Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Araucania-Norpatagonia II

 | 
Paula Núñez
, 
Andrés Núñez
, 
Marcela Tamagnini
, 
et al.

Eje 1: Disrupciones de lo institucional

Capítulo 1. Orden y comercio. La construcción de Estado y ciudadanía en la cordillera norpatagónica a principios del siglo xx

Jorge Muñoz Sougarret et Eva Muzzopappa

Texte intégral

1. 1. Del territorio a la frontera

  • 1 Este trabajo se enmarca en el proyecto diula 12/16 «Acceso restringido: paisaje, poder y política (...)

1Tanto el Gobierno argentino como el chileno, tras las denominadas Conquista del Desierto y Pacificación de la Araucanía, comenzaron un proceso de instalación y presencia de las jurisdicciones estatales en la Norpatagonia. Sin embargo en esta región, al menos hasta la década de 1910, las fronteras entre la Argentina y Chile no se hallaban totalmente consolidadas. Tanto la gente como la producción continuaron patrones de interrelación a través de los pasos cordilleranos que habían sido utilizados por los indígenas y que eran aprovechados también por el sector de los estancieros, ya radicados a uno y otro lado (Delrio, 2015).1

2Así, desde los diversos emplazamientos de ambos Estados nacionales, se fueron diseñando misiones y funciones para estos nuevos territorios que se configuraron como un área de frontera (Méndez y Muñoz, 2013; Lenton, 2005). Tal como especifican Benedetti y Salizzi (2014), la importancia de la frontera no radicó exclusivamente en su función material como demarcadora de espacios o dispositivo para impedir o facilitar la circulación de bienes y personas. Por el contrario, sino también en la producción de sentidos socialmente asignados a los imaginarios territoriales sobre los países.

3Respecto de este período, y del área norpatagónica argentina en particular, Diana Lenton (2005) realizó un repaso y una crítica a las perspectivas analíticas del impacto de la Campaña del Desierto. Así, discutió con algunos autores que ponían en cuestión la magnitud de esta novedosa forma de estatalidad inaugurada en 1880 en referencia a la articulación política en la frontera (Lazzari, 1996; De Jong, 2004). O que planteaban la necesidad de no tomar este evento como un acontecimiento que segmenta totalmente el proceso histórico de relaciones interétnicas. Proponiendo, por el contrario, tomarlo como una continuidad en lo relativo al carácter excluyente de la incorporación de población a la sociedad nacional. Ahora bien, frente a estas perspectivas y siguiendo a Julio Vezub (2002), Lenton hace un planteo específico para el caso argentino, sin desconocer los compromisos y rupturas con los esquemas de poder preexistentes como condiciones a partir de las cuales los Estados-nación crearon una nacionalidad para sus ciudadanos. Este apunta a que la novedad del programa del presidente Julio Argentino Roca residió en la nacionalización de la política de fronteras. Por tal medida, se entendía que no debía quedar espacio del territorio nacional fuera del proceso expansivo de la frontera estatal. La Campaña al Desierto deviene así un parteaguas que ordena las identidades étnicas y convierte la antigua diversidad en dicotomía barthiana: nosotros-otros.

4Considerando entonces dicha novedad, de acuerdo a Walter Delrio y Pilar Pérez (2011), surgen ciertas preguntas con respecto al desarrollo de los procesos y proyectos políticos. La primera de ellas interpela la periodización de la construcción y consolidación estatal en los territorios incorporados hacia fines del siglo xix por parte de los Estados nacionales. La segunda apunta a replantear las formas de construcción social del espacio. Esto, en cuanto a la nueva territorialidad impuesta por la formación estatal y la modificación de las preexistentes, como a su percepción por parte de los sujetos y colectivos sociales. Los autores, al indagar en los procesos de institucionalización de esta estatalidad, analizan la documentación militar y encuentran, hacia marzo de 1883 y tanto en Chile como en la Argentina, el reemplazo de las categorías de clasificación previas. Estas hacían referencia a distinciones étnico-culturales, a diferencias lingüísticas o a alianzas políticas, entre otras. En su lugar, son reemplazadas por la dicotomía entre indígenas chilenos e indígenas argentinos.

5Esta distinción (chileno/argentino), congruente con el lugar que la nación tuvo en estos nuevos Estados, promovió una comunalización y la generación de sentidos de pertenencia (Brow, 1994) en función de una organización basada en la contigüidad territorial (Maine, 1893). En ella, el desarrollo del Estado sustituye la protección de los parientes por la de la ley, mientras debilita la solidaridad interna de los grupos de parentesco (Morgan, 1877). Dicha perspectiva, plenamente vigente a fines del siglo xix, entendía que la evolución de las sociedades incluía el paso desde una organización basada en el parentesco a una que considerara el territorio como eje articulador. Es a este carro de la civilización que intentaban sumarse las nacientes repúblicas sudamericanas.

6Territorio y población son dos de los ejes fundamentales en este esquema, al cual debe sumarse el de la lógica que une intrínsecamente al Estado con la nación. La frontera adquiere, en este contexto, nuevos significados, asociados también a una perspectiva romántica de la nación. A esta apelarían los Estados en adelante, ya que moviliza simultáneamente mecanismos coercitivos y simbólicos para la construcción y perduración de un nuevo orden. Si la instalación de ejércitos y cuerpos armados profesionales en América Latina a fines del siglo xix operó como la materialización del principio de la violencia legítima –en el control poblacional y la contención de levantamientos e insurgencias de diverso carácter–, la idea de nación irrumpió como una herramienta conciliadora, promoviendo el concepto de interés común (Muzzopapppa, 2006, p. 52). La categoría de nacional fue estableciéndose asimismo como un indicador de conducta y se conformaron patrones ideales asociados a nacionalidades. Dentro de esta cosmovisión y lenguaje, el progreso, el orden y la moralidad estaban asociados a los pueblos civilizados (europeos) y a los involucrados en la gesta civilizadora. Mientras tanto, lo primitivo, la ignorancia y los vicios quedaban reservados para la población indígena y otros sujetos refractarios a los nuevos esquemas civilizatorios.

7En la Argentina, se estableció una homologación entre los sujetos sociales indeseables y la nacionalidad chilena, proyectándose una dicotomía desde las instituciones gubernamentales que dificultó la inclusión social de los chilenos y les hizo blanco fácil de la represión policial (Lenton, 2005). La criminalización de la nacionalidad y la pertenencia étnica fue ejecutada por nuevas organizaciones policiales, creadas especialmente para el espacio fronterizo, que interpretaron y reprodujeron la visión nosotros-otros en términos de nacionalidad. Esto provocó la ruptura de las antiguas alianzas de convivencia entre los habitantes de los espacios fronterizos, quienes comenzaron a experimentar y practicar el paulatino establecimiento y reificación de los límites estatales.

8Este trabajo indaga en estos procesos de construcción de las nociones de territorialidad, Estado y nacionalidad a partir del análisis de un conflicto particular, acontecido en 1911. Ese año, en respuesta a algunos reclamos por maltratos y aprehensiones ilegítimas de ciudadanos chilenos llevadas a cabo por la Policía Fronteriza en el Territorio de Río Negro, el Gobierno de ese país destinó un funcionario para realizar un reconocimiento de la situación en Bariloche. La condición ambigua de este, a la vez prefecto de policía y funcionario de la Compañía Ganadera y Comercial Chile-Argentina, generó una serie de incidentes tanto a nivel local como nacional. Ellos permitirán dar cuenta de los procesos de construcción e instalación de la estatalidad en la región y de la gestión de tales conflictos por diversos agentes privados para consolidar una estructura social de la región del lago Nahuel Huapi, afín a sus intereses.

1. 2. Privatización del territorio y segmentación social

9Desde el inicio de los procesos paralelos de avance de los Estados nacionales sobre los territorios indígenas autónomos de la Argentina y Chile, un número importante de población chilena comenzó a ocupar los valles andinos en busca de refugio y protección de los abusos que su ejército ejercía sobre la civil. Por lo tanto, al momento de las disputas limítrofes al sur del paralelo 42, en los valles andinos se encontraba diseminada una importante cantidad de población proveniente del país vecino.

10Para la Cancillería chilena, aquellos sujetos eran centrales respecto del poblamiento de la zona. Dicha importancia se había plasmado en una ley de colonización en los antiguos territorios de la Araucanía, dictada en 1890 (Almonacid, 1998, p. 33; Novick, 2000, p. 94). Asimismo, en el agregado de 1896 de un acápite particular para los retornados chilenos desde la Argentina, se les otorgaba mayores extensiones de tierras en su país. Sin embargo, al colocar ciertos condicionantes –como que las solicitantes fueran familias conformadas según la ley, que el hombre supiese leer y que no estuviese condenado por ningún delito– (Pérez Canto, 1906, p. 180; Torrealba, 1907, p. 150; Comisión Parlamentaria de Colonización, 1912, p. 20), hicieron cuasi inviable este reclamo por parte de los colonos chilenos retornados. Un análisis del censo poblacional de 1907 permite ver que solo un 30 % de la población chilena había contraído matrimonio y el número de hombres letrados alcanzaba un 42 % (Pinto, 2010, pp. 51 y 62).

11Por su parte, el Gobierno negoció con innumerables empresas privadas y colonos extranjeros con el objetivo de impulsar la inversión privada en los valles en disputa. A los colonos se les otorgaron concesiones de tierra a cambio del poblamiento en las zonas andinas y la generación de producción y empleo para los demás habitantes de la zona. Además, también se les solicitó el compromiso de adscribir plenamente a la nacionalidad argentina (Navarro, 2010, pp. 28-29). Bajo aquella estructura, se instalaron empresas de capitales extranjeros que asumieron la estética nacionalista, las directrices de «Progreso, Paz y Administración» que el Gobierno del presidente Roca proponía (Roca, 2009). Así también, un rol vigilante del orden social, en particular para impedir la gestación de agrupaciones de trabajadores, tanto por oficio como por nacionalidades.

  • 2 La historiadora argentina Susana Bandieri explicó así tales políticas: «Según el discurso oficial, (...)

12El acuerdo de paz y el arbitraje británico había puesto fin a las hostilidades entre la Argentina y Chile en 1902, con lo cual ambos Estados comenzaron sus respectivos procesos de instalación burocrática junto al cabal reconocimiento de la propiedad privada a los nuevos concesionarios.2 Los Gobiernos de estos países, que habían gastado ingentes montos en la erogación de comisiones científicas y propagandísticas para relevar los valles andinos en los años previos al arbitraje, vieron en las concesiones de tierras a privados un mecanismo rápido de generación de riqueza en los territorios adjudicados. Las empresas, conscientes de ese proceso, lentamente comenzaron a solicitar mayores cuotas de injerencia en las decisiones políticas y una protección directa de los Estados a su producción.

13Administrativamente, los espacios nacionales que fueron concesionados correspondieron a la provincia de Llanquihue, en Chile, y a las franjas andinas de los Territorios nacionales de Neuquén, Río Negro y Chubut. Para el caso argentino, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se promulgó la Ley de Fronteras (1878), que creó la Gobernación de la Patagonia. Esta permaneció hasta el año 1884, cuando la Ley Nacional 1532 la dividió en los Territorios nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nos detendremos aquí en la región circundante al lago Nahuel Huapi, perteneciente a Río Negro, que se gestó como una doble frontera, nacional y del territorio (ya que la capital permanecía en la costa Atlántica).

14Desde fines del siglo xix, en las inmediaciones del lago, se habían asentado empresas comerciales de capitales multinacionales (particularmente alemanes, ingleses y chilenos). Estas se abocaban a la compra de lana y cueros sin elaborar, que luego exportaban al mercado alemán por la vía de los puertos chilenos. Entre 1900 y 1904, la empresa principal fue la Hube y Achelis, en la cual confluían capitales alemanes con la experiencia comercial de las principales familias de Puerto Montt, en Chile. En este punto, la promulgación en 1902 de la zona del Nahuel Huapi como colonia agrícola y pastoril vino a consolidar la posición de estas empresas, que fueron reconocidas tempranamente por el Gobierno argentino como las principales interlocutoras de los pobladores andinos. A escala local, estas empresas supieron granjearse el favor de los funcionarios estatales, otorgándoles facilidades de traslado, alojamiento e inclusión social. Todas estas dádivas no despreciables para individuos que, aunque llegaban a la región por portar los estandartes del Estado, carecían de bases sociales que les permitieran llevar a cabo su labor (Gavirati, 2014, pp. 75-76). Debido a esta particular situación, autores como Mateo Martinic (2012) afirmaron que el orden se logró en la Patagonia únicamente en los espacios donde existieron poderes privados fuertes, capaces de imponer la paz a sus trabajadores y extender aquel modelo al resto de la población. Dicha perspectiva entiende que los Gobiernos nacionales asumieron un rol de invitados, más que de actores.

15De manera paralela a esta injerencia en el desarrollo de los asuntos de Gobierno locales, los registros documentales muestran la generación, por parte de estos empresarios, de mecanismos de selección de sus trabajadores. Esta selección era, a su vez, era utilizada como un mecanismo de validación social. Así, los trabajadores chilenos llevados a Nahuel Huapi por la Hube y Achelis, que provenían en su mayoría de la isla de Chiloé, adquirían un reconocimiento por parte de las autoridades administrativas diferente al de sus connacionales emigrados libremente a la zona del lago.

16En relación con esta particular forma de generación y acumulación de recursos, se puede señalar al ingeniero Emilio Schieroni. En 1907, realizó a petición del Estado argentino ciertos estudios de mensura para el establecimiento de la ciudad de San Carlos de Bariloche. A partir de ellos, detalló en sus cuadernos la dinámica establecida entre el Gobierno local, la población y las empresas. Su informe decía así:

  • 3 Se mantienen las grafías de los documentos originales.

Las primeras poblaciones que son las reservadas por Leúcero determinan el principio de una organización de una vida urbana que comprende la casa de comercio de Hube y Achelis, el hotel de Juan Riveiro, la panadería de Ángel Porro, el Resguardo Nacional al mando del mayor Newbery etc. El eje de acción y progreso ha sido después la casa de comercio citada. Con la construcción de su muelle y la navegación del lago intercambiando productos á Chile, su molino, su aserradero, sus tropas de acarreo que viaja al territorio rrodeose de empleados, operarios y peones que se poseyeron alrededor de esta casa levantando viviendas de madera donde las hay abundante y trabajable. La población que se conformó después y que yo encontré arraigada y haciendo vida independiente, con toda ha dependido de la casa de Hube y Achelis, ya como empleados, contratistas, habilitados etc.3 [El resaltado es de los autores]

17Schieroni destacaba la gran dependencia de la organización de la vida urbana en general y de los trabajadores en particular, respecto de la empresa. Así, el poblador proveniente de Chile (o identificado como chileno) era aceptado y bien recibido en tanto permaneciera junto a la empresa y demostrara que, por vía de su trabajo, podría ganar su independencia. Esa libertad era esquiva en vistas del código rural, implementado ya en 1894. Este dictaba, para los Territorios nacionales, la obligación para hombres y ganado de portar una papeleta identificadora: de propiedad para los ganados y de afiliación laboral para las personas. El uso de tales papeletas, pensadas para restringir el robo de ganado, servía además para controlar a la población trabajadora y restringir su capacidad de movimiento y asociación (Mases y Rafart, 1997, pp. 112-114).

18En los Territorios nacionales, donde estaba vetada la ciudadanía política a sus pobladores, la única ciudadanía posible era la social. Pero, para ser ciudadano, era central contar con la agencia de las empresas comerciales y ganaderas, quienes concentraban gran parte del escaso capital político de la región y lo distribuían exclusivamente entre sus asociados. En el primer momento, las empresas comerciales y ganaderas pudieron ejercer un efectivo control de la población de la norpatagonia andina (por la vía de esta diferenciación social por el acceso al trabajo, los vales u otros medios). Sin embargo, pronto el abigeato y el asalto a las estancias aisladas comenzaron a establecerse como el eje de la demanda por la implementación de una fuerza policial especial. Las empresas se constituyeron así en las voceras de la sociedad civil: confluyendo, reforzando y direccionando la coerción física del Estado; que dejó de localizarse predominantemente en las fuerzas armadas para centrarse en las funciones de policía y en el disciplinamiento (Lenton, 2014, p. 185).

19Así, a principios de 1911 se crearon las policías fronterizas de Chubut y Río Negro. La primera tenía asiento en Súnica, localidad cercana a la colonia 16 de Octubre y la segunda, en Bariloche. Los jefes respectivos fueron el mayor Mateo Gebhard y el comisario Adrián Del Busto. La misión con que se fundaron, en principio, era generar una campaña contra el bandolerismo en la zona andina. En un segundo momento, fue la de reemplazar a la policía territoriana (dependiente de las gobernaciones) que era considerada deficiente (Pérez, 2009). Paralelamente en Chile también se había creado una fuerza policial que controlaba exclusivamente las provincias de la Araucanía y la Norpatagonia. Denominada originalmente Gendarmes de Frontera, luego pasaron a llamarse Carabineros, en relación con el arma que utilizaban. Hacia 1911, ya se habían establecido en la región (El Llanquihue (1911a).

20La mirada de las nuevas policías retomó y profundizó un modelo segmentado de sociedad, reforzando la diferenciación entre aquellos sujetos asociados a las empresas y los que no lo estaban, así como entre chilenos y argentinos. La prensa de Puerto Montt destacaba, a partir de la publicación de notas de corresponsales o cartas de pobladores, los abusos de estas policías. En ellas, afirmaban que el simple hecho de provenir de Chile era considerado como una prueba inculpatoria por parte de las autoridades argentinas. Un corresponsal cifró en 57 el número de chilenos detenidos en Río Negro y Chubut, publicando sus nombres y lugares de aprehensión (El Llanquihue, 1911a). De la misma manera eran perseguidos ciertos grupos de pobladores rurales bajo el argumento de que, al compartir la nacionalidad con los bandoleros –presumiblemente gran parte de ellos chilenos– ejecutaban actos de protección hacia ellos. No obstante, nunca se traspasaba este tipo de sospecha a los empresarios, empleados y trabajadores de las compañías comerciales y ganaderas provenientes también de Chile. Este modo de actuar focalizado de las policías terminó por tener repercusiones en la prensa periódica chilena.

1. 3. Entre la sociedad comercial y la sociedad nacional

  • 4 Tras un escándalo de notoriedad, por acusaciones de contrabando, la Hube y Achelis había cambiado s (...)

21Durante el mes de noviembre de 1911, el periódico El Llanquihue de Puerto Montt comenzó a publicar una serie de cartas de pobladores chilenos que habitaban los valles del Manso, Torel, Bolsón, Epuyén y Cholila. En ellas, denunciaban el constante acoso, malos tratos y aprehensiones ilegítimas llevadas a cabo por la Policía Fronteriza (El Llanquihue, 1911c y d; ambos en la portada). La prensa local adujo que tales abusos se producían por la vacancia consular en Nahuel Huapi, que gestaba una presión a nivel política que aceleró el nombramiento de un nuevo vicecónsul chileno en Bariloche (El Llanquihue, 1911e). Carlos Boos, el elegido para ejercer este cargo, era oriundo de Alemania y se desempeñaba ya en esta ciudad como gerente de la Compañía Ganadera y Comercial Chile-Argentina.4 No debe dejar de señalarse la relevancia de esta empresa y su antecesora –la Hube y Achelis– en la propia conformación de Bariloche en particular y en la región norpatagónica en general. En la primera década del siglo xx, era la empresa que controlaba la mayor cantidad de territorio, tanto del lado chileno como argentino. Tenía absoluto control del tránsito transcordillerano y se presentaba como el principal referente social y político de la región. Particularmente por sus nexos diplomáticos, pero así también por su control de dos salidas al océano Pacífico, que constituían una insularidad legal y económica que la instalaba como un modelo empresarial supranacional (Méndez y Muñoz, 2013).

  • 5 Una carta publicada por La Alianza Liberal dice que era voz común entre los chilenos la combinación (...)
  • 6 Uno de los telegramas dice: «Noviembre 22. Se ha denunciado al Ministerio que autoridades en Chubut (...)

22De tal manera que el nombre de Boos entregaba confianza a la sociedad local chilena de Bariloche, particularmente por su cargo en la Chile-Argentina, y se esperaba que lograra diferenciar a la gran masa de pobladores chilenos, «que habitaban en paz» de los bandoleros (La Alianza Liberal, 1911a). El Gobierno chileno había decidido intervenir, en parte para evadir las acusaciones de estar en conocimiento de este accionar de la policía Fronteriza, que incluso en ocasiones realizaba las incursiones de manera conjunta con los carabineros.5 De tal manera que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Enrique Rodríguez Carmona, instruyó también al intendente de Llanquihue para que nombrase a un hombre de su confianza a fin de realizar una investigación sobre los posibles abusos denunciados.6 Mientras, en el transcurso de esos mismos días, coordinaría una política conjunta con el embajador argentino en Chile, Lorenzo Anadón, para atacar el flagelo del bandolerismo en los espacios fronterizos (La Alianza Liberal, 1911d).

23El intendente Eduardo Wolleter informó entonces que sería enviado el señor Francisco Melo Franco, funcionario de la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, a realizar un reconocimiento de la situación en Bariloche. Aprobado el viaje por el ministro, este se realizó en transportes proporcionados por la Chile-Argentina (Archivo histórico, Ministerio de rree, 1911b). Ya en Bariloche, Melo se alojó en la casa del cónsul chileno, Carlos Boos, que estaba situada a un lado de la tienda de la empresa. Por lo mismo, en la prensa decían que el señor Melo atendía e interrogaba tanto en la casa de Boos como en la tienda de la Chile-Argentina (La Alianza Liberal, 1911e). Por su parte, la prensa de Puerto Montt indicaba que Melo era prefecto de policía y que en el viaje estaría acompañado por el subinspector de policía, Alfredo Ramírez, y por Froilán Muñoz, chileno expulsado de la Argentina por la policía fronteriza (El Llanquihue, 1911f).

  • 7 «Diciembre 17. Empleado comisionado para investigar sucesos Bariloche i Chubut don Francisco Melo c (...)
  • 8 «Diciembre 18.- Gobierno Argentino dice que Comisionado que envió Us. para averiguar asuntos Baril (...)

24Pero esta doble adscripción de Melo, que era conocida por las autoridades ministeriales, derivó en una incómoda situación al momento de llegar a Bariloche y ejecutar la comisión por la cual estaba mandatado. Frente a las autoridades argentinas se presentó como prefecto de policía y exigió poder entrevistar a los detenidos chilenos. A esto obtuvo una abierta negativa por parte de los funcionarios argentinos, que adujeron que su cargo no sería reconocido y mucho menos su potestad para entrevistar en privado a los imputados.7 En paralelo, las autoridades argentinas informaron de esta situación al ministerio chileno. Desde aquí, se escribió al intendente para que desautorizara a Melo, ya que no iba como funcionario policial sino como agente de una empresa privada.8

  • 9 «Diciembre 19.- Contestando telegrama Us. fecha de ayer digo que a pesar instrucciones dadas al Co (...)
  • 10 «Diciembre 21.- Á pesar de lo que Us. me dice en su telegrama de fecha 19, de haber ordenado regre (...)
  • 11 «Diciembre 22.- Hoy 10 am. recibí telegrama Comisario argentino del Busto diciéndome comunicarme q (...)

25El impase entre Melo y las autoridades argentinas, particularmente con el encargado policial Adrián del Busto, rápidamente fue notificado por la prensa puertomontina (La Alianza Liberal, 1911f). Luego de la reconvención ministerial, la Intendencia de Llanquihue quiso despegarse del comportamiento de Melo en Bariloche y aseguró al ministro que se le había pedido, desde un primer momento, que se presentara como particular.9 El día 21 de diciembre, a fin de evitar un posible conflicto en el ámbito de cancillería, se instruyó al intendente para hacer que Melo retornara a Puerto Montt a la brevedad;10 el intendente telegrafió entonces solicitándole su inmediato retorno a Puerto Montt y el abandono de todas las gestiones que estuviera haciendo (Archivo Histórico, Ministerio de rree, 1911g). Pero un día después, sin aviso previo, el encargado de la policía de Bariloche telegrafió al intendente Wolleter para hacerle saber que todos los problemas con la comisión Melo se habían terminado. Mientras, Melo confirmaba la situación y especificaba que «dificultad con comisario del Busto nacía de que este creyó él actuaba carácter prefecto, pero convencido obraba como particular todo se ha allanado».11

26No resultaba desdeñable, en este conflicto, el cariz nacional que había tomado la lucha contra el bandolerismo en los valles andinos de Río Negro y Chubut. El principio de nacionalidad intentaba instalarse fuertemente en la zona de fronteras, generando efectos en las políticas de Gobierno de Chile y la Argentina. En ese sentido, la disputa adquirió tintes nacionales y en la Argentina se identificó a los bandidos con los chilenos. Mientras, desde Chile fue solicitada la defensa de los individuos a través de la prensa y la opinión pública, en función de su nacionalidad y no desde las actuaciones personales. De tal manera que el hecho que Melo lograra mayor éxito en su gestión como parte de una empresa privada –dejando de lado su carácter de funcionario estatal– se entiende por dos razones. Por un lado, por la estrecha y particular relación que la misma había entablado ya a lo largo del tiempo con la administración local. Por otro lado, porque en este contexto de aplicación del principio de nacionalidad, su desvinculación con el Gobierno chileno permitía establecer cuáles eran los derechos que defendía: claramente, los de la empresa y no los de Chile en tanto Estado-nación vecino. Paralelamente, el vicecónsul Carlos Boos se unía exitosamente a las expediciones y redadas de la policía fronteriza contra el bandolerismo, apegado al acuerdo original entre la Argentina y Chile de erradicación del bandolerismo en todas sus formas desde los valles andinos. Para ello, destacaba su mirada como funcionario de la Chile-Argentina, entendiendo que los bandoleros, y sus redes de protección, colocaban en riesgo la estructura empresarial.

  • 12 La Alianza Liberal se refería así al actuar de Boos, los días 22 y 23 de diciembre: «En su oportuni (...)
  • 13 «Diciembre 26. Sírvase disponer inmediato regreso Comisión Melo.- Firmado.- Ministro de Relaciones. (...)

27Sin embargo, lo que funcionó localmente resultó lapidario del otro lado de la cordillera. Carlos Boos fue fustigado por la prensa chilena por no presentar protesta alguna ante el arresto de individuos chilenos, mientras se afirmaba que había faltado a sus labores de «defensor de los chilenos en el extranjero»,12 actuando en defensa de los intereses de la Chile- Argentina. La descalificación de Boos se hacía eco, también, del profundo sentimiento antigermano que, desde inicios del 1900, imperaba en la política chilena. Inclusive, la escalada del discurso nacional obligó a inhibir los motivos originales de la Comisión Melo –conocer la situación del bandolerismo–, resultando favorecida la tesis de que el problema no era el bandolerismo sino la nacionalidad. Desde esta perspectiva, resulta comprensible la petición del ministro chileno para que Melo retorne en pleno hermetismo a Chile. Las conclusiones de la Comisión Melo sobre el bandolerismo eran irrelevantes en relación a la posición del Gobierno frente a la situación de los chilenos en la Argentina.13

28Pocos días después del retorno de Melo a Puerto Montt, el ministro de Relaciones Exteriores chileno debió defender frente al congreso sus decisiones. Al ser interpelado allí por causa de esta situación, apuntó directamente a la nacionalidad del vicecónsul como motivo de su accionar discordante. Sin embargo, evadió mencionar el rol de la empresa Chile-Argentina tras el actuar del cónsul y el prefecto de policía en la defensa de sus intereses comerciales (La Alianza Liberal, 1912a).

29El modelo de sociedad organizada corporativamente por las empresas había sido visto por los Estados como algo positivo para el desarrollo local. Pero aquella situación comenzaba a cambiar en un contexto de disputas interestatales, donde primaban los discursos supralocales (como el de la nacionalidad) por sobre la implementación de formas locales de ordenamiento social.

  • 14 La carta más clara en tal línea fue firmada por los hermanos Guillermo y Arturo Willer, Arturo Egge (...)

30En este contexto, varios habían sido los chilenos que habían denunciado que, tras el papel jugado por la policía fronteriza, existía la decisión superior de expulsar a los pequeños propietarios y ganaderos provenientes de Chile.14 En Río Negro, un número importante de grandes estancias era de empresas de capitales extranjeros, las que recelaban la aparición de nuevos actores en un mercado que ellas creían controlar (tanto al nivel económico como social). Por ejemplo, la Chile-Argentina, en 1911, contaba con poco más de 200 peones provenientes de Chile y un centenar de trabajadores estables (Méndez, 2010). Sin embargo, en ningún informe policial se menciona la aprehensión o imputación de delito a alguna persona asociada a la empresa o cualquier otra ganadera de capitales extranjeros. Esto resulta, al menos, llamativo. Especialmente cuando, en 1912 y al ser sobreseídos los 50 chilenos detenidos o imputados por estas causas, acusaron que sus prolongadas detenciones se debieron a la desidia del vicecónsul en Bariloche –Carlos Boos–. A su vez, señalaron que su libertad se debió a la intervención del cónsul chileno con asiento en Neuquén –quien era un funcionario de carrera y había litigado en favor de los chilenos desde la agravante de su nacionalidad, no desde la ilegitimidad de sus inculpaciones– (La Alianza Liberal, 1912d y 1912e).

31Algunas de las autoridades argentinas criticaron luego este cercano actuar de la policía fronteriza con los intereses particulares de las sociedades ganaderas. Entre ellos, el propio Adrián del Busto. Este, una vez desvinculado de su cargo en la policía fronteriza, advirtió en 1913 al director de Territorios nacionales, Isidoro Ruíz Moreno, ante el nombramiento de Mateo Gebhard como jefe de las policías fronterizas del sur. En una carta denunció la incestuosa relación entre Gebhard y las compañías ganaderas, diferenciando su actitud frente a las mismas: «Jamás pedí a compañías extranjeras que pidieran a sus directorios de Londres o Berlín telegrafiaran al ministro del interior, el que desde que estaba la policía de Gebhard recién daban dividendos las estancias». Finalizaba con una decisora sentencia: «Mateo Gebhard, si servil y adulón con el poderoso, (era) cobarde e inquisitorial con el desgraciado» (Pérez, 2009, p. 6).

32El avance contra el poder y la influencia de estas empresas transnacionales adquirió nuevos tonos con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, que dejó sin mercados a Chile y Argentina tras el cierre de las rutas de exportación. En un mediano plazo, aquello debilitó la posición política de estas grandes empresas, que habían instalado y practicado la posibilidad de pensar una economía dirigida por privados, sorteando y aprovechando alternativamente la mediación estatal.

33Así, este debilitamiento llevó a que, en 1916, la Chile-Argentina liquidara la totalidad de sus bienes, pasando a ser poco tiempo después el comerciante italiano Primo Capraro el único propietario de la parte comercial. El establecimiento del cierre aduanero en 1920 restringió la filiación económica de la región con Chile, estableciéndose un giro que redefiniría el sentido económico de la zona. Esta vez, reorientándolo hacia las respectivas economías nacionales (Mendez y Muñoz, 2013; Bandieri, 2005).

1. 4. De la ficción a la forma

34El Estado, dice Philip Abrams (1988), es una «ficción», una «ilusión bien fundada» a partir de procesos de sujeción y legitimación que ha dado lugar a «formas estatales» bien reales que se encuentran corporizadas en campos burocráticos más o menos estables y duraderos. Los que deben ser analizadas como un complejo sistema de relaciones sociales y de poder entre grupos, agentes y organizaciones. Se trata, en definitiva, de una arena de disputas que se desarrollan en torno al poder de lo estatal. Entendido este como la capacidad de esta poderosa ficción de transformar, innovar o mantener condiciones que repercuten de diversas maneras y con distinta intensidad en la vida cotidiana de los sujetos (Muzzopappa y Villalta, 2009).

35El abordaje histórico y etnográfico de la construcción de ese aparato estatal, tal como lo propone Pierre Bourdieu (2005), permite desarmarlo y desreificarlo; en este sentido, el evento aquí desarrollado da cuenta de aspectos particulares en lo que hace a la conformación de la tríada territorio-Estado-nación en la Norpatagonia argentino-chilena. Entendiendo que las variables de interés comercial, orden social y principio de nacionalidad permitió la confluencia –y, por supuesto, la divergencia– entre los agentes económicos de la región, los poderes locales y el Gobierno central.

36En el caso de la región circundante al lago Nahuel Huapi y el valle del Manso, la posición socialmente hegemónica de las empresas ganaderas y comerciales posibilitó que fueran ellas los filtros principales para definir quiénes podrían participar plenamente en la sociedad. Esto lo lograban otorgando, a partir de su filiación, una serie de derechos que emulaban los derechos ciudadanos, esquivos para los habitantes de los Territorios nacionales. Dicha consideración, realizada en términos de una proyección de la construcción de un proyecto económico, permitió que empresas ligadas con capitales extranjeros pudieran establecer lazos con las fuerzas policiales y administrativas. Situación esta con el fin de resguardar tanto su posición social como sus prerrogativas, permeando y/o modelando sus estructuras, dirigiendo y orientando la capacidad represiva del Estado. Así, ante la insinuación de acciones de rebelión, la actuación resultaba coordinada entre empresas y Estado, sin importar el diacrítico de la nacionalidad.

37Como en buena parte de los Territorios nacionales en la Argentina, el rol de las empresas ganaderas y comerciales trascendió los límites del mercado laboral, influyendo fuertemente en la constitución de un orden social y en las particularidades del incipiente aparato estatal. Los intereses comenzaron a ser divergentes, sin embargo, a partir del reforzamiento del modelo de Estado-nación. Hasta entonces las relaciones económicas y sociales en la región habían podido mantener una cierta independencia de las lógicas centrales –léase las provenientes de Buenos Aires y Santiago de Chile– y el apoyo entre las estructuras administrativas y policiales y las empresas habían logrado altos niveles de afinidad y colaboración. Sin embargo, el nuevo impulso otorgado al principio de la nacionalidad en las zonas de frontera, por parte de ambos gobiernos, no hizo sino generar desencuentros y conflictos como el aquí desarrollado.

38Estas empresas ganaderas y comerciales se habían gestado sobre estructuras y circuitos económicos y sociales de intercambio previos entre los márgenes andinos y, por un largo período, habían administrado las sociedades locales bajo lógicas tradicionales. La búsqueda de los Estados de nacionalizar sus sociedades de frontera formó parte de la estrategia a partir de la cual consolidar las presencias en el territorio. En este sentido, las políticas incluyeron desde discursos y nuevas prácticas basadas en la nacionalidad hasta medidas como la creación de cuerpos policiales y la implementación de las restricciones aduaneras. Particularmente, la combinación de las primeras con las últimas, terminó por desarmar el sentido del comercio transnacional y de la constitución de la zona tal como hasta entonces se había realizado.

39En este sentido, se torna nuevamente relevante la propuesta de Lenton mencionada inicialmente, respecto del quiebre que significó la nacionalización de la política de fronteras. La que, a pesar de haber sido pergeñada en décadas previas, fue concretándose lentamente hasta consolidarse en la década de 1920. Este caso se convierte así en una entrada privilegiada para analizar el proceso histórico de constitución de los aparatos burocráticos estatales. Un abordaje que retome el propósito de quitar el lugar de reinado que poseía el Estado –en definitiva, que deje de considerarlo un ente con voluntad propia– debe entonces detenerse en el modo en que son instaladas y/o reforzadas las burocracias que lo atienden. A su vez, entendiendo a este no meramente como imposición sino como un discurso efectivo en la orientación de las acciones de individuos y grupos (Melossi, 1992).

40Dicha perspectiva resulta de mayor utilidad cuando es necesario atender a alianzas, disputas y estrategias montadas por individuos que ocuparon puestos de manera simultánea en empresas y en diversas posiciones del aparato estatal. Que además, a partir de esta dualidad, consolidaron la idea de Estado mientras se montaron en ella para disputar recursos y poder, sin que ello constituya una excepción. Antes bien, se trata de una clave que puede ayudar a comprender la dinámica estatal en la región.

Comentario al texto

41María de los Ángeles Picone

42Cuando pensamos en procesos de institucionalización política y económica, automáticamente pensamos en el Estado, en lo público haciéndose más claro, más presente, más fuerte. La Norpatagonia exhibe un espacio para examinar estos procesos. Pero, ¿qué sucede cuando estos procesos se centran en instituciones privadas? Jorge Muñoz Sougarret y Eva Muzzopappa exploran la conformación de instituciones de control en áreas de frontera y revelan su indiscutible dependencia de intermediarios locales para erigirse como referentes de ciudadanía, nación y nacionalidad.

43Los autores retoman la línea que cuestiona la estatalidad inaugurada en 1880 en la Argentina. Este punto de partida es primordial para comprender las ambigüedades que se desplegaron en la región de Nahuel Huapi. John Charles Chasteen y Sara Castro-Klarén respondieron incisivamente a Benedict Anderson que en Latinoamérica la cuestión no es cómo se constituyeron los nacionalismos sino cómo se negociaron, se pelearon, compitieron en una región tan diversa. En la Norpatagonia, ilustran Muñoz Sougarret y Muzzopappa, esta diversidad se originaba en la presencia y ausencia de distintas instituciones.

44En este contexto, es muy oportuno preguntarse cómo las instituciones (públicas y privadas) contribuyeron a construir una determinada estatalidad, prácticas de ciudadanía, y definiciones de nacionalidad en regiones de fronteras. Los autores presentan un caso sobre cómo las ambigüedades de roles de las personas concretas reflejan ambigüedades en otros ámbitos. El avance militar, el acuerdo de límites, la sanción de normativas y la creación de la Policía Fronteriza buscaron distinguir el nosotros del ellos e incrementar el control del territorio y la población. Además, exponen que las instituciones crearon aún mayor confusión en Nahuel Huapi. Carlos Boos y Francisco Melo Franco personificaron la ambigüedad que caracterizaba a la Compañía Chile-Argentina y a las instituciones políticas que operaban en la región.

45Me gustaría resaltar tres valiosos aportes de este texto seguidos de tres cuestiones que me parecen que pueden derivar en una interesante discusión. En primer lugar, los autores nos invitan a repensar el Estado en territorios de frontera. El Estado deja de ser un ente monolítico y se superpone con otras esferas, como varios autores ya han demostrado (Chomsky, Shalins, Brown). En Nahuel Huapi, lo público y lo privado no son espacios excluyentes sino sumamente intrincados, a veces en personas concretas, como Carlos Boos y Francisco Melo. Las instituciones privadas –como las compañías ganaderas– ejercen un rol ambiguo, a veces de diálogo y a veces compitiendo con los Estados argentino y chileno. Los acontecimientos que analizan Muñoz Sougarret y Muzzopappa ponen en evidencia la interacción de diversas instituciones en múltiples escalas que no se incluyen una a otra y que ponen en discusión lo nacional o binacional como referencia inamovible.

46Los autores brindaron un ejemplo de cómo las diferentes instituciones se fortalecen en sintonía con intereses concretos del ámbito público y privado que muchas veces sobrepasan el límite internacional. Esto nos lleva a un segundo punto: los incidentes de 1911 demuestran con mayor nitidez aquello que los autores retrataron para todo el período anterior a 1920. Esto es: una alineación de intereses entre grandes capitales y Estados que desplazó a pequeños propietarios. El caso de la Chile-Argentina es paradigmático, a tal punto que nos compete preguntarnos si es una excepción o un ejemplo, y de qué manera es uno u otro.

47Por último, los acontecimientos de 1911 en Nahuel Huapi ilustran cómo lo nacional, la nacionalidad y la ciudadanía se negocian no solo a partir de Estados, sino a partir de otras instituciones (locales) que conversan con el Estado. El argumento de Chasteen y Castro-Klarén nos sirve para tomar la ambigua dinámica entre la Compañía Chile-Argentina y las autoridades de ambos países como una de las formas en que se construye la idea de nación en territorios de frontera. Pero también nos llama a cuestionar, una vez más, la estatalidad inaugurada en 1880. En este sentido, pone en evidencia la máscara del principio de nacionalidad aplicada por la Policía Fronteriza y nos incita a ahondar en los significados de nación y nacionalidad en territorios de frontera.

Respuesta al comentario

48Jorge Muñoz Sougarret

49Eva Muzzopappa

50Como primer ejercicio, debemos agradecer a la comentarista por sus amables observaciones y, en un segundo momento, nos aprontamos a intentar responder sus inquietudes. Estas últimas podríamos agruparlas en tres grupos: el primero, relativo a la ambigüedad del rol de las empresas privadas frente a los Estados (a veces de diálogo, otras en competencia). El segundo, orientado a la aparente disposición de los Estados en favor de las grandes empresas y en desmedro de las agrupaciones menores, donde la Chile-Argentina sería un caso paradigmático. Por último, el tercero, sobre el principio de nacionalidad que tuvo la intervención de la policía fronteriza y cómo su análisis nos obliga a repensar los significados de nación y nacionalidad en los territorios de frontera.

51El espacio interlacustre que hemos intentado configurar dio cuenta de las libertades de tránsito de personas y bienes, inclusive en los momentos más álgidos de las disputas entre la Argentina y Chile (1898 a 1902). Situación esta que comenzó a variar en la década de 1910, cuando los Estados promovieron restricciones aduaneras y migratorias en la región. Aun cuando para el período estudiado las reglamentaciones todavía no lograban su implementación plena, fue posible observar la aparición de intereses divergentes entre los Gobiernos nacionales y las empresas. Sin querer apresurar juicios, es probable que las empresas percibieran los cambios en las dinámicas fronterizas. Además, buscaran apropiarse y usar la simbología nacional tanto para penetrar en las estructuras gubernamentales (como lo vimos con las organizaciones policiales) como para granjearse los apoyos de la población local. Por tanto, consideramos que, más que el ejercicio de un rol ambiguo de las empresas frente al Estado, se trató de un proceso de adecuación y acomodación. En este, ambas partes, en su búsqueda por imponer sus miradas sobre la configuración política, social y económica del espacio, muchas veces optaron por pactar y, en contadas oportunidades, oponerse abiertamente a las opciones del otro.

52Ahora nos referiremos a lo relativo a su segundo interrogante –orientado a la aparente disposición de los Estados en favor de las grandes empresas y en desmedro de las agrupaciones menores–. Comprendemos dicha disposición como la respuesta lógica al proceso político implementado por los Gobiernos de Roca y Germán Riesco, que consideraban a las grandes empresas como las únicas que podían producir adelantos económicos efectivos y de largo plazo en los territorios alejados de las capitales. Ahora, y en esto hay que colocar un matiz, se generó una disputa de mercado por los favores gubernamentales que enfrentó a distintas empresas y desplegó un abanico de presiones y dádivas que se prodigaban a los funcionarios. En nuestros países, suponemos que la mención a empresas transnacionales de capitales extranjeros basta para dar sentido a todo el esquema. Pero esta lógica del sentido común, creemos, nos impide ver cómo las empresas actuaron como grupos de presión dentro de los espacios gubernamentales y cómo competían entre sí y, ¿por qué no?, qué ganaban los Estados con esta competencia. En resumidas cuentas, consideramos que aquí el punto no es la escala económica de las empresas (ya sean pequeñas, medianas o mayores) sino su cercanía con las estructuras de poder gubernamental.

53Finalmente, el tercer interrogante –sobre la máscara del principio de nacionalidad aplicada por la Policía Fronteriza–, pensamos que debería reformularse y desmenuzarse en dos ideas: sobre la actuación de esta fuerza y el significado de la máscara nacional en las sociedades de frontera. Si nos abocamos a la situación de esta policía, podemos afirmar que su actuación se enmarcó dentro de los patrones esperados para las instituciones policiales de la época. Su accionar, especialmente en los Territorios nacionales, iba dirigido a crear, visibilizar y establecer no solo unos límites territoriales sino un orden social. Esto, a partir de prácticas violentas dirigidas a la población que iría a conformar la mano de obra de las empresas locales. Un poco más complicada es la situación de la máscara nacional, que nos remite a elementos ya abordados en nuestra primera respuesta. Puntualmente, a la negociación de los límites de la nacionalidad entre el Estado y las empresas en esta región. Es necesario recordar que, dentro de los sectores políticos de la época, se había instalado la idea del temor a la subversión social. Este temor se acentuaba en esos espacios que los Estados creían no controlar (como los espacios fronterizos), de ahí su disposición a negociar la representación de la nación por agentes privados quienes, a su vez, solicitaban una serie de prerrogativas a cambio. Comprendido de esta forma, el principio de nacionalidad a partir del cual se estructuraron los Estados en este período constituye, más que una máscara, uno de los ejes de la matriz que articula la nación, el Estado y el territorio. Todo esto, en un proceso de expropiación y concentración económica que construye ciertas diferencias a las que atribuye la concentración de lo indeseable y lo peligroso. Este proceso estuvo a su vez signado por negociaciones que muestran las debilidades, intereses y fortalezas del Estado y de las empresas privadas. El devenir de estas dinámicas terminó por instituir e institucionalizar las formas nacionales que hoy hemos aprehendido y llamamos, cariñosamente, nuestra identidad local.

Bibliographie

Lista de fuentes documentales

Fondo Histórico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile. Vol. 208.

Telegrama al intendente de Llanquihue del Ministro de rree (27 de noviembre de 1911a). Santiago de Chile. Vol. 430. Documento n.º 1462. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegrama al intendente de Llanquihue del ministro de rree (4 de diciembre de 1911b). Santiago de Chile, Vol. 430. Documento n.º 1482. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegrama al ministro de rree del Intendente de Llanquihue (19 de diciembre de 1911c). Puerto Montt. Vol. 430. Documento n.º 1559. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores

Telegrama al intendente de Llanquihue del ministro de rree (19 de diciembre 1911d). Santiago de Chile. Vol. 430. Documento n.º 1558. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegramas al ministro de rree del intendente de Llanquihue (26 de diciembre 1911e). Puerto Montt. Vol. 430. Documento n.º 1582. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegrama al intendente de Llanquihue del Ministro de rree (21 de diciembre 1911f). Santiago de Chile. Vol. 430. Documento n.º ilegible. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegramas al ministro de rree del intendente de Llanquihue (26 de diciembre 1911g). Puerto Montt. Vol. 430. Documento n.º 1582. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegramas al ministro de rree del intendente de Llanquihue (26 de diciembre 1911h). Puerto Montt. Vol. 430. Documento n.º 1582. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Telegrama al intendente de Llanquihue del ministro de rree (27 de diciembre de 1911i). Santiago de Chile, Vol. 430. Documento n.º 1594. Archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Museo de la Patagonia, Bariloche, Argentina. Archivo ingeniero Emilio Schieroni, 1 volumen.

Lista de publicaciones periódicas documentales

Caras y Caretas (1910). Buenos Aires.

Bandidos de la cordillera. Los salteadores yankis en Chile (7 de noviembre de 1911a). La Alianza Liberal, 4.

Los sucesos de Bariloche. Otras cartas de chilenos presos (5 de diciembre de 1911b). La Alianza Liberal, 4. Puerto Montt.

Los sucesos de Bariloche. Cartas de un chileno detenido (30 de noviembre de 1911c). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

Chile-Arjentina. Conferencia Anador-Rodríguez. Persecución del bandidaje (20 de diciembre de 1911d). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

Bariloche. Relato de persecuciones i vejaciones (26 de diciembre de 1911e). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

En Bariloche. La investigación chilena (21 de diciembre 1911f). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

Bariloche. El cónsul chileno (24 de diciembre de 1911g). La Alianza Liberal, 4. Puerto Montt.

Bariloche (28 de diciembre 1911h). La Alianza Liberal,1. Puerto Montt.

Bariloche. Lo de Bariloche en la Cámara (17 de enero 1912a). La Alianza Liberal, 4. Puerto Montt.

Bariloche. Remitido (21 de febrero 1912b). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

Bariloche (18 de enero 1912 c). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

De Bariloche. El Juez del Territorio en viaje a Puerto Montt (24 de febrero de 1912d). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

Bariloche. De una carta de Bariloche (31 de marzo 1912e). La Alianza Liberal, 1. Puerto Montt.

El Llanquihue (1911). Puerto Montt.

Posible muerte de 2 bandidos. Aprehensión de tres individuos en Cochamó (17 de agosto de 1911a). El Llanquihue, 1. Puerto Montt.

Los atropellos de los chilenos en la Argentina (26 de diciembre de 1911b). El Llanquihue, 1. Puerto Montt.

La cuestión de bandalaje en San Carlos de Bariloche (24 de octubre de 1911c). El Llanquihue. Puerto Montt.

Los sucesos de San Carlos de Bariloche (25 de octubre de 1911d). El Llanquihue. Puerto Montt.

Un triunfo periodístico (17 de noviembre de 1911e). El Llanquihue, 1. Puerto Montt.

Los chilenos en Argentina. La comisión investigadora parte mañana (11 de diciembre de 1911f). El Llanquihue, 1. Puerto Montt.

La comisión investigadora de los sucesos de Bariloche (28 de diciembre 1911g). El Llanquihue. Puerto Montt.

Lista de referencias bibliográficas

Abrams, P. (2000). Notas sobre la dificultad de estudiar el estado. Revista Virajes, 2, 79-98.

Almonacid, F. (1998). El desarrollo de la propiedad rural en las provincias de Valdivia y Llanquihue, 1850-1920. Revista Austral de Ciencias Sociales, 2, 27-36.

Bandieri, S. (2000). Ampliando las fronteras: la ocupación de la Patagonia. En M. Lobato (Dir.). Nueva Historia Argentina: El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Vol. 5. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Recuperado de http://www.hechohistorico.com.ar/Archivos/Varios/Lectura%201%20Curso%20San%20Carlos%20de%20Bariloche.pdf

Bandieri, S. (2005). Del discurso poblador a la praxis latifundista: la distribución de la tierra pública en la Patagonia, Mundo Agrario, 6(11). Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942005000200001>

Benedetti, A. y Salizzi, E. (2014). Fronteras en la construcción del territorio argentino. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 23(2), 121-138.

Bourdieu, Pierre. (2005). De la casa del rey a la razón de Estado. Un modelo de la génesis del campo burocrático. En L. Wacquant y P. Bourdieu (Eds.), El misterio del ministerio: Pierre Bourdieu y la política democrática. Barcelona: Gedisa.

Brow, J. (1990). Notes on Community, Hegemony, and Uses of the Past, Antrhopological Quarterly, 63, 1-6.

Comisión Parlamentaria de Colonización (1912). Informe, proyectos de ley, actas de sesiones y otros antecedentes. Santiago de Chile: Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

De Jong, I. (2004). Historia, Etnicidad y Memoria: el proceso de conformación de la identidad indígena en la tribu de Coliqueo de Los Toldos (provincia de Buenos Aires). [Tesis doctoral]. Facultad de Filosofía y Letras, uba.

Delrio, W. (2015). El sometimiento de los pueblos originarios y los debates historiográficos en torno a la guerra, el genocidio y las políticas de estado, Aletheia, 5(10). Recuperado de <http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero10/pdfs/Confe-rencia%20Walter%20Delrio-%20ok.pdf>

Delrio, W. y Pérez, P. (2011). Territorializaciones y prácticas estatales: percepciones del espacio social luego de la Conquista del Desierto. En P. Navarro Floria y W. Delrio (Comps.). Cultura y espacio: Araucanía-Norpatagonia (pp. 237-253). San Carlos de Bariloche: Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Recuperado de http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero10/pdfs/Confe-rencia%20Walter%20Delrio-%20ok.pdf

Gavirati, M. (2014). Buscados en la Patagonia. La historia no contada de Butch Cassidy y los bandoleros norteamericanos. Villa Adelina: Patagonia Sur Libros.

Lazzari, A. (1996). ¡Vivan los indios argentinos!: Análise das estratégias discursivas de etnicização/Nacionalização dos ranqueles em uma situação de fronteira. [Tesis de Maestría]. Río de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Programa de PósGraduação em Antropologia Social.

Lenton, D. (2005). De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 - 1970). [Tesis doctoral inédita]. Universidad Nacional de Buenos Aires. Recuperado de https://corpusarchivos.revues.org/1300?file=1>

Maine, H. S. (1893). El Derecho Antiguo. Parte General. Madrid: Escuela Tipográfica del Hospicio.

Martinic, M. (2012) La seguridad en el ámbito rural magallánico en la época de la colonización pastoril (1880-1910). Magallania, 40(1), 7-20.

Mases, E. y Rafart, G. (1997). Los trabajadores chilenos en el mercado laboral argentino: el caso Neuquén, 1890-1920. En C. Norambuena (Ed.), ¿Faltan o sobran brazos? Migraciones internas y fronterizas (1850-1930). Santiago de Chile: Editorial Universidad de Santiago de Chile.

Melossi, D. (1992). El Estado del Control Social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y control social en la conformación de la democracia. México: Siglo xxi.

Méndez, L. (2010). Estado, frontera y turismo. Historia de San Carlos de Bariloche. Buenos Aires: Prometeo libros.

Méndez, L. y Muñoz Sougarret, J. (2013). Economías cordilleranas e intereses nacionales: genealogía de una relación. El caso de la Compañía Comercial y Ganadera Chile-Argentina (1895-1920). En: F. Arenas, A. F. Núñez y R. Sánchez (Eds.). Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos. La cordillera de los Andes como espacialidad sociocultural (pp. 163-187). Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile/ril editores.

Muñoz Sougarret, J. (2014). Relaciones de dependencia entre trabajadores y empresas chilenas en el extranjero. San Carlos de Bariloche, Argentina (1895-1920). Trashumante, 3, 74-95.

Morgan, L. H. (1971). La Sociedad Primitiva. Madrid: Editorial Ayuso.

Muzzopappa, E. (2006). Entretejidos y entrelazados. Estado, nación y legitimidad en el discurso de las fuerzas armadas de Chile. 1988-2005. [Tesis de Maestría]. Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Recuperado de http://www.antropojuridica.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/muzzopappamaestria.pdf

Muzzopappa, E. y Villalta, C. (2009). El Estado como problema o un problema en el Estado. Algunas reflexiones sobre el abordaje de lo estatal. viii Reunión de Antropología del Mercosur. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.

Navarro, P. (2010). La conquista de la Patagonia y el reparto de tierras. En Archivos del Sur. Historia de las familias Mapuche Lof Paichil Antriao y Lof Quintriqueo (pp. 23-36). Mapuche de la margen norte del lago Nahuel Huapi. Córdoba: Ferreyra Editores.

Novick, S. (2000). Políticas inmigratorias en la Argentina. En E. Oteiza, S. Novick y R. Aruj. Inmigración y discriminación. Políticas y discursos. Tucumán: Trama Editorial/Prometeo Libros.

Pérez Canto, J. (1906). Economical and social progress of the Republic of Chile. Santiago de Chile: Imprenta Barcelona.

Pérez, P. (2009). Las policías fronterizas: mecanismos de control y espacialización en los Territorios nacionales del sur a principios del siglo xx. xii Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia. Bariloche: Universidad Nacional del Comahue. Recuperado de http://cdsa.aacademica.org/000-008/292.pdf

Pinto, J. (2010). Los censos chilenos del siglo xx. Osorno: Editorial Universidad de La Frontera.

Roca, J. A. (2009). Paz y administración, 12 de octubre de 1880. En R. J. Ricardo J. de Titto (Comp.). El pensamiento de la generación del 80 (pp. 69-74). Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

Schieroni, E. (1907). Mensura y subdivisión de los lotes de la reserva de la Colonia Nahuel Huapi, antecedentes. Museo de la Patagonia, Bariloche, fojas 85 y 87.

Torrealba, A. (1907). Tierras fiscales en la Provincia de Valdivia i Llanquihue. Anexo de la Memoria de la Inspección de Tierras i Colonización. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes.

Notes

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto diula 12/16 «Acceso restringido: paisaje, poder y política en los Andes norpatagónicos», financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Los Lagos. Así como también en el pi unrn 40-B-398 «Militares y policías. El Estado a través del análisis de prácticas y políticas de seguridad», financiado por la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina.

2 La historiadora argentina Susana Bandieri explicó así tales políticas: «Según el discurso oficial, la soberanía conquistada por las armas debía ser consolidada con la radicación de población en las áreas de frontera, aunque, de hecho la expansión de la misma fue exigencia del propio crecimiento de la ganadería extensiva a nivel nacional. Esta conflictiva contradicción se reflejó claramente entre los propósitos explícitos de poblamiento que declaraban las leyes de tierras y la aplicación de las mismas a la hora del reparto». Sobre el proceso de acceso la tierra pública, entiende que se consiguió básicamente por cuatro vías: «una primera, que contemplaba la condición previa de la colonización y el poblamiento por aplicación de la ley 817 de 1876, condición luego eliminada por la ley 2875 de 1891 que transformó a los presuntos colonizadores en propietarios definitivos. Una segunda, por medio del remate público, ley 1265 de 1882. Una tercera, por la llamada Ley del hogar, ley 1501 de 1884. Por último una cuarta, por la posesión de certificados de premios militares, ley 1628 de 1885 […] De esa forma, de los 4 700 000 habitantes que se distribuyeron por esta ley en la Pampa y la Patagonia, la mayoría quedó en manos de especuladores o grandes compañías con intereses ganaderos en la región. Finalmente, cabe mencionar que la totalidad de tierras adjudicadas por el conjunto de leyes aplicadas en todos los territorios nacionales del norte y sur del país superó las 33 000 000 hectáreas. Con la promulgación de una nueva ley de tierras en 1903, que derogaba a las anteriores, se pretendió poner fin a las irregularidades mencionadas. De esa manera, disminuyeron las transferencias de propiedad de tierras públicas a particulares y desaparecieron las donaciones directas del Estado nacional, aumentando en cambio la entrega en arrendamiento de hasta 20 000 hectáreas de uso ganadero. Estas, con opción a compra de la mitad de la superficie al concluir el contrato y posibilidad de renovación del resto. El arrendamiento se transformaría entonces en una de las formas de tenencia predominante, particularmente en el sur patagónico. Sin embargo, no se lograron los objetivos deseados, ya que la concentración de tierras en pocas manos era en la región una situación consolidada» (2000, pp. 154-155).

3 Se mantienen las grafías de los documentos originales.

4 Tras un escándalo de notoriedad, por acusaciones de contrabando, la Hube y Achelis había cambiado su rol social a la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, en 1904. El cambio de rol significó, también, la inclusión del capital bancario del puerto chileno de Valparaíso (Méndez y Muñoz, 2013, p. 180).

5 Una carta publicada por La Alianza Liberal dice que era voz común entre los chilenos la combinación de los Carabineros con el Jefe de la Policía Fronteriza. Además, se denuncia el encarcelamiento de poco más de 50 chilenos y la violación de algunas mujeres en El Bolsón. Véase «Los sucesos de Bariloche. Otras cartas de chilenos presos» (La Alianza Liberal, Puerto Montt, 1911b). Relativo a las cartas enviadas por los chilenos al Cónsul General de Chile en Buenos Aires, quien presionó finalmente al Gobierno chileno para intervenir, véase «Los sucesos de Bariloche. Cartas de un chileno detenido» (La Alianza Liberal, 1911c, Puerto Montt).

6 Uno de los telegramas dice: «Noviembre 22. Se ha denunciado al Ministerio que autoridades en Chubut cometen abusos i mantienen en prisión indebida numerosos chilenos hombres i mujeres procedentes esa rejión (Llanquihue). Disponga Us. que acompañe tropas un empleado de esa Intendencia u otro de su confianza que tome informaciones que Us. me transmitirá. Gobierno argentino telegrafió autoridades Chubut ordenando presten cooperación a fuerzas chilenas. Firmado- Rodríguez» (telegrama al intendente de Llanquihue del Ministro de rree, Santiago de Chile, 27 de noviembre 1911; Archivo Histórico, Ministerio de rree, Volumen 430, documento 1462).

7 «Diciembre 17. Empleado comisionado para investigar sucesos Bariloche i Chubut don Francisco Melo comunícame hoy telégrafo que Comisario argentino del Busto no le permite interrogar chilenos presos diciendo no tiene órdenes su Gobierno. Firmado. Wolleter» (telegrama al ministro de rree del intendente de Llanquihue, Puerto Montt, 19 de diciembre de 1911; Archivo Histórico, Ministerio de rree, Volumen 430, documento 1559).

8 «Diciembre 18.- Gobierno Argentino dice que Comisionado que envió Us. para averiguar asuntos Bariloche se ha presentado a las autoridades como Prefecto de Policía i pretendiendo que se le ponga en comunicación reservada con presos, alegando un acuerdo que dice existir entre Gobiernos ambos países. Como yo indiqué a Us. que designase un empleado i después que fuera, si parecía más fácil, un empleado de la Sociedad Chile-Argentina, supongo que el que desempeña comisión está dándose un carácter que no tiene i está haciendo alegaciones falsas ó inconvenientes.- Déle Us. órden de proceder en todo como simple particular i no reclame de autoridades más facilidades que las que le quieran dar si se vé en el caso de solicitar algo de ellas. La misión es simplemente informativa para saber lo que pasa i si hay base para investigación seria. Gobierno enviará otro emisario con las convenientes instrucciones.- Firmado.- ministro de Relaciones Exteriores» (Archivo histórico, Ministerio de rree, 1911d).

9 «Diciembre 19.- Contestando telegrama Us. fecha de ayer digo que a pesar instrucciones dadas al Comisionado Melo para que fuera en carácter particular, le he telegrafiado nuevamente dándole instrucciones en este sentido i ordenándole tomar datos i regresar inmediatamente.- Firmado.- Wolleter» (Archivo Histórico, Ministerio de rree, 1911e).

10 «Diciembre 21.- Á pesar de lo que Us. me dice en su telegrama de fecha 19, de haber ordenado regreso Melo, este sigue en Bariloche cometiendo inconveniencias.- Ordénele regresar en el acto sin dar ningún otro paso, i dése cuenta hora despacho telegrama, acuso de recibo i hora en que salga de regreso Melo.- Firmado.- Rodríguez» (Archivo Histórico, Ministerio de rree, 1911f).

11 «Diciembre 22.- Hoy 10 am. recibí telegrama Comisario argentino del Busto diciéndome comunicarme que han desaparecido dificultades ocurridas Misión Melo, i que existe armonía i cordialidad para cometido desempeña Melo quien lo lleva con invariable actividad. Y 10 am. recibí telegrama Melo diciéndome que dificultad con Comisario del Busto nacía de que éste creyó él actuaba carácter Prefecto, pero convencido obraba como particular todo se ha allanado. Sin embargo mantengo orden regresar Melo, salvo si Us. que desaparecidas dificultades pueda continuar a Chubut i completar información. Espero contestación Us.- Firmado. Wolleter» (Archivo Histórico, Ministerio de rree, 1911h).

12 La Alianza Liberal se refería así al actuar de Boos, los días 22 y 23 de diciembre: «En su oportunidad dio nuestro diario la noticia de haber sido nombrado cónsul de Chile en Bariloche un caballero que no es chileno, i de cuyo nombramiento protestaban nuestros connacionales de ese lugar […] De él se nos ha dicho que ha llevado su entusiasmo hasta acompañar a la policía arjentina en alguna campaña contra los bandidos chilenos o los chilenos bandidos, que es lo mismo en el lenguaje usual de la otra banda». Véase «Bariloche. El cónsul chileno» (La Alianza Liberal, Puerto Montt, 1911g).

13 «Diciembre 26. Sírvase disponer inmediato regreso Comisión Melo.- Firmado.- Ministro de Relaciones. Diciembre 27.- Sírvase Us. evitar toda publicación í reportajes de Melo, quien debe limitarse a dar su informe i no hablar más del asunto.- Firmado.- Ministro de Relaciones» (telegrama al intendente de Llanquihue del Ministro de rree, Santiago de Chile, Archivo Histórico, Ministerio de rree, 1911i, Volumen 430, documento 1594). En tanto los artículos sobre el retorno de Melo, véase «La comisión investigadora de los sucesos de Bariloche» (El Llanquihue, Puerto Montt, 1911g) y «Bariloche» (La Alianza Liberal, Puerto Montt, 1911h).

14 La carta más clara en tal línea fue firmada por los hermanos Guillermo y Arturo Willer, Arturo Eggers y Fernando Urrutia y fue enviada a La Alianza Liberal el 15 de febrero. Véase «Bariloche. Remitido» (La Alianza Liberal, Puerto Montt, 1912b). Una de las cartas de los chilenos que apoyaban el accionar de la Policía Fronteriza, se encuentra transcripta en «Bariloche» (La Alianza Liberal, Puerto Montt, 1912c).

Auteurs

Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, campus Osorno, Chile. Sus trabajos se abocan a las relaciones políticas de trabajadores y empresarios durante el siglo XIX y XX en la región de Osorno y Llanquihue.

Doctora por la UBA, área Antropología. Profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA, UNRN-CONICET). Integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica (UBA). Sus trabajos han indagado desde una perspectiva etnográfica la conformación del campo de la defensa y la seguridad en la Argentina, a partir de las prácticas y normativas de las burocracias estatales.