Capítulo 1
La violencia de Estado en Río Negro y sus efectos sociales. Repensando la última dictadura
p. 19-44
Texte intégral
1. 1. Apertura
1En mi tarea como docente de la asignatura Historia Social de la Patagonia (1878-2001) tuve una discusión con una de mis estudiantes durante el desarrollo de la unidad del programa de estudios vinculada a la dictadura. Luego de narrar una introducción general sobre el tema, ella –que siempre había sido muy reservada– me detuvo y me confrontó con un «usted podrá contar todo eso, pero yo viví ese periodo, ya tenía mis hijos y nunca sentí miedo ni dejé de hacer mis cosas por la situación que se vivía». Las y los estudiantes –algunos muy jóvenes, otros en edad también de haber vivido la dictadura– respondieron con ideas generales ligadas a la solidaridad hacia las vivencias de los demás. Entre todos fuimos apilando argumentos y experiencias para contrarrestar lo que esta alumna sostenía y lo seguía haciendo muy a pesar nuestro. Sin embargo, en las respuestas que dábamos, más allá de una clara determinación contra el terrorismo de Estado, había varios vacíos, dudas y, al mismo tiempo, un controlado respeto por esta voz disonante que inesperadamente nos costaba confrontar. Esta situación de aula no deja de hacernos pensar sobre cómo abordamos los procesos de violencia de Estado y cómo entraman las vidas de quienes fuimos atravesados por ellos, de forma directa o indirectamente.
2A su vez, con el tiempo que ya nos separa de la dictadura hay una tendencia general a asociarla a lo oscuro, lo tenebroso, lo monstruoso. Las metáforas y adjetivos que utilizamos habitualmente para referirnos al periodo muchas veces son efectivas en transmitir el sentimiento de temor pero, también, obturan el conocimiento. Lo reducen a lo malo que no debe suceder nunca más. Para quienes van llegando a conocer y preguntarse por ese momento, por ejemplo cada 24 de marzo con la repintada de pañuelos en espacios públicos, queda claro que la dictadura fue un periodo de terror y dolor. Estos ejercicios de memoria nos permiten sostener el tema año tras año, identificar discursos que se reiteran en circunstancias renovadas del presente y también invita a indagar en historias familiares propias.
3No obstante, aún necesitamos profundizar en su conocimiento para no clausurar los diversos alcances y efectos sociales del terrorismo de Estado y, en todo caso, apuntar hacia la generación de conciencia. Esta práctica implica conocer cómo se instrumentó el terror, quiénes fueron sus perpetradores, colaboradores y testigos, qué efectos generó en la sociedad contemporánea, entre vecinas y vecinos, y cuáles a posteriori y, también, cuáles fueron los proyectos políticos alternativos de los militantes que fueron objeto de la represión. Esto no debe descuidar, por otra parte, qué pasó con la sociedad que no fue directamente víctima de los crímenes. Esto obliga a indagar en zonas grises, confusas y, sin duda, incómodas aunque tan relevantes como todas las preguntas previas porque precisamente es esa la sociedad que el poder dictatorial pretendía reorganizar.
4A pesar de las diferencias de enfoque teórico sobre la última dictadura (considerada genocidio, poder desaparecedor o terrorismo de Estado), todos estos contemplan la importancia de la sociedad en su conjunto sobre la que se ejerce la violencia. El Proceso de Reorganización Nacional fue hábil en implementar el terror –a través de diferentes prácticas y técnicas que se filtraron por todo el tejido social y comunitario– tanto como en generar consensos –cuestión que viene siendo soslayada. Si el proyecto hegemónico (esto implica el que primó a pesar de las diferencias y contradicciones) estuvo destinado a modificar la sociedad es, ni más ni menos, en la relación con ella donde debemos detenernos y pensar cómo se implementó el terrorismo de Estado que produjo 30 mil desaparecidos y una guerra internacional –apoyada masivamente por la ciudadanía– que terminó dos meses después en un abrupto fracaso.
5En la Patagonia norte –excluyendo trabajos pioneros como el de Noemí Labrune (1988)1 o Carlos Echeverría (1987)– es recién en la última década que se enfocó el tema como objeto de investigaciones históricas. Las historias regionales y periféricas están aportando estudios que sopesan la dimensión verdaderamente nacional del terrorismo de Estado. Por esto, nos interesa repasar primero el estado del conocimiento en relación al periodo previo (1966-1976), que implica registrar tanto los proyectos políticos de los setenta como la instrumentación de la violencia estatal; segundo, la etapa propia de la dictadura (1976-1983) teniendo en cuenta este doble aspecto: el terrorismo de Estado, pero también el de involucramiento social con el proyecto nacional. Tercero, recuperaremos la violencia estatal en la larga duración y su rol en la producción de sujetos. Por último, recorreremos las diferentes políticas de recuerdo y olvido en la provincia de Río Negro que permitieron construir relatos sobre la sociedad, su pasado y su identidad.
1. 2. Antes de la dictadura (1966-1976)
6Para pensar la violencia política en Río Negro tenemos que adentrarnos al periodo previo a la dictadura, ya que en pocos años se viven experiencias radicalmente opuestas. Este acápite aborda estos cambios de ritmo que impactan en la vida provincial en todos sus planos de análisis.
7La autodenominada Revolución Argentina (1966-1973) produjo modificaciones dentro de la estructura económica y de poder al definir una nueva región que favoreció al Alto Valle. La región Comahue, definida en el decreto reglamentario 1907/67 de la Ley 16.964, impulsaba la zona del valle y su relación con Bahía Blanca como principal puerto de salida de la producción frutícola. Además, y bajo el criterio del desarrollismo, se aceleraba la creación de represas hidroeléctricas que garantizarían la producción de energía para la Patagonia y sus industrias en ciernes. Así la obra Chocón-Cerros Colorados se convertía en un proyecto central del gobierno dictatorial y se promocionaba esta megaobra como propaganda del régimen. Como contracara, la producción ovina de la Línea Sur y zona central de la provincia caía en una meseta productiva, a la vez que la zona Atlántica esperaba para avanzar en los proyectos que habían quedado detenidos del llamado Plan Castello (el puerto de San Antonio, la fábrica Solvay, el canal Pomona y el proyecto de riego del valle inferior del Río Negro, para el cual se creó el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior-idevi).
8Esta primera intervención generó una serie de conflictos políticos y sociales que afectaron diversos intereses y la estructura social. Para esto podemos referirnos a las diferencias entre los estallidos sociales de 1969-1972: el cipollettazo de 1969; el choconazo de 1970, el barilochazo de 1971 y el rocazo de 1972, sobre los que existen distintas interpretaciones y debates, en los que no entraremos (Favaro, Zapata y Araya, 2011). Sin embargo, nos interesa recuperarlos en tanto experiencias de militancia que plantearon escenarios novedosos para las luchas sociales –en tanto se articulaban diferentes sectores como los trabajadores, los barrios, la Iglesia y los estudiantes, sobre todo universitarios–, pero también para los sectores de poder regionales (productores, cámaras de comercio, profesionales y empresariales en general) que medían sus fuerzas en la competencia regional y articulaban frente a los diferentes actores de la política del momento.
9Así en el cipollettazo se observa una importante movilización social de un pueblo respaldando al intendente Julio Salto contra la gobernación militar de Figueroa Bunge. Este conflicto fortaleció la disputa regional entre Roca y Cipolletti, y movilizó a gran parte de la población cipolleña que llegó a confrontar en las calles con el propio ejército. Por otra parte, el choconazo2 –en una línea comparable al cordobazo de 1969– mostró las alianzas de sectores nuevos en la arena política, como los estudiantes universitarios que tenían su propia agenda de lucha en torno a la universidad, los trabajadores que se distanciaban de la burocracia sindical y la Iglesia con la emergencia de la figura del obispo Jaime de Nevares. Como contrapartida, la intervención de gendarmería y la fuerte represión escenificaron el teatro de operaciones y escalada posible en torno a la defensa de estas obras de infraestructura. Era esta una defensa ligada al desarrollismo como política económica y concepción ideológica. También en la cordillera hubo una pueblada contra las manipulaciones políticas del Partido Provincial Rionegrino (ppr) y el fortalecimiento de los avances inmobiliarios que se conoció como el barilochazo en el invierno de 1971. Finalmente, el rocazo en 1972 inauguró la salida a las calles de las fuerzas políticas de Roca, el Colegio de Abogados y la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (caic). A su vez, las refriegas callejeras fueron de las primeras experiencias de confrontación armada tanto contra el ejército como entre la juventud peronista y el recientemente fundado Partido Provincial Rionegrino (ppr).
10En Río Negro, las primeras elecciones a gobernador, libres, universales y sin proscripciones de 1973 sumaron un actor a las disputas políticas que atravesaban al resto del país: el ppr.3 Este fue producto de la decisión política del general Roberto Requeijo, quien fuera el interventor designado por la dictadura en 1972. Requeijo tuvo una gestión en la gobernación caracterizada como una fuerza de derecha o populismo conservador (Camino Vela, 2011). En particular, estableció vínculos con fuerzas político-económicas de Cipolletti en un momento de auge económico de la localidad como comercializadora y productora de fruta. Esta alianza que fomentaba, a su vez, el desarrollo pausado de la zona atlántica benefició a algunos sectores de Bariloche y reconoció e intervino en las necesidades de la Línea Sur que redundó en el éxito en las elecciones. El partido del otrora interventor militar –que además se apoyaba en la fuerza policial para gobernar– logró el segundo lugar detrás del peronismo en 1973. Además, triunfó en una buena cantidad de municipios incluyendo la capital, Viedma.
11La contienda por esas elecciones replicaron a nivel regional las diferencias del peronismo a nivel nacional. Están presente el peronismo que se organizaba en torno a la candidatura de Mario Franco ligado a la conocida resistencia y los sindicatos y, por otro lado, la juventud peronista articulada con el peronismo de base, Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que confluyeron a fines de 1972 en la Juventud Peronista (jp) Regional vii conducida por Juan Jacinto Burgos (Pérez Pertino, 2015). Para contrarrestar esta organización, el partido organizó la Juventud Peronista de la República Argentina (jpra), críticamente conocida como la «jotaperra».
12El juego político no se daba solamente hacia el interior de los partidos. Las universidades fueron actores centrales en estas alianzas y competencias (Echenique, 2005). La militancia de base, formada por estudiantes y trabajadores, llevaba adelante diferentes proyectos, muchos vinculados a la extensión universitaria, para incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Entre ellos, la Campaña de Alfabetización (1973-1974) tuvo un lugar destacado. Esta tuvo alcance nacional, regionalizó el país y se organizó articulando universidades y grupos locales para llevar adelante el proyecto social y político de alfabetizar (Palavecino, 2016). Fue desarrollada en barrios populares y en zonas rurales de diferentes lugares de la provincia utilizando las bases de la educación popular de Paulo Freire (quien había sido convocado por el ministro Taiana en 1973).4 El organismo de ejecución del ministerio fue la Dirección Nacional de Educación al Adulto (dinea).5 La alfabetización se entendía como una de las primeras herramientas para la liberación del pueblo oprimido y, por esto, estos espacios eran potenciadores de las fortalezas comunes de pequeñas comunidades.
13Los espacios de militancia incluían también el trabajo para el mejoramiento de las condiciones habitacionales (red de agua, cloacas, tendido eléctrico, armado de casillas), cuya organización y ejecución se volvían momentos clave para militar con los sectores más postergados, silenciados y desprovistos de la provincia. Era también un ámbito para volverse visibles. Finalmente, había una búsqueda activa de militar y coordinación de espacios sindicales de trabajadores organizados como los municipales, los gastronómicos, los trabajadores de Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (hipasam) de Sierra Grande, los de la fruta, docentes –a través de la recientemente creada Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (unter)–, entre otros.
14La jp Regional vii compitió con la versión provincial del peronismo que llevó a enfrentamientos ideológicos sobre el ser peronista y por las candidaturas que en algunas ocasiones terminó en luchas callejeras y en los espacios políticos.6 Además de las diferencias internas dentro del partido estaba la presencia del ppr –que antes de las elecciones era el oficialismo– que había ganado espacios significativos en la provincia como se evidenció en el llamado segundo rocazo. Sin embargo, se impuso en esta disputa Mario Franco que, finalmente, logró la gobernación.
15El peronismo, que había demostrado ser la fuerza mayoritaria en la elección nacional de 1951 pero nunca había podido acceder a elecciones provinciales, lograba por primera vez el poder en Río Negro. Durante esta gobernación se resolvió una larga disputa en la provincia en torno al lugar de la capital y se hizo por decreto. En reacción al Plan Comahue de la dictadura, Franco presentó un Plan Trienal centrado en salud, vivienda y educación en un claro gesto del cambio de los tiempos que se volcaba a pensar la sociedad regional más que en los proyectos económicos.
16En particular, el Plan de Salud7 significó un antes y un después para la vida de las y los rionegrinos. De alcance provincial, se centró en jerarquizar los hospitales zonales y descentralizar el ejercicio de la salud a través de la instalación en los barrios de salas para la atención primaria. Esta política activa de salud generó cambios sustanciales en poblaciones que no estaban habituadas a la atención y, mucho menos, a la prevención. A su vez, el plan atrajo profesionales de la salud –ausentes desde siempre en la provincia– comprometidos con el proyecto para su ejecución. A nivel educativo y cultural, Franco continuó con un proceso de consolidación de construcción de la historia e identidad rionegrina (como veremos).
17Sin embargo, y en consonancia con el clima nacional, a partir de 1974 y con intensidad en 1975, la provincia se convulsionó por las operaciones de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina creada por un sector del peronismo en el poder). Existen algunas diferencias de apreciación respecto de si Mario Franco, por entonces gobernador, decidía o no las prácticas de persecución, intimidación y atentados que se dieron durante este periodo, previo al golpe. La mayoría de los crímenes se atribuyen al entonces jefe de policía Benigno Ardanaz, nombrado y sostenido por Franco. El nivel de organización de la represión durante esa época y la marcación de personas que derivó en secuestros y desapariciones (una práctica novedosa de crimen) después del 24 de marzo de 1976 hacen de este un momento especialmente necesario de ser investigado.8
18Ardanaz, gendarme reconvertido en policía, fue el cerebro y ejecutor de los crímenes de la Triple A en Río Negro. En su jefatura hubo, en principio, una purga y selección policial –en parte, porque existía una adhesión al ppr. Entre los abusos policiales que se han identificado figuran allanamientos ilegales, torturas y la colocación de bombas en casas y autos de militantes. No está de más mencionar que los médicos del plan de salud y los miembros de la jp fueron los principales objetivos (Suárez, 2017). Además de la persecución a políticos y sindicalistas, también comenzó la detención, deportación y violencias de formas diferenciadas sobre los chilenos (por razones políticas y nacionales) (Azcoitía, 2014). La policía rionegrina se destacó en la escenificación de situaciones engañosas como, por ejemplo, plantar armas para generar denuncias falsas que legitimaran su acción. Una práctica que no fue revisada en los procesamientos.
19Paralelamente al trabajo de Ardanaz, en 1975 la flamante Universidad del Comahue fue intervenida por el rumano Remus Tetu. El rector en esta situación fue designado responsable de las universidades del Sur y del Comahue.9 Las que, en sus propias palabras, serían convertidas en «un convento» (Echenique 2005, p. 20). Su gestión derivada del plan de limpieza ideológica del ministro Oscar Ivanissevich (Izaguirre, 2011), se apoyó en Raúl Guglielminetti, por entonces, infiltrado como periodista deportivo e informante clave para marcar y atacar militantes. Al año siguiente, ya como personal civil de inteligencia del ejército, Guglielminetti estuvo en persona a cargo de operativos de secuestro y desaparición. Remus Tetu fue clave para la identificación de personas, las amenazas sobre docentes y estudiantes, y también para organizar las fuerzas de la represión en la Patagonia norte. Tal y como lo analiza María Beatriz Gentile (2013), el interventor coordinaba reuniones de los jefes de las diferentes fuerzas (ejército, gendarmería y policías), además de desempeñarse como rector.
20Finalmente, no podemos dejar de mencionar la represión del v Cuerpo del Ejército, junto con la gendarmería y la policía de Río Negro en noviembre de 1975 ante las huelgas en hipasam en Sierra Grande. Esta empresa mixta de explotación ferrífera y de siderurgia tenía trabajadores organizados y un pueblo que dependía en su mayoría de ella. Las huelgas fueron planeadas y resistentes, y con extendido apoyo, a la vez que ganaron espacio en la arena nacional. Esto motivó la intervención militar para su control y una fuerte represión, en adelante, en la localidad (Gournalusse, 2012).
21Entre 1974 y 1975 la violencia estatal penetró en los diferentes planos de militancia, política y organización que la primera experiencia democrática alentaba en la sociedad rionegrina. Estas intervenciones desgarraron el tejido solidario y participativo ya que, por un lado, las organizaciones relocalizaron sus dirigentes en lo que se conoce como exilios internos y quienes quedaron se encontraban tanto amenazados como expuestos, cuando no presos. En este breve lapso que vertiginosamente va del florecimiento social al disciplinamiento forzado sucede el golpe de Estado.
1. 3. El Proceso de Reorganización Nacional en Río Negro (1976-1983)
22La represión previa al golpe sentó precedentes para el desarrollo de la llamada «lucha antisubversiva». A nivel nacional los decretos de aniquilación de la guerrilla legalizaron el uso de la fuerza. La directiva 1/75 de «lucha contra la subversión» proponía una zonificación del país. Pablo Scatizza (2015) analiza las diferencias entre las consideradas «zonas calientes» y las zonas periféricas que para las fuerzas armadas implicaban la definición de un nuevo mapa del país. Este se dividió, entonces, según la cantidad y tipo de operaciones que desarrollaron. La Patagonia correspondió a la zona 5 (La Pampa quedó ligada a Buenos Aires y la capital). Neuquén y el oeste rionegrino conforman la subzona 52. Mientras el este rionegrino y el sur de Buenos Aires conforman la subzona 51. La primera con base de operaciones en Neuquén y la segunda, en Bahía Blanca. Esta zonificación jerarquizaba la subzona 52 como potencial para el surgimiento de «guerrillas rurales» o de infiltración chilena. Se disponía así la denominada Operación Comahue. Dentro de esta, el área 521 debía ser asegurada enfáticamente contra toda acción subversiva. Por esto, se alojaron los centros clandestinos de detención por donde más gente pasó: La Escuelita en Neuquén, la Comisaría 24 de Cipolletti y la delegación de la policía federal en Neuquén (ver figura 1.1.). Toda el área fue sometida a relevamientos de inteligencia que permitieron actuaciones una vez concretado el golpe de Estado. Con esta organización se imprimía una nueva territorialización estatal diferente a las habituales regionalizaciones de la provincia.
Figura 1. 1. Centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal

Fuente: Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado e Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ruvte-ilid), 2015.
Nota: Este mapa reúne los lugares identificados hasta la fecha (julio de 2017) que fueron utilizados por las fuerzas represivas del Estado de forma sistemática o eventual para el alojamiento clandestino o ilegal de personas privadas de su libertad por razones políticas a partir de la aplicación del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el territorio nacional entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Incluye además aquellas unidades penales en las que se mantuvo detenidas a personas sin causa ni proceso.
La nómina oficial, que se actualiza y corrige de modo permanente en función del aporte de nuevos datos e investigaciones, es producida por el Programa «Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado (ruvte)», dependiente del Área de Investigación-Unidad Secretario de la Secretaría de Derechos humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.691.
23El interventor militar en marzo de 1976 fue Nestor R. Castelli, que provenía de la Escuela de Instrucción Andina del Ejército. En esta primera acción de transición –coordinada en todo el país–, Castelli suspendió la Legislatura, los concejos deliberantes municipales y proscribió gremios, partidos políticos y todo tipo de actividad cultural y recreativa. Esto habilitó una serie de allanamientos, detenciones e investigaciones de todos los funcionarios. A la vez que dio de baja por «razones de servicio» al personal administrativo con el fin de depurar el sistema de potenciales subversivos. Es decir, todo el personal del Estado quedaba sujeto a investigación y a perder el trabajo eventualmente.
24Paula Canelo (2011) indica una distribución premeditada y ordenada entre las fuerzas armadas de las diferentes gobernaciones. Esta autora detecta la relevancia de la figura de los gobernadores para el Proceso de Reorganización Nacional, ya que eran el nexo entre las políticas centrales y la sociedad en la que se insertaban. Por ende, tenían un rol destacado en producir consenso en la sociedad. Después de la intervención de Castelli, Río Negro, a diferencia de Neuquén, quedó en manos de la armada. La provincia tuvo tres mandatos a la gobernación, los dos primeros en manos de oficiales retirados de la armada (Bachman, 1976-1978, y Acuña, 1978- 1982) y el último periodo estuvo a cargo de Carlos Fernando San Juan, civil proveniente de Patagones que se había desempeñado como ministro de Agricultura y Minería de Acuña. Este último nombramiento se dio en el contexto de apertura de la participación política a nivel nacional y la presión de la multipartidaria (conformada en 1981).
25Dentro de las diferentes juntas militares que gobernaron el país se identifica una puja respecto de las políticas económicas entre 1976 y 1983. Fundamentalmente un sector más orientado a entender al Estado como promotor del desarrollo a partir de la regulación económica que desalentaba la especulación, y otros vinculados a las propuestas neoliberales de Martínez de Hoz de reducir el Estado y privatizar. En esta puja podemos identificar una notoria reducción del gasto estatal en función del favorecimiento de algunos privados. Enmarcamos así la concesión a 25 años del Cerro Catedral en Bariloche (Fuentes y Núñez, 2007), la concentración de poder en el valle por medio de la centralización de tierras y agroindustrias (Navarro Floria y Nicoletti, 2001), los primeros ataques contra la viabilidad de hipasam –que solo se logró privatizar en el menemismo– (Gournalusse, 2012) y la búsqueda de reducción del Estado provincial en general. Aún encontramos escasos trabajos que profundicen sobre los beneficiados y perjudicados de la última dictadura a nivel económico en la provincia.
26Sin duda, la dictadura hizo un aporte medular al control y disciplinamiento de las y los trabajadores. Este objetivo tuvo efectos económicos, pero también fue central para aglutinar las diferencias que se suscitaban, primero, entre quienes gobernaban y, segundo, entre estos y los grupos de poder local con quienes sostenían diálogo. Con el adicional de que Río Negro era una provincia con localidades que dependían –y aún sucede– directamente de la administración para sostener su economía. Así, Bachman centró su gestión en un alto control de la administración apoyándose primero en la Ley de Prescindibilidad 1149/76.
27Siguiendo el trabajo de María Ytatí Valle (2017) sabemos que esta ley se puso en práctica tanto en la gobernación como en los municipios. Con este aval, se solicitaban los antecedentes o se compelía a renunciar directamente. Estas operatorias no se efectuaban de manera privada, por el contrario, aparecían listadas en el diario Río Negro. Allí se publicaba periódicamente, con nombre y apellido, los que eran dados de baja. A su vez, los intendentes debían presentar informes que dieran cuenta de la situación política, económica, social, laboral, religiosa y de las minorías extranjeras y potencialmente subversivas. Estos fueron antecedentes de lo que luego en 1980 se definió como Plan Martillo (Suárez, 2016). Este último fue una directiva secreta que, entre otras cosas, afianzaba la participación civil con la dictadura.10
28La construcción de la noción del otro peligroso tuvo dos focos principales: la subversión, término laxo e indeterminado si los hay,11 y los chilenos. En relación a los primeros en Río Negro también hubo, como en el resto del país, operativos de secuestro y desaparición entendidos como la máxima expresión de otras formas de persecución y violencia que también ejecutó el régimen. Durante la intervención de Castelli hubo allanamientos y detenciones, pero la mayoría se llevaron adelante durante el gobierno de Bachmann, coordinados por Fernando Zárraga, jefe de Operaciones de la Escuela Militar Bariloche.
29Según la información recopilada en el 2018 por el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro se detalla que «un total de 75 personas» fueron desaparecidas o asesinadas. De ellas, 57 se encuentran desaparecidas y 18 asesinadas, entre el 25 de mayo de 1973 y el 10 de diciembre de 1983.12 Específicamente, en el periodo 1976-1983 se contabilizan 69 casos de personas rionegrinas secuestradas en la provincia o fuera de esta (donde estaban exiliados).
30En relación a los chilenos, su peligrosidad (atribuida, por supuesto) vino identificada desde el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, dado que a las habituales migraciones fronterizas por trabajo se sumaban los exilios de perseguidos políticos.13 Esto motivó la deportación de chilenos y la marcación, discriminación y persecución particularmente en 1978 con motivo del conflicto por el Beagle (Matossian, 2003). Este conflicto en particular generó una movilización militar hacia las zonas de frontera que sumó en la zona andina una presencia marcada del ejército y un involucramiento social en la situación liminal de una eventual guerra. Además, y en este contexto, en 1981 se establecen las radios nacionales a lo largo de la cordillera.14 Tengamos en cuenta que este conflicto afectó directamente la situación habitual de familias chilenas en la Argentina, o familias mixtas o que viajan regularmente de un lado y otro de la frontera y que se consagró con la conocida Ley Videla (22.439) de 1981 que controlaba esta inmigración negándoles derechos (respecivos a la salud, la educación, laborales, etcétera) a aquellos que no tuvieran regularizadas sus ciudadanías.
31Scatizza se pregunta por qué hubo un gran despliegue represivo en una zona que no era considerada «caliente» (2015, p. 73). Una respuesta posible que aporta el autor es que la zona era potencialmente apta –con los antecedentes del choconazo y otros azo– para el desarrollo de un foco subversivo. Otras respuestas enfatizan que entre las múltiples diferencias que existían dentro del gobierno militar, la lucha contra la subversión funcionaba de aglutinante (Canelo, 2011). En esta línea entendemos que se organizó el gobierno de Acuña. Esta vez, no solo para generar adhesiones entre las fuerzas, sino entre estas y la sociedad.
32Antes de interiorizarnos en el gobierno de Acuña, cabe destacar que la búsqueda por acercarse a la población no se limitaba a la actuación provincial. Como ejemplo nos interesa indicar el éxito de la Gendarmería Infantil. Esta se encuentra dentro de otras estrategias de adhesión como «marchemos a las fronteras» o, incluso, con la política de «cuarteles abiertos» en la que las fuerzas compartían las actividades solidarias que realizaban en zonas rurales (apertura de caminos, apadrinar escuelas, reparto de leña, colchones y víveres en lugares necesitados). En este caso, si bien la Gendarmería Infantil existía desde fines de los años 40, recién se llevó a cabo en abril de 1979 bajo la comandancia del general Antonio Bussi. La preparación de tres meses estaba destinada a niños varones de entre 8 y 14 años (aunque también tenían algunos agrupamientos con hermanos menores desde los 4 años).
33Según Daniel Lvovich y Laura Rodríguez (2011), los niños eran formados en valores militares y nacionalistas. De los cursos participaba también personal civil, que eran colaboradores docentes de la localidad. En el caso de Río Negro, la Gendarmería Infantil tuvo un éxito importante en Bariloche (con 1003 niños que hicieron el curso); en El Bolsón donde cada lunes realizaban actividades en la plaza central para sumar a la sociedad del pueblo y en Sierra Grande, donde –y en relación a hipasam– los cursos formaban incluso en minerología.
34Volviendo al gobierno de Acuña, María Ytatí Valle (2017) explica cómo se reforzó la construcción del ser nacional y también provincial a partir de la distribución de afiches, folletos y carteles, que fueron elaborados por el servicio de inteligencia naval; el estrechamiento de la censura –ejecutada desde la policía provincial y federal– sobre la tv provincial y el secuestro de revistas; finalmente, vale mencionar las largas listas de canciones y artistas prohibidos. De la censura colaboraron «organizaciones de padres» preocupados que hacían denuncias públicas para encontrar la respuesta del gobernador (Valle, 2017, p. 233). Por otra parte, a diferencia del gobierno de Bachman la selección de funcionarios e intendentes se hizo con referentes provinciales o vecinos bien considerados. Para estas designaciones opinaban las denominadas fuerzas vivas como la Cámara de Comercio e Industria, el Club de Leones, el Rotary Club y las diferentes sociedades rurales de la provincia.
35En el extremo opuesto a los sectores y personalidades de la política rionegrina que colaboraban con las diferentes propuestas de la gobernación estaba la Iglesia rionegrina de la mano del obispo Miguel Esteban Hesayne, quien pertenecía a un grupo de obispos que se enfrentaron públicamente con la dictadura –De Nevares, Angelelli y Novak– denunciando sus crímenes desde el cristianismo como práctica. A través de sus homilías y comunicaciones públicas, Hesayne le arrancaba la posibilidad al gobierno provincial de la dictadura de arrogarse un ejercicio cristiano del poder, a diferencia del apoyo clerical que la dictadura recibía a nivel nacional. Además de los reclamos en torno a los derechos humanos y contra la tortura, también la Iglesia rionegrina organizaba espacios de militancia como grupos de jóvenes, misioneros, cursos de formación y recorridos por la Línea Sur. Desde 1978 con mayor énfasis lanzó el culto a la Virgen Misionera, identificada con la mujer mapuche y los postergados (Nicoletti y Barelli, 2012). Hesayne en Río Negro y De Nevares en Neuquén15 fueron clave para la resistencia y militancia por los derechos humanos desde la dictadura en adelante y fueron directos puentes entre los presos políticos y sus familias.
36¿Cuáles otros fueron los espacios de resistencia o refugio frente al disciplinamiento del poder dictatorial? La exposición de los militantes peronistas, principalmente, en el periodo previo a la dictadura en un espacio donde el paso a la clandestinidad era imposible por la familiaridad y cercanía que hay en pueblos chicos, es el principal contexto a tener en cuenta (Pérez Pertino, 2015). Por esto, muchos potenciales objetivos se exiliaron incluso antes del golpe de Estado. Esto no fue garantía de su supervivencia, ya que varios fueron secuestrados o asesinados en otros lugares del país.
37En julio de 1982 asumió el tercer y último gobernador de facto de la provincia, Carlos Fernando San Juan. La dictadura ya se encontraba en una fuerte crisis tras Malvinas y una economía estancada. La multipartidaria, la cgt y la Confederación Económica de Río Negro fueron los principales críticos del gobierno. Lentamente comenzaron las primeras movilizaciones con reclamos vinculados a la salud y la educación, a las dificultades del subempleo y los bajos salarios, y a la falta de políticas en general.
38La dictadura rionegrina operó su violencia en diferentes niveles, que van desde los secuestros con operativos, las detenciones arbitrarias y las torturas hasta forzar situaciones de desempleo o estancamiento de carreras profesionales (y estigmatización), la censura, la discriminación. Pero el terror filtró en ámbitos poco estudiados –también a nivel nacional– como los clubes, los barrios, la educación, los espacios del arte y la cultura o bien los ámbitos familiares. Paralelamente también fue activa en construir, desde la misma violencia, una pertenencia con valores en torno a la patria y el progreso.
1. 4. La violencia histórica y la sociedad rionegrina
39La violencia como creadora de relaciones sociales no es una novedad. De hecho tiene un papel predominante en la conformación de la sociedad rionegrina. La Conquista del Desierto fue un evento violento, pero a la vez estructurante. Esto significa que las posibilidades de acceso a derechos, tierras, justicia, educación vinieron mediados por una estratificación social basada en prejuicios y estigmatizaciones que así como justificaron la realización de la campaña también la legitimaron a posteriori. Sobre esta desigualdad se conformó una sociedad racista que, además, encontró un relato histórico que colocaba a un sector como natural protagonista del poblamiento y civilización del denominado desierto, porque de esto parece tratarse la vida en el norte de la Patagonia, de civilizar y conducir el progreso.
40En las primeras décadas del siglo xxi se encaminaron investigaciones dispuestas a profundizar en el proceso de incorporación al Estado de La Pampa y Patagonia que implicó el sometimiento de los pueblos originarios que la habitaban. Estas vinieron a responder los dramáticos silencios y vacíos de contenido que producían explicaciones racistas sin sustento científico. Las que lamentablemente aún tienen amplia difusión y se reactualizan en conflictos del presente. A partir de estas, hoy podemos dimensionar el proceso genocida y sus efectos en la sociedad argentina.
41La Conquista del Desierto es la forma habitual de denominación de las campañas de ocupación de la Patagonia norte entre 1878 y 1885. Durante su desarrollo el Estado argentino, a través del Ministerio de Guerra y Marina, sometió en campos de concentración a gran parte de la población mapuche y tehuelche. Desde allí se instrumentaron deportaciones de hombres, mujeres, niños y niñas a los diferentes polos de crecimiento económico del país (Mases, 2002). Estas deportaciones se realizaron entre 1878 y hasta 1888 inclusive, el mismo tiempo que duraron los campos que, en su gran mayoría, estuvieron dentro del territorio rionegrino, periodo en que las familias indígenas fueron desmembradas y repartidas, las y los niños fueron renombrados y obligados a aprender la lengua y costumbres de sus apropiadores (Delrío y otros, 2018).
42Los sobrevivientes que quedaron en el territorio fueron obligados a recorrer el interior en busca de lugares donde asentarse sin perjuicio de aquellos considerados mejores y más aptos para ocupar las tierras. A pesar de los múltiples debates dentro del Congreso de la Nación Argentina para resolver la «cuestión indígena», esta población fue excluida de los proyectos nacionales y pasaron a ser un problema de los gobernadores –todos ellos oficiales de la conquista– de los flamantes territorios nacionales (Lenton, 2005).
43Por el contrario, se produjo una batería de leyes que ordenaban el reparto de tierras en forma conjunta para construir un poblador ideal (Blanco, 2016). Así las distribuciones de tierras ponderaron la repartición de cientos de miles de hectáreas a compañías inglesas que tuvieron sus títulos de propiedad promediando el siglo xix (Minieri, 2006). En la primera mitad del siglo xx comenzó un segundo periodo de privatización de tierras que las distribuía en menor cantidad y ligadas a los desarrollos de comunicaciones establecidos por el Estado. Cabe destacar que la mayoría de las familias indígenas fueron sometidas a una movilidad constante –hacia lugares menos fructíferos y codiciados–, producto de la precariedad en la tenencia de la tierra. Esta los volvía sujeto de aprovechamiento por parte de terceros y de discriminación proveniente de funcionarios estatales (Kropff y otros, 2019).
44En los pueblos y ciudades, los inmigrantes europeos ganaban lugar político y económico, quienes para respaldar sus prácticas y actividades se conformaron en colectividades, cooperativas y disputaron lugares de poder –como los municipios– (Varela, 2015). De las historias de estos hombres y mujeres surgió la figura del pionero que con su esfuerzo habría dado continuidad al proyecto estatal de civilizar el desierto. Sin embargo, el Estado a través de sus políticas, y sus hábitos y costumbres ponderaron estas familias –quienes quizás habían llegado en condiciones de pobreza– en detrimento de las indígenas que continuaban siendo estigmatizadas como bárbaras, pobres, vagas, lascivas, foráneas y peligrosas. Para estas últimas no hubo políticas de fomento, aunque sí de seguridad (Pérez, 2016). A mediados del siglo xx se produjo la transición luego de setenta años hacia la provincialización de Río Negro. Así la provincia comenzó su vida política en el contexto de la Revolución Libertadora con la proscripción y persecución del partido mayoritario (Camino Vela, 2011).16 En este contexto se evidenciaron y potenciaron las disputas intrarregionales de la provincia: el poder histórico en la zona de Viedma –anexada al potencial del puerto de San Antonio–; el poder económico del Alto Valle con una puja propia entre Cipolletti y Roca por la hegemonía de la producción, industrialización y comercialización de la fruta; la zona Andina vinculada al turismo y al parque nacional, y la Línea Sur, región de pequeños productores –muchos de ellos indígenas– cercados por grandes estancias.
45Las economías que se desarrollaban en cada región incluían un componente de mano de obra estacional. Así, a los sectores sociales ya mencionados puede sumarse la migración chilena (Trpin, 2007). Estas últimas pueden identificarse a lo largo de todo el siglo xx, sin embargo desde 1973 se advierte un crecimiento significativo (casi el doble). Las ciudades crecieron constantemente en la segunda mitad del siglo xx y se nutrieron de población mapuche y tehuelche eyectada del campo producto de desalojos y de su achicamiento. Junto con los trabajadores estacionales –entre los que los chilenos eran mayoría pero no los únicos– conformaron las barriadas de las ciudades y pueblos rionegrinos sobre las que militaban las juventudes de las diferentes organizaciones peronistas, marxistas y estudiantiles en general. La militancia y los sectores postergados que atacó especialmente la última dictadura.
1. 5. Políticas de recuerdo y olvido
46Una característica común de los procesos de violencia estatal es el intento por parte del poder perpetrador de construir un relato legitimador (como por ejemplo la guerra sucia). En general, estas versiones apuntan a negar los crímenes o, bien, a fundamentar la necesidad de ese tipo de intervención estatal como inevitable. A su vez, ese relato devela el proyecto social que los perpetradores sostienen. Finalmente, este obtura el conocimiento de la verdad y permite a la sociedad sobre la que se operó la violencia –en particular a los testigos, colaboradores, víctimas– encontrar lugares de justificación y negación.
47De esta forma, el terror obtiene y narra su victoria, ya que la violencia se ejerce no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la concreción de proyectos sociales, culturales, políticos y económicos. En la Argentina existe una larga trayectoria de militancia que obstaculizó la instalación de las versiones de los genocidas con sus cambios y reelaboraciones, pero que, sin duda, fortaleció el conocimiento que tenemos de la última dictadura y la conciencia sobre sus efectos sociales. En suma, se impidió la victoria de imponer el relato sobre ese pasado, pero como toda narrativa sobre el pasado siempre puede revisitarse.
48Al decir de Gabriela Aguila (2008), la historia como disciplina fue una de las últimas en llegar al abordaje del profuso campo de investigaciones que es la dictadura militar en nuestro país. Río Negro no es la excepción en este sentido. Existe todavía un enorme campo de incógnitas por preguntar y desandar al respecto. A este sintomático vacío se suma –o produce– una idea identificada por varios estudios de que «acá no pasó nada». En parte, el desconocimiento o la ausencia de narrativas o bien los fragmentos de la memoria permiten minimizar las acciones y efectos de la dictadura en la provincia. Más aún, cuando son comparadas con otras áreas del país.
49No obstante, me interesa contrastar este vacío relativo sostenido en el tiempo con lo que fueron políticas activas de construir relato histórico. Este énfasis historicista fue sostenido por diferentes gobiernos rionegrinos con el fin (aunque con distintos anclajes) de producir un «ser rionegrino», de formarlo y celebrarlo. La historia no es meramente un relato del pasado –con sus énfasis y omisiones– es por sobre todo una disputa permanente por los sentidos que en el presente le damos a ese pasado (Popular Memory Group, 1982).
50Por esto, las construcciones históricas que han permeado la sociedad producto de políticas activas de recuerdo y olvido deben ser un punto de partida para entender nuestro ejercicio político de memoria en el presente con el fin de identificar y entender los efectos del terrorismo de Estado. Recién en los últimos años en la norpatagonia se ha comenzado a construir un relato –posible y aunque debatible– que nos permite empezar a comprender la intervención de la dictadura en la sociedad que se propuso reorganizar. Por esto me detendré en tres políticas de recuerdo-olvido del Estado rionegrino: la creación del Centro de Investigaciones Científicas (cic), la divulgación de la historia rionegrina del gobierno de Mario Franco y la celebración de la Conquista del Desierto en su centenario (1979).
51Promediando la Revolución Argentina, un grupo de intelectuales proveniente de la Iglesia y de las fuerzas armadas crearon la Junta de Investigaciones y Estudios Históricos que primero proponía congresos de historia de Río Negro y luego condujo sus esfuerzos a institucionalizar la historia y su producción (Palma y Pérez, 2021). A fines de los sesenta impulsaron la creación del Archivo Histórico de Río Negro y la biblioteca regional, a la vez que se formalizó la competencia de esta junta para narrar la historia (ver Decreto 700/67). En el marco de una fuerte política de desperonización de la provincia (Ruffini, 2012, y Valle, 2017) se creó el Centro de Investigaciones Científicas (cic) en 1970, que vino a completar lo que Paula Cecchi (2018) denomina «entramado científico-salesiano-militar». El cic se fundó en el marco de una «joven provincia» que desarrollaría la ciencia vinculada no a la cultura, sino a la planificación.
52Si bien el área de investigación de la historia no era la única, esta logró producir eventos y material para educar y moldear al rionegrino. Las historias que se recuperaban eran de corte institucionalista, historia de la Iglesia y el desarrollo de instituciones consideradas civilizatorias desde la campaña de la conquista en adelante. El entramado científico-salesiano-militar se ocupó entonces de explicar el desarrollo de la sociedad rionegrina en términos de oposición con la barbarie y de entender a los pueblos originarios como extintos o en vía de, o bien foráneos. Discurso que, lamentablemente, se sostiene en diferentes frentes hasta el presente.
53Durante el gobierno peronista de Mario Franco, la producción del cic en materia historiográfica no solo no fue criticada ni revisada, sino que fue utilizada como base para la divulgación de la historia (para educar al ciudadano) y para la institucionalización de símbolos provinciales (Valle, 2017). Durante este periodo se confeccionó el conocido comúnmente como libro negro de la historia rionegrina, que se encuentra extensamente difundido en escuelas y bibliotecas de la provincia. Este Manual de Historia de Río Negro contiene un relato civilizador de la conquista, y anexa historias y relatos de las localidades de la provincia siempre con la impronta del ejército civilizador seguido de los pioneros que con su esfuerzo concretaron una larga tradición de oposición a la barbarie. Además, en 1975 se dispuso la institucionalización del himno de la provincia, que fuera escrito por el padre Raúl Entraigas en 1962. Este fue modificado en el año 2013 (38 años después) por el contenido racista contra los pueblos originarios. La construcción del ser rionegrino fue activa durante el gobierno de Franco, pero el contenido fue el mismo que se arrastraba desde el siglo xix.
54Finalmente, durante la dictadura el foco fue nuevamente celebrar la conquista militar de la Patagonia conocida como la Conquista del Desierto con rango de gesta épica. El centenario contó con una comisión organizadora local que articuló desde la presencia de figuras nacionales, como Albano Harguindeguy, ministro del Interior; la Academia Nacional de la Historia y el cic para la organización de las múltiples actividades que se llevaron a cabo en la zona del Alto Valle.
55Se destacan entre estas, el Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto (celebrado en General Roca en 1979) que convocó referentes regionales y nacionales –posteriormente publicado en cuatro voluminosos tomos–; una cabalgata cívico-militar de amplia participación que unió por tramos las ciudades de Bahía Blanca y Neuquén; la colocación de monumentos y placas recordatorias. Este megaevento sirvió para legitimar discursos racistas y xenófobos asociando chilenos e indígenas. Decía el historiador y antiguo director del Archivo Histórico Provincial, Héctor Rey en 1979:
a mediados de siglo aparece un ingrediente más, los indígenas van a ser utilizados por las autoridades chilenas para pretender asentar derechos en la Patagonia [...] la campaña al desierto [...] hizo frente a la imperiosa intromisión chilena en tierras patagónicas. (citado en Valle, 2017, p. 278)
56De esta forma se silenció el proceso de violencia por sobre la población mapuche y tehuelche de la provincia, se le negaron sus derechos de organización social, se reprimió su lengua y su cultura, y se los despojó de sus tierras o de cualquier modo de subsistencia. A la vez que se invitó a formar parte de la gesta patriótica –incluso cuando esta se presentaba como parodia– a los ciudadanos de la Patagonia, y rionegrinos en particular. Este relato habilitó el racismo y lo sostuvo por décadas a pesar de las denuncias y de las memorias indígenas que, en total asimetría, confrontaban el relato. Afortunadamente, esta versión de la historia de Río Negro ha sido desacreditada con sustanciales investigaciones desde los años noventa. En parte como efecto de las denuncias y demandas indígenas que se sostuvieron a pesar de la violencia –material y simbólica– a lo largo de todo el siglo xx. Sin embargo, el relato hegemónico permitió completar el proceso genocida de manera exitosa y volver la historia del despojo y la violencia como un impensable de la historia. Hoy contamos con un relato diferente que dimensiona otras voces en la campaña de la conquista y permite comprender sus efectos sobre la población mapuche, primero, pero también sobre la rionegrina, en general. En el ámbito académico los crímenes y devenires sufridos por la población mapuche y tehuelche, así como la discriminación sufrida por migrantes chilenos, son objeto de estudio de múltiples disciplinas, aunque aún queda un largo camino por desandar en los supuestos instalados durante décadas por estas narrativas históricas hegemónicas como las expresadas y, por supuesto, iniciar un camino hacia la reparación.
57De esta experiencia –resumida en escasas palabras– me interesa partir para reflexionar sobre el vacío historiográfico en torno a la dictadura en Río Negro y sobre todo a sus efectos sociales durante y después. La militancia de los organismos de derechos humanos, y familiares y víctimas de terrorismo de Estado han encontrado estrategias de memorialización a lo largo del país. Incluso en lo que va del siglo xxi, se han incluido como acciones oficiales por parte de los gobiernos: marcación de centros clandestinos de detención, placas que recuerdan exactamente el lugar de donde fueron secuestrados desaparecidos, pintadas de pañuelos en plazas, renombramiento de lugares y reutilización de espacios. Estas son algunas de las formas de espacializar la memoria además de las fechas como el 24 de marzo –que desde 2006 es feriado nacional– o el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido.
58¿Cómo se dispone este recuerdo? ¿Cómo se historiza? ¿Cómo se analizó y registró la dictadura luego de las elecciones de 1983? En principio diremos que estas preguntas apuntan a entender también los efectos del terrorismo de Estado una vez que se da la transición democrática. A pesar de la pérdida del gobierno, el terror perdura –en los silencios y en los secretos compartidos– más allá de la dictadura por múltiples razones. En la Argentina, afortunadamente, las organizaciones de derechos humanos lograron enunciar por sobre la negación –y las mentiras– incluso en el mismo tiempo de la dictadura. Esto permitió un espacio de confrontación y denuncia que, si bien se fue modificando en el tiempo, de acuerdo a los avances en materia de justicia y la visibilidad de los crímenes, fue central para construir relatos y memorias sociales.
59¿Qué pasó en esta provincia? Tempranamente en Río Negro –emulando la conadep a nivel nacional– se reunió una Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984 (Decreto 375) a solicitud de la apdh. La comisión estaba conformada por tres delegaciones, Andina, Alto Valle y Atlántica; tenía como misión el relevamiento de crímenes dentro de la provincia durante la dictadura para conocer la verdad.17 Esta recepcionó denuncias y testimonios y, en la medida de lo posible, los investigó. Su trabajo se plasmó en un informe final que nunca fue publicado oficialmente. Lamentablemente, según reconstruye Ayelén Mereb (2017), el original fue destruido y arrojado a las calles de Viedma donde se encontraron sus páginas flameando en el viento una mañana de los años noventa. Según los testimonios de quienes elaboraron el informe, además de los casos puntuales, quedaba claro que la provincia no había sufrido ningún acto violento por parte de organizaciones armadas aunque, por el contrario, los de subversión que se llevaron adelante fueron escenas montadas por parte de la policía provincial durante la jefatura de Ardanaz. También se identificaron algunos de los centros clandestinos de detención.
60En los años noventa, el reclamo por memoria, verdad y justicia se sostuvo desde la militancia y en contra de gobiernos neoliberales que, paulatinamente, fueron desandando sus pasos por medio de las leyes de Punto Final (1986), Obediencia Debida (1987) y el indulto (1990). Por esto, fueron años donde se luchó por mantener la memoria y la denuncia. Los actos de justicia pasaron por los escraches; la piña de la dignidad que el ex detenido desaparecido Alfredo Chávez le propinó al criminal Alfredo Astiz mientras paseaba por Bariloche (y nos hizo a todos un poco más felices); la pintada de pañuelos y las marchas de los 24 de marzo en cada localidad fueron una escuela de memoria.
61Recién con el gobierno de Néstor Kirchner el lema «Memoria, Verdad y Justicia» se volvió una política de Estado. A partir de entonces se multiplicaron acciones que se replicaron a nivel regional. Entre estas destacamos el inicio de los juicios por los crímenes de La Escuelita de Bahía Blanca y la de Neuquén, que involucraban a aquellos perpetrados en las subzonas 51 y 52 (respectivamente). En el plano de la memoria y la verdad se creó por decreto en el 2008 el Archivo Provincial de la Memoria que, no sin dificultades, funciona desde 2010 (Sulkes, 2023). Finalmente, podemos mencionar la creación en 2014 de la Comisión Legislativa Especial Investigadora por la Memoria, Verdad y Justicia (Ley 4926) en Río Negro.
62Este giro político posibilitó también recordar y narrar que solo recientemente está habilitando relatos escasamente conocidos o fragmentados. En los pueblos –espacios sociales reducidos y vinculados por lazos de parentesco y vecindad– los procesos de violencia son silenciados. Estos silencios negociados posibilitan la continuidad del tejido social hasta el momento en que las condiciones permiten tensarlo o romperlo y de estos surge la posibilidad de decir y reparar (Dwyer, 2009). Nos referimos ahora ya no a la violencia que el Estado impuso, sino a la que la comunidad hace perdurar en torno a secretos –a voces– y silencios.
63El periodo posdictatorial merece una atención detenida con investigaciones que nos permitan conocer los efectos del terror en la sociedad, el reordenamiento de las instituciones en la transición democrática, las rupturas y continuidades en las construcciones de poder, entre muchas otras preguntas que nos quedan por desarrollar.
1. 6. Hacia una conciencia histórica
64La historia es en parte el reflejo en el presente de las luchas en torno a lo que recordamos y olvidamos. Esto está lejos de significar un cambio en la conciencia histórica que nos permita cargar de significado la expresión nunca más. En Río Negro, a diferencia de otros lugares del país, aún falta un desarrollo del relato, faltan denuncias de crímenes y conmemoraciones de víctimas, de sus trayectorias y sus sueños. En estos vacíos se abre la opción de negar los crímenes de Estado, como sucedió con los de la Conquista del Desierto y, frente a esto, las memorias entraman una poderosa lucha necesaria y sanadora. La negación, como la posición que se narra al comienzo sobre mi alumna, debe prender las alarmas de una potencial victoria del terrorismo de Estado que habrá que militar para mitigar en cada oportunidad.
65En este capítulo buscamos destacar el avance existente en la historiografía, pero también identificamos silencios y vacíos. Consideramos que el abordaje sobre la sociedad, en conjunto con el terrorismo de Estado, debe ser parte de la agenda para comprender las diferentes formas de filtración capilar de la dictadura. En las voces de las mujeres que este libro condensa hay, sin duda, una llave para entrar en ese espacio.
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Notes de bas de page
1Noemí es, además, una de las mujeres entrevistadas en este libro (cap. 11).
2Noemí Labrune en este libro (cap. 11) relata sus vivencias en el conflicto del Chocón. También, en menor medida, Beatriz Padín (cap. 15).
3Sobre el Partido Provincial Rionegrino y, fundamentalmente, su inserción en Viedma, ver la entrevista a Georgina Maders (cap. 13).
4Esta experiencia está recuperada en el documental Uso mis manos, uso mis ideas (Mascaró Cine, 2013). Este recupera con imágenes de la época la campaña en Villa Obrera en Neuquén.
5Las campañas de alfabetización son mencionadas por diversas entrevistadas de este libro, pero fundamentalmente por Marta Borda (cap. 3) y María Teresa Causa (cap. 6).
6Entre estas podemos destacar la toma de la radio lu8 en Bariloche, en junio de 1973. También hubo rupturas en el congreso de Lamarque, donde figuraban dentro de las listas de seleccionados para la candidatura de Franco miembros del ppr.
7El Plan de Salud de Río Negro atraviesa la historia de distintas entrevistadas en este libro, particularmente las de Marta Bronstein (cap. 5) y de Estela Delpech (cap. 8), quienes se radicaron en el provincia a causa de esta iniciativa del gobierno de Franco. Luego, en cuanto a su importancia y su significado como un antes y un después, hay menciones en las entrevistas a María Teresa Causa (cap. 6), Noemí Labrune (cap. 11) y Vilma Rial (cap. 16).
8Nos referimos a la desaparición como dispositivo del poder para disciplinar tanto a la víctima directa como a la sociedad. Esto no significa que no hubiera un extendido repertorio de prácticas de violencia estatal que incluyeran fusilamientos, masacres, torturas y aprisionamientos ilegales, entre otras.
9Este nefasto personaje de la época es mencionado en las entrevistas de Marta Borda –quien también identifica a Ardanaz– (cap. 3), Mimí Bringue (cap. 4) y Gladys Elvira (cap. 10).
10Valle y Suárez difieren en el alcance del Plan Martillo. Mientras Suárez enfatiza que estaba destinado a la colaboración de las intendencias, Valle destaca que los informes eran cumplimentados por diferentes estratos de la administración. Por otra parte, amplía el rango temporal al demostrar que Jacobacci los sostuvo desde 1977.
11Pilar Calveiro (1998) explica que en la arbitrariedad, tanto de la definición de subversión como en los casos de personas secuestradas que no eran militantes y no se explica la razón por la cual eran llevados, se encuentra la clave del ejercicio del terror. Estas convertían a cualquiera en potencial foco de ser considerado subversivo o de ser alcanzado por la violencia de las patotas.
12Para ampliar, ver Gobierno de Río Negro (2018). Vale destacar que en el periodo 1973-1976 cuatro personas fueron asesinadas, mientras que dos se encuentran desaparecidas.
13Incluso hubo un operativo de repatriar universitarios argentinos que estaban en Chile en 1973, cuando fue el golpe, en una operación conjunta llevada adelante por la Asociación Física Argentina, Fundación Bariloche y la Universidad del Comahue (comunicación personal de María Teresa Causa, entrevistada en el capítulo 6 de este libro, en el que se refiere a este hecho).
14Carlos Echeverría inscribe el pase de lu8 a Radio Nacional en Bariloche en este mismo contexto (comunicación personal).
15Los roles de ambos están ampliamente documentados en las entrevistas de este libro. La figura de Hesayne es particularmente destacada en las palabras de Mimí Bringue (cap. 4), Cristina Cévoli (cap. 7), Estela Delpech (cap. 8), Mirta Díaz (cap. 9), Georgina Maders (cap. 13) y Gloria Zoratti, así como la de De Nevares en las de Noemí Labrune (cap. 11), Beatriz Padín (cap. 15) y Élida Sifuentes (cap. 19).
16El peronismo en Río Negro había mostrado la adhesión mayoritaria a Perón en su reelección (con cerca de 80 % de los votos). Estas habían sido las primeras elecciones en donde la Patagonia participaba como electorado y el peronismo había alcanzado los lugares más postergados a través de las unidades básicas femeninas, el estatuto del peón y la organización del partido en los pueblos. Bohoslavsky y Caminoti (2003) recogen memorias de las muchas estrategias que la gente en el campo se dio para ir a votar a Perón.
17Los delegados fueron: Fernando Chironi y Vicente Pelegrini (en lugar de Hesayne) por la zona Atlántica; Julio Rajneri, Noemí Labrune y Horacio Muñoz por el Alto Valle. Por la zona Andina fueron Rubén Marigo y Víctor Bravo Martínez. Además, se sumaron desde el poder legislativo: Mary Soldavini de Ruberti, Silvia Laguardia de Luna, Ana Piccinini y Edgardo Fernández. El justicialismo se abstuvo al igual que en el plano nacional.
Auteur
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Pilar Pérez
Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Río Negro, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Argentina.
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