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La tierra de los otros

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Lorena Cañuqueo
, 
Laura Kropff
, 
Pilar Pérez
, 
et al.

Capítulo 1. Cambios y continuidades en las (des)territorializaciones estatales en Río Negro (1878-1955)

Pilar Pérez et Walter Delrio

Texte intégral

1. 1. Introducción

  • 1 Entendemos aquí por territorializaciones a los sistemas de relaciones sociales resultado de constru (...)

1Reponer los procesos históricos de las (des)territorializaciones estatales forma parte de la voluntad de comprender tanto los conflictos y desigualdades sociales de la actualidad como los procesos de despojo y de expulsión que a lo largo del siglo xx han atentado contra los derechos de muchos pobladores y productores de las tierras rionegrinas.1 La recomposición del período de los Territorios Nacionales (1878-1955) nos permite entender lógicas, prácticas y políticas hegemónicas que coadyuvaron a las desterritorializaciones de aquellos que fueron considerados por las mismas como pobladores indeseables en beneficio de otros que, desde esta perspectiva, cuadraban en los diferentes y sucesivos proyectos de –lo que suponía– un país moderno y progresista. Sistematizar este conocimiento nos permite clarificar un proceso histórico y sus injusticias para pensar e imaginar un futuro diferente. Nuestro análisis sostiene que la incorporación estatal, por medio de la violencia, del territorio patagónico y su población a fines del siglo xix constituye un evento estructurante de la historia del poblamiento y de los términos en que se organiza la sociedad de la actual provincia de Río Negro.

2La Conquista del Desierto, denominación con la que sintéticamente se ha hecho referencia a las diferentes campañas militares de ocupación estatal que se desarrollaron entre 1878-1885, representa nuestro punto de partida para comprender las nuevas relaciones sociales de producción que se materializaron en el marco de la economía política capitalista en desarrollo en la Argentina a fines del siglo xix. Las mismas tuvieron al Estado nacional, en primer lugar, y a las gobernaciones de los Territorios Nacionales, en segunda instancia, como principales productores de un nuevo espacio social.

3Este evento estructurante, que categorizaremos en términos de genocidio, será nuestro eje articulador para comprender las primeras prácticas de desterritorialización estatal que tuvieron como objeto la incorporación de los circuitos de intercambio, producción, recursos naturales y humanos del espacio sometido. Se trata de la constitución, en términos de Henri Lefebvre (1991), de un espacio abstracto, cuantificable, medible, fraccionable, racionalizado para su habilitación mercantil. Paralelamente a la producción de este espacio abstracto, el Estado –último propietario de las tierras incorporadas como fiscales– será el principal responsable de establecer, definir y consolidar su población. Así, la territorialización estatal decimonónica priorizó la conducción de un proyecto –pretendidamente– totalizador y homogeneizante de producción estatal que generó, al mismo tiempo, estratificación y diferenciación social en el contexto de la creación permanente del poder soberano.

  • 2 Con sociedad de colonos nos referimos al nuevo tipo de sociedad pensada y construida en el territor (...)

4Desde esta perspectiva analizaremos un segundo período, la producción de la estructura profunda de la sociedad de colonos durante el período territoriano.2 Esto es, la jerarquización social producida al momento de la formación del colectivo de habitantes de los llamados Territorios Nacionales. Esta desigualdad social, articulada en gran medida a partir de la noción de (in)seguridad, ha afectado tanto las políticas estatales que regularon los modos de acceso a la tierra –y una determinada formación de la propiedad privada– como las decisiones particulares de los habitantes.

5La propiedad privada es solo en apariencia una relación entre las personas y la tierra. La propiedad privada es, en primer lugar, una relación entre personas que se encuentran vinculadas por las formas legales que esa relación reviste. En el caso de las tierras rionegrinas –y patagónicas, en general– esta relación está mediada por la agencia estatal dado que el espacio geográfico de la región es incorporado desde el principio en calidad de tierras fiscales. Por esto, analizaremos las diferentes políticas y legislaciones del período territoriano (1884-1955), momento fundacional de las prácticas y formas de experimentar la construcción estatal y la organización de sus recursos. Por otra parte, dado que tanto el acceso como las formas de transitar y ocupar la tierra estarán mediados por las prácticas estatales de estratificación y jerarquización social, nos detendremos en pensar las relaciones entre pobladores, indios, colonos, intrusos, vecinos y ciudadanos, categorizaciones que serán fundamentales para entender el acceso desigual a las tierras y las formas de circulación en el territorio.

6Además abordaremos históricamente las diferentes formas de acceso a la tierra que van desde la ocupación de hecho –pasando por un amplio espectro– hasta la titularización de la propiedad. Haremos especial hincapié en la ordenación histórico-geográfica, para dar cuenta de los términos de la organización regional y las tensiones producidas entre diferentes políticas estatales de movilidad y fijación. Asimismo, atenderemos a las representaciones espaciales –que fueron modificándose y generando contradicciones– y los diferentes niveles de conflictividad entre las agencias estatales –Estado nacional y territoriano y sus dependencias internas–, los sectores particulares con mayor o menor capital y legitimidad para ocupar tierras, y los sectores marginalizados y postergados por supuestos discriminatorios.

1. 2. Estado y genocidio

7Entendemos al proceso de ocupación militar (1878-1885) como un genocidio que establece a futuro un cambio en las relaciones entre pueblos originarios y Estado, convirtiendo a los primeros de antiguos soberanos de los territorios incorporados a «otros internos» (Delrio y otros, 2010; Red de Investigadores sobre Genocidio y Políticas Indígenas en Argentina 2007a, 2007b y 2010). Este proceso, que explicaremos en este acápite, es un evento que estructura las formas locales de consolidación del Estado nacional, que no solo definirá quiénes pertenecerán o no a la población argentina, sino que también establecerá las diferenciaciones en su interior, limitando así las formas de ocupar, circular y habitar el nuevo espacio social definido desde la violencia. Por esto es fundamental partir de este proceso para analizar las formas de materialización de la nueva economía política que se inaugura por medio de un proceso de despojo, muerte, desmembramientos familiares, borramientos de identidad, destierro, confinamiento, estigmatización y quiebre de pautas de relaciones económicas y políticas previas. Por otra parte, es a través de este proceso que la Patagonia es construida discursivamente como un desierto, negándose así la existencia de cualquier tipo de unidad sociopolítica y de desarrollo sociocultural y productivo previo a la ocupación estatal. Se define así al territorio patagónico como un espacio geográfico natural y presocial. Los pueblos originarios preexistentes a la ocupación estatal no serán reconocidos como integrantes de un ordenamiento social. Esta negación forma parte del principio genocida de dicha ocupación.

  • 3 En otros trabajos (Pérez 2011 y 2016) hemos definido esta relación en términos de una «excepcionali (...)

8Caracterizamos este proceso como genocidio en tanto conforma un fin y un medio al mismo tiempo (Bauman, 1989; Pérez, 2011) para establecer un nuevo orden social generado desde el Estado. El fin era incorporar las tierras, controlar los circuitos comerciales y arrasar con las últimas fronteras internas de un territorio hasta entonces solo pretendidamente argentino. Para esto, las autoridades estatales fracturaron y traicionaron las relaciones políticas, económicas y sociales históricas con los diferentes pueblos y penetran incluso hasta sectores que no mantenían ningún tipo de relación con el Estado (Tamagnini y Pérez Zabala, 2002; De Jong, 2007). Entendemos el genocidio también como medio en tanto buscaba el disciplinamiento forzado de la población originaria con el objetivo de asentar los términos de la identidad nacional, la definición del ciudadano argentino y la caracterización del tipo de población que se esperaba para el territorio soberano. Esto conllevaba supuestos racistas e iniciativas de blanqueamiento social –si bien estos fueron debatidos y denunciados en la época, tal y como destaca Diana Lenton (2005)– y los naturalizaba, asociando a los indios con todo aquello desdeñable dentro de la población: lo bárbaro o salvaje, lo antieconómico, lo que amenaza la integración nacional, etcétera. El agravante de entender al genocidio como medio es que los sobrevivientes del terror estatal pasaron también a conformar su población pero forzados a abandonar, en todo caso, su identificación, forma de vida y pensamiento. Por lo tanto, se establecieron condiciones de excepcionalidad que se reproducirían a lo largo del siglo xx y que afectarían a la sociedad argentina en su conjunto, así como a los pueblos originarios en forma particular.3

9El genocidio es un proceso múltiple y complejo que consta de por lo menos tres etapas distinguibles que no necesariamente son consecutivas sino que pueden suceder simultáneamente. Estas son:

  1. La manufacturación de un otro interno peligroso. Se trata de la transformación, en el imaginario, de los indígenas en un peligro y amenaza concreta para los bienes y la seguridad de las personas y del proyecto hegemónico de construcción de una nación. La peligrosidad del indio –estereotipada en la imagen del malón como única práctica social atribuida­– se difundirá y cristalizará en este período.
  2. La violencia abierta ejecutada sobre la población marcada y perseguida. Destacamos, en este proceso, las razias militares que buscaban desarticular cualquier forma de resistencia indígena a través, primero, de generar desconfianzas mutuas y promesas vacías dirigidas a los diferentes caciques. En segundo lugar, aterrorizaba a la población originaria en general a través de la difusión de prácticas violentas como el apresamiento de familias enteras en campos de concentración y las posteriores distribuciones de personas que separaron niños, niñas, mujeres y hombres con diferentes destinos dentro del país.
  3. El silenciamiento. Esta etapa involucra la producción de narrativas oficiales que omiten y oscurecen gran parte del proceso y, fundamentalmente, lo desconectan de –e impiden– la comprensión de sus efectos.

10En estrecha relación con esta última etapa se producen las narrativas oficiales, entre las que se destacan las de los propios intelectuales del ejército que remiten al proceso como una guerra. Nos distanciamos de esta interpretación tanto porque supone la confrontación de partes con igual fuerza –cuestión que no sucedió–, como porque no existió el reconocimiento estatal de otra organización sociopolítica como tal. En el contexto del sometimiento el planteo discursivo del Estado produce un solo enemigo estereotipado y, debido a su supuesta peligrosidad, eliminable: los indios.

11La población indígena tenía múltiples formas de organización y diversas relaciones establecidas por medio de tratados con el Estado. Existe una profusa documentación que prueba los reconocimientos que, desde el Estado nacional y los estados provinciales, se habían realizado a las formas sociopolíticas indígenas antes de proceder al incumplimiento de dichos acuerdos y convenios para efectuar una política genocida (Tamagnini y Pérez Zavala, 2002; Levaggi, 2000, entre otros). Además, la violencia estatal fue dirigida al conjunto de la población singularizada como peligrosa, esto es mujeres y hombres de todas las edades. Sobre ese conjunto operó el control de los cuerpos, los desmembramientos familiares, el borramiento de la identidad de menores y la distribución de jóvenes y adultos en tanto mano de obra forzada (Mases, 2002; Delrio, 2005; Papazian y Nagy, 2010, entre otros). Finalmente, los emplazamientos de campos de concentración instalaron un espacio de excepción a la vista de todos que distaba de ser solo una amenaza destinada a los pueblos originarios (Musante, Papazian y Pérez, 2014). Todas estas medidas constituyeron un ataque a un grupo delimitado racialmente –desde la perspectiva del perpetrador– y forman parte de lo que se define como delito de genocidio por parte de la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas (Delrio y otros, 2010).

12Los campos de concentración a los que hacemos referencia dentro del territorio rionegrino pueden ser categorizados en dos tipos diferentes (Pérez, 2016). En primer lugar, aquellos que se instalaban temporariamente a lo largo de las líneas de fuertes y fortines sobre el río Negro y dentro del territorio del Neuquén. En estos campos se confinaba a los indígenas, tanto sometidos como presentados voluntariamente. Desde los mismos se operaban las distribuciones de personas hacia el resto del país –independientemente de si se trataba de gente presentada, sometida o apresada al azar en las razias militares–. Estos campos se desarticulan entre 1887 y 1888.

13Los del segundo tipo eran aquellos que, como la colonia Conesa y Valcheta, formaban parte de proyectos experimentales de colonización con indígenas bajo regulación militar, primero, y policial, después. Estos proyectos –aunque con diferentes devenires– se enmascaraban en una pretendida voluntad humanitaria de civilizar a los indígenas a partir del trabajo.

14El genocidio tiene efectos particularmente sobre la población violentada que, como veremos, desarrollará diferentes estrategias para garantizar su supervivencia. Asimismo, también tendrá efectos para la sociedad argentina toda, en tanto las pretensiones de homogeneidad e igualdad de los ciudadanos aparecen atravesadas por una jerarquización racializada que conlleva limitaciones a las posibilidades del conjunto de la población. Así, el genocidio es un problema que excede a las víctimas y compromete a la sociedad argentina en su conjunto, sus valores y sentidos de apego y pertenencia nacional.

1. 3. Territorializar (1884-1903)

15Las políticas territorializadoras del Estado comenzaron a implementarse durante las campañas de ocupación militar, aunque ya existían algunas previas, como, por ejemplo, la experiencia de Conesa y las relacionadas con la comarca Viedma-Patagones, sobre la margen inferior del río Negro. Estas políticas implicaban los modos de distribución de tierras –que analizaremos a través de su legislación– y también involucraban concepciones hegemónicas respecto a los recursos: tierra, mano de obra, infraestructura, instituciones reguladoras, etcétera. Por esto, siguiendo el planteo de Philip Abrams (1988), partimos desde la idea de que el Estado posee una doble dimensión. Por un lado, retomamos lo que el autor define como el Estado en tanto sistema, esto es las instituciones y agencias estatales. Esta dimensión pone en foco los tiempos de la organización de la administración pública –junto con sus incoherencias, inconsistencias, contradicciones y competencias– así como su discurso, proyectos y, también, sus actores. Por otro lado, Abrams aborda al Estado en tanto idea, dimensión que refiere a la capacidad del Estado para presentarse como coherente, como una máscara neutral en donde se juegan las disputas y proyecciones políticas. A partir de esta doble dimensión podemos pensar más allá de una definición de lo estatal desde un análisis puramente centrado en el desarrollo de sus instituciones, que lo clasificaría de acuerdo a su posible debilidad o fortaleza. Nos interesa, al contrario, plantear la continuidad histórica del Estado como idea y como sistema.

16El Estado es analizado aquí, entonces, como productor de prácticas, costumbres, rituales y rutinas, con sus falencias, logros y porosidad. Asimismo, es analizado a partir de las relaciones que genera con sus márgenes –formas de estratificación de la sociedad que al mismo tiempo lo definen– y desde las formas en que estos lo experimentan. Una forma de producción del Estado como idea es, precisamente, la división entre Estado y sociedad. A partir de distinguir qué es público y qué privado, el Estado es reificado. Al mismo tiempo se establece cuál es la población soberana, aquella que, en términos foulcaultianos, deber ser defendida y, también, aquel otro que amenaza a ese proyecto colectivo. Así es como, en el territorio soberano, se distinguen quiénes y cómo serán los demandantes «aptos para contratar con el Estado» –lema que se reitera en las fuentes oficiales– y bajo qué términos.

17A continuación, abordaremos las territorializaciones estatales en la transición de lo que fue concebido como desierto a lo que será llamado «territorio nacional» de Río Negro. En líneas generales, (sistematizadas en la tabla 1. 1) tenemos las principales leyes por las cuales se accedió a la tierra entre 1876 y 1902, a las que iremos refiriendo más adelante (ver tabla 1. 1 en el anexo a este capítulo)

18Distinguimos entonces, dentro de los diferentes Territorios Nacionales, tres formas particulares dentro de Río Negro: territorializaciones de antiguo poblamiento, territorializaciones para indígenas, y nuevos proyectos colonizadores.

1. 3. 1. Territorializaciones de antiguo poblamiento

19La formación de la comarca Viedma-Patagones como una zona de influencia se inició durante el período colonial en las últimas dos décadas del siglo xviii y atravesó un siglo hasta la consolidación de la matriz Estado-nación-territorio. Es en ese momento que se rebautizó a Mercedes como Viedma y se separaron las poblaciones con una línea imaginaria que dividiría de ahí en más la provincia de Buenos Aires y el territorio patagónico. La comarca fue producto de la política virreinal que buscaba organizar el territorio colonial. Era función de la Comandancia del Fuerte de Carmen de Patagones asegurar las poblaciones y, sobre esta base, se proyectó el establecimiento de puestos y fortificaciones que permitieron una posterior colonización agrícola. Patagones, desde su establecimiento en abril de 1779, se pretendió como el origen de este proyecto. Se fundó sobre las chacras cedidas por el cacique Chanel o Negro y –según informe dado por el vecino Mateo Dupui en 1824– dos años más tarde –a instancias de los comisionados del gobierno para las negociaciones de paz, Fernando y Ángel Oyuela– fueron compradas a los descendientes del cacique (Ratto, 2008).

20El sostenimiento de una zona de influencia para el Fuerte del Carmen se asociaba a una relación específica con la agencia indígena. La constante presión de los pueblos originarios como las crecientes del río y de la extensa laguna de El Juncal trazaron los ritmos colonizadores desde un primer momento. Además, refundado y asentado sobre la margen norte del río, se situó el primer pueblo de colonos maragatos llegados hacia 1780, y el Fuerte San Javier concretado en 1782. Desde entonces, la banda sur del río –inundable y más cercana a los puntos de asentamiento de los pueblos originarios sobre la laguna de El Juncal– se fue ocupando paulatinamente mediante una serie de chacras con población permanente (Biedma, 1905).

21Don Francisco de Viedma y Narváez –como muchos historiadores han rastreado (Biedma, 1905; Nozzi, 1970; Entraigas, 1960; Nacuzzi, 2002; Ratto, 2008; Villar, 1998), muy en contra de las opiniones virreinales– inauguró y sostuvo una onerosa política de regalos con los caciques que permitió no solo la instalación del fuerte, sino la proyección y seguridad de sus poblaciones. En sus metódicas cartas e informes al virrey, Viedma desplegó estrategias y ambiciones propias que supieron darle, entre los indígenas, el apelativo de Capitán Grande. Cuidó las relaciones comerciales y políticas con los caciques de la zona y, al mismo tiempo, avanzó sobre otros. La distancia con los centros hispano-criollos de abastecimiento profundizó la dependencia de este punto con el comercio indígena.

22El plano de Francisco de León de 1802, «Establecimiento del Río Negro en la costa oriental de la Patagonia», dibuja una población rodeada de chacras-estancias particulares sobre ambas márgenes. Desde la Revolución de Mayo los vecinos de las poblaciones quedaron sin intervención ni auxilio de las autoridades porteñas y la gestión de los conflictos se manejó desde la comandancia, con fuerte participación de los vecinos. Entre 1810 y 1820 el poblado se organizó de manera bastante autónoma en términos económicos y sociales. Es a partir de 1821, bajo la comandancia de Oyuela, que se pretendió un ordenamiento y fiscalización de la zona, la figura de un impuesto sobre las cosechas, y se crea el cargo de Alcalde para la margen sur. El acaparamiento de tierras se dibujó tempranamente en algunas donaciones realizadas desde Patagones. Para mediados del siglo xix, el crecimiento económico se disparó tanto en la aceptación comunal de las autoridades bonaerenses de que el puerto de Patagones adquiriera la habilitación de puerto menor con las consiguientes franquicias, como la de abastecer de sal a Buenos Aires. En parte esto fue posible porque se hacía cumplir, en este punto –preferentemente en el puerto de la Ensenada–, la cuarentena a los barcos esclavistas de los corsarios autorizados desde 1826. Muchos de esos barcos provenían de África con destino al Brasil y, a pesar de que muchos de los esclavos morían al descender, eran vendidos en el Fuerte y sus adyacencias (Iuorno, Pica y Trincheri, 2001).

23Existe en la región hasta el presente una notable presencia afrodescendiente. Los denominados barrios de negros estaban conformados por esclavos que no vivían con sus amos o estaban en condiciones de libertos. Ocupaban grandes barrios sobre ambas márgenes del río, sin representar esto una puja o competencia con los indígenas asentados en las cercanías del ejido. Tampoco han quedado asentados ni mapeados los desalojos de estos barrios que ocurrieron durante la década de 1950 aproximadamente. Testimonios orales publicados por la prensa local aportan datos de una verdadera colonia instalada en las tierras fiscales de Boca de la Travesía –a unos 100 km– a fines del siglo xix (Negri, 1994). El vecino Nazario Vichich cuenta que al pasar en 1870 el general Fernández Oro, este recibió un pedido de los «negros de la Travesía» para gestionar la propiedad de las tierras ante el Estado. Sin embargo a principios del siglo xx, fueron desalojados por los propietarios herederos del mismo general (Nozzi, 1970).

24La entrega de tierras no suponía una ocupación efectiva debido a las constantes inundaciones y a que eran tierras bajo control indígena. Muchas veces aquellas antiguas tierras donadas a perpetuidad fueron ratificadas posteriormente, como es el caso de Pablo Piedrabuena en 1881, quien denuncia la permanencia familiar en una legua recibida en 1819. Lo mismo ocurre con las treinta leguas concedidas en 1821 a Antonio Federico Leloir en San Antonio, demandadas para ser protocolizadas en 1864 por sus hijos Federico y Alejandro, importantes estancieros y socios fundadores de la Sociedad Rural Argentina de 1886. Otra zona gris al momento de pensar la tierra fiscal del valle inferior del Río Negro son las islas que, según refleja la Sección de Tierras del Concejo Deliberante de Patagones, cuentan con solicitudes desde 1818 y están efectivamente ocupadas a los ojos de la Municipalidad de Patagones y del Registro de la Propiedad, dadas las mejoras visualizadas en 1865.

25La presión de los caciques del Colorado y Negro sobre estas poblaciones determinó por años la región. Yanquetruz y Calfucurá, fundamentalmente, fueron quienes presentaron sus demandas. Al tiempo en que Yanquetruz le demanda al fuerte sus tierras sobre el río en 1853, la asociación Andrés Aguirre-Benjamín Murga, representando a treinta familias italianas, inicia una serie de gestiones para la colonización mediante contrato firmado con el juez de Paz de Patagones, Manuel Álvarez. Este proyecto no se verá concretado sino hasta 1860 con la instalación en Cubanea y Rincón –Zanjón– de Oyuela.

26El sostenimiento de los puestos y asentamientos dependientes de Carmen de Patagones estaba estrictamente en manos de sus pobladores y de la relación con sus vecinos. La paz firmada con Yanquetruz en 1857 y, sobre todo, la relación del fuerte con su hermano y sucesor, cacique Chingoleo, dieron lugar a una relativa extensión del poblado. Por un lado, los tratados implicaban obediencia y el «alojamiento» entre sus tribus. Durante la década del 60 se formalizaron tratados con los caciques Lacalaca, Huincawal, Chagallo Chico, Sayhueque, Casimiro, Chiquichano, Limonao, Reuque Cura y otros.

  • 4 Indios amigos eran aquellos que se encontraban asentados en la frontera y tenían acuerdos, obligaci (...)

27Chingoleo vendió ocho leguas de tierra a la Asociación Aguirre-Murga, lo que permitió el establecimiento de la Guardia General Mitre (1862) sobre la margen norte del río y origina, primero, la solicitud de los flamantes soldados y autoridades, y de ingleses y suizos para futuras casas comerciales, después. Esta guardia prácticamente no recibió ataques indígenas –exceptuando uno en 1874– pero su inicio estuvo plagado de sublevaciones que arrasaban a los vecinos inmediatos y solían terminar siendo violentamente reprimidas. Muchos de los sublevados terminaron viviendo entre las parcialidades indígenas del río Colorado y el Negro. Los caciques incluso volvieron a reclamar tierras –como habría hecho Yanquetruz, oportunamente–. Tal es el caso de Sinchel que se reconocía sucesor de su abuelo en la ocupación de los campos entre China Muerta y Sauce Blanco. También se afincaron en esos años Utrac –hijo de Inacayal–, Chagallo y otros. La materialización del tratado con Yanquetruz concluyó, a través de su hermano Chingoleo a partir de 1860, con la ocupación entre San Javier y Sauce Blanco del Batallón de Indios Amigos del Comandante Chingoleo, quienes controlaban la frontera y camino al río Colorado. Esta decisión produjo incluso juicios con vecinos pero, más allá de ellos, en 1861 el Estado ratificó la expropiación en favor de los Caciques. Ese año, Miguel Linares, futuro sucesor de Chingoleo, revistió como capitán en el batallón de indios amigos.4

28En la misma década, la Asociación Aguirre-Murga –quienes también poseían el monopolio de las raciones del fuerte– solicitó al gobierno tierras para una presunta colonización de 200 familias para Guardia Mitre. Desde Patagones –y bajo instancias de Julián Murga– se avanzó sobre las márgenes norte y sur del Río Negro y se fomentó la mensura de las tierras compradas a Chingoleo, que efectivizaron Díaz y Heusser en 1864. En esta década también se realizaron canalizaciones con mano de obra sanjuanina traída para estos fines.

29Ruffini (2001) identifica que hasta 1855 se concedieron a perpetuidad tierras de mediana extensión destinadas al cultivo y la cría de ganado a residentes de viejos apellidos de la comarca. Es a partir de la regulación de ese año que la figura será la de «concesión legislativa», dictada a perpetuidad, para Patagones y Bahía Blanca. El incremento de las demandas y la zona elegida están asociados, según Ruffini, a la declaración de Patagones como puerto franco por cinco años en 1856; a la paz con Yanquetruz –instalado en las cercanías de San Javier desde 1852–; y al posterior aumento de la producción ovina en La Cuchilla, El Paso y El Juncal. Existen también casos de donación directa del ejecutivo, como el de 15 leguas, en dos lotes a ambos lados del río, a la Asociación Aguirre-Murga o, de menor envergadura, el de 3,5 leguas a Mariano Linares. La Asociación Aguirre-Murga contó con muchas propiedades, una casa comercial, una compañía de navegación, un saladero con dos muelles y un astillero (1863-1866) y el monopolio de las raciones a los indígenas.

30Uno de los principales problemas para los pobladores de tierras públicas a la hora de legalizar la tenencia entre 1855 y 1865, consistía en la falta de conocimiento del terreno por parte del Departamento Topográfico. En 1864, al abrirse mediante reglamentación el marco operativo de la Ley de Tierras de 1855, el régimen para escriturar se agilizó mediante la demostración de mejoras y la declaración de ocupación por dos años consecutivos de las mismas.

31A partir de 1865 se aprecia una concentración de tierras sobre la margen sur, en manos de grandes propietarios de la margen norte –Rial, Iribarne, Bejarano, Balda, García, Contín– y asociaciones entre ellos –Iribarne-Balda; Contín-Balerdi, etcétera–; todos reconocidos actores de tradición política y comercial de la zona. Este proceso se apoya fundamentalmente en la figura de la transferencia de derechos posesorios, figura en la que se traducirán herencias y otras transferencias.

32En definitiva, buscamos reforzar la idea de que esta antigua zona de poblamiento tiene su propia trayectoria que la distingue del resto del territorio rionegrino y con la que atraviesa las nuevas instituciones y prácticas territorializadoras que se instalan desde la Conquista.

1. 3. 2. Territorializaciones para indígenas

33Tras el proceso genocida, los pueblos originarios sobrevivientes eran visualizados, especialmente por parte de los gobernadores de los Territorios Nacionales, como restos dispersos de tribus y como un foco de posibles conflictos. Desposeídos y apresados volvían a instalar las preguntas respecto a su futuro. En principio, los racionamientos terminaron a fines de 1888. Si bien se había buscado que esta población fuera dispersada para que encontrase trabajo en las nuevas poblaciones crecientes, muchos comenzaron largos peregrinajes en grupo procurando un lugar donde asentarse. Otros permanecieron en los lugares donde habían estado confinados y otros emprendieron búsquedas personales de supervivencia. Así describía el gobernador Napoleón Berreaute las condiciones de los indígenas presos en Valcheta, que formaban parte de su responsabilidad:

En las márgenes del Río Valchetas existen en la actualidad bajo la vijilancia de una Comisaría Policial, no menos de 500 indios sometidos; según informes fidedignos que esta comisión ha recogido, viven en la mayor miseria sin que haya esperanza de que se civilicen por falta de medios conducentes a ese fin. Esta comisión piensa que por humanidad y conveniencia del país debe modificarse este estado de cosas […]
No escapará a ve la importancia que para el país tiene la formación de una colonia en el corazón del desierto, con elementos que ya existen allí y que aseguran el éxito de la Colonia. No es posible todavía formar esas colonias con inmigrantes europeos, y son los indígenas bien organizados y vigilados los que prepararán las rutas por donde muy luego penetrará una civilización más completa. (Berreaute, 1889)

34Si bien a nivel nacional la cuestión indígena era considerada como mayormente saldada, el problema perduraba para los responsables directos de la seguridad y progreso de los territorios. Entre las diferentes políticas estatales –ya sean nacionales como territorianas– que involucran una búsqueda de solución para el, así concebido, «problema indígena» podemos distinguir tres niveles.

35En primer lugar, y producto de las propias gestiones de algunos líderes indígenas que contaban con cierto reconocimiento o vinculación con el Estado, se otorgaron concesiones de tierras a nombre de determinado «cacique y su gente». Dentro de Río Negro podemos destacar la concesión a Juan Andrés Antemil en 1902, la conformación de la colonia Catriel –gestionada por Bibiana García para los «restos de la tribu de Catriel» que habían sido asentados en la colonia General Conesa desde 1878– y el intento trunco de crear una colonia agrícola pastoril en Valcheta en 1889, entre otras experiencias que resultaron de este tipo de gestiones, como la colonia Cushamen y la colonia General San Martín en Chubut (Delrio, 2005) o las tierras cedidas a Namuncurá en San Ignacio, territorio nacional del Neuquén. El otorgamiento de estas tierras estuvo ligado, principalmente, a la Ley 1.552 de 1884 o ley del Hogar, normativa pensada como complemento de la ley Avellaneda de Inmigración y Colonización –Ley 817, de 1876– y que contemplaba a ciudadanos argentinos o naturalizados de bajos recursos. Como sostenía el ministro de Agricultura durante la segunda presidencia de Julio Roca, esta normativa sirvió luego para resolver en algunos casos el «problema indígena» a pesar de que no había sido creada a tal efecto. No obstante, en los pocos casos en que fueron indígenas quienes recibieron tierras de acuerdo a esta ley, el problema no resuelto de la sucesión y las continuas presiones de particulares en connivencia con funcionarios estatales produjeron, en el mediano plazo, una pérdida total o parcial de las mismas. En segundo lugar, y anclados en las prerrogativas que la Ley 1.532 les concedía, los gobernadores realizaron concesiones precarias de tierras a capitanejos y a sus familias ante sus solicitudes puntuales. Así, por ejemplo, el capitanejo Cumilaf –conocido como uno de los que se desprende de los manzaneros de Saihueque, que continuaron su camino hacia la zona cordillerana de Chubut– solicitó tierras en las cercanías de la actual Maquinchao.

36Por último, muchos indígenas emprendieron viajes familiares y personales hacia zonas alejadas de las de poblamiento creciente, por ejemplo, a través de la meseta de Somuncura. Otros permanecieron en las zonas marginales de los pueblos en crecimiento, tal como se consigna en las inspecciones de tierras que comienzan a realizarse sobre fines del siglo xix. Esta población se encuentra en una condición de inestabilidad ya sea porque las tierras que ocupan son solicitadas por otros en mejores condiciones según los cánones estatales –sociales, culturales y económicos– o porque migran buscando trabajo estacional dentro de los territorios.

37Los indígenas, para las autoridades estatales –no solamente, aunque sí notoriamente–, se transformaron en un problema vinculado a la seguridad y, en este sentido, la policía se volvió una de las principales ordenadoras de este espacio social. Por otra parte, también esta agencia estatal se volvió la encargada de imponer orden y de hacer respetar las normas del Estado destinadas a este sector de la población caracterizado como «vagos, ladrones y borrachos», que será foco de diferentes formas de abuso que limitarán sus prácticas de antaño –como las boleadas o la misma circulación y comercialización de bienes–.

  • 5 Tal como se desprende de los partes y planillas de los regimientos allí acantonados, disponibles en (...)

38Los proyectos colonizadores como el de Conesa también contemplaban usar indígenas como reservorio de mano de obra. Allí se proponía habilitar a los indígenas presos para trabajar como mano de obra barata para los inmigrantes que cohabitaran la colonia. Asimismo, se proponía que realizaran tareas de construcción para la gobernación –cuando no formar parte de tropas del ejército mientras aún se desarrollaban las campañas militares–. Los indígenas serán utilizados también por el ejército, por ejemplo, para la construcción de infraestructura como el mal llamado Canal de los Milicos –ya que fue construido por soldados, presos e indios sometidos– primera obra de irrigación del por entonces Fuerte General Roca.5

1. 3. 3. Nuevos proyectos colonizadores

39Este período estuvo marcado por proyectos colonizadores que –en principio ajustándose a la legislación y al espíritu modernizador y progresista– terminaron, no obstante, siendo fundamentalmente grandes negocios de concentración de tierras. Entre ellos podemos destacar la conformación del grupo terrateniente más relevante de la Patagonia, con una importante presencia dentro de Río Negro. Esto es la Compañía de Tierras del Sud Argentino Ltda. –sus siglas en inglés aslco–, compañía de capitales ingleses que adquirió cerca de un millón de hectáreas a lo largo de las zonas cordilleranas y del interior de los territorios de Río Negro y Chubut. Las estancias de la compañía dentro de Río Negro son Pilcañeu, Huanu-Luan, Rucu Luan, Renegueyen, NeLuan y Epulafquen, y suman 250 000 has.

40Según Ramón Minieri (2006) anclada en la Ley 817 de Inmigración y Colonización –o ley Avellaneda– de 1876, la compañía, a través de testaferros, logra concentrar las tierras sobre las que en ningún momento proyecta una colonización efectiva. Esta situación será justificada como efecto de la crisis del noventa y legalizada por la Ley 2.875 de 1891, que obligaba a los concesionarios a devolver un cuarto de las tierras recibidas a cambio de dispensarlos de la obligación de colonizar y subdividir la tierra en lotes por familias. La compañía, por medio de sus concesionarios, devolverá –según sus propias determinaciones– la tierra correspondiente. Como veremos, la compañía será central para organizar la circulación en el espacio a lo largo del siglo xx y se constituirá en una de las mayores productoras de lana del territorio, ampliando la comercialización por vía Atlántica en detrimento de los circuitos comerciales vía el Pacífico.

41Otras áreas quedarán sujetas temporariamente a formas jurídicas que emanaron de políticas truncas o dejadas de lado, como fue el caso de las tierras reservadas para ensanche de la colonia Cushamen y creación de nuevas colonias por parte del decreto presidencial del 5 de junio de 1899. A través del decreto se reservaba 260 000 has que involucraban tierras de los Territorios Nacionales de Chubut y Río Negro, comprendiendo una amplia área sobre ambos lados del paralelo 42° y que lindaba con el límite oriental de las tierras concedidas a la Compañía de Tierras del Sud Argentino Ltda. (ver figura 1. 1). Este decreto representa, al mismo tiempo, la puesta en marcha de un plan regional de colonización, creándose una «gran reserva» de tierra fiscal. En efecto, dentro de ella se otorgaron otras concesiones atendiendo a las solicitudes presentadas por caciques en representación de un conjunto de jefes de familia, los cuales solicitaban ser incluidos en las disposiciones de la ley del Hogar.

Figura 1. 1. Gran reserva de tierras de 1899 en Chubut y Río Negro (expte. 861/1900, Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro)

Figura 1. 1. Gran reserva de tierras de 1899 en Chubut y Río Negro (expte. 861/1900, Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro)

42Con el cambio de siglo, una nueva ley de tierras del 8 de enero de 1903 –Ley 4.167– establecería como objetivo «la población, interés supremo de este país» (Ministerio de Agricultura, 1902/1903, p.185). Esta ley derogaba las anteriores leyes generales de tierras –salvo las disposiciones de inmigración de la ley de 1876– y en su artículo 17 sostenía que el Poder Ejecutivo fomentaría «la reducción de las tribus indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones o suministrándoles tierras y elementos de trabajo».

  • 6 Véase capítulo de Martinelli en este libro.

43Al quedar sin efecto la ley del Hogar, las tierras reservadas en 1899 y destinadas para el ensanche de la colonia Cushamen que habían sido concedidas a la tribu Ancalao, mayormente en territorio de Río Negro, entraban en una nebulosa jurídica. Estas tierras de reserva pasaron nuevamente a ser simplemente tierras fiscales por lo cual otras personas, originalmente no destinatarias de acuerdo al espíritu por el que fuera creada la gran reserva de 1899, ahora podrían presentarse a reclamar cesiones de lotes fiscales. Al caer la ley del Hogar, estas tierras reservadas empezaron a ser nombradas ya no como tierras de «ensanche» sino como «reserva», deviniendo en el uso popularizado a lo largo del tiempo de denominarlas como «reserva indígena», en este caso «reserva Ancalao».6

Figura 1. 2. Mapa confeccionado por la gobernación de Eugenio Tello en 1898 (García, 1898)

Figura 1. 2. Mapa confeccionado por la gobernación de Eugenio Tello en 1898 (García, 1898)

44En el mapa confeccionado en 1898 (figura 1. 2) por la gobernación de Eugenio Tello se pueden apreciar las primeras grandes transferencias de tierras del período (Ruffini, 2001; Bandieri y Blanco, 2009). En primer lugar, los rombos centrales conforman las propiedades de la aslco. En segundo lugar, a lo largo de los ríos Negro y Limay encontramos las concesiones realizadas a particulares por parte del Estado nacional, la gran mayoría de ellos absentistas. En tercer lugar, se observan las zonas de la margen norte del Negro y las del golfo que comienzan a racionalizarse en los términos del mercado de tierras. Cabe aclarar que las diferencias entre la gobernación y el Ministerio del Interior, primero, y el de Agricultura, después, serán fuente de numerosos conflictos sobre las tierras entregadas e influirán en los términos en los que se harán las concesiones. Por esto sobre fines de siglo se realiza una primera inspección para la zona atlántica.

1. 4. La estructura profunda de la sociedad de colonos 1903-1930

45La violencia intrínseca al proceso de incorporación estatal del territorio patagónico estructura el espacio social que se constituye. En este la prioridad será de los colonos o pobladores «deseables». La seguridad de sus «bienes y personas» devendrá en un eje estructurante de las prácticas de producción espacial que reúnen prácticas estatales, colonos que solicitan la tierra y sectores marginales marcados fuertemente en términos de «intrusos». En este acápite profundizaremos en las políticas estatales vinculadas al progreso –y las interpretaciones del mismo–, desde la consolidación de los regionalismos territoriales pasando por las gobernaciones radicales hasta la crisis de 1929.

46La primera década del siglo está marcada por dos leyes fundamentales que persiguen una nueva práctica de territorialización estatal: la ya mencionada Ley 4.167 de tierras, sancionada en 1903, y la llamada Ley de Fomento de Territorios Nacionales, de 1908. La primera busca remediar lo que se percibe como errores de las leyes anteriores de distribución de tierras. En palabras del ministro del, por entonces, recién creado Ministerio de Agricultura, Wenceslao Escalante:

La subdivisión rígida y uniforme de la tierra, sin tener en cuenta sus accidentes topográficos y suponiendo erróneamente que toda era apta para la agricultura; los fracasos á que esto había dado lugar en la práctica; las insignificantes condiciones de población que se imponían á los compradores y arrendatarios de la tierra; el mal resultado de las condiciones de 16 y 32 leguas a particulares colonizadores; la limitación á ¼ de legua de los lotes que el PE podía vender directamente á los pobladores; el insignificante ó ningún estímulo á los arrendatarios; los procedimientos engorrosos á que estaban sometidos los que deseaban adquirir o arrendar lotes de tierra,- todos estos y otros inconvenientes gravísimos fueron remediados por la nueva ley sancionada. (Ministerio de Agricultura, 1902/1903, p. 60)

47La nueva ley prevé que la tierra fiscal pueda venderse y arrendarse solo si está explorada y mensurada. Se suma, además, la condición de nacionalidad argentina para los solicitantes y las obligaciones, ya conocidas, de plantación de árboles y desarrollo tanto agrícola como ganadero y de mejoras de las tierras adquiridas. Para esto, nuevamente, se hace presente la necesidad del conocimiento sobre las tierras. El Estado despliega un relevamiento topográfico dividiendo en zonas los Territorios Nacionales del sur a cargo de comisiones exploradoras. La Ley 4.167 propone, entonces, dos vías de colonización. En primer lugar, a través de capitales privados que puedan adquirir grandes áreas en remate. Una segunda instancia sería la colonización directa ejercitada por el Estado dividida en tres formas distintas: arrendamientos de hasta 20 000 has, con opción a compra de la mitad, acordada a personas que posean el capital; venta directa de hasta 2500 has pagaderas en 6 años; y venta de lotes agrícolas de 100 has para agricultura y de 625 para ganadería destinada a colonos y pastores pobres.

48El ministro Escalante critica las concentraciones de tierra que se derivaron de la ley Avellaneda, de 1876, en particular, por su prácticamente nula presión para la colonización. En su exposición al Congreso en diciembre de 1902 destaca que, de las 15 millones de hectáreas repartidas en 225 concesiones, solo 14 concesionarios –que representan el 3 % del total– cumplieron con la ley. La doble lectura del ministro en su exposición puede sintetizarse en cómo destaca el potencial de estas tierras y su total desaprovechamiento por parte del Estado –a pesar del desarrollo demográfico que sí le reconoce–.

  • 7 El perito Moreno recibe tierras en reconocimiento por los servicios prestados a la nación. De estas (...)

49Además, en este período comienzan a pensarse diferentes potenciales de las tierras fiscales que no se vinculan solamente a su capacidad agropastoril. Por ejemplo, en 1903 se reservan las siete mil quinientas hectáreas donadas por el perito Moreno para la creación de un parque nacional en la zona de Nahuel Huapi.7 En adelante, se suceden diferentes proyectos para la conformación del Parque Nacional del Sud que recoge y modifica el Ministerio del Interior. En este sentido, los aportes de Bailey Willis, reconocido geólogo norteamericano, son fundamentales para lidiar con las formas de propiedad que ya existen en la zona, incluida la colonia Nahuel Huapi creada en 1902. El parque nacional en este período no se entiende como una zona intangible de preservación, sino que viene asociado al fomento de nuevas formas de industria que recorren desde la turística hasta la explotación maderera de la zona. No será sino hasta 1934 que se concrete la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, que conformará una nueva institución administradora y reguladora de la zona cordillerana, superpuesta a otras como los ministerios y la gobernación. Este proyecto comienza a pensarse desde principios de siglo, así como a imaginarse y proyectarse una regionalización diversificada entendida en base a los múltiples potenciales del territorio (Méndez, 2010).

50Por otra parte, la Ley 5.559 de Fomento a los Territorios Nacionales está vinculada principalmente a los tendidos ferroviarios, así como al impulso a la circulación automotriz y el emplazamiento de rutas y caminos. La Ley de Fomento de los Territorios Nacionales sancionada en 1908 a propuesta del ministro de Obras Públicas, Ramos Mexía, suponía la valorización de las tierras por medio de obras de infraestructura, que ponían al ferrocarril en el centro, a la vez que se contemplaba también la posible navegabilidad de los ríos. Estas tierras serían vendidas solamente por la vía del remate público con el objetivo de evitar la concentración en latifundios. Sin embargo, como observan Bandieri y Blanco (2009, p. 187), la disputa sobre esta ley versaba en torno a valorizar tierras lejanas o a reforzar los poblados ya existentes y en desarrollo. Un segundo objetivo de la ley era conectar las salidas comerciales por vía del Atlántico, la que se encontraba aún rezagada –y que solo se consolidaría con la crisis del 30 dadas las medidas proteccionistas aplicadas por Chile. En este punto logró en el largo plazo –y en la medida que llegaron las puntas de rieles a zonas de acceso para los productores– su propósito. En Río Negro, el arribo del ferrocarril a Jacobacci en 1916 generó –además de un crecimiento en torno a las nuevas estaciones del ferrocarril que fueron construyéndose en este período– una reorganización espacial de las vías de exportación y también de tránsito hacia las puntas de rieles (Rey, 2007).

51En estrecha relación con la Ley 5.559, y dependiente de la Dirección General de Ferrocarriles, el ministro Ramos Mexía apoyó la creación de una comisión de estudios hidrológicos conformada por geólogos, dirigida por el norteamericano Bailey Willis. Esta comisión operó fundamentalmente en el territorio de Río Negro y, en particular, en la zona cordillerana que comprendía también el territorio nacional de Chubut, analizando las capacidades y características de los suelos. La comisión trabajó entre los años 1911 y 1913 produciendo una variedad de informes que, a pesar de la resistencia de los sectores más liberales, circularon por los diferentes ministerios, fueron publicados e influyeron sobre los sectores capitalistas de la región.

52Tras el fin de los trabajos de la comisión y luego de la conferencia de gobernadores en Buenos Aires en 1913, Eduardo Elordi, gobernador de Neuquén, organiza los trabajos para la concreción de las rutas para automóviles de transporte de pasajeros y mercaderías. Hasta entonces las rutas transversales que conectaban los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut eran principalmente huellas de carreta y rastrilladas antiguas que dificultaban gravemente el comercio. Las rutas, que se construyeron organizando cuadrillas de trabajadores camineros, tenían como fin el transporte de bienes y personas.

53Las vías de comunicación y su acceso a ellas marcan no solo la circulación sino los sectores sociales que fueron priorizados en su trazado. Así, las rutas fueron diseñadas conectando, en primer lugar, los cascos de las estancias inglesas, dado el apoyo económico y el asesoramiento del gerente general de aslco, Cuthbert Hackett –una de las primeras rutas fue la que conectaba Leleque con Pilcaniyeu–. En segundo lugar, los pueblos que eran identificados con el desarrollo comercial –por ejemplo, la ruta que une Pilcaniyeu con Bariloche–.

54La construcción de las rutas y su mantenimiento comenzaron a ser entregados en concesiones a empresas particulares. Dado que, en principio, el transporte estaba en manos estatales, el Estado buscó alentar empresas particulares dándoles, por ejemplo, la concesión del traslado del correo oficial. A cambio, se esperaba que las refacciones del camino, como bacheos, fueran resueltas por los transportistas, cuestión que era difícil de lograr dadas las dificultades del clima y los propios tiempos del transporte. Otro estímulo que propició el Estado fue la distribución de combustible en determinados boliches que crecían a la vera del camino. Por ejemplo, en la ruta de conexión entre la punta de rieles en Neuquén y Pilcaniyeu, en 1914, los despachos de nafta se fijaron en los comercios de Mencué y ese último pueblo.

55La circulación está asociada también al desarrollo comercial del territorio. Podemos distinguir tres formas de comercialización en el período. En primer lugar, las grandes casas comerciales, muchas veces de capitales binacionales como la Cochamó (1904-1911), la Chile-Argentina (1904-19016), los almacenes de ramos generales, ya sean los de las grandes estancias –por ejemplo de la aslco–, las sociedades anónimas como Lahusen y Cía. (1908) y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (1906) de la firma de Mauricio Braun y José Menéndez. Estas grandes casas se distinguen porque eran tanto productoras como acopiadoras, tenían proyección internacional y la capacidad de imponer precios y dinámicas comerciales.

  • 8 Véase capítulo de Kropff en este libro.

56En segundo lugar, comienzan a proliferar los boliches. Es decir, las casas comerciales de menor volumen dedicadas a la compra-venta de bienes agropecuarios y bienes de consumo. Estos centraban su crecimiento, en parte, en la sinergia con el Estado y, en parte, en su capacidad de acopio y vinculación con pequeños productores. Los bolicheros –en su mayoría inmigrantes ibéricos e italianos, en principio, y sirio-libaneses después– tendrán la capacidad de generar una acumulación originaria a partir de mecanismos de endeudamiento, fijación de precios e imposición forzada de términos del intercambio.8 Muchos bolicheros –para 1919 se contabilizan 129 casas comerciales registradas en la gobernación de Río Negro– generaron su riqueza a partir de su connivencia con funcionarios estatales y su acceso diferenciado a la justicia basado en presupuestos que limitaban y desprotegían a los sectores marcados como peligrosos o intrusos, a los que marginalizaban. Esta apreciación es expresada por un inspector de tierras en 1919:

El abaratamiento de muchos artículos de primera necesidad implica una mejora social y económica que orienta y estimula al progreso privado y colectivo, lo mismo que la valorización consiguiente de los productos procedentes de la región. En este sentido se han mejorado mucho las condiciones de vida de esta zona pero sin embargo, son exiguas y no rinden todo el beneficio general de que son susceptibles, debido sin duda la tiranería y piratería de la mayor parte de los comerciantes y bolicheros entre los que se reparten y estanca el beneficio y a la ignorancia secular e impenetrable del indígena, que en perjuicio de su mejoramiento, gravita la especulación inmoral y abrumadora de aquellos. Es así como se explica la profusión de esas casas y el origen y rapidez con que se levantan abultados capitales a costa de la pasiva condición del indígena exprimido y absorbido por la voracidad y limitada de ese elemento dañino que conviene eliminar por una racional selección al adjudicarse la tierra pública. (Ruibló, 1920, p. 17)

57Cabe destacar que muchas veces se refleja la capacidad de los pequeños productores de generar no solo para su subsistencia, sino también un excedente. No obstante, era en el proceso de circulación en donde eran forzados a aceptar términos de intercambio que los empobrecían y endeudaban. Una simple denuncia de robo –las más de las veces fraguada– era razón suficiente para comenzar la cadena de identificación del indio/ladrón o del pobre/ladrón que terminaba beneficiando a los autoproclamados sectores progresistas. En un informe de enero de 1918 enviado al director de Territorios Nacionales, Isidoro Ruiz Moreno, respecto del cuatrerismo en el territorio, el gobernador de Río Negro, Carlos Evrat, afirma:

Estoy absolutamente convencido –y este convencimiento lo he adquirido con la práctica de muchos años en los territorios– de que el factor que fomenta el cuatrerismo es principalmente el acopiador de frutos, cuando éste no realiza el negocio legalmente. Muchas de estas personas son poco menos que analfabetos y de muy discutible moralidad, como que son los mismos taberneros respecto de los cuales ya he expresado a vs en comunicación anterior el concepto que ellos merecen, a mi juicio. […] No ocultaré a vs que hay casas fuertes de negocios que se ocupan también en acopios de frutos y que por una mala práctica fomentada por la tolerancia de las autoridades desde largo tiempo atrás, tampoco llevan estos registros con la escrupulosidad y exactitud que debieran, toda vez que la ley se ha propuesto reflejar en ellos todas las operaciones que el acopiador realice. (Evrat, 1918)

58Los supuestos sobre los sectores marginales –su ignorancia, vagancia, alcoholismo y cuatrerismo– serán utilizados por los sectores progresistas para denunciarlos y cercenar su credibilidad favoreciendo injusticias. El cuatrerismo implicaba la connivencia de una compleja red de relaciones entre comerciantes y funcionarios. Sin embargo, las denuncias y las condenas recaían sobre los sectores presuntamente peligrosos y propensos al robo. En este sentido, los bolicheros basarán su enriquecimiento en el empobrecimiento de los pequeños productores con tenencias precarias a través del endeudamiento y de su criminalización. Esta acumulación originaria habilitó a los bolicheros a diversificar sus actividades hacia la producción, expandiendo sus tierras, a partir de la crisis del treinta.

59En tercer lugar, mencionaremos a los vendedores ambulantes. En las primeras décadas del siglo, estos eran perseguidos tanto por el Estado como por los bolicheros, por la ilegalidad de su práctica el primero y por la competencia en relación a los clientes los otros. Si bien presentarán una alternativa a la comercialización, en el largo plazo se asentarán como comerciantes y también como productores en base al acaparamiento de tierras.

60En suma, la circulación comercial junto con las vías de comunicación estructurará el territorio generando zonas prioritarias de acumulación y poblamiento en detrimento de zonas marginales. Al mismo tiempo, las prácticas de acceso a esas comunicaciones estarán sujetas a las condiciones materiales de los productores y a la red de relaciones establecidas ya sea entre comerciantes como entre estos y los funcionarios estatales. La materialización de estos sectores de poder marcará también el acceso diferenciado a la tierra. Esto resultará evidente a partir del relevamiento territorial más importante del siglo xx que analizaremos a continuación: la Inspección General de Tierras.

1. 4. 1. La Inspección General de Tierras

61El primer gobierno de Yrigoyen llevó adelante una política de revisión de las distribuciones de tierras en los Territorios Nacionales del sur. Para esto comenzó dando de baja una gran cantidad de concesiones con el argumento de combatir el latifundio. Esta Inspección General (en adelante igt) tenía como objetivos tomar conocimiento de la situación real de las tierras fiscales; organizar el recurso hasta el momento desaprovechado para el cobro de impuestos y habilitar las tierras para las corrientes de inmigrantes que se esperaban como efecto de la Gran Guerra europea. La igt queda a cargo de la Armada. Se conforman diferentes equipos que recorren todo el territorio patagónico produciendo informes descriptivos a nivel general. Estas comisiones inauguran los legajos por poblador –o pobladores– con los datos habituales que se consignan hasta la actualidad –esto es: descripción del suelo, croquis de ubicación, descripción de la población, de la/s familia/s, producción, etcétera–.

62La realización de la igt pone especial énfasis en identificar a aquellos pobladores que no reúnen las condiciones para «contratar con el Estado». Así, la igt abre un período de profunda inseguridad para aquellos que son identificados y clasificados en términos de «intrusos». La igt obliga a todos los ocupantes a regularizar su situación y a realizar una presentación solicitando al Estado, en principio, el permiso precario de ocupación. La solicitud implicaba el pago retroactivo de los impuestos como el pastaje, según el tiempo de ocupación que se declarara. Esto desalentaba a los sectores empobrecidos o marginales –como los indígenas– ya que o bien no podían costear los gastos o bien eran estafados por mediadores que se encargaban de gestionar sus permisos. Esto se encuentra incluso consignado en las mismas inspecciones.

63La igt obligaba a todos a entrar en diálogo con el Estado. No obstante, se identificaban algunos pobladores como aptos –mayoritariamente, aquellos que se acogían a los ideales hegemónicos de progreso, como los inmigrantes europeos– en detrimento de aquellos identificados como «intrusos», la mayoría de ellos indígenas –asociados discriminativamente a prácticas antieconómicas, vagancia, uso irracional del suelo y también al cuatrerismo–. La igt tiene como efectos nuevos corrimientos y desalojos de personas y familias hacia el interior del territorio rionegrino. Si bien muchos inspectores condenaban las prácticas de pastoreo, agrícolas y de poblamiento de los sectores desfavorecidos, cabe destacar que algunos inspectores reconocían que eran los llamados sectores progresistas los que abusaban y empobrecían a aquellos otros con la connivencia estatal:

  • 9 La zona que abarca este inspector es la del Bajo Gualicho, Santa Rosa, Los Menucos y El Cuy.

Los pretendidos argumentos para extirpar el cuatrerismo, que han tenido su aplicación, no solo la extorsión privada sino la ayuda policial, han provocado por suerte la población del desierto. Se han recargado los tonos para apuntar a la idiosincrasia del indio o del poblador autóctono, entregado al vicio, a la indolencia y a su instinto al robo para justificar su despojo y su alejamiento. Se le ha perseguido como al guanaco, y ha debido buscar en las apartadas soledades un refugio de vida y reposo. Se ha debido crearle un ambiente de mejoramiento y trabajo y filtrar un rayo de luz en las tinieblas de su ignorancia, y en cambio se le persigue y se busca brindarle en el mostrador del almacén la copa de alcohol que lo envenena y pervierte. Tan cuatrero es el capitalista que extorsiona y explota como el individuo que mata su hambre robando una oveja. El cuatrerismo considerado como un mal forzoso de extirpar ó como una índole del temperamento, no es posible combatirlo con medios de violencia y despojo, sino más bien, con medidas de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del cuatrero. (Ruibló, 1920, p. 21)9

64El balance del período queda plasmado en las tierras de libre disponibilidad fiscal: para 1916 son el 50,5 % y en 1928 las tierras son del 62,30 %. Muchos indígenas, considerados como «intrusos», buscarán la normalización de sus situaciones dominiales de forma personal, familiar, colectiva e incluso a partir de la organización de la primera asociación supra y transcomunitaria, la Asociación Nacional de Aborígenes. La década del veinte traerá además nuevos concesionarios de tierras, los conocidos como palos blancos, en relación a su vinculación con la Unión Cívica Radical. Si bien el período prolifera en arrendamientos y otorgamientos de permisos precarios, el acceso a la propiedad de la tierra está limitado a pocos sectores de la población general. Por esto, las críticas liberales del período recaerían en el Estado nacional como gran latifundista.

1. 5. El jardinero de las tierras fiscales: la selección estatal (1930-1943)

65Este período comienza con la crisis del treinta y culmina con la propuesta de racionalización del suelo y la selección más técnica y sofisticada de pobladores. La crisis internacional que afecta como nunca antes al sistema capitalista en su conjunto no deja por fuera a los rionegrinos. La década estará marcada por una búsqueda de optimización de los recursos y la Patagonia, a 50 años de su incorporación a la matriz Estado-nación-territorio volverá a ser enfocada como territorio de proyectos, progreso y riquezas.

66Desde la perspectiva de los sectores terratenientes será el momento de afianzar sus economías en base a las mejoras en sus técnicas de crianza así como a las mejoras de infraestructura dentro de sus estancias. De la misma manera los bolicheros o comerciantes buscarán diversificar sus actividades y será un período marcado por el avance de los alambrados en campos propios y ajenos. Para los sectores más vulnerables la década estará signada por una persecución constante hacia su proletarización. Por último, y sobre fines del período abordado el Estado profundizará en las técnicas de racionalización del territorio y del espacio social.

  • 10 Los vecinos o sectores progresistas son, en general, comerciantes, estancieros, gerentes de estanci (...)

67La primera mitad de la década del treinta está signada por prácticas de diversificación de la economía y por una creciente persecución a los pobladores, pequeños productores, muchos de ellos indígenas, para destinarlos al trabajo asalariado. La práctica común que se encuentra de forma reiterada en el interior del territorio –que hasta entonces era un lugar de desarrollo de muchas familias que habían sido corridas o desalojadas sucesivamente a medida que las tierras eran solicitadas por aquellos mejor ponderados por el Estado– implica la vinculación entre funcionarios estatales y sectores particulares que buscan expandir sus campos. La práctica de desalojar los campos vecinos o de correr a los pobladores precarios partía de las denuncias de vecinos que temían por su seguridad.10 Si bien esta práctica no es nueva, el Estado responde en este período enviando la policía –en algunos casos razias policiales directamente– para que dirima los conflictos. La policía, además, hacía rondas por las zonas en conflicto y apresaba a los hombres –principalmente– que no tenían trabajo por considerarlos un peligro inminente para los vecinos estancieros. Cabe aclarar que el trabajo que se esperaba era trabajo asalariado y no el trabajo habitual que llevaban adelante con sus familias en sus campos.

68Por otra parte, ser apresado constituía un antecedente policial negativo que afectaba las posibilidades de solicitar la ocupación de tierras fiscales. A esto sumamos el pago retroactivo de pastaje descripto en el acápite anterior. Además, los litigios sobre tierras, que se vuelven más habituales en el período, también eran dirimidos por inspectores de tierras que muchas veces tenían vinculaciones personales con los denunciantes y otras tantas compartían las lecturas hegemónicas que perseguían a los pequeños productores. Es en este período que se reavivan las discusiones respecto a qué solución dar al «problema indígena», es decir, si enviarlos a reservas o a las tierras reservadas para nuevos proyectos de colonización o apuntar a su dispersión y mestizaje. Paralelamente, comenzarán a cobrar forma distintos tipos de luchas y de organización indígena para defender su triple anclaje como: pequeños productores, pobladores de un determinado paraje e indígenas.

69La segunda mitad de la década del treinta está marcada por nuevas políticas estatales en relación con la tierra. Las mismas estaban basadas en un doble eje. Por un lado, la limitación a las sociedades anónimas y la privatización de las tierras y, por otro lado, la selección de los colonos. En relación al primer eje, se dicta el 17 de junio de 1937 un decreto ley que busca evitar a los especuladores de tierras y favorecer a aquellos que efectivamente la exploten acelerando los procesos de privatización. En este sentido también, y retomando la Ley 4.167, se desestima la ocupación como pauta preferencial para la adquisición de la tierra (Mases y Gallucci, 2007). Por esto, los informes que se producen a partir de la gira del ministro de Agricultura, Miguel Ángel Cárcano, y sus funcionarios apuntan contra las nuevas concentraciones de tierra y, especialmente, contra las sociedades anónimas:

Que el riesgo de que la tierra que se enajene a los arrendatarios pueda pasar a poder de sociedades anónimas se evitará mediante la inserción en los títulos de propiedad respectivos de una cláusula especial estableciendo que ellas no podrán formar parte del patrimonio de sociedades anónimas de ninguna naturaleza, ni de compañías que ya sean poseedoras del máximo permitido por la ley, no pudiendo los escribanos titulares o adscriptos intervenir en las transferencias a favor de esas entidades de las tierras escrituradas a los arrendatarios, bajo pena de serles retirados sin más trámite sus registros. (Ministerio de Agricultura, 1938, p. 583)

  • 11 «Considerando: que el fundamento de una economía agraria sana y fuerte reside en gran parte en la e (...)

70Las tierras serían puestas a disposición para la radicación de «colonos seleccionados». En principio, se piensa un ideal de «familia agricultora» y para esto se invoca la facultad del Poder Ejecutivo, basada en la Ley 4.167, de seleccionar al poblador.11 En este sentido, se avanza, por un lado, sobre la prohibición de la ocupación clandestina de lotes fiscales:

Ocupación de las tierras y selección del poblador: Para asegurar el progreso étnico, social, político y económico de los territorios, se resolvió por disposición del 15 de julio, prohibir la ocupación clandestina de los lotes fiscales, haciendo respetar las disposiciones claras y terminantes de la Ley 4.167. Complementaria de ésta fue la resolución del 17 de octubre, sobre empleo de la fuerza pública y desalojo de intrusos.
La selección de los colonos y pobladores, consecuencia de la prohibición de ocupaciones clandestinas, se reglamentó para la adjudicación de solares, quintas, chacras y lotes agrícolas, en fecha 16 de agosto. (Ministerio de Agricultura, 1937/1938, p. 407)

71Es decir, en lugar de analizar las formas y prácticas de producción que se desarrollan ya en el territorio, se busca imponer un ideal que en el plano abstracto suena convincente pero que en terreno se concreta sobre la base, también, de presupuestos cristalizados del pasado. Por ejemplo, los indígenas no eran visualizados como posibles colonos por ser «indios» y por todos los supuestos que de esto se derivaban. Al revés, cuando un proyecto de colonización con inmigrantes fracasaba las razones se alojaban en otras causas como las condiciones geográficas o la falta de apoyo del Estado. En caso de que estos entraran en competencia entre sí, el razonamiento hegemónico de construcción identitaria de unos y otros operaba en contra y marginalizando a los indígenas.

72Por otro lado, y en estrecha relación con esto último, se instala un sistema de puntajes que demuestra el perfeccionamiento de la burocracia estatal para trazar estas diferencias entre los colonos. Por Decreto 2.187, del 7 de abril de 1938, se contemplan para las concesiones de tierras los antecedentes personales –un punto central de administración policial–, la nacionalidad –como uno de los ejes más importantes–, la profesión, la edad, las condiciones físicas, el estado civil, la familia y otras condiciones –como haber prestado servicios a la nación–.

Colonizar, como función de gobierno, y de nuestro gobierno en particular, no significa subdividir, vender o arrendar. Es arraigar la población. La valorización, el precio, que rigen y movilizan a la industria privada, no preocupan al Estado. Le interesa exclusivamente poblar, ligar al hombre a la tierra mediante un conjunto de medidas tendientes todas a este propósito esencial: crear núcleos sociales que van a ser la raíz misma de la población en una zona y que van a determinar la fisonomía étnica de una región. (Ministerio de Agricultura, 1937/1938, tomo II, p. 407)

73Por último, el Estado nacional en Río Negro busca –no sin dificultades– organizar el territorio en base a criterios únicos y superadores que eliminaran los conflictos existentes desde el siglo xix respecto a la superposición de entregas de tierras. En palabras del ministro de Agricultura Cárcano, reconocido especialista en el tema,

Es esta una consecuencia de hecho creada al territorio por las etapas que ha cumplido. Durante la conquista política, las exploraciones y la disputa de límites, la tierra fiscal se distribuye sin conocerla, para que se invoquen derechos y se establezcan habitaciones que denuncien la posesión efectiva del territorio. La distribución apresurada de la tierra fiscal y la creación del latifundio aparecen como una necesidad. Viene en seguida una segunda época: la conquista económica por las obras públicas: ferrocarriles, caminos, riego. Se comienza a explorar y clasificar las tierras. La industria ovina se desarrolla y se mejora. Predomina en esta época el gran propietario. Frente al abuso del latifundio, el Estado suspende la venta de la tierra. Aparece entonces la etapa del estudio, reorganización y conocimiento de la tierra, el ajuste administrativo y la persecución al latifundio como una reacción.
El período actual es el del ordenamiento de una colonización sobre nuevos criterios y bases. Es necesaria la legislación de bosques y la explotación racional a base de vías de comunicación y riego. Estamos ahora en el período de la organización económica y social sobre bases jurídicas estables, la ampliación de los servicios del Estado y especialmente del Ministerio de Agricultura. (Ministerio de Agricultura, 1938, tomo I, p. 574)

74En este marco, por Decreto 98.846, del 28 de enero de 1937, se propone una organización del territorio rionegrino dividido en lotes y secciones. Esta nueva forma de concebir el territorio colisiona principalmente con la identificación de los parajes, ya que las zonas de influencia del ferrocarril o navegables se encontraban ya organizadas en estos términos. Sin embargo, la comisión de geodesia enviada a delimitar sobre la base de esta nueva forma de organización, en 1939, solo puede producir un informe aproximativo ya que fracasa en delimitar los parajes. Esta falta de precisión se evidencia en las contiendas entre personas particulares por delimitar el espacio. Es también en estas contiendas donde se ponen en acto los presupuestos que marcarán un acceso racializado a la tierra, dando prioridad a los sectores progresistas , expulsando de la tierra a los pequeños productores, pobladores y la mayoría de las veces –aunque no solamente– indígenas.

75Finalmente, se destaca como política especial destinada a los indígenas el reconocimiento en 1937 de la excepción al pago de pastaje para quienes fuese reconocidos por el Estado como «indígenas argentinos» y pobladores con «buenos antecedentes» de los Territorios Nacionales. Esta medida había sido largamente solicitada por los líderes de las comunidades indígenas, especialmente aquellos incluidos en la Asociación Nacional de Aborígenes que comenzara a funcionar en la década del veinte. A mediados de la década del treinta, estos representantes indígenas habían logrado que la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios incluyera en su agenda a las comunidades indígenas y demandas de la Patagonia. Desde esta oficina gubernamental, creada en la década del diez y que hasta ese entonces solo se ocupaba de las reducciones indígenas del área chaqueña, se seleccionaron delegados que recorrieron los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut. Estos coincidían con los miembros más destacados de la Asociación Nacional de Aborígenes.

76Con el objeto de «conocer con exactitud el estado actual de las tribus indígenas que habitaban los Territorios del sur» se envían dos comisiones integradas por, así llamados por entonces, indígenas puros. Estos debían recorrer todas las comunidades rurales, informando sobre su número y condiciones actuales, llevando como principal objetivo «inculcarles que las autoridades nacionales tienen el propósito de protegerlos y colocarlos en condiciones de no ser perjudicados por nadie» (Dominguez, J., 1933, pp. 18-19). Era el propósito de la misión la difusión de las políticas gubernamentales entre las comunidades aborígenes de la Patagonia.

77Esta «situación general» fue descripta años después, en 1940, por José Colón, uno de los cuatro delegados indígenas elegidos por la chri en 1932:

que los indios carecen de recursos e iniciativa para crear riquezas, así lo piensan... pero las bases de sus estados económicos y bienestar, a quién se lo deben?
[...] al comenzar a establecerse a corta distancia del uno al otro los titulados comercios –Boliches– bien pronto éstos se hicieron dueños de la situación entrando de lleno la explotación bajo la influencia del alcohol [...].
A los aborígenes se les prohíbe hacer toda clase de mejoras y los Inspectores continuamente informan a la superioridad, «que no son gentes aptas para el progreso y no se asimilan a la civilización», criterio que va tomando cuerpo ante la opinión pública, en desprestigio de la raza nativa del país, que no tuvo, ni tiene otra escuela que la explotación por medio del alcohol y persecución sensible y dolorosa.

78José Colón solicitaba entonces, para el caso de la comunidad Ancalao en Ñorquinco una inspección de tierras que procediese a una revisión general de la situación de los pobladores:

especialmente los más recientes que invocan compras de poblaciones, transacciones, con visto bueno de las autoridades locales, lo que en muchos casos jurídicamente es ilegal, pues quienes ejercen esas transacciones carecen de derechos por no haber tramitado judicialmente las respectivas sucesiones testamentarias. Esta situación, los señores inspectores tampoco la han contemplado en todos los casos.

79En 1935 se establece una rebaja del pago de arrendamientos, por la crisis y la caída de la producción y comercio de lana (Decreto Ley 4 de abril de 1934, Min. Agr. y pen). Solo en este contexto de crisis y frente al temor ante la conflictividad social se establece en 1937 la excepción del pago de pastaje para los «indios argentinos». La medida fue apoyada incluso por quienes procuraban un patrón latifundista para la región, quienes aducían que la medida impediría que se pensara en nuevas concesiones de tierras para indígenas.

1. 6. De territorio nacional a provincia (1943-1955)

80Las tierras fiscales fueron uno de los últimos puntos resueltos al momento del traspaso de territorio a provincia ya que a lo largo del período territoriano el Estado nacional se reservó el derecho de administrar las mismas a pesar de las sucesivas demandas por parte de los gobernadores.

81Este período coincide con el llamado peronismo clásico (1945-1955), el cual representó –tanto para detractores como partidarios– un período de cambio profundo en la trayectoria histórica de la Argentina. Existe al presente un número importante de investigaciones sobre la población de los Territorios Nacionales en relación tanto con los cambios sustanciales derivados del reconocimiento del Estatuto del Peón –política de cambio radical en la relación patrón/trabajador en el agro a nivel nacional– como con los derechos políticos a partir de la apertura al voto –que se encontraba restringido para los habitantes de los territorios–. Carecemos, no obstante, de una indagación más profunda de las repercusiones de estas políticas sobre los pequeños productores rurales, especialmente en cuanto a los cambios y continuidades en la construcción de diferenciaciones internas en términos de etnicidad, las relaciones de dicha población con los bolicheros, mercachifles y, también, diferentes agentes estatales como los jueces de paz y policías en general.

82Por otra parte, también es necesario contemplar en este proceso las redefiniciones del rol de nuevas agencias estatales tales como Parques Nacionales y Gendarmería Nacional, las que, si bien comenzaron a funcionar en el período previo, cobran una nueva dimensión durante el peronismo. En la misma línea, podemos mencionar para Río Negro el rol de los delegados indígenas de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que había comenzado a incluir en su agenda a la Patagonia recién a mediados de la década de 1930. Estos casos son clave para describir las continuidades y cambios producidos entre 1930 y 1940 en las políticas estatales y las formas de concebir y modelar a la sociedad pensada para los Territorios Nacionales. Al mismo tiempo, a través de estos es posible abordar las iniciativas políticas de la población rural en su relación con los distintos mecanismos e instrumentos estatales. Además, es este un período en el que se amplió la presencia en ámbitos nacionales de instituciones civiles tales como las sociedades rurales y la prensa regional, así como también puede observarse la práctica política del intercambio epistolar directo entre los pobladores, en general, y los referentes políticos como Juan Domingo Perón y Eva Perón.

83Para pensar el peronismo clásico hay dos grandes líneas de argumentación. Por un lado, aquella que minimiza el impacto de sus políticas públicas. Más allá del gran debate de si el peronismo fue o no un proceso revolucionario, la pregunta aquí gira en torno a cuál fue el impacto del mismo hacia adentro de los territorios que seguirán siendo marginales dentro del concierto nacional, como sería el caso de Río Negro. En esta dirección se sostiene que no se modifican los beneficios del sector agropecuario de las grandes estancias. No se habrían producido grandes variaciones sobre la propiedad de la tierra (Girbal-Blacha, 2008; Ruffini, 2012). Al mismo tiempo, se destaca cómo en la intención del peronismo de cooptar ciertos sectores de la sociedad se fue postergando y jerarquizando cuáles serían los territorios a provincializar. Es decir, se identifica una especulación política que priorizaba a aquellos territorios donde existiera ya un trabajo de base y predominancia peronista. En relación con los indígenas se argumenta la continuidad de su condición de subalternidad, aunque en mayor medida los enfoques sostienen este punto de forma continua para todo el período territoriano.

84Otra línea de argumentación, en cambio, destaca los cambios durante el peronismo. En primer lugar, hay trabajos que apuntan a visibilizar la ampliación de la base política con la participación de la población. Estos observan cómo se hace política por fuera de las instituciones vigentes en el territorio y que el peronismo tiene la habilidad de reconocer estos emergentes e incorporarlos a las demandas políticas nacionales. Por ejemplo, se reconocen a las unidades básicas de mujeres que proliferan desde la década del 50 (Iuorno, 2016). Por otra parte, pensando en la estructura agraria, hay un cambio sustancial en la política, ya que el peronismo va al territorio y es desde el territorio que decide cuáles van a ser las titulaciones de tierra. Se trata de un conflicto que se viene postergando a lo largo de todo el período para pequeños y medianos productores. Así, habría un cambio importante durante el peronismo para aquellos productores que están trabajando la tierra y reciben el título. Por último, hay un cambio discursivo importante ya que es por primera vez que desde el Poder Ejecutivo Nacional se propone la transición hacia las provincializaciones, más allá de los tiempos y contextos que se manejaban para ello.

85Desde nuestra propia perspectiva los ejes que proponemos analizar son: la situación de los pueblos indígenas como uno de los sectores subalternos en la larga duración; el rol de las grandes estancias y compañías de tierras; y la estructura profunda de la sociedad de colonos que incluye las relaciones de connivencia entre funcionarios y particulares.

86En relación con el primer eje, algo que diferencia a Río Negro del resto de los territorios es, que desde 1932 hasta la denominada Revolución Libertadora, hay delegados indígenas. En principio trabajan para la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y luego pasan a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Como señalamos en el acápite anterior, lo que hacen es recorrer el campo para conocer la situación de aquellos indígenas que no conforman tribu o colonia, y que constituyen pequeños productores indígenas aislados –en apariencia­–. Estos son asistidos en sus necesidades por los delegados, quienes se constituyen en mediadores entre el Estado y los pobladores. Estos delegados llevan adelante luchas vinculadas a la excepción del pago de pastaje, por ejemplo, es decir políticas que iban en contra de las posibilidades de desarrollo de los pequeños productores. Como sostienen Enrique Mases (2014), y Mases y Galucci (2007), estos delegados pueden pensarse como parte de la estrategia estatal para imponer formas de representación dentro de las familias, comunidades o pobladores indígenas con el fin último de desarticular esta forma de subalternidad. Desde nuestra perspectiva anclamos la agencia de los delegados en una trayectoria de más larga duración porque esos delegados provienen, como se dijo arriba, de una organización de base que se conforma en 1920, la Asociación Nacional de Aborígenes. Autogestionada, con territorio, con reconocimiento político territorial y nacional, esta organización buscó demostrar al Estado que los indígenas tienen la misma capacidad que cualquier otro de progresar en los territorios. Estos delegados, que además son peronistas, lejos de desarticular la agencia indígena, fortalecen su presencia sobre la tierra como pequeños productores que no conforman tribu o grupos identificables para el Estado. Durante el peronismo estos delegados indígenas cobran mayor visibilidad porque empiezan a tener más peso hacia adentro del Estado, donde se jerarquizan las instituciones vinculadas a lo indígena. Esto se expresa concretamente con la conformación de la Dirección General del Aborigen. Si bien esta oficina contó con un exiguo presupuesto, capitalizó trayectorias de larga duración.

87En segundo lugar, en relación con las estructuras agrarias durante el peronismo, un duro golpe que rechazan fervorosamente los estancieros es el estatuto del peón (Bohoslavsky y Caminoti, 2003). Esto se relaciona no solo con la normativa que protege los derechos de los trabajadores del campo, sino también con la presencia mucho más asidua de los inspectores dentro de los establecimientos. Estos controlan condiciones de trabajo pero también reconocen el espacio, las cantidades de ganado y lo que se declara. Por otra parte, hay una importante cantidad de políticas destinadas a la Patagonia, por ejemplo la Campaña de la Patagonia, de 1953. Esta campaña tiene como objetivo conocer las formas de tenencia y explotación de la tierra –como se hiciera con la Inspección General de Tierras de los años veinte– y es central para aquellos que están buscando el título de propiedad. Existe la amenaza de expropiaciones, lo que pone alerta a la Federación de las Sociedades Rurales y las moviliza para intervenir en las políticas de Estado.

88Por último, podemos observar cómo impacta el peronismo en la condición de subalternidad indígena dentro de la sociedad de colonos. Un grueso de esta población se reconoce peronista. Pero también los bolicheros, que son la competencia directa en la ocupación de la tierra, se reconocen como peronistas. La misma Federación de Sociedades Rurales también lo hace. Cada uno tendrá sus propios intereses legítimos por los cuales se reconocerá peronista y disputará beneficios.

89Comienzan así a darse algunas contradicciones. Por ejemplo, otorgar las tierras in situ se vuelve un problema luego de décadas de avance de los bolicheros denunciados por los pequeños productores indígenas. Puede observarse cómo, cuando el Estado desde el territorio reconoce las tierras de un bolichero, está reconociendo sus tierras junto con todas las que les hubiese acaparado a sus vecinos. Al mismo tiempo el diálogo con los funcionarios de Estado en terreno es para los pobladores indígenas que compiten con personas mejor posicionadas un problema de difícil resolución. En muchas oportunidades se evidencia que no quieren resignar su pertenencia indígena para reclamar la tierra, ya que, de hecho, desde esa condición es que también se había recibido algún beneficio, como la excepción del pago de pastaje.

1. 7. Palabras finales

90El período comprendido entre el fin de la ocupación soberana de los pueblos originarios, con el sometimiento e incorporación estatal de los territorios del norte de la Patagonia, y el momento en que se les reconoce a los mismos el estatus provincial, constituye una etapa que estructura la composición social y productiva de cada región rionegrina, a la vez que se revela una constante discriminación en relación a su población. También delinea las posibilidades de circulación dentro de estas geografías condicionadas que facilitarán la capitalización de unos y los cíclicos destierros de otros.

91El punto de inicio de dicho recorrido son las políticas genocidas que persiguieron el objetivo de eliminar a los pueblos indígenas en tanto unidades sociopolíticas y socioculturales, negando y cercenando sus formas de uso de la tierra e incluso impidiendo los nacimientos en el seno de los grupos familiares, borrando la identidad de niños separados y distribuidos, deportando y destinando a las personas a miles de kilómetros en distintas regiones del país para su utilización como fuerza de trabajo semiesclava. En la nueva sociedad proyectada para el territorio nacional de Río Negro los derechos de los colonos o nuevos pobladores se impusieron bajo una lógica de eliminación de la población originaria. Las sucesivas políticas racistas se sumaron cual un palimpsesto que marcó la textura de las políticas territorianas y, luego, provinciales en Río Negro. Los efectos de este proceso histórico, apilados sin resolver y barridos bajo la alfombra del paso del tiempo, emergen en formas de conflictos y demandas hacia el Estado en el cual participamos todos. Es precisamente la intención de justicia social la que estimula la voluntad de reponer este trayecto histórico cristalizado en la cartografía provincial.

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Annexes

Tabla 1. 1. Superficie de tierras públicas adjudicadas en propiedad a particulares entre 1876 y 1902, por territorio nacional (miles de hectáreas)

Territorio Nacional Según Memoria 1928 Según Cárcano 1917
Leyes 947 y 960 de 1878 de Fronteras Ley 1.628 de 1885 de Premios Militares Leyes 817 de 1876 y 2.875 de 1891 Avellaneda y de Liquidac. Ley 1.265 de 1882 de Remate Público Ley 1.552 de 1884 de Derechos Posesorios Ley prov. Corrientes de 1881 Ley 3.053 de 1892 del Contrato Grünbein Leyes y Dec. Nac. Especiales Totales Totales
Chaco --- --- 1003 479 53 --- --- 968 2503 1748
Formosa --- --- 937 --- 234 --- --- 204 1375 1523
Misiones --- --- --- --- 6 2102 --- 1 2109 1681
La Pampa 7832 734 144 2403 73 --- --- 512 11 698 11 826
Río Negro 602 2508 1131 248 673 --- --- 439 5601 5554
Neuquén 115 115 1564 1434 15 --- --- 234 3477 3625
Chubut --- 1218 350 639 60 --- 9 309 2585 2542
Santa Cruz --- 171 40 437 --- --- 2517 129 3294 3338
Tierra del Fuego --- 5 80 312 --- --- --- 34 431 427
Los Andes --- --- --- --- --- --- --- --- -- ---
Totales 8549 4751 5249 5952 1114 2102 2526 2830 33 073 32 264

Fuente: Bandieri y Blanco (2009).

Notes

1 Entendemos aquí por territorializaciones a los sistemas de relaciones sociales resultado de construcciones hegemónicas, ideológicas y materiales, del espacio. Siguiendo a Grossberg (1992) hablar de territorialización conduce a enfocar tanto en las movilidades estructuradas y los lugares de detención habilitados como en las posibilidades de su desestructuración por parte de los distintos sujetos y colectivos sociales. Utilizamos el término (des)territorialización para referirnos al proceso histórico por el cual la construcción del espacio social por parte de pueblos indígenas y sociedad hispano-criolla que fuera previa a la incorporación estatal de fines del siglo xix es violentada y transformada en un contexto de extrema asimetría.

2 Con sociedad de colonos nos referimos al nuevo tipo de sociedad pensada y construida en el territorio de Río Negro y en la Patagonia en general luego de su incorporación estatal, en el cual los derechos de los colonos o nuevos pobladores se imponen bajo una lógica de eliminación de la población originaria. Tomamos este concepto del trabajo del historiador Moses (2008) quien lo aplica al mismo tipo de procesos desarrollados en Australia.

3 En otros trabajos (Pérez 2011 y 2016) hemos definido esta relación en términos de una «excepcionalidad normalizada». Esto es la constitución de un ciudadano indígena diferenciado dentro de los estándares constitucionales y de un habitante de los territorios que encarna estigmatizaciones ya existentes pero cristalizadas tras la Conquista del Desierto. Estas estigmatizaciones convierten al indígena en un ser liminal y presuntamente peligroso y, por lo tanto, violentable.

4 Indios amigos eran aquellos que se encontraban asentados en la frontera y tenían acuerdos, obligaciones y derechos regulados por tratados establecidos, en general, con las gobernaciones de Buenos Aires y Cordoba.

5 Tal como se desprende de los partes y planillas de los regimientos allí acantonados, disponibles en el Archivo General de la Nación, Dirección de Archivo Intermedio (Contaduría Nacional, Ministerio de Guerra, 1885, L17, f 6), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6 Véase capítulo de Martinelli en este libro.

7 El perito Moreno recibe tierras en reconocimiento por los servicios prestados a la nación. De estas tierras entrega siete mil quinientas has para la creación del parque.

8 Véase capítulo de Kropff en este libro.

9 La zona que abarca este inspector es la del Bajo Gualicho, Santa Rosa, Los Menucos y El Cuy.

10 Los vecinos o sectores progresistas son, en general, comerciantes, estancieros, gerentes de estancias o empleados de rango de compañías comerciales que se autopresentaban de esa manera, eliminando discursivamente su poder político y económico. A su vez, el Estado los contemplaba para justificar políticas que respondieran a sus demandas y necesidades.

11 «Considerando: que el fundamento de una economía agraria sana y fuerte reside en gran parte en la explotación de la tierra por la familia agricultora, concepto que el Poder Ejecutivo debe aplicar en la administración de la tierra fiscal como un principio de carácter económico y social que estimule el arraigo permanente del poblador en los Territorios Nacionales, creando al mismo tiempo núcleos de trabajo y de mejoramiento demográfico […] Que la creciente demanda de suelo fiscal por trabajadores rurales poseedores de modestos capitales y el adelanto general del medio social de los Territorios Nacionales permiten abandonar el sistema de adjudicar la tierra a sociedades anónimas que no tengan como propósito principal llevar población y radicar familias agricultoras a base de la propiedad del suelo» (Ministerio de Agricultura, 1938, p 804).

Table des illustrations

Titre Figura 1. 1. Gran reserva de tierras de 1899 en Chubut y Río Negro (expte. 861/1900, Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro)
URL http://books.openedition.org/eunrn/docannexe/image/4088/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 4,1M
Titre Figura 1. 2. Mapa confeccionado por la gobernación de Eugenio Tello en 1898 (García, 1898)
URL http://books.openedition.org/eunrn/docannexe/image/4088/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 3,8M

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