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El embrollo boliviano

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Jean-Pierre Lavaud

Primera parte. Los ciclos de la inestabilidad

Capitulo tres. Los Ires y Venires de los Militares y Civiles

Texte intégral

1Desde el 21 de octubre de 1978 al 10 de octubre de 1982, Bolivia atraviesa por nada menos que nueve períodos presidenciales. Los presidentes son aún más numerosos: diez, si tenemos en cuenta a los miembros de un triunvirato militar que garantiza un mes de transición en 1981. Ocho de ellos son militares. Y ninguno de estos gobiernos es constitucional, pues los dos civiles que ocupan la presidencia sólo lo hacen para garantizar un interinato y organizar las próximas elecciones que deben dotar al país de un presidente, por fin, elegido en el marco de las formas previstas por la Constitución de la República.

  • 1 Bánzer estaba decidido a terminar con el problema de la mediterraneidad boliviana. En 1975, se enc (...)

2Habiendo previamente detallado las oposiciones entre militares durante este mismo período, en lo que sigue, me ocuparé, sobre todo, de las querellas civiles y de las formas de la movilización popular, dejando para la conclusión una síntesis general. De todas maneras, de partida, es necesario precisar el porqué Bánzer organiza unas elecciones que implican una apertura democrática mucho más amplia que la prevista y que, a la larga, marcan el inicio de un nuevo ciclo de inestabilidad. Esta decisión —largamente diferida— es muy difícil explicar por medio de criterios meramente económicos. Los signos de la crisis venidera son todavía relativamente discretos. Los aumentos de precios no suscitan sino leves protestas. Y es sólo a partir del anuncio de las elecciones, el 9 de noviembre de 1977, que los mass media difunden ampliamente la noticia de los primeros signos del deterioro. Son políticas las razones que explican esta decisión. En primer lugar, las luchas internas en el seno de las Fuerzas Armadas. El grupo de los “constitucionalistas” se apoya en el fracaso de las negociaciones con Chile — con el fin de lograr un corredor de acceso al Pacífico— para defender la tesis del retorno a los cuarteles.1 En segundo lugar, el descontento de los civiles. Con los sindicatos y los partidos en retirada, es la Asamblea de los Derechos Humanos, una organización humanitaria respaldada por la Iglesia, la que más abiertamente se opone al régimen, desde 1973. En 1977, logra conformar comités regionales en las principales ciudades del país, establecer vínculos con movimientos internacionales del mismo tipo y, durante la segunda mitad del año, no pasa semana en la que no se manifieste. Finalmente, los Estados Unidos también presionan por el retorno a un régimen civil.

3De todas maneras, Bánzer cede a estas presiones conjugadas sólo en razón de la oportunidad que para él representan estas elecciones, como un medio para asegurar su propia permanencia en el poder. Si recordamos que, en ninguna de las elecciones organizadas después de 1952 los que las convocaron perdieron, su cálculo parece razonable. Pero, la oposición que encuentra en el seno mismo de las Fuerzas Armadas le impide proclamar su propia candidatura y la fisura democrática que significa el llamado a elecciones hace desbordar siete años de oposiciones civiles apenas controladas, lo que acaba por perjudicar al candidato que las Fuerzas Armadas finalmente eligen: al general Pereda.

Atomización partidaria y trentes electorales

4El MNR, tal como lo dejamos en 1964, se ha dispersado en varias facciones. Aunque es cierto que, a la hora del golpe de estado de este mismo año, todos los opositores de Paz Estenssoro se han nuevamente reunido —o casi— y sólo quedan dos conjuntos uno frente al otro, también es cierto que, una vez pasada la hora roja del enfrentamiento, cada una de estas facciones retoma su independencia. Durante los años de las dictaduras militares, algunas de ellas desaparecen, pero, en general, la dispersión continúa. Los líderes secundarios abandonan a los jefes “históricos” para conformar su propia capilla e intentar apoderarse del papel protagónico, y, en muchos casos, para negociar sus servicios ante los nuevos gobernantes. Así, cada nuevo presidente militar se ve apoyado por una cualquier rama del MNR, desgajada del tronco principal antes o después de 1964. Pero, siempre permanecen las facciones opuestas.

5Sería necesario emprender una verdadera investigación policial para reconstruir los ires y venires de unas y otras facciones. Limitémonos aquí con seguir el itinerario de los jefes “históricos. ” Paz Estenssoro, exilado en 1964, se instala en Lima. Retorna en 1971 como aliado del entonces coronel Bánzer, cuyo ministro es hasta 1973. Nuevamente exilado, recién retorna en 1978 para presentarse en las elecciones presidenciales. Siles Suazo, exilado en 1965 por el régimen barrientista, se reconcilia con Paz Estenssoro en 1971, pero se separa casi inmediatamente, cuando Paz empieza a conspirar con Bánzer. Retorna en 1978 para candidatear a la presidencia de la República. Guevara Arce colabora con el general Barrientos quien lo nombra su ministro de Relaciones Exteriores en 1967. En 1974, alía sus tropas con las del Partido Demócrata Cristiano (PDC), luego con las de Siles Suazo para oponerse a Bánzer. Lo que le cuesta el exilio. Cuando retorna en 1978, se alía con Paz Estenssoro quien le ofrece que le acompañe como su vicepresidente. La trayectoria de Lechín es más lineal: es constantemente reelegido a la cabeza de la FSTMB y de la COB, mantiene su partido, el PRIN, en la oposición a todos los regímenes militares. Una oposición algo atenuada durante la breve presidencia del general Torres.

6El largo paréntesis militar no ha logrado, pues, terminar con el MNR, aunque éste no haya cesado de acentuar su fragmentación. Rescatemos también que, ahora, los dos jefes más notables del partido se encuentran en terrenos ideológicos opuestos a los de sus posiciones respectivas en 1950, con Siles a la izquierda de Paz.

7Durante estos 18 años, los otros partidos de izquierda, como también de derecha, sufren un análogo proceso de dispersión que resulta en su atomización. El Partido Comunista, después de haberse separado en un ala pro-maoista, pierde una facción castrista, la que, a su vez, se divide en dos. Mientras tanto, el lado troskista, progresivamente, se ha divido en 8 micropartidos. En la derecha, la Falange también se multiplica —hasta se le desgaja una rama de izquierda— y lo mismo puede decirse de los demócrata cristianos.

8Como añadido a la confusión, aparecen nuevos partidos políticos, sobre la base, en su mayoría, de una o varias de las ramas disidentes de los partidos ya existentes. Es así que se constituye la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del general Bánzer, partido de derecha que surge a fines de los años 70 y principios de los 80, oficialmente creado en 1979, y que agrupa a grupos provenientes de prácticamente todo el espectro político —del PIR, MNR, FSB, principalmente.

9Además de la ADN, en los años 70, nacen otros tres partidos o corrientes políticos. El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) integra, junto con el ala izquierda de la democracia cristiana, a un grupo surgido del MNR y a marxistas sin filiación partidaria. Progresivamente, evoluciona desde una posición radical hacia opciones nacionalistas moderadas. Por su parte, el Partido Socialista incorpora falangistas de izquierda, disidentes del PRIN de Juan Lechín y a personalidades cercanas a la democracia cristiana. En 1978 se escinde en dos. Finalmente, una corriente de reciente aparición: los partidos indigenistas, que son una emanación del sindicalismo campesino de tendencia indigenista. En 1978, dos de ellos se presentan a las elecciones: el Movimiento Indio Tupac Katari y el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, más cercano éste a los grupos de izquierda. Después, estos dos partidos también se dispersarán.

10Esta rápida mirada global no ofrece sino una pálida visión de la atomización partidaria. Cuando, en diciembre de 1978, Padilla convoca a los partidos políticos existentes para que éstos propongan reformas a la Ley Electoral, se presentan 23 de ellos y, tres meses después, en marzo de 1979, se inscriben 53 en la Corte Electoral: “Noventa días fueron suficientes para que nacieran treinta partidos, cumpliendo ese proceso biológico de partogénesis donde una célula se divide en dos, y ésta a su vez en otras dos, hasta el infinito, ” señala humorísticamente Marcelo Céspedes (1982: 65). Y el proceso de división no se detiene ahí, pues, en 1980, la Corte Electoral registra 72 partidos.

11Debido a su reducido tamaño, estos partidos representan o el interés de sus afiliados o intereses sectoriales altamente particularizados. En consecuencia, todos se mueven en su propio campo y de acuerdo a sus posiciones; no buscan ni promueven soluciones políticas nacionales o compromisos aceptables para con los otros partidos; y, como su autoridad reside en el reconocimiento de las excepcionales cualidades del jefe por parte de las tropas, los puntos de convergencia son muy difíciles de encontrar.

12Sin embargo, todos estos partidos no poseen el mismo peso electoral y, a la hora de las elecciones, se ven obligados a reagruparse detrás de un candidato a la presidencia de alcance nacional; un paso más que necesario si se tiene en cuenta que las elecciones legislativas son paralelas a las presidenciales y que el mismo recuento del número de votos vale para las dos; los diputados y senadores se reparten proporcionalmente.

13De hecho, los presidentes elegibles son muy pocos: Paz Estenssoro, Siles Suazo y Bánzer. Y, un escalón más abajo, Guevara Arze, Lechín, Quiroga Santa Cruz del PS-1 y Paz Zamora del MIR. En suma, la vieja guardia del MNR, el cuarteto de los años 50, otro ex-presidente, y dos jóvenes con una creciente convocatoria pero, de todos modos, todavía no muy conocidos en 1978. Los demás dirigentes de partidos pueden ser considerados como “tenientes” que truecan su apoyo por una diputación, una sinecura administrativa o una pega, con la mira puesta hacia la posterior adquisición de un alcance nacional.

14Los resultados de las sucesivas elecciones de 1978, 1979 y 1980 permiten precisar con mayor claridad la fisonomía electoral del país. En verdad, sólo pesan los tres frentes reagrupados detrás de Siles, Paz Estenssoro y Bánzer. Las cifras de 1978 no resultan significativas porque estas elecciones, marcadas por fraudes generalizados, terminan siendo, finalmente, anuladas. Si se comparan los resultados obtenidos en 1979 y en 1980 por los tres frentes dominantes, se constata que la UDP y la ADN confirman sus logros de un año al otro, en cambio, disminuye la audiencia de la coalición dirigida por Paz Estenssoro. Sus ex-amigos del MNR candidatos a la presidencia le quitan votos y su apoyo velado al golpe de estado de Natusch le resta crédito.

15Por otra parte, se constata la creciente influencia de Quiroga Santa Cruz, y los insignificantes logros de los frentes con influencia marxista cuando éstos se presentan solos y los también insignificantes logros de los partidos indigenistas. Y no se puede dejar de notar el contraste entre la convocatoria con la que estas corrientes cuentan en sus sindicatos y su débil importancia electoral.

16A la larga, la Bolivia de fines de los años 70 permanece marcada por el movimientismo, cuyas variantes ideológicas transitan desde la izquierda moderada hasta el centro derecha, un movimientismo dominado por la personalidad de sus dirigentes, cuyas intenciones políticas son, sobre todo, pragmáticas y sus estrategias fundamentalmente clientelísticas. Es también notable que un dirigente político haya logrado reunificar la derecha, en gran parte con los restos de la Falange que carece de líderes de envergadura luego de la muerte de Oscar Unzaga de la Vega en 1959.

CUADRO 1. Resultados Comparados de los Principales Frentes Electorales en 1978, 1979 y 1980

CUADRO 1. Resultados Comparados de los Principales Frentes Electorales en 1978, 1979 y 1980

Fuentes: Lavaud 1979, 1981.

CUADRO 2. Distribución de las Bancadas en el Congreso en 1979 y 1980

CUADRO 2. Distribución de las Bancadas en el Congreso en 1979 y 1980

Fuentes: Lavaud 1981.

17Las enseñanzas fruto de las elecciones permiten, pues, matizar un poco las recogidas luego del examen de los partidos y la constitución de los frentes electorales. Al estudiar la vida de los partidos, uno tiene la impresión de una precariedad y fluidez ideológicas sin equivalentes, la que lleva a Marcelo Céspedes a escribir: “Para quien no se halle informado al día y de primera mano sobre la situación política, resulta impertinente comentar favorablemente con un líder sobre sus acertadas críticas a un opositor hechas una semana atrás, puesto que no sería raro que para entonces ya haya suscrito con él un pacto de 'unidad indestructible' que puede durar otras pocas semanas” (Céspedes 1982: 63). Pero, al leer los resultados electorales, uno se encuentra con una sorprendente continuidad que conduce a los bolivianos, cuando les es permitido votar con relativa libertad, a inclinarse por el centro, haciendo muy poco caso de las corrientes marxistas, y a mantener una no despreciable corriente de derecha, sobre todo en las ciudades; todo ello, después de prácticamente treinta años.

Presidentes interinos y bullicios parlamentarios

18Nos toca ahora ocuparnos de la designación de los presidentes de la República. Según la Constitución, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, es el Congreso (reunión de las Cámaras de Diputados y Senadores) el que debe elegir al ganador, entre los candidatos más votados. En 1978, Pereda quien, pese al fraude, logra apenas esa mayoría, solicita, primero, que se anulen las elecciones y, luego, se rinde ante la amistosa presión de sus partidarios para organizar un golpe de estado. En 1980, García Meza toma el poder a la fuerza, apenas finalizadas las elecciones. Es, pues, sólo en 1979 que se puede ver cómo funciona este sistema. Ahora bien, el resultado de las elecciones de 1979 es particularmente apretado pues Siles le gana a Paz Estenssoro por unos cuantos votos, en tanto que Paz Estenssoro obtiene la mayoría en el Congreso; y, con 16 bancas sobre 27, cuenta con la mayoría absoluta en el Senado. Por ello, Guevara Arze, aliado de Paz Estenssoro, es fácilmente designado presidente del Senado. En la Cámara de Diputados, la presidencia recae en un candidato de compromiso. Y, para la presidencia del Congreso, se elige a Lidia Gueiler, ex-lechinista del PRIN, aliada ahora con el MNR de Paz Estenssoro. Una vez puesta en marcha la “máquina,” al cuarto día de la reunión del Congreso se prepara la elección presidencial propiamente dicha. Pero, antes de la votación, en un coup de théatre, en el seno mismo del Palacio del Congreso, el candidato Siles anuncia su huelga de hambre, en defensa de “la soberanía popular, la democracia y el derecho de los bolivianos a elegir su propio destino.” Luego de dos días de debates y seis vueltas de escrutinio, hay que nomás rendirse ante la evidencia: Paz Estenssoro, pese a su ventaja sobre Siles, no logra alcanzar la mayoría absoluta; es necesario, por lo tanto, encontrar una solución de compromiso entre las dos partes. Es así que, el 6 de agosto, Guevara Arze es nombrado presidente interino de la República con la misión de convocar a nuevas elecciones para el primer domingo de mayo de 1980.

19Al leer este relato, uno se da cuenta de los múltiples obstáculos que entorpecen el sistema electoral boliviano. No hay mayores problemas si el candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos y la mayoría absoluta de las bancas en el Congreso; pero, si eso no ocurre, es peligroso para la estabilidad institucional, en particular, que los presidentes difícilmente elegidos deban gobernar —además— en minoría.

20En estas condiciones, por el momento, la situación de Guevara Arze resulta aún más precaria. Propone a los dos frentes que encabezaron las elecciones que se conforme un gobierno “de equilibrio nacional.” Pero, la UDP (Siles Suazo) rechaza categóricamente esta alternativa. Entonces, el presidente se ve obligado a escoger entre gobernar únicamente con la alianza del MNR (Paz Estenssoro) o conformar un gabinete “apolítico.” Opta por esta segunda alternativa, en gran medida para no sentirse prisionero de un MNR ansioso, sobre todo, por “preparar” las futuras elecciones, de modo que éstas ya no se le escapen.

21Y, a la larga, se encuentra totalmente imposibilitado para gobernar pues no cuenta con ningún apoyo parlamentario. En efecto, la estrategia de la alianza del MNR consiste en ampliar su participación parlamentaria —muy pronto, gana el apoyo de miembros de la UDP, aquéllos descontentos porque su dirección les ha impedido participar en el gobierno— y en ejercer una obstrucción sistemática al ejecutivo, y, casi inmediatamente, se dedica también a negociar un golpe de estado con los militares, sobre todo, con el general Natusch Busch (Alcázar 1983).

22Entonces se enfrentan dos campos. Por un lado, está el de aquéllos ansiosos por gobernar, amigos de Paz Estenssoro, nuevos y antiguos, aliados a un grupo conformado por oficiales anticonstitucionalistas; por el otro, Guevara Arze quien, con el pretexto de preparar una verdadera política económica de recuperación nacional, propone posponer las elecciones hasta 1981; coyunturalmente, cuenta con el apoyo de la COB que ya huele el golpe de estado y, sin duda, también con Siles Suazo, sin que ésta su común aspiración democrática logre traducirse en una verdadera alianza.

23El primer grupo se lanza a la aventura golpista y, después de 16 días de extrema tensión, levanta las manos. Luego de complicadas negociaciones, el Congreso debe, una vez más, designar a un presidente interino. Esta vez, resulta elegida Lidia Gueiler, ex-presidente del Congreso y, luego, de la Cámara de Diputados. La presidente conforma un gabinete con una amplia mayoría de ministros miembros de la alianza del MNR, de la cual ella es parte, y algunos tránsfugas que le dan la espalda a Siles Suazo. A diferencia de su predecesor, Gueiler cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria, pero en una coyuntura en la cual el Parlamento se encuentra totalmente desacreditado porque varios de sus miembros participaron en el golpe de estado —nueve son expulsados— y donde, por la misma razón, todos los frentes del 79 se encuentran dispersos. En un total de 154 miembros del Congreso, el grupo más numeroso, el MNR (Paz Estenssoro) sólo cuenta con 28, luego aparece la ADN con 12 y los minipartidos que sólo cuentan con un único representante son 13.

24A continuación, veremos que, aun si el régimen es netamente presidencial, las dos Cámaras no carecen de medios para molestar al gobierno. Constatemos, en primer lugar, que ninguna disposición constitucional le permite al presidente disolver las Cámaras. Este está obligado, entonces, a gobernar con el Congreso electo al mismo tiempo que él. Si se encuentra en una situación de minoría parlamentaria, no le queda otro camino que renunciar y convocar a nuevas elecciones generales —salvo, por supuesto, que, haciendo caso omiso del Parlamento, intente mantenerse en el cargo el tiempo más largo posible. Pero, a la larga, de todas maneras, se ve obligado a renunciar.

25Primer atributo del Congreso, la aprobación de las leyes. Ya sea que se propongan por una u otra de las Cámaras, o que provengan del ejecutivo, los textos de las leyes se envían, de partida, a las comisiones pertinentes, luego son aprobadas o rechazadas antes de ser examinadas por la otra Cámara y de, eventualmente, retornar a la Cámara de partida, para que sean definitivamente aprobadas. Pero, los miembros del Congreso no se limitan a legislar; también pueden sugerir mejoras y directivas al poder ejecutivo bajo la forma de las “minutas de comunicación.” Y, sobre todo, pueden pedirle a ese poder rendición de cuentas, sea para controlar o para legislar (Artículo 70 de la Constitución). A veces, estos pedidos acaban en “interpelaciones,” cuyo resultado es un voto de censura, o un renovado voto de confianza. Finalmente, el Congreso puede iniciar juicios de responsabilidad contra el presidente y cualquier otro miembro del gobierno, por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

26Ahora bien, lo que sucede durante esta breve calma democrática demuestra que los congresistas hacen un uso poco o nada moderado de sus funciones y que así contribuyen a debilitar aún más a estos gobiernos que, desde ya, tomando en cuenta su carácter transitorio, carecen de bases sólidas. El poder ejecutivo se ve realmente acorralado por demandas y “sugerencias,” si es que no está siendo “interpelado,” mientras que, por su lado, la asamblea se hunde junto con los proyectos de leyes, cuya mayor parte — ¿podría acaso suceder de otra manera?— pasa al depósito del olvido.

  • 2 Quiroga Santa Cruz es asesinado el 17 de julio de 1980, durante el golpe de estado de García Meza.

27Ultima reserva del arsenal parlamentario disponible: el “juicio de responsabilidades.” Desde el inicio de los trabajos parlamentarios, las dos Cámaras se ven enfrascadas en la demanda de juicio para uno de tales procesos, en contra de Bánzer y sus colaboradores, y por un conjunto de delitos que van desde la alta traición hasta el asesinado, pasando por todo tipo de malversaciones. Evidentemente, no es su objetivo principal el de importunar al gobierno de turno, pero contribuye a debilitarlo aún más. En efecto, muchos oficiales reconocen ahí un intento de venganza en contra de las Fuerzas Armadas y pasan a engrosar el campo de los golpistas. Hay que mencionar que el río de intrusiones, que ocupa al Congreso durante los dos períodos transitorios de gobierno —sin que, por otra parte, el juicio final logre ser realizado—, acusa a 270 personas por 78 delitos (cf. Vargas Martínez 1982) y, muchas veces, ocupa la atención de todos los diarios. Marcelo Quiroga Santa Cruz, el más prestigioso de los acusadores —son 33 en total—, adquiere así mucho renombre, pero pagará esas sus audacias (cf. Quiroga Santa Cruz 1982) con su vida.2

28Finalmente, los representantes directa o indirectamente elegidos acaban siendo los artesanos de su propio eclipse, debido a sus querellas internas, sus llamadas de atención (APDH 1980) o su tormentosa oposición a los militares y sus escándalos antigubernamentales. Ciertamente, no se puede colocar en el mismo plano a los que directamente van a solicitar favores de los oficiales y aquéllos que aprovechan la tribuna para fustigarlos. Pero, para que esta última tarea, aunque no deja de ser popular, logre dar sus frutos, es decir, logre enraizar la democracia en el país, habría sido necesario un ejecutivo y un legislativo relativamente unidos y seguros de su legitimidad. Pero ése está lejos de ser el caso.

Las turbulencias sindicales

29La naturaleza del sistema político boliviano, en particular, los mecanismos de representación electoral y el escándalo de los parlamentarios no son las únicas razones a las que se puede atribuir la fragilidad del intento democrático. Como en todos los aspectos previamente examinados, éste también sucede enmarcado en el despertar de los sindicatos, su movilización y la multiplicación de sus actividades colectivas. Y, los gobernantes se ven asediados por demandas que no pueden satisfacer, en el contexto general de una crisis económica que se agudiza cada vez más.

30Como bien muestran los indicadores económicos recogidos en el cuadro siguiente, es el conjunto de la actividad económica boliviana el que se encuentra en problemas. La evolución del PIB por habitante es negativa a partir de 1979; decrece en más de 11% en 1982, dejando al país en la situación de 1971. Las presiones inflacionarias llegan a límites extremos (en 1982, el peso es devaluado dos veces: 76% y, luego, 350%). El déficit fiscal, constante en todo el período, aumenta cada vez más. La deuda y su erogaciones crecen a tal punto que, en el tercer trimestre de 1982, el país ya no es más capaz de cumplir con sus pagos.

CUADRO 3. Bolivia: Principales Indicadores Económicos

CUADRO 3. Bolivia: Principales Indicadores Económicos

Fuente: CEPAL 1982.

31Destaquemos, sumariamente, las más importantes etapas de la “recuperación” sindical. Una golondrina no hace verano, pero el primer bosquejo de la movilización no proviene directamente de los mineros sindicalizados, sino de sus esposas. A fines de 1977, cuatro de ellas, junto con 14 de sus hijos, entran en huelga de hambre con el fin de lograr la recontratación de sus maridos despedidos por motivos políticos, el libre ejercicio del derecho sindical y una amnistía general. Poco a poco, se solidarizan con ellas otros grupos de huelguistas, compuestos por miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, organizaciones de estudiantes, parientes de los detenidos y exilados, y, luego, de mineros y campesinos. El 18 de enero, día en el que el gobierno cede ante las más exigentes de las demandas (recontratación de los despedidos y amnistía general), existen 1200 grupos de huelguistas y varios otros ya prestos para reemplazarlos. Las libertades sindicales reconquistadas gracias a este movimiento son reconocidas oficialmente pocos días después, el 24 de enero.

32Esta victoria, relativamente fácil, es posible —sin duda alguna— gracias al debilitamiento del gobierno de Bánzer, pero también gracias a una poco común conjunción de opositores (mujeres, religiosos, jóvenes...), reunidos en torno a la defensa de los derechos humanos. La forma de su protesta condice con el tipo de su reclamo —a la violencia del régimen oponen la no-violencia— y motivan, muy rápidamente, las emociones y la aprobación de grandes sectores de la población. El gobierno no se atreve a utilizar la fuerza, se encuentra tan acorralado que uno se pregunta si no se verá obligado a renunciar. Pero, no existe ninguna coalición civil presta a reemplazarlo. Los sindicatos y partidos que resurgen en la ocasión se limitan a apoyar la huelga; y jamás controlan sus modalidades.

33Durante los meses siguientes, a medida que la fiebre electoral se expande por todo el país, los sindicatos se reorganizan uno por uno, eligiendo, desde la base, a sus representantes. En el seno del movimiento obrero, los mineros son los más expeditos. A fines de abril, un ampliado nacional fija para el mes de mayo la realización del XVII Congreso de la FSTMB. Esta es la primera gran manifestación del mundo obrero y “[e]n todo caso, fue el primer evento nacional [del mundo obrero] y él habría de orientar el rumbo del conjunto de la reorganización sindical,” como constata con toda razón Javier del Granado (1983: 117). La mayoría de los otros sectores realizan sus respectivos congresos a fines de 1978 o a principios de 1979. Y el V Congreso de la COB, que marca el punto culminante de la reorganización, tiene lugar en La Paz el lo. de mayo de 1979. En consecuencia, cuando los gobiernos surgidos de las elecciones controlan la dirección del país, el sindicalismo ya ha recuperado todas sus fuerzas (Le Bot 1981).

34Uno de los resultados más importantes de este proceso de reorganización es la creación, en junio de 1979, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). De hecho, se trata nada más ni nada menos que de la incorporación de la fracción sindical campesina más representativa, la dirigida por los “kataristas,” en el seno de la COB. Si bien, al principio, esta Confederación no es, pese a su nombre, la única, acaba por serlo. En determinados lugares del país, por lo menos, esta reunión —los campesinos y los obreros estaban ya aliados en el seno de la COB a principios de los años 50— explícita muy bien el final fracaso de los militares en controlar a un campesinado cuyas reivindicaciones son cada vez mayores. Y, por contraste, simboliza la preeminencia de la COB, su vocación de ser la única representante del conjunto del mundo del trabajo.

35Dadas las dificultades económicas —el alza de los precios, sobre todo—, cuando la tenaza dictatorial se ha desencajado y los sindicatos han recobrado su vigor, es lógico que los sucesivos posteriores gobiernos se encuentren enfrentados ante una serie de luchas sociales por el aumento de salarios y para impedir los despidos laborales. Al principio, los sectores reclaman en forma dispersa, unos después de otros, luego, progresivamente, tienden a unificar sus reivindicaciones, hasta que, finalmente, la COB elabora una plataforma reivindicativa que se transforma en un verdadero contra-programa económico al del gobierno. Además, las crecientes aproximación y articulación de las demandas campesinas con las de los asalariados acentúan aún más el carácter “global y social” del movimiento reivindicativo.

36Las amenazas de huelga, las huelgas al montón, las huelgas de hambre, las marchas del hambre, las manifestaciones, los desfiles, se suceden a un ritmo cada vez más acelerado. La manifestación de descontento más explosiva, porque ya implica a los campesinos de la CSUTCB como parte del conjunto de la COB, se produce el mes de octubre de 1979, cuando Lidia Gueiler decreta una serie de medidas económicas, donde las más importantes son la devaluación del peso en un 25 %, el alza del precio de los carburantes en un 120 % y el aumento en los precios del transporte. Aunque el gobierno concede una prima compensatoria a los asalariados, la COB, de todas maneras, interpreta estas decisiones como una franca “declaración de guerra.” Obviamente, las medidas de orden monetario dictadas por el gobierno de Lidia Gueiler —a instigación del FMI— están lejos de responder a las demandas de los dirigentes de la COB. Y, aunque tímidas, estas medidas motivan una oposición popular unánime, claramente expresada en las manifestaciones obrero-campesinas del 4 de diciembre de 1979 y, luego, la huelga general del 10 de diciembre. Por su parte, los campesinos bloquean los caminos, de modo que el país se ve prácticamente paralizado durante varios días. El gobierno y los sindicatos logran, finalmente, un compromiso; pero, hasta espectaculares —250 empleados bancarios en huelga de hambre en enero, 200 dirigentes fabriles en febrero, etcétera—, las huelgas retoman rápidamente su curso.

37Sin duda, se habrá notado que, dada la apertura política, ya no son más los mineros los que aparecen en el primer plano sino la COB. En realidad, lo que pasa es que los mineros, que siguen siendo la vanguardia del movimiento obrero, son ahora capaces de extender al máximo su convocatoria, como a principios de los años 50. En ese contexto, sus reivindicaciones son relativamente moderadas, sin duda porque, desde ya, están mejor pagados que los otros obreros, pero también porque, conscientes de la fragilidad de la apertura democrática y, habiendo sufrido en carne propia la dureza de las represiones militares, tienden a conservar esta apertura. Por ello, desde fines de enero, la COB, reflejo de las posiciones de la FSTMB, decide negociar directamente con el gobierno el aumento de salarios que compense la caída de su valor adquisitivo, efecto de las medidas económicas de noviembre. A partir del mes de marzo, los movimientos de huelga son menos frecuentes y, también, menos exigentes —es cierto que se acerca la hora electoral y que la presión militar se acentúa, como se hace cada vez más evidente para todos, en ese momento. De todas maneras, es claro que la COB ha logrado constituirse como el único interlocutor del gobierno e imponer su línea moderada. Poco antes de las elecciones, el 23 de mayo, estas negociaciones culminan en la promulgación de un decreto que otorga un bono de excepción para todos los asalariados.

38Pero, la tutela de la COB tiene sus límites y no le resulta fácil contener los asaltos de sus bases, sobre todo los de los “cuellos blancos,” empleados bancarios y maestros, que libran un duro combate en enero-febrero —el de los maestros se prolonga hasta abril—, pese a las distancias de la Central, cuando ésta se encuentra ya en negociaciones con el gobierno.

39En definitiva, pese a su real cuidado por no dañar las relaciones con los gobernantes, a fin de preservar la democracia, la direcciones sindicales, llevadas al primer plano de la escena política por la movilización de sus bases, exigen, de todas maneras, la satisfacción de un mínimo de reivindicaciones para ellas y, así, contribuyen a desestabilizar los gobiernos incapaces, por su parte, de satisfacer todas las demandas.

40El golpe de estado del 17 de junio de 1980 (García Meza) detiene brutalmente los avances sindicales: numerosos dirigentes de la COB son arrestados, las minas son ocupadas y, en lugar de los delegados sindicales, el régimen de terror impone sus “relacionadores.” Así se reinicia, entonces, una nueva secuencia de represión-recuperación sindical, muy análoga, de hecho, a la de los años 70. Con la única diferencia que, en este caso, la duración de la represión es mucho más breve.

  • 3 El dirigente campesino aymara Genaro Flores ejerce, momentáneamente, la secretaría ejecutiva de la (...)

41Es en la clandestinidad que el sindicalismo sobrevive y, luego, se reorganiza poco a poco: una reorganización que le debe mucho a los campesinos de la CSUTCB, algo más libres en sus movimientos.3 Pero, una vez más, es de las minas de donde proviene la ofensiva más decisiva en contra del régimen militar. Esta sucede desde fines de 1981 hasta principios de 1982, cuando Torrelio Villa reemplaza a García Meza en la presidencia del país.

42En junio de 1981, los mineros de Siglo xx eligen a los representantes sindicales que reemplazan a los “relacionadores” nombrados por el Ministerio del Trabajo. En octubre, le toca a Huanuni el turno de elegir a su dirección sindical. Pero, el gobierno se niega a reconocer esta elección. Los mineros responden con una huelga que no sólo se prolonga sino que también, muy pronto, abarca la mayoría de las minas de la COMIBOL. Luego se organiza todo un frente de batalla, compuesto de diversas representaciones: de los asalariados (los fabriles, notablemente), estudiantes y campesinos, con la Iglesia como portavoz de los huelguistas. En diciembre, los fabriles emprenden una huelga de hambre y el gobierno acaba por ceder, y acepta el retorno al ejercicio normal del derecho sindical.

43La contraofensiva sindical de Huanuni se parece en muchos aspectos a la huelga de hambre de las esposas de los mineros, que preludia el fin de la dictadura de Bánzer en 1978. Se exigen los mismos derechos (amnistía, libertades democráticas, derecho sindical); se emplean los mismos métodos —huelga de hambre con éxito; la Iglesia participa como mediadora; las mujeres de los mineros participan en las luchas... Pero, sobre todo y en los dos casos, se da el mismo derrumbe espectacular de un régimen de fuerza. Parodiando a Lenín, se puede decir que “los de arriba” ya no pueden y “los de abajo” ya no quieren. Dicho de otra manera, la coalición gobernante sufre de profundas divisiones y una acción colectiva que se origina en la base opera exactamente como la cuña que, incrustada en un tronco, precipita la caída del árbol. Al principio, tanto la huelga de las mujeres mineras de 1977-1978 como la huelga de Huanuni parecen anodinas; pero, funcionan como catalizadores. Y basta que los dictadores, debilitados e incómodos, vacilen en emplear la fuerza —no se desalojan a las mujeres de los mineros y sólo la policía interviene en Huanuni— para que el proceso del derrumbe se ponga en marcha.

44Y 1982 se parece a 1978. También ahí recomienza la misma acelerada secuencia de reorganización sindical. Cuando Siles Suazo asume la presidencia, se encuentra ante una COB movilizada que renueva sus exigencias de aumentos salariales y sus pedidos de cogestión en las grandes empresas del Estado. Una vez más, la COB no sólo se muestra capaz de influir en las políticas del gobierno sino, más aún, de participar en el mismo. En un contexto económico de profunda crisis, y de una crisis política no menos profunda —los males previamente descritos que afectan al ejecutivo y al Congresos continúan con su corrosiva influencia—, una vez más, la acción de la COB mina el gobierno y precipita su caída.

45Sin embargo, es necesario establecer una clara diferencia entre el objetivo político de la COB que claramente consiste en combatir la dictadura y, en consecuencia, promover los intentos democráticos, por un lado, y, por otro, los efectos no deseados de su poder en el contexto político boliviano y la fragilidad del conjunto de los gobiernos, dictatoriales o constitucionales.

46El papel que juega durante los 15 días del golpe de estado de Natusch Busch muestra muy bien el lugar de primer plano que la COB ocupa en la vida política y, al mismo tiempo, muestra la ambigüedad de una organización sindical que juega el papel de un partido o que, por lo menos, así es tratada por los gobernantes. A lo largo de esos trágicos días, la resistencia popular se manifiesta en una huelga general que paraliza al país durante 6 días, con marchas de protesta y con barricadas que se levantan en la ciudad de La Paz. Para acabar con esta resistencia, las Fuerzas Armadas emplean carros de asalto y aviones, dejando un total de más de 500 víctimas (APDH 1980). Pero, al mismo tiempo, los responsables de la COB no cesan de negociar con las Fuerzas Armadas y, en varias ocasiones, el coronel Natusch Busch le ofrece a Lechín, en bloque, la cogestión obrera en las empresas del Estado, las libertades sindicales, políticas y de la prensa, y la consideración de las propuestas económicas de la COB para enfrentar la crisis.

47Durante estas mismas jornadas trágicas, el Congreso, a su vez, también le propone a la COB una participación en el gobierno. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y el Congreso le hacen a la COB una oferta que le habrían hecho a una cualquier otra organización política. Y ésta las rechaza en nombre de los intereses que representa, del antimilitarismo y hasta anti- “oficialismo” de sus bases, saldo de su experiencia de co-gobierno junto al MNR.

48En definitiva, debido a su enorme capacidad de movilización —capaz de imponer una huelga general de 6 días; la que, además, se prolonga unos días más entre los mineros—, la COB no sólo se reafirma como un interlocutor político ineludible sino, además, provoca el fracaso de los putschistas. Bajo esta perspectiva y en esta determinada ocasión, la COB es la principal responsable de la continuidad institucional.

Las luchas regionales de los cruceños

49A partir del fin del gobierno del general Bánzer, los Comités Cívicos, organizaciones voluntarias en defensa de los intereses locales, desencadenan una serie de manifestaciones que también ponen en peligro a los gobiernos. Y, en este caso, es el Comité Cívico de Santa Cruz el que conduce y anima las luchas cívicas del mismo modo que los mineros llevan la batuta en las luchas obreras.

50La larga batalla que libran los cruceños en contra de los gobiernos y en contra de las instancias del departamento de La Paz, para impedir que allí se instale un complejo azucarero que entraría en competencia con los ya que operan en Santa Cruz, ilustra elocuentemente su capacidad de movilización y peso político. El alcance de su acción cívica es tal que imponen su voluntad al gobierno de Lidia Gueiler —en contra de la del Parlamento—, luego, provocan la caída de García Meza y, en consecuencia, apresuran el retorno hacia un régimen constitucional.

51En 1975, la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) propone la creación de un complejo azucarero en la provincia Iturralde, al norte del departamento, con el fin de favorecer el desarrollo acelerado de una zona pionera que queda sobre el camino en construcción desde La Paz a Trinidad, capital del Beni. Pero, hasta fines del gobierno de Bánzer, las diversas instancias nacionales de planificación postergan la puesta en obra del complejo azucarero (Aguirre 1981). Es sólo a partir de la presidencia de Lidia Gueiler que Santa Cruz debe movilizar al conjunto de sus tropas para anular la iniciativa paceña. En lo que sigue, concentraré mi análisis en este particular momento.

52En diciembre de 1980, CORDEPAZ entrega al Ministerio de Planificación un proyecto revisado y que las autoridades del Ministerio consideran factible. Para evitar lidiar directamente con los representantes de los intereses cruceños (“azucareros” y Comité Cívico), el ministro de Planificación invita a las partes en conflicto a una conferencia nacional, en Trinidad, con el fin de discutir los problemas del azúcar, en general, y del proyecto San Buenaventura, en particular.

53Por su parte, el 31 de enero, la Cámara de Diputados aprueba, casi por unanimidad, un proyecto de ley que autoriza a CORDEPAZ el llamado a una nueva licitación pública para la construcción del Complejo de San Buenaventura y, también, permite al Banco Central concederle a la Corporación las garantías que el caso requiera. Todavía falta que el Senado, por su parte, apruebe el proyecto de ley y que, luego, retorne a la Cámara para una definitiva aprobación por parte del Congreso en pleno. Durante ese período, la lista de las instituciones que apoyan ese proyecto crece, día a día, más y más, y acaba hasta por incluir a representaciones no departamentales como las instituciones cívicas de Tarija, Pando y Beni.

54El asunto parece terminado; pero, eso significa desconocer el alcance de la determinación cruceña. El Comité Cívico cruceño, luego de una reunión entre las organizaciones locales representativas (cámaras de comercio e industria, de agricultura, sindicatos obreros) y los representantes departamentales en el Parlamento, convoca a un paro cívico general. Este se acata unánimemente y Santa Cruz se ve paralizada durante 36 horas.

55Mientras la polémica alcanzaba su punto más alto y el ministro de Planificación, de viaje a los Estados Unidos, parecía haber abandonado el país, la fecha de la reunión en Trinidad se aproximaba. Con el promotor ausente, la COD de La Paz decide hacerse cargo del encuentro, de acuerdo con la COD cruceña. Si las centrales obreras toman esta iniciativa, es porque, en primer lugar, más allá de la querella en torno a San Buenaventura, está el problema aún más grave, a su entender, de la sobrevivencia del régimen parlamentario. Así se explica, desde ya, el porqué las dos centrales obreras, aunque suscriben opiniones opuestas acerca de la instalación del complejo azucarero, deciden conjuntamente que se deje “en suspenso toda medida de presión que, exasperando los ánimos,” genere actitudes que podrían beneficiar a los “grupos interesados que obedecen a móviles reaccionarios y a trajines golpistas” (Presencia, 07.02. 1980).

56Finalmente, la reunión empieza el 12 de febrero, bajo el amparo de la Central Obrera Boliviana, que garantiza su realización. A primera vista, las tan opuestas perspectivas de los dos departamentos parecen haberse aproximado: Santa Cruz acepta San Buenaventura, siempre y cuando no ejerza una competencia desleal con la industria del azúcar ya establecida y, por su parte, la COB se compromete a exigir al poder ejecutivo una postergación de tres meses para la convocatoria de una nueva licitación pública, previa la realización de un estudio para sentar las bases de una nueva política azucarera y la conformación de una nueva Comisión Nacional de la Caña y del Azúcar (CNECA), o sea, la instancia nacional que regula todo el proceso de producción y comercialización del azúcar. También, la asamblea insiste sobre el hecho que las tierras de San Buenaventura concedidas a particulares deben retornar al Estado. Además, exige que todos los procedimientos, especialmente las licitaciones, se realicen con total transparencia. Puesto que el resultado más evidente de este encuentro es un acuerdo para la postergación indefinida de la azucarera, la Confederación de las instituciones cívicas paceñas (CORDEPAZ) se opone con vehemencia a las resoluciones de Trinidad y propone que, de una vez por todas, se realice la adjudicación.

57Dicho de otra manera, si bien todas las instituciones paceñas apoyan, de una u otra forma, al proyecto, sin embargo existe una clara separación entre las instituciones cívicas aliadas con los parlamentarios de la derecha (Falange, ADN) y la COB, apoyada por los diputados de izquierda. Esta última rechaza los procedimientos, intenta denunciar los fraudes y busca aislar al pequeño grupo de los directamente interesados en el proyecto por los beneficios que les ha rendido y por los que todavía esperan les rinda.

58¿Y el gobierno? Este ha perdido toda iniciativa debido a las chambonadas del ministro a cargo de Planificación. La presidente de la República, por su parte, intenta conciliar las partes en conflicto y organiza una reunión (cumbre) para el 25 de febrero. Pero, los dos grupos son tan intransigentes el uno como el otro en la defensa de sus respectivos departamentos —la prensa destaca agrias discusiones con un marcado “acento regionalista”— que, a la larga, esa iniciativa acaba en un fracaso.

59En el Parlamento, el debate no es más mesurado; todo lo contrario. Devuelto por el Senado, el texto de la ley relativa a la azucarera es finalmente aprobado el 26 de febrero, con un artículo añadido al texto preliminar: las tierras ilegalmente concedidas en la provincia Iturralde vuelven a ser propiedad del Estado. Las discusiones provocan diversos incidentes: un intercambio de golpes entre un diputado de la ADN por La Paz, ex-presidente de CORDEPAZ, gran promotor del proyecto y que había recibido tierras en la zona de San Buenaventura, y un diputado comunista, también, por La Paz; y un discurso poco ameno, muy agitado, de un diputado cruceño del MIR.

  • 4 Este fue, sin duda, el debate más agitado durante la presidencia de Lidia Gueiler.

60Pero, el conjunto de los diputados por La Paz, sin diferencias partidarias, aprueba finalmente del texto de la ley; aunque, también en bloque, se oponen todos los de Santa Cruz. Así, todos los partidos políticos, incluidos los partidos de izquierda como el MIR, se dividen en torno a este problema. Finalmente, los diputados cruceños acaban totalmente aislados ante el resto de la asamblea que apoya a La Paz.4 Pero, no ello se dan por vencidos e inician un juicio de anulación de la ley, por vicios procedimentales. Por otra parte, el gobierno, ahora poco interesado en decretar la ley, denuncia las graves irregularidades que habría cometido CORDEPAZ, en materia de licitación, sobre todo, y ordena a la Contraloría de la República que realice una investigación al respecto.

61Puesto que el gobierno no promulga la ley dentro de los plazos establecidos, o sea, 10 días después de su aprobación definitiva en el Congreso, solicitado por las instituciones paceñas y en base a un procedimiento constitucional, el Congreso la promulga definitivamente el 28 de marzo de 1980.

62Evidentemente, los cruceños no cruzan los brazos. Luego de la votación del 26 de febrero, el Comité pro-Santa Cruz realiza una primera asamblea extraordinaria, en la que, espectacularmente, se les exige a los parlamentarios cruceños que abandonen el Congreso. Después de la promulgación del 28 de marzo, decide realizar una nueva serie de medidas de intimación: la abstención del departamento en las próximas elecciones, una huelga general en todas las actividades, la clausura del oleoducto que provee al resto del país, la retención de los impuestos cobrados en Santa Cruz.

63El gobierno, visiblemente muy preocupado por los efectos desestabilizadores de tales iniciativas, en un contexto social y político ya problemático, dedica su reunión de gabinete del 28 de marzo al examen de ese dossier. Decide que todas las iniciativas susceptibles de modificar la actual situación de la agro-industria azucarera nacional queden en suspenso. La puesta en marcha de San Buenaventura queda, por lo tanto, postergada.

  • 5 Este Comité fue credo el 5 marzo de 1980 a iniciativa de la COB, el Partido Demócrata Cristiano y (...)

64Ahora le toca a La Paz el turno de protestar. Pero, las reacciones paceñas son tímidas en comparación con las determinaciones cruceñas. De hecho, prácticamente, las únicas que reaccionan son las organizaciones cívicas, en tanto que los responsables de la COD y del Comité de Defensa de la Democracia5, recientemente creado, condenan las campañas cívicas en curso, tanto en La Paz como en Santa Cruz, patrocinadas por los partidos de derecha; según estos organismos, éstas sólo buscan favorecer el retorno a la dictadura. El Comité de Defensa de la Democracia califica, por otra parte, al bloqueo de los registros electorales como actos sediciosos anticonstitucionales y como amenaza a la integridad nacional.

65Finalmente, Santa Cruz logra, entonces, preservar sus intereses. Esto se debe, esencialmente, a dos razones. En primer lugar, porque, como lo indica al diputado por el MIR Guillermo Capobianco, los varios representantes de la región cruceña trabajan en coordinación con el gobierno nacional y, así, logran “generar condiciones para instalar un debate nacional en torno al problema” (Capobianco 1982). Y, en segundo lugar, porque todas las instituciones representativas de la región hablan al unísono sobre este problema y logran movilizar, en nombre del regionalismo, grandes fracciones de la población, logrando que sean efectivas las diversas presiones ejercidas en contra del proyecto de San Buenaventura.

66En relación al problema de la inestabilidad, esta etapa, plena de eventos, muestra bien cómo un asunto regional, finalmente menor, puede llegar a convertirse en un problema nacional; teniendo en cuenta, desde ya, que el gobierno, presionado por las Fuerzas Armadas, tiene muchas dificultades en controlar las riendas del Estado. Los rivales regionales se muestran capaces de movilizar a los notables, los núcleos de diversas agrupaciones (sobre todo cívicas y profesionales), a la prensa regional y, por momentos, a grandes fracciones de la población. La incapacidad gubernamental, sus erradas y hasta contradictorias decisiones, su ausencia de autoridad han dejado el campo libre a tres tipos de representaciones que se adjudican la legitimidad nacional republicana. Cada una de estas representaciones ha jugado su propio papel, ha convocado sus asambleas, elaborado sus decisiones e intentado imponer su posición ante un vacilante poder ejecutivo que, debido a sus propios equívocos, se encontró de pronto en una muy difícil situación y, finalmente, contribuyó a su propia caída.

67Es fácil constatar que, en un tal contexto, el ganador es el que logra movilizar los batallones más numerosos al elevar hasta el máximo sus ofertas. El gobierno, Parlamento y la COB capitulan cuando, en cierta forma, Santa Cruz se aisla de la República, inviabilizando las elecciones. Pero, también es cierto que la amenaza de una tormenta pustschista crece día a día y que, finalmente, el quinto actor, las Fuerzas Armadas, interfiere también en este juego aunque no participa directamente; ahí está, pues, éste que es, precisamente, el enemigo número uno del gobierno, el Parlamento y la COB. Dicho de otra manera, como sostiene la COB desde hace varios meses, la movilización regionalista les sirve, en efecto, a los militares, pues arruina y desacredita a los poderes cívicos nacionales.

68Pero, el “feuilleton” no se acaba ahí. Cuando García Meza llega al poder, se nota inmediatamente que intenta fabricarse una clientela paceña autorizando la construcción de la azucarera; a manera de hacerle olvidar a la sede de gobierno las penurias sufridas durante y después del golpe de estado. Confía que, por su parte, el presidente del Comité Cívico pro-Santa Cruz les convenza a los cruceños para que acepten San Buenaventura. Pero, éste fracasa en su intento. Y, finalmente, luego de una serie de torpezas, el gobierno acaba despertando el regionalismo cruceño, a tal punto que aun los falangistas, aunque fueron nombrados “interventores” de los diversos gremios y fueron los únicos políticos beneficiados por el régimen, acaba volcándose en su contra.

69Sin embargo, el general persiste en su propósito. El lo. de julio, la empresa francesa Fives-Cails-Babcock gana la adjudicación de la azucarera (45 744 millones de dólares) y, el 14 de julio, aniversario festivo de San Buenaventura, García Meza firma in situ el decreto que autoriza su construcción. Alivio en La Paz. Consternación y cólera en Santa Cruz. Rápidamente, el Comité Cívico cruceño, respaldado por las instituciones y prensa locales, decide una huelga general departamental para el 21 de julio. Por primera vez en la historia del país, un departamento en su totalidad paraliza sus actividades durante 24 horas. Y la prensa nacional no se equivoca cuando analiza esta huelga no sólo como una manifestación de rechazo al proyecto de San Buenaventura sino, también, como un desafío popular al gobierno de García Meza. Porque, en efecto, toda la población cruceña, aunada en esta ocasión, no se deja intimidar por los regimientos que llegan para reforzar la guarnición local. En suma, esta protesta de toda una región es también una protesta antidictatorial.

70En estas condiciones, no es sorprendente que los oficiales que buscan derrocar al general-presidente encuentren en ese lugar un terreno favorable a sus movidas putschistas. El 3 de agosto, los generales Natusch Busch y Añez Rivero entran en sedición, ocupan la ciudad y exigen la demisión de García Meza. Son apoyados por todos los regimientos estacionados en la región oriental del país así como por los de Potosí y Tupiza. Y, además, reciben toda clase de apoyos civiles: “Se produjo una amplia convergencia social. Organizaciones laborales de todos los sectores de actividad, así como organismos sindicales campesinos, se pronunciaron abiertamente en favor de los objetivos del alzamiento militar, el ampliado de la COD funcionó libre e intensamente durante aquellos días y, finalmente, la convergencia política fue tácita: los partidos políticos cubriendo un amplio espectro, desde la Falange Socialista Boliviana, la ADN del general Hugo Bánzer, el MNR de Paz Estenssoro, la Democracia cristiana, los partidos de la UDP, el MIR e incluso algunos sectores del PS-1, establecieron mecanismos de coordinación acordando treguas políticas y llegando a entendimientos razonables para enfrentar juntos la situación” (Capobianco 1982). El apoyo local fue “masivo y contundente,” tanto que, según Guillermo Capobianco, Santa Cruz experimenta “la convergencia más amplia” de su historia.

71La tentativa del golpe resulta en un triunfo parcial, la Junta de Comandantes logra resguardar el control de las poderosas guarniciones de La Paz e impiden todo tipo de apoyo popular a los amotinados en esta ciudad. Pero García Meza recibe un golpe mortal. Un mes más tarde, el 4 de setiembre, luego de una reunión de los comandantes de las tres armas, el general Torrelio es nombrado presidente de la República.

72El nuevo presidente hace todo lo posible por calmar a los cruceños, pero ahora, unidos en su lucha contra la dictadura militar, vehemente, reclaman el retorno a la democracia. El 10 de julio de 1982, el CPSC le lanza al gobierno un ultimátum de 10 días para que adopte las medidas necesarias para un retorno al régimen constitucional, amenazándole con una huelga general, bloqueo de caminos, cortes en la provisión de gas y petróleo, etcétera. No sólo exige el retorno de los civiles a la cabeza del país, sino, también, reclama una verdadera descentralización administrativa y propone un conjunto de medidas económicas cuyo argumento central es el de la privatización de las empresas del Estado. Eco de las aspiraciones populares que buscan acabar con la dictadura, el CPSC retoma, al mismo tiempo, el discurso de la neo-oligarquía local, ligado a una política económica liberal. Esto significa que Santa Cruz busca, al mismo tiempo que se compromete en la lucha por la descentralización, jugar un papel rector en la vida política nacional. Desde ya, envía emisarios a los otros departamentos del país y la orden-resolución cruceña es aprobada por los Comités Cívicos de La Paz, Tarija, Cochabamba y Potosí.

73Una semana más tarde, Torrelio renuncia a la presidencia y, el 21 de julio, el general Vildoso ocupa su lugar. Los sucesos se precipitan unos detrás de otros y culminan en el retiro definitivo de los militares. Una vez más, Santa Cruz encabeza la batalla. Del 4 al 10 de agosto, el CPSC organiza y financia, en Sucre, un Congreso Nacional de las instituciones cívicas —el primero— que se cierra amenazando al gobierno con una “huelga cívica” nacional si no se retorna rápidamente a un Estado de derecho con un gobierno legítimo. Después, el 7 de setiembre, el CPSC paraliza Santa Cruz, siempre con el mismo objetivo. El 13 de setiembre les toca el turno de organizar huelgas cívicas a los Comités Cívicos de Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija, huelgas en las que se mezclan la defensa de los intereses regionales y la defensa de la democracia.

74Estas diversas manifestaciones cívicas se engranan con las de la COB y sus filiales que, también, mezclan la defensa de los intereses salariales de sus miembros con la batalla por la democracia. Y, ahí, uno se encuentra ante una especie de competencia entre las dos instancias de movilización —regional y sindical—, ambas disputando los beneficios de la movilización popular. El conjunto produce un considerable efecto de masas y, finalmente, el 16 de setiembre, cuando la COB había decidido una huelga general y nacional para el día siguiente, el gobierno de Vildoso anuncia su decisión de ceder el poder a los electos en 1980.

75¿Cómo explicar el sorpresivo entusiasmo democrático del CPSC cruceño y de la neo-oligarquía local cuyos intereses interpreta? En efecto, hay de qué sorprenderse. ¿No eran acaso los más ardientes promotores de Bánzer unos pocos años antes? En primer lugar, recordemos que el intermedio democrático no ha funcionado tan mal que se diga en Santa Cruz, que pudo preservar sus intereses esenciales. En segundo lugar, como vimos, García Meza no es Bánzer; originario del Altiplano, desprecia a Santa Cruz. Y, finalmente, la economía del país anda a la deriva en un contexto internacional hostil al país. De ahí la conclusión sacada por los patrones cruceños: para que los negocios vuelvan a arrancar, los militares deben salir; siempre será más fácil maniobrar el bien de los intereses locales en un régimen democrático y, sobre todo, descentralizado.

76Nos toca ahora reorganizar el conjunto de los factores que producen la inestabilidad y que, durante estos últimos cuatro años, hacen de Bolivia una especie de pandemónium, donde se reemplazan a una velocidad acelerada los casos de figuras políticas transitorias e insoportables. Queda patente, de partida, que el sistema representativo del país atraviesa por una profunda crisis, discernible por medio de varios indicadores. Los partidos políticos se multiplican. Están constituidos por núcleos de militantes, colocados bajo la tutela de un patrón con el que se vinculan por medio de relaciones clientelísticas. Estos núcleos apenas si tienen arraigo popular. Y sólo algunos caudillos, “jefes,” para unos, o “maestros” o “doctores,” o sea, las figuras de proa de los partidos, cuentan con una audiencia nacional. Esto no se debe a la actividad militantes de los miembros del partido sino al ascendiente y sólo se manifiesta episódicamente, en el momento de votar. La guerra de los jefes y el faccionalismo del MNR están en el origen de esta configuración que marca con sus rasgos el período que va de 1950 a 1970.

77La multiplicación de los partidos, sus escasos apoyos militantes, pero también su especialización en los intereses sectoriales, producen un conjunto de diputados y senadores, de precarias alianzas, poco responsables cuando de trata de enfrentar los grandes problemas nacionales y, a la vez, muy decididos en la promoción de la defensa de los intereses de su entorno inmediato.

78La crisis de representación se agrava por la naturaleza misma del sistema de representación que acumula obstáculos a la conformación de una mayoría gubernamental coherente: la existencia de una única vuelta en las elecciones presidenciales y la elección del presidente por el Congreso en caso de no haberse logrado una mayoría absoluta llevan casi inevitablemente a una cacofonía entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo, y al abuso de una recíproca e incesante onda que obstaculiza toda política continua.

79En tal desorden representativo, son otras organizaciones, no partidistas, las que expresan las demandas del grueso de la población, la articulan y la movilizan: principalmente los sindicados liderizados por la FSTMB y, en menor grado, los Comités Cívicos liderizados por el de Santa Cruz. Y estas organizaciones ejercen permanente presión sobre los gobiernos civiles a tal punto que no sólo los obligan a tomar decisiones de acuerdo a sus demandas sino que hasta provocan su caída si éstos se muestran reticentes.

80De hecho, para lograr sus fines, estas organizaciones desatan grandes demostraciones de fuerza (huelgas, manifestaciones, bloqueos de caminos, etcétera.) ante las que, en plazos más o menos cortos, los gobiernos se ven obligados a ceder, a menos que, por supuesto, recurran a la represión.

81Lo que pasa es que la crisis de representación se duplica con una crisis de gobierno. Ciertamente, las dificultades internas al grupo gobernante son la primera manifestación. Pero, éstas se ven agravadas por la imposibilidad de contar con aparatos administrativo y coercitivo coherentes. En efecto, la administración se halla dividida en sectores más o menos organizados, encabezados o dirigidos por tal o cual facción partidista, o propiedad feudal, en fin, de algún líder regional. En cuanto a las Fuerzas Armadas, ellas son las grandes rivales de los gobernantes civiles en ejercicio. Por lo tanto, no se puede confiar en ellas.

82El gobierno y el Congreso parecen flotar, entonces, sobre un país con el que sólo los vincula una que otra más o menos sólida amarra; un país al que no representan ni administran o controlan.

83Ocupémonos ahora de las Fuerzas Armadas. En un tal contexto político, las Fuerzas Armadas encuentran muchos motivos para salir de los cuarteles en los que el respeto a la Constitución les obliga a permanecer. Por un lado, no pueden evitar constatar la impotencia de los civiles para gobernar. Por otro lado, el juicio de responsabilidad intentado contra Banzer y sus colaboradores es interpretado como una ofensa a la institución en su conjunto. El complejo juego de intereses, promociones y convicciones, detallado en el anterior capítulo, hace, pues, que haya grupos de oficiales dispuestos al golpe de estado, pues no pueden sino verse beneficiados en esa coyuntura. Finalmente, Los políticos civiles tocan las puertas de los cuarteles. Tanto que, a la larga, el campo de los oficiales constitucionalistas ya no le puede ofrecer resistencia al de los putschistas.

84Falta explicar el porqué los militares en el gobierno son tan impotentes como los civiles. Es evidente que ellos se enfrentan aún más gravemente que los civiles ante el problema de la representatividad. Cuando retoman el poder en 1980, no representan sino una a fracción de las Fuerzas Armadas y algunos grupos civiles de paramilitares y falangistas, a los que, por otra parte, controlan con dificultad. En lo que a los sindicatos se refiere, se ven obligados a recurrir a la represión. Y también los Comités Cívicos se les escapan de las manos. En estas condiciones, los oficiales constitucionalistas se tornan dominantes en el seno de las Fuerzas Armadas y, aliados al conjunto de las fuerzas civiles (partidos, sindicatos y comités cívicos), logran que, por medio de golpes de estado sucesivos, el poder retorne a manos de los civiles.

85Hay que añadir que las presiones exteriores, de los Estados Unidos y del bloque occidental, sobre todo, que condenan el régimen de García Meza y toman medidas económicas al respecto, apresuran el desalojo del último reducto de los militares.

CUADRO 4. Manifestaciones Obreras Cívicas (17 de julio - 16 de setiembre de 1982)

CUADRO 4. Manifestaciones Obreras Cívicas (17 de julio - 16 de setiembre de 1982)

86Terminemos este capítulo con una constatación. A partir del momento en el que los militares toman las riendas del gobierno en 1964 y en ocasión de cada uno de los regímenes militares, con el MNR disperso en varias facciones, en el país sólo existen tres sectores organizados. Entre ellos, dos son de envergadura nacional: las Fuerzas Armadas y los sindicatos agrupados en la COB. Y el tercero, únicamente regional, es el constituido por los Comités Cívicos. El poder de las Fuerzas Armadas reside en su disciplina interna y en su capacidad de fuego, o sea, en el hecho que están hechas para combatir. Mientras que las otras dos organizaciones dependen de sus capacidades de movilización y convocatoria populares. Durante todos estos gobiernos, salvo en 1981 y 1982, la vida política boliviana puede resumirse en una especie de pulseta entre los sindicatos, los de los mineros sobre todo, y las Fuerzas Armadas. En la mayoría de los casos, las Fuerzas Armadas sólo logran mantenerse en el gobierno ejerciendo una brutal represión. Pero los sindicatos aprovechan hasta el más pequeño resquicio que ofrece el sistema represivo, se reorganizan rápidamente y, en cuanto se presenta la posibilidad, aceleran la caída de los regímenes militares. Y sólo los Comités Cívicos, en nombre de la defensa de los intereses regionales, logran, de vez en cuando, interferir en este mano-a-mano, sea en favor de los militares (Bánzer, 1971; Pereda, 1978), sea en contra de ellos (García Meza, Torrelio, Vildoso, 1981-1982).

87En los períodos de gobierno civil, los tres sectores organizados siguen su propio juego. Los partidos, clientelistas en su mayoría, nunca logran desquiciar las organizaciones sectoriales cívicas. Y los gobiernos, fruto de frágiles coaliciones partidarias, no logran poner en su lugar a las Fuerzas Armadas.

Notes

1 Bánzer estaba decidido a terminar con el problema de la mediterraneidad boliviana. En 1975, se encuentra con Pinochet en Charaña, un lugar fronterizo, y reanuda las relaciones diplomáticas con Chile. Pero, las propuestas chilenas no satisfacen a una parte de las Fuerzas Armadas y la intervención del Perú complica aún más la situación —en razón del Tratado de 1929, el Perú debía ser necesariamente consultado para una cualquier negociación territorial con Chile. En marzo de 1978, Bolivia rompe nuevamente sus relaciones diplomáticas con Chile.

2 Quiroga Santa Cruz es asesinado el 17 de julio de 1980, durante el golpe de estado de García Meza.

3 El dirigente campesino aymara Genaro Flores ejerce, momentáneamente, la secretaría ejecutiva de la COB.

4 Este fue, sin duda, el debate más agitado durante la presidencia de Lidia Gueiler.

5 Este Comité fue credo el 5 marzo de 1980 a iniciativa de la COB, el Partido Demócrata Cristiano y de la UDP Más adelante, lo engrosan otros partidos y organizaciones humanitarias.

Table des illustrations

Titre CUADRO 1. Resultados Comparados de los Principales Frentes Electorales en 1978, 1979 y 1980
Légende Fuentes: Lavaud 1979, 1981.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3436/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 111k
Titre CUADRO 2. Distribución de las Bancadas en el Congreso en 1979 y 1980
Légende Fuentes: Lavaud 1981.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3436/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 53k
Titre CUADRO 3. Bolivia: Principales Indicadores Económicos
Légende Fuente: CEPAL 1982.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/3436/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 215k
Titre CUADRO 4. Manifestaciones Obreras Cívicas (17 de julio - 16 de setiembre de 1982)
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