1El 18 y 19 de octubre de 2019 se produjo una gran revuelta popular en Chile, fue uno de esos momentos que la historia acuña como un hecho de especial relevancia, significativo por los niveles de violencia popular en las calles y que generó una brutal respuesta represiva, hechos que recordaron las grandes protestas de mediados de los ochenta, sendas movilizaciones que cimentaron el derrocamiento de la dictadura en su expresión política. Sin lugar a duda, el octubre chileno de 2019 vino a romper una agonizante régimen político y social sustentado en los preceptos económicos neoliberales, dicho así, –resumidamente– se ha instalado un sentido común de tipo discursivo que está reemplazando al triunfo inapelable del ultraliberalismo que Chile ostentó durante más de cuatro décadas, una disputa en la hegemonía al decir de Antonio Gramsci.

2Las diversas fuerzas políticas, la mayoría de ellas a contrapelo de las demandas a favor del cambio de rumbo, han tenido que ir buscando matices y redefiniciones para adaptarse a esta nueva realidad. En ese esfuerzo el debate se ha hecho áspero y esa turbiedad en la discusión ha decantado en una crítica sostenida al sistema político en general. Dicho a la manera de los medios de comunicación se está viviendo una crisis de la clase política que, bien sabemos, no es una clase en sí misma, sino más bien un grupo de interés profesionalizado en la gestión de las instituciones del Estado. El problema de aquello es el agotamiento del prestigio de esas instituciones y sus gestores, totalmente alejados de la pulsión de las demandas populares.

3A partir de este estado de la situación política, forzada por las energías desatadas en las calles, es que se vuelcan las diversas demandas en un asunto particular: el cambio constitucional. Si bien no fue la única cuestión crítica contra el poder, la exigencia de una asamblea constituyente logró catalizar la diversidad de demandas constitutivas de la revuelta antineoliberal, es así como la lectura histórica se volvió fundamental en la discusión y desde ese trasfondo se constató la necesidad de dotar al país de un proceso constitucional de carácter novedoso en relación a los ejercicios anteriores respecto a la producción de la carta fundamental.

4Sergio Grez (2011) es claro en darnos esa mirada histórica para comprender el interés que ha despertado este proceso:

nunca se ha desarrollado en Chile un proceso constituyente democrático. Todos los textos constitucionales han sido elaborados y aprobados por pequeñas minorías, en contextos de ciudadanía restringida (como ocurrió con algunas variantes en el siglo xix) o como resultado de imposiciones de la fuerza armada (como sucedió durante ese mismo siglo e invariablemente en el siglo xx). Las tres cartas principales (1833, 1925 y 1980) tuvieron como parteras a las Fuerzas Armadas que, actuando como garantes del Estado y del orden social, pusieron sus fusiles y cañones para inclinar la balanza a favor de determinadas soluciones constitucionales propiciadas por facciones social y políticamente minoritarias. (p. 87)

5Es importante destacar cómo estos argumentos han sido permanentemente destacados en la campaña electoral que dio origen a la convención constitucional. Esto nos lleva a pensar que el momento político en Chile tiene que ver con una discusión ideológica, es decir, el debate se centra en el proyecto histórico de la sociedad, se piensa a Chile en cuanto nación o naciones en tanto el tipo de organización política y su carácter, qué Estado tendríamos y qué rol le cabría a cada agencia política y social en ese nuevo orden. Son preguntas centrales en la discusión y que siguen abiertas en un proceso sin interés ni de los sectores movilizados, menos de la opinión pública, protagonizado por los partidos políticos y de incierto resultado. En ese sentido vuelven a ser relevantes las visiones históricas, tal como expresa Gabriel Salazar (2015) al analizar el nacimiento del Estado chileno en los albores del siglo xix: «en el actual régimen democrático (neoliberal) la ética compulsiva del “orden en sí” reaparezca como guardaespaldas de la principal idea fuerza que proclama y rige hoy a la clase política nacional: la de gobernabilidad» (p. 15).

6Efectivamente, las tensiones en torno a la gobernabilidad han marcado el proceso constituyente. La estrategia de la derecha, minorizada en la extinta convención, pero no en el Congreso nacional, fue cuestionar el espacio constituyente e intentar reducirla en su acción, prueba de ello son las declaraciones de cargos electos en la convención, pero también en el Congreso nacional y los partidos oficialistas. La convención avanzó no sin problemas y se erigió en el gran foro político chileno desplazando de ese rol al Congreso nacional, todo ello en medio de un gobierno en retirada que, solo apostando a poner cortapisas al proceso buscó hacer control de daños a través de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021, y si bien no logró retener el ejecutivo, las derechas de diverso signo lograron empatar el Parlamento chileno. Por otra parte, las denuncias por las violaciones a los derechos humanos y la persistencia de un indeterminado número de presas y presos políticos de la revuelta solo enturbian a las cuestionadas instituciones políticas chilenas y devuelven el argumento de la gobernabilidad a los partidos tradicionales y su incapacidad para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.1

7Pero vayamos a lo central ¿cómo se gesta este proceso? En medio de la revuelta de octubre, en una intensa y turbia noche, el 15 de noviembre se cedía a la presión de la calle no sin tomar medidas para salvaguardar la representación de los partidos políticos incumbentes. Efectivamente, se iniciaba un camino para terminar con la constitución pinochetista, las protestas fueron amainando en parte mientras continuaba la descarnada represión policial, toda una situación descontrolada por parte del gobierno que llevó a conceder algunos arreglos al acuerdo político original, el que terminó por salvar al gobierno del presidente Piñera por una parte; pero por otro lado, abrió un insólito boquete democrático en el sistema. De esta manera la paridad entre hombres y mujeres para la elección a convencionales, los escaños reservados para pueblos originarios y las listas de independientes fuera de partidos dieron la campanada a un sistema político asediado que, complicado pero alerta, fue entregando –momentáneamente– a la sociedad civil movilizada el control del futuro poder constituyente.

8El denominado plebiscito de entrada inauguró el proceso con un sorpresivo 80 % a favor del cambio constitucional desde cero y sin la intervención del Congreso nacional.2 Este momento inicial abrió un proceso lleno de incertidumbres y errores. Pero también con la aparición de nuevos sujetos políticos venidos –esencialmente– de los movimientos sociales ambientalistas, feministas y de los pueblos originarios, desde allí y en adelante, hemos vivenciado un recambio en la política chilena que tiene cercado a los partidos políticos tradicionales, aunque no defina aun el tipo de proyectos políticos que venga a reemplazarlos, si es que cabe, o a redefinir su rol en la nueva estructura política. Junto a aquello, la ultraderecha ha vuelto por sus fueros. Acicateada por el triunfo del rechazo al proyecto de la nueva constitución y a un buen resultado parlamentario, se transforma en un convidado de piedra del sistema político chileno, el que intenta revestirse de nuevos rostros el nuevo itinerario constitucional propuesto por el Congreso nacional.

9Pero volvamos a la elección de los 155 constituyentes que fue postergada producto de la pandemia y generó mucha incertidumbre debido a diversas decisiones como el de celebrarlas en dos días, hecho inédito en Chile, y bajo el control de un gobierno absolutamente desprestigiado. Aun así, el proceso arrojó un sorprendente resultado para vetar a la derecha y a una exconcertación con un peso mínimo. Los grandes ganadores fueron los independientes en listas sin partido y los movimientos sociales, quienes han pagado cara su falta de experiencia al mantener el discurso y la motivación que los llevó hasta la convención. Esto tiene su mérito si pensamos en la facilidad que ofrece el adscribirse a proyectos consolidados como los de partidos tradicionales. No hemos observado aquello y esto augura el surgimiento de proyectos que, tarde o temprano, renueven efectivamente el sistema político chileno en los años venideros si persiste la intención de dar cuerpo a las demandas e ideas expresadas en la revuelta y surgidas de la crítica al neoliberalismo imperante.

10El desafío del espacio constituyente guardó relación con la efectividad de su ejercicio de soberanía. Ya ha habido debate en torno a ello, por ejemplo, respecto a la refundación de las cuestionadas policías, o el debate en torno a los quorums para aprobar el articulado de la carta fundamental que se redactó, también sobre la inclusión de los plebiscitos dirimentes –de carácter intermedio– para resolver mediante consulta popular las discusiones que no cumplan con los quorums. En relación con esto, el desafío no fue superado. Si se consideran los poderes económicos y políticos que bregaron por minimizar el impacto de las ideas transformadoras sobre la nueva constitución, podemos tener una primera explicación y en ello fue fundamental la falta de legitimación que la convención consiguió entre el pueblo, particularmente entre los sectores no movilizados, prueba que tampoco fue ni asumida ni cumplida.

11Ahora bien, en ese sentido, el debate desatendió las necesidades y preocupaciones populares. Es del todo relevante que cuestiones como el régimen de trabajo o la propiedad de la tierra quedaran sin ser debidamente abordados, al decir de María Angélica Illanes:

Escuché decenas de programas de constituyentes invitados y nadie tenía ninguna propuesta para el tema de la tierra, nadie, es como un tema tabú, está el trauma –en el inconsciente de Chile– de una reforma agraria que los que más la han aprovechado han sido ellos mismos (la derecha). (Silva Hidalgo, 2021)

12Sin lugar a duda, la tarea fue enorme y sectores que miraban el proceso entre la expectativa y la incredulidad terminaron por darle la espalda al trabajo de la convención. Es totalmente cierto que poco o nada bueno ha provenido de los procesos institucionales en Chile desde 1973 y el ejercicio de lo que expresa la frase «rodear la convención» dejó decepcionados a amplios movimientos y sectores populares que intencionan la transformación del país.

13En este sentido surgen importantes preguntas para el futuro, si el proceso constituyente chileno, ahora en clave institucional, llega a buen puerto, ¿podrá entregar suficientes elementos para generar un cambio de modelo económico, político y social que logre defenestrar el neoliberalismo? ¿Qué nuevos proyectos políticos se estructurarán para viabilizar ese hipotético cambio modélico? Desde el Estado nacional, ¿se reconocerá el valor del proceso constitucional para generar los cambios previstos? ¿Cómo asumirán los movimientos sociales y populares la reconfiguración de la discusión política en este nuevo marco?

14Las interrogantes son muchas y de gran calado porque el proceso constituyente pudo cambiar el país radicalmente y sin ese elemento sobre la mesa el panorama es absolutamente incierto si consideramos que la posta de la iniciativa constitucional la tienen los sectores más conservadores. Pero la revuelta abrió un forado que hoy se expresa en anomia respecto a este momento del proceso constituyente, que puede cambiar rápidamente. Por ahora solo hay preguntas y eso hace que estemos atentos a la discusión.