1. LOS TERRATENIENTES SERRANOS Y EL SEGUNDO MILITARISMO

1En los capítulos anteriores hemos visto el impacto de la guerra con Chile sobre la sierra peruana desde una perspectiva regional. Este enfoque era inevitable, dado el profundo fraccionamiento de la sociedad peruana del ochocientos, que hacía imposible generalizar las tendencias observables en una región a las restantes, como pudimos comprobarlo en la comparación entre los procesos históricos de la sierra central y sur. Partiendo de lo hasta aquí expuesto queremos encarar ahora el análisis en una perspectiva más amplia: el de la significación de la guerra para la sociedad peruana de fines del siglo xix, incidiendo particularmente en la forma en que influyó en la definición de la naturaleza del Estado que surgió de la derrota de la guerra de 1879.

2Existe una imagen paradigmática de la naturaleza de la sociedad peruana del siglo xix que reduce su historia a la estela de dos fenómenos claves: el boom del guano, para el caso de la costa, y la virtualmente ininterrumpida expansión de la hacienda feudal y la inmisericorde explotación de los indígenas sometidos a su imperio, para el de la sierra. Conviene, sin embargo, evitar las generalizaciones fáciles. Existen algunas interrogantes que plantear frente a este paradigma de interpretación histórica. En primer lugar, ¿fueron estos fenómenos efectivamente nacionales, en el sentido de comprometer a toda la población peruana, o al menos a una fracción mayoritaria de ella? En segundo lugar, ¿fue su impacto homogéneo en las diversas regiones del país? En tercer lugar, ¿pueden acaso dar cuenta de los procesos sociales fundamentales de la sociedad peruana del ochocientos?

3Estas tres interrogantes tienen una respuesta negativa. Al nivel actual de nuestros conocimientos sabemos, por ejemplo, que el boom del guano tuvo una influencia marcadamente circunscrita a nivel geográfico: sus efectos se sintieron sobre todo en Lima y la costa central y norte, pero no fueron significativos para la sierra sur, donde para la vida social regional fue mucho más importante la evolución de la demanda internacional de las lanas y las fibras de los camélidos andinos, ni para la sierra central, donde la economía regional se articuló, durante ese periodo, en torno a la explotación de la plata en Cerro de Pasco y Huarochirí. Las investigaciones realizadas en la última década muestran, por otra parte, que no hubo transferencias significativas de los capitales generados en la explotación del guano hacia las regiones del interior serrano. Ciertamente la riqueza generada en este negocio permitió al Estado establecer algunas medidas que influyeron en la vida social serrana, como la supresión de la contribución personal, que repercutió en toda la sierra, pero cuya vigencia fue temporal, puesto que una década después volvió a imponerse, cuando la crisis fiscal obligó a volver sobre esta fuente de ingresos, "la más saneada de la hacienda pública", según decían los funcionarios encargados de su cobranza. Similar es el caso de la construcción de los ferrocarriles de penetración, que tuvo sobre todo una repercusión regional1. Pero ninguno de estos fenómenos es históricamente esencial, en el sentido de haber tenido una influencia decisiva en la definición del derrotero histórico general de las regiones serranas durante este periodo. Comprender la lógica de la historia peruana del siglo xix, y de las primeras décadas de este siglo, exige situarse en una perspectiva de análisis regional.

4Nos interesa desentrañar la naturaleza de la sociedad peruana que emergió de la derrota de la guerra con Chile, y que mantuvo rasgos peculiares hasta la guerra civil de 1894-95, que liquidó al Segundo Militarismo, el de los caudillos militares que combatieron en la guerra de 1879. Para abordar esta cuestión partiremos de una hipótesis general cuya validez esperamos demostrar en el transcurso de la exposición: en nuestra historia republicana, lo característico del periodo abierto con la derrota del Perú en la guerra con Chile es la presencia hegemónica de la clase terrateniente serrana en el bloque de poder estatal. Este fenómeno constituye un hecho único, singular, que ni se dio antes ni volvió a darse después. Su causa debe buscarse en la secuela que dejó la guerra con Chile. Esta provocó la caída de la burguesía mercantil limeña2, que había hegemonizado hasta entonces el bloque de poder en el Estado. Se creó entonces un vacío de poder, que se hizo evidente ya durante la guerra y que fue crecientemente llenado por los terratenientes serranos. Abordar este problema supone proponer una relectura de las relaciones y correlaciones establecidas entre las clases sociales fundamentales de la sociedad peruana, y sus expresiones políticas, en la parte final del siglo xix.

5En el periodo previo a la guerra con Chile, la fuerza que hegemonizó la política peruana fue el Partido Civil, la expresión política de la burguesía mercantil limeña. Esta clase se desarrolló desde la década del cincuenta, prácticamente en tomo de la consignación del guano3. En la década anterior al inicio de la guerra con Chile sufrió dos profundos contrastes: primero, la temporal perdida del control del negocio del guano, debido a la acción de Nicolás de Piérola, el Ministro de Hacienda de José Balta, quien le arrebató la rentable consignación guanera para entregar el control del negocio al francés Auguste Dreyfus. Esto les obligó a organizarse políticamente para defender sus intereses y así surgió el Partido Civil. El segundo contraste fue la crisis económica, que durante la década del 70 llevó al colapso el negocio del guano, primero, y la agricultura de exportación, después. Luego de dos décadas de alegre dispendio fiscal, la fracción más lúcida de esta clase social trató de levantar un programa de desarrollo nacional más definidamente burgués, plasmado sobre todo en La Revista de Lima, la publicación dirigida por Manuel Pardo, el más importante líder histórico del Primer Civilismo. El final del ciclo del guano y la crisis económica que lo acompañó, fueron un serio revés para este proyecto.

6Perdida esta fuente de acumulación, a mediados de la década surgió otra fuente alternativa: el salitre de Tarapacá. La nacionalización de las salitreras, decretada por Manuel Pardo en 1876, respondió al intento de utilizar el aparato estatal para asegurar la transferencia de los recursos que hicieran viable tal proyecto. Como es obvio, la derrota de la guerra con Chile —y su consecuencia, la pérdida de Tarapacá— liquidó esta posibilidad, y, con ella, la hegemonía de esta fracción. Esto se expresó claramente ya durante la guerra, en las vacilaciones del régimen de Francisco García Calderón y en la parálisis del de Lizardo Montero (ambos regímenes de filiación civilista) en torno a las negociaciones de paz: los civilistas no podían firmar la entrega de Tarapacá a Chile sin sacrificar la fuente fundamental de acumulación en la que se asentaba su proyecto político4.

7La burguesía mercantil capitalina quedó empantanada luego de los intentos de García Calderón de ampararse tras la mediación norteamericana para negociar la paz, lo que provocó su prisión y deportación a Valparaíso por las mismas fuerzas chilenas que antes habían apoyado activamente (incluso militarmente) sus esfuerzos por constituir un gobierno reconocido por los peruanos, y después por la vergonzosa inactividad y vacilaciones de su vicepresidente, Lizardo Montero.

8Fueron entonces los terratenientes serranos quienes asumieron la dirección del Estado. A diferencia de lo que acontecía con la burguesía limeña, para los terratenientes serranos la pérdida de Tarapacá no comprometía en absoluto los mecanismos de su reproducción social como clase. Sí era, en cambio, cuestión de vida o muerte acabar con las expediciones militares chilenas que desde abril del 81 venían asolando la sierra, que amenazaban con llevar al colapso sus explotaciones. Esto exigía firmar la paz a cualquier precio5. Miguel de Iglesias, el líder de la más importante familia terrateniente cajamarquina, logró alinear tras de sus posiciones (el Partido de la Paz) al grueso de los terratenientes serranos. El régimen que él encabezó fue la más depurada expresión del caciquismo terrateniente: él fue ungido Presidente Regenerador del Perú; nombró a su hermano Lorenzo el ministro único del régimen; a su cuñado, Mariano Castro Zaldívar, plenipotenciario para negociar la paz con Chile6; y a su hijo político, Vidal García y García, jefe de sus fuerzas militares. Sus agentes principales en la región central, donde Cáceres actuaba, eran también terratenientes: Luis Milón Duarte, a quien Iglesias nombró Jefe Político Militar de los Departamentos del Centro, y Manuel de la Encarnación Vento, jefe de la región de Canta. Ambos se desempeñaron como guías del ejército chileno en la campaña contra Cáceres. Duarte era el jefe político de la más importante y poderosa familia terrateniente de la sierra central y Vento era propietario de la hacienda Sangrar, en Canta. Fue este gobierno, ampliamente hegemonizado por los terratenientes, el que firmó la paz de Ancón, entregando a Chile Tarapacá a perpetuidad y Tacna y Arica a título provisional. Similar fue la composición del Congreso convocado por Iglesias en marzo de 1884 para ratificar el Tratado de Ancón.

9La situación no cambió significativamente luego del retorno de las fuerzas chilenas a su país y del fin de la guerra civil. Los azules de Iglesias fueron reemplazados en el gobierno por los colorados de Cáceres, pero el Segundo Militarismo continuó. Pese a la guerra civil que los enfrentó, Cáceres no representaba ya una opción distinta. Terminada su cruzada por la defensa de la integridad territorial del país, al disputar el poder con Iglesias, rompió su alianza con el campesinado de la sierra central, buscando ganarse a los terratenientes de la región reprimiendo a su antiguo aliado. Tampoco había diferencias en el terreno de la definición frente a las condiciones impuestas por Chile. Si algo no estuvo en absoluto en discusión durante la guerra civil fue la paz que Iglesias firmara con Chile, que Cáceres se comprometió a acatar cuando en junio de 1884 exigió al ejército chileno que se retirara del país para dejar a los peruanos arreglar solos sus problemas. Terminada la guerra nacional, con el alto costo de la mutilación territorial, estaba agotado el rol histórico que le tocócumplir a Iglesias. Este caudillo, liquidado políticamente por su comportamiento durante la fase final de la guerra, no era apto para realizar las tareas que la nueva situación exigía: liquidar la herencia de la guerra y pacificar un país transtomado por la prolongada emergencia bélica7.

10El inmenso prestigio ganado por Cáceres en la legendaria Resistencia lo convirtió en el hombre del momento. Terminada la guerra civil, en junio de 1886 Cáceres obtuvo un masivo respaldo nacional en unas elecciones en las que no tuvo competidores, por la abstención de los demócratas de Piérola y la integración de los civilistas a su régimen. Estos últimos, conscientes de su debilidad, se auparon oportunistamente al gobierno, colocándose a remolque del caudillo triunfante, debido a la incapacidad en que se encontraban en ese momento de reconstituir su hegemonía luego del descalabro que sufrieron en la guerra: era demasiado evidente aún su responsabilidad en la catástrofe. Había que esperar tiempos mejores.

11Los civilistas llegaron pues al gobierno como aliados de la organización política fundada por Cáceres, el Partido Constitucional, la más depurada expresión orgánica de los intereses corporativos de los terratenientes serranos de la historia del Perú8. Los civilistas se incorporaron al gobierno de Cáceres en condición de fuerza subordinada; lo que no atenuó en absoluto las profundas diferencias que separaban su proyecto político del que encarnaban los constitucionalistas. Las expresiones más evidentes de esta oposición fueron el derribo de nueve gabinetes ministeriales de Cáceres por sus aliados civilistas durante su primer periodo presidencial, y la insurrección armada que le montaran, en alianza con los demócratas de Piérola y los liberales de Augusto Durand, en 1894-95, cuando el caudillo militar trató de prolongar su permanencia en el poder por un segundo periodo presidencial. La guerra civil del 94-95 no fue, pues, simplemente una reacción antimilitarista sino, sobre todo, el enfrentamiento frontal de los proyectos de fuerzas políticas que expresaban los intereses de clases sociales distintas que, aunque compartían un espacio común en el bloque de poder, tenían intereses claramente diferenciados, como se encargarían de demostrar las luchas políticas entabladas entre estas fuerzas en cuanto se instaló en 1895 el gobierno dirigido por Piérola.

12Esto explica, adicionalmente, la de otra manera inexplicable alianza entre los civilistas y los pierolistas en 1893. Estas dos fuerzas, como hemos visto, fueron mortalmente enemigas durante la década del 70 y vivieron en una situación de permanente guerra civil incluso durante la ocupación chilena. Pero las fuertes discrepancias que las confrontaron encarnizadamente durante las dos décadas anteriores quedaron minimizadas frente a las radicales diferencias que las enfrentaron al proyecto del Partido Constitucional. Las contradicciones existentes entre civilistas y pierolistas, que habían terminado por representar los intereses de distintas fracciones de la burguesía mercantil, no eran tan profundas como aquellas que los separaban de la organización política que expresaba los intereses de una clase social distinta: los terratenientes serranos.

13La presencia hegemónica de los terratenientes serranos en el aparato estatal al terminar la guerra con Chile permite analizar la relación entre la clase terrateniente serrana y el Estado en una situación privilegiada. El vacío de poder que se produjo durante la guerra con la quiebra del Primer Civilismo permitió a los terratenientes serranos, ahora hegemónicos, implantar desde el Estado las medidas que mejor expresaban sus intereses. Estas siguieron un doble sentido: 1) descargar el peso de la reconstrucción sobre el campesinado indígena (principalmente a través del restablecimiento de la contribución personal) y; 2) fortalecer los poderes locales, debilitando aún más al poder central, a través de la ley de descentralización fiscal.

14Debe situarse en este contexto la significación de la guerra civil de 1894-95: no sólo como la expresión de la voluntad de las fuerzas coaligadas contra el régimen de Cáceres de terminar con el militarismo de la postguerra, sino, sobre todo, de recuperar el control del Estado para las fracciones más definidamente burguesas. Esta perspectiva permite ver bajo otra luz la obra del régimen de Nicolás de Piérola (1895-1899), no sólo como un esfuerzo por sentar las condiciones para la reconstrucción nacional sino, sobre todo, como la más decidida ofensiva contra los particularismos de cuño terrateniente, consolidados durante la década anterior9. Tal es el contenido del exitoso combate del régimen pierolista contra la descentralización fiscal aprobada por el régimen de Cáceres y su expresión en la estructura de poder estatal, las Juntas Departamentales10. La supresión de la contribución personal, indisolublemente ligada a esta última medida, contribuyó al debilitamiento de los poderes locales, incrementando la centralización estatal.

15La coyuntura de 1895 constituye pues un momento clave en la lucha por la centralización estatal burguesa, que no pudo ir más a fondo debido a las limitaciones de la burguesía mercantil limeña. Esta última, seriamente debilitada luego de los reveses sufridos durante la guerra, sólo pudo recuperar su hegemonía al interior de la sociedad peruana a través de su sometimiento al imperialismo, en calidad de socia menor, intermediaria en la explotación de los recursos naturales hacia los que afluyeron los capitales imperialistas, renunciando definitivamente a la perspectiva de construir un proyecto de desarrollo capitalista nacional11. Una burguesía atada umbilicalmente a los intereses imperialistas era demasiado débil orgánicamente para tentar el desmantelamiento radical de los poderes locales. Por otra parte, la renuncia a la construcción de un proyecto capitalista nacional hacía innecesario el enfrentamiento con los terratenientes serranos, que hubiera sido inevitable si la burguesía se hubiera propuesto realizar ese programa. La construcción de un mercado interno la habría obligado a luchar por romper la sujeción servil del campesinado, pues no había otra forma de construir un mercado de fuerza de trabajo libre.

16En este periodo, en la relación entre el poder estatal central y los poderes locales feudalizantes, determinados hechos tuvieron una resonancia regional: es el caso de la pacificación del campo y la recuperación de las haciendas que fueron ocupadas por el campesinado indígena durante la guerra con Chile, en la sierra central. Otras medidas tuvieron una resonancia efectivamente nacional: es el caso del restablecimiento de la contribución personal y la descentralización fiscal. Pero incluso éstas tuvieron un destino muy diferenciado en su ejecución efectiva de una región a otra. Su análisis debe volver a plantearse en una perspectiva regional. Sin embargo, existe un sustrato general, común a todas las sociedades terratenientes serranas, sobre el cual se asentaban las formas específicas que asumía en periodos históricos particulares la explotación clasista del campesinado: el control de la fuerza de trabajo indígena por el poder estatal y sus representantes. Este es una directa supervivencia de la herencia colonial y expresa una continuidad histórica secular que arranca en el virreinato y que se mantuvo hasta entrado el siglo xx. Es necesario entender su mecánica para analizar después cómo se organizaban las otras formas de explotación del campesinado indígena.

2. LA EXPLOTACION DE LA FUERZA DE TRABAJO INDIGENA EN LA SOCIEDAD TERRATENIENTE

17En la que hemos denominado sociedad terrateniente serrana los terratenientes no eran los únicos que tenían acceso a la mano de obra indígena servil, ni tampoco eran sólo los indígenas sometidos al dominio de la hacienda feudal quienes estaban obligados a entregar gratuitamente su fuerza de trabajo. Si bien los terratenientes la usufructuaban en primera instancia, la servidumbre era considerada también como un derecho de las autoridades políticas y eclesiásticas, que podían disponer de la mano de obra servil, en tanto funcionarios, no sólo para el servicio público sino también en beneficio propio12. De allí que existiera una permanente disputa en el interior de los bloques de poder locales por la jurisdicción sobre las comunidades campesinas, que enfrentaba a las autoridades municipales y las del gobierno central (prefectos, sub prefectos, gobernadores, tenientes gobernadores), por el control de la fuerza de trabajo de los indígenas13.

18A nivel local, era común el enfrentamiento entre las familias terratenientes más poderosas, que se extendía al acceso a los mecanismos de poder local y regional. El control directo o indirecto —a través de sus allegados— de las prefecturas, sub prefecturas y gobernaciones era una cuestión clave en el zanjamiento de estas disputas, y conseguirlo exigía desarrollar toda una estrategia de relaciones con el poder central. Durante el siglo xix fue frecuente que los caudillos que disputaban el poder establecieran relaciones de clientelismo con las familias terratenientes locales más poderosas. Este apoyo era un riesgo calculado, que permitía la redistribución periódica de los mecanismos de poder a nivel local. La fortuna favorable, o adversa, del caudillo al que una familia ligara su suerte repercutía indudablemente en su situación, permitiéndole —en caso de que la "revolución" triunfara— acceder a los codiciados cargos de autoridad política, vía los nombramientos expedidos por el Ministerio de Gobierno. En caso de que el puesto de autoridad fuera ocupado por alguien ajeno a los clanes en conflicto, éste muy pronto se veía presionado para tomar partido.

"No tiene idea U.S. —informaba el Prefecto de Huancavelica al Ministro de Gobierno en 1902— de las profundas divisiones que fermentan y se enconan más cada día en el seno de esta pequeña localidad. La rivalidad es tan grande y profunda que ni la misma autoridad se escapa de sus asechanzas, pues mal puede hacer justicia y cumplir siquiera con el más indispensable deber de cortesía, que estos hechos puramente abstractos y correctos no afecten en algo a uno u otro bando".14.

19Las familias que no conseguían el acceso a los puestos de poder político procuraban compensar su desventaja relativa a través del control de los cargos municipales que, aunque de menor rango, también representaban cuotas de poder. De allí que fueran corrientes los enfrentamientos entre las autoridades políticas y las ediles, que comenzaban por el control de los Colegios Electorales, formados por los "vecinos propietarios" o "notables" de la localidad, que debían elegir periódicamente a los concejales titulares y suplentes.

20El trabajo gratuito de los indígenas era habitualmente empleado tanto para las tareas de baja policía, cuanto para la ejecución de las obras públicas. Esto era habitual no sólo en las zonas más altamente feudalizadas, sino también en zonas donde no existían grandes latifundios, y, con ellos, la servidumbre, como en el valle del Mantara. Citemos algunos ejemplos. En 1891 las autoridades y vecinos de Tambo (Jauja) elevaron un memorial ante el Prefecto de Junín, protestando por el trabajo gratuito que les obligaban a realizar en la ciudad de Jauja, que consistía en custodiar la cárcel diez días al mes y barrer las calles todos los lunes15. Similar queja presentaron los vecinos de Pancán, a quienes les obligaban a barrer las calles y a prestar servicios gratuitos en la cárcel de Jauja, limpiando y cuidando el establecimiento, donde a veces eran maltratados por la Guardia Civil16.

21A la disputa entre las autoridades políticas y municipales por el control de la fuerza de trabajo indígena, se refiere, por ejemplo, el oficio que el Sub Prefecto y el Agente Fiscal de Tarma presentaron en 1899 ante el Prefecto de Junín, B. S. Bedoya, quejándose de los procedimientos del anterior Prefecto, Antenor Rizo Patrón. Este había emitido una resolución, que los quejosos cuestionaban, colocando a las comunidades campesinas bajo la jurisdicción de las autoridades municipales. En su alegato, los representantes locales del poder central argüían que desde la Independencia las comunidades habían dependido de las autoridades políticas y que, por tanto, la resolución del ex-Prefecto era ilegal. Mientras que el Agente Fiscal fundaba su reclamo en razones filantrópicas —de defensa y protección de los indígenas— el Sub Prefecto, menos preocupado por guardar las formas, iba al fondo de la cuestión: la fuerza de trabajo indígena debía estar a disposición de las autoridades políticas. La resolución materia de la protesta fue revocada17.

22Además del servicio público cotidiano, los indígenas de las comunidades estaban obligados a trabajar en las obras públicas, tanto en las de interés vecinal18, cuanto en las estatales. La utilización de la fuerza de trabajo indígena para la ejecución de estas últimas fue legalizada décadas después por el régimen de Leguía, con la Ley de Conscripción Vial, pero era habitual desde tiempo atrás. La construcción de la infraestructura ferrocarrilera en la sierra se hizo a través de la movilización compulsiva de millares de indígenas, no sólo durante la segunda mitad del siglo xix sino también durante el siglo xx. Para la construcción del ferrocarril al Cusco en 1907, por ejemplo, el gobierno dispuso que se entregase a la Peruvian Corporation de 5 a 6 mil operarios diarios durante seis o siete meses. Para ejecutar esta orden, el Prefecto del Cusco dispuso que cada Sub Prefecto presentara 200 trabajadores cada quince días. A su vez, los gobernadores tenían que presentar de 40 a 50, lo que dio lugar a múltiples abusos:

"como en día determinado no era posible reunir a toda esa gente, se les tomaba poco a poco y se les metía a la cárcel, para que, una vez completado el número, mandarlos al trabajo, sin que se les abone por los días que emplean en ir y volver a su pueblo"19.

23Similares abusos se cometieron con los trabajadores del Ferrocarril Central. El 17 de octubre de 1907 el senador Severiano Bezada presentó un proyecto de ley, destinado a proteger a los indígenas que habían sido reclutados para laborar en el tramo Jauja-Huancayo de los abusos que se cometían en esta obra. El proyecto prohibía a las autoridades políticas enganchar o reclutar indios para trabajos públicos o particulares, con pena de un año de cárcel para los transgresores20. Ni esta disposición ni las que posteriormente se lograron gracias al combate de legisladores indigenistas, como Joaquín Capelo, pudieron proscribir los abusos.

24No faltaron autoridades honestas que acogieron las denuncias de los indígenas y trataron de hacer justicia, pero sus esfuerzos se estrellaron contra la muralla del poder de los gamonales, que mediatizaba y anulaba estos esfuerzos aislados. El 30 de marzo de 1883 el Síndico de Gastos del Municipio del Cusco, Isaac de Echave, envió un oficio al Alcalde denunciando los abusos que se cometían contra los indígenas cusqueños. "El reclutamiento se verifica del modo más alarmante y acompañado de actos de salvajismo y barbarie. En el recinto de la ciudad, sin tener en cuenta lo que pasa en los caminos, y de preferencia los indígenas son cazados por los soldados y los envarados, tanto para lo que se llama el servicio público como para el de los particulares que ejercen algún cargo o mando (...). A los reclutados se suelta en cambio de efectos, en fin, se realizan tantos desmanes que da ganas de pensar que la sociedad toca al término de su desquiciamiento y ruina"21. La Municipalidad aplaudió el celo del denunciante... y a continuación empantanó la denuncia en una maraña de trámites, hasta que De Echave retiró su oficio tres meses después y la denuncia fue archivada 22.

25También existían algunas autoridades políticas justas. Una circular enviada por el Prefecto del Cusco a los Sub Prefectos del departamento, el 23 de junio de 1888, cuyo contenido hemos glosado parcialmente en el capítulo III contenía una violenta requisitoria contra los abusos de los Concejos Municipales, los curas, los jueces, las autoridades políticas y los "influyentes o potentados", que "apoyados por las autoridades las más de las veces disponen del trabajo del indio como de cosa propia". "La base fundamental de todo —señalaba— es la ignorancia más profunda en que a éste se le mantiene por conveniencia de unos cuantos a quienes no conviene que el indio tenga noción alguna de sus derechos". El Prefecto había dictado cantidad de disposiciones y decretos, dando garantías a los indígenas que se las solicitaban, sin lograr mayores resultados23.

26No faltaron tampoco disposiciones legales dictadas para cautelar los intereses de la población campesina indígena, como la Resolución expedida a solicitud de los Alcaldes Ordinarios de los distritos de Restauración e Independencia de Huaraz por la Dirección General de Hacienda y Comercio el 28 de noviembre de 1887. Invocando el cumplimiento de las Leyes de Indias, la Resolución dio instrucciones a los Prefectos de la República, para que a su vez dieran las órdenes más terminantes, "a efecto de que no se ocupe a los indígenas en otros servicios que los que están obligados a prestar conforme a la constitución vigente los demás ciudadanos de la República"24. Naturalmente, tampoco estas disposiciones produjeron ningún efecto.

27La base del problema era que las propias autoridades subalternas estaban completamente comprometidas en la explotación de los indígenas. "Los Gobernadores de esa Provincia, premunidos por su carácter de autoridad, cometen frecuentes abusos con los indígenas exigiéndoles servicios gratuitos tanto de sus personas como de sus animales y arrebatándoles éstos"25, comprobaba una circular prefectural emitida en Huancavelica en 1905. "Sabe U.S. tanto como yo —ratificaba el nuevo Prefecto, dos años después—, que cada Gobernador era (sic) un remedo de señor feudal, con derecho a los servicios y hasta a los bienes de los indígenas"26.

28Pero las propias autoridades subalternas, por lo general mistis o blancos empobrecidos, no hubieran podido llevar a cabo sus extorsiones si no hubieran dispuesto de canales que les permitieran el acceso al interior de las comunidades campesinas. Paradójicamente, era la propia comunidad la que se los brindaba.

3. LOS ALCALDES-VARA

29La imposición de estos "derechos" a la población indígena se realizó a través de las autoridades indígenas tradicionales, que en el caso de la sierra sur terminaron reducidas a la condición de sirvientes de los curas y los funcionarios locales representantes del poder central, así como a la de auxiliares gratuitos del poder estatal. Aunque en la sierra central las autoridades tradicionales cumplieron también la función de "bisagras" para la explotación de las comunidades por las autoridades estatales y municipales, en este caso no se les pudo imponer los servicios personales en beneficio de particulares que eran habituales en el sur por las razones que vimos en la primera parte de este texto. En cambio, era común que cumplieran el rol de auxiliares gratuitos de las autoridades políticas. Puede citarse múltiples ejemplos para ilustrar esta afirmación. El Prefecto de Huancavelica, en un informe presentado al Ministro de Gobierno en 1907, describía ampliamente la condición a la que las autoridades tradicionales estaban reducidas:

"(sus) funciones no las podrían enumerar ni los mismos que las desempeñan. Son verdaderos auxiliares de los agentes de la policía, siempre ejercen autoridad sobre sus iguales, son los personeros de sus respectivas comunidades, por cuyos intereses están obligados a velar, y en consecuencia presiden todos los actos de interés comunal, siendo, también, los portavoz de las quejas y reclamos que hacen ante las autoridades competentes. Son una especie de jefes de tribu, cuyos miembros respetan y acatan las órdenes emanadas de ellos.

"El cargo dura precisamente un año, verificándose la renovación cada l° de enero, con cuyo objeto se reúnen todos los miembros de una comunidad en especie de comicio y proceden a la elección de alcaldes, regidores y alguaciles, los que están obligados a presentarse a las autoridades constituidas, como medio de imprimir cierta legalidad a su carácter. Es de advertir que el que rehuye a su cargo, es considerado como mal elemento y sin derecho a los servicios de la comunidad" (Los subrayados son nuestros)27.

30El Prefecto huancavelicano tenía perfecta consciencia de la gran importancia que revestía la existencia de la institución de los alcaldes-vara para asegurar la dominación estatal en las áreas rurales serranas. Esto lo señalaba en otra sección del mismo informe: "el servicio de más significación que éstos prestan, es el de auxiliares de la policía, de tal suerte, que las disposiciones procedentes de las autoridades, ya para la captura de algún reo y aun para la de los sorteados (al Servicio Militar Obligatorio, N. M.) que pretenden burlar la ley, se comunican por conducto regular a los tenientes gobernadores, los que imparten dichas órdenes a los varayos que las ejecutan, cumpliendo así una obligación que, voluntariamente, se imponen" (el subrayado es nuestro)28.

31El Prefecto comprendía perfectamente la importancia de la institución de los varas en una sociedad donde la presencia estatal era muy precaria, no vacilando en recomendar que el Estado asumiera directamente su manejo: "Como estos servicios son gratuitos y tienden a desaparecer a medida que se persuaden de que no es un deber para ellos cumplir con esa carga, convendría, por lo menos, reglamentar esa institución de origen incaico mientras el Estado se halle en condiciones de sostener el número suficiente de gendarmes" (el subrayado es nuestro)29.

32Otro funcionario estatal formulaba, cuatro años después, similares apreciaciones sobre la institución de los varas, reiterando la importancia que ésta tenía para el Estado30. Añadía, además, información sobre la función positiva que esta institución cumplió en la sierra central durante la guerra con Chile.

"Cuando la defensa nacional del Centro, que sostuviera el General Cáceres, fueron elementos importantes de auxilio. Ellos supieron despertar el aguerrido patriotismo de los guerrilleros indígenas que, en Marcavalle y Concepción, coadyuvaron al triunfo de nuestras armas"31.

33¿Cómo estaba organizada la institución de los alcaldes-varas? Su organización variaba bastante de un lugar a otro. Existían, sin embargo, algunos rasgos generales que el Prefecto de Huancavelica describía agudamente en el citado informe.

"Las colectividades o comunidades de indígenas, en la primera quincena de diciembre de cada año, reunidos en comicio, en la plaza pública de sus pueblos, eligen a los varayos, que por su jerarquía toman los nombres de Alcaldes, Regidores, Alguaciles, Campos, Pachacuracas y Ayllucuracas. Los designados, que consideran la elección como un honor a su competencia y aptitudes, asumen el cargo el 1° de enero, tomando como insignia un bastón o vara, que los bendice el párroco respectivo.

Durante el periodo anual de su cargo de varayo, por el cual el indígena tiene un culto especial, se cree obligado, libre y espontáneamente, aparte de sus funciones tradicionales, como el cuidado de las sementeras de la comunidad electora, de su representación entodos los asuntos que se relacionan con la colectividad, etc., a auxiliar a las autoridades políticas, judiciales y municipales de su distrito"32.

34En otras regiones, existían autoridades indígenas tradicionales cuya función específica era hacer cumplir las disposiciones de las autoridades políticas y municipales, y que los funcionarios estatales consideraban como si se tratara de personal a su cargo, del que podían disponer a discreción, incluso en tareas que iban más allá de aquellas que atañían al servicio público. En Cusco, a fines del siglo xix, el Gobernador designado para administrar un distrito o una comunidad disponía de los siguientes servidores: "Dos alcaldes mozos o alguaciles, que se turnan scmanalmcnte y dos alcaldes indios, que también se turnan con su regidor respectivo. Todos éstos son los que sirven en las distintas comisiones que reciben de la gobematura, ya sea por mandato superior o pedidos judiciales, siendo también éstos mismos los que están cobrando la Contribución (Personal), sirviendo así como agentes de policía. También existen un Alcalde, un Segundo y un Regidor en las parcialidades de Ahippay, Ccota-taqui, Saccacca, Amaro, Mallca y Viachi, quienes no sirven en la casa del Gobernador (...) sino que cada semana bajan, en los días domingos, a pedir órdenes, retirándose después a sus estancias: los Segundos son los encargados de cobrar la contribución"33.

35Otra característica importante de la institución de los varas es que —con el mismo carácter de auxiliares de las autoridades políticas que hemos señalado—, estaba presente materialmente en toda la sierra peruana durante el siglo xix. Existía, como ya vimos, en Huancavelica y Cusco, pero igualmente se la encontraba en Puquio34, en Caylloma35, o en Huamanga36. Existió, similarmente, hasta la guerra con Chile en el valle del Mantaro y, aunque fue oficialmente suprimida en 1884, pronto los funcionarios estatales repararon en que esa medida había sido un error que había que enmendar. En diciembre de 1884 la Inspección de Obras Públicas del Concejo Provincial de Huancayo ofició al Sub Prefecto de la provincia, protestando por los problemas que le había generado la supresión de los varas: "con motivo de que la autoridad política ha suprimido a los Alcaldes de vara, los que estaban encargados de traer las comunidades por barrios para el servicio de baja policía, esta Inspección no podía, a su pesar, llenar su contenido por la falta absoluta de gente (...). (Consideraba) que a su juicio era conveniente nombrar un Agente Municipal en cada barrio, para que éstos desempeñando las funciones de los alcaldes-vara hicieran venir a dichas comunidades" (los subrayados son nuestros)37.

36El trabajo gratuito de los indígenas para el Estado se daba, incluso, en la costa. En 1895 los indígenas de la caleta de San José, en Lambayeque, presentaron un memorial ante el Parlamento protestando contra la costumbre de los funcionarios del puerto, que los obligaban a transportar la carga de los barcos gratuitamente38.

4. UN MODELO TEORICO: EL TRIANGULO SIN BASE

37Pero la institución de los varas no sólo existía en las comunidades campesinas. Era también vigorosa en las haciendas tradicionales de las regiones más altamente feudalizadas de los departamentos del sur andino. Así, en Huancavelica, en la franja que bordea el Mantaro, entre las provincias de Acobamba y Angaraes, en la denominada zona Chopeca, los feudatarios de las haciendas tradicionales tenían una estructura social interna con una organización jerárquica de carácter dual, en la que podía distinguirse dos cuerpos de autoridades diferenciados. En la cúspide de la primera estructura estaba el camachico o mandón, que era el feudatario de confianza del hacendado y del administrador del fundo. Venían después los uyaricocc ("el que escucha"); por lo general dos, para las partes alta y baja de la hacienda. Finalmente estaban los qollanas, los colonos más hábiles en el trabajo, que dirigían las cuadrillas marcando el ritmo del trabajo en las faenas agrícolas, como por ejemplo durante el chacmeo; el volteado de la tierra con el empleo de la chaquitaclla39.

38Paralela a esta estructura existía otra, formada por el alcalde-vara, que tenía el comando de los campos, quienes a su vez dirigían a los alguaciles40. Evidentemente esta última estructura tiene una marcada naturaleza comunal, mientras que la primera aparece más directamente ligada a las necesidades del hacendado de disponer de mecanismos que le permitieran la extracción del excedente económico que, en forma de renta de la tierra, debían entregarle sus feudatarios.

39La persistencia de esta doble estructura social en el interior de las haciendas tradicionales no es privativa de Huancavelica. Con sus especificidades, este fenómeno se presenta en todo el sur andino41 y ha sido determinante para definir el derrotero de las haciendas feudalizantes de la región, luego de que fueran expropiadas y adjudicadas a sus feudatarios durante la Reforma Agraria del régimen de Velasco Alvarado. El grueso de estas ex-haciendas se ha convertido en comunidades campesinas, en un proceso sorprendente si se le juzga desde la imagen que habitualmente hemos manejado en cuanto a la realidad social de las haciendas tradicionales.

40Esta imagen atribuía determinadas cualidades negativas a la estructura social en que estaban encuadrados los feudatarios de las haciendas tradicionales, como por ejemplo un carácter estático y resistente al cambio, explicado principalmente por la dispersión y la fragmentación de sus trabajadores, que era propiciada por el hacendado. Este alimentaba un clima de enfrentamientos y animadversión entre los hacienda-runas (hombres de hacienda), que hacía inviable la concertación de fuerzas en defensa de sus intereses y con ella la emergencia de organizaciones campesinas autónomas, capaces de dirigir la lucha y, sobre todo, de formular alternativas frente al orden instaurado por el terrateniente. La imagen anteriormente descrita tuvo una unánime aceptación durante la década del 60. Ella fue formalizada a través de una imagen sugerente: el triángulo sin base.

41Julio Cotler42, Giorgio Alberti43 y William White44, tratando de explicar la persistencia de la dominación de los terratenientes serranos sobre sus colonos o feudatarios y la forma cómo se desencadenaron los cambios en la década del 70, elaboraron un esquema de interpretación, expresado gráficamente en la ilustración siguiente:

42Según la explicación de Alberti, del análisis del gráfico que hemos transcrito podía extraerse las siguientes implicancias principales: 1) "La falta de una línea horizontal significa que el grupo de los peones (c.l, c.2, c.3) se encuentra en una situación de atomización, donde prevalecen relaciones conflicüvas y fuertes sentimientos de desconfianza, más que una tendencia a la cooperación y organización"; 2) "Las líneas conectadas con el patrón y otros sectores significativos de la estructura de poder regional y nacional denotan que el patrón, en una situación de estabilidad, es parte integrante de dicha estructura"; y 3) "La ausencia de líneas que conecten a los peones con el mundo de fuera significa que ellos tienen necesariamente que pasar a través del patrón en sus relaciones externas y que por tanto este último se constituye en el intérprete obligado y en el intermediario monopolista entre los peones y el mundo de fuera"45.

43Siempre según esta teoría, la razón de fondo por la que la dominación terrateniente podía sostenerse, en última instancia, radicaba en la ausencia de líneas horizontales que relacionaran entre sí a los campesinos, a quienes el patrón mantenía fragmentados, operando como intermediario en sus relaciones. De allí que fuera un momento decisivo para el desencadenamiento del cambio, "la tentativa de cerrar la base del triángulo", por parte de los colonos46.

44Este paradigma de interpretación ha tenido una singular fortuna en las ciencias sociales en el Perú. Ya Alberti había advertido que sus implicaciones podían extenderse a un contexto más amplio, "que llega a incluir algunos aspectos de la estructura de poder regional, y a veces nacional, pueden ser aprovechados para describir el proceso de cambio"47. De hecho, esta metáfora ha sido utilizada una y otra vez para describir la naturaleza de la estructura política peruana.

45Este modelo tuvo su primer cucstionamiento serio durante las movilizaciones que a inicios de la década del 60 hirieron de muerte al orden terrateniente. La magnitud de los cambios sociales desencadenados por las masivas luchas campesinas, que obligaron a decretar las leyes de Reforma Agraria del 62 y el 69, mostraron que esta explicación resultaba insuficiente. Su segundo cucstionamicnto de fondo ha sido la conversión del grueso de las ex-haciendas tradicionales en comunidades campesinas luego de la Reforma Agraria de 1969. La teoría del triángulo sin base no puede explicar cómo grupos de campesinos profundamente fragmentados, enfrentados entre sí por los hacendados por generaciones, decidieron repentinamente organizarse en comunidades campesinas que, además, en muchos casos son más solidarias y donde la comunalidad es más fuerte que en muchas de las comunidades campesinas tradicionales48. Para entender lo sucedido se hace necesario discutir la tesis de fondo del modelo: el carácter abierto del triángulo; su ausencia de base.

46El modelo del triángulo sin base fue construido en base a las categorías de la sociología funcionalista. Como tal, otorgaba un papel decisivo, en la interpretación de los fenómenos sociales, a la existencia y la transformación de los sistemas valorativos y normativos, a los sistemas de referencia, a la ubicación de los individuos en el continuum social, etc. Lo que no estaba incorporado en el modelo era la forma cómo los colonos, y los propios hacendados tradicionales, organizaban la producción y la reproducción social de sus condiciones de existencia. Ahora bien, las investigaciones posteriores sobre la economía campesina en las comunidades andinas han demostrado que tal producción y reproducción social sólo es posible, allí donde no cabe recurrir a la compra de fuerza de trabajo asalariada, gracias a la existencia de un complejo sistema de intercambios de fuerza de trabajo entre las distintas unidades económicas familiares, a través de relaciones sociales de reciprocidad como el ayni, el rantín y la minka. Estas relaciones, además, no son esporádicas sino se renuevan año a año, de campaña en campaña agrícola. Más que un problema de "valores compartidos", la comunalidad es pues la superestructura que legitima y hace posible este complejo sistema de prestaciones recíprocas de trabajo49.

47Ahora bien: la producción y la reproducción social de las condiciones de existencia de los feudatarios de las haciendas tradicionales no era sustancialmente distinta de la de los campesinos de las comunidades. La demanda de fuerza de trabajo en los periodos de punta del ciclo agrícola (siembra, cosecha) en mayor volumen del que la familia nuclear puede aportar, y la necesidad de recurrir a la ayuda mutua para conseguirla, así como la necesidad de concertar el trabajo entre muchos jefes de familia para realizar las faenas de las que depende, por ejemplo, la construcción y la conservación del sistema de riego que luego será usado en las explotaciones privadas no es distinta en una hacienda que en una comunidad. También los feudatarios de las haciendas tenían que intercambiar prestaciones de trabajo de unidad a unidad agrícola familiar sistemáticamente, tanto con el fin de producir lo necesario para asegurar su propia existencia (producto necesario), cuanto para generar el producto excedente; el excedente económico que debían entregar al terrateniente en forma de renta de la tierra. La reiteración de estas prestaciones, repetidas año a año de acuerdo a las demandas impuestas por el calendario agrícola, creaba la necesidad de una superestructura ideológico-cultural que asegurara su reproducción social: la comunalidad. Esto explica la existencia de la doble estructura social de los feudatarios en el interior de la hacienda tradicional a la que aludimos páginas atrás: por una parte, la de los camachico, uyarícocc y qollana, que brindaba al hacendado los mecanismos de extracción del excedente económico campesino en forma de renta precapitalista de la tierra; y por otra, la de los alcaldes-vara, campos y alguaciles, directamente ligada a las necesidades planteadas por la reproducción de la economía campesina de los feudatarios y por la generación del excedente económico transferible al terrateniente50.

48Existía pues una significativa comunalidad entre los feudatarios, que el hacendado consintió porque podía utilizarla en su propio beneficio51. Esto explica la existencia de instituciones que permitían la permanente renovación de las relaciones de reciprocidad: los cargos comunales (varas, campos, alguaciles), los cargos y las fiestas religiosas, en las que jugaba un rol decisivo el patrón. Allí están esas soberbias fotografías que Martín Chambi captó en las haciendas de Chumbivilcas, con el terrateniente presidiendo la procesión de la virgen y las festividades de los colonos de la hacienda. Vista así la cuestión, deja de ser un misterio la fácil conversión de las ex-haciendas serranas tradicionales en comunidades campesinas. El triángulo siempre estuvo cerrado por la base. El germen de la nueva organización estaba ya en el seno de la antigua hacienda. Quebrado el cascarón semifeudal por la Reforma Agraria, ese germen pudo desarrollarse plenamente.

49En definitiva, la teoría del triángulo sin base, utilizada para explicar la dinámica social de las haciendas tradicionales serranas, no tiene un fundamento sólido. Quizá ella pueda explicar algunos de los fenómenos del funcionamiento de la sociedad política peruana a los que tan pródigamente se la ha aplicado en los años recientes. Pero en lo que es el ámbito de problematización sobre la realidad social para la que en su origen fue propuesta —el de la naturaleza de las relaciones entre el campesinado indígena y los blancos terratenientes en el interior de las haciendas tradicionales de la sierra peruana— no tiene mayor consistencia.

5. LA RECONSTRUCCION NACIONAL: DESCENTRALIZACION FISCAL Y CONTRIBUCION PERSONAL

50Podemos volver ahora sobre la cuestión referente a la forma en que la clase terrateniente descargó en el campesinado los costos de la crisis provocada por la guerra.

51Como hemos visto en el capítulo II, una de las líneas de acción más importante emprendida por el régimen de Cáceres fue conseguir el desarme de las fuerzas guerrilleras indígenas y la pacificación de la sierra central después de concluida la guerra civil con Iglesias. La significación de esta política tiende a ser subestimada por la historiografía peruana en la misma medida en que se ha minimizado la importancia de la movilización guerrillera durante la guerra y la postguerra. Pero en cl contexto de la sociedad peruana que emergió de la derrota ésta es clave, puesto que la demanda de la fuerza social principal sobre la que se apoyaba el régimen de Cáceres —los terratenientes serranos— era la pacificación del campo. Esto fue perfectamente captado por un biógrafo de Cáceres que, dos décadas después de liquidado el Segundo Militarismo, señaló esta política como cl aporte más trascendente del caudillo de la resistencia en su nuevo papel de estadista. "Su verdadera obra política —apunta Juan Pedro Paz Soldán— consistió en desarmar los centenares de partidas armadas, que con el título de montoneras, recorrían cl país devastándolo. En forma sagaz, (Cáceres) disolvió todas aquellas turbas y le devolvió al Perú su normalidad"52.

52Pero si bien esa era la demanda fundamental de los terratenientes de las regiones que habían sido profundamente convulsionadas por la guerra, existían otros problemas importantes que atañían a la sociedad peruana en su conjunto. El principal era emprender la reconstrucción nacional en un estado de grave postración económica53. La guerra pudo ser la oportunidad de liquidar múltiples lacras heredadas de seis décadas de desordenada vida republicana pero tal cosa no sucedió. El "Estado empírico" al que aludiera Basadre no experimentó ningún cambio; éste sólo habría podido surgir de una profunda reacción ética, que no se dio. El gobierno de Iglesias nombró el 9 de diciembre de 1883 una comisión investigadora y calificadora de los créditos del Estado, que debía deslindar las responsabilidades en el manejo de los fondos fiscales durante la guerra con Chile. Cuando la comisión comenzaba a ofrecer los primeros frutos de su labor fue cesada, "sin explicación ni justificación", el 26 de junio de 1884. Aunque en abril de 1885 se decidió formar una nueva comisión investigadora, su personal no llegó, siquiera, a ser nombrado. "Y así fue —concluye Basadre— que se produjo la culpable falta de esclarecimiento y de sanción para dichas responsabilidades"54.

a. La contribución personal

53El Estado estaba en bancarrota. Era imposible esperar que aportara recursos para la reconstrucción de la economía de los pueblos del interior y, de la misma manera como se abordó una situación de crisis después de la guerra de la Independencia, se decidió que la fuente de donde debería conseguirse estos fondos fuera el tributo pagado por los indígenas: la contribución personal.

54A diferencia de lo acontecido durante la década del 20, cuando el tributo indígena creó recursos que fueron centralizados por el Estado, luego de la guerra con Chile el dinero así recaudado fue entregado directamente a los departamentos, para que atendieran sus propios gastos. Aquí aparece un motivo dominante de la política del régimen del Segundo Militarismo que tiene estrecha correspondencia con la hegemonía que tenía la clase terrateniente en el aparato estatal: el fortalecimiento de los poderes locales frente a un Estado central debilitado. En cuanto los terratenientes serranos estuvieron en capacidad de imponer sin mediaciones sus intereses su reacción natural fue fortalecer los ámbitos privados de poder en los que campeaba el gamonalismo, debilitando simultáneamente al Estado, que de esa manera era eliminado como competidor en el manejo de los asuntos públicos en el espacio social de la sierra peruana sometido al imperio del gran latifundio. Para realizar esta política en el terreno de la economía era necesario descentralizar el manejo de los recursos, lo cual fue legitimado a través de la Ley de Descentralización Fiscal, cuyo origen debe analizarse conjuntamente con el restablecimiento de la contribución personal con la que, como veremos, tenía una indisoluble vinculación.

55Hemos tratado antes sobre la contribución personal55. Como vimos, el general Cáceres eximió de esta carga al campesinado indígena de la sierra central, como reconocimiento a los sacrificios que éste tuvo que soportar cuando se organizaron las guerrillas antichilenas. Los indígenas movilizados durante la guerra civil contra Iglesias fueron también exonerados, tanto de esta gabela, cuanto del pago del pontazgo, "en los puentes donde está establecido este derecho"56.

56La contribución personal no fue suprimida, en cambio, en el sur andino desde que en 1876 la restableciera el gobierno de Prado. Aunque el desorden introducido por la guerra impidió que su cobranza se realizara con la debida regularidad, sus rentas constituyeron el ingreso más importante del que dispusieron las autoridades de la región hasta 1895. Veamos qué dificultades se presentaban en su cobro. En diciembre de 1887 el Sub Prefecto de Quispicanchis envió un oficio al Prefecto y Presidente de la Junta Departamental del Cusco señalando que la Matrícula de la Contribución Personal de la que disponía era defectuosa y consultando si debía cobrar con ella o esperar la Matrícula rectificada. El Prefecto pidió un dictamen a la Comisión de Contribuciones de la Junta Departamental, que hizo un diagnóstico de los problemas que se presentaban en la cobranza:

"Antes de ahora y con arreglo a las disposiciones que regían en materia de recaudación de contribuciones, los Sub Prefectos eran responsables del valor íntegro de las matrículas que durante el quinquenio de su duración eran inapelables. Por entonces no eran admisibles quiebras por muerte o ausencia del contribuyente. Los Sub Prefectos estaban autorizados a reemplazar a aquellos con los próximos que entraban en la edad de contribuir, con los que ingresaban a la Provincia y con (los) que por algún motivo no habían sido matriculados.

"Posteriores disposiciones han venido a causar desconcierto. Se dispuso por la Prefectura que los recibos llevasen desde la Caja Fiscal el nombre de los contribuyentes y se prohibió a los Sub Prefectos que cobrasen a otros que a aquellos cuyos nombres estaban en la Matrícula y los recibos; de donde resultó que el Sub Prefecto tenía que comprobar con los documentos el motivo por que muchos recibos no podían realizarse. Algo más resultó, y es que muchos individuos que no estaban inscritos en la Matrícula no pagaban; lo que causaba disgusto en los contribuyentes que veían en esa exención un odioso privilegio. Resultó finalmente que también quedaban sin pagar los próximos que habían cumplido los 21 años. La perdida por esta causa era considerable para el fisco"57

57En buen romance, lo que la Comisión de Contribuciones defendía era el sistema que dejaba en manos de los Sub Prefectos la decisión final sobre quienes debían abonar el pago de la contribución personal. Esto, evidentemente, se prestaba a la comisión de múltiples abusos, pero desde un punto de vista pragmático este inconveniente era obviado con el fin de conseguir el objetivo principal de las autoridades departamentales: asegurarse una provisión regular de ingresos de esta fuente.

58A los problemas que se presentaban normalmente en la cobranza de la contribución personal se habían añadido otros, provocados por la crisis vivida en el país durante la emergencia bélica.

"Las Matrículas actuadas en 1884 y 1885 se resentían de la guerra que aun por entonces afligía al país, pues algunos individuos emigraron, otros fueron enrolados en el Ejército, pero lo que hizo más defectuosas las Matrículas fue el hecho de haberse cambiado los nombres de muchos al tiempo del empadronamiento. De aquí provino que había listas numerosas de indígenas que nadie conocía y otras de aquellos que resultaban no inscritos"58.

59Para encarar estos problemas se formó en cada provincia un expediente de quiebra y, al mismo tiempo, los Sub Prefectos pasaron listas de los no inscritos, pero ello no solucionó el problema. "Todo lo expuesto sería evitado —continuaba la Comisión— si pasándole a los Sub Prefectos los recibos consolo el sello de la Caja Fiscal y la firma del jefe de la Oficina se hubiese dejado a los Sub Prefectos la facultad de llenarlos con los nombres de los contribuyentes, reemplazando a los ausentes, a los muertos, a los duplicados y a los desconocidos con los no inscritos y los que ingresaban a las provincias"59. En base a estos considerandos, la Comisión opinaba que el Sub Prefecto que había realizado la consulta debía cobrar la contribución en base a las Matrículas revisadas, aun si éstas no habían sido aprobadas. "No es fuerza —proseguía— que una Matrícula sea aprobada para que se cobre por ella la contribución: por el contrario, conviene cobrar el primer semestre para conocer y corregir cualquiera omisión o error en que se hubiese incurrido"60. El Prefecto del Cusco, Juan Julio del Castillo, decidió poner esta resolución como regla general para el cobro de la contribución en todo el departamento, lo que fue ratificado por la Junta Departamental61.

60La formación de las Matrículas de Contribuyentes tenía una singular importancia. Esta era elaborada por una Junta de Matrícula, que era convocada por el Apoderado Fiscal de la provincia y estaba conformada por el Sub Prefecto, el primer Síndico del Concejo Provincial y el párroco. Tenía particular importancia la presencia de este último, puesto que todo el sistema descansaba en las estadísticas de los registros de bautismos, matrimonios y defunciones que él controlaba62. Para los indígenas tenía también una gran importancia disponer de sus documentos, en particular de la partida de bautismo, puesto que era sólo en base a ella que podían solicitar con éxito la exoneración así que cumplían los 60 años63. El rol de la Iglesia, como una de las pocas instituciones que tenía presencia a nivel nacional, era clave.

61La contribución personal no fue cobrada con la misma regularidad en toda la sierra. El representante de la provincia de Castilla (Arequipa) consiguió, por ejemplo, una importante exoneración en el año 1892. En una solicitud presentada a la Cámara de Diputados el 17 de octubre, solicitó que se condonaran las deudas anteriores por concepto del pago de contribuciones de su provincia, alegando una situación de emergencia. Como informó en su solicitud, la presencia del ferrocarril había dejado sin trabajo a muchos arrieros; "el ganado mular lejos de ser elemento de producción fue de consumo improductivo, las haciendas dedicadas al cultivo de pastos soportaron irreparables pérdidas, y como consecuencia natural, todas las industrias de la provincia se resintieron con esta crisis". La situación se agravó después, debido a una racha de inundaciones y a la caída del precio del aguardiente. Su solicitud fue favorablemente acogida y la cámara dispuso que se cobrara la contribución sólo a partir de 189164. Como es natural, esta disposición favoreció sólo a quienes no habían aún cancelado sus cuotas anteriores, pero no a quienes estaban al día en sus pagos.

62Sobre los métodos a los que se recurría para realizar el cobro de la contribución en el interior es ilustrativo el incidente generado en torno al volante publicado por el Prefecto del departamento del Cusco, el 1° de octubre de 1895, donde informaba que la Prefectura no había dispuesto se aprisione a quienes adeudaban la contribución; "por el contrario, desmentía, al saber S. Sa. que habían sido apresados unos individuos por tal causa se ordenó su inmediata libertad"65. Esta medida provocó la protesta del Recaudador Fiscal del Cercado, quien había dispuesto la detención de los deudores, y reclamó ante el Presidente de la Junta Departamental, amparándose en diversos dispositivos legales: "el Sr. Prefecto —argüía— sin duda no tiene en cuenta la susceptibilidad del pueblo para aprovechar el menor pretexto a fin de no pagar la Contribución, y por ello es que trata de aparecer ante él como opositor a las medidas tomadas por este despacho"66.

63El reclamo del Apoderado Fiscal obligó al Presidente de la Junta Departamental a solicitar un dictamen a una comisión ad-hoc que, de manera oblicua, terminó dándole la razón al Apoderado Fiscal en su pugna con el Prefecto.

"La experiencia de muchos años, por no decir de todo el periodo de nuestra vida republicana viene demostrando que aun las personas de alta jerarquía son remisas al pago puntual de las contribuciones, mucho más las de condición poco visible, y que en éstas no solo impera el sistema de no hacer ese desembolso en cumplimiento del deber sino que las más de las veces carecen de los recursos pecuniarios para verificarlo, pero cualquiera que sea la causa de la demora la marcha normal de la administración pública no puede sujetarse a la buena o mala voluntad de los pagantes sin incurrir en la injusticia dé pedir el puntual lleno de sus obligaciones a los servidores de la Nación y en cambio no pagarles religiosamente, mes por mes, sus haberes.

"Para remover tales obstáculos desde antiguo se ha establecido recargos y apremios tendentes a estimular el pago de las contribuciones. Uno de ellos, puesto en práctica por el Recaudador Fiscal oficiante ha producido el suelto impreso que acompaña y la libertad de los detenidos en la Prefectura por no haber pagado la contribución. Vuestra comisión cree que el Sr. Prefecto, Dr. Martínez, ha juzgado de su decoro evitar todo motivo de arresto u otros atropellos de que el público y la gente se quejan, adoptando la medida materia del reclamo del oficiante, pero como este apremio, en el caso actual, tiende a la realización de un deber, os propone la conclusión siguiente: que paseis oficio explicativo a la Prefectura a fin de que al Recaudador Fiscal oficiante le preste todas las facilidades que necesita para la pronta realización del cobro de las contribuciones, ordenando, o mejor dicho derogando, el tenor del aviso impreso que obra en este expediente, pues de no hacerlo se correrá el riesgo de ser imposible la cobranza en lo futuro, como actualmente sucede en la ciudad de Arequipa, en cuyo caso el Departamento se habría privado de una de sus más saneadas entradas, junto con el principio de rebelión que reinaría en las clases obreras"67.

64Parece evidente, pues, que el interés fundamental comprometido con el puntual cobro de la contribución era el del personal de la administración pública, cuyos sueldos provenían de la recaudación de este tributo. Como veremos, esto sólo sucedía en las zonas donde imperaba el gamonalismo, mientras que en otras regiones el funcionamiento del aparato estatal descansaba sobre otras bases.

65¿Qué importancia tuvo el cobro de la contribución personal? Basadre le otorga escaso valor68, pero los recursos que de ella se generaron tenían una gran importancia en los pueblos del interior. Según un informe elaborado por la Comisión Auxiliar de Hacienda de la Cámara de Diputados, representaba más del 70 por ciento de los recursos de las Juntas Departamentales en los departamentos serranos69.

66Hemos visto en el capítulo III hasta qué punto las autoridades comunales eran utilizadas para ejecutar las disposiciones de las autoridades políticas en condición de auxiliares gratuitos, llegando incluso a cumplir la función de policía. Eran también utilizadas para la cobranza de la contribución personal, afrontando graves perjuicios en el cumplimiento de esta tarea. Sobre esta cuestión se enfrentaron el Sub Prefecto y el Apoderado Fiscal de la provincia de Calca en octubre de 1895. Opinaba el Sub Prefecto que el Apoderado Fiscal no cumplía debidamente con su deber, puesto que no permanecía en la provincia para efectivizar el cobro de la contribución: "todo lo que hace es presentarse por breves instantes, y como encuentra que los envarados no tengan la plata lista se queja contra éstos y el gobernador"70. Opinaba el Sub Prefecto que el Apoderado debía realizar el cobro conjuntamente con los envarados y "no solo se conforme con dejar los recibos a los Segundas, quienes hacen un gasto de 5 centavos por cada recibo de recaudar, dando por resultado que un envarado gasta, para cancelar lo que corre a su cargo, por lo menos dos soles, además de pagar su contribución"71.

67Los conflictos entre las autoridades políticas y los cobradores de la contribución eran frecuentes, puesto que estos últimos reclamaban continuamente el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de su cometido, lo que era ocasión de diversos roces. Estos se agudizaron luego del triunfo de la Coalición dirigida por Piérola, que generó en el interior expectativas sobre la supresión de esta impopular gabela. En determinados departamentos, como en Junín (donde, como vimos en el capítulo II, sólo fue posible restablecer la contribución en determinadas zonas, debido a la agitación imperante desde tiempos de la guerra con Chile), el sólo rumor de que se discutía la abolición de la contribución bastó para que ella quedara suprimida de hecho. El 25 de setiembre de 1895 el Prefecto de Junín, Jacinto Cevallos, elevó un informe al Director de Gobierno, anunciándole que con la supresión de la contribución personal el departamento había perdido setentiocho mil soles72.

68El segundo semestre de 1895, coincidiendo con los debates en las cámaras legislativas en torno a esta espinosa cuestión, se agudizaron los conflictos dentro de la burocracia local del Cusco. A inicios de octubre el Recaudador del Distrito de Urcos, Víctor Echegaray, presentó una queja contra el Gobernador del distrito, César Yábar. Este, "en persona y con sus Tenientes Gobernadores, había advertido ayer a los Segundos y alcaldes, para que no me obedescan en cl cobro de la Contribución mientras que él les ordene, comunicando primero con el Señor Sub Prefecto"73.

b. La descentralización fiscal

69Apuntamos que el uso de los recursos generados por la contribución personal durante este periodo sólo podía comprenderse vinculándolo con la descentralización fiscal. De hecho, el restablecimiento de la primera se dio paralelamente con la discusión en torno a la constitución de las Juntas Departamentales creadas por la segunda. El 10 de agosto de 1886, a escasas semanas de la instalación del primer gobierno de Cáceres, se sometió al debate de las cámaras legislativas el proyecto de ley de Descentralización Fiscal. Como señaló el presidente de la Cámara de Diputados, el proyecto no era enteramente nuevo: "es la fiel reproducción, es la esencia de la organización que intentó dar a la república el gobierno del Sr. Pardo"74. La ley que se aprobó finalmente, sin embargo, tenía muy poco en común con el proyecto de descentralización administrativa que propuso el primer civilismo. Como dijera el representante de Chiclayo, Germán Leguía y Martínez, "cuando surgió la ley del año 86, ya no se parecía casi absolutamente al proyecto primitivo. Sucedió, digo, lo que sucede siempre, estas modificaciones (...) solamente respondían al capricho particular de cada uno de los representantes"75.

70En general, se mostraron favorables al proyecto los representantes de los departamentos serranos del interior, mientras que los de la costa y la selva no lo vieron con buenos ojos. El diputado José María González opinó que el proyecto traería una anarquía espantosa76, mientras que el representante de Amazonas, Hernández, mostró su preocupación por las consecuencias que podría provocar la restauración de la contribución personal, que era la fuente con la que se esperaba dotar de recursos a las Juntas Departamentales. "La sola palabra contribución —afirmó— lanzada en ese Departamento (Amazonas) ha sublevado a los indígenas al extremo de desconocer la autoridad prefectural"77. Esta preocupación, en cambio, no era compartida por los representantes del sur andino. "La descentralización existe —afirmó el diputado Jiménez— en los departamentos de Cuzco, Puno y Apurímac, y en los últimos años (durante la guerra, N. M.) sus rentas han bastado para atender a sus necesidades y han obtenido además un superávit que poder mandar a los gobiernos de Arequipa del Contra-Aimirante Montero y del General Cáceres"78. El representante de Arequipa, Masías y Calle, apoyó esta intervención, declarándose federalista. En su opinión no se podía aplicar el razonamiento de los detractores del proyecto a la realidad imperante en el sur andino. "Basta detener la atención —arguyó— un instante en las diferencias de raza, de clima, de civilización, de hábitos y de costumbres que existen entre los habitantes de la costa y los de la cordillera"79. Obviamente esas diferencias existían, pero estaban situadas más bien a otro nivel: el de la distinta condición en que se encontraba la población indígena en las diferentes regiones. Era evidente que en la sierra sur estaba aplastada por la estructura gamonal, lo que hacía más fácil descargar sobre ella los costos de la reconstrucción.

71En realidad la descentralización fiscal, en lo que era su esencia, esto es entregar el uso de los ingresos generados por la contribución personal a los respectivos departamentos, venía funcionando de facto desde el régimen de Iglesias80. La ley de Descentralización Fiscal, que se promulgó el 13 de noviembre de 1886, no hizo otra cosa que consagrar esta situación. Su creación más importante fueron las Juntas Departamentales, compuestas por delegados de las provincias, elegidos por un periodo de cuatro años por los Concejos Provinciales y por el Prefecto del Departamento, que las presidía.

72Desde un comienzo se estableció una sorda pugna entre los Prefectos, representantes del poder central, y los integrantes de las Juntas, representantes de los poderes locales81. Aunque en sus orígenes se limitó claramente sus atribuciones82, las Juntas Departamentales fueron ganando progresivamente un creciente poder, lo que las convirtió en un instrumento del gamonalismo en contra de la centralización estatal. De allí que cuando fue derrocado el segundo gobierno de Cáceres en 1895 la nueva administración, en la que eran hegemónicos los demócratas de Piérola y los civilistas, se propusiera, en el marco de la política de liquidar la herencia del Segundo Militarismo, como uno de sus objetivos prioritarios la liquidación de las Juntas Departamentales. El debate que entonces se realizó echa luz sobre la naturaleza de esta creación del régimen cacerista.

c. Carácter del Segundo Militarismo

73El 19 de octubre de 1895 el Ministro de Hacienda, Bresani, presentó un proyecto de ley suprimiendo las Juntas Departamentales. En la fundamentación de su proyecto las calificó de "rueda innecesaria en el mecanismo administrativo", acusándolas de ineficicncia en el cumplimiento de sus funciones y de minar la autoridad de los Prefectos, que aunque eran los representantes del poder central "no intervenían en el manejo de los asuntos que les concernía"83. Aunque la Cámara de Senadores llegó a declarar la inconstitucionalidad de la ley, la de Diputados, profundamente dividida por el proyecto, se pronunció por mayoría por la subsistencia de las Juntas.

74En base al proyecto del Ejecutivo, la Comisión Principal de Hacienda presentó el 23 de agosto del 95 un dictamen en minoría favorable a la supresión de las Juntas. Las razones que arguyó fueron principalmente que las Juntas Departamentales habían obtenido el derecho a revisar los actos de las municipalidades; la facultad de nombrar independientemente sus empleados; la de proponer los Tesoreros Departamentales (que a su vez administraban rentas generales); y habían excluido a los Prefectos, "queriendo ponerlos bajo su tutela, como simples vocales obligados a respetar sus decisiones". Por lo tanto, concluía, "si se les consiente, absorberán del todo las funciones propias del Poder Ejecutivo"84. Estos no eran los únicos cargos. Las Juntas habían procedido, además, a resellar el papel sellado, "haciéndole perder su carácter nacional". Según el informe del Visitador de las Tesorerías Departamentales del Centro en 1891 en Huancavelica no existía ninguna Matrícula de las Contribuciones en las cuatro provincias, estando pendiente el cobro de 118,500 soles. En Ayacucho sólo se cobraba lo necesario para el pago de los empleados; "no se ejecuta a nadie en razón de compadrerías y empeños". Del valor total de las contribuciones de 1887-1889, que ascendía a 164,319.18 soles, sólo se había cobrado 18,221.37, existiendo además deudas por 320,000 soles, etc.85.

75Del encendido debate que entonces se produjo merece destacarse la defensa que hizo el representante de Apurímac, diputado Trelles, de las Juntas. Este, con admirable sinceridad declaró: "es el único pan que nos queda a los Departamentos del Sur, que están muy lejos del Tesoro Público". Atacó violentamente a los Prefectos a quienes acusó de entorpecer el funcionamiento de las Juntas y se pronunció en contra de que se otorgara a éstos el manejo de las rentas departamentales86.

76Finalmente el Ejecutivo fue derrotado. El 29 de octubre la Cámara de Diputados se pronunció por la subsistencia de las Juntas, pero el régimen, al no poder liquidarlas directamente, halló la manera de hacerlas inoperantes. El 11 de noviembre envió un nuevo proyecto, que decretaba la supresión de la contribución personal. Aunque en sus considerandos señalaba que debía abolirse porque era "odiosamente injusta y necesariamente ocasionada a abusos y atropellos, en especial contra la clase indígena que es casi únicamente la que la paga"87, los parlamentarios de la oposición no se dejaron engañar sobre sus verdaderas motivaciones. El diputado Boza dejó en claro que se trataba de una represalia del gobierno por su derrota en la cuestión de la supresión de las Juntas Departamentales, añadiendo que, pese a ello, todo el litoral apoyaría la medida porque ellos no necesitaban esc recurso88. Fue similar la opinión del diputado Pérez, para quien el objetivo evidente del régimen era provocar el hundimiento de las Juntas: "por cuanto no le dimos gusto al Gobierno en suprimir las Juntas Departamentales, el Gobierno mandó este proyecto para provocar un conflicto"89.

77En el debate quedó claro que la subsistencia de la contribución era un asunto que sólo atañía a los representantes del interior, como lo hizo notar el representante Oré, quien creía que si se la suprimía correrían peligro los diputados del interior; "se levantará el pueblo y acabará con ellos (...) nosotros los que estamos en la costa nada de eso nos sucederá porque por acá nunca hemos pagado la contribución personal, pero los del interior siempre la han pagado y es la renta con que cuentan para los servicios locales" (el subrayado es nuestro)90.

78La supresión de la contribución se aprobó en medio de desórdenes que obligaron al desalojo de la barra y de manifestaciones hostiles contra el Parlamento. En una maniobra desesperada por mantenerla, el diputado Del Solar propuso sustituirla por una "contribución vecinal", pero fue rebalido por el diputado Pérez, quien liquidó el intento yendo al meollo del asunto: "si queremos ser veraces, no engañemos al pueblo con cambio de nombres"91. Al final ni aún los diputados del interior pudieron defenderla; tal era la presión por su abolición. Todos los diputados estaban teóricamente por su extinción, pero los del interior exigían que previamente a su aprobación el Ejecutivo crease rentas alternativas que compensasen los ingresos que se dejarían de percibir. Se aprobó la abolición de la contribución personal por 81 votos contra 692. El 25 de noviembre se aprobó una adición, condonando las deudas anteriores por este concepto93.

79En el mes de diciembre de 1895 la contribución personal fue abolida en los hechos en el interior del país en medio de desórdenes. Hay algunos testimonios acerca de cómo se dio el proceso en el Cusco. El 3 de diciembre el Recaudador Fiscal de la provincia de Acomayo, al mismo tiempo que acusaba recibo de las instrucciones oficiales, elevaba su queja al Presidente de la Junta Departamental. "La parte grave —decía— de esta medida tan violenta (sic) es (que), como se acostumbra repartir recibos con cargo de que paguen con tal o cual plazo por los Subrecaudadores, existe en deudas una suma considerable en cobranzas del semestre de San Juan del 93"94. Ese mismo día el Subrecau-dador de Marcaconga solicitaba, "para caucionar las cuentas que las tengo en mi poder por hallarse expuesto este despacho; amenazado por las autoridades políticas y la gente bárbara. De modo sorpresivo se han lanzado los indios trayendo consigo sus recibos y no quiero recibirlos por que espero que ese superior despacho dicte las medidas eficaces al caso y la circunstancia actual"95. Días después el Recaudador Fiscal de Acomayo informaba: "todos los contribuyentes que pagaron ya su contribución del semestre referido se chillan (sic) diariamente en todos los pueblos de esta Provincia (...) exigiendo de una manera imperiosa y hasta alarmante la devolución de lo que tienen pagado y pidiendo en caso contrario se les acabe de cobrar a todos los que no hayan pagado todavía para que así se observe la verdadera igualdad"96. Finalmente, cinco días después el Recaudador Fiscal de la provincia de Paruro informó que a raíz de la abolición de la contribución personal "todos los que pagaban la (Contribución) Predial, Rústica, Industrial y Eclesiástica se resisten al abono que les corresponde"97. Hasta tal punto era parte del orden "natural" que los indígenas pagasen el impuesto que parecía inconcebible que si ellos dejaban de abonarlo no desaparecieran al mismo tiempo todas las gabelas que afectaban al resto de la población.

80La abolición de la contribución personal fue, pues, muy mal recibida en el interior, pero el proceso fue indetenible. Parece evidente que al triunfar la coalición de los civilistas y pierolistas, y al ser derrotados los constitucionalistas de Cáceres (los representantes orgánicos de los terratenientes serranos), esta medida no pudo sostenerse. Al perderse, por otra parte, la fuente principal de ingresos sobre la que se apoyaban las Juntas Departamentales, éstas se vieron condenadas a la inopia, volviéndose completamente inoperantes. Aunque no fueron legalmente suprimidas, para los efectos prácticos en los años posteriores quedaron realmente liquidadas. Posiblemente esta sea la mejor prueba —más allá de los testimonios de los parlamentarios que lo afirmaron explícitamente, y que hemos transcrito— de que descentralización fiscal y contribución personal, como medidas para afrontar la crisis de la postguerra desde el punto de vista de la defensa de los intereses de clase de los terratenientes del interior, no podían marchar separadas. Por otra parte, la batalla del régimen por la supresión de las Juntas Departamentales y la abolición de la contribución personal constituyó un importante hito en el proceso de centralización del poder estatal, que había quedado profundamente disperso como una de las más importantes consecuencias de la guerra con Chile. Aunque los apologistas del régimen pierolista quieren ver en estas luchas la implementación de una política indigenista precursora esta interpretación es desmentida por la creación, apenas un año después, del impuesto de la sal, tan oneroso para los indígenas como el pago de la abolida contribución, y por las masacres de Huanta, Cusco y Juli, con las que se respondió a las protestas indígenas contra esta nueva exacción98.