menos, con un débil arraigo entre los campesinos, los que parecen muchos más inclinados —políticamente, se entiende— hacia las viejas figuras del MNR, al que, precisamente, los kataristas intentan desplazar (cf. Lavaud 1982: 39 y Hurtado 1986).
106Observemos también que los candidatos militares (o ex-militares), es decir, el general Bernai por el PDC en 1978 y el APIN en 1979, el general Pereda (UNP) y, luego, el general Bánzer (ADN), logran captar, de todas maneras, numerosos votos en los departamentos de Cochabamba y Oruro, principalmente, cosechando en cierta forma la herencia barrientista. A la inversa, la candidatura presidencial de Casiano Amurrio, el secretario ejecutivo del Bloque Independiente —hegemonizado por los maoístas a partir de 1971—obtiene un resultado completamente insignificante.
107Finalmente, pues, el campesinado se divide entre las diversas expresiones del MNR y los nuevos frentes de derecha, y ni los kataristas ni los comunistas (en su forma maoísta) logran atraer a un electorado, sobre todo, centrista.
108Los sindicatos y partidos campesinos parecen estar, pues, en el mismo ámbito que los sindicatos y partidos obreros. Todo sucede como si, también para los campesinos, existiera una ruptura entre el sindicato y el partido. Los líderes sindicales son incapaces de transformar su audiencia en apoyo político. Y, a la manera de los partidos de izquierda, los partidos indigenistas se dividen sin cesar al punto de perder progresivamente su credibilidad.
109Hasta donde se sabe, la estabilidad política de un país dominantemente campesino requiere de una alianza entre los grupos urbanos gobernantes y la mayoría del campesinado. El MNR que comprendió muy bien esta necesidad obtiene esta alianza gracias a la puesta en marcha de la Reforma Agraria: favorece y canaliza la movilización de los campesinos al organizarlos en contra de sus enemigos, los hacendados, para recuperar la tierra. Y, como manifiestan los votos campesinos durante treinta años, votos más, votos menos, cautivos al principio, mucho más libres al final, una mayoría de ellos permanecen fieles al Movimiento o, más exactamente, a sus jefes históricos.
110Se objetará que, en 1966, Barrientos gana con facilidad a las fracciones del MNR que se presentan contra él. Cierto. Pero, por un lado, los jefes del Movimiento están en el exilio, y, por otro lado, el nuevo militar presidenciable es él mismo un puro producto del MNR, ya fue elegido vicepresidente, precisamente, debido a ello, y se compromete a mantener los logros de la Reforma Agraria. Esta situación facilita una transferencia de lealtades que, por otra parte, no excluye otras intenciones; como dice un dirigente de Sorata de la época: “El hecho de apoyar al MNR hubiera significado la pérdida inevitable de la influencia y poder que tenemos en la provincia” (McEwen 1969: 202). En consecuencia, el hecho de votar por el candidato barrientista del Movimiento Popular Cristiano equivale a votar, ante todo, por un representante campesino que, una vez elegido, debe permanecer fiel a sus mandantes y defender los ideales del MNR: “Nosotros queremos mantener la unidad de los campesinos y aprovechar las circunstancias para enviar un gran número de representantes campesinos al Congreso, pues no sabemos si tendremos otra oportunidad como ésta. Pero, también, estamos decididos a seguir la política del MNR, aunque de esta manera oculta” (McEwen 1969: 202). Se ve que le habría sido muy difícil a Barrientos ganar las elecciones en el campo, aun con mucho fraude, si hubiese cedido a las presiones de los ex-latifundistas y de sus representantes falangistas, partidarios de una reformulación de la Reforma Agraria.
111Debido a esta elección estratégica, pero también debido a su habilidad para manipular a los líderes campesinos, a su política de pequeños regalos, a su carisma personal, Barrientos logra, pues, neutralizar al campesinado, más aún, logra seducir a toda una franja por medio del Pacto militar-campesino, concretando así la condición sine qua non de una relativa estabilidad política. En efecto, como dice Huntington, “la capacidad de los militares para desarrollar instituciones políticas estables depende ante todo de su posibilidad de identificar su régimen con las masas del campesinado y movilizar a éste para la política, poniéndolo de su parte” (1972: 217). Y, cuando intenta disfrazar un aumento en la fiscalidad agrícola bajo el aspecto de una reforma fiscal simplificadora, provoca el inicio de revueltas antiestatales y, como corolario, de un sindicalismo desgajado de la tutela gubernamental; un sindicalismo que, progresivamente, tendrá cada vez más importancia.
112Antes de abordar el tema de las oposiciones campesinas a las políticas estatales, volvamos por un momento hacia atrás para realizar una corrección. Si bien el MNR debe su permanencia de doce años en el gobierno a los apoyos campesinos, no es menos cierto que los enfrentamientos entre caciques contribuyen a minar esa base de apoyo y, así, facilitan indirectamente la implantación barrientista en el valle cochabambino. Pero, en este caso, las responsabilidades son ampliamente compartidas: la faccionalización en la cima fomenta los enfrentamiento en la base.
113A partir de fines de los 60, la existencia de un sindicalismo independiente complica la situación de los gobernantes. Las estrategias clientelísticas o represivas no sosiegan sino provisionalmente algunos fragmentos de un campesinado cada vez más empobrecido y cuyas élites, más instruidas, no dejan de vigilar el alcance de las políticas agrícolas.
114Se pueden distinguir dos situaciones en relación a los sindicatos campesinos libres, de acuerdo a los gobiernos de turno y su carácter permisivo, por un lado, o, por el otro, represivo. Por lo visto, la movilización política del campesinado —al igual que la de los obreros— aumenta en los períodos permisivos. Este es el caso, por ejemplo, durante Torres, cuando todas las provincias de La Paz expulsan a los dirigentes campesinos que son parte del aparato puesto en marcha en el marco del Pacto militar-campesino o, también, de 1978 a 1980, cuando, luego del éxito de la huelga de hambre de las esposas de los mineros, la vida sindical recupera su libertad de acción y donde los coordinadores designados por Bánzer son descartados y reemplazados por dirigentes elegidos por las bases. Al contrario, esta movilización disminuye en los períodos represivos como cuando los dirigentes elegidos son reemplazados por coordinadores fantoches y otros interventores (García Meza).
115El alcance de las acciones campesinas colectivas —entre las que, como hemos visto, las más notables son las respuestas a las medidas gubernamentales que afectan sus escasos recursos— es diferente según estos dos tipos de gobierno: innegablemente, esas acciones fragilizan más a los gobiernos permisivos, democráticos, obligados a negociar, que a los represivos que no dudan en recurrir al uso de las armas. Y aunque el sindicalismo libre nunca ha cesado de denunciar las exacciones militares, a la larga, se muestra incapaz, aun aliado a los obreros, de frenar sus avances. Pero, no dejan de ser un factor de constantes inseguridad y, por ello, las Fuerzas Armadas deben patrullar tanto el campo como las minas: Cliza, Achacachi, Caranavi y Patacamaya se han transformado, progresivamente, en guarniciones pueblerinas.
116Nos falta tratar el indigenismo. En tanto que ideología, es indudable que, al mismo tiempo, traduce y canaliza el ascenso de un grupo campesino indígena o, mejor, campesino aymara. Facilita su reconstitución, su organización, cohesión, lo dota de una cierta fiereza y, por lo tanto, lo lleva al combate. Sin embargo, a pesar de la emoción y los numerosos comentarios que ha suscitado, hay que reconocer que su alcance político ha sido relativamente débil y que su papel desestabilizador ha sido modesto.
117La única batalla realmente destacada que este sindicalismo ha librado es aquélla contra las medidas económicas dictadas por el gobierno de Lidia Gueller; ya honos visto que se encuentra inscrita en la tradición de las luchas antiestataies. El mérito de los kataristas habría sido el de reconstruir, previamente y desde la base, un sindicalismo libre y de aproximarlo hacia la COB, aunque, naturalmente, aparecen como los principales instigadores y coordinadores de las principales acciones colectivas, cuando, en realidad, han contribuido a frenarlas para evitar que la situación social y política se pudra hasta el punto que los militares se sientan obligados, una vez más, a intervenir.
118A la larga, en lo que aquí nos interesa, o, sea, la estabilidad política, la difusión de la ideología indigenista no altera radicalmente la situación, en la medida que ésta ha permanecido limitada al Altiplano (aun si ciertas otras regiones se adscriben coyunturalmente) y no culmina en una expresión política unificada. El sindicalismo katarista no hace sino confirmar y profundizar la ruptura con todas las formas de sindicalismo oficial prefigurada por el Bloque Independiente en 1968 y, por lo tanto, dificulta la búsqueda de alianzas con los campesinos por parte de los gobernantes. Pero, los partidos kataristas no acaban por captar todos el voto campesino que continúa apoyando, en su mayoría, a los candidatos del MNR y, secundariamente, a los candidatos militares.
119En suma, pese a las políticas gubernamentales que, excepto durante los años 50, han dejado a los campesinos en el olvido o les han obligado a producir a bajo precio para satisfacer las necesidades de las ciudades, el campesinado, en su conjunto, sirve a la estabilidad política, ya sea porque vota por los gobernantes de turno, ya sea porque dispersa su voto entre los candidatos moderados, y sólo se ha movilizado defensivamente para responder ante directos ataques a su débil nivel de vida; ninguna de sus acciones colectivas ha contribuido directamente a la caída de un gobierno.
Notes de bas de page
1 El ayllu es una asociación de tipo familiar, en la que los individuos reconocen, entre ellos, vínculos de parentezco, que pueden ser reales pero, sobre todo, son espirituales, y que los vincula con ancestros comunes (sus achachilas).
2 Cálculo personal, en base al censo general de la población de 1950 y del censo agrícola del mismo año.
3 Para mayores precisiones relativas a la Reforma Agraria, cf. Urquidi 1969.
4 Ciertamente, este proceso no se limita al departamento de La Paz; para el de Cochabamba, cf. Barnes de Marshall 1971.
5 La expresión es de Antonio Garcia (cf. García 1973: 59).
6 Existe una muy amplia bibliografía sobre este tema. En lengua francesa, cf. Parrenin 1981 y 1982; en castellano, cf. las siguientes publicaciones: Rivera Cusicanqui 1984, Calderón y Dandler 1984.
7 Tupaj Katari fue ejecutado en Peñas, ahora en la provincia Pacajes, otra de las cunas del katarismo.
8 Fausto Reinaga ha escrito muchos libros predicando el credo indigenista. En 1962, fundó el Partido Indio Boliviano (PIB) en Peñas, lugar donde fue ejecutado Tupaj Katari. Si bien es cierta su influencia en el pensamiento de los kataristas, su propio partido permanece en estado embriorio.
9 Para completar este cuadro, habría que también tomar en cuenta la dinámica indígena internacional: la creación del American Indian Movement en 1968, luego la organización continental del International Indian Treaty Council en 1976, que obtiene un derecho a voz en las NN UU en 1977. También se puede citar el apoyo de autoridades científicas, antropólogos sobre todo, que redactan una primera declaración de apoyo a las luchas indígenas, en la Barbade, en 1971 y organizan diversas manifestaciones que culminan en 1974 con la creación del primer Parlamento Indio de América del Sur, donde Mink'a representa a Bolivia.
10 Después de 1971, los kataristas intentaban vincularse con la confederación obrera, la que, por entonces, apoyaba al Bloque Independiente.
11 En marzo de 1983, el gobierno de Siles Suazo enfrenta una movilización análoga, después de haber dictado las medidas económicas que perjudican a los campesinos.
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