Capítulo 7. Despojo territorial, comunidades nativas y tenencia de la tierra
p. 253-273
Texte intégral
1La selva central es territorio ancestral de dos pueblos indígenas que han tenido un importante rol en la historia económica de la región: la etnía Yánesha —también conocida como Amuesha— con una población estimada en 5,791 personas para 1981, y el conjunto étnico Asháninca o Campa, con una población estimada en esa misma fecha de 37,112 personas. El conjunto Asháninca está compuesto por diversos segmentos que hablan variedades dialectales diferentes pero mutuamente inteligibles, y que tienen identidades diferenciadas. Tanto los Yánesha como los Asháninca provienen de la misma familia lingüística: la arahuac. A pesar de que sus idiomas no son inteligibles entre sí, la pertenencia a una misma familia lingüística y la proximidad geográfica, han tenido por consecuencia el que ambos pueblos compartan numerosos rasgos culturales en el sentido más amplio del término ‘cultura’.
2En el Cuadro 7.1 y Mapa 7.1 se presenta la ubicación geográfica de estos pueblos y los segmentos que los componen, por provincia y por valle. A la luz de lo dicho en los capítulos que componen la parte histórica se puede observar que los mismos se encuentran distribuidos en áreas que han experimentado procesos de ocupación sumamente diferenciados. De esta manera, la colonización y la expansión de la economía de mercado han afectado de forma desigual a estos diversos grupos, determinando así la existencia de diferentes mecanismos a través de los cuales éstos se han imbricado en la economía regional.
3Así, encontramos que los Yánesha están divididos en tres sectores: dos de ellos en zonas de antigua ocupación de las provincias de Oxapampa (valles de Oxapampa y Villa Rica) y Chanchamayo (áreas de Yurinaki y Metraro), y un tercer sector en la zona del Palcazu y sus cabeceras, el cual constituye uno de los frentes de colonización más recientes y ha sido zona tradicional de refugio para los Yánesha desplazados de otras áreas por la presión colona. Los grupos dialectales del conjunto Asháninca han sufrido igual despojo y fragmentación territorial. Parte de los Asháninca propiamente dichos se encuentran en áreas de fuerte presión colona, tales como el valle de Satipo y el medio Perené, mientras que otros dos sectores ocupan zonas hasta hace poco relativamente aisladas, tales como los valles de los ríos Pichis, Ene y Tambo. El caso de los Ashéninca es aún más extremo: un sector se ubica en el alto Perené, zona que fuera masivamente colonizada desde los años cincuenta, mientras que otro sector habita el Gran Pajonal, una de las zonas de más difícil acceso y marginales de la selva central. Finalmente, los Nomatsiguenga se encuentran divididos entre los que ocupan las áreas más cercanas a Satipo (Pangoa, Sanibeni y Kiatari) y los que habitan el área de Anapati, en un territorio que sólo recientemente ha empezado a ser objeto de presiones por parte de colonos e intereses madereros.
Mapa 7.1. Ubicación geográfica de los pueblos indígenas de la selva central, 1988

Cuadro 7.1. Ubicación geográfica de los pueblos indígenas y sus segmentos por grupo dialectal, valle y provincia, 1988

Fuente: Ribeiro y Wise 1978; elaboración de los autores.
4Su ubicación en áreas centrales, periféricas o de expansión no sólo ha determinado formas diferentes de relación con las fuerzas y agentes de la economía de mercado, sino que ha incidido de forma diferenciada en las posibilidades de acceso a tierras y recursos naturales. Por estas razones no se puede hablar de una ‘economía indígena’ o de las ‘comunidades nativas’ de manera genérica. La realidad indígena en la selva central no es homogénea y requiere, por lo tanto, de un análisis de casos por áreas geográficas específicas. Sin embargo, se puede afirmar que en términos generales todos los segmentos de los pueblos indígenas de la selva central han pasado o se encuentran atravesando por un proceso de transición que va de una economía netamente de subsistencia, a una en la que se combina una producción de subsistencia con la venta estacional de fuerza de trabajo, y de ahí a una economía de tipo campesino que combina una producción de subsistencia con una de carácter netamente comercial.
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS ‘COMUNIDADES NATIVAS’
5La formación de las actuales comunidades nativas de la región ha seguido dos derroteros. En las zonas más tempranamente ocupadas estuvo precedida de otras formas jurídicas de acceso a la tierra, las cuales en algunos casos se remontan a fines del siglo xix; en las zonas periféricas y de expansión, en cambio, el proceso es mucho más reciente y se concretiza a partir de la década de 1970 bajo condiciones socioeconómicas y sociopolíticas totalmente diferentes. A continuación presentaremos los hitos más sobresalientes de estos dos derroteros.
Las comunidades nativas en las áreas de antigua colonización
6Entre 1880 y 1890 la avanzada colonizadora aseguró para sí el control del eje compuesto por los ríos Chanchamayo, Paucartambo, Chorobamba, Huancabamba y Pozuzo, en el piedemonte andino, desplazando a la mayor parte de los indígenas asháninca y yánesha que habitaban dichos valles. Aquellos que no murieron en los enfrentamientos con los colonos o no se retiraron a zonas aún no colonizadas, se vieron confinados a zonas cada vez más reducidas. Es en este contexto de fuerte desarticulación social que los indígenas, en especial los Yánesha, se acogieron al amparo ofrecido por los misioneros franciscanos. Ya en 1881 se había fundado en el valle de Chorobamba la misión de Quillazú; con la llegada del P. Gabriel Sala a la región en 1885 se dio nuevo impulso a esta misión y se estableció, un año más tarde, la misión de San Luis de Shuaro, sobre el río Paucartambo (Barclay y Santos 1980: 47-48). Ambas misiones tuvieron desde sus inicios el doble objetivo de congregar a los indígenas yánesha y de actuar como polos dinamizadores de la colonización; y en ambas se logró con éxito este último objetivo: cerca de Quillazú se fundó en 1891 el poblado de Oxapampa, mientras que San Luis de Shuaro se convirtió ese mismo año en el punto de partida de la Vía Central del Pichis.
7Sin embargo, esta estrategia tuvo efectos negativos para el logro de los objetivos religiosos de los misioneros. En efecto, ante la proximidad y presiones de los colonos los neófitos comenzaron a abandonar las misiones, en especial la de San Luis de Shuaro. Ante esta situación el P. Sala optó por una nueva estrategia: la de amparar terrenos para los indígenas en zonas relativamente aisladas, de modo de asegurar su reducción y facilitar su conversión, sin por ello mantenerlos al margen de los ‘beneficios de la civilización’. San Luis de Shuaro era un caso perdido. Por ello esta estrategia se puso en funcionamiento en Quillazú y en Sogormo, misión que fue establecida sobre el Paucartambo en 1891. Desde la fundación misma de esta misión el P. Sala “dio los pasos necesarios para que los indígenas tuviesen un punto adecuado para su exclusiva morada, adjudicándoles para su libre propiedad y usufructo los terrenos de Sogormo” (Ortiz 1969: I, 348). A fines de 1895 el gobierno donó a la Prefectura Apostólica de San Francisco Solano dichos terrenos (ibidem).
8La figura legal utilizada para la adjudicación de estas tierras era la de ‘condominio’. Bajo esta modalidad, si bien las tierras eran usufructuadas por los Amuesha, la adjudicación era a nombre de ambas partes —los indígenas y la misión— estando los primeros bajo la tutela de la segunda. A igual figura legal se acogió la misión de Quillazú, obteniendo en 1905 de la Prefectura de Junín título sobre 1,226 hectáreas (Smith 1974: 55). Estos dos son los primeros precedentes de adjudicaciones legales a pequeñas colectividades indígenas en la selva central. Las dos, sin embargo, tuvieron destinos muy diferentes: mientras que Sogormo, paulatinamente invadida por colonos y abandonada por los indígenas, se clausuró como misión en 1920 (Barclay y Santos 1980: 50), Quillazú fue objeto de un largo proceso de litigio por la propiedad de la tierra entre misioneros y misionados, el mismo que se inició en 1929 y recién concluyó en 1988 en favor de la comunidad yánesha de Tsachopen. La modalidad de condominio, por las dificultades mencionadas, no fue puesta en práctica en otras zonas de la selva central.
9Un segundo momento en el proceso de formación de las actuales comunidades nativas tuvo lugar en el alto Perené a fines de la década de 1940. Por esta época la Colonia del Perené, de propiedad de la Peruvian Corporation Ltd., comenzó a experimentar una serie de invasiones a lo largo de sus frontera norte en el área de El Palomar. Con el fin de llegar a un acuerdo con los invasores y sentar un precedente que le permitiese proteger sus intereses, la Peruvian solicitó la mediación del Ministerio de Agricultura. En octubre de 1949 se firmó un acuerdo entre las partes en litigio por el cual el Ministerio autorizaba a la Peruvian a extender contratos de compra-venta a los colonos invasores (Manrique s/f: 53). De esta manera la Peruvian dejó sentado su derecho de propiedad sobre la concesión que obtuviera del Estado a fines del siglo xix, y estableció la compra de terrenos como única manera de acceder a sus tierras.
10A la lotización que se efectuó en El Palomar-Puñizás siguieron otras tres lotizaciones realizadas en favor de grupos de colonos y mediando pago por los terrenos. Junto con éstas se realizaron lotizaciones en favor de los Yánesha y Asháninca más cercanos al núcleo administrativo de la Colonia del Perené. En este caso, las lotizaciones no tuvieron por objetivo resolver un problema de invasión, sino más bien como sugiere Manrique: “a) concentrar a los nativos dentro de un vasto territorio de la Colonia en un solo núcleo; b) Contar con la ubicación precisa de una población a la cual se podría recurrir en épocas de cosecha de café...” (s/f: 55).
11La lotización Chicama Alto y Medio Yurinaki-Sancachari, con una extensión total de 1,877 hectáreas, se realizó en favor de 125 familias yánesha; la lotización Río Vayós, con 1,500 hectáreas benefició a 100 familias asháninca (ibidem). En ninguno de estos dos casos se exigió pago por la tierra, pero sí se cobró una suma de S/.35.00 por hectárea linderada (Barclay 1989: 230). Para realizar estas lotizaciones la Peruvian se acogió a la Ley 1220 de Tierras de Montaña, la cual estaba en principio concebida como una ley para estimular la colonización de la selva y no contemplaba explícitamente la adjudicación de tierras a indígenas.
12Las lotizaciones indígenas se realizaron a través de sus “capitanes”: líderes indígenas con cierta influencia sobre un grupo más o menos numeroso de familias extensas. Los beneficiarios fueron por lo general jefes de familias extensas que habían mantenido una larga tradición de vínculos laborales con la Colonia. La exigencia de un pago por derecho de linderamiento tuvo como resultado que los indígenas más inmersos en la dinámica laboral y productiva pudieran reservar extensiones mayores de terrenos. Los más beneficiados fueron por lo tanto los capitanes, lo cual se reflejó, como se verá en la próxima sección, en la dinámica de expansión de la producción cafetalera al interior de estas comunidades. La segunda consecuencia fue que los asentamientos que resultaron de estas lotizaciones se organizaron sobre la base de la propiedad individual de parcelas. Las lotizaciones yánesha dieron lugar eventualmente a las comunidades de Alto Yurinaki, Sancachari y Palomar, así como a otros núcleos de población indígena, tales como Sanchirio, Yapaz, y Purús (Barclay y Santos 1980: 56). La actual comunidad de Alto Yurinaki, con parcelas a su interior que fluctúan entre 40 y 0.5 hectáreas, es un claro ejemplo del tipo de comunidad que se formó a partir de la modalidad de lotizaciones (ibidem: 57).
13Más importante aún es el hecho de que las comunidades de este tipo nacieron con una gran desventaja frente a las lotizaciones colonas; mientras que los colonos de las cuatro primeras lotizaciones realizadas por la Peruvian obtuvieron un promedio de 37.8 has. por adjudicatario, los indígenas yánesha y asháninca recibieron un promedio de 15 has. Cuarenta años después se comienzan a sentir los efectos de esta desventaja inicial: el promedio de hectáreas por familia en Alto Yurinaki es hoy en día de 7.9 has., en Palomar de 4.6 has. y en Sancachari de apenas 3.3 has., aún a pesar del fuerte proceso de emigración que ha experimentado la población de estas tres comunidades (PEPP 1987). La comunidad asháninca de Mariscal Cáceres, que surgió de la lotización de Río Vayós, no se encuentra en mejores condiciones: actualmente el promedio de tierra por familia es de 8.8 has (ibidem). Estas dos lotizaciones no fueron las únicas realizadas en favor de los indígenas que se encontraban asentados al interior de la concesión de la Peruvian. Tal como lo demuestra Barclay (1989), a través de una serie de mecanismos (arrendamiento, contrato de mejoreros, adjudicación gratuita, o venta) la Peruvian Corporation buscó fijar a la población indígena con el objeto de conservarla como mano de obra para sus haciendas o como pequeños productores de café obligados a vender su producción a la Colonia del Perené. Estos diferentes mecanismos dieron lugar a una serie de pequeñas comunidades yánesha y asháninca, a lo largo del río Perené (Barclay 1989: 220-233).
14Casi en la misma época en que la Peruvian comenzó a formalizar sus primeras lotizaciones, el Estado promulgó el Decreto Supremo 03 del 1 de marzo de 1957, estableciendo las Normas para la reserva de tierras para los selvícolas. Este régimen garantizaba el usufructo de la tierra; no se trataba de una adjudicación ni de una titulación, sino de un estatus ambiguo, que no reconocía la propiedad y en definitiva tampoco los derechos que de ella emanan. En la selva central el D.S. 03 benefició a 8 asentamientos yánesha y a 34 asháninca (ver Cuadro 7.2). Algunos de los grupos que se habían beneficiado del sistema de lotizaciones de la Peruvian se acogieron al nuevo régimen de reservas; tal es el caso del asentamiento yánesha de Palomar.
15El D.S. 03 se aplicó fundamentalmente en antiguas áreas de colonización de las actuales provincias de Satipo y Chanchamayo, pero también se hizo extensivo a algunas de las áreas periféricas que por ese entonces comenzaban a ser colonizadas. Este es el caso de los valles del Pichis y del Palcazu. La superficie promedio de las reservas creadas varía de una zona a otra en correspondencia con las presiones colonizadoras sobre la tierra; las diferencias pueden ser observadas en el Cuadro 7.2. Mientras que las 32 reservas creadas en zonas de fuerte presencia colona (74.4% de las reservas otorgadas entre 1957 y 1974) obtuvieron un promedio de 231.8 has., las 11 reservas creadas en las zonas periféricas de la provincia de Oxapampa obtuvieron un promedio de 3,270 has. Esta marcada diferencia se refleja también en los promedios de superficie por beneficiario. Si hubiéramos de convertir estos promedios en razón de unidades familiares de cinco miembros, tendríamos que mientras que en los valles del Pichis y del Palcazu se otorgó un promedio de 102.9 has. por unidad familiar, en Satipo y Chanchamayo se otorgaron promedios de 25.6 y 15.8 hectáreas respectivamente. Como veremos, estas diferencias en las posibilidades de acceso a la tierra estimularon una paulatina migración indígena hacia las áreas periféricas dando origen a nuevos asentamientos.
Cuadro 7.2. Reservas otorgadas en la selva central por pueblo indígena, número de beneficiarios, superficie total, y promedio de supeficie por reserva, 1957-1974

Fuente: SINAMOS 1975; elaboración de los autores.
(1) Se refiere a la población de 5 años en adelante y no al número de conductores o al número total de personas.
16A pesar de sus insuficiencias, el D.S. 03 constituyó un primer paso hacia una más efectiva legislación de tierras indígenas y puso a disposición de éstos un instrumento legal para garantizar, aunque parcialmente, el usufructo de sus tierras. Cabe señalar que en el caso de la selva central dicho dispositivo no comenzó a aplicarse masivamente sino hasta el advenimiento del gobierno del Gral. Velasco Alvarado, lo cual parece indicar que en gobiernos anteriores no existió la voluntad política para ponerlo en práctica. En efecto, de las 38 reservas para las que tenemos información sobre la fecha de su resolución ministerial, sólo dos (el 5.3%) fueron otrorgadas antes de 1968, mientras que el resto fueron otorgadas entre esa fecha y la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas (Decreto Ley 20653) de 1974. En un diagnóstico de la población indígena de la región central efectuado en 1974, se logró identificar 146 asentamientos indígenas en el área que se ha definido en este estudio como selva central (SINAMOS 1975). Estos no representaban el total de asentamientos existentes en la región. Sin embargo, tomando esta cifra como base, encontramos que sólo el 26% de los mismos llegaron a ser protegidos bajo el régimen de reservas, mientras que el 74% no contaron hasta 1974 con ningún tipo de amparo legal sobre sus tierras.
17Ante la no aplicación del D.S. 03, en algunas zonas de fuerte presión colona los indígenas optaron por solicitar terrenos a título individual. Este es el caso de muchas familias asháninca que habitaban la margen derecha del alto Perené, dentro de la concesión de la Peruvian Corporation. En la década de 1950 esta empresa realizó ventas de parcelas en Marankiari, Pichanaki, Pumpuriani, Ubíriki, Sutziki y Pucharini (Barclay 1989: 232). Estos asentamientos habrían de acogerse posteriormente a la Ley de Comunidades Nativas de 1974. En Satipo, la situación era aún más grave. Entre 1940 y 1961 la población de esta provincia experimentó una tasa anual de crecimiento de 10.88%, la más alta de toda la selva central durante esa época. La presión colona sobre las tierras indígenas era por ese entonces muy fuerte y los Asháninca fueron desplazados una y otra vez de sus chacras al no poseer título legal alguno sobre sus tierras. Ante esta situación muchos optaron también por solicitar terrenos en compra, tal como lo expresa el siguiente testimonio oral de Alberto Quinchoquer, uno de los primeros líderes asháninca que exigió del Estado la defensa de los derechos de su gente:
“Primeramente me habían trasladado a Coviriali. En Coviriali viene otro colono y me dice: —Esta no es la chacra de usted, es mía!—. Me retiré a Pauriali. Ahí viene otro colono; me dice: —Este es mi terreno! Y me vine a Teoría. Ya más antes yo conocía Teoría, del año treintaiseis.
—.Bueno, entonces, para que no me estén botando, voy a solicitar un terreno para estar aquí. Para qué voy a estar haciendo mi casa, haciendo mi sembrío, si después viene un colono y me bota... no, no! Así le dije al señor Perito”
(Fernández 1986: 38)
18Sin embargo, aún esta opción presentaba dificultades, ya que los funcionarios locales, como se desprende de éste y otros testimonios, se negaban a otorgar tierras a los indígenas. Por esta razón, la lucha por el derecho a sus propias tierras habría de convertirse, como se verá más adelante, en la principal reivindicación en torno a la cual se vertebraría el movimiento indígena a partir de la década de 1960.
19Hacia 1950-1960, y como resultado de la ocupación masiva de las áreas de colonización más antiguas, la población indígena comenzó a abandonar el tradicional patrón de asentamiento disperso para nuclearse en pequeñas áreas rodeadas por tierras de colonos. Si bien la experiencia de asentamientos nucleados no se inicia en esta época, es por ese entonces que comienza a generalizarse en la región. Las primeras experiencias de este tipo tuvieron lugar en las décadas de 1920-30, como resultado de la labor evangelizadora de los adventistas al interior de la concesión de la Peruvian Corporation. En 1922 el misionero Fernando Stahl fundó un primer puesto misional en Metraro, obteniendo 300 has. de parte de la Colonia del Perené “donde los chunchos puedan entrar e invadir y así formar un núcleo permanente de mano de obra” (Stahl; en Barclay 1989: 122). En 1929 este puesto misional fue trasladado a Cascadas, a orillas del Perené, y un año más tarde a la desembocadura del río Sutziki donde se logró congregar a 300 indígenas asháninca (ibidem: 125). Junto con éste se crearon otros núcleos misioneros en la desembocadura del río Ipoki, en Kivinaki y en Soteni; éste último en una extensión de 150 has. (ibidem). Cuando en 1948 la Colonia del Perené expulsó a los misioneros adventistas debido a que éstos ya no cumplían con abastecerla de mano de obra, algunos Asháninca conversos permanecieron en estos núcleos o formaron nuevos asentamientos en Metraro, Kimariaki, Kivinaki y Marankiari. Algunos de éstos habrían de acogerse posteriormente al régimen de comunidades nativas.
20Si las misiones, tanto católicas como adventistas, jugaron un rol importante en nuclear a la población indígena y en difundir la idea de la conveniencia del patrón de asentamiento nucleado, no menos importante fue el rol de la escuela. Parte del atractivo de la misión adventista de Sutziki fue la existencia de una escuela; lo mismo se puede decir de la misión católica de Puerto Ocopa, fundada en la desembocadura del Pangoa en 1920 (Ortiz 1978: 171). Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1950, con la entrada del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) a la región, que el fenómeno de la escuela como elemento nucleador de la población comienza a generalizarse. Como consecuencia de su accionar y del creciente interés indígena por acceder a la educación escolarizada, en 1974 existía en la región un total de 100 escuelas distribuidas en 97 asentamientos indígenas yánesha y asháninca, de las cuales 37 eran bilingües (SINAMOS 1975: 211; 214). Si tenemos en cuenta que en el diagnóstico del SINAMOS se encuestaron un total de 146 asentamientos, tenemos que en 1974 el 68.5% de éstos ya poseía un local escolar y por lo tanto ya había adoptado un patrón de asentamiento nucleado.
21Este proceso de progresivo nucleamiento de los asentamientos indígenas se percibe claramente al comparar los datos de la distribución porcentual de los mismos por rango de población entre 1974 y 1988. Así, mientras que para 1974 el 65.4% de los asentamientos indígenas contaba con una población menor a las 100 personas, para 1988 éstos se habían reducido al 23.7% (ver Cuadro 7.3). Para esta última fecha un porcentaje significativo de las comunidades nativas (35.7%) contaba con una población que oscilaba entre 100 y 200 personas, mientras que un sorprendente 20.8% contaba con poblaciones de más de 350 personas. Como veremos, este fenómeno ha tenido importantes implicancias tanto a nivel de las formas de organización social, como de las formas de organización política de los indígenas de la región.
Cuadro 7.3. Número y porcentaje de las comunidades nativas reconocidas según rango de población, 1974 y 1988

Fuentes: SINAMOS 1975: 34; PEPP 1986; 1987; elaboración de los autores.
(1) Incluye las comunidades de todas las zonas consideradas en el diagnóstico de SINAMOS menos las de la Zona I, que está fuera del ámbito que aquí definimos como selva central.
Las comunidades nativas en las áreas periféricas y de expansión
22En las zonas periféricas y de expansión el proceso de formación de comunidades nativas tuvo características diferentes. En estas áreas la presión colona no constituía un elemento relevante, y por lo tanto no contribuyó al proceso de nucleamiento de la población indígena. Aquí el elemento que impulsó la formación de pequeños caseríos fue principalmente la migración indígena procedente de áreas donde sí existía una fuerte presencia colona. Este fenómeno de migraciones indígenas hacia áreas periféricas respecto de las zonas centrales de colonización se inicia a fines del siglo xix, pero es recién a partir de la década de 1940 que comienza a tener efecto sobre los patrones tradicionales de asentamiento de los indígenas originarios de estas áreas. En efecto, hasta 1940 las áreas periféricas constituían zonas de refugio para aquellas familias indígenas procedentes de las áreas de más antigua ocupación que se resistían a incorporarse a los usos y valores de la sociedad nacional. En este sentido, la estrategia de migrar hacia estas áreas debe entenderse como un intento de mantener un modo de vida tradicional. A partir de la década de 1940 las familias que migran hacia zonas periféricas lo hacen por otras razones: principalmente porque ya no tienen acceso a tierras suficientes en sus zonas de origen. Por lo general, además, los migrantes indígenas de esta última época son individuos que habían tenido una fuerte relación con la economía de mercado, fundamentalmente como mano de obra para los colonos, pero también como productores independientes.
23Este es el caso de numerosas familias yánesha de Oxapampa, que desde 1940 comenzaron a migrar hacia la cuenca del Palcazu atravesando la Cordillera del Yanachaga que separa ambos valles. Así, las familias de mayor ascendencia en el sector de Villa América de la actual comunidad de 7 de Junio son originarias de Oxapampa. Lo mismo puede decirse de otras comunidades del medio Palcazu, tales como Santa Rosa de Chuchurras, Alto Iscozacín y Alto Lagarto.
24Hacia esta misma zona se dirigió uno de los grupos de Asháninca adventistas del Perené cuando en 1948 la Peruvian expulsó a los misioneros adventistas de las tierras de su concesión (Barclay 1989: 128). A este grupo se unieron posteriormente algunas familias yánesha dando origen a las actuales comunidades de Loma Linda y Laguna (Santos 1991: 177-180). Tanto los migrantes de Oxapampa como los del Perené traían consigo una larga experiencia de trabajo con colonos y se encontraban ligados al mercado vía el consumo de productos manufacturados. Hoy en día estas comunidades contrastan con otras de la misma zona por su espíritu ‘moderno’ y ‘empresarial’. Los modos de vida de estos migrantes, su lucha por la tierra y por obtener escuelas sirvió de ejemplo para los moradores originarios, difundiéndose entre ellos la idea de nuclearse como medio de asegurar su supervivencia. En este sentido, es sintomático que las reservas yánesha más antiguas se encuentren en esta zona.
25Un proceso similar de migración interna está a la base de los primeros poblados nucleados de los ríos Pichis, Ene y Tambo. Uno de los grupos asháninca que salió del Perené cuando la expulsión de los adventistas, se dirigió al Pichis formando allí el poblado de Nevati (Ortiz 1978: 199). El estímulo para migrar partió de uno de los misioneros expulsados de la Colonia del Perené, quien se había dirigido rumbo al Pichis para ver las posibilidades de establecer allí una nueva misión. Según el testimonio de un Asháninca, aquél envió una carta a los conversos que se habían quedado en el Perené, diciéndoles:
“vengan aquí, aquí no hay peligro, hay abundancia de animales, no habrá escasez de comida como en el Perené. En su carta nos decía que debíamos caminar para alcanzar la tierra prometida, y que para llegar a la tierra prometida debíamos sufrir mucho. Pero que allí se producía leche y miel. Y que debíamos escuchar la dulce voz del predicador, ya que de otro modo habríamos de perder nuestras vidas para siempre” (Narby 1989: 65).
26Animadas por esta creencia de corte mesiánico, numerosas familias asháninca del Perené migraron hacia el valle del Pichis, asentándose en Nevati y formando posteriormente otros asentamientos. Con el tiempo la misión de Nevati adquirió una gran importancia y en la década de 1970 sus habitantes se acogieron a la Ley de Comunidades Nativas. Nevati jugó un importante papel en la difusión del adventismo, pero también de modos de vida ‘civilizada’. Así, según Villasante, la comunidad asháninca de Betania ubicada sobre el río Tambo se fundó a fines de la década de 1950 teniendo como modelo a la comunidad de Nevati. Betania se fundó con gente procedente del río Ene organizada por Ubiare, líder asháninca local que habiéndose convertido al adventismo residió por algún tiempo en Nevati (Villasante 1983: 96). Tras varios traslados sucesivos los pobladores de Betania se asentaron en el área de influencia del poblado colono de Atalaya. Al indagarse sobre las razones de esta migración, los comuneros de Betania manifestaban: “Para tener mayor contacto con la civilización, para trabajar [para los patrones madereros] y poder adquirir bienes necesarios para su mayor avance social [sal, kerosene, herramientas, ropa]” (ibidem: 100). Cabe destacar que según datos proporcionados por Villasante a partir de una muestra de 12 de los 43 jefes de familia asentados en Betania en 1982, un 33.3% de los mismos provenía de zonas de fuerte colonización, mientras que sólo 16.6% provenía de otros asentamientos del mismo río Tambo.
27Por esta misma época hubo otras migraciones similares desde la zona de Satipo hacia el Ene. Este es el caso de un grupo de familias asháninca de Mazaranquiari que migraron masivamente hacia el valle del Ene, después de llegarles noticias de que allí habitaba un misionero blanco que proclamaba ser Itomi Pavá, el enviado de la divinidad solar asháninca (Fernández 1986: 111).
28Aquí jugó un importante rol la esperanza mesiánica que anima al pensamiento asháninca, sumado a las posibilidades de obtener de forma mágica los bienes y la tecnología de la sociedad occidental. Según un testimonio oral el misionero:
“Era evangelista. Su nombre no me acuerdo, pero yo lo he visto bien. Los paisanos creían que él era Itomi Pavá. Sí...! Decían: —Nuestro dios viene de Lima con avión” (ibidem).
29En este ejemplo el intento de fundar un nuevo asentamiento fracasó. Algunos de los migrantes murieron durante el viaje al voltearse una balsa y otros de paludismo durante su estancia en el Ene (ibidem: 112). Sin embargo, este caso junto con los otros, demuestra cómo el mesianismo subyacente a la religiosidad tradicional yánesha y asháninca encontró eco en el mensaje de las religiones adventista y evangélica, haciendo su discurso atractivo a los indígenas. Este mesianismo no representaba en ese momento un refugiarse en el pasado, sino una búsqueda de los beneficios de la ‘civilización’ con miras al futuro. En otras palabras, el migrar hacia zonas con menor presión colona y nuclearse en poblados en torno a una misión, respondía no sólo a una esperanza de salvación, sino a un anhelo por beneficiarse al igual que los colonos de los aportes tecnológicos controlados por la cultura occidental. Aunque en las últimas dos décadas el sentir mesiánico se ha ido opacando, junto con el surgimiento de otras esperanzas, el ‘anhelo civilizatorio’ se ha mantenido en muchas de las comunidades que se crearon a partir de asentamientos adventistas o evangélicos.
30El caso de las comunidades asháninca de Quempiri y Camantabishi en el río Ene se aproxima más al de las comunidades del medio y bajo Palcazu establecidas por migrantes yánesha de Oxapampa. Fundados en 1961 y 1970 respectivamente, estos dos asentamientos se componen en su mayoría de inmigrantes procedentes del río Apurímac, en especial de las inmediaciones de San Francisco y del río Mantaro (Mayer 1971: 19). Al decir de un residente: “hemos venido de Apurímac porque nosotros acostumbramos a tener chacra y allá no había porque están viniendo los colonos” (ibidem). En la época de su fundación estos dos asentamientos, junto con el de la misión católica de Cutibireni, eran los primeros centros poblados nucleados del valle. Según datos proporcionados por Mayer sobre la base de 52 jefes de familia existentes en Quempiri en 1971, el 33.3% de los mismos provenían de zonas fuertemente colonizadas, cifra idéntica a la encontrada entre los inmigrantes del asentamiento de Betania en el río Tambo. Sin embargo, en contraste con este último caso, el 61.1% de los jefes de familia de Quempiri provenía del propio valle del Ene.
31Es de notar que en 1971 tanto en Quempiri como en Camantabishi el liderazgo estaba en manos de indígenas inmigrantes del Apurímac y que, como en otros casos, éstos también estaban animados por un espíritu religioso inspirado en la iglesia evangélica. La apreciación que hace Mayer al respecto coincide con lo observado para otros casos:
“Una primera conclusión acerca de estos pueblos es que generalmente se forman bajo la instancia y liderazgo de personas desplazadas de áreas de colonización. Estos ya han tenido contactos con la vida moderna para darse cuenta de la necesidad de unificarse, de formar una escuela para defenderse mejor de los efectos dañinos que acompañan a los cambios sociales de la selva alta. [...] Ambos líderes son protestantes, y ambos pueblos están bajo la influencia de misiones protestantes. La conversión al protestantismo les abre la puerta a los contactos con el Instituto Lingüístico de Verano, quienes les ayudan a fundar escuelas y les brindan apoyo” (Mayer 1971: 21).
32En todas estas áreas —centrales, periféricas y de expansión— el proceso de formación de comunidades nativas se vio acelerado por las acciones del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) creado bajo el gobierno de Velasco Alvarado. SINAMOS jugó un papel importante al difundir la Ley de Comunidades Nativas y las ventajas de acogerse a ella. Bajo su orientación los miembros de muchos de los asentamientos de carácter disperso decidieron reunirse en un centro poblado. Como veremos, SINAMOS también tuvo un rol importante al impulsar los movimientos organizativos indígenas, cuya principal reivindicación era el derecho a la tierra. De esta manera reforzó indirectamente el nuevo modelo de ‘comunidad nativa’. Al decir de un morador asháninca de Betania:
“Antes... tiempo de abuelos, no estaba como Comunidad, ahora desde tiempo de SINAMOS recién se llama Comunidad; cuando todos juntos unidos trabaja, recién llama Comunidad... Yo creo que por Escuela se van juntando todos... antiguamente, tiempo de abuelos no hay escuela... casi todos se van por allá y por allá. Sólo cuando toma masato, llamando para masatear. Cuando terminan ya se van a su casa y después otra vez cuando invitan todos juntan...
Antes no escuchamos nosotros Comunidad, caserío nomás se dice... ahí varias familias, pero viven solos... Ahora ya vivimos en comunidad... antes no... antes todos se van donde quieren a mitayar [cazar], hace casa donde quiere... ahora todos juntos trabaja, entonces comunidad.
Con SINAMOS da Partida de Nacimiento, Registro Civil... autoridades... antiguamente no así... no sabe cuántos años tiene... ahora ya civilizados” (Villasante 1983: 108).
33Las presiones colonas sobre los territorios indígenas, la necesidad de asegurar su derecho a la tierra, la influencia de la escuela, las actividades de los misioneros (en especial de los protestantes) y su discurso mesiánico y civilizatorio, el ejemplo dado por los migrantes de zonas colonizadas llegados a las áreas periféricas, y la acción de SINAMOS constituyen los principales elementos que, combinados en fórmulas diversas, explican la formación de las actuales comunidades yánesha y asháninca. En todos los casos, sin embargo, las comunidades nativas aparecen simultáneamente como consecuencia del proceso de despojo y fragmentación de los territorios étnicos a manos de los colonos, y como instrumento de defensa ante dicho proceso.
34Como producto de un proceso histórico impuesto desde fuera, la comunidades nativas de la selva central son unidades sociales que no responden a patrones tradicionales de asentamiento. Sin embargo, esta ‘artificialidad’ de las comunidades nativas ha sido superada por nuevas formas de interacción social basadas en los vínculos tradicionales de parentesco. Numerosos estudios antropológicos sobre las actuales comunidades de esta región (Mayer 1971; Smith 1976; Barclay 1980; Barclay y Santos 1980; Santos 1991b; Narby 1989) demuestran cómo los Yánesha y los Asháninca han sabido encontrar soluciones creativas al desafío planteado por este nuevo patrón de asentamiento, desarrollando nuevos mecanismos de integración y de control de posibles conflictos. Este proceso aún no ha acabado y la escasez de tierras que ya se deja sentir en las comunidades de las zonas de colonización más antigua, imponen nuevos desafíos sociales y económicos a ser confrontados.
TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SECTOR INDÍGENA
35En 1989, quince años después de la promulgación del D.L. 20653, existían en la selva central 207 comunidades nativas inscritas en los registros del Ministerio de Agricultura (ver Cuadro 7.4). De éstas, el 86.9% ya había sido titulado. Aun cuando se estima que faltan inscribirse entre 10 y 20 asentamientos indígenas, y que falta titular el 13% de las comunidades inscritas, en términos generales puede afirmarse que para 1989 el Estado había reconocido y protegido legalmente a la mayoría de los asentamientos indígenas de la selva central. Sin embargo, la situación de tierras de las comunidades yánesha y asháninca dista mucho de ser homogénea. En efecto, como intentaremos demostrar, existen claras diferencias en cuanto a las posibilidades de acceso a la tierra entre las comunidades establecidas en las zonas de más antigua ocupación colona y aquellas ubicadas en las áreas periféricas y de expansión. En este sentido, no sólo encontramos que en las zonas de mayor presión colona existe un número proporcionalmente menor de comunidades nativas, sino que éstas poseen promedios menores de tierras que las que se encuentran en las áreas de más reciente ocupación colona. Más aún, si bien tomados en su conjunto los indígenas poseen promedios de superficie mayores que el sector colono, un análisis más detallado demuestra que los promedios de superficie titulada con aptitud agropecuaria por familia son sustancialmente menores entre los indígenas que entre los colonos. Esto indicaría que a pesar de que los indígenas han recibido en promedio mayores extensiones de tierra que los colonos, estas tierras se encuentran entre las más pobres de la región, lo cual sin duda alguna repercute en las posibilidades que tiene este sector de insertarse en la economía regional como productores agropecuarios independientes.
36El grueso de los asentamientos indígenas de la selva central fue reconocido legalmente por el Estado entre 1975-1980, durante el gobierno del Gral. Morales Bermúdez. En los períodos posteriores las acciones de reconocimiento e inscripción de comunidades nativas se hizo más lento, pero para 1989 la mayor parte de los asentamientos indígenas de la región ya habían sido reconocidos. La distribución de las comunidades por provincia demuestra claramente que ha sido en Chanchamayo, la zona de mayor presión colona, donde los indígenas han experimentado más fuertemente el proceso de despojo de sus territorios tradicionales y de desplazamiento espacial. Como consecuencia de ello en esta provincia se encuentra tan sólo el 23% de las comunidades reconocidas, y de éstas la mayor parte se encuentra en el área del alto y medio Perené, en los distritos de Perené y Pichanaki. Similar es la situación de los indígenas en la provincia de Oxapampa. Habiendo sido expulsados de las áreas de antigua ocupación colona —el eje Oxapampa/Huancabamba/Pozuzo— la mayor parte de las comunidades de esta provincia se ubican en las áreas de colonización más reciente: los valles del Cacazú, Palcazu y Pichis. En contraste, en la provincia de Satipo, donde se encuentra el grueso de las áreas de expansión débilmente integradas, se concentra casi la mitad de las comunidades reconocidas de la región.
Cuadro 7.4. Número y porcentaje de comunidades nativas inscritas, por provincia y por período, 1975-1988

Fuentes: PEPP 1986; 1987; 1989; elaboración de los autores.
37De las 207 comunidades reconocidas, un 87% había recibido título de propiedad sobre sus tierras a diciembre de 1988. Este elevado porcentaje distingue a la selva central de otros espacios selváticos en donde buena parte de las comunidades aún no han sido tituladas. Esta situación se explica en gran medida por las presiones ejercidas por las organizaciones indígenas locales durante el segundo gobierno del Arq. Belaúnde Terry, etapa en la cual se dio inicio al Proyecto Especial Pichis-Palcazu (PEPP). Dichas presiones encontraron eco en las organizaciones internacionales que financiaban el PEPP, las cuales pusieron como prerrequisito para brindar su apoyo al gobierno el que se regularizara la tenencia de las tierras indígenas. De esta manera, no sorprende que de las 180 comunidades tituladas existentes en 1989 el 48.3% hubiera recibido sus títulos precisamente en el período 1980-85 (ver Cuadro 7.5).
Cuadro 7.5. Número y porcentaje de comunidades nativas tituladas, por provincia y por período, 1975-1988

Fuentes: PEPP 1986; 1987; 1989; elaboración de los autores.
38La gran proporción de comunidades tituladas es sin duda un indicador de la capacidad de presión sobre el Estado que han tenido las organizaciones yánesha y asháninca en la década de 1980. Esta capacidad se ha manifestado por igual en las tres provincias que componen este espacio regional, las cuales exhiben porcentajes de comunidades tituladas que varían entre 84.7 y 88.0% del total de comunidades reconocidas en cada una de ellas. Sin embargo, esta aparente homogeneidad en los efectos de las acciones estatales de titulación se resquebraja cuando se toma en consideración el peso que tiene la población de las comunidades tituladas respecto de la población del conjunto de las comunidades inscritas. Así, encontramos que en las provincias donde existe un mayor número de áreas periféricas y de expansión (Satipo y Oxapampa) el porcentaje de indígenas que vive en comunidades sin titular es más alto que en Chanchamayo, la provincia de más antigua ocupación (ver Cuadro 7.6).
39Si consideramos esta misma información para la selva central en su conjunto, encontramos que si bien un 87% de las comunidades reconocidas ya han sido tituladas, éstas abarcan sólo al 73.5% de las familias indígenas. Esto demuestra que el proceso de titulación de los asentamientos indígenas dista mucho de haber terminado, y que se hace urgente garantizar legalmente el acceso a la tierra a más de un cuarto de la población indígena de la región.
40La situación de tenencia indígena de la tierra varía en consonancia con la mayor o menor presión colona que se encuentra en las diversas zonas que componen la región. A partir de los datos del Cuadro 7.7 podemos afirmar que en zonas de mayor presión colona, existe un número menor de comunidades nativas y que éstas poseen promedios de superficie menores. Así, mientras que en Chanchamayo 45% de las comunidades tituladas poseía superficies menores a las 300 has., en Satipo este porcentaje era de 23% y en Oxapampa de apenas 4%. Considerando al espacio regional en su conjunto, encontramos que un porcentaje significativo de comunidades tituladas posee superficies menores a las 300 has. (23%), mientras que casi la mitad (47%) posee superficies por debajo de las 1,000 has. Estas cifras son indicadoras del fuerte proceso de fragmentación que han experimentado los territorios indígenas tradicionales; situación que se ve agravada por el hecho de que frecuentemente las tierras tituladas se encuentran ubicadas en áreas de difícil geografía y lejos de las vías de comunicación, lo cual coloca al sector indígena en una posición desventajosa respecto del sector colono en lo que se refiere a las posibilidades de producción para el mercado. Esta es la situación de muchas de las comunidades ubicadas en las alturas del valle del Perené, del valle de Villa Rica, y de las áreas vecinas al centro poblado de Satipo.
Cuadro 7.6. Número y porcentaje de CCNN tituladas y de familias en éstas respecto del total de CCNN inscritas y del total de familias1 en CCNN inscritas, por provincia, 1989

Fuente: PEPP 1986; 1987; 1989; elaboración de los autores.
Cuadro 7.7. Número y porcentaje de comunidades nativas tituladas por rango de tenencia de las CCNN y por provincia, 1988

Fuente: PEPP 1986; 1987; 1989; elaboración de los autores.
41Al analizar los promedios de superficie por familia también se encuentran importantes variaciones al interior de la región (ver Cuadro 7.8). Nuevamente, la variable que explica estas diferencias es el grado de antigüedad de ocupación de la zona. En Chanchamayo, donde existe la más fuerte y antigua presión colona, las familias indígenas de las comunidades tituladas disponen de un promedio de 12.2 has., cifra que se encuentra en el límite de lo que aquí hemos definido como minifundio selvático. En contraste, en Satipo, en donde las comunidades tituladas se encuentran distribuidas tanto en áreas de antigua ocupación como en áreas periféricas y de expansión, el promedio de superficie por familia asciende a 40.2 has. Finalmente, en la provincia de Oxapampa, donde la gran mayoría de las comunidades tituladas se encuentran en áreas de colonización reciente, el promedio de superficie por familia es de 84.3 has.
Cuadro 7.8. Promedio de superficie por comunidad y por familia en comunidades tituladas, por provincia, 19892

Fuentes: PEPP 1986; 1987; 1989; elaboración de los autores.
42Estos desbalances internos se van equilibrando, sin embargo, con la progresiva migración de familias indígenas jóvenes provenientes de las zonas más colonizadas hacia las comunidades ubicadas en áreas periféricas o de expansión. Este es el caso de muchas familias yánesha y asháninca provenientes de las zonas de Villa Rica, Yurinaki y alto Perene —que migraron hacia los valles del Pichis y del Palcazu— y de los indígenas asháninca de las zonas más colonizadas de Satipo —que migraron hacia los valles del Ene y Tambo. Este movimiento migratorio, que replica el constante proceso de desplazamiento que han venido sufriendo los Yánesha y Asháninca desde mediados del siglo xix, ha comenzado sin embargo a encontrar sus límites. En efecto, en los últimos años en algunas de las comunidades de las áreas periféricas receptoras de la migración indígena —tales como las comunidades yánesha de San Pedro Pichanaz, Loma Linda-Laguna, y Shiringamazú ubicadas en el valle del Palcazu— el creciente volumen de las familias migrantes ha forzado a su miembros a tomar la decisión en asamblea comunal de restringir el ingreso de nuevas familias. Ello tendrá por efecto el que se incremente la presión sobre el factor tierra en las comunidades de las zonas más colonizadas tales como Chanchamayo, donde según datos proporcionados por los Directorios de Comunidades Nativas (PEPP 1986; 1987; 1989), ya el 53% de las comunidades disponen de promedios de superficie por familia menores a las 10 has. De esta manera, es previsible que en esta provincia y en las áreas de mayor presión colona de la provincia de Satipo las comunidades nativas entren, en un futuro muy cercano, en un proceso de extrema minifundización como el que ya se observa en el sector colono de estas zonas.
Acceso a la tierra en los sectores indígena y colono
43Si comparamos la situación de tenencia de la tierra entre el sector indígena y el sector colono encontramos, sin embargo, que en la actualidad el primero parece disponer de promedios de superficie por familia sustancialmente más altos que el último (ver Cuadro 7.9). Para realizar esta comparación hemos considerado tanto para el sector colono como para el indígena el total de tierras adjudicadas, es decir, la suma de las tierras efectivamente tituladas y de aquellas cedidas en uso.
Cuadro 7.9. Promedio de superficie adjudicada por familia en los sectores indígena y colono, por provincia, 1988

Fuentes:
(1) Sector indígena:
(a) Chanchamayo: PEPP 1986; 1987; 1989 para un total de 42 comunidades tituladas
(b) Satipo: ibidem; para un total de 88 comunidades tituladas
(c) Oxapampa: ibidem; para un total de 42 comunidades tituladas
(2) Sector colono:
(a) Chanchamayo: PRONAC 1990
(b) Satipo: ibidem
(c) Oxapampa: Mori Caro 1982, para 971 familias colonas del distrito de Villa Rica; PEPP 1983, para 795 familias colonas del PDR Pichis; Ministerio de la Presidencia 1989, para 728 familias colonas del PDR Palcazu; aunque los datos corresponden a dos momentos diferentes, los hemos agrupado porque creemos que son útiles para contrastar la situación de indígenas y colonos en la provincia de Oxapampa.
44De este cuadro se desprende que las diferencias que se encuentran entre ambos sectores en lo que respecta al acceso a la tierra varían fuertemente en función de los espacios de colonización. Así, las diferencias en el caso de las provincias de Chanchamayo y Oxapampa son menores que las que se observan en la provincia de Satipo. En el caso de Chanchamayo esta menor diferencia se explica como consecuencia de la fuerte saturación demográfica que experimenta esta zona, fenómeno que afecta por igual a indígenas y colonos, determinando que ambos sectores tengan acceso a un promedio de tierras que raya en los límites del minifundio. En el caso de Oxapampa la menor discrepancia se explica porque dadas las áreas que contempla la muestra de colonos e indígenas —en su mayoría periféricas— ambos sectores tienen acceso a mayores extensiones de tierra. En contraste, la situación en la provincia de Satipo demuestra una fuerte diferencia en los promedios de superficie por familia del que disponen ambos sectores. Esto se explica fundamentalmente debido a que la mayor parte de las tierras adjudicadas al sector indígena de esta provincia corresponde a comunidades ubicadas en áreas de expansión poco colonizadas. Así, en Satipo un 44% de las comunidades nativas tienen promedios de superficie mayores a las 3,000 has. (ver Cuadro 7.7). Sin embargo, la mayor parte de estas grandes comunidades se encuentran en zonas desvinculadas de la red vial regional, y por ello ofrecen pocas posibilidades de articulación con la economía regional.
45De la información precedente podría concluirse que la población indígena se encuentra en mejores condiciones que el sector colono en lo que a acceso a la tierra se refiere. Sin embargo, para obtener un imagen más precisa de la situación de tenencia de ambos sectores se hace necesario examinar algunos elementos que modifican sustancialmente esta primera impresión. Para comenzar, cabe resaltar que los indígenas han sido completamente desplazados de dos distritos de Chanchamayo (San Ramón y San Luis de Shuaro) y de uno de Satipo (Pampa Hermosa), y que han sido casi completamente desplazados de dos distritos de la provincia de Oxapampa (Oxapampa y Pozuzo). En segundo lugar, en las zonas más colonizadas los nativos han sido desplazados de las tierras más ricas, ubicadas en los fondos de los valles, hacia las zonas de altura cuyas pendientes hacen que las tierras se erosionen más rápidamente. En estas áreas se encuentran, además, las comunidades más alejadas de las vías de comunicación —donde han tendido a asentarse los colonos— lo cual dificulta y encarece el transporte y comercialización de la producción indígena.
46Pero es sobre todo al considerar la proporción de tierras con aptitud agropecuaria respecto del total de tierras adjudicadas que se percibe más claramente la discriminación de la que han sido objeto los indígenas en lo que a distribución de la tierra se refiere. A partir de la promulgación de la Ley 22175 de 1978 —que modificaba el D.L. 20653— comenzó a distinguirse, tanto en las adjudicaciones a indígenas como a colonos, entre las áreas con aptitud agropecuaria —que podían ser adjudicadas y tituladas— y aquellas con aptitud forestal —cedidas en uso y donde no está permitido o no se deben desarrollar actividades agropecuarias.
47En el Cuadro 7.10 se presentan los porcentajes de superficie agropecuaria en dos muestras de los sectores indígena y colono de las provincias de Chanchamayo y Satipo. Desafortunadamente carecemos de datos equivalentes para la provincia de Oxapampa. Sin embargo, esta información parcial nos permite concluir que aunque la diferencia que existe entre los porcentajes de superficie agropecuaria de que disponen ambos sectores es menor en Chanchamayo que en Satipo, tomando ambas provincias en su conjunto, el sector colono dispone en términos proporcionales del doble de tierras con aptitud agropecuaria que el sector indígena.
Cuadro 7.10. Porcentaje de superficie con aptitud agropecuaria respecto del total de superficie adjudicada en los sectores indígena y colono, provincias de Chanchamayo y Satipo, 1988

Fuentes:
(1) PEPP 1986; 1987; 1989; en base a 27 comunidades de Chanchamayo y 66 de Satipo tituladas bajo el DL. 22175 entre 1978 y 1988.
(2) PEPP 1989; en base a una muestra de 2,481 beneficiarios colonos de Chanchamayo y 1,744 de Satipo que recibieron adjudicaciones entre 1984 y 1988.
48Aunque para Oxapampa no tenemos una información de conjunto similar a la que presentamos para Chanchamayo y Satipo, los datos que existen para 1988 correspondientes al ámbito del Proyecto de Desarrollo Rural-Palcazu permiten sopesar cómo las diferencias en el acceso a tierras con aptitud agropecuaria entre indígenas y colonos afecta a estos últimos. En efecto, en base a la información presentada en el Cuadro 7.11, se observa cómo incluso en esta área de colonización reciente el sector colono ha recibido más y mejores tierras que sus ocupantes originales: mientras que el 69.9% de las tierras adjudicadas a colonos tienen valor agropecuario, sólo el 44% de las tierras indígenas lo tiene. Más aún, aunque la diferencia entre los promedios de tierra adjudicados por unidad familiar a colonos e indígenas ya es sustancial (104.6 has. versus 74.4 has. respectivamente), la misma crece al considerar los promedios de tierra con aptitud agropecuaria por unidad familiar. Así, al igual que en Chanchamayo y Satipo, las familias colonas en esta área disponen proporcionalmente de casi el doble de tierras apropiadas para el desarrollo de actividades agropecuarias que las familias indígenas: 73.2 has. por familia colona versus 32.8 has. por familia indígena.
Cuadro 7.11. Promedios de superficie adjudicada y de superficie con aptitud agropecuaria por unidad familiar en los sectores indígena y colono, ámbito del PDR Palcazu (provincia de Oxapampa), 1988

Fuente: Ministerio de la Presidencia 1989; elaboración de los autores.
(1) En base a 10 comunidades nativas que representan el total de comunidades del ámbito del PDR-Palcazu.
49En resumen, la realidad de tierras del sector indígena de la selva central presenta profundas diferencias internas asociadas a variaciones y peso desigual de los procesos históricos de ocupación de la región por provincia y por área dentro de cada provincia. Esto ha determinado un acceso desigual al recurso tierra, lo cual combinado con grados diferentes de comunicación con los centros de consumo y agentes del mercado, ha determinado posibilidades y formas diferentes de relación con la economía regional y nacional. Estas diferencias demandan un tratamiento cuidadoso al analizar la participación indígena en la economía regional, y constituyen un llamado de atención ante las generalizaciones incompletas sobre la realidad de los indígenas de la selva central. Por último, aun cuando en cifras absolutas las comunidades nativas parecen tener una mejor situación de tierras, un análisis más detallado demuestra que en las tres provincias de la selva central éstas tienen un porcentaje de superficie con aptitud agropecuaria que representa proporcionalmente casi la mitad del otorgado al sector colono. Esto plantea serias limitaciones al desarrollo agropecuario de las comunidades nativas de la selva central y a las posibilidades de participar en la economía regional en términos beneficiosos y en una perspectiva de mediano y largo plazo.
Notes de fin
1 Para calcular el número actual de familias se aplicó una tasa de crecimiento de 2.5% anual a los datos de población registrados al momento de inscripción de las comunidades. Esta tasa —equivalente a la tasa de crecimiento intercensal 1972-81 para el conjunto de la selva baja— es la que parece aproximarse mejor a la situación de los indígenas de la región. Sin embargo, cabe señalar que las tasas de crecimiento varían significativamente de acuerdo a la zona considerada. Así, las comunidades de los valles del Pichis y Palcazu tienen una tasa de crecimiento anual bastante mayor, debido a que son receptoras de migración indígena, que las comunidades del alto Perené, las cuales son expulsoras de población.
2 Comprende sólo la superficie efectivamente titulada, excluyendo la superficie cedida en uso, la cual por tener sólo aptitud forestal no puede ser utilizada con fines agropecuarios.
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