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Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos

 | 
Alberto Adrianzén
, 
Jean-Michel Blanquer
, 
Ricardo Calla Ortega
, 
et al.

II. Democracia y etnicidad

5. De sujetos indios a ciudadanos-étnicos: de la manifestación de 1961 al levantamiento indígena de 1990

Andrés Guerrero

Texte intégral

Introducción

  • 1 A. Guerrero. Hacienda, capital y lucha de clases andina, Editorial El Conejo. Quito. 1983.

1A fines del turbulento año de 1961 las calles y plazas de Quito, una todavía apacible y recóndita capital andina que contaba, a mano abierta, con apenas 400 mil habitantes, fueron desbordadas durante un día por una marea humana que nunca antes había osado hollar aquel espacio de poder étnico y político blanco, tácitamente prohibido y voluntariamente eludido. Entre 10 y 15 mil indígenas huasipungueros recorrieron, silenciosos pero amenazantes, todo el largo del centro de la ciudad de aquel entonces,1 desde la plaza de Santo Domingo hasta el parque de la Alameda. Tres décadas después, el país fue una vez más sorprendido por los indígenas: un levantamiento inmovilizó el tráfico a lo largo de las carreteras andinas, detuvo la vida económica de la sierra y cortó los intercambios regionales con la costa y la amazonia. Interrumpió los quehaceres domésticos de la vida política nacional: abrió una coyuntura inédita dividida en dos tiempos políticos, un antes y un después.

  • 2 Congreso nacional de la CONAIE, Pujilí, abril 1991.

2Los indígenas de comienzos de la década de 1960 enarbolaban pancartas con las siglas de la organización que planificó, transportó y dirigió aquella manifestación: la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), en aquél entonces la única agrupación de campesinos indígenas del país, un “organismo de masas” fundado en 1947 y controlado por el Partido Comunista. El “levantamiento” de 1990 ofreció un contraste notorio. Cientos de miles de manifestantes enarbolaron por primera vez “su” bandera: refulgía al sol el arco iris de Túpac Amaru. Quien decidió2 y convocó aquel acto político real y simbólico de cortar las principales carreteras con piedras, troncos y zanjas, de volcarse de las comunidades a los pueblos y a las ciudades mercado fue una entidad del todo inédita en la historia del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), institución autónoma de indígenas, fundada en 1986, dirigida y controlada por intelectuales rurales y urbanos de diversas “nacionalidades” de la sierra y la amazonia.

3Aquí centro mi interés en un fenómeno: las transformaciones sociales y políticas de los poderes locales, de aquel andamiaje –semipúblico o semiprivado, si se prefiere– que media entre el estado central y la población indígena. El objetivo que pretendo es comprender los procesos sociales y las modificaciones estructurales ocurridas y transcurridas entre estos dos hitos históricos –la manifestación de 1961 y el levantamiento de 1990– desmenuzando la trama de la notable transición acontecida al pasar de un tipo de organización política compuesta por mediadores externos (la FEI y el Partido Comunista) a otra de representación integrada por dirigentes, preciso, por intelectuales emergidos del seno de los grupos étnicos, gente que habla su lengua y tiene intereses propios.

4Este proceso, en mi opinión, concentra y revela uno de los más singulares aspectos de las mutaciones políticas y sociales del país en las últimas décadas. Pero su significado quedaría en la oscuridad si no se rediseña el contexto, en las últimas tres décadas, de las modificaciones estructurales de lo que llamaré aquí la administración étnica.

1. Las transformaciones de las estructuras rurales y la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)

  • 3 R. Baraona, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola en el Ecuador, (...)

5La imprescindible investigación de R. Baraona3 sobre los cambios en la “tenencia de la tierra” en la sierra ecuatoriana durante los primeros años de la década del 60 encontró una metáfora atinada que perfila de cerca el papel histórico de las haciendas a nivel local: la hacienda funciona económicamente como un “núcleo radiante”.

6La metáfora de Baraona requiere, sin embargo, una ampliación: las haciendas también fueron nudos estructurantes en un amplio campo extra económico, que se extiende desde las jerarquías sociales hasta las prácticas políticas, pasando por el orden simbólico. Me refiero a la configuración del poder local en cada región.

  • 4 Un primer trabajo sobre esta temática es mi artículo: “Curagas y tenientes políticos: la ley de la (...)

7Sin pretender, de manera alguna, remontar la historia del poder local hay que recalcar que se trata de una formación política nueva y original que, en los Andes, nada tiene de atemporal. Pertenece al mismo proceso de constitución del estado nación ecuatoriano en la segunda mitad del siglo xix. Se inicia con la supresión del tributo de indios (1857), última prolongación de una institución colonial en la república, y responde al problema de la administración étnica bajo el nuevo sistema político: el sistema del estado nacional de ciudadanos libres e iguales. En su médula, consiste en una forma de delegación de poder y de control de la población indígena. Preciso, concibo el poder local como una configuración política pluriédrica, jerarquizada, un aglomerado de instituciones y vínculos sociales heterogéneos, en cuyo ápice trona siempre el patrón. Hacienda, iglesia, funcionarios estatales de parroquia y cantón (jefes y tenientes políticos), municipalidades cantonales (las autoridades blanco-mestizas del pueblo), vínculos domésticos entre gente del pueblo y familias indígenas de comunidad (parentescos rituales, reciprocidades desiguales, acuerdos de aparcerías, representaciones rituales, etc.), son los elementos que integran el poder local en la sierra. Al retirarse el estado republicano de la administración inmediata de indígenas por la vía del tributo de indios –lo que exigía todo un aparataje de funcionarios blanco-mestizos e intermediarios indígenas, prácticas y lógicas burocráticas, un campo público de control– el “entendérselas” con los indios asentados en las comunidades de las haciendas y en los pueblos recayó en esta nueva formación política. Es una instancia de decisión en cuanto a la distribución, las condiciones del consumo y la reproducción de la mano de obra indígena (codificada en el último tercio del siglo xix, a nivel cantonal, en reglamentos de trabajadores); los reclutamientos forzosos de indios jornaleros por el estado central y los municipios; el abastecimiento de bienes por los comuneros a los pueblos; la administración de justicia en los territorios étnicos: en las comunidades; la organización de los grandes rituales que amojonan el calendario agrícola, etc. Paso de largo el complejo proceso de formación del sistema político de administración étnica por delegación de funciones4 del estado-nación hacia niveles periféricos y privados, los más inmediatos, cotidianos y dispersos del ejercicio del poder. Tampoco me alargo en las diversas configuraciones que se constatan al pasar de una hoya serrana a otra como producto de los cambios de estructuras agrarias. Destaco tan sólo ciertas facetas que considero pertinentes para comprender tanto los cambios en las movilizaciones indígenas en las últimas décadas como sus engarces con el sistema político nacional.

  • 5 Las mujeres blancas, los menores de edad y. mientras existió el sufragio censitario, los hombres a (...)
  • 6 El Libertador S. Bolívar y A. Flores estuvieron plenamente conscientes de la contradicción que est (...)

8Hasta 1857, año de la abolición del tributo de indios (rebautizado durante la república como contribución personal de indios), el estado republicano había reconocido legalmente una clasificación jurídico-política de los habitantes en dos tipos: los blancos, exentos de contribución, y los indios, obligados a tributar. Por consiguiente, el sistema político representativo y de ciudadanos seguía al pie de la letra la división colonial en castas; me refiero a la separación en grupos de habitantes reconocidos, definidos e instaurados por el estado de acuerdo a derechos y obligaciones diferentes y discriminantes. De esta clasificación derivaba toda una serie de implicaciones que cubrían los dominios económico y cultural, que aquí omito para concentrarme en el estatuto político: la división entre ciudadanos (con o sin plenos derechos, pero ciudadanos iguales)5 y los tributarios, los indios, que fue la figura jurídico-económica tallada por el estado para identificar, reconocer, explotar, en síntesis, para administrar a la población no castiza. Durante el primer período, la República de los Indios, aquel aparato de funcionarios, el cuerpo de leyes específicas, el sistema censal de empadronamiento, el aparato jurídico de los “protectores”, las redes económicas de metamórfosis de la energía vital indígena en dinero, la esfera simbólica de reconocimiento entre blancos e indios, las jerarquías aristocráticas indígenas, los territorios étnico comunales, sus organismos de gobierno, etc. casi todo el multifacético sistema de gobierno colonial de la república de indios, que permitió durante tres siglos la administración étnica, fue incorporado al flamante estado-nación con algunas variaciones y adaptaciones (ver las dos grandes leyes de 1851 y de 1854).6

9Debo esclarecer dos dimensiones de un problema político crucial: a) el estado nacional reconduce en el plexo de sus estructuras democráticas, en el proceso de construcción de la ciudadanía, el corte colonial: diferencia la población hispano hablante del resto de los habitantes del nuevo recorte territorial-político; b) la administración étnica es una formación de mediación entre el estado democrático y la población indígena. Ambos aspectos son los nudos de un problema colonial que recibirá respuestas renovadas luego de 1857, y que perdurarán hasta la Reforma Agraria de 1964.

2. De indios tributarios a sujetos indios

  • 7 La ciudadanía no supuso hasta ahora en ningún país el goce de plenos derechos para toda la poblaci (...)
  • 8 Sobre la diferencia entre ciudadanos y sujetos y la relación entre poder de la ley, como parte del (...)
  • 9 G. Batalla Bonfil. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, en A (...)
  • 10 Retomo la noción clasificatoria de blanco-mestiza para designar a la población que no se considera (...)

10Este aparato jurídico desaparece luego de 1857, con la abolición legal y económica de la figura del “indio tributario” (ver la primera parte del cuadro que viene). Es un hecho que conlleva dos consecuencias: extiende en principio la igualdad ciudadana a todos “los ecuatorianos”, sin distinciones de raza, historia o cultura;7 sin embargo, la formación de la ciudadanía en el Ecuador recorta de facto una contrafigura tácita, no definida en el cuerpo legal, pero no por ello menos vigente en la práctica: los indígenas pasan del rango de tributarios neocoloniales (1830-1857) a una figura reciente, la de sujetos-indios8 del estado nación. O sea, pasan a un estatuto (político, económico, simbólico) propio de una población que deambula en un espacio de ambigüedades en cuanto a sus derechos legales frente al estado y la sociedad nacionales: sin la posibilidad de elegir o ser elegidos (exclusión del ejercicio de la soberanía), quedan excluidos de los cargos estatales por no ser hispano parlantes; poseen territorios étnicos (las parcialidades) que son a la vez desconocidos y reconocidos legalmente como “terrenos baldíos de comunidad” (ley de 1868); su libre circulación depende del acceso a los caminos que permiten las haciendas; sus autoridades, instituciones de gobierno, fueros, lengua, rituales, creencias son a lo sumo toleradas, pero nunca legalizadas y legitimadas. En resumidas cuentas, la condición y situación social de población colonizada (es lo que define a la categoría “indio”)9 se prolonga en la construcción de la forma ciudadana en el Ecuador. Como si fuera un desdoblamiento de la misma forma política, que ya no define quiénes gozan de derechos, al ser reconocidos como miembros del estado nación, sino quiénes son desconocidos y, por ende, pasan a constituir una población con derechos omitidos, sometida a obligaciones de indios, a imposiciones jamás estatuidas en la letra del Diario Oficial, pero claramente conocidas y ejecutadas por consensos implícitos y la legitimidad silenciosa de la costumbre, por el ejercicio de prácticas neo-coloniales de dominación dispuestas en el mundo de la vida de los ciudadanos blanco-mestizos.10

Condición jurídico-política de los indígenas 1830-1990

Condición jurídico-política de los indígenas 1830-1990

11Surge una flamante configuración de administración étnica a fuerza de medidas pragmáticas establecidas en leyes que nunca mencionan a los sujetos-indios y que integran un cuerpo legal de traspatio, difuminado en las circulares o informaciones de los ministros dirigidas a funcionarios subalternos, los decretos de las gobernaciones provinciales, las ordenanzas municipales, los reglamentos cantonales de policía, etc.

  • 11 Me refiero a lo que P. Bourdieu define como “estructura de habitus” y “esquema de percepciones men (...)

12Entonces, la pregunta de cómo administrar, dentro de la ordenación del estado de los libres e iguales ciudadanos, a una población de sujetos, sin llegar a redefinir un nuevo aparato indigenista (una república de indios renovada), obtuvo una respuesta que fluyó por los cauces de lo implícito: al retirarse y desentenderse el estado central, la administración de los indígenas quedó relegada a la mano invisible del sentido práctico, al enraizado trato cotidiano, al dominio de lo privado entre la casta criolla y los indígenas; en síntesis, a aquella cara oscura de comportamientos interétnicos sacados de un “fondo intuitivamente sabido” (actos de habla y, añado, gestos) “que permanecen implícitos y atemáticos, como algo presupuesto de forma completamente aproblemática” (Habermas).11

  • 12 “Hasta muy reciente fecha en el Ecuador, tanto el gobierno nacional cuanto el local se contentaban (...)

13La instancia, el locus de delegación12 de la administración étnica, no es una institución única ni tampoco la articulación centralizada de varias, sino una heterogénea y no coordinada, menos aún centralizada, formación de poder que mezcla lo público y lo privado: el poder local, un lugar de estrategias que persiguen los intereses inmediatos del trato cotidiano. Me detengo, de manera muy sintética y en lo que corresponde al tema, en esta formación que, a flor de la cotidianidad, ha tenido vigencia como modalidad de administración étnica durante más de un siglo y que funcionó con gran maleabilidad y resistencia como una suerte de “infraestructura”, un gozne entre la diversidad de las estructuras sociales regionales y un lejano estado central.

14Una vez borrado del papel y de la memoria estatal el estatuto jurídico colonial de “tributarios” y desmontado el cuerpo de funcionarios de recaudación, el sistema de empadronamiento de indio por indio, el cuerpo legal, las autoridades étnicas, el reconocimiento de las comunidades, los rituales de cobranza, etc., el estado nacional adoptó al menos dos medidas concomitantes.

  • 13 Datos sobre este proceso en mi trabajo. “Curagas y tenientes políticos: la ley de la costrumbre y (...)

15Por una parte, densificó el organigrama de recortes administrativos y territoriales menores (los cantones y las parroquias civiles) y, al hacerlo, también densificó la malla de funcionarios jurídico-policiales (jefes y tenientes políticos) y las instancias municipales (concejos cantonales) por unidad de espacio y de población indígena.13

  • 14 Luego de 1878 se reglamentan las relaciones laborales con los conciertos y los peones sueltos o li (...)

16Por otro lado, esquivó la reglamentación y control de las relaciones laborales,14 mercantiles, productivas, reproductivas y rituales, es decir, de los lazos entre los ciudadanos blanco-mestizos y los sujetos indígenas. Al hacerlo, relegó y delegó de facto la administración étnica al ámbito de lo privado y doméstico, la desplazó hacia la cotidianidad (...).

  • 15 A. Guerero, op. cit.

17La primera medida condujo a que los funcionarios estatales locales (jefes y tenientes políticos) asumieran el ejercicio de la administración étnica y fundieran intereses propios con tareas estatales: reclutan trabajadores para las obras estatales y personales por intermedio de los caciques de las comunidades, intervienen en el nombramiento de autoridades y en los conflictos intracomunales (de tierras y convivencia social). Son funcionarios que viven del negocio que permite el cargo.15 Al mismo tiempo, el estado endilgó a las municipalidades cantonales el cobro y disposición de los reclutamientos de indígenas para la apertura de caminos vecinales (la llamada “contribución subsidiaria”), con lo cual otorgó a las municipalidades, sin decirlo, una territorialidad sobre las parcialidades indígenas del recorte administrativo.

  • 16 Padrón de tributarios de 1884-1885. en U. Oberem y S. Moreno, Contribución a la etnohistória ecuat (...)

18-Otorgó a los hacendados y a los propietarios agrarios, en general, la administración de “sus” conciertos que ya no eran empadronados y supeditados al estado en calidad de tributarios. Delegación que concernía a una población en muchas regiones predominante.16 Además, dadas las relaciones simbióticas entre haciendas y comunidades éste era un poder que sobrepasaba los límites de la directa territorialidad de las propiedades agrarias, llegando hasta las comunidades indígenas “libres” en los confines de las tierras de hacienda.

19-La Iglesia (incluyendo a las congregaciones) no solamente recibió una delegación administrativa homóloga, en tanto que hacendada, sino que los curas locales siguieron recaudando diezmos y primicias con el aparato de intermediarios que ya tenían, y siguieron ejerciendo la presidencia en el dominio cultural-ritual de las parcialidades.

20La gente blanca de pueblo que vivía de vínculos de reciprocidad desigual (jerarquías simbólicas e identidades étnicas, parentescos rituales, aparcerías, intermediaciones frente a los demás poderes, comercio, etc.), una filigrana neocolonial de lazos interétnicos, también administraba sujetos-indios en sus casas, chacras y tráficos.

3. La lenta degradación de la administración étnica

  • 17 Decreto del 14 de abril de 1899.
  • 18 La formación del poder local, en el sentido que aquí le doy, no siguió un proceso lineal. Así, dur (...)
  • 19 La continuidad de la administración étnica local está agudamente descrita por Moisés Sáenz, Sobre (...)

21El estado de la Revolución Liberal (1895) no eliminó ni substituyó al poder local como administrador étnico. Menos aún pretendió suprimir la división de facto entre ciudadanos-blancos y sujetos-indios. Su mayor intento17 lo concentró en vigorizar, “laicizar” (en el sentido de imponer una racionalidad burocrática), desprivatizar las funciones de los representantes locales (jefes y tenientes políticos) e intercalarlos entre el estado y dos de los poderes: los hacendados y la iglesia.18 Por los documentos que he podido consultar, el intento no pervivió al último gobierno del Gral. Alfaro (1913). Las autoridades locales retornaron a sus alianzas, entre sometidas y confabuladas, con los hacendados, es decir, con la cúspide del poliedro. La segunda medida tuvo, sin duda alguna, mayor alcance, pues socavó uno de los puntales del poder de la iglesia: la ley de manos muertas estatizó las haciendas de las congregaciones religiosas, los más grandes terratenientes del país. Como veremos, la FEI concentrará, cuatro décadas después, su mayor impulso organizativo en estas haciendas devenidas propiedad de instituciones estatales.19

  • 20 Ver el estudio de la Universidad de Cornell sobre Colta, 1966 (policopiado).
  • 21 E. Archetti, “Burguesía rural y campesinado en la sierra ecuatoriana”, en Campesinado y estructura (...)

22El sistema de administración étnica, la delegación al poder local, continuó vigente hasta la Reforma Agraria pero, luego de la década de 1940, entró en un proceso de lenta e inexorable degradación, inducida por múltiples factores que me limito a enumerar: a partir del año 1925 (con la Revolución Juliana) el estado central consigue una mayor independencia frente a las clases dominantes e incrementa su capacidad de intervención; la extensión de la red vial, en particular en la década de 1950-60, desestancó muchas regiones e hizo más accesible y directas las comunicaciones de los agentes sociales (ciudadanos y sujetos-indios) con el estado central, la intervención de organismos políticos (partidos, clientelas y caudillos) y la acción misma del estado a nivel local; comienzan fuertes desplazamientos migratorios de indígenas y blancos de la sierra hacia la costa; la clase terrateniente pierde su potencialidad de manejar poder (nacional) con el surgimiento, desde 1930, de una burguesía comercial e industrial serrana; las clases medias urbanas intervienen en la escena política, fundan primero el partido socialista, luego el comunista y surge un fenómeno proto populista; a fines de la década 1950 y comienzos de la de 1960 una inquietud agraria estalla en conflictos que estremecen la sierra; aparatos desarrollistas internacionales (Misión Andina en particular) intervienen en diferentes regionales rompiendo el cerco administrativo de los indígenas por los componentes del poder local.20 Hay un desarrollo de una pequeña propiedad campesina mercantil, etc.21

  • 22 Ver mi discusión con O. Barsky y M. Murmis en A. Guerrero, Hacienda, capital y lucha de clases and (...)

23Para el momento de la manifestación de huasipungueros en Quito, en diciembre de 1961, la administración étnica por delegación de poder se hallaba, a mi parecer, resquebrajada: carcomida por sus cuatro costados, era apuntalada por sus mayores interesados, los hacendados, que anticipaban en el horizonte político (por presión nacional e internacional) los nubarrones de una restructuración agraria.22

4. La FEI un intento de deslocalizar y desprivatizar los conflictos agrarios-indígenas

  • 23 Para D. Poole el gamonalismo retiene los conflictos en su ámbito de poder regional. Una de las “re (...)

24Por una parte, la delegación, por el estado central, de la administración étnica y, por otra, la ubicación en un locus bajo de gravedad del poder, tuvo una consecuencia de doble cara: creó una instancia regional de cercamiento, amortiguación, negociación y ejecución de la represión de los conflictos étnico-agrarios, al mismo tiempo que evitó la irrupción de los conflictos étnicos en la escena política central.23

  • 24 Sobre las prácticas de retener los conflictos a nivel local durante el proceso de reforma agraria, (...)

25En primer lugar, los conflictos sociales y étnicos son, salvo excepción, sofocados en el marco institucional de la reciprocidad desigual y la justicia de patio de hacienda. Si de todas maneras consiguen transcender sus confines, interviene un tinglado de alianzas y clientelas locales con los funcionarios estatales y religiosos para apaciguar, mediar, reprimir y, por último, impedir que desborden el encasillamiento regional o, a lo sumo, provincial.24 Es un poder que funciona a la imagen de una compartimentación náutica: un conjunto de poderes idealmente estancos, encastrados y sucesivos, desde el nivel inferior (la hacienda) hasta el superior (la provincia), pasando por el regional (la parroquia y el cantón), que en cada nivel intentan detener (quiero decir, resolver, diluir o reprimir), los conflictos agrarios.

  • 25 Me refiero a los momentos de ruptura de la legitimidad del poder como los estudiados por H.P. Thom (...)
  • 26 O. Albornoz. Las luchas indígenas en el Ecuador, ed. Claridad. Quito 1971: J. Icaza. Huasipungo. Q (...)

26En segundo lugar, esta formación de poder deja solamente campo a dos procesos alternativos: primero, la resistencia cotidiana y, cuando rompe el marco institucional,25 la violencia abierta: el levantamiento.26 En ambos casos, los conflictos no calzan en ninguna de las hormas de institucionalidad y de las expresiones políticas estatales, al punto que, por lo general, quedan como informaciones conocidas de boca a oreja, sin alcanzar divulgación en la prensa, el rango de noticia que alcanzan las expresiones público-políticas: como consecuencia de la división entre ciudadanos y sujetos-indios, permanecen adheridos a la esfera de lo privado, de los hechos sociales que no irrumpen en el escenario público.

a) La mediación ciudadana de los sujetos-indios

  • 27 He sumprimido en este texto varias secciones. El trabajo íntegro será publicado posteriormente.
  • 28 Para la primera situación, remito al lector a la recopilación de entrevistas a ex-huasi-pungueros (...)

27¿Cuál era el papel de la FEI en el sistema de administración étnica? Mi interpretación aquí es que, por una parte, la FEI se constituye en una suerte de aparato indigenista no estatal; preciso, en un organismo de mediación, de expresión y traducción (una ventriloquia política) de sujetos sociales, los indios, carentes de reconocimiento (legalidad y legitimidad) y, por ende, de discurso reconocido y acceso directo al sistema político. Tampoco buscó erigir a los huasipungueros en ciudadanos étnicos. Por otro lado, la federación intentó desprivatizar y deslocalizar los conflictos agrarios, expulsarlos fuera de lo regional y llegar a los centros de decisión del estado nacional (parlamento, presidente, ministros, etc.). Por último, al intervenir como un organismo indigenista, como una institución externa de ciudadanos-blancos que asume la mediación de sujetos indios, reproduce aquellos qui pro cuos inherentes al estado en su trato con sujetos coloniales: una población sin derechos reconocidos en el sistema jurídico y político del estado nación, cuya realidad aparece en recovecos de terceros intereses, en lenguajes dobles, en visiones deformadas de sí y de los otros. Para explicar el papel de la FEI resumo27 al límite la hebra paradigmática de dos situaciones en dos momentos distintos: la primera, la experiencia del conflicto de los huasipungueros en las haciendas del estado en la región de Cayambe-Olmedo, un conflicto de largo plazo, en el bastión de la FEI; la segunda, mi experiencia personal en los recorridos que efectué en los años 1976 y 1977 con dirigentes blanco-mestizos de la federación en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo cuando visitaban lugares de conflicto.28

28-La FEI estableció un engarce organizativo con las comunidades huasipungueras de hacienda. Por debajo del discurso de la creación de sindicatos campesinos, intuitiva y pragmáticamente enlazó con las formas organizativas pre-existentes en las haciendas por intermedio de los dirigentes –los cabecillas– de las comunidades huasipungo, se apoyó e utilizó el denso tejido de solidaridades interdomésticas, los canales de comunicación, de movilización y el universo simbólico comunales. De esta manera la resistencia comunal dejó de ser un espacio silencioso de conflicto y negociación, traspasó las barreras del poder local (era el objetivo) y empalmó con una institución mediadora, la Federación Ecuatoriana de Indios, compuesta por ciudadanos con tienda instalada en la escena política nacional, el Partido Comunista del Ecuador.

29La estrategia de la FEI (ya formulada antes de su creación como tal) tenía dos puntas: por un lado, impulsar el cumplimiento de leyes laborales y, por otro, llevar los conflictos huasipungueros al centro del estado y la escena política nacional. Es decir, provocó un cortocircuito en la delegación de la administración étnica local y en su capacidad de amortiguar y retener los conflictos en el escalón regional, lugar de control patronal incontrovertible, y abrió una brecha de expresión política para sujetos-indios carentes de reconocimiento político-jurídico por la vía de asumir un papel mediador de indios.

  • 29 J. León. Las organizaciones indígenas: igualdad y diferencia. La afirmación de los conquistadores, (...)

30Esta estrategia, que resultó exitosa para exigir la reforma agraria a comienzos de los años 1960 y, sobre todo, impulsar que la letra se cumpla en la década siguiente, fue totalmente descolocada por la modernización del estado en la segunda mitad de los años 1970 y por el surgimiento de organizaciones indígenas.29

  • 30 W.R. Brunaker. “Inmigration. Citizenship. and the Nation-State in France and Ger-many: A Comparati (...)
  • 31 Una de las razones para el trabajo político con los huasipungueros fue que eran trabajadores semi- (...)

31-La ciudadanía, como definición de los vínculos entre los individuos y el estado nación, es una formación histórica que adopta perfiles y contenidos distintos –en cuanto a tipo de derechos, su extensión y momentos– según los procesos y premisas históricas de su construcción;30 en el Ecuador tomó el atajo de una negación de derechos étnicos de una cuantiosa población y creó la noción –tácita– de sujetos-indos, reminiscencia del origen colonial del estado y de la sociedad civil criolla. En este contexto estructural, la FEI asumió una función de “traducir” las formas de lucha y las reivindicaciones de los comuneros indígenas de las haciendas, de los sujetos-huasipungueros, al orden simbólico de la ciudadanía: a conceptos de derechos de clase, como trabajadores semi-proletarios agrícolas,31 no como ciudadanos-étnicos, como pueblos que exigen un reconocimiento colectivo en sus vínculos con el estado.

5. El levantamiento de 1990: ¿de sujetos-indios a ciudadanos-étnicos?

32Intento destacar, a guisa de conclusión un tanto abrupta por la falta de espacio, los tintes entre el sistema de administración de los sujetos-indios vigente hasta fines de los años 1960 y la problemática actual de la “cuestión étnica” formulada por el levantamiento indígena de 1990.

33a) La desintegración del poder local, de esta elástica formación encargada de la administración semiprivada de la población indígena, generó un vacío de poder en las regiones, sobre todo a nivel de los recortes territoriales cantonales y parroquiales (ver cuadro). Los patrones de hacienda hoy en día ya no gobiernan sujetos-indios en sus empresas agrícolas, sino más bien, como eficientes capitalistas, gerencian una fuerza de trabajo asalariada. Tampoco pervive aquella nebulosa de poder (hacienda, iglesia, funcionarios estatales, vínculos privados interétnicos) cuyo ápice monopolizaban. Las relaciones en los pueblos entre blanco-mestizos e indígenas se han laicizado por muchos costados; además, ya no quedan circunscritas al ámbito privado-cotidiano ni cercadas en lo regional. Cuando existen, porque en muchos pueblos han desaparecido, las relaciones interétnicas económicas y simbólicas se asemejan cada vez más a simples vínculos contractuales –de ahí la laicización– laborales o mercantiles anónimos.

  • 32 El más obvio de estos aparatos, encargado de crear un modelo de vinculación entre estado desarroll (...)

34Simultánea a la desintegración de esta “infraestructura” estatal que funcionaba como gozne entre el estado central y la población indígena, empujado por la modernización petrolera del país, el estado fundó aparatos de desarrollo que tuvieron el efecto, entre otros, de interpelar y convocar a los indígenas ya no en términos de sujetos-indios, es decir, de masa de población sometida a vínculos neocoloniales que exige un sistema de administración, sino como agentes de producción,32 como campesinos.

35Esta situación tuvo una repercusión palpable en las últimas décadas: la población indígena se autonomizó. Los comuneros “libres”, ex-huasipungueros cooperativistas, campesinos indígenas e indígenas urbanos reafirmaron su identidad (cuando no la inventaron, como los indígenas urbanos) y establecieron, por primera vez, una interlocución directa con el estado. Afirmación que abarca al menos dos aspectos: implicó un reflujo de la población y del poder blanco-mestizo en el campo y en los pueblos, al mismo tiempo que hubo un proceso de organización indígena. El espacio de poder abandonado en las parroquias y cantones serranos al desintegrarse la administración étnica local fue rápidamente copado de varias maneras y en varios “campos” (económico, político, simbólico) de estrategias. Las comunidades indígenas y sus cabildos reinventaron las grandes fiestas que antes presidían los hacendados; fortalecieron y ampliaron los territorios comunales empujando sus confines hacia tierras de hacienda parceladas o recuperadas en endémicas luchas; surgieron agrupaciones de “segundo nivel” que reúnen a los cabildos en las parroquias y en los cantones; las federaciones regionales y organismos nacionales (Ecuarunari, Confeniae, Conaie) abrieron oficinas propias en Quito, en la ciudad capital, la sede del estado central, la cúspide del sistema poder, la plaza pública y nacional de la política. Recalco que el acto de abrir una oficina sobrepasa la mera funcionalidad de una presencia política supra regional, amaga un desafío simbólico a los poderes del estado nación. Así, por ejemplo, la CONFENIAE instaló al principio su local en un edificio moderno frente al parlamento ecuatoriano.

  • 33 B. Muratorio. “Nationalism and Ethnicity: Images of Ecuadorian Indians and the Imagemakers at the (...)
  • 34 A. Moncayo A.. “El concertaje de indios”, en Pensamiento agrario ecuatoriano, BCE-CEN. Quito 1986. (...)

36b) El levantamiento indígena puso en evidencia uno de aquellos procesos refundidos en lo obvio, un recóndito componente de la formación histórica ecutoriana: la construcción decimonónica y liberal del sujeto-indio como contraimagen y proyecto de la ciudadanía blanco-mestiza, reinvención del indio en la imaginación republicana liberal33 como “otro” pasivo y animalizado que hay que liberar para que, una vez modificado “el carácter peculiar de indio” –expresión de un teórico de la revolución liberal– 34alcance la ciudadanía ecuatoriana, dentro del modelo evolucionista y darwinista blanco-mestizo. El movimiento masivo de los indígenas desvaneció aquella imagen mental, parte constitutiva del sistema político, y terminó el proceso de desintegración en la figura de los sujetos-indios, iniciado en las últimas décadas por varios costados (el estado desarrollista, la reforma agraria, las migraciones, las organizaciones indígenas, etc.). Se desintegró, entonces, aquel calco de la ciudadanía ecuatoriana proyectada en una segunda escena político-jurídica (una suerte de yanantín jerarquizado, en buena tradición andina) desprovista de reconocimientos, sin legalidad ni legitimidad, que requiere mediadores políticos. En síntesis, creó un hecho político: puso en causa el modelo, el sistema jurídico-político, el proceso de formación y la propuesta de la ciudadanía elaborados desde el estado nacional y la sociedad civil blanco-mestiza.

37c) Los cambios fueron sustanciales. La articulación entre la población indígena y el sistema político-estado es ya totalmente distinta hoy en día de lo que era en el pasado. Sea cuales fueren los resultados a corto plazo del conflicto étnico en el Ecuador, el cambio ya se produjo.

  • 35 Hablo de esa organización por su carácter paradigmático, sin negar la existencia de otras organiza (...)
  • 36 Ver “el significado del levantamiento” “como una forma de contestación que hace el movimiento indí (...)
  • 37 Sobre las negociaciones ver los diarios Hoy y El Comercio de Quito.

38La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador35 no reemplaza a un aparato de mediación al estilo y con las funciones de la FEI, o sea, un organismo indigenista que ventriluoque, en términos de una ciudadanía blanco-mestiza hispano-parlante, las reivindicaciones de la población indígena en la plaza política nacional. En resumidas cuentas, las organizaciones indígenas no son aparatos indigenistas mediadores de sujetos políticos neocoloniales. Lo demuestra el hecho en sí de convocar, organizar y sostener un gran movimiento de masas autonomizado de los partidos políticos y los sindicatos. El movimiento creó un nuevo agente social, eslabonó e impulsó demandas antes impensables e indecibles por falta de discurso: una reinterpretación de la historia desde el punto de vista indígena, articulada a exigencias de autonomía, autogobierno y autodeterminación. Las masas indígenas abandonaron los entresijos de la historia nacional y desbrozaron un espacio de nuevas prácticas de lucha: el levantamiento nacional y, luego, los levantamientos regionales;36 forzaron al estado a una práctica política imprevista, cargada de simbolismos recién forjados y de connotación expansiva en el sistema político: me refiero al llamado “diálogo”, a la negociación directa entre ciudadanos distintos que exigen un reconocimiento colectivo-étnico (como pueblos) y la cúpula del gobierno de los ciudadanos blanco-mestizos. Tenemos así a los dirigentes de las organizaciones indígenas serranas y amazónicas sentados en la mesa de negociación, en el palacio Carondelet, con el ministro de gobierno en la cabecera y los ministros, secretarios de estado, directores y gerentes estatales37 a sus costados.

  • 38 Sobre la evolución de las propuestas de estado nación, ciudadanía y nacionalidad, desde la Revoluc (...)
  • 39 A. M. Paredes. “La ley de comunas y el estatuto jurídico campesino del Ecuador”, en Pensamiento So (...)
  • 40 F. Romero. Levantamiento indígena: tierra y precios, CEDIS. Quito, 1990. Comisión por la Defensa d (...)

39Ahora, luego del levantamiento y del ensamblaje de un primer discurso indígena propio y reconocido, traslucen las cuarteaduras en la arquitectura básica de aquella utopía decimonónica tardía de nacionalismo estatal:38 el estado de una población recinchada con una lengua única, una cultura homogénea y por una historia común inventada. En el Ecuador, como en los demás países andinos, la construcción nacional es un proyecto reclinado en los contrafuertes de relaciones necoloniales y de prácticas etnocidas. En palabras de uno de los precursores de la sociología ecuatoriana que ocupó altas funciones gubernamentales en los años 1930, el proyecto del estado nacional era “obtener el tipo de indio que nos conviene39 para, luego, lograr una aculturización en el sentido mestizo y de progreso nacional, proyecto que hasta hoy en día late en las políticas culturales, como la política de alfabetización en castellano (1989), la obligatoriedad de vestir uniformes comunes en todo el país para los escolares (1990), el servicio militar que inculca un sentimiento de odio nacionalista frente al Perú, el desconocimiento legal y la ilegitimación de las lenguas, culturas, leyes y formas políticas étnicas, la casi total exclusión de los indígenas de los cargos públicos y de los partidos políticos y, más sutil, la discriminación, acentuada por la crisis económica, que deslinda hoy en día a los indígenas como masa pauperizada de la población.40

40En su médula, las exigencias de las organizaciones indígenas implican una reforma radical del estado nación, como lo expresa por primera vez con pluma propia un indígena, el Dr. Luis Macas, Presidente de la CONAIE:

  • 41 Dr. L. Macas. El levantamiento indígena visto por sus protagonistas, Amauta Rupacunapac Yachai-Ins (...)

“Asimismo, nuestra demanda contempla el pedido de reforma al Art. 1167 de la Constitución Política del Estado, reconociendo el país como Estado Plurinacional, ya que consideramos que nos identificamos como nacionalidades indígenas que formamos parte de un Estado Plurinacional. Para esta reforma será necesario (...) modificar y crear un nuevo marco jurídico legal y político que contemple nuestros derechos... La reforma a la constitución conllevaría a la modificación del carácter del Estado...” (subrayados míos).41

41En mi opinión, la pregunta que queda pendiente es en qué medida el estado nacional ecuatoriano, en su proyecto y realidad, puede incluir una reformulación tan de fondo de su formación. Una reformulación centrada en el reconocimiento de una ciudadanía-étnica o plurinacional si se prefiere: la creación de un vínculo inédito de derechos y obligaciones entre el estado nación y los pueblos indígenas.

42Quito, agosto de 1990

Notes

1 A. Guerrero. Hacienda, capital y lucha de clases andina, Editorial El Conejo. Quito. 1983.

2 Congreso nacional de la CONAIE, Pujilí, abril 1991.

3 R. Baraona, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola en el Ecuador, OEA-CIDA, Washington 1966.

4 Un primer trabajo sobre esta temática es mi artículo: “Curagas y tenientes políticos: la ley de la costumbre y la ley del estado”, en Revista Andina, año 7. N° 2,1989 (pp. 321-366); en versión francesa. Annales, E.S.C., 1992. Ver también el capítulo II de mi libro La semántica de la dominación: el concertaje de indios, Editorial Libri Mundi, Quito, 1991.

5 Las mujeres blancas, los menores de edad y. mientras existió el sufragio censitario, los hombres adultos pobres eran todos ciudadanos que, permanente o transitoriamente, no gozaban de todos los derechos.

6 El Libertador S. Bolívar y A. Flores estuvieron plenamente conscientes de la contradicción que esto suponía al fundar un sistema político de ciudadanos, que seguía de cerca los modelos francés y norteamericano, manteniendo el corte colonial entre blancos ciudadanos e indios-tributarios. A. Costales y P. Peñaherrera. Historia social del Ecuador, T. III: “Recopilación de leyes sobre indígenas de 1830”. en Llacta, VI. XVII. 1964.

7 La ciudadanía no supuso hasta ahora en ningún país el goce de plenos derechos para toda la población de un estado nación: hay grupos sociales que históricamente, por alguna justificación aferrada a una arbitraria característica económica, social, simbólica o biológica (de género o raza), fueron excluidos de ciertos derechos. El ejemplo más flagrante son las mujeres que según los países y las épocas carecen o carecían de plenos derechos económicos, políticos y culturales. También es el caso, en el período censitario, de la población masculina de escasos recursos; o los extranjeros “naturalizados”. En Gran Bretaña se reconocen al menos tres tipos de ciudadanos: británicos, de ultramar y asociados, con diferentes derechos, con el objetivo de discriminar a la población proveniente de las ex-colonias.

8 Sobre la diferencia entre ciudadanos y sujetos y la relación entre poder de la ley, como parte del ejercicio de la soberanía, y el poder de la reglamentación, inherente a la administración de poblaciones excluidas: E. Balibar, “¿Sujets ou citovens?”, en Les Temps Modernes. N° 452-454, mars-avril-mai 1984, pp. 1740-53.

9 G. Batalla Bonfil. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”, en Anales de Antropología, vol. IX, México 1972. pp. 105-124.

10 Retomo la noción clasificatoria de blanco-mestiza para designar a la población que no se considera india y clasifica a los otros como tales. Enraizada en la experiencia cotidiana, la noción de indios, al establecer a la vez una barrera y un espejo de identidades, un nosotros distinto de los otros y una escala de jerarquías, define implícitamente una contraparte binaria: el blanco-mestizo.

11 Me refiero a lo que P. Bourdieu define como “estructura de habitus” y “esquema de percepciones mentales” (La théorie de la pratique, Droz, Genève, 1972) o, también, lo que Habermas define como “mundo de vida” (“Acciones, actos de habla, interacciones lingüísticamente mediadas y mundo de vida”, en El pensamiento postmetafisico. Tauros Humanidades, Madrid, 1990, p. 94 y pp. 87-106).

12 “Hasta muy reciente fecha en el Ecuador, tanto el gobierno nacional cuanto el local se contentaban con delegar el manejo de los poblamientos indios en el cura, el hacendado y el teniente político”; J. Casagrande y A. R. Piper. “La transformación estructural de una parroquia rural en la tierras altas del Ecuador”, en América Indígena, vol. XXIX. N° 4. oct. 1969. p. 1043.

13 Datos sobre este proceso en mi trabajo. “Curagas y tenientes políticos: la ley de la costrumbre y la ley del estado (Otavalo 1830-1875)”. op. cit.

14 Luego de 1878 se reglamentan las relaciones laborales con los conciertos y los peones sueltos o libres.

15 A. Guerero, op. cit.

16 Padrón de tributarios de 1884-1885. en U. Oberem y S. Moreno, Contribución a la etnohistória ecuatoriana, Col. Pendoneros IOA. 1981. pp. 347-349.

17 Decreto del 14 de abril de 1899.

18 La formación del poder local, en el sentido que aquí le doy, no siguió un proceso lineal. Así, durante el gobierno de García Moreno (grosso modo 1865-1875) hubo un intento del estado central por readministrar directamente, por sus propios funcionarios, a los indígenas (comuneros, conciertos y de pueblo) como trabajadores de obras públicas. Sobre el intento de introducir a los tenientes políticos en las haciendas (ver el capítulo II de mi trabajo La semántica de la dominación..., op. cit.

19 La continuidad de la administración étnica local está agudamente descrita por Moisés Sáenz, Sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional (SEP, México 1933). Un magnífico estudio local de una provincia poco indígena se encuentra en N. Martínez. La condición actual de la raza indígena en la provincia de Tumgurahua (Instituto L.A. Martínez. Ambato 1916).

20 Ver el estudio de la Universidad de Cornell sobre Colta, 1966 (policopiado).

21 E. Archetti, “Burguesía rural y campesinado en la sierra ecuatoriana”, en Campesinado y estructuras agrarias en América Latina, CEPLAES, Quito 1981, pp. 29-322.

22 Ver mi discusión con O. Barsky y M. Murmis en A. Guerrero, Hacienda, capital y lucha de clases andina, op. cit; O. Barsku. La reforma agraria ecuatoriana, CEN, Quito, 1984; una evaluación de esta discusión en L. Zamosc, “Luchas campesinas y reforma agraria: un análisis de la sierra ecuatoriana y la costa Atlántica colombiana”, en Agricultura y Sociedad, jul.-sept. 1990, Madrid.

23 Para D. Poole el gamonalismo retiene los conflictos en su ámbito de poder regional. Una de las “rebeliones” pueblerinas que estudia alcanza la prefectura del Cusco sólo en y por los papeles de un juicio (“El folklore de la violencia en una provincia alta de Cusco”, en H. Urbano. Poder y violencia en los Andes, col. Debates Andinos N° 18. CBC. Cusco 1991. pp. 211-223. Véase también M. Manrique. “Gamonalismo, lanas y violencia en los Andes”, en idem.. Baraona. op. cit., y las novelas de J. M. Arguedas, Jorge Icaza. Clorinda Matto de Turnen Ciro Alegría, etc.

24 Sobre las prácticas de retener los conflictos a nivel local durante el proceso de reforma agraria, ver Paola Silva. Sobrevivencia y disolución de un sector terrateniente serrano: el caso de la provincia de Chimborazo (1940-1979). tesis. FLACSO, Quito 1980.

25 Me refiero a los momentos de ruptura de la legitimidad del poder como los estudiados por H.P. Thompson, “La economía moral de la multitud en Inglaterra del siglo xviii”. en Tradición, revuelta y conciencia de clase, ed. Crítica, Madrid. 1984.

26 O. Albornoz. Las luchas indígenas en el Ecuador, ed. Claridad. Quito 1971: J. Icaza. Huasipungo. Quito; Nela Martínez. Los quandos. ed. El Conejo. Quito 1982.

27 He sumprimido en este texto varias secciones. El trabajo íntegro será publicado posteriormente.

28 Para la primera situación, remito al lector a la recopilación de entrevistas a ex-huasi-pungueros de la hacienda Pesillo por Yánez del Pozo. op.cit.; sobre la organización y el conflicto en esta hacienda cayambeña. M. Prieto. Condicionamientos de la movilización campesina: el caso de las haciendas Olmedo/Cayambe (1926-1948), tesis de licenciatura. PUCE. Quito 1978. M. Crespi. “Mujeres campesinas como líderes sindicales y la falta de propiedad como calificación para puestos públicos”, en Estudios Andinos, Año 5, vol. V, N° 1, Lima 1976. Además retomo información de entrevistas que realicé durante un trabajo de campo en 1976 y posteriores visitas en 1977 y 1978 (inéditas).

29 J. León. Las organizaciones indígenas: igualdad y diferencia. La afirmación de los conquistadores, en Indios, ILDIS. Quito 1991. Con la decadencia de la FEI, otra organización, emanación de un organismo sindical (la Confederación de Organizaciones Clasistas), trató de modernizar el papel cumplido por la FEI, pero fracasó ante el surgimiento de las organizaciones étnicas.

30 W.R. Brunaker. “Inmigration. Citizenship. and the Nation-State in France and Ger-many: A Comparative Historical Analysis”. en International Sociology, vol. 5. N° 4. 1990. 370-407: M. Mann, “Ruling Class Strategies and Citizenship”, en Sociology, vol. 21, N° 3. 1987, 339-354.

31 Una de las razones para el trabajo político con los huasipungueros fue que eran trabajadores semi-proletarios. Ver el artículo de P. Saad. secretario del Partido Comunista, en La cuestión agraria y los movimientos de liberación nacional, Praga 1966.

32 El más obvio de estos aparatos, encargado de crear un modelo de vinculación entre estado desarrollista e indígenas fue el Fondo de Desarrollo Rural Marginal, administrado por el ejemplo estatal de la modernización desarrollista: el Banco Central del Ecuador.

33 B. Muratorio. “Nationalism and Ethnicity: Images of Ecuadorian Indians and the Imagemakers at the Turn of the Nineteenth Century”. Univ. of British Columbia. 1991 (inédito): A.C. Taylor. “La invención del Jívaro. Notas ethnográficas sobre un fantasma occidental”, en S. Moreno Y. (ed.). Memorias del Primer Simposio Europeo sobre Antropología del Ecuador, Ed. Abya-Yala. Quito.

34 A. Moncayo A.. “El concertaje de indios”, en Pensamiento agrario ecuatoriano, BCE-CEN. Quito 1986. p. 317.

35 Hablo de esa organización por su carácter paradigmático, sin negar la existencia de otras organizaciones como Ecuarunari, Confeniae, etc. Ver J. León. “Las organizaciones indígenas: igualdad y diferencia. La afirmación de los conquistados”, op.cit.

36 Ver “el significado del levantamiento” “como una forma de contestación que hace el movimiento indígena”, en la declaración de la Quinta Asamblea Nacional de la CONAIE. Pujilí. 25-28 de abril de 1990.

37 Sobre las negociaciones ver los diarios Hoy y El Comercio de Quito.

38 Sobre la evolución de las propuestas de estado nación, ciudadanía y nacionalidad, desde la Revolución Francesa, me baso en E. Hobsbawm. Nation and Nalionalism since 1780. Program, Myth, Reality, Cambndge University Press. 1990 (passim).

39 A. M. Paredes. “La ley de comunas y el estatuto jurídico campesino del Ecuador”, en Pensamiento Sociológico, BCE-CEN. Quito. 1981. p. 331.

40 F. Romero. Levantamiento indígena: tierra y precios, CEDIS. Quito, 1990. Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH). El levantamiento indígena y la cuestión nacional, Abya-Yala, Quito. 1990.

41 Dr. L. Macas. El levantamiento indígena visto por sus protagonistas, Amauta Rupacunapac Yachai-Instituto Científico de Culturas Indígenas. Quito 1991. p. 11.

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Auteur

CEDIME-Quito

© Institut français d’études andines, 1993

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