Capítulo 5. Genocidio, desplazamientos y reparación en una política pública intercultural del municipio de Bariloche
p. 161-198
Texte intégral
5. 1. Introducción
1Este capítulo se propone contribuir al abordaje de los desplazamientos condicionados, desde el análisis de una política pública entendida como intercultural en sentido amplio, diseñada y ejecutada en el municipio de San Carlos de Bariloche, cuyo propósito es reconstruir los desplazamientos (en tanto movilidades particulares) de parte de la población con la que trabaja su Dirección de Promoción Social, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales, de la Secretaría de Desarrollo Social Cultural y Deportivo (sdscyd).
2La política pública en cuestión es el proyecto «Viajando con el recuerdo», el cual tiene como escenario de ejecución a la Mesa de Concertación de Adultos Mayores (en adelante, la Mesa), siendo este un dispositivo participativo de la mencionada Dirección de Promoción Social del municipio y de los Centros de Atención y Articulación Territorial (caats) 4 y 5/6.1 El objetivo de este proyecto es «(re)construir, conocer y visitar lugares geográficos de la región [Norpatagonia] a partir de los relatos de sus participantes». Este espacio de concertación promovido por un modelo de gestión participativo busca fomentar la horizontalidad y la construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba, acorde a lo propuesto por el enfoque bottom up.
3Tomando como anclaje al proceso de ejecución de esta política pública en particular, el análisis que aquí presento se relaciona con el entendimiento de las políticas públicas como marcos de interpretación que habilitan determinadas maneras de ver o atender cuestiones socialmente problematizadas. En este camino, contextualizaré esta política poniéndola en diálogo con otras que, de diversas maneras y en diferentes contextos, se relacionan al desplazamiento, en tanto efecto del genocidio. En este sentido, el objetivo de este capítulo es abordar a esta política como un marco de interpretación particular que pone en juego un enfoque intercultural junto a categorizaciones y metodologías elaboradas para abordar la cuestión de su interés. Esta política habilita un modo específico de atención a la cuestión de los desplazamientos entendidos, en líneas generales, como movilidades respecto a los lugares de residencia de su población objetivo. Para ello, plantea la necesidad de identificar los lugares que se conectan a través del desplazamiento a partir de las configuraciones de territorialidad y movilidades de las personas mayores que integran la Mesa.2
4Entonces, a través de la presentación de «Viajando con el recuerdo» este capítulo busca responder cómo se construyeron las políticas públicas denominadas en el municipio como interculturales. ¿Cómo es la representación que la política pública analizada pone en juego? ¿Cómo se (re)formulan y disputan los marcos de interpretación vigentes? Tomando estas preguntas como guía, este capítulo se organiza en tres secciones.
5La primera de ellas –apartado 5. 2.– enmarca los conceptos de genocidio y desplazamiento focalizando en políticas públicas promotoras del desplazamiento en la Patagonia.3 Esta presentación resulta significativa para entrever la disrupción entre políticas que dañaron, afectaron y desestructuraron las vidas y relaciones sociales de los sujetos; políticas indigenistas vigentes que dan cuenta de cómo fue esta afectación, este daño, fundamentalmente en términos de despojo territorial; y una política municipal que busca visibilizar los desplazamientos y afectaciones motorizadas por el genocidio indígena.
6La segunda sección –apartado 5. 3.– aborda diferentes ángulos de la política pública municipal objeto de análisis. En este sentido, presenta su proceso de conformación, las particularidades como el enfoque participativo y la perspectiva poblacional que la sustentan y, fundamentalmente, las categorías y metodologías que le dan forma, en tanto marco de interpretación disruptivo respecto de las políticas presentadas en la sección anterior.
7Finalmente, la tercera sección –apartado 5. 4.– pone en diálogo los conceptos y políticas mencionadas, ahondando en la discusión respecto de los límites y alcances del concepto de interculturalidad en los procesos de políticas públicas proponiendo una desfetichización del concepto como camino hacia la reparación para trabajar desde su articulación con enfoques participativos que permitan pensar, de un modo diferente, los procesos de construcción y producción de políticas de reparación, enfatizando en las relaciones que conforman este proceso. Asimismo, esta sección se guía por la pregunta en torno a cuáles son los sentidos y efectos de construir políticas interculturales que buscan cambiar el estado actual de las cosas y construir otros modos de relacionamiento, si no cambia la negación y el silenciamiento del genocidio y sus efectos posteriores. En este sentido, aunque los argumentos de esta tercera parte surgen y se sustentan en el análisis del caso mencionado, los alcances de las discusiones que se presentan exceden al caso mismo. De este modo, se introduce también el concepto de reparación como uno a ser tenido en cuenta en los procesos de políticas públicas interculturales que abordan cuestiones relacionadas al genocidio indígena en la Patagonia.
8Metodológicamente este escrito se sustenta en el trabajo colaborativo que vengo llevando adelante desde el año 2013 con trabajadoras que han sido impulsoras de diversas experiencias de abordajes interculturales en algunas direcciones del municipio y la observación participante llevada a cabo en diferentes instancias de discusión, diseño y ejecución de políticas municipales.4 Particularmente, se retoman experiencias en torno al acompañamiento realizado en la ejecución del proyecto «Viajando con el recuerdo» desde 2018, en el marco de la articulación entre la Dirección de Promoción Social y la Universidad Nacional de Río Negro, a la vez que retoma reflexiones elaboradas en el marco de cuatro talleres de capacitación sobre el rol de la interculturalidad en el diseño de políticas públicas locales realizados con trabajadores y trabajadoras del municipio entre 2018 y 2021.5 Además, se sustenta en el análisis de diferentes normativas municipales (Ordenanza Municipal 2641 del 2015, que declara al municipio como intercultural; el Plan de Territorialidad Municipal, de 2002; el Eje de Trabajo Transversal para la Interculturalidad y el proyecto «Viajando con el recuerdo»).
5. 2. Genocidio, violencias y demarcación de un otro indígena: políticas públicas promotoras del desplazamiento
9Este apartado propone un recorrido inicial por diferentes políticas públicas orientadas a la cuestión de la tenencia de la tierra, posteriores a las denominadas Campañas al Desierto en la Patagonia. Iniciaré este camino exponiendo políticas explícitamente orientadas al desplazamiento y políticas que tienen al desplazamiento como efecto secundario (por ejemplo, razias, deportaciones y desalojos). Luego, mencionaré políticas del pasado reciente que dan cuenta de un abordaje racializado, esencialista, asistencialista o paternalista, para pasar, finalmente, a presentar políticas vigentes que, aunque orientadas por la identificación o búsqueda de indígenas que puedan constituirse como sus beneficiarios o destinatarios, dan cuenta de categorías o metodologías que reconocen los efectos de la promoción y producción de desplazamientos y abordan movilidades de las personas, familias o comunidades.
10Dando inicio a este recorrido, mencionaré que, desde fines del siglo xix, se ha ido apuntalando el proceso de consolidación y avance del Estado nación argentino, y se han puesto en marcha políticas que promovieron, directa o indirectamente, desplazamientos selectivos de la población. Es decir que pueden rastrearse dos tipos de políticas: aquellas que promovieron y planificaron explícitamente al desplazamiento como un objetivo a cumplir mientras que, en otras, los desplazamientos fueron más una consecuencia que un objetivo explícitamente planificado.
11En líneas generales, estas políticas han estado relacionadas a la cuestión de la administración de los territorios incorporados por la denominada Campaña del Desierto, y han sido guiadas por un ideal de poblamiento blanco, signado de racismo, desprecio y odio a la población indígena, propio de un contexto genocida que fue inscribiendo marcas raciales, étnicas y políticas excepcionales, condicionando trayectorias y relaciones entre Estado, sociedad e indígenas. Este genocidio indígena, tal como lo exponen Pilar Pérez y Walter Delrio (2019), fue un evento estructurante que construyó un otro interno entendido como peligroso, operó a partir del ejercicio de la violencia física y simbólica, y silenció aquel proceso iniciado tras la mencionada campaña. Este evento violento y estructurante moldeó las formas de organización y tenencia de la tierra en la Patagonia, y en la provincia de Río Negro en particular.
12En este sentido, Laura Kropff y Pilar Pérez (2019) explicitan que el genocidio no solo afectó a sus víctimas directas –los pueblos indígenas– sino que comprometió a la sociedad en general, imponiendo «valores y sentidos de apego que atraviesan la pertenencia nacional» (Kropff y Pérez, 2019, p. 25). De este modo, la conformación y posterior expansión del Estado nación trajo aparejado discursos y prácticas homogeneizadoras, tendientes a suprimir las particularidades de cada pueblo y la imposición de una idea de misión civilizadora del Estado como valor universal (Delrio, 2005). En este camino la cristalización de la relación Estado-nación-territorio expuso las dos caras de un mismo proceso: la imposición de una nacionalidad y la ocupación territorial (Delrio, 2005).6
13Estas prácticas motorizaron movilidades y condicionaron desplazamientos en el sentido en que éstos pueden asociarse a derroteros iniciados (o continuados) para alejarse de situaciones o contextos de violencia física y simbólica. Asimismo, estos derroteros pueden estar relacionados a vivencias de situaciones de despojo, al padecimiento de desalojos que implicaban tener que buscar un «nuevo lugar» (Guiñazú, 2019b), al encomendamiento de personas a diferentes puntos del país para trabajar en casa de «los ricos» (Delrio y otros, 2018; Argel y Cabrapan Duarte, en este volumen; Iglesias, en este volumen), entre otras situaciones generadas por las políticas que acompañaron la expansión territorial estatal. 7
14En este camino, se implementaron también una serie de políticas tendientes a reproducir diferentes mecanismos de control centrados en la creación y el nombramiento de espacios y leyes territoriales bajo el nombre de «reservas indígenas», «colonias agrícolas pastoriles» (Ley 1501), Ley de Premios, Ley de Tierras (1903) y la prenda agraria. En gran medida, estas ideologías y objetivos políticos –también, estas representaciones y categorías impuestas por el sistema político estatal argentino– fueron reproducidos, legitimados y naturalizados desde diferentes ámbitos y agencias estatales materializadas fundamentalmente a través de políticas públicas concretas. En su mayoría, estas políticas tuvieron un objetivo atomizador tendiente a desorganizar y quebrar la organización indígena (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2015). Estas políticas atomizadoras apuntaron a la desintegración de lo colectivo en pos de una individualización del accionar indígena. Pese a ello, los pobladores indígenas han mantenido, a lo largo del tiempo, estrategias colectivas de organización. Como resultado de estas políticas, gran cantidad de familias lograron la titularización de sus tierras de forma individual y las consecuencias derivadas de este proceso pueden dividirse en dos: por un lado, obligaron a la expulsión de los territorios indígenas a numerosos miembros de estos colectivos y, por el otro, reprodujeron las formas de abuso y los mecanismos de anulación de reclamos indígenas que fueron cristalizados por alambrados que continúan en disputa en la actualidad (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2015).
15Como mencionara líneas atrás, esta ideología del Estado nación y sus derivadas políticas estatales se relacionan con una particular construcción de alteridad y con la marcación y separación de ese otro indígena de la idea de lo nacional. Estas ideologías tendientes a homogeneizar y salvajizar a este otro enemigo fueron funcionales a los intereses de legitimación del despojo territorial indígena y se materializaron en diversas políticas relacionadas con aquellos postulados estatales en torno a la reducción de indios, al proceso de civilización de estas poblaciones, y a la expropiación-apropiación de sus territorios. En otras palabras, con la implementación de estas políticas y estas expulsiones y expresiones de abusos de diversa índole, se fueron impulsando y condicionando movilidades de las poblaciones afectadas o alcanzadas por ellas. Es decir que, en este marco, el desplazamiento de estas poblaciones es más una consecuencia que un objetivo explícitamente planificado. El desplazamiento es, entonces, efecto de la ejecución de estas políticas enmarcadas en un proyecto asimilacionista, que negaba la presencia indígena (Delrio y otros, 2018).
16Ante estas políticas, la población afectada por los desplazamientos grupales coercitivos, por la desintegración y por la consecuente reconstitución familiar logró generar procesos de reterritorialización estableciendo nuevos lugares, generando en ellos la expansión de redes sociales y prácticas culturales, y desarrollando estrategias para el control y reproducción de sus vidas, también para la lucha y disputa con los sectores hegemónicos. De esta manera, se han recreado diferentes formas de resistencia espacializada (Oslender, 2002) con cierta continuidad hasta el presente. Si bien existe literatura que aborda estos desplazamientos (Briones, 2007; Cañuqueo, 2005; Delrio y Ramos, 2005; Ramos, 2010; Stella, 2014; entre otros), estos abordajes focalizan en las trayectorias y memorias mapuche. Asimismo, otros abordajes diluyen los lazos conectores entre estos procesos motorizadores de desplazamientos y los itinerarios generados a partir de ellos, identificándose solo referencias a migración a las ciudades u otros pueblos, a la expulsión, etcétera. No obstante, son escasos los trabajos que presentan descripciones con detalle etnográfico sobre la complejidad de los desplazamientos condicionados por el genocidio de aquellos que fueron históricamente definidos e interpelados como indígenas y que ahonden en la agencia allí implicada, en los motivos, causas y condicionamientos de esas movilidades sin estar centrados en la cuestión identitaria mapuche o en la autoadscripción indígena. Entonces, es en estos procesos de reterritorialización en los que enfoca el proyecto «Viajando con el recuerdo» buscando aportar detalle etnográfico a los derroteros de las mujeres que forman parte de la Mesa y sus familias, contribuyendo a iluminar aquello que en otra ocasión denominamos como «la caja negra del desplazamiento como experiencia» (Guiñazú, Iñigo Carrera y Kropff, 2018, p. 5).
5. 2. 1. Distribución de la tierra y formación de alteridades sociales en Río Negro
17Presentaré aquí discusiones en torno a la construcción histórica y cambiante de límites y marcaciones para abordar la matriz de diversidad provincial (Segato, 2002) como una construcción histórica problemática. Las fronteras de esta construcción emergen y son resignificadas por medio de complejas prácticas de incorporación o subordinación de la provincia y sus sujetos a la nación como Estado (Briones, 2005). Dentro de este marco, Claudia Briones explicita que más allá de la existencia de marcos jurídicos y políticos compartidos desde el Estado nacional, cada provincia es una construcción histórica problemática diferente que ha desarrollado procesos diferenciales de construcciones de alteridad en relación tanto a la nación como a las alteridades internas a cada provincia. Tomando en cuenta lo anterior, el eje de este apartado consiste en exponer cómo se han ido perfilando y demarcando las alteridades sociales rionegrinas en general y la alteridad indígena en particular a fines de ir delineando cómo la alteridad, interpelada en términos de indígena, fue condicionada a desplazarse de sus lugares de residencia. Asimismo, señalaré cómo estos desplazamientos condicionados se encuentran vigentes en el presente en los relatos de las mujeres de la Mesa.
18Para este objetivo, retomaré los postulados de Pilar Pérez (2016) sobre el contexto de la conquista militar de fines del siglo xix tomando especialmente el periodo de los territorios nacionales y haciendo énfasis en las (des)territorializaciones estatales. Entre los años 1878 y 1941, la incorporación de tierras devenidas en propiedad privada por parte del Estado fue a través de la violencia. El Estado, en tanto administrador de la tierra, fue constituyendo alteridades en tanto diferencias sociales y desigualdades (Pérez, 2016) y de este modo, construyó el imaginario de peligrosidad indígena, del indígena como enemigo, como un otro interno indeseable. Como fue señalado anteriormente, la conjunción de todas estas ideas culminó en el accionar y el despliegue de la denominada Campaña del Desierto a través de distintas prácticas genocidas y desarticuladoras hacia las poblaciones indígenas. Entre las particularidades desplegadas en la construcción de alteridad indígena en Rio Negro destaco aquellas prácticas que, en el periodo de las campañas militares, se pusieron en acto en el territorio rionegrino. Entre ellas, políticas orientadas directamente al desplazamiento como la creación de campos de concentración (por ejemplo, en Valcheta y en General Conesa) donde fueron trasladados familias y grupos indígenas, y la posterior instalación de colonias agrícola-pastoriles con la intención de «fomentar el mestizaje» y el camino hacia «la civilización de estos grupos indígenas».8
19Luego de la ocupación militar se dieron tres formas de distribución de la tierra: la entrega de tierras al cacique y su gente; la entrega a los capitanejos; y la gente que no estaba reconocida, denominada la chusma, quienes se quedaban en la periferia de los pueblos comenzando en muchos casos a trabajar como peones. Asimismo, desde el Estado se pretendió la colonización a través de un reconocimiento diferencial: el reconocimiento a pobladores indígenas de una posesión precaria (a través de los permisos precarios de ocupación y pastaje) versus el otorgamiento de tierras a quienes financiaron las campañas otorgándoles títulos de propiedad. Entonces, la excepción a la entrega de títulos fueron los indígenas, quienes solo pudieron acceder a una posesión precaria de la tierra. Nuevamente, esto muestra cómo las políticas y prácticas estatales diferenciales fueron condicionando las posibilidades de permanecer en el territorio o de tener que salir a buscar un nuevo lugar donde vivir y trabajar.
20Los años 1905-1930 se caracterizaron por la creación y la actuación de la policía fronteriza (Pérez, 2016), cuyo rol central fue el uso de la violencia para continuar con aquella tarea de colonización. Sus actuaciones implicaron la expulsión, el cercamiento y el corrimiento de las poblaciones no deseadas asociándolas a la figura del intruso. Esta asociación justificó la aparición de la policía en pos de la búsqueda de seguridad, asumiendo un rol de moderadora del acceso a determinados lugares, regulando o implicando también movilidades hacia otras zonas. Así, a través de la producción del miedo, la policía fronteriza buscaba despoblar de intrusos ciertas zonas. Con todas estas políticas aplicadas se hacía explícito que la población deseada para poblar este desierto era la población blanca, la cual contribuiría a alcanzar el proyecto de la Patagonia como la anhelada tierra del progreso.
21Otro aspecto a destacar se halla en torno a la estructuración del espacio geográfico rionegrino, y se relaciona con la conexión entre pueblos, y entre estancias y casas comerciales, a través del trazado de la red vial. Según relata Pilar Pérez, emergen en esta época los boliches (dedicados a correo, estafeta, expendio de gasolina), los cuales contaron con el apoyo estatal. En este sentido, surge también la figura de los bolicheros, quienes fijan los términos del intercambio y se tornan poseedores de un gran poder. Como contrapartida, son los pequeños productores quienes proveen a los bolicheros. Luego de la crisis de 1930 los bolicheros devienen en terratenientes obteniendo su tierra de diversos modos, entre los cuales se destaca el método de generación de endeudamiento de los pobladores rurales. En este contexto surge, también, la figura de los mercachifles, vendedores ambulantes principalmente de origen sirio-libanés, que se transforman en la vía alternativa a los boliches.
22A mediados de la década del 30, en la Patagonia entra en escena la figura del Parque Nacional como administrador y controlador de las denominadas zonas productivas. Según relatan Pilar Pérez y Walter Delrio (2019), para los sectores más vulnerables esta década estuvo signada por una persecución constante con vistas a su proletarización y por una profundización de parte del Estado de las técnicas de racionalización del territorio y del espacio social.
23Asimismo, se desplegó un nuevo criterio de selección y otorgamiento de tierras. El criterio de puntaje fue el nuevo mecanismo de control usado por el Estado para seleccionar y organizar la distribución de las tierras entre los pobladores. Se basó en criterios de nacionalidad, antecedentes, profesión, edad, estado civil, prestación de servicios a la nación, condiciones físicas, entre otros. El sistema de puntajes demostró el perfeccionamiento de la burocracia estatal para trazar las diferencias entre los colonos (Pérez y Delrio, 2019). Los criterios marcaron, entonces, un acceso racializado a la tierra dando prioridad a unos sectores por sobre otros, siendo estos otros expulsados. Es decir que las subjetividades que se privilegiaron eran las blancas y ricas, mientras que los pequeños productores, pobladores e indígenas fueron portadores de características racializadas (ser indios, salvajes, vagos, incultos, entre otras) que condicionaron o negaron su acceso a la tierra. También, en muchos casos, estas características se utilizaron como determinantes para el desalojo de diferentes familias. Es decir que el acceso a la tierra estuvo demarcado y condicionado por dichas atribuciones racializadas.9
24Las categorías mencionadas en este acápite (terratenientes, colonos, bolicheros, mercachifles, pequeños productores, intrusos, indígenas, chusma) demarcan alteridades que, mediante la aplicación de las políticas mencionadas, vivenciaron de forma diferencial las (im)posibilidades de acceso a la tierra y sus efectos. Algunos (terratenientes, colonos, bolicheros, mercachifles) lograron ir instalándose y afianzándose en la zona mientras que otros (intrusos, indígenas, chusma) debieron (o se vieron obligados a) comenzar o continuar (según el caso) derroteros que los alejaran de las situaciones de violencia y despojo o que los llevaran a un nuevo lugar donde poder instalarse y reproducir su vida.
25De esta manera empieza a estructurarse desde el Estado la composición social de la región, a construirse las alteridades rionegrinas con una ideología selectiva de pobladores, demarcando también las posibilidades de circulación dentro las geografías así condicionadas. La introducción de estas políticas, de estas categorías y la mención a los condicionamientos que han generado es de utilidad para reconocer y visibilizar las acciones estatales que promovieron un desplazamiento selectivo y su vigencia en la actualidad. Como he mencionado, estos procesos estructurantes y estos desplazamientos condicionados han trastocado las trayectorias de las mujeres que conforman la Mesa de Concertación del Municipio y están presentes en sus relatos al explicitar los contextos políticos, temporales o espaciales en los que comienzan los recuerdos sobre movilidades familiares, o bien al explicitar los motivos por los cuales debieron moverse sus familias o ellas mismas, estrechamente vinculados a las prácticas y políticas aquí mencionadas.
5. 2. 2. Representación de movilidades en políticas públicas fundadas en el reconocimiento de derechos indígenas
26A partir de lo expuesto sobre las políticas mencionadas anteriormente, se entiende que estas han funcionado como promotoras directas o indirectas de desplazamientos forzados o condicionados de la población indígena o de aquella marcada de un modo racializado. Con el paso de las décadas y contextos, se han sucedido diferentes políticas orientadas a los indígenas con diversos alcances, objetivos y efectos (Guiñazú y Tolosa, 2014; Tolosa y Guiñazú, 2020), cuyo análisis excede los intereses de este capítulo. No obstante, me detendré en dos políticas indigenistas vigentes relevantes para la discusión aquí planteada. En orden cronológico, se trata de la Ley Integral del Indígena 2287 de la provincia de Río Negro del año 1988 y la Ley nacional de Emergencia Territorial Indígena 26.160 del año 2006.
27La Ley Integral del Indígena 2287 fue resultado de importantes movilizaciones en la década de 1980 dentro de la provincia y de años de negociaciones en el marco de un proceso conflictivo entre el Estado, la Iglesia y el Consejo Asesor Indígena (cai) (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2015; Cañuqueo y Wallace, 2019; Gutiérrez, 2001; Menni, 1996). Sus objetivos son abordar «la situación jurídica, económica y social de la población indígena», tanto en términos individuales como colectivos, «reconocer y garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional», a la vez que respetar las «tradiciones, creencias y actuales formas de vida».
28Lorena Cañuqueo y Julieta Wallace (2019) realizaron un minucioso análisis sobre el contexto de producción y la letra de esta ley, motivo por el cual referiré solo algunos puntos estrechamente relacionados con el objetivo aquí propuesto. En primer lugar, mencionaré las categorías que definen su población objetivo. Es decir, aquella población que se puede identificar como miembro de las comunidades, sean estas concentradas o dispersas. Según la ley, estas deben ser «autóctonas o de probada antigüedad de asentamiento en el territorio de la provincia» (art. 2). La comunidad indígena, entonces, es definida como un conjunto de familias que se autoreconoce como indígena, y que debe poseer «identidad, cultura y organización social propia» (art. 3). Además de lo anterior, se especifica que los indígenas se diferencian de los no indígenas por una forma de vida particular y distintiva por costumbres y tradiciones propias, las cuales pueden ser practicadas total o parcialmente.
29Asimismo, la ley define también la categoría de indio mapuche. Para tal propósito se basa en el criterio de autoreconocimiento, más allá del lugar de residencia de la persona, aunque esta debe ser aceptada por la comunidad a la que dice pertenecer. En este sentido, y siguiendo lo analizado por las autoras, el Pueblo Mapuche es reconocido como un agente por la legislación rionegrina, un agente que tiene la potestad de legitimar la pertenencia de los individuos autoreconocidos como mapuche y de orientar al Estado para identificar a los sujetos indígenas (Cañuqueo y Wallace, 2019). Además de lo anterior, también se establecen las formas de relación entre Estado y autoridades indígenas, adoptando la forma de gestor, con el límite puesto en la propia comunidad representada. Así, si bien por un lado se reconocen las formas de organización, por otro lado, se limitan y condicionan los mecanismos de representación y participación.
30Conjuntamente, esta normativa destina un capítulo completo (el 3) a la cuestión de la propiedad de la tierra. Esto es así debido a que una de las principales luchas en el proceso de debate de esta normativa fue en torno a la reglamentación a favor de los indígenas y campesinos del acceso y tenencia de la tierra, tornándose de esta manera en un eje central de la misma (Cañuqueo y Wallace, 2019; Mombello, 1991). En este capítulo y su articulado (art. 11 a 23 inclusive) pueden identificarse señalamientos y conceptualizaciones que permiten entrever un marco de interpretación asociado a los desplazamientos condicionados por las políticas descriptas en el acápite anterior.
31En este sentido, en el art. 12, se menciona que es necesario «efectuar las investigaciones en relación al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Tierras, las leyes vigentes de creación de reservas, y los derechos vinculados a la tradicional posesión previos a la provincialización. En caso de detectar anormalidades arbitra los medios para realizar las gestiones judiciales correspondientes» (art. 12, resaltado propio). Asimismo, se menciona que en caso de detectar «situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas y/o sus pobladores, el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado» (art. 13, resaltado propio). Además, se habla de «tierras insuficientes» y del necesario carácter de «inembargabilidad» y protección de las tierras.
32Al leer este capítulo específico con el lente puesto en los desplazamientos y movilidades surgen preguntas en torno a: ¿por qué es necesario que estos términos que he resaltado aparezcan en una normativa? ¿De qué están dando cuenta o a qué refieren? ¿Qué dejan entrever? ¿Cuál es su horizonte de sentido? De este modo, entiendo que estos señalamientos, frases o conceptos dan cuenta del reconocimiento de prácticas de despojo y de acciones fraudulentas respecto de la tierra que deben ser investigadas y que tuvieron lugar en los contextos mencionados en el acápite anterior. Un reconocimiento que se percibe en estas categorías que apuntan a la protección de los territorios actuales y de aquellos otorgamientos o anexamientos de nuevas tierras para que no puedan ser objeto nuevamente de este tipo de prácticas de parte del Estado o de terceros.
33Con esto busco explicitar que en esta normativa se advierten categorías que abordan la movilidad condicionada por el contexto genocida. Esto, en el sentido en que reconoce y explicita que el pueblo mapuche ha sido corrido, despojado total o parcialmente de sus territorios, engañado, cercado, etcétera, siendo todas acciones que promovieron o condicionaron movilidades de la población que allí residía, fueran estos indígenas o no. Es decir que el articulado de esta ley deja entrever el reconocimiento de estos derroteros y de los efectos que esas movilidades han tenido sobre la ocupación territorial actual de las comunidades indígenas.
34Por otro lado, la Ley nacional 26.160 declara la «emergencia territorial en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas» y su resolución de inai 587/07 ordena la suspensión de los desalojos y establece la aplicación del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (reteci). Como ya he explicitado en otros artículos (Guiñazú, 2012, 2016; Guiñazú y Tolosa, 2014), al estar esta ley focalizada en la suspensión de los desalojos y depender de la Dirección de Tierras tiene como objetivo principal el relevamiento territorial incluyendo, como información complementaria, los aspectos económicos y sociales de las comunidades. En otra oportunidad he sostenido que el reteci opera desde una práctica comunalizadora (Guiñazú, 2017) relevando a comunidades que cumplan con determinados requisitos formales. De este modo, la planificación y diagramación de su práctica se orientó a la búsqueda de autenticidad, al establecimiento de cronologías y a una demarcación (social y territorial). Desde esta perspectiva puede percibirse la continuidad de los argumentos expuestos líneas atrás acerca de la constitución del Estado nacional, y de su objetivo de demarcación de un otro interno. Una demarcación que intenta en la actualidad circunscribir en áreas determinadas a grupos discretos (relevando comunidades indígenas y sus territorios, casi como en una fórmula: 1 comunidad = 1 territorio).
35Así, el relevamiento ordenado por esta normativa se presenta como una especie de fotografía de la situación territorial actual de las comunidades del país. En líneas generales, este relevamiento consiste en la elaboración de una Carpeta Técnica (ct) que dé cuenta de la situación dominial de las tierras que ocupan las comunidades. Esta carpeta está integrada por diversos componentes, entre ellos, cartografías del territorio comunitario, una narrativa que describa el territorio y quienes viven allí, un Cuestionario Socio Comunitario Indígena (cuesci), un Informe Histórico Antropológico (iha) que dé cuenta de la relación material y simbólica que esa comunidad tiene con ese territorio en particular y un dictamen legal que incluye una posible estrategia legal a seguir.
36En el devenir de su ejecución, esta política ha habilitado espacios participativos de trabajo y discusión intracomunitaria que pusieron de manifiesto relatos sobre los desplazamientos, sobre los itinerarios individuales y colectivos de miembros de las diferentes comunidades. En este sentido, pueden identificarse distintos dispositivos o metodologías empleadas que habilitaron la explicitación de derroteros pasados y actuales. Por ejemplo, esta ley materializó en documentos públicos (las ct) las movilidades de las personas y familias que integran las comunidades relevadas. Asimismo, visibilizó, tanto en instancias de reuniones informativas participativas y abiertas a la comunidad como mediante la incorporación de los relatos de miembros de las comunidades en los informes históricos antropológicos, cómo estos efectos alcanzaron a personas que no se consideraban mapuche pero que eran interpeladas como tales por portar características fenotípicas, sociales y culturales asociadas a lo indígena. En este sentido, el proceso de confección del iha implicó –entre otras cuestiones– describir cómo llegaron a estar y habitar ese territorio las comunidades partiendo del supuesto de que hubo movilidades condicionadas para gran parte de las comunidades que no estaban allí desde siempre sino que, a partir del avance del Estado, las campañas y las políticas posteriores, fueron moviéndose y buscando nuevos lugares. Una búsqueda impregnada de los mencionados actos fraudulentos, despojos, corrimientos, engaños, del creer en la palabra de militares que los encomendaban a lugares donde «nadie los iba a molestar», etcétera.
37Esta cuestión también puede rastrearse en el acto de complementar el cuesci, puntualmente, cuando este instrumento indagaba acerca de «cuántas personas conforman la comunidad». En este marco se habilitaban discusiones en torno a quiénes y cuántas eran esas personas, implicando un «contar en conjunto» que incluía a quienes por diversos motivos no residían en el campo a relevar y a todos «los de la ciudad», «los que se tuvieron que ir porque no hay lugar ni campo para todos», porque «no alcanza», a «los que van y vuelven el fin de semana». En esta instancia de trabajo se iban recuperando movilidades que implicaban a personas de diferentes edades y a sus diversas motivaciones.10 En este sentido, esta política, en su práctica y sus componentes, ha contribuido a visibilizar esos recorridos que entraman las historias familiares y comunales (Guiñazú, 2017).
38La introducción de estas dos políticas se torna relevante para la discusión por dos motivos: primero, porque permite exponer categorías o metodologías que abordan la movilidad, siendo de utilidad para entender cómo estas movilidades están representadas en políticas que, a diferencia de las expuestas en los apartados anteriores, se fundan en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y segundo, expone la demarcación e identificación de los indígenas que serán sus beneficiarios o destinatarios vinculando esta identificación a la asociación entre territorio-identidad-cultura. De este modo, privilegia la sedentarización y visibiliza la persistencia de una metafísica sedentaria que hunde personas y culturas en el suelo nacional para segmentar el mundo en unidades mutuamente excluyentes representadas en mapas (Guiñazú, Iñigo Carrera y Kropff, 2018; Malkki, 1992), junto al nativismo como discurso que otorga autenticidad a aquellos pueblos enraizados en el suelo de la nación antes de que la propia nación exista (Clifford, 2007). En este sentido, tanto la metafísica sedentaria como el nativismo operan como lógicas explicativas de lo indígena en las que cualquier experiencia de movimiento supone necesariamente la disolución de la identidad, la aculturación y la asimilación (Guiñazú, Iñigo Carrera y Kropff, 2018).
39Con todo, he presentado un recorrido inicial por diferentes políticas públicas orientadas a la cuestión de la tenencia de la tierra que tuvieron lugar luego de las Campañas del Desierto. Entre ellas, políticas explícitamente orientadas al desplazamiento y otras que tienen al desplazamiento como efecto secundario; políticas del pasado reciente que dan cuenta de un abordaje racializado, esencialista, asistencialista o paternalista y políticas vigentes que dan cuenta de categorías o metodologías que reconocen los efectos de la promoción y producción de desplazamientos y abordan movilidades de las personas, familias o comunidades. Si bien estas últimas continúan o reactualizan prejuicios, condiciones de autenticidad y necesidad de demostración de pertenencia étnica, también han sido ampliamente tensionadas, resistidas y moldeadas por el accionar de la agencia indígena y por el accionar conjunto y estratégico con los diferentes actores intervinientes en sus procesos de diseño y ejecución.
40Finalmente, este repaso es de utilidad para exponer que estas políticas han operado, primero, identificando pobladores deseables (blancos y ricos) e indeseables (aquellos interpelados como indígenas) y, después, indígenas que se reconocen como beneficiarios. Esto último es importante ya que la política que presentaré a continuación busca abordar, desde un nivel municipal, la problemática del desplazamiento como efecto del genocidio indígena, desde una mirada en particular. Aquella que no centra su lente en la búsqueda de población indígena a reconocer, o con quien indagar al respecto, sino que abre su mirada a toda la población con la que trabaja, a la sociedad en general (aunque con recortes asociados a su población objetivo, que no tiene que ver con la cuestión identitaria, sino más bien con cuestiones socioeconómicas y etarias). Es decir que esta política no busca la identificación de esta población como indígena, sino que aborda al desplazamiento que afecta a la sociedad en general. Su enfoque, su pregunta y sus objetivos están centrados en mirar ese desplazamiento, en trazar sus recorridos, en indagar en las posibles causas y en motorizar recuerdos conjuntos que contribuyan a reconstruir y compartir memorias sobre estos derroteros, sin desconocer que los desplazamientos no fueron condicionados de una misma manera para los diferentes sujetos afectados. En este marco particular, esta política busca indagar en los desplazamientos condicionados por el genocidio.
5. 3. «Viajando con el recuerdo»: una política pública que mira los efectos del desplazamiento
41Este apartado se centra en el abordaje de una política pública diseñada y ejecutada en el municipio de San Carlos de Bariloche, denominada «Viajando con el recuerdo». Este proyecto tiene lugar dentro del abordaje con impronta intercultural que la Dirección de Promoción Social se propuso para sus programas y proyectos, a partir del impulso de algunos de sus trabajadores y para adecuarse a la normativa vigente que reconoce a la ciudad de Bariloche como «municipio intercultural» (Guiñazú, 2019a; Guiñazú, Pell Richards y Díaz, 2020; Iglesias, 2022).11
42Particularmente, este proyecto se desarrolla en y a través de la Mesa de Concertación de Personas Mayores de los Centros de Atención y Articulación Territorial (caats) 4 y 5/6, y, tal como adelanté en la introducción, tiene como objetivo (re)construir, conocer y visitar lugares geográficos de la región [Norpatagonia] a partir de los relatos de sus participantes. En este sentido, esta política implica un trabajo participativo que busca recuperar las perspectivas, trayectorias, recuerdos y experiencias de desplazamientos de las mujeres mayores que conforman la Mesa a fines de reconstruir y visibilizar los diversos derroteros vividos y atravesados por ellas, quienes hoy habitan en barrios populares de la ciudad.12 En líneas generales, este proyecto comenzó preguntándose acerca de dónde nacieron esas mujeres con las que trabaja la Dirección de Promoción Social y qué cuestiones motorizaron sus movilidades.13 A la vez, el proyecto buscó dar cuenta de los lugares que se conectan en sus memorias y en sus prácticas actuales de movilidad, y se propuso indagar en cómo ellas se explican a sí mismas esas trayectorias. Para llevar adelante esta tarea, se diseñaron y llevaron a cabo diversas metodologías que plantearon desafíos teóricos y metodológicos que serán abordados en detalle en otro capítulo de este mismo libro (Iglesias en este volumen).
43Tal como he adelantado, esta política es relevante ya que se diferencia de las políticas promotoras del desplazamiento y de aquellas políticas centradas en demarcar e identificar a los indígenas que serán sus beneficiarios, recuperando las trayectorias de aboriginalidad que, tal como lo expone Ana Ramos (2005), pueden entenderse como formas variadas y afectivas en que las agencias indígenas transitan, tensionan o disputan los lugares sociales habilitados y establecidos por las agencias hegemónicas. La diferenciación que propone esta política radica en que las trayectorias de aboriginalidad suponen un proceso de identificación en el que no coloca el foco esta política pública. Es decir, esta política que se pregunta por los desplazamientos y movilidades de cierta parte de la población del municipio no parte de considerar a esta población como indígena o mapuche, ni de buscar que sus destinatarios se identifiquen como tales.
44De este modo, esta política que busca atender e indagar en las trayectorias, movilidades y desplazamientos asociados a estas múltiples formas de identificación da cuenta de una disputa o tensión en torno a la etnicidad hegemónicamente instalada, como forma impuesta o estatalmente válida o legítima de ser indígena.14 En este recorrido, el aporte singular de esta política es su entrada al problema que se tiene que atender a partir de los procesos y no de las identidades. Es, entonces, el trabajo con y desde estas trayectorias que no pueden ser incluidas de modo transparente como trayectorias de aboriginalidad, pero que se encuentran condicionadas por acciones fundadas en criterios racializados y etnicizados lo que aporta relevancia y originalidad al planteo del proyecto «Viajando con el recuerdo» en la Mesa.
45En este sentido, con el fin de profundizar en las particularidades de esta política me abocaré a explicitar cuestiones asociadas a su diseño y a su práctica concreta que dan relevancia a la elección de esta política como contraposición a las políticas mencionadas en el apartado anterior.
5. 3. 1. El derrotero municipal en relación a la interculturalidad
46Dos tópicos revisten la centralidad de reponer el derrotero atravesado por el municipio en su camino hacia la puesta en marcha de un abordaje intercultural y de construcción de políticas interculturales. El primero de ellos tiene que ver con la explicitación de las implicancias y alcances, no tanto de la declaración de interculturalidad en sí misma, sino más bien de la operativización o materialización de esa declaración.
47El proyecto «Viajando con el recuerdo» es una política que, si bien puede ser enmarcada en lo dispuesto por la ordenanza de interculturalidad, implica un abordaje novedoso de este concepto. La novedad radica en trascender lo expuesto en el articulado de la norma, que puede entenderse como restringiendo el uso del concepto interculturalidad a la relación entre Estado e indígenas (concretamente, al Estado municipal y al pueblo mapuche). No obstante, esta restricción, en su fundamentación la ordenanza explicita que se trata de una problemática que implica y debiera afectar a la sociedad barilochense en general.
48En línea con esta apertura del concepto es que el proyecto «Viajando con el recuerdo» plantea intereses y objetivos que no apuntan a reproducir este recorte asociado a la relación Estado e indígenas, sino que amplía la mirada y busca dar cuenta de los desplazamientos condicionados por el genocidio presentes en las trayectorias de quienes habitan los barrios populares barilochenses, independientemente de que estas personas se identifiquen como mapuche o no. De este modo, aborda las trayectorias y experiencias de aquellos que fueron históricamente definidos e interpelados como indígenas sin presuponer una linealidad con la autoidentificación, es decir, sin utilizar la identidad como lente sino, en todo caso, «volviéndola una pregunta» (Guiñazú, Iñigo Carrera y Kropff, 2018, p. 5).
49En términos de políticas públicas entendidas como interculturales, este proyecto es novedoso por sus implicancias y alcances propuestos. Es decir, se trata de una política pública intercultural y participativa que abre la mirada e intenta traducir y operativizar en prácticas concretas aquello que Catherine Walsh (2012) menciona como una concepción de la interculturalidad en sentido amplio, puntualizando en la implicación de toda la sociedad en la construcción de un proyecto de sociedad intercultural. En este sentido, Walsh (2008, 2012) introduce que este planteo en torno a la interculturalidad como la construcción conjunta de un proyecto común aún no existe. Se trata de algo por construir. Algo que va más allá del respeto, la tolerancia y del reconocimiento de la diversidad. Se trata de un proceso y un proyecto social y político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas (Walsh, 2008). En este marco, la interculturalidad parte del problema de las condiciones históricas, de dominación, exclusión, desigualdad, inequidad y de conflictividad. Es decir, parte de la colonialidad y se asienta en la necesidad de una transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad. Su eje central es ser un proyecto histórico alternativo para no quedarse en el plano funcional e individual sin afectar la colonialidad de la estructuración social y el carácter monocultural, hegemónico y colonial del Estado (Walsh, 2008).15 No obstante, el mayor desafío que encuentran las políticas interculturales se asocia a las posibilidades o imposibilidades de materializarse en políticas públicas concretas de algún modo que les permita funcionar como motor de esa nueva forma de relación entre Estado y sociedad (Estermann, 2014).
50El segundo tópico relevante se asocia a los posicionamientos y compromisos asumidos por los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Promoción Social, los cuales tuvieron efectos directos en la visibilización de los desplazamientos de la población con la que trabajan. Esta cuestión es de central importancia ya que da cuenta del valor político del posicionamiento de quienes impulsaron y llevaron adelante el diseño y la ejecución de esta política municipal. En este sentido, estos posicionamientos han sido relevantes, primero, para la elaboración y forma final del eje de trabajo transversal de interculturalidad que la Dirección de Promoción Social comenzó a construir desde el año 2017, y, segundo, para el diseño del proyecto «Viajando con el recuerdo», el cual se halla enmarcado en el eje de interculturalidad. Este eje de trabajo recupera no solo la normativa vigente respecto de la interculturalidad municipal, sino también y principalmente el conocimiento disponible producido por investigadores de la zona (y de otros lugares también) respecto a conceptos como genocidio, desplazamiento, movilidad, interculturalidad e interseccionalidad.
51Además, el mencionado posicionamiento se refleja también en la búsqueda y promoción de la vinculación entre el municipio, el conocimiento disponible y la Universidad Nacional de Río Negro, la cual queda plasmada en el proyecto «Viajando con el recuerdo» y su articulación con el proyecto de investigación que tuvo como uno de sus resultados este libro. A partir de esta articulación se entiende y enmarca que la falta de atención estatal al daño físico, psicológico, político, económico, social y cultural (Delrio, 2005; Lenton, 2009) producido desde la conquista militar de la Patagonia generó una tensión estructural en la relación entre el Estado, la sociedad y quienes fueron denominados como indígenas. En líneas generales, este daño estructuró una nueva sociedad con una marcación y discriminación entre colectivos deseables y otros indeseables (Pérez, 2016) que repercutió en el proceso de distribución de tierras y la concentración de indígenas sin acceso a ellas en los cordones de pobreza de todas las ciudades en Norpatagonia, tal como señalé al inicio. En este sentido, el posicionamiento de las adultas mayores consideradas como población objetivo de este tipo de política cobró una nueva entidad al considerar a sus trayectorias como resultado de los procesos de marcación de colectivos no deseables.
52El proyecto «Viajando con el recuerdo» busca trabajar con población que a lo largo de su historia fue tratada como indígena, aunque no se definieran como tal. Cabe remarcar que, además de lo anterior, en este proyecto se trabaja también con desplazamientos que no fueron condicionados por el genocidio, es decir, que quienes formularon el proyecto no supusieron la marcación de las personas como indígenas. De este modo, el acento puesto por trabajadores del municipio en el concepto de interculturalidad se argumenta o relaciona a la búsqueda de visibilización de la diversidad profundizada y complejizada por estos desplazamientos, dando cuenta de aquello que Catherine Walsh (2008) menciona como una «interculturalidad en sentido amplio». No obstante, solo a fines operativos, el eje de interculturalidad se circunscribe a la atención de problemáticas asociadas a la cuestión indígena y a la población migrante.
53Quienes idearon el eje de interculturalidad retoman, entonces, este uso ampliado del concepto y enfatizan en tres perspectivas interculturales que Walsh introduce, las cuales son de utilidad para entender o enmarcar los alcances o limitaciones de diferentes acciones que pueden ir acompañadas del concepto interculturalidad. Estas tres perspectivas son: una interculturalidad relacional que refiere al «contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad». Su principal peligro o problema refiere al ocultamiento o a la minimización de posibles conflictividades y de los contextos de poder y dominación en que se da dicha relación. Es necesario problematizarla y ampliarla con y desde otras dos perspectivas. La segunda perspectiva refiere a una interculturalidad funcional. Este tipo de interculturalidad se ancla en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia para incluirlas en la estructura social vigente. Es funcional por no apuntar a trastocar «las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural», ni tampoco «cuestiona las reglas del juego» (Walsh, 2012, p. 64). Esta búsqueda de inclusión opera como un mecanismo tendiente a la cohesión social. Por último, Catherine Walsh presenta una interculturalidad crítica que tiene por eje apuntar hacia la construcción de sociedades diferentes basadas en otros ordenamientos sociales. Según la autora, se trata de un llamamiento de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternización de sus aliados, y de los sectores que luchan, junto con ellos, por la refundación social y descolonización, por la construcción de mundos otros (Walsh, 2008, 2012). El eje de interculturalidad retoma las tres perspectivas, aunque focaliza su interés en generar acciones que tiendan a apuntalar una interculturalidad crítica.
54Con todo, este tópico explicita una concepción del Estado como espacio de praxis política y de constantes disputas, tensiones y desafíos. De esta manera, el posicionamiento asumido por algunos trabajadores del municipio expone que el Estado (en sus diferentes niveles) puede ser moldeado y tensionado por y desde las prácticas de quienes ocupan sus espacios. Esto se percibe en los resultados y posibilidades buscadas para la materialización de políticas interculturales, incluso en el contexto de una gestión de gobierno que no ha priorizado esta temática en su agenda. En este escenario, fueron trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas quienes han ideado modos de incorporar esta perspectiva intercultural en su trabajo cotidiano trascendiendo una interculturalidad meramente declarativa.
5. 3. 2. Construyendo políticas de abajo hacia arriba: el enfoque participativo
55La Dirección de Promoción Social que ejecuta este proyecto (al igual que gran parte del municipio) opera desde una perspectiva poblacional con una lógica de identificación, delimitación, caracterización y atención de grupos discretos dando cuenta de una estructura y funcionamiento operativo que, aunque marcadas por sus singularidades, se asocian a cierto habitus estatal estructural y estructurante del juego social (Esguerra Muelle y Bello Ramírez, 2014). Este habitus implica una organización de las políticas públicas que delimita grupos poblacionales (entiéndase por estos a jóvenes, adultos mayores, mujeres, familias, migrantes, indígenas, organizaciones, etcétera) según una lógica propia y específica de producción de alteridad. Esta lógica de delimitación tiene efectos en las problemáticas que busca atender, fundamentalmente asociados al establecimiento de recortes arbitrarios que operan sobre la vida de las personas que revisten su población objetivo. Es decir, se trata de un recorte que visibiliza y atiende un aspecto en particular (por ejemplo, la condición de adulto y de vulnerable), opacando posibles articulaciones e intersecciones (Guiñazú, 2019a). Esta lógica viene a ser tensionada por el proyecto «Viajando con el recuerdo», ya que busca indagar en las movilidades de las personas adultas y vulnerables de la Mesa, pero abriendo la mirada a posibles intersecciones o matrices de desigualdad como género, clase, nacionalidad, adscripción étnica, entre otras. El aporte del proyecto deviene clave para la discusión en tensión con las identidades políticas y las categorizaciones institucionales. Este aporte es la posibilidad de pensar y atender a las trayectorias para llegar a grupos que si no quedan invisibles del análisis de la matriz social reducido a adultos mayores.
56A su vez, esta dirección está inmersa en una lógica de gestión participativa evidenciada en sus normativas y reglamentaciones, en su funcionamiento y prácticas cotidianas (ejes de trabajo operantes al interior de cada área, planes, programas y proyectos, entre otros). Desde sus diferentes políticas o proyectos se identifican fórmulas, formas y usos propios que invocan a la participación de diferentes actores de la sociedad a través de diferentes herramientas (consejos temáticos, mesas de concertación barriales, foros, etcétera).
57En este sentido, las políticas públicas entendidas como participativas se orientan a la apertura de sus procesos de construcción introduciendo la perspectiva de aquellos que serán sus beneficiarios. En general, esta participación se asocia a supuestos de garantía de transparencia, eficacia, inclusión de otras voces, construcción horizontal, etcétera.
58A partir del cruce entre estas perspectivas y enfoques, el proyecto «Viajando con el recuerdo» se propone abordar a su población objetivo de un modo particular: implicando a esta población en el diseño y ejecución de esta política, a través del espacio de la Mesa. Esta modalidad de construcción de políticas públicas, propia de modelos de gestión participativos, implica la búsqueda y promoción de generación de políticas de abajo hacia arriba.16
59En este sentido, este proyecto puede enmarcarse en el modelo bottom up (Tamayo Sáenz, 1997),17 consistente en la capacidad de solucionar casos singulares. El problema de implementación para este modelo no es el ajuste fiel a la decisión inicial, tal y como fue formulada, sino la adaptación de la decisión inicial a las características locales y al contexto en el que se produce (p. 17).
Así, este modelo implica la atención a lo contingente, y requiere de espontaneidad, liderazgo y capacidad de los técnicos intervinientes para resolver imponderables que se presentan en la puesta en marcha de una política pública. En este marco, los trabajadores deben tener la experticia y la habilidad de manejar espacios de concertación y aprendizaje. Un aprendizaje que debe implicar a todos los actores que participan (incluidos los técnicos). El devenir de la ejecución del proyecto «Viajando con el recuerdo» da cuenta de esta flexibilidad para la concertación, de este aprendizaje interpelador de todas las partes intervinientes y de una escucha activa y atenta para entender y guiar las actividades previstas para esta política en línea con las expectativas de las mujeres de la Mesa.
5. 3. 3. Instaurando un nuevo marco de interpretación
60Pensar a las políticas públicas en general, al eje de trabajo transversal para la interculturalidad y al proyecto «Viajando con el recuerdo» en particular, como marco de interpretación, implica entender que estamos frente a marcos que se construyen para explicar algo (ya sean diversidades, trayectorias, recuerdos, prácticas, etcétera). Es decir, un marco de interpretación es una forma de pensar, conocer y de dar sentido, pone límites a lo pensable, brinda un lente con el cual mirar, y moldea un modo particular de concebir o atender a una cuestión.
61En este sentido, tanto el eje de interculturalidad como el proyecto «Viajando con el recuerdo» aparecen como disruptivos en su propio entorno y en relación a los marcos de interpretación vigentes en el municipio. Estos marcos, asociados a una perspectiva poblacional, entienden que la actividad desde la noción de interculturalidad implicaría necesariamente trabajar con indígenas, identificándolos y gestionando sus problemáticas. De este modo, estas políticas públicas están tratando de pensar el abordaje de la interculturalidad de otra manera entablando un marco de interpretación alternativo que tensiona al anterior. En otras palabras, el eje de interculturalidad y el proyecto se diferencian dado que no parten ni de marcar a una población como indígena; ni de trabajar con una población que se autodefine como indígena. Por el contrario, estas políticas parten de trabajar con los efectos subjetivos e identitarios de los procesos que se desencadenaron a partir de marcar a una población como indígena.
62En este recorrido, estas políticas buscan pensar los efectos del genocidio y los desplazamientos producidos en ese contexto desde un abordaje particular, instaurando un marco en el que la interculturalidad nos interpela a todos. En este recorrido, la gestión de esa interculturalidad y de sus consiguientes políticas debe exceder necesariamente la relación entre Estado e indígenas. Asimismo, esto se evidencia también en relación con su posicionamiento respecto de que los desplazamientos afectaron o condicionaron (aunque de diversas maneras e intensidades) a la población de la zona en general. De esta manera, la originalidad del eje y de este proyecto radica en diseñar políticas desde un enfoque intercultural amplio implicando a la sociedad barilochense en general.
63En este sentido, «Viajando con el recuerdo» puede ser entendido como un marco de interpretación construido y constituido por conceptos rectores, por categorías de significación y por metodologías concretas que delimitan el modo de acercamiento a la problemática de los desplazamientos como efecto del genocidio indígena, generando experiencias y prácticas concretas de abordaje de una cuestión.
64Los conceptos rectores que estructuran o conforman este marco de interpretación municipal vigente son: interculturalidad (en tanto la relación-interacción-diálogo entre grupos, desde una perspectiva crítica de la situación actual de cosas); participación (en tanto implicación de los beneficiaros de políticas en sus procesos de diseño y ejecución); genocidio (en tanto evento estructurante de las relaciones sociales en la Norpatagonia) y desplazamientos (en tanto movilidades respecto a los lugares de residencia de su población objetivo, sean estas voluntarias, forzadas o condicionadas por los efectos del genocidio, implicando tránsitos o itinerarios motorizados por razones situadas en períodos históricos significativos. Es decir, se ha trabajado mirando cómo se entraman los diferentes desplazamientos presentes en las trayectorias de su población objetivo). Estos conceptos pueden ser advertidos en la letra del eje de interculturalidad que enmarca el proyecto, y en el proyecto mismo.
65Como complemento a lo anterior, este marco de interpretación está conformado por las siguientes categorías que dan cuenta del modo en que se concibe a la población con la que se trabaja en este proyecto. En primer lugar, mencionaré la categoría de sectores de vulnerabilidad social la cual es entendida implicando aspectos de las personas en relación a características económicas, políticas, culturales y ambientales. A partir del empleo de esta categoría, la Dirección de Promoción Social busca «caracterizar condiciones objetivas y subjetivas de incertidumbre y desprotección, con el objetivo de comprender las variaciones observadas en la movilidad social de comunidades, hogares y personas» (Municipalidad de Bariloche, Dirección de Promoción Social, 2015). Además, se entiende que esta categoría no puede asociarse como sinónimo de pobreza, ya que trasciende esta condición. Se trata, según lo exponen en la fundamentación de uno de sus ejes de trabajo, de «proyectar a futuro la posibilidad de padecerla [a la pobreza] a partir de ciertas debilidades que se constatan en el presente». Desde esta perspectiva, esta categoría opera en la Dirección de Promoción Social a los fines de «identificar los riesgos presentes y los probables en el futuro, focalizándose en determinar quiénes (personas, hogares y comunidades) tienen más probabilidad de experimentarlos y, a la vez, analizar cómo reaccionan o pueden reaccionar ante su materialización y qué opciones pueden o podrían desarrollar».
66En el marco de lo que el proyecto se propone abordar, esta categoría cobra relevancia por poner de manifiesto que el recorte poblacional al que apunta es a los «adultos mayores» que sean también «vulnerables». Una vulnerabilidad que, en algún punto, plantea el interrogante respecto de si esta categoría puede ser asociada a aquellas personas identificadas como «indeseables» por las políticas mencionadas al inicio. Es decir, ¿pueden, estos indeseables del pasado reciente, devenir en el presente en los vulnerables a atender? En este punto se torna relevante profundizar en qué consiste y en qué procesos estructuran esa vulnerabilidad, puesta en relación a situaciones de desplazamiento. Una profundización que, si bien no ha sido el eje del proyecto, comienza a tejerse a partir de los relatos de las mujeres de la Mesa que dan cuenta de históricas situaciones de trabajo informal, de violencias, de imposibilidades de acceso a la tierra, entre otras cuestiones que van moldeando esa condición de vulnerabilidad (ver Argel y Cabrapan Duarte, en este volumen).
67Otra de las categorías significativas de esta política está asociada a la concepción de las personas como sujetos de derecho que se deben potenciar desde las acciones llevadas a cabo participativamente por la Dirección de Promoción Social, fundamentado esto en el enfoque participativo. Esta idea de abordar sujetos que se encuentran «en potencia» puede ser asociada a otras que dan cuenta de una concepción de sujeto incompleto que requiere de otro (el Estado y sus técnicos) o de algo (el Estado y sus políticas) que sirvan de guía para la maximización de sus subjetividades y sus capacidades. Además, da cuenta de un modo de relacionamiento unidireccional, entre alguien que debe (o considera que tiene la capacidad o los medios para) potenciar a otros, alejándose de un diálogo de saberes que interpele (en todo caso) a todos los actores de esa relación (Trentini, Guiñazú y Carenzo, 2022).
68Asimismo, en esta idea que busca potenciar a los destinatarios de esta política pueden encontrarse resabios de argumentos asimilacionistas o paternalistas presentes en las políticas mencionadas al inicio de este escrito. En este sentido, entiendo que la explicitación de esta categoría en la letra del proyecto «Viajando con el recuerdo» aflora en relación a categorías heredadas (ya sea de lineamientos y gestiones o de matrices provinciales) inmiscuidas en la propia red de dispositivos, normativas y materiales de trabajo internos que se utilizan y reutilizan de modo intertextual entre sí en la Dirección de Promoción Social. Por el contrario, la puesta en práctica de este proyecto y las metodologías diseñadas e implementadas instauran una concepción diferente a este marco heredado, ya que el foco está puesto en la agencia de las mujeres que allí participan y en recuperar sus perspectivas, nociones y asociaciones respecto de sus derroteros de vida.
69Estas categorías dan cuenta del complejo entramado de nociones y prácticas del municipio y del área municipal en particular, ya que frente a los enfoques novedosos y de apertura que plantea el proyecto, el mismo está entrecruzado por algunas categorías heredadas y aún vigentes (aunque matizadas) que cristalizan de algún modo las formas de abordaje de las personas con las que trabajan y las formas de atención de la Dirección de Promoción Social. No obstante, estas categorías que forman parte de la letra del eje de trabajo y del proyecto, este último en su práctica concreta expone cierto contraste con ellas principalmente por la centralidad que cobra la agencia de las mujeres de la Mesa y su articulación con las técnicas a cargo. Específicamente, este contraste se evidencia en las metodologías que le dan forma. En este sentido, quienes idearon el proyecto «Viajando con el recuerdo» se valieron de metodologías flexibles que, sin perder de vista los objetivos a alcanzar, pudieran ir repensándose en el devenir de la práctica de su ejecución dando carnadura a su interés y a lo que se propone ver y abordar.18 Así, las metodologías empleadas fueron: mapeos participativos para reconstruir los lugares mencionados en los relatos de las participantes de la Mesa recuperando comentarios, acotaciones o cuestiones significativas que sobre esos lugares mapeados pudieran tener los demás participantes; evocación a los recuerdos como herramienta metodológica (Guiñazú, 2017) a fines de habilitar espacios para recordar juntos sobre diversos acontecimientos, entre ellos, aquellos indecibles y traumáticos que puedan servir de puntapié para generar relatos socioculturalmente significativos sobre sus experiencias (Ramos, 2011); y talleres de teatro desde la perspectiva del teatro documental.19
70A partir de lo expuesto se entiende que el proyecto «Viajando con el recuerdo» surge en un municipio que, aunque desde una perspectiva poblacional, opera desde un modelo de gestión participativo delineando acciones concretas orientadas a la atención de problemáticas delimitadas por recortes etarios o de temáticas/problemáticas (Guiñazú, 2019a). En este marco, se trata de una política pública municipal, entendida como intercultural por ubicarse dentro del eje de trabajo del mismo nombre, que recupera debates y antecedentes teóricos sobre esta noción de interculturalidad adhiriendo a un posicionamiento crítico de la misma, aunque no la concibe como la mera relación entre pueblos o culturas diferentes, sino desde una perspectiva que busca crear una nueva forma de relacionamiento que pueda trastocar la base de las desigualdades actuales. Además, este eje propone una perspectiva que, además de ser crítica sea amplia, trascendiendo la usual asociación del concepto a la relación entre Estado e indígenas sin dar lugar a la compleja gama de relaciones que pueden entenderse como interculturales. Esta caracterización habilita un marco de interpretación y de acción que se ve reflejado en los diferentes proyectos que conforman o dan cuerpo a este eje intercultural, los cuales no están restringidos al abordaje de la relación entre el Estado municipal y el pueblo mapuche. Así, este marco se orienta a visibilizar la complejidad de los procesos de construcción de políticas públicas locales.
5. 4. Desfetichizando políticas interculturales: primeros pasos hacia políticas públicas de reparación
71Las particularidades y conceptos que operan en el proyecto «Viajando con el recuerdo», expuestas en el apartado anterior, habilitan el marco para preguntarnos por la relación entre genocidio, desplazamientos, interculturalidad y reparación. En esta línea, se entiende que el hecho de que esta política esté enmarcada dentro de un eje de interculturalidad municipal se relaciona a la necesidad de contextualizar y explicitar que el genocidio indígena perpetrado por el Estado nacional tuvo efectos concretos en la vida de las personas y sus relaciones sociales. Como mencioné al inicio, el territorio patagónico en general y particularmente en la ciudad de San Carlos de Bariloche se ha configurado desde una lógica hegemónica estatal (nacional y provincial) que ha construido, practicado y habilitado delimitaciones y marcaciones espaciales concretas tendientes a suprimir las particularidades de cada pueblo mediante la imposición de nacionalidad y la ocupación territorial (Delrio, 2010). Esta organización parte de la configuración de un modelo de ciudadanía atravesado por el racismo, tal como lo explicité siguiendo a diversos autores en el apartado referido a las políticas promotoras del desplazamiento (fuera este forzado o condicionado).
72En este contexto, el abordaje municipal de la cuestión intercultural presenta una amalgama de políticas públicas con diferentes alcances y limitaciones (Guiñazú, Pell Richards y Díaz, 2020; Iglesias, 2022), que pueden asociarse a los diferentes tipos de prácticas interculturales que plantea Catherine Walsh (2012). Es decir que se han diseñado políticas entendidas como interculturales que pueden pensarse desde una perspectiva relacional, otras desde una funcional o crítica, tal como es el caso del proyecto.
73No obstante, para abordar estas cuestiones y efectos generados a partir del genocidio indígena en la vida de las personas y en sus relaciones sociales es necesario repensar los límites, alcances y posibilidades de las políticas entendidas como interculturales para comenzar a pensar en políticas de reparación. Esto toma sentido si entendemos que las políticas interculturales apuntan a la construcción de una sociedad y de relaciones sociales nuevas y diferentes, algo que aún no existe, algo que está por venir (Walsh, 2008). Pero al pensar en el genocidio en tanto evento estructurante de las relaciones sociales con efectos concretos sobre la vida de las personas (no solo de los que fueran identificados o denominados como indígenas) se torna sino urgente, al menos, necesario diseñar, construir, financiar y ejecutar políticas públicas orientadas a la reparación del daño realizado por el Estado a sus víctimas directas e indirectas. En este punto las políticas de reparación se tornan necesarias para abordar no solo asuntos referidos a la gestión de la diversidad en la actualidad y en el futuro, sino más bien cuestiones estructurales que tienen su origen en el pasado, pero que continúan afectando la vida de las personas en la actualidad y de cara a su futuro. Aquí se torna significativo el reconocimiento estatal del daño para pasar a pensar cómo y de qué manera repararlo.
74Entonces, ¿pueden pensarse las políticas públicas interculturales como pasos necesarios de cara a una estrategia de reparación del daño producido? ¿El solo hecho de pensar políticas públicas interculturales implica una reparación? Para abordar estas preguntas es ineludible tener presente que para iniciar un camino hacia la construcción de políticas públicas de reparación es necesario que existan políticas destinadas a la atención de cuestiones o derechos específicos; a la atención de relaciones sociales particulares; y a la atención de problemáticas relacionales que implican a toda la sociedad (en y desde el nivel que esa política atienda –local, regional, nacional, etcétera–). Esto es central para pensar políticas de reparación respecto del genocidio indígena ya que la reparación implica tanto a las víctimas (directas o indirectas) del daño producido como a las relaciones sociales que son resultado de ese proceso y se encuentran atravesadas por sus efectos.
75Ahora bien, ¿qué limitaciones conlleva la existencia de políticas interculturales «críticas» y «amplias» en los diferentes niveles estatales, sin el reconocimiento estatal al daño realizado a través del genocidio indígena? Es decir, ¿tiene sentido hablar de políticas interculturales que buscan cambiar el estado actual de las cosas, de construir otros modos de relacionamiento si no cambia la negación y el silenciamiento del genocidio y sus efectos posteriores?
76En este sentido, sostengo que para comenzar el camino de la reparación (tanto material como simbólica) es necesario, primero, el reconocimiento estatal del daño en sus distintas dimensiones (física, psicológica, cultural, política, económica, etcétera) y del rol del genocidio indígena en la estructuración del orden estatal argentino y rionegrino (Miguel y Wallace, 2019). Luego, es necesario promover una articulación entre organismos estatales, organizaciones y personas identificadas o autoadscriptas como indígenas, personas afectadas por los efectos del genocidio, organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática y científicos para vincular el conocimiento producido y los múltiples conocimientos disponibles (Carenzo y otros, 2019) a los procesos de construcción de políticas públicas. Complementariamente, es ineludible apuntalar la construcción de un diálogo intercultural entre los diversos actores mencionados para recuperar las diversas percepciones existentes en torno a las categorías de justicia, conflicto, reparación, entre otras.20 Finalmente, es necesaria la generación de estrategias que garanticen que estos hechos no se vuelvan a repetir.
77En este derrotero, pensar en políticas de reparación requiere que, al menos, me detenga en reponer algunas cuestiones en torno al concepto de reparación, señaladas ya por diferentes autores que han abordado este aspecto para otros casos y contextos. Existen trabajos que abordan la problemática en torno a la reparación en diferentes contextos genocidas: genocidio indígena en Guatemala (Díaz Navarro, 2018); situaciones de violencia y afectación por la guerra en Colombia (Prado Mejía, 2020); proceso genocida argentino desarrollado entre 1975 y 1983 (Schneider, 2020). De la lectura de estos antecedentes, se desprende la necesidad de conocer cuál es el daño a reparar y quiénes son los sujetos de reparación, y también pensar participativamente cómo se repara y qué tanto conocemos del daño o afectación que han experimentado las víctimas.
78Estas cuestiones se consideran centrales para entender cuál será el grado de reparación o lo que se busca reparar. En este sentido Ludmila Schneider (2020) explicita que las normativas internacionales en torno a las reparaciones integrales sobre violaciones graves a los derechos humanos se piensan desde cinco dimensiones: indemnización, restitución, medidas de satisfacción, rehabilitación y prevención. En relación con esto, Anghie Prado Mejía (2020) y Natalia Burbano Fernández de Castro y Ruth García Otero (2016) afirman que ninguna de las experiencias internacionales de reparación ha dado cumplimiento a todos los lineamientos que el derecho internacional estipula como necesarios a ser considerados para diseñar y ejecutar programas de reparación que se evalúen como exitosos, sanando el daño producido a las víctimas (directas e indirectas). Además, mencionan que pocos países construyeron programas de reparación ya que, en su mayoría, solo establecieron «leyes aisladas para reparar a las víctimas, que no contienen ni un alto grado de complejidad, ni coherencia interna y externa entre las medidas de reparación» (Burbano y García, 2016, p. 65).
79En este marco, la Argentina circunscribe la problemática de la reparación a medidas de carácter económico dentro de un espectro más amplio de posibilidades (Schneider, 2020, p. 3). Según Schneider, esto conlleva un claro posicionamiento por parte del Estado a través del cual se delimita claramente el espacio en el cual se van a desarrollar las disputas en torno a cuáles son los modos adecuados, válidos o legítimos para llevar a cabo la reparación.
80Si se entiende que la reparación debe dar cuenta de un intento de reconstrucción simbólica de las relaciones sociales que el genocidio indígena elimino y trastocó, deviene central el reconocimiento en torno a cuál es el horizonte de esta reconstrucción, es decir, cuál es el tipo de relación social fundamental que se quiere promover. En este recorrido, es necesario desentramar y atender la impronta desde la cual se piensa y se asigna contenido tanto al concepto de reparación como a la categoría de políticas públicas de reparación. Esto conlleva la finalidad de entender cuáles son los elementos que deben incluir las reparaciones en función de garantizar la diversidad cultural. En este sentido, queda claramente expuesto que la reparación no puede ni debe ser meramente económica. Si bien se entiende que la indemnización pueda formar parte de políticas de reparación (tal como está establecido internacionalmente), esta forma, por sí sola, no es suficiente para reparar los daños ocasionados por el genocidio indígena y sus efectos. Debe encararse una discusión y abocarse a un proceso de diseño de estas políticas que comprenda medidas de reparación inmateriales o de reparación simbólica a fines de intentar subsanar las limitaciones que esta forma de indemnización presenta y que, tal como menciona Ludmila Schneider (2020), no han sido denominadas expresamente como políticas de reparación. 21
81En el contexto patagónico se trata, entonces, de repensar el valor de las políticas interculturales por sí mismas para enfocar la mirada en la conjunción entre las políticas públicas interculturales y las participativas, pues las víctimas no pueden ni deben estar ausentes en el debate ni en la construcción de políticas de reparación. En este punto, el enfoque participativo cobra mayor centralidad y utilidad. Es esta conjunción la que marca los primeros pasos para desandar el camino hacia políticas de reparación, dado que en su articulación se expresa la posibilidad de dar respuesta a los interrogantes planteados en torno a qué, cómo y a quiénes orientar la reparación. Esta articulación habilita no solo un enfoque crítico y ampliado en términos interculturales, sino también la recuperación de las perspectivas de las personas afectadas por el daño producido por el genocidio, a la vez que el diseño conjunto de estas políticas y la evaluación de sus limitaciones, alcances y desafíos.
82Es en este sentido que el proyecto «Viajando con el recuerdo» es una política pública intercultural y participativa que ha comenzado a indagar en el desplazamiento como efecto del genocidio, trabajando con y desde las experiencias de las personas que conforman la Mesa, independientemente de su autoadscripción como indígenas. De este modo, se trata de una política que, abordando experiencias de desplazamiento ha comenzado a recuperar los derroteros de diferentes personas y familias a fines de visibilizar cómo, quiénes y de qué manera fueron afectadas en sus trayectorias.
83En relación con esto, propongo desfetichizar el concepto de interculturalidad en un sentido marxista que permita entender que no existe y se despliega per se. Un proceso de desfetichización que elucide las condiciones materiales de producción de la situación actual, suponiendo un ejercicio de historización que explique cómo cada quien llegó a estar posicionado donde está en las relaciones de poder imperantes, y que permita alejarse de homogeneizaciones y esencializaciones vinculadas a conceptos como cultura e interculturalidad.
84Además, este proceso de desfetichización contribuirá a dar cuenta de las tensiones y relaciones históricas que conforman sus procesos de definición y producción, desvelando que la interculturalidad, y el modo en que este concepto se operativiza en políticas interculturales y en posteriores políticas de reparación, da cuenta de un posicionamiento político, más que de una respuesta meramente técnica y neutral. Esta operación de desfetichización tendrá como efecto la visibilización de los modos en que se construyen las políticas, de quienes intervienen o participan en ellas, con qué intereses, buscando qué resultado y qué efectos. A la vez, tendrá como efecto la manifestación de qué límites y alcances tendrán y qué intereses pueden, deben o se quieren trastocar con la aplicación de este tipo de políticas.
85Entonces, propongo desfetichizar también las políticas públicas interculturales como camino hacia la reparación para trabajar desde su articulación con enfoques participativos que permitan pensar, de un modo diferente, los procesos de construcción y producción de políticas de reparación enfatizando en las relaciones que conforman este proceso. Esto puede entenderse como un primer paso para comenzar a dar respuesta a los interrogantes planteados, principalmente a aquel que se pregunta qué tanto sabemos respecto del daño o afectación de las víctimas.
86Con todo, remarcaré, a modo de cierre de este apartado, que deben orientarse las planificaciones y acciones de los diferentes niveles estatales hacia una reparación integral y colectiva. Esto es necesario ya que la reparación no puede ser individual, menos aún en un contexto donde las afectaciones implicaron a personas y a relaciones sociales. En este sentido, se torna necesario sanear los lugares de afectación y vincular las políticas de reparación al establecimiento de garantías de que el daño no se vuelva a producir ni a reactualizar con igual o matizada intensidad.
5. 5. A modo de cierre
87En este escrito he pretendido abordar la cuestión de los desplazamientos condicionados por los efectos del genocidio indígena anclando sus argumentos y ejes de análisis en una política pública entendida como intercultural, diseñada y ejecutada en el municipio de San Carlos de Bariloche. A través de estas líneas he intentado presentar a las políticas públicas como marcos de interpretación que habilitan modos específicos de ver, entender o atender a una cuestión.
88Desde esta perspectiva, introduje un recorrido por políticas estatales vinculadas (con mayor o menor influencia) a la promoción o el abordaje de los desplazamientos condicionados por el genocidio. En este sentido, presenté, primero, políticas promotoras del desplazamiento para intentar dar cuenta de cómo se dañaron y desestructuraron las vidas y relaciones sociales de los sujetos por ellas afectados. Luego, presenté políticas indigenistas vigentes (Ley provincial 2287 y Ley nacional 26.160) que dan cuenta de cómo fue esta afectación, fundamentalmente, en términos de despojo territorial. Finalmente, presenté el eje de interculturalidad del municipio y, específicamente, el proyecto «Viajando con el recuerdo» como políticas disruptivas respecto de las anteriores, puesto que apuntan a visibilizar ese daño en diferentes niveles de afectación (económico, social, emocional, relacional, etcétera) con énfasis en las movilidades motorizadas por las primeras políticas mencionadas.
89En relación con esta última introducción, resalté la importancia de este proyecto y, fundamentalmente, de sus metodologías flexibles y participativas, como pasos iniciales necesarios para echar a andar el camino hacia procesos de construcción de políticas de reparación. La puesta en práctica de este proyecto se coloca en línea con aquello que Myriam Jimeno (2011) ha señalado respecto de que las memorias posviolencia (y me atrevo a agregar que, también, los procesos de recuperación de estas memorias) son reparadoras en la medida que permiten tanto reconstruir las tramas sociales destruidas como habilitar nuevas comunidades políticas. En este sentido, he buscado en estas líneas poner en valor este proyecto como una herramienta fundamental del municipio para comenzar a conocer cómo y de qué manera fue afectada la vida de las personas por el contexto genocida y las posteriores políticas implementadas. Conjuntamente, es una herramienta para recordar en común sobre aquellas historias individuales o familiares que, puestas en el marco de discusión y diálogo habilitado por la Mesa y el proyecto, cobra un sentido más amplio posibilitando asociar y entender estas experiencias de desplazamientos y movilidades como denominador común presente en los relatos de la población del campo en general, quienes fueron afectados de diversos modos por las políticas y prácticas mencionadas al inicio.
90Con todo, es necesario remarcar también que, instalada la base normativa y de discusión apuntalada por la declaración de interculturalidad y dados los primeros pasos en pos de la construcción de políticas interculturales locales, resulta ineludible comenzar a habilitar o disputar espacios, recursos y tiempos para diseñar políticas de reparación. Un diseño que atienda a los modos y relacionalidades (incluyendo actores participantes, límites, alcances, metodologías, categorizaciones, conceptos rectores, presupuestos, etcétera) desde las que se construirán políticas que, a la vez que garantizan el restablecimiento de derechos de las víctimas (directas e indirectas) y reparan los daños ocasionados a diversas esferas de sus vidas y relaciones, permitan caminar hacia una sociedad más democrática, justa, igualitaria e inclusiva.
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Notes de bas de page
1Los caat son una herramienta que posibilita una atención municipal descentralizada y territorializada, mediante la cual se delimitan zonas de trabajo. Cada uno de los diferentes centros de atención está compuesto por equipos técnicos (principalmente conformados por trabajadores sociales y profesionales de otras disciplinas de las ciencias sociales, así como por referentes o promotores que cumplen diversas tareas) cuya función es la atención a personas identificadas como de mayor riesgo social, realizando un seguimiento de ellas y desarrollando trabajos participativos y comunitarios que tiendan a mejorar o revertir esa condición de riesgo o vulnerabilidad social.
2La presentación y el análisis de los resultados y efectos de la ejecución de esta política pública exceden los objetivos del presente capítulo. Estos se presentan en los capítulos de Victoria Iglesias, de Paz Argel y de Melisa Cabrapan Duarte, en este volumen.
3Siguiendo las investigaciones de diversos autores puede entenderse que las principales políticas de administración de la tierra tuvieron como efecto sucesivos desplazamientos (individuales o colectivos) de la población interpelada como indígena y marcada como peligrosa o indeseable. Entre estas políticas y prácticas, mencionaré el despliegue de diversos dispositivos que incluyeron desalojos violentos, medidas de presión económica y prácticas de arrinconamiento de familias en pequeñas parcelas, provocando tanto la proletarización en el ámbito rural como la migración a las ciudades (Delrio, 2005; Delrio y otros, 2018; Kropff, 2019; Pérez y Cano, 2019; entre otros).
4Entre ellas, la Dirección de Promoción Social, la Dirección de Empleo e Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social.
5En 2018 participé como oradora de la capacitación interna «Interculturalidad y políticas públicas: posibilidades, limites, alcances y desafíos de la incorporación de una perspectiva intercultural en los procesos de políticas públicas»; en 2019 participé del taller sobre «Genocidio indígena como evento estructurante de las relaciones sociales en norpatagonia» junto a Laura Kropff y Miriam Álvarez y del taller sobre «La interculturalidad en el diseño de políticas públicas locales»; y en 2021 participé del armado y dictado de capacitaciones virtuales para construir un municipio intercultural.
6En el análisis de este proceso, la historiadora Marta Bechis (1992) ha abordado esta cuestión exponiendo las principales características del sistema político del Estado nación. Estas, según la autora, fueron: la homogeneización cultural de la población activa sometida al control estatal; y la ocupación efectiva del territorio por parte del Estado, con la imposición de lealtad de sus habitantes. De modo análogo, Hugo Trinchero (1998) sostuvo que la construcción del modelo de nacionalidad requirió de dos principios: uno positivo de afirmación de identidad (territorialidad, ocupación de espacios entendidos como vacíos) y uno negativo de otredad (otredad construida como enemiga, entiéndase, los indígenas que mantenían el control de los territorios a conquistar). En este marco, para lograr aquellos objetivos homogeneizadores y de control sobre los territorios y poblaciones indígenas, las campañas genocidas implicaron la violencia física, el aislamiento, el desmembramiento familiar, la relocalización, la imposición de una nacionalidad y cambios profundos en las formas y medios de vida de estos grupos (Delrio, 2005).
7Situaciones de esta índole se recuperaron en diferentes instancias de trabajo de campo realizadas en otra ocasión, tanto como técnica del reteci como para mi tesis doctoral. En ambas instancias trabajé, desde diferentes objetivos, con comunidades indígenas de la provincia de Río Negro. En este marco, el denominador común de las historias contadas tenía que ver con narrativas que daban cuenta de «cómo los abuelos escaparon de las corridas»; de cómo «pude escaparme de la casa de la rica esa y nunca más me encontró. Me escapé porque me tenía encerrada en cuatro paredes para que no me embarace y me vaya»; de cómo perdieron todo «por hacerle caso al teniente coronel que le dio su palabra y le dijo a mi abuelo "vaya para allá nomás que no lo va a molestar nadie"» o innumerables relatos que demuestran la connivencia de instituciones y fuerzas policiales en situaciones de despojo, desalojos y violencias (para profundizar en estas cuestiones, ver Guiñazú, 2017).
8Al respecto, algunos integrantes de comunidades indígenas relevadas en el marco de la Ley 26.160 mencionan que este tipo de prácticas separaron sus familias y que «cada uno que pudo, escapó para un lado diferente» o bien que «más allá de tener la tierra cada vez teníamos menos lugar y lo que teníamos no alcanzaba para todos», «muchos nos fuimos a buscar trabajo a otros lados». Relatos como estos ponen de manifiesto que estas prácticas también fueron creando y condicionando movilidades particulares.
9Al respecto, el capítulo de María Paz Argel y Melisa Cabrapan Duarte en este volumen analiza el cruce entre los clivajes de género, edad, clase, etcétera.
10Ejemplos de estas prácticas aparecen en relatos de personas relevadas en el marco del reteci (ver Guiñazú, 2016) y en relatos de las mujeres de la Mesa, asociadas a tener que migrar por trabajo, porque sus familias las encomendaban a algún lugar para trabajar con mujeres ricas, porque no había lugar para todos, porque habían perdido sus territorios (o parte de ellos) víctimas de engaños o deudas impagables, o por ser desalojados, llevados en camiones a otros lugares con sus pertenencias, donde estaban al no firmar por no saber, al no leer, al llevarlos en camiones porque en tal lugar van a estar mejor, por el aprovechamiento de que muchos no sabían leer y les hacían firmar con el dedo, entre otros relatos (ver Argel y Cabrapan Duarte en este volumen; Iglesias en este volumen).
11En 2015, la Ordenanza municipal 2641-CM-15 declara la interculturalidad del municipio. En esta normativa el municipio se compromete a adecuar su estructura estatal, a capacitar a su personal técnico y político y a otorgar presupuesto para materializar la ordenanza en políticas interculturales.
12Ver Iglesias en este volumen y Argel y Cabrapan Duarte en este volumen.
13El proyecto «Viajando con el recuerdo» surge a raíz del interés que tenían por viajar las personas mayores con las que trabaja la Dirección de Promoción Social. En relación a este interés, los técnicos a cargo de esta área de trabajo comenzaron a indagar en torno a dónde quisieran ir, que lugares les gustaría visitar y ahí surgió el tren y el campo. Por ende, se armó el proyecto solicitando una suma para viajes en colectivo y en tren. La partida no figuraba en el eje de interculturalidad, sino que está en el presupuesto de la Mesa de Personas Mayores. Además de esto, los técnicos articularon con diferentes áreas del municipio y de la provincia de Río Negro, a fines de obtener mayor cantidad de recursos para concretar los viajes a realizar en el marco del proyecto. Además, tal como lo relata Victoria Iglesias, trabajadora del municipio, «la partida de interculturalidad cuenta en su presupuesto con un proyecto marco/programa que se llama “Volviendo a las raíces” (una idea que no se había logrado implementar antes) con la intención de aplicarlo en/con cualquier grupo que quiera abordar esa temática, pero eso fue un efecto del proyecto “Viajando con el recuerdo”».
14En este punto remarcaré que para abordar la historia del territorio patagónico resulta ineludible abordar también la racialización y la etnicización indígena. No obstante, también es necesario explicitar que las subjetividades creadas no dan cuenta solamente de la dicotomía indígenas vs argentinos.
15Estas propuestas surgen también de las críticas al multiculturalismo y los límites de la política de identidades como dimensión de análisis y como práctica política.
16Cabe mencionar aquí que las políticas mencionadas con anterioridad (Ley 2287 y 26.160) también han implicado la participación de su población destinataria, con diferentes implicancias y aperturas, asociándose a diferentes matrices de relacionamiento entre Estado y sociedad (ver Guiñazú 2017) y asociándose también a la obligatoriedad de garantizar la participación indígena en los procesos, políticas y decisiones que los afectan.
17En contraposición al modelo racionalista top-down, el cual se centra, según los afirma Meny y Thoening (1992), en la aplicación de la norma en un contexto de administración específica de control.
18Para profundizar en los desafíos y metodologías implicadas en este proceso, ver capítulos de Argel y Cabrapan Duarte y de Iglesias.
19Ver capítulo de Iglesias, de Calfinao y Vivaldi y de Álvarez en este mismo libro.
20Al respecto, y en tanto antecedente, existen investigaciones que abordan el denominado proceso de reconciliación entre pueblos indígenas y Estado de Canadá. Estas recuperan una perspectiva indígena crítica sobre dicho proceso. En este sentido, dan cuenta de planteos indígenas que buscaron remplazar tanto la noción de reconciliación por la noción de reemergencia o de aseveración de la vida indígena, así como también reemplazar reconciliación por soberanía (ver, entre otros, Coulthard, 2014; Alfred, 2005; Barker, 2017).
21A modo de ejemplo de cómo otros países han abordado esta cuestión en torno a la reparación simbólica, el decreto-ley colombiano de víctimas, para pueblos y comunidades indígenas 4633 de 2011 explicita que «Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes en la eliminación de todas las formas de discriminación estructural, de no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la reparación histórica» (Decreto ley 4633, art. 3).
Auteur
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Samanta Guiñazú
Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Río Negro, Argentina.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Argentina.
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