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Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos

 | 
Alberto Adrianzén
, 
Jean-Michel Blanquer
, 
Ricardo Calla Ortega
, 
et al.

IV. Democracia y violencia

13. Violencia y política en Colombia

Daniel Pécaut

Texto completo

  • 1 El único episodio de verdadera confrontación armada es el que se produjo después de la victoria de (...)
  • 2 Recordemos que, entre 1946 y 1965, el número de víctimas de “la violencia” se estima en 200,000. C (...)

1Colombia ofrece en América Latina el singular espectáculo de la permanencia, a lo largo de este siglo, de un régimen civil y semicompetitivo. Incluso el golpe de estado del general Rojas Pinilla en 1953 no interrumpió sino parcialmente esa continuidad: no quebró mayormente el poder de las élites civiles y de los partidos políticos tradicionales. Pero Colombia es, al mismo tiempo, uno de los países donde los fenómenos de “violencia” son más acentuados. Sin duda no son continuos. De 1910 a 1945 son relativamente limitados.1 Del mismo modo, de 1965 a 1977 siguen siendo bastante reducidos. En cambio, de 1947 a 1951 alcanzaron una intensidad excepcional, y continuaron haciendo estragos hasta 1965.2 A partir de 1977 se instaura una nueva fase de violencia. Incluso en los períodos de calma, la “violencia” se halla presente como horizonte de las relaciones políticas y sociales. Es normal, pues, que uno se sienta tentado a ver en los fenómenos de violencia la otra cara del funcionamiento del régimen colombiano.

  • 3 Sobre la noción de coyuntura fluida y de contexto, cf. M. Dobry. Sociologie des crises politiques. (...)

2Sin embargo, analizar una complementariedad como ésta sólo es posible si se toman algunas precauciones. Después de todo, la “violencia” de fines de los años 1940 y la “violencia” reciente intervienen en contextos políticos muy desemejantes y, en su inicio, ponen en escena a protagonistas y temas muy diferentes. Sólo tienen en común el hecho que, una vez que se desencadenan, dan lugar a una proliferación de fenómenos violentos extremadamente diversos, que mezclan la acción organizada y la desorganizada, y que cada vez menos se dejan reducir fácilmente a simples formas de confrontaciones políticas o sociales. No se trata, pues, de buscar similitudes sustanciales, sino de sugerir cómo, a pesar de las numerosas transformaciones de las estructuras políticas y sociales, perduran ciertas características que pueden explicar la difusión y la diversificación de las manifestaciones de violencia. Por lo demás, la relación no funciona, evidentemente, en un solo sentido: a medida que adquieren mayor amplitud, los fenómenos de violencia influyen a su vez en las estructuras políticas y sociales. Lo propio de los fenómenos de violencia es precisamente que se traducen en coyunturas “fluidas”, en las que lo que está en juego y los contextos se modifican constantemente.3 Pero esa fluidez no significa necesariamente una alteración en profundidad: los fenómenos de violencia pueden, al contrario, suscitar múltiples fórmulas de transacción en todos los planos, que no hacen sino añadirse a las que operan, “en tiempos normales”, en las interacciones sociales y políticas.

3En las páginas que siguen haremos referencia sobre todo a la violencia reciente. Pero habremos de recordar, aquí y allá, algunos temas relativos a la violencia anterior, a fin de justificar ciertas afirmaciones generales.

1. Sobre el contexto inicial de los fenómenos de violencia

4Hay dos maneras clásicas de definir los contextos iniciales de los episodios de violencia: la primera en referencia a una tensión provocada por realidades internas del sistema político, y la segunda en referencia a una situación de movilización social previa. No es seguro, sin embargo, que estas formulaciones sean capaces de dar cuenta del paso a la “violencia” generalizada, es decir, a la violencia proteiforme y fragmentada propia de estos episodios.

  • 4 Este último factor se halla en el centro del análisis que J. P. Lavaud consagra a la inestabilidad (...)

5En el caso de los años 1945-1949, el componente propiamente político de la crisis inicial es, por cierto, evidente. Todo se organiza en torno a la lucha de dos partidos tradicionales por el poder. La confrontación electoral se duplica por la confrontación sobre los fundamentos mismos del orden social, ya que el partido conservador pretende anular el principio democrático para sustituirlo por un principio religioso. Dos factores propiamente políticos contribuyen a suscitar un ambiente de guerra civil: las pasiones asociadas con subculturas partidarias heredadas y, en lo que concierne a los que “viven” de la política, la preocupación de tener acceso a los recursos inherentes al poder.4 Aún queda por explicar por qué esta guerra civil deriva con rapidez hacia un conjunto heterogéneo de fenómenos de violencia que, inscribiéndose hasta el final en el marco de la confrontación partidaria, aparecen en los hechos cada vez más independientes con respecto a ella.

  • 5 El “Frente Nacional” es la fórmula de repartición sistemática de todos los puestos políticos y adm (...)
  • 6 La ANAPO (Alianza Nacional Popular) es un movimiento populista constituido en torno al general Roj (...)
  • 7 Las diversas formaciones de extrema izquierda no llegan a franquear juntas el umbral del 3 ó 4% de (...)

6En el episodio actual de la violencia se invoca con frecuencia el “bloqueo” del sistema político, con la prolongación de un Frente Nacional que garantiza el monopolio compartido de los partidos tradicionales,5 para explicar el recrudecimiento de la acción de las guerrillas a partir de 1977 y, por tanto, de la violencia política. Hay que matizar, sin embargo, esta explicación. No se puede negar que numerosos sectores de la población perciben tal bloqueo. Pero el sistema, desgastado desde luego, se halla lejos de haberse cerrado por completo y de asemejarse a un régimen autoritario. Es verdad que, a pesar del desmantelamiento del monopolio de los dos partidos tradicionales, a partir de 1972, se mantienen ciertas reglas y, sobre todo, ciertas prácticas que manchan las pretensiones de constituir una democracia plenamente competitiva. También es cierto que ciertas medidas excepcionales como el estado de sitio se convierten en normas permanentes. Subsisten, sin embargo, espacios en los que pueden manifestarse los conflictos de opinión y de intereses. En 1974, la elección de Alfonso López Michelsen suscita aún muchas esperanzas. Es la decepción provocada por su gobierno y, más aún, la que produjo la elección de un sucesor como Julio César Turbay, símbolo del poder de las redes clientelistas, las que engendran una frustración tanto más marcada por cuanto una nueva generación, nacida luego de la primera violencia e ignorante de la significación pacificadora inicial del acuerdo de Frente Nacional, llega a la edad madura. Pero ello no alcanza tampoco a explicar la reiniciación de la violencia política a partir de 1978 por el relanzamiento de las acciones guerrilleras. Conviene también tomar en cuenta el hecho de que tal frustración no llega a traducirse en una fuerte oposición política legal. Desde 1970, momento de la cuasi-victoria electoral de la ANAPO del general Rojas Pinilla,6 ningún movimiento político contestatario ha llegado a obtener un puntaje electoral significativo, fracaso que no se puede explicar solamente en base a las presiones ejercidas sobre ciertos sectores del electorado por los dos partidos: proviene también de la convicción de ciertos núcleos de que sólo la vía de la lucha armada puede acarrear transformaciones sociopolíticas, y de la dificultad para combinar esta opción con una estrategia de movilización electoral.7 Lo que permite el ingreso a una nueva fase de violencia política es, pues, la impotencia de la oposición legal y, tanto o más que el bloqueo del sistema, la adhesión de algunos a la idea de que la política pasa por el recurso al empleo de la fuerza, que una fracción de las élites militares y civiles comparte con la izquierda. Puede parecer tautológico evocar la adhesión al tema de la fuerza como uno de los factores de la violencia política. De hecho ningún elemento contextual basta para suscitar por sí mismo el paso a la violencia. Es menester que se den también las representaciones y resoluciones que conduzcan al uso efectivo de la fuerza. Volveremos más adelante sobre lo que puede suscitarlas.

  • 8 E. Hobsbawm ha dedicado algunos artículos a la violencia colombiana y habla de una “revolución fru (...)
  • 9 “Asociación Nacional de Usuarios Campesinos”. Fue creada en 1969 por el presidente Carlos Lleras R (...)
  • 10 El movimiento sindical colombiano ha sido siempre débil. Recién en 1946, a duras penas, se implant (...)
  • 11 Los sindicatos de izquierda habían convocado a una huelga general de un día. Los habitantes de muc (...)

7¿Se puede considerar que la movilización social es el requisito previo de los fenómenos de violencia? Aquí también hay que introducir algunos matices. En la primera época de violencia, el populismo gaitanista constituye un factor esencial. Incluso si se reinstala rápidamente en el marco del partido liberal, comporta la promesa de incorporar a las masas al sistema político. Pero la evolución hacia la violencia generalizada se opera luego del asesinato de Gaitán, en tanto que el movimiento se ve dislocado y los sueños de transformación social se desvanecen. Entonces, la desorganización de la movilización social es la que proporciona el contexto del paso hacia la violencia generalizada.8 La violencia actual se instaura de modo parecido sobre un fondo de recaída de diversas formas de movilización social. Hemos mencionado la derrota de la ANAPO después de 1970. El amplio movimiento de invasión de tierras suscitado por la ANUC,9 a partir de 1970, desciende luego de 1974 y la ANUC se divide en varias corrientes políticas que no ejercen ya influencia. La ola de acciones urbanas (las “huelgas cívicas”) producida entre 1974-75 pierde fuerza luego, poco a poco. En cuanto a las acciones obreras, son particularmente limitadas en 1975-76, a juzgar por el número de huelgas.10 Incluso las acciones de guerrilla parecen en repliegue luego de la derrota militar del ELN en Anori, en 1973. Ello no significa que no subsista una movilización latente, en las clases populares, principalmente en las que resultan de la urbanización acelerada de los últimos decenios y que se han instalado en la periferia de las ciudades, como prueban las tres jornadas de sublevación en Bogotá en septiembre de 1977.11 Ella afecta también, aunque de manera diferente, a numerosas franjas de las clases medias, incluso a franjas de descendientes de las grandes familias tradicionales. Estos sectores poseen un elevado nivel educativo, pero también se ven atrapados en complejos fenómenos de movilidad descendiente y ascendente, por lo cual, en la medida que se niegan a entrar en el juego de las redes de clientelaje, se consideran marginados. Pero es igualmente la desorganización de la movilización social, su incapacidad para acceder a una expresión coherente en los planos social y político, lo que parece ofrecer un terreno favorable para el despliegue de la violencia política y, en consecuencia, para la evolución hacia la violencia generalizada.

8En definitiva, es necesario agregar otros factores contextuales para comprender tanto la desorganización de la movilización social como la transición hacia la violencia política y, luego, hacia la violencia generalizada.

9El primero es la fragilidad de las representaciones de la unidad nacional. Hay que subrayarlo siempre: Colombia no ha conocido nunca momentos de unión nacional en torno a un estado que asuma fuertemente la representación de la nación o en torno a un movimiento populista susceptible de dar nacimiento a la imagen de un pueblo reunificado. El predominio de las élites civiles ha impedido a los militares o a los intelectuales tomar a su cargo proyectos de construcción del estado nacional. La persistencia de dos subculturas partidarias, que transmiten una especie de división “natural” de la sociedad, cuenta mucho en este sentido. Esta división no ha sido tan debilitada por el Frente Nacional como a menudo se sostiene: los estudios electorales muestran la permanencia de las afiliaciones locales, incluso cuando su significación simbólica se atenúa. Pero el dominio de las élites políticas, económicas, militares, conduce a que el régimen descanse sobre incesantes transacciones, que favorecen la fragmentación de su influencia, y sobre convenciones implícitas que impiden a cada una desbordarse abiertamente hacia el campo de las otras. Un funcionamiento como éste permite, en fin, que las élites locales conserven su influencia y obliga a las élites nacionales a negociar constantemente con ellas. Es verdad que existe una escena política nacional, pero las escenas políticas locales conservan toda su importancia. Resulta de ello una dificultad mayor para la consolidación y unificación de todas las fuerzas sociales, ya que no chocan con un poder centralizado y homogéneo, sino con poderes fluidos y geográficamente dispersos. Ahí reside una de las circunstancias susceptible de provocar tanto la desorganización de la movilización social como el paso a la violencia generalizada: esta última participa, a la vez, de la dinámica de las transacciones entre actores que disponen de los recursos del poder –entre ellos la fuerza– y del enclaustramiento en contextos locales.

10El segundo factor es la precariedad del estado mismo, ampliamente asociada a los hechos que acabamos de citar en la medida en que han concurrido a obstaculizar la modernización de la administración. Tal precariedad reviste varias formas. Debilidad de la autoridad del estado en general, que se traduce, en particular, en el descrédito de la institución judicial, pero también de las “fuerzas del orden.” Debilidad de su capacidad de regular los conflictos sociales: hubo que esperar a 1945-46 para que se promulgase una legislación significativa en este campo, pero el primer episodio de violencia la dejó sin objeto. Sobre el fondo de la desconfianza de las élites en “el intervencionismo público” y de la desestructuración de las capas populares, el Frente Nacional no trató, en modo alguno, de reinstitucionalizar en profundidad las relaciones sociales. Debilidad, en fin, de la presencia del estado en una gran parte del territorio nacional, tanto en las regiones de reciente ocupación, como es lógico, como también en muchas otras de antiguo poblamiento. He allí otros hechos que contribuyen a hacer de la violencia una modalidad normal de relaciones sociales. Queda admitido, tácitamente, que las confrontaciones sociales se administran recurriendo a la fuerza. Transacciones y violencia son la dos caras complementarias de una misma realidad.

  • 12 Cf. C. Ortiz Sarmiento. Estado v subversión en Colombia, Bogotá. CEREC-CIDER. 1985.

11El tercer factor, coyuntural, es la impotencia de ese mismo estado para enfrentar situaciones económicas en las que se produce una afluencia imprevista de recursos económicos, vinculados a los precios de ciertas materias primas. Los dos episodios de violencia tienen lugar en tales condiciones. En 1949, suben las cotizaciones del café, y no es por casualidad que el epicentro de la violencia generalizada se desplaza hacia las zonas de su producción. En 1975-76 tienen lugar, asimismo, una alza pasajera de los precios del café y, sobre todo, un florecimiento durable de las exportaciones de marihuana, y pronto también de la coca. Son varias las razones que pueden explicar estas coincidencias. En primer lugar, y ello obliga a corregir un tanto las afirmaciones anteriores, existe una regulación implícita de las relaciones sociales, que consiste en mantener bajo control la inflación, impidiendo que sobrepase el umbral del 25 a 30%. Esta regulación se ve amenazada en estos momentos, con el consecuente riesgo de exasperar aún más las tensiones sociales. Incluso si el gobierno logra limitar los efectos inflacionarios, no puede evitar que surjan ciertas tensiones desde el momento en que se ve obligado a reducir los gastos públicos. Además, no dispone de medios para prevenir los enfrentamientos entre los diversos protagonistas, organizados y no organizados, en torno a la apropiación de esos recursos. Se dispone a este respecto de un excelente análisis de los fundamentos económicos de la violencia en el Quindio en los años 50.12 En fin, son tan numerosos los grupos o individuos que sacan provecho de la violencia que llega un momento en que nadie puede invocar un interés público capaz de balancear los intereses privados que empujan en favor de la prolongación de los fenómenos violentos.

12Estos factores permiten perfilar mejor lo que torna posible, en ciertos momentos, el paso a la violencia político-social y, luego, a la violencia generalizada.

13En un primer nivel interviene el hecho de que la violencia es concebida como un componente ordinario de las relaciones sociales y políticas. A partir de la constatación de una cierta dosis efectiva de violencia, ciertos actores evolucionan hacia la invocación de la violencia como medio táctico y estratégico. En 1945, son numerosos los sectores convencidos de que el conflicto partidario implica una prolongación armada. En 1965 y más allá, son numerosos los que estiman, asimismo, que los antagonismos políticos y sociales no pueden expresarse sino por medio de la lucha armada. Al preconizar la combinación de todas las formas de lucha, el Partido Comunista da una formulación teórica a esa convicción. Después de 1970, la adhesión a la lucha armada se convierte en el criterio que define la pertenencia a la izquierda, y la aceptación de las prácticas de contrainsurgencia se transforma en el criterio que define la pertenencia al campo de los “defensores del orden.”

14En un segundo nivel se manifiestan los efectos de la fragmentación del poder y del campo político-social. Los protagonistas de la violencia no pueden sustraerse a ello. Los enfrentamientos se difunden, pero fragmentándose en función de los escenarios locales y de una diversidad de manifestaciones heteróclitas. Es un momento de violencia generalizada, donde se esfuma la primacía de los elementos político-sociales iniciales en juego.

15En un tercer nivel, los conflictos en torno a la apropiación de los recursos, y las nuevas desigualdades que resultan de ella, desembocan en una conflictividad difusa, sin protagonistas estables, pero que penetra todo el tejido social.

16Los tres niveles pueden muy bien yuxtaponerse. Su diferenciación constituye solamente una manera de subrayar la forma como el “contexto inicial” influye en las diversas manifestaciones de la violencia generalizada, una vez que ésta se halla en aptitud de desencadenarse. Apuntan igualmente a indicar, de entrada, el desdibujamiento de los puntos de referencia políticos y sociales que acompañan a un tipo de violencia generalizada como éste.

2. De los conflictos organizados a la violencia generalizada

17Trataremos ahora de los fenómenos de violencia en sí mismos. Nuestro objetivo es mostrar cómo las líneas de conflicto que en un primer momento parecen definir dichos fenómenos, se hacen cada vez más borrosas a medida que se extienden. Nos vamos a referir a cinco aspectos de este cambio, que se relacionan con: 1. los protagonistas; 2. la articulación con los conflictos sociales; 3. las relaciones entre escenario nacional y escenarios locales; 4. las transformaciones del contexto y 5. la articulación de las diversas expresiones de la violencia en el seno de la violencia generalizada.

a) La evolución de los protagonistas

18El contexto no puede explicar el ingreso en la violencia. Es necesario partir de los protagonistas que toman al inicio la decisión de recurrir a la fuerza y reinterpretan el contexto para justificar tal decisión. En los dos episodios de violencia, los protagonistas se presentan como políticos: grupos liberales y conservadores en un caso, guerrillas revolucionarias en otro, se asignan como objetivo alcanzar el poder. Se procuran, de este modo, un eje central de conflicto: partidario en el primer episodio, de clase en el segundo. El punto de partida marca todos los fenómenos subsiguientes. Pero los protagonistas se modifican y entran en escena otros, lo cual altera la nitidez del eje de conflicto.

  • 13 Además del libro citado en la nota precedente, el de G. Sánchez y D. Meertens. Bandoleros, gamonal (...)

19Los estudios sobre la primera violencia han descrito muy bien cómo el conflicto partidario se prolongó rápidamente en conflictos específicos por el control de ciertas riquezas o del poder local. También han descrito la manera como surgen nuevos protagonistas, intermediarios políticos o económicos, grupos de autodefensa, bandidos que actúan en función de motivos que no son ya solamente partidarios.13

20En el episodio actual de violencia, el florecimiento de las guerrillas a partir de 1980 no se debe solamente a las simpatías políticas que suscitan. Se puede atribuir ampliamente a los recursos económicos que logran captar a partir de las contribuciones forzosas aplicadas a la producción de diversos bienes. En el caso de las FARC, se trata ante todo de las contribuciones procedentes del cultivo y la comercialización interna de la coca, pues esta organización logró instalarse en la mayor parte de las zonas de colonización en las que se desarrolla la producción de la coca. Pero las FARC, así como los principales grupos de guerrillas, imponen esas contribuciones forzosas a muchas otras actividades, como la industria petrolera, plantaciones bananeras, extracción de oro, ganadería, etc. A lo cual hay que añadir los recursos proporcionados por la eficiente difusión de prácticas tales como los secuestros y el cobro sistemático de rescates. La acumulación de tales recursos, y la utilización de tales prácticas, alteran el perfil inicial de las guerrillas. A sus objetivos políticos se suman otros propiamente económicos y aspectos de bandidismo social. De esta manera resultan reunidas formas que, durante la primera violencia, dependían de múltiples protagonistas.

21La obtención de esos recursos económicos va de la par con el control de las poblaciones asociadas con la producción de esos bienes. En la medida en que las poblaciones se han instalado en zonas donde no se ejerce la autoridad del estado, a menudo se revelan dispuestas a aceptar las reglas sociales impuestas por las guerrillas. Pero tal adhesión no es mayormente ideológica, sino principalmente utilitaria. Puede muy bien decaer si la guerrillas ejercen presiones excesivas (como cuando quiso renovar en demasiadas ocasiones las marchas campesinas de 1987) o cuando cometen exacciones (como en el Magdalena Medio, a comienzos de los años 80) o si la reacción de los militares o paramilitares significa riesgos demasiado considerables. El modelo de la guerrilla campesina, que fue originalmente el de las FARC, ya no está presente sino de modo excepcional.

  • 14 Más de 1.000 miembros de la UP (Unión Patriótica), entre ellos algunos de sus principales dirigent (...)
  • 15 Estas observaciones se aplican al M-19 y al EPL. antes de su decisión de reinsertarse en la vida l (...)

22De hecho, sobre todo a partir de 1982-83 (VII Conferencia de las FARC, durante la cual deciden transformarse en “ejército popular” y, de otro lado, orientación del M-19 en favor de la reiniciación de las hostilidades), las guerrillas optan también por privilegiar una estrategia propiamente militar. Al hacerlo, aceptan tomar distancia respecto de las poblaciones simpatizantes, ya que ponen en pie “columnas móviles”. Asumen así su opción de plena independencia con respecto a sus “brazos políticos”. Ello quedará claro en el caso de las FARC a partir de 1987, cuando dejaron que se realizara el aniquilamiento de la Unión Patriótica, cuyo nacimiento sin embargo habían apoyado.14 La prioridad de la estrategia militar está lejos de inscribirse en el marco de los esquemas políticos iniciales. Las guerrillas pierden progresivamente el perfil de un protagonista propiamente político. En todo caso lo militar parece prevalecer sobre lo político.15

23Los narcotraficantes, por su parte, no pretendieron jamás tener un perfil semejante (dejemos de lado el sueño de Carlos Lehder de lanzar un movimiento populista-revolucionario). Su aumento de poder no provocó mayores reticencias en el seno de la sociedad o de la clase política. Tuvo que realizarse el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, para que el gobierno adoptase medidas que acarrearían, en diferentes etapas, un terrorismo sin precedentes. Pero este terrorismo, que expresa igualmente la importancia de los recursos acumulados, no hace surgir un proyecto político y parece destinado antes que nada a asegurar la impunidad de sus autores y a evitarles, sobre todo, el riesgo de la extradición. Lo cual no quiere decir que sus consecuencias no sean políticas: lo son, ya que llegan a hacer trastabillar a las instituciones, mucho más que las luchas de guerrilla.

24Pero es precisamente la presencia de un protagonista como el “cartel de Medellín”, constelación no explícitamente política pero sí dotada de un muy fuerte potencial de terror, lo que contribuye poderosamente a desdibujar los ejes de conflicto socio-político. Pues este protagonista arrastra a todos los demás a tomar posición con respecto a él y a entrar en relaciones cambiantes –a veces simultáneas– de coexistencia, de alianza o de confrontación. En el caso de las guerrillas prevalecen las necesidades de la coexistencia, por lo general motivadas por el predominio en las mismas zonas, intercambios de prestaciones (comercio de armas) y la común voluntad de debilitar a las instituciones. No obstante, la coexistencia no excluye los enfrentamientos provocados por los litigios en torno de actos llevados a cabo por unos u otros (el secuestro por el M-19, en 1982, de un miembro de la familia Ochoa provoca la creación del MAS, prototipo de los grupos paramilitares, o las tentativas de ciertos grupos guerrilleros de imponer contribuciones forzosas a los laboratorios, lo que habría dado lugar al furor de Gonzalo Rodríguez Gacha contra las FARC). Numerosos terratenientes se convierten en protagonistas de la violencia al descubrir que pueden reducir las exacciones de las guerrillas asociándose con las bandas financiadas por los narcotraficantes. A la inversa, numerosos narcotraficantes se identifican con la causa de esos propietarios en la medida en que ellos mismos compran cantidades cada vez más extensas de tierras y quieren sustraerse a la presión de las guerrillas.

25Algunos sectores de las fuerzas del orden ven, por su parte, el provecho que pueden sacar de una alianza con bandas armadas al servicio de los narcotraficantes y los terratenientes. La manifestación de ello es la proliferación de grupos paramilitares a partir de 1985. El caso de la región del Magdalena Medio, en torno a Puerto Boyacá, es particularmente revelador a este respecto. Con el concurso de las autoridades militares y la ayuda financiera de los narcotraficantes, los grupos paramilitares constituidos destruyen por medio del terror las bases locales de apoyo de las que disponían las guerrillas, e intervienen luego en numerosas zonas del país. La corrupción empuja, además, a numerosos miembros de las fuerzas del orden, en todos los niveles de jerarquía, a colaborar con los narcotraficantes. Desde entonces los gobiernos, que tampoco están al margen de la corrupción, tienen cada vez menos seguridad en la aplicación de sus consignas por las fuerzas del orden.

26Interferencias tan numerosas no pueden sino amenazar aún más la cohesión de cada protagonista. No pueden hacer así otra cosa que confundir los puntos de referencia políticos que existían al comienzo. En primer lugar, porque en este juego no hay casi espacio para actores políticos o sociales desprovistos de medios de fuerza. En segundo lugar, porque los cálculos a corto plazo predominan sobre los objetivos a largo plazo. En fin, porque el campo social se fragmenta por completo. Dan testimonio de este proceso de despolitización de la violencia, en el plano individual, la frecuente carencia de toda conciencia política en parte de los jóvenes guerrilleros, la participación de buen número de antiguos cuadros de la guerrilla en los grupos paramilitares, las bruscas oscilaciones en el lenguaje de ciertos narcotraficantes. Ahora bien, esta pérdida de los hitos de referencia políticos es, quizás, uno de los requisitos previos del paso a la violencia generalizada.

b) La articulación con los conflictos sociales

27Hemos dicho en la primera parte que el ingreso en la violencia no era, probablemente, la expresión inmediata de una movilización social anterior. Se podría suponer, sin embargo, que, una vez dispuestos los mecanismos de la violencia, ésta se superpone a conflictos sociales preexistentes. El episodio de la primera violencia incita, no obstante, a cierta prudencia: el mapa de la violencia rural no coincide sino muy parcialmente con el de los conflictos de los años 1925-35. En cuanto a los conflictos sociales urbanos, finalizan prácticamente desde 1947 con la neutralización de los sindicatos.

  • 16 Cf. C. Corredor Martínez. “Violencia y problema agrario”. Análisis, CINEP. siete [sic] 1988. pp. 3 (...)

28En el caso de la violencia actual, hay al menos dos estudios que se han dedicado a buscar correlaciones entre conflictos sociales y fenómenos de violencia16 cuyas conclusiones resultan ya sea negativas, ya sea indecisas. El método, que consiste en buscar una eventual correlación en un momento dado, es de hecho discutible. La dinámica de los fenómenos de violencia es tal que, de un momento a otro, la correlación puede cambiar de sentido.

  • 17 E. Pizarro Leongómez presenta una tipología de las guerrillas a partir de sus formas de articulaci (...)

29Por lo demás hay que distinguir entre dos tipos de situaciones conflictivas: por un lado, aquéllas en que los actores y los elementos en juego están ya constituidos y, por otro, aquéllas en que se manifiestan múltiples tensiones sociales, sin que los conflictos se hallen verdaderamente estructurados. Una ilustración del primer caso puede ser proporcionada por las colectividades indígenas del Cauca, que se enfrentan desde hace decenios a los grandes propietarios o a los colonos de la región. Una ilustración del segundo caso nos es ofrecida por los trabajadores de las plantaciones de bananas del Uraba, o por los colonos del Caquetá o de la Macarena.17

  • 18 El Quintín Lame depuso las armas en 1990.

30En el primer caso, la violencia armada puede ser exclusivamente una nueva manifestación de un conflicto que, de todas maneras, comportaba desde siempre una fuerte dosis de violencia. Guerrillas tan diversas como las FARC, el M-19 y el ELN, intentaron canalizar en su provecho la situación del Cauca. Sin embargo, es digno de nota que las comunidades indígenas dieran nacimiento a su propia organización armada, el Quintín Lame, y en varias oportunidades han tenido relaciones tensas con otras organizaciones, sobre todo con las FARC. Se trata, sin embargo, de un ejemplo excepcional debido a la especificidad de las poblaciones afectadas. Incluso en este caso se advierte, por lo demás, que esas poblaciones tomaron distancia en 1989-90 con un Quintín Lame cuyas prácticas resultaban cada vez más cuestionadas.18

31En el segundo caso, la violencia armada aparece, en un primer momento, como un modo de organizar sectores sociales, poniendo término a la desorganización de las poblaciones. Ello se ve con claridad en las plantaciones de bananas del Uraba. Hay dos factores que han contribuido a la desorganización de los trabajadores: por un lado, el encarnizamiento de los empresarios para impedir por todos los medios la formación de sindicatos o, en otros casos, mantener a los trabajadores en condiciones inhumanas y, por otra parte, la heterogeneidad e inestabilidad de los mismos, reclutados en el Córdoba, el Choco y el Antioquia, afectados por múltiples divisiones culturales y desprovistos de tradición organizativa. A su caso se aplica el razonamiento de Olson: la organización sólo puede ser resultado de una imposición. La presencia de las guerrillas EPL y FARC se halla en el origen del súbito surgimiento, en 1984, de los sindicatos y de la profunda mejora de la condiciones de vida. Hacia 1982-84 se presenta la misma problemática organizacional entre los colonos del Caquetá y de la Macarena, aún cuando no se trata de la formación de sindicatos, ni de enfrentarse a terratenientes sino al ejército.

32Pero esta articulación es relativamente frágil. Por una parte los diversos sectores civiles y militares que animan los grupos paramilitares responden a la implantación de las guerrillas, y alientan un terror del cual las masacres de decenas de personas, entre 1988 y 1989, no son sino la manifestación más visible. Por otra parte, las guerrillas no están dispuestas a conceder autonomía alguna a las organizaciones sociales que crearon. Ellas son las que actúan, a través de las direcciones sindicales del Uraba, en función de sus propios objetivos. Para mantener su control no vacilan en emplear métodos expeditivos. En varias ocasiones imponen huelgas sentidas duramente por los trabajadores. Tal fue el caso en octubre de 1988, cuando, en el marco de una jornada de huelga nacional que resultó un fiasco, quisieron hacer de la paralización del Uraba el punto de partida de una insurrección nacional. Asimismo, en el segundo semestre de 1989, cuando provocaron una huelga de 45 días en Uraba. Tanto el clima de terror como la opción militarista de las guerrillas acabaron por privar de todo peso a los actores sociales y por restablecer una nueva situación de desorganización social y de repliegue individual. El cansancio frente a las acciones de la guerrilla se expresará, a comienzos de 1991, con las protestas contra los sabotajes practicados por las FARC en el curso de su gran ofensiva, y por las esperanzas provocadas por la renuncia del EPL a la lucha armada.

  • 19 Según un censo oficial, la tasa de sindicalización en 1992 sería de 8%. Este porcentaje es quizás (...)

33La misma evolución aparece en muchas otras zonas. Hemos mencionado ya el decaimiento de las grandes manifestaciones campesinas luego de las marchas de 1987. De manera general, si la violencia política puede en un comienzo acentuar los conflictos, el paso a la violencia generalizada se traduce en su dislocación. Por lo demás, el sindicalismo vive también un proceso de descomposición vertiginosa en los últimos años.19 La represión tiene parte de la responsabilidad en ello, pero más responsable aún es el tácito rechazo a los sectores que quisieron poner los sindicatos al servicio de la lucha armada.

34Hablar de dislocación de los conflictos y de descomposición de los actores no significa que las tensiones sociales se atenúen. La violencia generalizada se halla, al contrario, impregnada de ellas. Al ofrecer el espectáculo de ascensos y descensos sociales rápidos, de perdedores y ganadores, de nuevas desigualdades e injusticias, no hace sino exacerbar las tensiones. Pero éstas no se formulan ya en confrontaciones colectivas. Se expresan de manera casi individualizada. Es la hora de las “pandillas” y de los “sicarios”, equivalentes urbanizados y modernizados de una de las modalidades del bandidismo de los años 1950, empujados por una ira que no tiene expresión política.

3. Las relaciones entre escenario nacional y escenarios regionales

35Hemos insistido ya en la fragmentación del campo sociopolítico, que siendo ya sensible en tiempos normales resulta acentuada durante los episodios de violencia. Una de sus manifestaciones es la importancia que han tomado los escenarios regionales, en detrimento del escenario nacional.

36En la violencia de los años 50 ese deslizamiento fue muy marcado. Cada vez más los enfrentamientos de toda clase se libraban en un marco local y aislándose unos de otros. Sólo la referencia general a la división partidaria, la intervención del ejército y, en menor medida, la de las milicias conservadoras móviles, los famosos “chulavitas”, mantenían un componente de conflicto global. Pero el estallido de los diversos núcleos de resistencia liberal demuestra la imposibilidad de liberarse de los límites locales. De todas maneras, los fenómenos de violencia no afectaban mayormente a las élites socioeconómicas, no golpeaban sino muy rara vez a los miembros de la élite política y sólo por excepción irrumpían en las principales ciudades.

37Las cosas son más complicadas en la violencia actual. Esta no respeta a las élites, tanto socio-económicas como políticas; impera también en muchas ciudades. Pero la acción de los protagonistas político-militares es menos decisiva en esa extensión que la práctica de los demás protagonistas, o la de los sectores no organizados.

38La implantación de las guerrillas en el conjunto del territorio nacional, y su ambición de constituir unidades móviles de carácter propiamente militar, no significa que lleguen a sustraerse fácilmente a los centros de gravitación local. En lo esencial, los diversos frentes se aferran a asentar su control de poblaciones y polos de producción dispersos. No amenazan verdaderamente a los principales núcleos de poder ni al funcionamiento de la economía. Las grandes maniobras militares del M-19 no se vieron coronadas por el éxito. Es verdad que, en algunas ocasiones, las guerrillas lanzan operaciones que tienen un impacto nacional. Es el caso, evidentemente, de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985. Es también el caso de los repetidos sabotajes por el ELN del principal oleoducto del país a partir de 1988. Es el caso, sobre todo, de la gran ofensiva lanzada en forma conjunta por las FARC y el ELN en el primer trimestre de 1991 en respuesta a la ocupación por el ejército de Casa Verde, sede del estado mayor de las FARC. Pero estas operaciones representan para las guerrillas un costo político considerable. No encuentran un apoyo de fracciones importantes de la opinión pública y provocan, incluso, la desaprobación de la mayor parte de la oposición legal de izquierda. Contribuyen así a aislar a las guerrillas y, a falta de sostén político, las empujan a replegarse en sus zonas de predominio. Es posible que lancen otras operaciones coordinadas de envergadura, pero ello no significa que logren superar los efectos de fragmentación regional.

39Mucho más que las guerrillas, son los narcotraficantes y sus aliados los que han llegado a hacer vacilar a las instituciones entre 1987-90. Pero ello es así porque persiguen objetivos específicos y no les interesa provocar un cambio de las estructuras políticas y sociales. Y, más aún, porque el problema de la droga se convierte en un asunto internacional, lo cual empuja tanto al gobierno como a los narcotraficantes a entrar, sin desearlo, en una confrontación llevada a los extremos. Momentáneamente se hallan suspendidos los mecanismos de transacción que, por lo general, subsisten entre los protagonistas organizados de la violencia. Las medidas de Gaviria, al separar el problema de su componente internacional, han permitido precisamente la reconstrucción de esos mecanismos.

40Queda el otro plano, el de la violencia de los sectores desorganizados. Se puede, seguramente, considerarla como regional: efectivamente, se desarrolla en el marco de los barrios y de los pueblos. Mas no por ello deja de extenderse, y de modo tan intenso que se convierte realmente en un fenómeno de envergadura nacional. En la medida en que carece de un objetivo político o específico no entra en los esquemas de transacción habituales. En una escala más vasta, el gobierno vuelve a encontrarse frente a una situación que puede ser comparada con la de los años 1955-65. Excepto que ya no tiene que hacer frente a un bandidismo rural, sino a una violencia instalada en el centro mismo de las grandes metrópolis.

4. Las transformaciones del contexto

41En el curso de la primera violencia, el contexto inicial no se modificó mayormente. El poder y las estabilidad de las élites socioeconómicas establecieron desde un comienzo límites a los sobresaltos institucionales. Sin duda, el funcionamiento de la justicia se vio neutralizado con frecuencia, y el de las fuerzas del orden resultó pervertido por las interferencias con las bandas armadas. Pero la estabilidad del marco partidario contribuyó a preservar las bases del campo político.

42La violencia actual, al contrario, está acompañada de un cambio considerable en el contexto global. En ello tiene mucho que ver la expansión de la economía de la droga y los medios puestos en obra por los narcotraficantes. Las élites socioeconómicas, políticas, militares, etc., no escapan a los efectos de la corrupción o del miedo. El poder judicial se halla completamente paralizado. Una parte de las fuerzas del orden protege a los grupos paramilitares. El clientelismo político se extiende cada vez más. Los valores colectivos, ya afectados por la crisis del papel de la religión y por otros aspectos de la modernización, sufren la influencia del espectáculo del ascenso vertiginoso de los recién llegados.

43Las regulaciones institucionales, crónicamente precarias, pierden así aún más su alcance. Se desarrolla, en cambio, el modelo de transacción incesante entre todos los actores que disponen de los recursos del poder, oficiales u oficiosos. Gobierna las relaciones entre el poder civil y los militares, la clase política y el gobierno, los sectores de extrema derecha y las fuerzas paramilitares, los partidarios y los oponentes de la tolerancia con la economía de la droga. Prevalece, incluso, en el interior de cada institución y de cada sector, en el seno de la institución judicial, así como en el seno de las fuerzas del orden, de las instancias políticas y de los “gremios” económicos. Es un modelo que implica tensiones muy fuertes, pero que establece también márgenes de juego implícitos y deja abierta la posibilidad de ciertos compromisos. Todo se ve amenazado si, en cambio, los actores rechazan toda idea de transacción, como cuando Barco declaró “la guerra” a los narcotraficantes: en unas semanas, se ve abandonado por casi todos. Con el gobierno de Gaviria, al contrario, el modelo de la transacción se aplica de nuevo en todos los campos.

44Semejante contexto ejerce dos efectos contradictorios en los fenómenos de violencia. Permite su prolongación, en la medida que la violencia es una de las dimensiones de las transacciones: falta de reglas institucionales, cada cual se siente autorizado a tratar de obtener por la fuerza una participación en las transacciones. A las guerrillas y a los narcotraficantes se añaden grupos paramilitares e, incluso, grupos organizados de delincuentes. En sentido inverso, dicho contexto contribuye, como antes la dispersión del poder, a obstaculizar el fortalecimiento perdurable de los protagonistas de la violencia y la coordinación de las acciones violentas, ya que las instituciones no ofrecen un blanco central y las posibilidades de reincorporación no desaparecen.

45El contexto institucional no deja de afectar las interacciones ordinarias. La parálisis del aparato judicial y la influencia de los protagonistas organizados de la violencia se conjugan para que ésta acabe por extenderse a todo el tejido social. Amplios sectores de la población consideran como procedimientos normales el recurso a la fuerza para dirimir los litigios interpersonales o las operaciones de “limpieza” para eliminar a desviados y marginales. Pero la complementariedad de la violencia y la transacción existe también en este plano. Cada uno se ve en la necesidad de inventar una estrategia que permita su supervivencia.

5. La articulación de las diversas expresiones de la violencia en el seno de la violencia generalizada

46La violencia generalizada no corresponde solamente a una acumulación de fenómenos específicos de violencia: remite sobre todo a la interferencia que, en una fase dada, llega a producir entre unos fenómenos y otros, por lo cual la violencia sociopolítica toma también el aspecto de las violencias más corrientes, las que habitualmente se clasifican bajo el rubro de delincuencia. A la inversa, las violencias ordinarias parecen adquirir un aspecto político al expresar las tensiones sociales y al afectar el funcionamiento de las redes de poder. Las prácticas violentas hacen que se comuniquen los diversos universos: secuestros, exacciones, asesinatos, se inscriben en los más diversos registros. Las “pandillas” de jóvenes pueden transformarse en “milicias populares” vinculadas a las guerrillas y a la inversa. Igual ocurre entre los grupos paramilitares y las bandas.

47La paradoja es que, en una coyuntura semejante, las acciones parecen depender cada vez más de una lógica utilitaria. Las pertenencias colectivas se debilitan o se tornan puramente instrumentales. La referencia a los “intereses” dirige cada vez más las conductas. Intereses que pueden ser de múltiples clases, desde la simple preocupación de asegurar la supervivencia física hasta los intereses puramente económicos. Sobre un fondo de dislocación de los puntos de referencia habituales, los “intereses” se convierten en el principal criterio de orientación. El control de los recursos económicos comanda la formación de un actor colectivo: concesionarios de las minas de esmeraldas, narcotraficantes, capataces de los circuitos de extorsión, etc., se transforman en protagonistas políticos mayores. Los adolescentes de los barrios pobres o de la pequeña clase media de Medellín, admiradores del éxito de los narcotraficantes, aceptan la perspectiva de morir a los veinte años con tal de disfrutar por un instante de los placeres del mundo de consumo. Las poblaciones de las zonas de colonización pueden afiliarse sucesivamente a las organizaciones de extrema izquierda y de extrema derecha, en la medida en que unas u otras les parezcan garantizar mejor su seguridad. El mundo político y oficial también se ve regido por transacciones en las que no intervienen mayormente las afinidades ideológicas.

  • 20 La huida de Pablo Escobar en la noche del 21 al 22 de julio de 1992 fue percibida, en el primer mo (...)

48Al generalizarse, la violencia colombiana revela su característica profunda: su prosaísmo. No surge a partir del descubrimiento de una alteridad hundida en las relaciones sociales y en las mentalidades, como puede ser el caso en el Perú y en Guatemala. No plantea el problema de la definición de la nación o de la ciudadanía. No da nacimiento a mitos colectivos. Al contrario, deja translucir un déficit de sentido colectivo, debiendo cada cual construir por su cuenta el sentido de los acontecimientos. No hay más que ver la ausencia de una verdadera opinión pública, incluso cuando ocurren los sucesos más resonantes, como la serie de asesinatos de dirigentes políticos de primer plano que antecedió a las elecciones presidenciales de 1990: todo sucede como si se tratase de “hechos policiales”, frente a los cuales las personas se mantienen en una posición de espectadores. Resulta de ello una disposición a ratificar, en el momento dado, toda transacción susceptible de devolver lo excesivo a los límites de lo normal. El convenio suscrito con Pablo Escobar para lograr su “encarcelamiento voluntario” suscitó una aprobación casi unánime.20 De hecho, el “prosaísmo” es justamente lo que, al atenuar las diferencias entre lo que se percibe como normal y lo que se siente como excepcional, permite devolver la prioridad a una política de transacción sin que nadie, o casi nadie, tenga motivos para reclamar. No es una casualidad que, a pesar de la envergadura de los enfrentamientos en 1991 y en el primer semestre de 1992, el gobierno y las guerrillas difícilmente pueden renunciar a discutir en torno a una mesa de negociación.

Conclusión

49Hemos analizado los fenómenos colombianos de violencia poniendo el acento sobre todo en las estrategias de los protagonistas y sus interferencias. Subrayamos que no puede presentarse el “contexto sociopolítico” como “causa” de tales fenómenos, a menos que se acepten las interpretaciones que proponen ciertos actores para justificar su conducta. Por lo demás, aquéllos que proclaman objetivos sociopolíticos, como las guerrillas, no se apoyan en movilizaciones sociales preexistentes. Surgen en una fase en que éstas se hallan en reflujo y en zonas como las de colonización, donde las tensiones sociales difícilmente llegan a traducirse en movimientos organizados. En cambio, es difícil dudar de que, una vez dispuestas las estrategias violentas, el contexto sociopolítico se presta a su rápida difusión y a la proliferación de sus protagonistas. El hecho de que uno de estos, los narcotraficantes, adquiera en el mismo período un poder considerable y no tenga otro designio político que el de proteger sus intereses, contribuye a alterar el contexto en un sentido que hace aún más fácil la propagación de los fenómenos de violencia y, finalmente, el paso a la violencia generalizada, a través de la cual las distinciones entre las diversas clases de violencia tienden a hacerse cada vez más borrosas.

Notas

1 El único episodio de verdadera confrontación armada es el que se produjo después de la victoria del partido liberal en las elecciones presidenciales de 1930, victoria que puso fin a cincuenta años de “hegemonía conservadora”. Pero esa confrontación no causó a lo sumo sino algunos millares de víctimas. No afectó más que a tres departamentos (Boyacá, Santander del Sur, Santander del Norte), en los cuales los liberales deseaban conquistar la mayoría mediante el desplazamiento de sectores de la población o recurriendo a las presiones. Sin embargo, el partido conservador habrá de referirse a ello, en los años 1940, para justificar sus llamados a la violencia. Conviene subrayar que los intensos conflictos sociales que sacuden ciertas zonas de cultivo de café de 1925 a 1935 se acompañaron de un número muy limitado de vidas humanas.

2 Recordemos que, entre 1946 y 1965, el número de víctimas de “la violencia” se estima en 200,000. Cf. P. Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Banco Popular, 1976.

3 Sobre la noción de coyuntura fluida y de contexto, cf. M. Dobry. Sociologie des crises politiques. Paris. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1986.

4 Este último factor se halla en el centro del análisis que J. P. Lavaud consagra a la inestabilidad política boliviana en su obra L'instabilité politique de l'Amérique Latine: le cas de la Bolivie. Paris. L'Harmattan. 1991. Queda claro que ambos factores no pueden aislarse del hecho que el sufragio, marcado por el fraude, no puede constituir por sí mismo un principio de legitimidad: no es sino un elemento, entre otros, de una legitimidad siempre precaria. Cf. a propósito de este tema en América central, las consideraciones de C. W. Anderson. Politics and Economic Change in Latin America. Princeton. D. van Nostrand Company. 1967.

5 El “Frente Nacional” es la fórmula de repartición sistemática de todos los puestos políticos y administrativos que se instauró en 1958. como resultado de un referendum que dio más del 90% de los votos en su favor. Ha permanecido en vigencia durante 16 años. Semejante fórmula de repartición del poder forma parte de la tradición colombiana y fue puesta en obra, con diversas modalidadades. en las ocasiones en que convenía calmar o prevenir la lucha de los dos partidos. Pero el sistema del Frente Nacional, al no reconocer más que a los partidos liberal y conservador, obligó a todos los demás partidos, incluido el Partido Comunista, a presentarse bajo su etiqueta hasta 1972.

6 La ANAPO (Alianza Nacional Popular) es un movimiento populista constituido en torno al general Rojas Pinilla que fue llevado al poder en 1953 para poner fin a la violencia. Este movimiento primero encontró eco en el electorado conservador antes de lograrlo también entre los liberales. En la elección presidencial de 1970 el general Rojas Pinilla obtuvo casi el mismo número de votos que el candidato del Frente Nacional y sus partidarios denunciaron entonces un fraude. El “M 19” (Movimiento 19 de abril), en cuya creación tomaron parte algunos antiguos anapistas, tomó su nombre de la fecha de las elecciones cuestionadas. Conviene subrayar que el monopolio de los dos partidos tradicionales, a través del Frente Nacional, no ha impedido el desarrollo de fuertes corrientes de oposición bajo la forma de “disidencias” en el seno de estos partidos. Antes de la ANAPO, un sector del partido liberal, alrededor de Alfonso López Michelsen, reagrupó, hasta 1967, una gran parte de la oposición al Frente Nacional. Después, aparece claramente que tales disidencias desempeñaron un papel funcional en la canalización del descontento. Con el desmantelamiento del Frente Nacional, a partir de 1972. esos canales de expresión desaparecen. No subsisten ya sino partidos de oposición más o menos radicales (y vinculados, las más de las veces, a la lucha armada).

7 Las diversas formaciones de extrema izquierda no llegan a franquear juntas el umbral del 3 ó 4% de los votos. Este porcentaje, comparado con los obtenidos anteriormente por el MRL y la ANAPO, revela la desconfianza del electorado urbano en grupos políticos que no encuentran apoyo sino en las zonas rurales, en las que el Partido Comunista, el más influyente de estas formaciones, tiene una antigua presencia y ofrece la imagen, a su manera, de un partido tradicional. Las tasas extremadamente elevadas de abstención (alrededor del 50 % en el caso de las elecciones presidenciales, y de 65-70 % en el caso de las elecciones para la Cámara o para las asambleas departamentales, cuando no coinciden con las presidenciales) son invocados a menudo, sin embargo, para demostrar el rechazo al régimen. Los estudios electorales más serios tienden, no obstante, a probar que esos porcentajes, casi idénticos en los momentos de grandes pasiones políticas (de 1946 a 1949. por ejemplo), no remiten sino en muy pequeña medida a ese rechazo. Lo que parece establecido es que esas pasiones han sido substituidas progresivamente, desde los años 1970. por las lógicas personalistas y/o utilitaristas asociadas con el clientelismo.

8 E. Hobsbawm ha dedicado algunos artículos a la violencia colombiana y habla de una “revolución frustrada” a propósito del paso del gaitanismo a la violencia. (Cf. “Peasant and rural migrants in politics.” in C. Vélez (ed). The Politics Of Conformity in Latin America. Londres. Oxford University Press. 1967. p. 43-65. Nos parece preferible hablar solamente de un populismo frustrado. La mayor diferencia entre Colombia y otros países de América latina se halla en que el populismo no ha llegado jamás a afirmarse, ya que los dos partidos le han cerrado el paso, como han hecho las élites económicas que siempre conservan en sus manos el control de los recursos públicos.

9 “Asociación Nacional de Usuarios Campesinos”. Fue creada en 1969 por el presidente Carlos Lleras Restrepo para asociar a los campesinos a un relanzamiento de la reforma agraria. Tiempo después la asociación escapó al dominio del poder e inició luchas de considerable amplitud en la zona de la costa atlántica, donde sin embargo no existía una tradición de conflictos organizados. Las disputas entre corrientes vanguardistas produjeron luego un brutal reflujo del movimiento.

10 El movimiento sindical colombiano ha sido siempre débil. Recién en 1946, a duras penas, se implantó en el sector privado. Desde el comienzo de la violencia, fue destruida una gran parte de las organizaciones existentes. La reconstrucción del sindicalismo comienza a fines de los años 1950. pero se ve frenada por las divisiones, así como por la oposición de los empresarios. La radicalización de ciertos sindicatos a partir de 1969-70 pierde fuerza en 1974-75.

11 Los sindicatos de izquierda habían convocado a una huelga general de un día. Los habitantes de muchas zonas populares, bajo el impulso de ciertos núcleos de guerrilleros urbanos, le dieron a esa iniciativa un giro mucho más masivo. La brutal intervención de las fuerzas del orden causó más de una veintena de muertos.

12 Cf. C. Ortiz Sarmiento. Estado v subversión en Colombia, Bogotá. CEREC-CIDER. 1985.

13 Además del libro citado en la nota precedente, el de G. Sánchez y D. Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos. Bogotá, El Ancora, 1983, proporciona uno de los mejores cuadros de esta complejidad.

14 Más de 1.000 miembros de la UP (Unión Patriótica), entre ellos algunos de sus principales dirigentes en el plano nacional y en el plano local, fueron asesinados desde 1985. las más de las veces por miembros de los grupos llamados “paramilitares”. A falta de la posibilidad de enfrentar directamente a los guerrilleros, estos grupos pusieron en práctica una estrategia que apuntaba a aniquilar las organizaciones políticas de izquierda, acusadas de servir de bases intermedias para las guerrillas. La geografía de las implantaciones de la guerrilla y la de los votos para los partidos de extrema izquierda tienden, es verdad, a superponerse. Coinciden. en la mayor parte de los casos, con la de las zonas de colonización y de recursos mencionados más arriba. Tanto las FARC como el ELN no han hecho nada para limitar esta hecatombe. Al emprender acciones armadas, incluso en los municipios donde la UP era mayoritaria. estas dos organizaciones colocan deliberadamente a la población entre dos fuegos cruzados. De este hecho se han derivado divergencias en el seno de la UP. que han conducido a muchos cuadros sobrevivientes al retiro.

15 Estas observaciones se aplican al M-19 y al EPL. antes de su decisión de reinsertarse en la vida legal en 1990 y 1991. Con mayor razón, se aplican al ELN y a las FARC. que rechazaron esa opción y realizan acciones militares y de sabotaje económico de una amplitud sin precedentes a partir de enero de 1991. después de que las fuerzas armadas atacaron el Estado Mayor de las FARC.

16 Cf. C. Corredor Martínez. “Violencia y problema agrario”. Análisis, CINEP. siete [sic] 1988. pp. 3945: y J.A. Bejarano. “Democracia, conflicto y eficiencia económica”, en J.A. Bejarano (ed.). Construir la paz. CEREC. Bogotá, pp.143-171.

17 E. Pizarro Leongómez presenta una tipología de las guerrillas a partir de sus formas de articulación con los conflictos sociales. Cf. “Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana”. Análisis político. № 12. A. Reyes Posada considera, de su lado, las relaciones entre modalidades de conflictos agrarios y difusión de la lucha armada en “Conflictos y luchas armadas en la Colombia contemporánea: una visión geográfica”. Análisis político. № 5. septiembre-diciembre 1988. pp. 6-27.

18 El Quintín Lame depuso las armas en 1990.

19 Según un censo oficial, la tasa de sindicalización en 1992 sería de 8%. Este porcentaje es quizás aproximativo. pero no deja de reflejar un retroceso considerable en relación con 1980. No conviene concluir por ello que desaparecen las posibilidades de acción de envergadura. La prueba es la huelga de los empleados de telecomunicaciones, a principios de 1992. en rechazo de un plan de privatización. En el marco de la liberalización económica en curso, las amenazas de despido suscitan protestas a menudo vigorosas, pero poco coordinadas.

20 La huida de Pablo Escobar en la noche del 21 al 22 de julio de 1992 fue percibida, en el primer momento, como la consecuencia de que ambas partes no respetaran los términos de la primera transacción y. por lo tanto, como una manera de renegociar los términos de transacción en condiciones en que las dos partes no disponen ya de los mismos márgenes de maniobra, ya que la “presión internacional” constituye ahora un testigo más vigilante respecto de la primera vez. El juego estratégico entre el gobierno y los narcotraficantes es mucho más complejo que el que se da entre el gobierno y otros actores, en razón de las interferencias de protagonistas internacionales. La subida a los extremos en 1989-90. bajo la forma de terrorismo es. sin duda, un efecto. La estrategia reciente de las guerrillas, con la práctica de sabotajes económicos a gran escala, apunta quizás a provocar el recurso a una mediación internacional para ampliar los términos de una eventual negociación política.

© Institut français d’études andines, 1993

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