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La tierra de los otros

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Lorena Cañuqueo
, 
Laura Kropff
, 
Pilar Pérez
, 
et al.

Introducción

Laura Kropff et Pilar Pérez

Texte intégral

1Este libro aborda la cuestión de la tierra fiscal en la provincia de Río Negro poniendo el foco en las prácticas que históricamente fueron demarcando accesos diferenciales y se evidencian en los conflictos por la propiedad, el uso y el dominio que se dan en el presente. El punto de partida es entender que las relaciones sociales configuradas en la provincia se basan en un evento estructurante: el genocidio de los pueblos que habitaban estas tierras antes de que el Estado argentino consolidara su dominio sobre ellas (véase, entre otros, Delrio y otros, 2018). Entre otros efectos, el genocidio dejó instalados criterios racistas que aún hoy atraviesan las políticas públicas y el sentido común imperante. Desde esta perspectiva, el libro presenta los resultados de una investigación realizada en conjunto por estudiantes, docentes, investigadores (de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Desarrollo Económico y Social y el conicet), legisladores de la provincia de Río Negro y sus asesores técnicos. Se trata de un proyecto que involucró a trabajadores del sistema científico tecnológico nacional y del Poder Legislativo provincial, todos ellos formados en disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades –antropología, ciencias de la comunicación, geografía e historia– y también en derecho y ciencias del ambiente. En esta tarea conjunta se pusieron en valor saberes provenientes de trayectorias académicas, políticas, profesionales y fundadas en la experiencia laboral en la administración pública.

2Este heterogéneo equipo de trabajo pudo conformarse gracias a un convenio específico firmado entre la unrn y la Legislatura de la provincia de Río Negro el 22 de agosto de 2014. El convenio tuvo como propósito la realización de un informe histórico antropológico que colaborara con las tareas de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales –de aquí en más, la Comisión– que funcionó en el marco de la Legislatura entre 2012 y 2015 (véase Miguel y Wallace en este volumen). Se buscaba generar información que pudiera ser usada, en el corto, mediano y largo plazo, para la elaboración de políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial necesario en la provincia. En esa tarea, se tuvieron en cuenta dos dimensiones vinculadas de forma distinta al modo en que se define la relación entre Estado, nación y territorio. Una de esas dimensiones se expresa en el debate sobre la extranjerización de la tierra que remite, necesariamente, a la definición estatal de la relación que los otros externos a la nación pueden tener con la tierra entendida como territorio sobre el que se ejerce soberanía. La otra dimensión remite al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan, es decir, a la definición de la relación entre la nación y sus otros internos en clave, también, territorial.

3El resultado de la colaboración fue la elaboración del informe final de gestión de la Comisión que, además de dar cuenta del tratamiento legislativo de las denuncias recibidas en referencia a conflictos en torno a tierras fiscales, repuso los procesos históricos y los contextos etnográficos que permitían explicar los conflictos puntuales (Cañuqueo, Kropff, Pérez y Wallace, 2015). La tesis que se sostiene y demuestra en el informe es que no se trata de situaciones conflictivas aisladas sino de emergentes de un proceso de larga duración iniciado por un genocidio que merece una atención profunda. Asimismo, se señala la necesidad de formular políticas públicas de ordenamiento territorial que contemplen la reparación histórica a las víctimas de ese genocidio, fundamentalmente al Pueblo Mapuche. Este libro fue elaborado a partir de ese informe que constituyó un primer paso necesario en el análisis.

El enfoque teórico y metodológico

4En función de abordar las disputas históricas y presentes en torno a la tierra fiscal en la provincia de Río Negro, partimos de considerar que el proceso de consolidación de la matriz Estado-nación-territorio produce efectos en términos de configuración de subjetividades y territorialidades (véase, entre otros, Briones, 1998 y Delrio, 2005). Tanto la construcción de la nación y de las alteridades con las que contrasta –entendidas como subjetividades subalternizadas– como las formas de apropiación, ocupación y conceptualización del espacio, han estado afectadas y condicionadas por diferentes proyectos políticos de territorialización estatal desde que la región fuera objeto del avance moderno de la frontera productiva e incorporada violentamente a la matriz Estado-nación-territorio a fines del siglo xix.

5El genocidio indígena, como evento que estructura las prácticas con las que se articularán el Estado, la nación y el territorio, es abordado en este libro poniendo el foco en sus efectos en clave territorial. La territorialidad constituye una relación social que se manifiesta en un espacio determinado a partir de experiencias sedimentadas y movilidades constantes que se activan en contextos y recorridos particulares (véase, entre otros, Harvey, 2012 y Lefebvre, 1974). En este sentido, el libro se inscribe en la tradición que subraya la importancia de indagar en las intersecciones, discontinuidades y negociaciones de trayectorias, diferenciación y estratificación dentro de procesos (des)territorializadores. Estas perspectivas sostienen que el espacio es permanentemente (re)significado desde configuraciones hegemónicas y subalternas constituidas desde experiencias de movilidad (Abercrombie, 1998; Haesbaert, 2007) que se inscriben en el entorno y producen los marcos mayores de geografías-poder (Massey, 2012). Este enfoque procesual para abordar (des)territorializaciones atravesadas por el genocidio pretende constituirse en un aporte al campo de estudios sobre la configuración de desigualdades y diferencias en clave espacial (véase, entre otros, Salamanca, Astudillo y Fedele, 2016), dado que aborda la relación entre la distribución desigual de tenencia y acceso a tierras –y elementos de la naturaleza relacionados– y la marcación de ciertos grupos a partir de una serie de clivajes entramados que estructuran las prácticas sociales –etnicidad, clase, raza y nacionalidad– configurando ciudadanías diferenciadas.

6Desde esta perspectiva, las situaciones de conflicto en torno a la propiedad, uso y acceso a la tierra y otros bienes comunes que se observan en el presente, deben ser entendidas como emergentes situados del proceso inaugurado por el genocidio y, lejos de constituir situaciones aisladas, se pueden explicar a partir de la reconstrucción de sus múltiples aristas. A la vez, los diferentes casos puestos en contexto permiten ingresar en la complejidad de las geografías de inclusión y exclusión resultantes que expresan matices en distintas zonas de la provincia y en distintos períodos históricos. El recorte temporal incluye, en términos amplios, el periodo que va desde el final de la conquista militar hasta el presente. Sin embargo, el punto de partida no es la conquista sino los conflictos emergentes en la actualidad. Es a partir de ellos que se analizan las capas de sedimentación y yuxtaposición de sentidos sobre un espacio territorialmente construido a partir de la ocupación estatal. Así, en función de los procesos situados en cada una de las zonas, se pondrá énfasis en los períodos más significativos dentro de ese recorte amplio.

7En términos metodológicos, la reconstrucción de la realidad histórica y presente de las tierras fiscales de la provincia de Río Negro presenta una complejidad que, en principio, puede desorientar al investigador que se inicia. La documentación existe, es mucha y se encuentra organizada de forma confusa, desarmada en relación a los esperables fondos y series de los archivos, y dispersa entre diferentes dependencias estatales. De aquí que la metodología de trabajo para realizar este libro resulte clave para comprender el armado del objeto de estudio que, al mismo tiempo, revela las formas de pensar y concebir la administración de la tierra pública en Río Negro.

8El punto de partida de estos trabajos es el corpus de denuncias que fueran presentadas a la Comisión en su periodo de gestión entre 2012 y 2015. Este recorte responde, en principio, al trabajo propio de la Legislatura y de esta excepcional comisión. Por ende, también implica algunos vacíos geográficos de zonas en las que el acceso a la formulación de denuncias estaba menos habilitado (véase distribución de denuncias en figura 1 y cantidad de denuncias por departamento en figura 2). En todo caso, esta información nos indica que aun falta ampliar y completar el trabajo indagando en zonas que –solo en apariencia– tienen un nivel de conflictividad más bajo.

Figura 1. Denuncias recibidas por la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales

Figura 1. Denuncias recibidas por la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales

Fuente: Elaboración de Anabella Fantozzi y Yamila Sabatier.

Figura 2. Distribución por departamento de las denuncias presentadas ante la Comisión

Figura 2. Distribución por departamento de las denuncias presentadas ante la Comisión

Fuente: Elaboración de Anabella Fantozzi y Yamila Sabatier.

9Si bien cada caso presentado como denuncia representa una complejidad en sí mismo, la aproximación a los reclamos recibidos por la Comisión nos permitió establecer algunas recurrencias y problemáticas comunes. Por esto, nuestro trabajo comenzó con el rastreo de toda la documentación de archivo asociada a estas denuncias, específicamente los expedientes que reúnen las gestiones de cada poblador y se encuentran en la Dirección General de Tierras. Asimismo, recurrimos al Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro (ahprn) que contiene inspecciones generales realizadas en años clave para la Patagonia: el periodo de fines del siglo xix, 1920, 1948 y la llamada Campaña de la Patagonia de 1953, entre otras inspecciones puntuales y regionales. Si bien los expedientes y las inspecciones aportan información sustantiva para dar seguimiento a los casos, también albergan vacíos, silencios y omisiones propios de la perspectiva de quienes produjeron esos documentos: los funcionarios estatales. Asimismo, se encuentran limitados por –y, a la vez, permiten conocer– el orden de la discursividad imperante (Foucault, 2008), es decir, la lógica que habilita y organiza el discurso presente en esos registros.

10Por esas razones, para entender en profundidad los procesos que se expresan en las denuncias, es preciso recuperar la perspectiva de otros actores sociales a partir de la reconstrucción etnográfica. De este modo es posible tanto dar cuenta de aquello no expresado en los documentos, como recuperar marcos de interpretación distintos que inciden en la configuración de los hechos. Al mismo tiempo, la reconstrucción etnográfica permite dimensionar procesos relacionados con los conflictos por tierras que no se visibilizan en los archivos, como la movilidad, los ejercicios de terror y las connivencias entre funcionarios y sectores mejor ponderados para desarrollar socioeconómicamente cada región.

11La reconstrucción etnográfica de los problemas de tierras ha sido posible a partir del trabajo de campo de los diferentes subequipos que conforman este proyecto. El trabajo incluyó la realización de entrevistas en profundidad, así como diferentes instancias de observación participante. Así, la memoria social relevada en distintos parajes y pueblos revela largas jornadas de debate político en torno a las tierras, sus usos, tenencia y luchas. Por esto, el trabajo de campo ha sido también complementado con la participación de varios de los miembros del equipo en instancias de parlamentos, reuniones varias, marchas y reclamos específicos que hacen a la comprensión de las disputas en cada región.

12De esta forma, y a partir de estas dos fuentes principales, la documental y la de la memoria social, las preguntas de investigación se potencian y habilitan una reconstrucción compleja de procesos que, lejos de afectar únicamente a un individuo –o familia– denunciante, recaen sobre la trama de relaciones sociales que configura cada región. El diálogo entre fuentes es fundamental para reconstruir trayectorias históricas que dan forma a las regiones que delineamos en cada capítulo. Además, y de forma asociada, se toman otras fuentes secundarias, tales como publicaciones de época, recortes de prensa, legislación vigente e histórica, estadísticas, fotografías, etcétera. Esta metodología de trabajo tiene el potencial de permitir entender que no se trata de identificar funcionarios corruptos o comerciantes y compañías ventajeras, sino de comprender la matriz que estructura y habilita vías de acceso a la tierra que perjudican a poblaciones específicas e identificadas según cada periodo histórico y contexto regional. Es decir que la propuesta de trabajo nos lleva a reconstruir las concepciones hegemónicamente predominantes sobre la población, las tierras y el devenir de la Patagonia a partir de las políticas de Estado.

13Un lugar ponderado tienen los mapas, dado que la cartografía conlleva un lenguaje propio para expresar formas de concebir y proyectar las regiones. La cartografía presente en este libro ha sido confeccionada a partir del análisis de diversas fuentes de datos: bibliografía, croquis previos extraídos de los diversos expedientes de la Dirección General de Tierras analizados, mapas históricos y actuales, así como planchetas catastrales de la Dirección General de Catastro e Información Territorial. Se ha trabajado con diversos programas de Sistemas de Información Geográfica (sig), realizando la digitalización de aquellos planos o mapas plausibles de georreferenciación, así como de diversas entidades espaciales. Tal digitalización se ha hecho intentando reflejar con la mayor certeza posible la realidad, teniendo en cuenta que existe un cierto margen de error en el resultado. A partir de la combinación y comparación de estas fuentes y productos se ha producido nueva cartografía que refleja los procesos generales identificados en cada capítulo.

14Además, el libro incluye capítulos orientados específicamente al análisis de los dispositivos para la administración de la tierra fiscal implementados luego de la provincialización de Río Negro, incluyendo legislación y resoluciones de los poderes Ejecutivo y Judicial. Para el análisis de esos dispositivos se recurrió, en primer lugar, a la hermenéutica jurídica y al análisis crítico del discurso (véase Cañuqueo y Wallace en este volumen). En segundo lugar, aquellos autores que formaron parte de los equipos políticos y técnicos responsables del diseño y ejecución de políticas, le aportan al libro una reflexión basada en la evaluación de su propia práctica (véase Miguel y Wallace en este volumen).

La estructura del libro

15En el primer capítulo de este libro, Pilar Pérez y Walter Delrio reponen el proceso histórico de (des)territorialización estatal durante el periodo en que Río Negro fue Territorio Nacional, entre 1878 y 1955. Los autores parten de definir que la incorporación estatal del territorio patagónico y su población a fines del siglo xix, por medio de la violencia, constituye un evento estructurante de los términos en que se organiza la sociedad de la actual provincia de Río Negro. Ese evento estructurante es definido como un genocidio que implica la manufacturación de un otro interno peligroso, el despliegue de la violencia abierta sobre la población marcada y el silenciamiento del proceso, es decir, la configuración simbólica del desierto que se refleja en el discurso oficial y continúa vigente en el presente. El genocidio no afecta únicamente a sus víctimas directas sino que compromete a la sociedad en general porque define valores y sentidos de apego que atraviesan la pertenencia nacional. Con ese punto de partida, los autores recorren el periodo reponiendo las principales políticas de administración de la tierra fiscal en relación a la configuración de accesos diferenciales basados en criterios instalados por el genocidio. Asimismo, reconstruyen los sucesivos proyectos económicos que se fueron ejecutando. Finalmente, los autores reponen las diferentes modalidades en las que se despliega la agencia indígena en contextos de clara asimetría.

16En el segundo capítulo, María Laura Martinelli analiza el derrotero de dos colectivos mapuche que fueron denominados como «reserva indígena» por leyes provinciales a principios de la década del setenta: las reservas Ancalao y Cañumil, ubicadas en los departamentos de Ñorquinco y Pilcaniyeu. La reconstrucción se remonta al periodo previo a la ocupación militar del territorio por parte del Estado argentino y recorre el siglo xx a partir de dos ejes: el régimen de acceso a la tierra que se fue configurando a partir de las sucesivas políticas estatales y las dinámicas que estos colectivos se fueron dando en la negociación con el Estado. Aunque en ambos casos hubo reconocimiento estatal relativamente temprano en clave de colectivo indígena a partir de distintas denominaciones –tribu, agrupación, comunidad, etcétera– y asignación de tierras para su asentamiento, Martinelli identifica una situación histórica de precariedad en relación a la tenencia. Esta precariedad se basa, por un lado, en la ambigüedad jurídica en relación al derecho de ocupación de las tierras y, por otro, a prácticas estatales que han contradicho el marco normativo a lo largo de la historia, favoreciendo la ocupación de tierras de las reservas por parte de pobladores no indígenas y fomentando contradicciones y ambigüedades que promueven las situaciones de conflicto que se identifican en el presente.

17En el tercer capítulo, Laura Kropff se detiene en el modo en que operó el racismo estatal, instalado por la lógica genocida, para favorecer la concentración de tierras por parte de inmigrantes europeos y sirio-libaneses en detrimento de pobladores definidos como indígenas –aunque nunca reconocidos como colectivo– en parajes ubicados al norte de los pueblos de Comallo e Ingeniero Jacobacci en los departamentos de Pilcaniyeu y 25 de Mayo. Reconstruye, específicamente, el caso del comerciante español Ramón Fernández y sus hijos, identificando los mecanismos con los que fueron despojando de sus tierras a sus vecinos mapuche en connivencia con el Estado ­–a través de sus políticas y sus agentes–. Entre los mecanismos se cuentan la concentración de funciones estatales por parte de Fernández, el endeudamiento promovido en su casa comercial y los desalojos violentos de pobladores. Kropff analiza, también, distintos efectos de este proceso de concentración de tierras incluyendo el arrinconamiento de pobladores indígenas en parcelas pequeñas –que explica conflictos contemporáneos entre familias mapuche– y la sedimentación de un sentido común, alimentado por prácticas racistas repetidas durante todo el siglo xx, que naturaliza la desigualdad entre ricos y paisanos ocultando los mecanismos que la construyen.

18En el cuarto capítulo, Pilar Pérez y Natalia Cano se ubican en los parajes del oeste del río Pichileufu, en el departamento Pilcaniyeu, para abordar el modo en que la precariedad en la tenencia de la tierra y el racismo estatal se articulan para establecer movilidades y fijaciones diferenciales de población. Si bien la fijación de la población se constituye en un ideal estatal-nacional que se opone a la movilidad representada como nomadismo y asociada a la barbarie, las autoras demuestran que, paradójicamente, a lo largo del siglo xx la política estatal se orientó a promover la movilidad de la población indígena –mayoritaria en la zona– a través de concesiones precarias y apoyo a los abusos de estancieros y comerciantes de origen europeo. Los resultados de estas prácticas incluyen que los pobladores no logren regularizar sus dominios y que sean obligados a desplazarse entre distintos campos de la zona, lo que produce que se descapitalicen porque la movilidad continua les impide consolidar una estrategia económica autónoma diversificada. Como consecuencia se proletarizan total o parcialmente trabajando para las estancias. En la segunda mitad del siglo xx se observa que estos procesos resultan en la migración a centros urbanos que conlleva la pérdida de los campos en el mediano plazo, ya sea a manos de vecinos que los ocupan o de patrones que les compran las mejoras y logran una rápida titularización.

19En el quinto capítulo, Laura Mombello y Ana Spivak L´Hoste analizan las disputas por el territorio en la localidad de Catriel y su zona de influencia, en el departamento General Roca. Se trata de una zona que fue destino de lo que en los documentos se define como «los restos de la tribu de Catriel» a quienes se les otorgó tierras por decreto en lo que se constituyó como una colonia pastoril en 1899. Las autoras abordan el modo en que la diversificación del uso del suelo fue diversificando, a su vez, el mapa de actores y estableciendo relaciones asimétricas entre ellos. Puntualmente, se enfocan en los efectos que genera el desarrollo de la industria hidrocarburífera desde mediados del siglo xx en la configuración territorial, la estructura productiva, la demografía y las dinámicas que asumen los conflictos por la propiedad, la tenencia y el uso del suelo. Se trata de una industria que impone su propio orden por sobre los ordenamientos políticos y económicos previos. En ese marco, las demandas de los sectores subalternos construyen su legitimidad apelando a derechos que tienen su base en el proceso histórico de constitución territorial. Según las autoras, en esas demandas adquiere un lugar central la noción de linaje para definir pertenencia y legitimidad de la ocupación de la tierra.

20El foco del sexto capítulo está puesto en la penetración y expansión renovada de relaciones capitalistas de producción en la zona cordillerana de la provincia. Allí, Valeria Iñigo Carrera aborda un área de alta conflictividad territorial, la ubicada al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el departamento Bariloche, partiendo de entender que la consolidación de la estatalidad está estrechamente vinculada con las formas concretas que asume el avance del capital, por lo que la violencia estatal genocida puede analizarse en su dimensión económica. Con ese punto de partida, la autora repone el proceso histórico de expansión de relaciones capitalistas en la zona y aborda tres conflictos contemporáneos: el vinculado al emprendimiento turístico e inmobiliario impulsado por Laderas s. a. en el cerro Perito Moreno, la conformación de la estancia Hidden Lake de Joseph Lewis –caso que ha tenido impacto público a nivel local, provincial y nacional– y el despojo de que es objeto la comunidad mapuche Las Huaytekas. En los tres casos el foco está puesto en identificar los elementos que permiten dar cuenta del proceso general de avance del capital y de las formas concretas que asume en el presente.

21En contraste con el énfasis del capítulo anterior, en el séptimo Melisa Szmulewicz, Iris Liscovsky y Sabrina Picone abordan la situación actual en el paraje Las Aguadas, en el departamento Adolfo Alsina sobre la costa atlántica rionegrina, a la luz de las diversas formas de ver, definir y experimentar el mundo que se encuentran en relación asimétrica y se expresan en los conflictos por tierras. Las autoras parten de entender a los territorios como espacios vividos y adoptan un enfoque que integra lo socionatural y lo cultural. Así, reconstruyen las tensiones que experimentan los pobladores al enfrentarse a procesos de acaparamiento de tierra que implican, también, usos y prácticas que confrontan con los códigos propios que vienen sedimentándose desde que el paraje se convirtiera en refugio de quienes fueron perseguidos durante y después de la conquista militar del territorio por parte del Estado argentino. En ese contexto los pobladores deben lidiar con prácticas que trastocan la delicada convivencia que tienen con los médanos, entidades que se desplazan con dinámicas propias. En ese sentido, las autoras dan cuenta de que la presión sobre el territorio constituye no solo una disputa por el acceso a recursos, sino un impulso homogeneizador y asimilacionista en clave cultural.

22Los últimos dos capítulos de este libro apuntan al análisis de los recursos a partir de los cuales el estado rionegrino, desde que se constituyó como provincia, regula el acceso y el uso de la tierra pública. En el capítulo octavo, Lorena Cañuqueo y Julieta Wallace analizan, en primer lugar, dos leyes vigentes: la Ley de Tierras 279 (de 1961) y la Ley Integral del Indígena 2.287 (de 1988). Se trata de normas de avanzada para las épocas en que fueron sancionadas. La primera establece la función social de la tierra y, con ello, su necesaria orientación a la producción y no a la especulación: la tierra debe ser de quien la trabaja y las unidades familiares agrarias deben ser apoyadas y respetadas. La segunda dispone la adjudicación en propiedad de la tierra que ocupan pobladores y comunidades indígenas, incluyendo la posibilidad de expropiación en caso de que se identifiquen situaciones que perjudican o han perjudicado a las comunidades. A continuación, las autoras comparan lo que sostiene el marco normativo con las prácticas concretas de los poderes Ejecutivo y Judicial en relación a conflictos puntuales. Así, llegan a la conclusión de que la interpretación y aplicación de estas leyes no es uniforme. Existen tanto articulaciones como desajustes en torno a su aplicación entre los poderes del estado rionegrino. La puesta en práctica de lógicas diferentes y contrastantes da como resultado formas diferenciales e inequitativas de acceso a la tierra.

23Finalmente, en el último capítulo, Cesar Miguel y Julieta Wallace reflexionan sobre la experiencia de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, de la que fueron presidente y asesora técnica respectivamente. La definen como una política de protección de la tierra pública y describen su contexto de creación, sus fundamentos, sus objetivos, su metodología y sus principales logros. A partir de la investigación de 141 casos entre 2012 y 2015, la Comisión avanzó en la visibilización de los mecanismos estructurales instalados a partir del genocidio indígena aún operantes en las irregularidades observadas. Asimismo, propuso mecanismos institucionales concretos orientados a limitar y revertir la concentración de la tierra, siendo los más significativos los proyectos de ley de restitución de tierras al fisco y de asignación de usos basados en criterios de reparación. Para concluir, los autores plantean y fundamentan la necesidad de elaborar e implementar un ordenamiento territorial provincial participativo, que contrastan con la situación de desmanejo con la que se encontró la Comisión y que no fue posible revertir en solo tres años y medio de gestión. La revisión de esta experiencia resulta significativa en función de pensar cuáles podrían ser los caminos institucionales pertinentes para iniciar el proceso de reparación que deviene del reconocimiento del rol del genocidio indígena en la estructuración del orden estatal argentino y rionegrino.

Bibliographie

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Table des illustrations

Titre Figura 1. Denuncias recibidas por la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales
Crédits Fuente: Elaboración de Anabella Fantozzi y Yamila Sabatier.
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Titre Figura 2. Distribución por departamento de las denuncias presentadas ante la Comisión
Légende Fuente: Elaboración de Anabella Fantozzi y Yamila Sabatier.
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