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Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos

 | 
Alberto Adrianzén
, 
Jean-Michel Blanquer
, 
Ricardo Calla Ortega
, 
et al.

I. Democracia y partidos políticos

2. Partidos y orden social en el Perú

Alberto Adrianzén

Texte intégral

  • 1 Luego de concluir esta ponencia Romeo Grompone publicó el trabajo en mención bajo el título: El ve (...)

1Romeo Grompone, en un trabajo no publicado aún, señala que una de las promesas incumplidas de la transición democrática en el Perú ha sido la constitución de un sistema político estable, en el cual la mayoría de los ciudadanos se sientan concernidos. Parte de ese sistema es el de los partidos políticos.1

2Como sabemos, un sistema de partidos estructuralmente consolidado es capaz de definir el centro y la naturaleza de la competencia electoral (Sartori, 1987). Asimismo genera lealtades y logra una agregación jerárquica de los distintos intereses en conflicto al representar a diversos sectores sociales. En última instancia, un sistema de partidos organiza la política al crear un espacio de intermediación institucional entre el estado y la sociedad y al integrar a sus miembros. Ello es así en la medida que “permite mediar y representar intereses sociales a través de procedimientos reconocidos como legítimos por las partes, a fin de producir decisiones políticas” (Smulovitz, 1987).

3Pero para que ello funcione o exista tanto el gobierno como la oposición deben estar sujetos a reglas de algún tipo sobre el consenso constitucional. Como afirma Richard Hofstadter: “Por una parte, se entiende que la oposición se dirige contra cierta política o conjunto de políticas, no contra la legitimidad del régimen constitucional en sí. La oposición se eleva por sobre disputas abiertas, renuncia a la sedición, traición, conspiración, golpe de estado, asonada y asesinato y hace una apelación pública para lograr el apoyo de un electorado más o menos libre. A su vez, el gobierno se ve constreñido a ciertas limitaciones con referencia a los métodos a utilizar para contrarrestar a la oposición; se permite la libre expresión de los puntos de vista de la oposición, tanto dentro como fuera de los salones del cuerpo parlamentario” (Hofstadter. 1986).

4Es evidente que este paradigma, si cabe el término, de un sistema de partidos políticos no existe en el país. Los partidos no definen la naturaleza de la competencia electoral: los tres últimos presidentes han ganado las elecciones sin programas conocidos. Tampoco generan lealtades constantes: como prueba tenemos las tres últimas votaciones presidenciales, en las que un mismo electorado se ha pronunciado en un sentido distinto en cada eleccción. Los partidos, asimismo, no logran una agregación jerárquica de los intereses en pugna. Por el contrario, hoy día los sectores sociales muestran un claro corporativismo en sus demandas y luchas, lo que expresa la debilidad de sus nexos sociales y la carencia de una “trama institucional capaz de convertirse en el ámbito privilegiado para los intercambios entre los actores políticos” (Smulovitz, 1987) y sociales. Por último, algunos partidos desearían que el sistema democrático estallara, mientras que otros, según sean las circunstancias políticas, acudirían a los cuarteles para propiciar un golpe de estado.

5Esta imagen, acaso desoladora, es ratificada por las encuestas de opinión pública. Una del mes de julio de 1991, realizada por la agencia IMASEN en Lima, muestra que el 88.5% de los encuestados considera que los partidos políticos no han cumplido con su función este último año. Esta opinión es reafirmada cuando, en esa misma encuesta, un 46.6% manifiesta que el Presidente Fujimori debe darle preferencia a los independientes para gobernar (sólo un 21.9% cree que debe recurrir a los partidos). Incluso, si analizamos los escenarios privilegiados donde actúan los partidos, como es el caso del Parlamento, veremos que estos se encuentran severamente cuestionados. Un mes después, en otra encuesta de la misma agencia, el 71.3% desaprueba la gestión del parlamento. En el mes de julio el nivel era aún mayor: 80.8%.

6Sin embargo, responzabilizar exclusivamente a los políticos y a los partidos sería caer en una visión unilateral y bastante simple. Es cierto que ellos también son responsables de la crisis. Como anota Carlos Franco: “como titulares del régimen democrático y del principio de representación que encarnan, resulta improbable que sólo de sus intercambios políticos surjan las decisiones y procesos que conduzcan al ensanchamiento participativo de la arena política, a la inclusión de nuevos actores en el proceso de toma de decisiones y a la universalización de la cobertura social de las reglas democráticas” (Franco, 1990). Esta dificultad se hace mayor si definimos, como lo hace este mismo autor, al régimen político como sectorial-mente urbano-moderno y socialmente excluyente.

7Las causas son otras y están referidas a variables de carácter estructural. Por lo general, cuando analizamos la dinámica y la naturaleza del sistema de partidos en un régimen democrático casi siempre lo hacemos tomando como referencia otros partidos y otros sistemas que sí funcionan establemente. Sin embargo, el problema no es sólo, como afirman algunos, que ese patrón comparativo sea una suerte de paradigma occidental. El problema radica más bien en que nos olvidamos de analizar la manera cómo surgieron esos partidos y ese sistema estable.

8No pretendo en esta ponencia desarrollar ese tipo de análisis, pero sí llamar la atención sobre algo que me parece crucial: para que un sistema político y de partidos sea estable y fuerte, se requiere de un orden global previamente constituido. Sólo así los partidos entendidos como gobierno y oposición, como diría Hofstadter, están sujetos “a reglas de algún tipo sobre el consenso constitucional”.

9Ello no significa que la crisis de los partidos y del sistema de partidos no tenga como causas, igualmente importantes, el surgimiento de nuevos actores, de nuevas demandas, la desestructuración de los diversos actores sociales, la separación creciente entre el poder político y la sociedad, la permanencia del caudillismo, el carácter del régimen político, etc., como señalan Franco (1990), Grompone (1991) y Zermeño (1989). Lo que quiero resaltar es que el sentido último de la crisis de los partidos y, por lo tanto, del sistema, en el caso peruano está en relación directa con la incapacidad de estos para fundar un nuevo orden global distinto al que vivimos o sobrevivimos, según sea el caso.

10Por eso, la política y los políticos también se encuentran en crisis. Por eso también algunos partidos se mueven entre un chato pragmatismo, “cuya lógica sigue siendo la disputa de intereses de élites” regionales y/o nacionales (Tavares, 1990), y la constitución de una nueva política y discurso orientados a la fundación de un orden alternativo. En esta perspectiva, hasta Sendero Luminoso puede ser visto como un actor político que busca construir, principalmente a través de métodos terroristas, un nuevo orden. Sobre esto volveremos más adelante.

11Ahora bien, si se acepta lo dicho hasta aquí, creo que debemos cambiar algunos de nuestros enfoques y diagnósticos políticos y proponer otros nuevos. Por motivos de espacio y brevedad sólo mencionaré los que considero más importantes:

121. El velasquismo debe ser definido como un “reformismo estatal” de naturaleza antioligárquica. Es decir como un gobierno que busca fundar un “nuevo orden”. El velasquismo no nace, como se sabe, de un “pacto social”, sino por el contrario de un acto de fuerza, esto es, de la ruptura del régimen democrático parlamentario para proponerle a la sociedad un pacto que pueda ser definido como fundante. Se plantea, por lo tanto, la posibilidad, por primera vez en este siglo, de establecer las condiciones políticas y materiales para un contrato entre el estado y la sociedad.

13En tal sentido, el velasquismo busca crear nuevas reglas y nuevas garantías de regulación de las disputas entre el capital y el trabajo (Weffort, 1990); definir de manera sustantiva a la propia democracia; redefinir las relaciones entre el campo y la ciudad, entre la nación y el sistema internacional; emancipar al campesinado mediante el fin del gamonalismo, de los terratenientes y el acceso a la propiedad de la tierra. La radicalidad del velasquismo, en este contexto, se basa no sólo en la aplicación de un conjunto de reformas que afectan a determinados grupos tradicionales, sino también en que intenta fundar un nuevo orden. El fracaso del velasquismo fue por eso una frustración múltiple: como proceso de industrialización, como constitución de un nuevo estado, como generación de un nuevo orden global y, también, como sustento de una nueva misión de las fuerzas armadas.

142. En el último lustro de la década del setenta, la política peruana transita por un doble carril: por un lado, en las “alturas”, como proceso intenso de negociación entre las fuerzas armadas y los partidos tradicionales, y, por otro, en las calles, como lucha social del movimiento popular y de los partidos de izquierda. Para el movimiento popular se trataba de restablecer, en el contexto de la transferencia, las condiciones políticas y materiales del contrato social que el proceso velasquista había intentado llevar a cabo. Ello, sin embargo, con una variación sustancial: el restablecimiento de las condiciones del contrato o pacto debía hacerse tomando en cuenta al futuro régimen democrático; es decir, el restablecimiento no autoritario del pacto suponía un conjunto de instituciones democráticas y nuevas representaciones políticas capaces de establecer mediaciones entre el estado y la sociedad y, al mismo tiempo, capaces de legitimar el futuro régimen democrático.

15A fines de los setenta, entonces, estaban planteadas las bases para la transición, como señala Regis de Castro Andrade, de una representación simbólica, muy típica de los regímenes populistas, a otra de ciudadanía plena, lo que suponía el nacimiento de una “comunidad política”. Comunidad que está referida “no solamente a las funciones centrales del gobierno, sino a la cuestión mucho más problemática de cómo los grupos que surgen dentro de la sociedad han alcanzado una reciprocidad de derechos y obligaciones” (Bendix, s/f). Imaginar obligaciones y derechos recíprocos en el Perú supone no solamente el establecimiento pleno de la ciudadanía y el fin de los privilegios – por lo tanto, la constitución de un estado basado en el derecho y en un consenso mínimo – sino también el fin del orden oligárquico. En el país la transferencia democrática coincidía o se confundía con la construcción de un orden democrático, lo cual hacía peculiar esta transferencia si se la compara con otras de la región.

163. Debido a este fracaso en el intento de sentar las bases de un nuevo orden, en el proceso de transferencia al nuevo gobierno democrático se empieza a mostrar una diferencia significativa entre las correlaciones políticas que emergían de la sociedad, como consecuencia de los cambios operados en los años setenta, y las correlaciones políticas del propio proceso de transferencia. Dicho de otro modo, si bien los nuevos sectores se plantearon un “rechazo al pasado”, particularmente al oligárquico, ello no se expresará en el poder político. Esta contradicción se muestra, por ejemplo, en el creciente divorcio entre lo que dice la Constitución de 1979 – que recoge, legitima y legaliza una serie de demandas y derechos sociales– y la realidad cotidiana de la población peruana. Se establece así un abismo entre las normas consagradas y las conductas efectivas. Las nuevas actuaciones colectivas, en especial las de los sectores emergentes, no encuentran un espacio en las viejas instituciones, particularmente en el poder político, que son las que determinan, justamente, las conductas efectivas.

17No hay, pues, espacios políticos para legitimar el régimen democrático. Esta ausencia es aún más problemática si consideramos que la legitimidad política implica la existencia de creencias, normas y valores que están ligados a la noción de reciprocidad de sentido entre los actores políticos (Weffort, 1988). En este contexto, el poder político se oligarquiza. Los cambios de los setenta desembocan, así, en lo que ha sido una constante de nuestra historia: en un proceso de “modernización tradicionalista”. Es decir, los procesos de modernización terminan siendo subsumidos por un núcleo conservador y por una élite que se refuncionaliza con el objetivo de preservar el viejo orden. En este proceso son claves, como también lo demuestra la historia, el estado y la inserción en el mercado y en el sistema mundial. Sobre ello volveremos más adelante.

184. Estos procesos, así como otros, explican que en la década del ochenta vuelvan los fantasmas que asolaron la historia política de nuestro país luego de la crisis del treinta: el populismo aprista y el liberalismo conservador. A los que se suma el senderismo que, si bien es un nuevo actor político, viene a reemplazar al APRA de los tiempos oligárquicos en la confrontación con las FF.AA. y en la búsqueda de un orden alternativo. Por eso no es extraño tampoco que en esa misma década se desarrollen dos escenarios principales: el de la democracia política y el de la guerra. A ellos podemos sumar el escenario de las luchas sociales y reivindicativas.

195. En la década del ochenta se producirá el regreso de los perdedores. Aquellos que salieron a empujones de Palacio de Gobierno en octubre de 1968 volvían (¡que paradoja!) en olor de multitudes. El segundo belaundismo fue, pues, una suerte de restauración de un tipo de poder y, también, de un tipo de representación política al que los militares velasquistas y los grupos de izquierda en los años setenta se empeñaron en poner fin. Sin embargo, la restauración belaundista fue bastante limitada. Si bien el belaudismo devolvió los diarios a sus antiguos propietarios e introdujo algunas reformas significativas en el agro y las comunidades laborales, no logró modificar en sentido estratégico la correlación de fuerzas articulada en la década anterior.

206. El triunfo de Alan García muestra con claridad las principales demandas de la sociedad. Por un lado, el rechazo a las medidas fondomonetaristas, lo que remite necesariamente a los límites sociales de las políticas económicas y, por otro, la búsqueda de representación e integración política de importantes sectores de la sociedad. Se buscaba así constituir una comunidad política nacional que diese cabida a la mayoría de los peruanos, viejo anhelo de la década del setenta. Por ello, una condición importante era elegir un presidente de “todos los peruanos”, como García, y no uno “de los pobres”, como Barrantes, o de los ricos, como los candidatos de AP y PPC.

21No es extraño, en ese sentido, que en 1986 se dieran las bases para la renovación del liberalismo peruano a través del libro “El otro sendero” de Hernando de Soto, como tampoco que se abriera la posibilidad de un “Acuerdo Nacional” entre el APRA y la izquierda. Esto último significaba la construcción de un sistema bipartidista de gobierno entre ambas fuerzas. Es decir, tanto un sistema fuerte de partidos como una coalición política antioligárquica entre el APRA y la izquierda, expresión de la unidad de las fuerzas de los años 30 y 70 para enfrentar a los llamados partidos de la derecha. Sin embargo, la masacre de los presos senderistas en dos de los penales de Lima en junio de ese año, la derrota electoral municipal de la izquierda en Lima cinco meses después, en noviembre, y el caudillismo de Alan García hicieron inviable esa posibilidad.

22La estatización de la banca en julio de 1987 fue un intento por recomponer ese sistema de alianzas a través de una acción caudillista y populista, que significó, en el corto plazo, por carecer de una correlación política institucionalizada, el resurgimiento de la derecha y una huida hacia adelante del propio gobierno de Alan García.

23El APRA, al ocupar el espacio de la izquierda y al permitir el resurgimiento con apoyo de masas de la derecha (liberal), modificó el sistema de partidos. Este pasó a ser un sistema pluralista polarizado con una oposición bilateral (Sartori, 1986). La otra consecuencia fue la radicalización de la Izquierda Unida, lo que se expresó en una polarización política al interior de cada uno de sus partidos entre “revolucionarios” y “reformistas” y su posterior división.

24Por eso el alanismo, cuando menos en el plano de la caricatura, evocaba de alguna manera al velasquismo, pero también a la propia izquierda marxista, cuestión que la derecha liberal se encargo de recordar una y otra vez. El fracaso económico (Dornbusch y Edwards, 1990) y político del gobierno aprista fue tan grande como el narcisismo de su presidente. Se generaron así las condiciones para que se desarrollara en el país la peor crisis de nuestra historia republicana o, cuando menos, de este siglo. Si la década del ochenta, como dicen los economistas, fue una década perdida, luego del experimento aprista ese mismo período puede ser calificado también como perdido desde el punto de vista político.

257. El fracaso del belaundismo y del alanismo, así como el bloqueo, primero, y la crisis, después, de la izquierda, crean las condiciones para que tengan lugar los procesos políticos más significativos de finales de los ochenta e inicios de los noventa:

  1. la renovación intelectual e ideológica del liberalismo, que se dio por fuera de los partidos tradicionales;
  2. la consolidación del escenario de la guerra y de los actores involucrados en ella, así como el incremento de la violencia política y el narcotráfico;
  3. los límites históricos de un liberalismo renovado intelectualmente, pero cooptado por los partidos tradicionales, los estratos altos y los grupos económicos. Ello se expresó tanto en la explícita relación entre el FREDEMO y los grupos empresariales acusados por el nuevo liberalismo de “mercantilistas” o prebendalistas, como en el surgimiento de una base social justamente no liberal sino más bien profundamente conservadora, al estar teñida de racismo, clericalismo e intolerancia. El jacobinismo liberal de Mario Vargas Llosa aparecía así como exclusivista y excluyente, elementos que, en parte, explican su derrota y el triunfo de Alberto Fujimori;
  4. el cambio de sentido común en la sociedad. Se pasa en algunos sectores sociales, particularmente en los informales, del optimismo colectivo de los setenta a un optimismo individual (antiestatal y liberal) más orientado hacia el mercado. Ello porque estos sectores se desarrollan muchas veces al margen y en contra del estado, al mismo tiempo que desconfían de las organizaciones sociales como canales para lograr sus objetivos y demandas. Cabe señalar que a este nuevo optimismo se le contraponen temores e inseguridades de diversa índole, al percibirse un proceso de desintegración social, es decir, la incapacidad de fijar límites o reglas sociales a la propia sociedad;
  5. el triunfo de Cambio 90 y del Ing. Alberto Fujimori mostró la decadencia y crisis del sistema de partidos políticos (re)instaurado en la década del ochenta. La restauración llegaba así a su fin o, cuando menos, se enfrentaba (y se enfrenta) a una situación límite.
  6. la puesta en marcha de un proyecto liberal con bases de apoyo ubicadas en el mundo popular;
  7. una mayor fragmentación del movimiento popular y el agotamiento de las formas de lucha y de los marcos institucionales que le permitieron organizarse autonómamente;
  8. Las propuestas de transformación social dejaron de ser monopolio de las organizaciones de izquierda.
  9. una privatización creciente del espacio público al entrar las relaciones sociales en un estado de desorden y al perder su intensidad y capacidad de integración social. El desorden social se abre paso. En una situación así, como afirma Elster (1990), los individuos son incapaces de predecir el desarrollo y futuro de la sociedad, mientras que los lazos de solidaridad primaria se erosionan rápidamente.

Crisis, modernización, partidos y orden

26De todos los puntos señalados me interesan tres en especial. El primero es la coincidencia entre transición democrática y necesidad de un nuevo orden. El segundo es la puesta en marcha de un proceso de “modernización tradicionalista” en los ochenta, en el cual el estado y la inserción en el mercado y en el sistema mundial desempeñan un rol clave. El tercero es la privatización de lo público.

27Para desarrollar estos puntos describiré brevemente el caso chileno, para luego presentar algunas hipótesis sobre el tema que motiva esta ponencia. El caso chileno sirve como un elemento que nos permite no sólo ejercer una comparación, sino también reflexionar sobre nuestra propia realidad.

28Como sabemos, el caso chileno es bastante ilustrativo, tan es así que aparece hoy día como una suerte de paradigma o modelo a seguir. Ello, creo, no nos debe extrañar. En dicho país existe y funciona un sistema de partidos estable y fuerte. La transición democrática no puede ser pensada sin la actividad de los partidos y sin la constitución de un sistema de partidos. Incluso, podemos afirmar que en Chile los partidos han creado un espacio propio, distinto al del estado y al de la sociedad civil, en el cual legitiman sus acciones, a la clase política, así como al propio régimen democrático.

29Sin embargo, si profundizamos en el estudio del caso chileno podemos encontrar algunas características que nos son de mucha utilidad para entender nuestra realidad.

30La primera es que el nuevo sistema de partidos en Chile se construye sobre la crisis y el fin del anterior sistema de partidos, al no cumplir éste con las tareas de cohesión, integración e institucionalización de los diversos intereses en conflicto, tal como quedó demostrado en 1973. A ello hay que sumarle los cambios estructurales introducidos por la dictadura militar, que modificaron drásticamente las relaciones entre los partidos, las clases o sectores de ellas y la propia sociedad. El caso del PC chileno es bastante ilustrativo.

31La segunda es que el sistema de partidos en Chile funciona sobre un orden constituido previamente. Como muestran los trabajos de Manuel Antonio Garretón (1981) y Eugenio Tironi (1990), el régimen militar pinochetista tiene un carácter fundacional en cuanto a orden se refiere. En ese sentido, el sistema de partidos opera de manera eficiente desde el momento en que los partidos aceptan ese nuevo orden construido por el pinochetismo, tanto en el plano legal como en el político y económico. Me parece que el plebiscito de 1988 es un punto de ruptura entre el viejo y el nuevo orden, en la medida en que allí los actores políticos expresan su aceptación de este nuevo orden social. Los cambios estructurales coinciden así con la nueva racionalidad de los actores políticos. Como afirma Tironi: “La política, en definitiva, se fue adaptando progresivamente a las muchas instituciones establecidas por el régimen militar y, por esta vía, ellas se fueron legitimando y consolidando” (Tironi, 1990).

32La tercera es que el estado jugó un papel central en la constitución de ese nuevo orden. En el caso chileno, el estado se convirtió en el factor principal de modernización al crear un nuevo sistema de integración social, al consolidar un nuevo esquema de acumulación y al cristalizar un nuevo patrón de regulación entre los grupos sociales y entre estos y el estado (Tironi, 1990).

33La cuarta es que el proceso de cambios en Chile no desembocó en un proceso de “modernización tradicionalista”. Como señala este mismo autor: “... el estado autoritario chileno actuó no para reproducir o restaurar un orden social determinado, sino para impulsar persistentemente y contra toda resistencia un programa de cambios radicales que condujeron a la creación de un orden social nuevo”.

34El caso chileno muestra tanto el desarrollo de una modernización impulsada desde arriba, por el estado, como el desarrollo de una modernidad, entendida esta como racionalidad normativa, creada por el pinochetismo pero legitimada por los partidos políticos, al aceptar operar en ese nuevo orden. Ello conduce a la creación de un nuevo espacio público, en el cual el estado y la sociedad civil pueden relacionarse de manera institucional.

35Ahora bien, si aceptamos esta manera de entender el caso chileno, quedan claras las obvias diferencias con el peruano. Por motivos de brevedad sólo reseñaré las que considero más importantes:

  1. En el caso peruano coinciden el cambio de régimen político con la necesidad de un nuevo orden. Como hemos señalado, ese nuevo orden no fue posible, tanto por el fracaso del velasquismo como por la incapacidad de los nuevos actores políticos y sociales para crear una nueva institucionalidad durante la transición democrática.
  2. El proceso de cambios de la década del setenta desembocó en lo que se ha llamado una “modernización tradicionalista”. Ello aumentó la importancia del estado y la necesidad de la inserción en el sistema internacional como instrumentos de la modernización. Por eso, al entrar en crisis el estado y al marginarnos del sistema internacional, el proceso de modernización se bloqueó. El estado, sus instituciones y los partidos políticos, que antes eran los que garantizaban mínimamente la integración social, comienzan a ser fuente de desorden social. El estado no es más, como diría Touraine, el “agente voluntarista del cambio”. Por su parte, el sistema de partidos deja de ser fuente de legitimidad del régimen democrático. El estado y los partidos políticos comienzan así a ser percibidos como parte de un orden viejo, el cual requiere ser reemplazado.
  3. En este contexto, una nueva legitimidad del sistema de partidos (que permita su consolidación) se determina ya no solamente por su capacidad de definir el centro de la competencia electoral, elemento básico de un régimen democrático, sino también por las posibilidades de fundar y construir un nuevo orden, alternativo al vigente. Lo curioso del caso peruano es que ningún partido legal se plantea este problema. Es Sendero Luminoso (SL), pienso, quien ha puesto sobre el tapete esta cuestión. Hoy día, SL, aparece como una fuerza terrorista y como un competidor abierto de los partidos legales. Por eso, un triunfo de SL implicaría tanto el nacimiento de un nuevo orden autoritario como la desaparición del sistema de partidos, dada la naturaleza totalitaria y fascista del proyecto senderista.

Algunas conclusiones tentativas

36En la actualidad los partidos políticos se enfrentan a una curiosa y compleja dialéctica. Por un lado, deben preservar el régimen democrático y, por el otro, construir un orden alternativo dentro de la democracia. Resolver esta dialéctica supone romper con lo que ha sido la lógica principal de los procesos de modernización capitalista y de democratización en el país. Una opción así implica deshechar el modelo “bismarckiano” desarrollado en Chile e ingresar a una modernización y modernidad de signo democrático. Fundar una nueva república mediante la creación de una nueva élite capaz de reformar el estado, de poner en marcha un modelo de desarrollo no excluyente y de profundizar y expandir la democracia en nuestro país.

37Ello significa, como dice Weffort, construir un democracia “que implica un elevado grado de conflicto”. Nuestra democracia, añade, “deberá implicar una sólida legitimidad de las reglas y de los procedimientos, que soporte una intensa conflitividad sobre su contenido” (Weffort, 1990).

38La democracia que proponemos y, por lo tanto, el sistema de partidos que la sustenta deberan fijar claramente y consolidar un conjunto reglas y procedimientos, pero, además, implantar una “democracia social” que resuelva cuestiones sustantivas como las enormes desigualdades socioeconómicas. Dicho de otro modo: construir una democracia política, pero al mismo tiempo una comunidad política nacional de hombres libres y semejantes, con deberes y derechos por igual.

39Existe el otro camino: el jacobinismo, por lo general de claro signo autoritario (llámese senderismo o pinochetismo). Deshechar esta opción, eficaz algunas veces, nos abre la posibilidad de recorrer un camino inédito, en el que a lo mejor está la clave de nuestro futuro (si es que existe alguno).

40Este dilema que enfrentan los partidos y, también, la población peruana es, acaso, el signo de una situación no solamente dramática sino incluso excepcional en la región. Sin embargo, hablar sobre ello escapa al presente trabajo.

41Lima, setiembre de 1991

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Notes

1 Luego de concluir esta ponencia Romeo Grompone publicó el trabajo en mención bajo el título: El velero en el viento. IEP. Lima 1991.

Auteur

© Institut français d’études andines, 1993

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