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Capítulo 3. Análisis exploratorio de la estructura de financiamiento de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche

p. 79-94


Texte intégral

3. 1. Introducción

1El federalismo fiscal (ff) es el campo de las finanzas públicas que estudia los sistemas de organización del Estado en sus diferentes niveles. Las teorías clásicas del ff proponen la descentralización de los gastos hacia el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía y el autofinanciamiento de los gobiernos como los arreglos más eficientes en términos de política fiscal (Tiebout, 1956; Oates, 1972). Sin embargo, las ventajas de la descentralización y el autofinanciamiento que se desprenden de este conjunto de teorías se atenúan cuando se consideran los aspectos institucionales, que condicionan la estructura de incentivos de los actores en un territorio, la distribución del poder y autoridad entre ellos (López Accotto y otros, 2016). En este sentido, la asignación de funciones y su financiamiento entre los distintos niveles jurisdiccionales deberían analizarse en relación con el concepto de autonomía, que determina la capacidad real de decisión y acción de los gobiernos (Flores y otros, 2018).

2Condicionadas por su trayectoria histórica y sus especificidades locales, las municipalidades disponen de diferentes dimensiones y grados de autonomía. Por un lado, la autonomía política implica que pueden establecer su propia estructura de gobierno, elegir libremente sus autoridades y tomar las decisiones de manera independiente de otros niveles de gobierno y otros actores en el territorio (Flores y otros, 2018). A su vez, la autonomía administrativa implica que pueden establecer su propio sistema de administración financiera. La autonomía económica y financiera está asociada a la posibilidad de gestionar su propio presupuesto, de endeudarse y de recaudar a partir de diversos instrumentos tributarios y no tributarios (Agüero y Casaño, 2009). Finalmente, desde el punto de vista institucional, la autonomía implica la posibilidad de definir la propia Carta Orgánica Municipal (Fernández, 2001). Si bien la Constitución de 1994 jerarquiza a los municipios reconociendo su autonomía plena, su ejercicio efectivo se vincula más con las capacidades institucionales de cada uno que con las atribuciones asignadas legalmente (Cravacuore, 2016; López Accotto y otros, 2012). Es decir que la vigencia real de la autonomía municipal está, en la práctica, fuertemente relacionada al tamaño del municipio y el desarrollo de sus bases tributarias, el diseño de su estructura decisoria, su perfil productivo y su posibilidad de acceder a recursos de libre disponibilidad para llevar adelante las políticas que se propone (Flores y otros, 2018; Gorenstein y otros, 2010).

3Mientras mayores sean los diversos grados de autonomía en las dimensiones consideradas, mayor será el aporte del gobierno local al desarrollo socioeconómico. En la literatura de las últimas décadas se ha enfatizado en el rol de los gobiernos locales para contribuir al desarrollo, articulando políticas multinivel y fortaleciendo las capacidades endógenas (Busso y Carniglia, 2013). A los servicios urbanos tradicionalmente provistos por el gobierno local se le sumaron demandas por aquellos descentralizados desde las administraciones provincial y nacional (como salud y educación), así como aquellos que no son provistos de manera suficiente por estos niveles (promoción del empleo, desarrollo económico y cuidado ambiental, entre otros). Por otro lado, se revalorizó el ámbito local por su proximidad a la ciudadanía y la posibilidad de entender, gestionar y resolver sus demandas. De este modo, se plantean nuevos desafíos a los gobiernos locales, que exigen repensar su diseño institucional de modo de fortalecerlos para organizarse, generar los recursos que necesitan y llevar adelante los objetivos que se proponen (su autonomía en todos sus aspectos). En este trabajo nos proponemos aportar al análisis de la institución municipal desde un punto de vista empírico, analizando el componente de ingresos de la autonomía financiera de la municipalidad de San Carlos de Bariloche (mscb).

4La sustentabilidad financiera se refiere a la posibilidad de contar con recursos para sostener las erogaciones de manera sostenible en un horizonte de mediano y largo plazo. En este trabajo, centramos la atención en un aspecto de la sustentabilidad, la estructura de financiamiento, dejando el análisis detallado de los gastos para otros trabajos.1 Para llevar adelante este objetivo, estudiamos: 1) el marco normativo de la fiscalidad de la mscb; 2) la composición de sus fuentes de ingresos en el período 2006-2017; 3) la sustentabilidad financiera, sintetizada en indicadores de autonomía y rigidez presupuestaria; y 4) la composición de su recaudación propia y la gestión de los principales instrumentos de recaudación. Este análisis exploratorio nos permitió identificar dificultades y desafíos que enfrenta la municipalidad, así como proponer medidas para el fortalecimiento de la recaudación y mejoras en la eficiencia de la gestión tributaria.

3. 2. La normativa fiscal de Bariloche

5Las reglas fiscales de la mscb se establecen principalmente en la Constitución de la Provincia de Río Negro, en la Carta Orgánica de la mscb, en las ordenanzas fiscal y tarifaria de cada año, y en sus normas modificatorias. La Constitución de Río Negro reconoce autonomía a sus municipios en todos sus aspectos (Art. 225). La autonomía política permite a la mscb establecer su estructura de gobierno, conformada por un Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante y un organismo de contralor; a la vez que autoriza a elegir libremente sus autoridades. La autonomía administrativa implica que puede establecer su propio sistema de administración financiera. La autonomía económica y financiera está asociada a la posibilidad de gestionar su propio presupuesto. Adicionalmente, la constitución habilita a la mscb cobrar impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos, que «se determinan teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el servicio o beneficio recibido, el costo de la obra y el principio de solidaridad» (Art. 230). La mscb también puede contraer empréstitos con aprobación de dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante y siempre que los servicios de la deuda no superen el 25 % de los recursos anuales ordinarios. Desde el punto de vista institucional, la autonomía implica la posibilidad de definir la propia Carta Orgánica municipal. Si bien la normativa reconoce la plena autonomía municipal, esta está vinculada con la posibilidad real de acceder a recursos de libre disponibilidad, sean propios o transferidos de manera automática por otras jurisdicciones.

6En la Constitución de Río Negro y la Ley 1946 se establece el régimen de coparticipación municipal. La distribución primaria entre la provincia de rn y sus municipios indica que 10 % de lo recibido por la provincia a través del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (rcfi) les corresponde a los municipios, así como el 26,5 % de lo recaudado por ingresos brutos, impuesto inmobiliario (urbano y rural), impuesto a los automotores y el 10 % de las regalías petrolíferas, gasíferas y/o mineras. La distribución secundaria asigna los fondos entre municipios del siguiente modo: lo colectado por impuestos o percibido por rcfi se distribuye mediante un índice que se construye en función de la recaudación propia de los municipios (40 %), la población urbana (40 %) y el porcentaje restante (20 %) en partes iguales (Ley provincial 1946/2003). Es decir que considera tanto un criterio devolutivo de lo que cada territorio municipal recaudó como uno distributivo, a través del indicador de población. El monto uniforme para todos los municipios, que claramente favorece a los más pequeños, responde a que todos los municipios, independientemente de sus tamaños o estructura económica, deben cubrir ciertas finalidades y funciones (Agüero y Casaño, 2009; López Accotto y Macchioli, 2015).

7Las regalías se reparten del siguiente modo: el 35 % se destina a nueve «municipios productores» en función de los volúmenes de extracción y el 65 % restante se distribuye entre todos los municipios con el mismo índice que el recaudado por impuestos y rcfi. El 2 % de los fondos a coparticipar se destina a la conformación de un Fondo de Asistencia Territorial.

8La ordenanza fiscal establece todo lo referente a las obligaciones tributarias (hecho imponible, contribuyente, base imponible, exenciones, demás), mientras que la ordenanza tarifaria de cada año determina el valor de las alícuotas de todas las obligaciones tributarias. Esta normativa se presentará más detalladamente en la sección 3.3.3 de recaudación propia.

3. 3. Los recursos municipales

3. 3. 1. Estructura de financiamiento de la mscb

9Las municipalidades tienen múltiples fuentes de recursos, algunos son recursos propios (corrientes o de capital) y otros son transferidos desde las jurisdicciones nacional o provincial. Dentro de estas transferencias, algunas son automáticas y de libre disponibilidad (como los recursos provenientes de la coparticipación o el reparto de regalías provinciales), otras tienen destino específico (como los Aportes del Tesoro Nacional –atn– o recursos del Fondo Federal Solidario, destinados a gastos de capital) o son gastos realizados directamente por estas jurisdicciones en el territorio municipal (obra pública u otros rubros). Las transferencias de otras jurisdicciones a las municipalidades persiguen al menos dos objetivos: por un lado, el de financiar las funciones cada vez más complejas que las municipalidades asumen y, por otro, el de compensar las desigualdades territoriales en el desarrollo de bases imponibles.

Figura 3. 1. Estructura de ingresos municipales. Años 2006 a 2017

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10Fuente: Elaboración propia con base en ejecutados presupuestarios. mscb

11La relación entre ingresos propios (corrientes y de capital) y los de otras jurisdicciones en la estructura de financiamiento de la mscb fue muy variable entre 2006 y 2017 (figura 3. 1). Hasta el año 2010, por cada peso propio se obtuvieron entre 1,1 y 1,5 pesos de otras jurisdicciones. En los 2011 y 2012, años de mayor efecto de la erupción del volcán Puyehue sobre la economía barilochense (Colino, Dondo y Civitaresi, 2013, 2018), por cada peso propio se recibieron 2 pesos de otras jurisdicciones. En los años 2014 y 2015 este número creció a 3 pesos de otras jurisdicciones por cada peso localmente recaudado, explicado principalmente por financiamiento para obra pública de la administración nacional vía atn. En el año 2017, la relación se igualó y, por cada peso de recaudación propia, la mscb recibió 1 peso de otras jurisdicciones.

3. 3. 2. Autonomía financiera

12La autonomía financiera se refiere a la posibilidad de los gobiernos de gestionar su propio presupuesto y diseñar sus propios instrumentos de recaudación (Agüero y Casaño, 2009). Esto significa que un alto grado de autonomía financiera implica contar con los recursos necesarios para financiar los objetivos que el gobierno se propone. En este sentido, la autonomía financiera no debería vincularse únicamente a la posibilidad de autofinanciarse, ya que las municipalidades reciben también recursos desde la nación y la provincia con base en normas y criterios explícitos, y sobre algunos de los cuales tienen poder de decisión.

13En la tabla 3. 1 presentamos indicadores sintéticos de autonomía financiera y de rigidez presupuestaria calculados para el año 2017. Observamos que la recaudación propia equivale a la mitad de los ingresos corrientes, no llega a financiar la mitad del gasto total, y solo el 59 % del gasto operativo. Este indicador se encuentra, sin embargo, por encima del promedio nacional del 51 % (López Accotto y Macchioli, 2015). Si a la recaudación propia sumamos los ingresos que son transferidos desde la administración nacional o provincial de manera automática y que son de libre disponibilidad, encontramos que esos recursos logran financiar el 88 % de los gastos totales.

Tabla 3. 1. Indicadores de autonomía financiera y de rigidez presupuestaria, año 2017

IndicadorValor
Rec. propia/Gasto total47 %
Rec. libre disponibilidada/Gasto total88 %
Rec. propia/Gasto corriente59 %
Rec. propia/Ingreso corriente51 %
Gasto en personal/Gasto corriente79 %
Gasto en personal/Rec. libre disponibilidad71 %
Inversión en obra pública/Gasto total8 %
Presión fiscal per cápita por día13 $
a. Incluye la recaudación propia y transferencias automáticas y de libre disponibilidad.

Fuente: elaboración propia con base en ejecutados presupuestarios mscb.

14Los indicadores de rigidez presupuestaria miden cuál es la disponibilidad de recursos municipales para variados fines de política pública, es decir, el margen de maniobra que tiene la municipalidad luego de financiar sus gastos operativos. Encontramos que el gasto en personal implica el 79 % de los gastos corrientes y el 71 % de los recursos de libre disponibilidad de la mscb. Esto deja menos de un 30 % de los recursos sobre los que decide la municipalidad para destinar a financiar política pública. El 8 % de los gastos totales se destinaron en 2017 a inversión en obra pública, de los cuales únicamente el 37 % fue financiado con recursos propios. Si a ese indicador le sumamos lo destinado a inversión social, alcanza algo menos del 10 %.

3. 3. 3. Ingresos propios municipales

15La estructura de financiamiento de la mscb del año 2017 (figura 3. 1) muestra que aproximadamente 43 % de los ingresos fueron recibidos por transferencias automáticas y de libre disponibilidad de otras jurisdicciones (nación o provincia de Río Negro). El 4 % fueron transferencias recibidas con una finalidad específica y cerca del 2 % fueron gastos realizados por nación o provincia directamente en el territorio municipal, sea para obra pública u otros rubros. Cerca de la mitad de los ingresos municipales fueron recursos propios. Si bien en la mscb están vigentes una gran cantidad de tasas, derechos y otros instrumentos tributarios, la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (tish) y la Tasa por Servicios municipales (tsm) explican más del 60 % de la recaudación municipal (figura 3. 2).

Figura 3. 2. Composición de los recursos propios. Año 2017

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Fuente: Elaboración propia con base en ejecutados presupuestarios de la mscb.

16La tish

retribuye los servicios y actividades reales o potenciales prestados por el Municipio con la finalidad de preservar la seguridad, salubridad e higiene y cualquier otro servicio que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población dentro del ejido municipal, y en especial en los lugares de concurrencia de público, comercios, locales y oficinas, que gravará toda actividad económica, comercial, industrial, de servicios o agropecuaria, independientemente del ámbito en que se realice y sin distinción del carácter, estructura jurídica y tipo de organización que revista el titular o responsable de los mismos. (Ordenanza 2374-CM-12)

17En la ordenanza se plantea, además, que estarán alcanzadas todas las actividades económicas o servicios que, aun estando pactadas o facturadas fuera de la ciudad, sean prestadas al consumidor en la jurisdicción municipal (como las agencias de viajes).

18La fórmula de cálculo de la tish que puede verse a continuación se basa en los ingresos brutos declarados por los contribuyentes durante el período fiscal. Al monto de los ingresos multiplicados por la tasa general se realiza un descuento por cantidad de empleados en relación de dependencia (dp), se lo corrige por zona geográfica donde está establecida la actividad, tipo de contribuyente (empresa micro, pequeña o grande) y rubro de actividad. Estas correcciones buscan favorecer a los establecimientos con más empleados registrados, a las más pequeñas y, conociendo que esta tasa puede ser trasladada a precios, se busca también favorecer aquellos rubros con mayor peso en el gasto de consumidores de menor poder adquisitivo. Además, la ordenanza establece mínimos del monto de la tish por zona, es decir que si la fórmula resulta en un valor menor, el contribuyente paga el mínimo establecido.

19TISH=[(Ing.Brutos*tasageneral)-DP]*Zona*TipoContribuyente*RubroActividad

20El diseño de la tish genera, por un lado, una recaudación mayor al costo de proveer el servicio público a la ciudadanía (López Accotto y otros, 2016). Por otro lado, presenta algunos problemas que surgen de la base imponible de ingresos autorreportados y de su impacto distributivo. En primer lugar, se encuentran problemas de subdeclaración de ingresos, subfacturación e informalidad (establecimientos no registrados). Estos problemas buscan ser reducidos contrastando la información provista por los contribuyentes con información presentada a otras jurisdicciones, como la afip o Dirección General de Rentas provincial o con estrategias de punto fijo (Baroni, L., 2018)2. En ellas, un inspector recopila información de las ventas realizadas durante todo un día en el establecimiento controlado para luego contrastar esa información con las declaraciones mensuales. En segundo lugar, la tasa es acumulativa en cascada a lo largo de la cadena de producción y, además, puede ser trasladada a precios, por lo cual se la puede considerar un impuesto al consumo y su incidencia, entonces, regresiva (López Accotto y otros, 2016). En este sentido, y considerando el aporte a la recaudación propia de la municipalidad, es un desafío necesario mejorar su diseño.

21Respecto de la tsm, la Ordenanza la define como:

la contraprestación que la Municipalidad exige a los contribuyentes o responsables por los servicios directos, indirectos y potenciales que la misma presta en concepto de barrido, limpieza de calles, plazas y veredas; recolección de residuos domiciliarios domésticos de tipo común, su manejo y disposición final; mantenimiento de calles, plazas, parques y jardines, edificios y monumentos públicos y otros espacios públicos de uso comunitario; conservación y reparación de los desagües pluviales, servicios de recolección de residuos comerciales comunes y especiales, entre otros. (Art. 96)

22Su cálculo surge de la fórmula que se presenta a continuación, que contempla el costo unitario de los servicios prestados, la zona geográfica donde está ubicado el inmueble, la valuación fiscal (tomada de la provincia, pero que difiere notablemente de la valuación de mercado) y la cantidad de metros de frente. Estos últimos factores buscan dotar de progresividad al tributo, asignando la carga según la capacidad contributiva de los contribuyentes; así como determinar el monto en función de los servicios municipales recibidos. Además, la tasa diferencia si el inmueble está edificado, si es baldío con mejoras o sin mejoras. Adicionalmente, se contempla una bonificación del 15 % como incentivo a quienes están al día con sus pagos.

23TSM=VU+VRR+VOS

24Donde vu es el valor universal, que varía según la zona; vrr es la valuación fiscal multiplicada por el costo unitario (que varía según la zona y escala de metros de frente); y vos son los metros de frente multiplicados por el costo unitario.

25Como resultado del diseño de la tsm, sus exenciones, bonificaciones y una tasa de cobrabilidad variable según zona pero que no alcanza el total emitido, el monto recaudado por este concepto suele ser menor al costo de los servicios prestados (López Accotto y otros, 2016). El nivel de cobrabilidad para toda la ciudad ronda entre un 60 % (según datos provistos por la mscb para el 2017) y un 80 % (Baroni, L., 2018, entrevista personal) y presenta una alta variabilidad por zonas geográficas. Para la delegación Lago Moreno, por ejemplo, el porcentaje es menor (58 %). Esto quiere decir que gran parte del déficit operativo está dado por la baja recaudación que presenta el municipio y podría ser reducido sin necesidad de aumentar adicionalmente las alícuotas de tasas municipales.

26Además de la tish y la tsm, que son tasas implementadas por todos los municipios argentinos (López Accotto y Macchioli, 2015), la mscb tiene otras fuentes importantes de ingresos propios. Primero, los establecimientos que abonan tish, abonan también un componente destinado al Ente Mixto de Promoción Turística (emprotur), que se destina a promocionar las propuestas turísticas de scb, tanto en el mercado nacional como internacional. Este componente llamado B es variable según tipo de actividad, tamaño del establecimiento habilitado y zona geográfica. Segundo, la «ecotasa» fue creada en el año 2017 para retribuir los servicios turísticos y la inversión en infraestructura turística que realiza la mscb (conservación patrimonial, mejoramiento de sitios y paseos turísticos, accesos al lago, miradores, servicios de información, entre otros). La tasa es pagada por todos los turistas mayores a 14 años que se hospeden en la ciudad. El monto varía según la categoría del establecimiento y se paga por un máximo de tres noches en una semana. Los discapacitados están exentos y los jubilados pagan un monto reducido. En temporada baja, el monto disminuye un 50 %. Una comisión conformada por miembros del Poder Ejecutivo (Desarrollo Urbano, Turismo y Obras Públicas), del Concejo Deliberante, de la Cámara de Turismo y de la Cámara de Comercio decide cómo invertir el dinero (siempre dentro de la afectación específica nombrada). scb es la primera ciudad argentina que implementa una tasa de este tipo que tiene vigencia, inicialmente, hasta el año 2020. En tercer lugar, desde el año 2012 se implementa en la ciudad el sistema de estacionamiento medido y solidario en el radio céntrico, de manera cogestionada entre la mscb y cooperativas locales. El principal objetivo de este sistema no es recaudar, sino lograr un ordenamiento del tránsito vehicular, rotación en el acceso al microcentro y la generación de fuentes de trabajo para los sectores socioeconómicamente vulnerables de la ciudad (Ordenanza 2508/2014). De lo recaudado, el 26 % va a las arcas del municipio para destinarlos a gastos operativos del sistema (mejoramiento de infraestructura vial, calles, reparación de luminarias, cartelería, otros), el 70 % a la de las cooperativas operadoras del sistema, y el 4 % restante a la Universidad Nacional de La Plata que desarrolló el soporte tecnológico del sistema. En cuarto lugar, la mscb cobra un canon a la concesionaria del cerro Catedral equivalente a 12 500 pases de adulto de alta temporada (al cerro lo visitan en alta temporada aproximadamente 10 mil esquiadores por día –ver capítulo 7, «Infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital en San Carlos de Bariloche»–. Del monto total del canon, el 50 % lo recibe el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral (eamcec), y el otro 50 % ingresa a las arcas de la municipalidad. En quinto lugar, la mscb aplica un impuesto sobre los inmuebles libres de mejoras, que equivalía en 2017 al 1 % de la valuación fiscal del lote sin mejoras. Dada la diferencia entre la valuación fiscal y la valuación de mercado de los inmuebles, este 1 % no implica un monto que pueda incentivar un cambio en el comportamiento de los propietarios para darle un uso a esos lotes, generando costos sociales (aumento del costo de provisión de servicios públicos, restricción en la oferta de tierra, entre otros). Finalmente, la mscb recauda otras tasas, derechos de construcción, habilitaciones comerciales, multas, entre otros instrumentos tributarios.

3. 4. Conclusiones y recomendaciones

27Del análisis previo podemos concluir que la mscb presenta una débil autonomía financiera y un presupuesto con bajo margen de maniobra para financiar sus objetivos de política. Las recomendaciones que se derivan del análisis de su estructura de financiamiento se orientan al fortalecimiento de la obtención de recursos de libre disponibilidad, sobre los cuales la municipalidad tenga amplio margen de decisión (sean propios o transferidos). En este sentido, cabe preguntarse si la mscb cuenta con espacio fiscal para mejorar la explotación de sus propias fuentes tributarias y si algún diseño alternativo del sistema fiscal federal/provincial pueden mejorar la fiscalidad municipal. A continuación, presentamos algunas recomendaciones que son, a su vez, líneas sobre las que queda pendiente investigar y generar evidencia empírica para sustentar el debate.

28En primer lugar, debería analizarse la posibilidad de mejorar el diseño y la gestión de los tributos que sí se cobran actualmente. Por un lado, deberían repensarse los cánones sobre el uso de bienes comunes, como el cerro Catedral. En este caso, el monto cobrado por la municipalidad equivale a menos de dos días de recaudación de alta temporada por parte de la empresa concesionaria, lo cual es un monto ínfimo por el usufructo del recurso. Por otro lado, como proponen algunos autores (López Accotto y Macchioli, 2015; López Accotto y otros, 2016), la recaudación de la tsm podría asociarse al impuesto inmobiliario provincial, y la de la tish al de ingresos brutos, con transferencias automáticas de la provincia que recauda a cada municipio. Esto permitiría mantener la autonomía municipal para diseñar el instrumento (alícuotas, exenciones, otros), pero aprovechar la ventaja de que las bases imponibles son coincidentes y que la provincia tiene mejor información catastral, a la vez que las declaraciones de ventas se unificarían, simplificando el pago a los contribuyentes y permitiendo una mejor fiscalización, principalmente en los casos en que la actividad económica se realiza en más de una jurisdicción. Finalmente, podría pensarse en cómo facilitar la realización de los pagos para aumentar la cobrabilidad de los diferentes instrumentos tributarios (simplificar declaraciones, realizar descuentos por pagos anticipados, extender puntos de pago, entre otros). En el caso del estacionamiento medido, por ejemplo, el 35 % de los usuarios no pagan por el servicio, perjudicando no solo los recursos de la municipalidad sino a los de las cooperativas que gestionan el sistema. Si bien es cierto que la capacidad de fiscalización de la municipalidad es baja, contando con pocos inspectores dada la extensión del ejido, se podría pensar en fortalecer otras maneras de adhesión a las normas, no vinculadas con el poder fiscalizador del Estado, como son el control social y la internalización. En este sentido, es necesario concientizar a los contribuyentes respecto de la importancia del cumplimiento tributario, que permite financiar el accionar del Estado.

29En segundo lugar, planteamos que debería explorarse la viabilidad técnica y política de aplicar algunos instrumentos de recaudación que, estando habilitados por la Carta Orgánica de la mscb, no se aplican actualmente o no lo hacen en todo su potencial. Por ejemplo, nos referimos a los instrumentos de captación de plusvalías o al gravamen sobre el turismo estudiantil. Respecto del primero, si bien en scb se implementó en algunos casos la ampliación de derechos de construcción, existen muchos otros que también podrían ponerse en funcionamiento en esta ciudad, en la cual la especulación inmobiliaria tiene impactos negativos en la calidad de vida y el acceso a la tierra (Paolinelli, Guevara y Oglietti, 2018). Respecto del turismo estudiantil, este segmento representa cerca del 15 % del turismo en la ciudad (véase capítulo 6: «Grandes proyectos urbanos en la zona andina de la Norpatagonia argentina. El caso del cerro Catedral de Bariloche») y, dado que es facturado en las localidades emisoras, no tributa en la ciudad. Sin embargo, la Ordenanza fiscal habilita a gravar servicios prestados al consumidor en la jurisdicción municipal, aun cuando hayan sido facturadas con domicilio fiscal fuera de esta (Art. 9). En ese sentido, podría avanzarse en el diseño de algún instrumento que grave esta actividad.

30Finalmente, es importante destacar que todas estas propuestas deberían analizarse en el marco de una reforma fiscal integral necesaria, en la que se discuta el diseño de un sistema fiscal que permita una recaudación suficiente y siguiendo el propósito de la justicia distributiva, con nuevos acuerdos en el reparto de recursos y responsabilidades entre distintos niveles de gobierno.

Bibliographie

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Notes de bas de page

1 En el año 2017, los gastos operativos o corrientes implicaron aproximadamente un 81 % de los gastos totales, los gastos de inversión un 8,3 % y los gastos de capital, un 10,8 %. El resultado financiero fue un déficit equivalente al 5 % del gasto total. Otros trabajos podrán avanzar sobre el análisis pormenorizado de la estructura del gasto, de su eficiencia, su eficacia para alcanzar los objetivos de política propuestos, su impacto distributivo, entre otros.

2 Entrevista realizada a la directora de Políticas Tributarias de la Secretaría de Hacienda, mscb.

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