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Las monarquías española y francesa (siglos xvi-xviii)

 | 
Anne Dubet
, 
José Javier Ruiz Ibáñez

II. — Los modelos extraños. Fabricación y recepción

El superintendente austriaco y el intendente borbónico. La evolución de un modelo de gestión de los recursos fiscales en la Monarquía hispánica

Julio D. Muñoz Rodríguez

Note de l’éditeur

Este texto se enmarca dentro de los proyectos HUM2005-06310 y 03057/PHCS/05, financiados por el Ministerior de Educación y Ciencia y la Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, respectivamente.

Texte intégral

  • 1 De una composición musical titulada Lauda Sion Salvatorum de Manuel de Sumaya, compositor que desde (...)

A lo viejo sigue lo nuevo, la verdad despeja las sombras, la luz elimina la noche1

  • 1 Sobre su establecimiento en 1711, con una denominación confusa en sus inicios, H. Kamen, La Guerra (...)

1No son escasos los trabajos sobre la administración española del siglo XVIII que comparten el enfoque de que es preciso buscar el origen de las intendencias borbónicas en la institución francesa del mismo nombre. Al parecido nominal y funcional de este delegado del soberano en las provincias, se añade que en España el cargo de «intendente» comienza a aparecer en 1711 durante la Guerra de Sucesión, en plenas reformas administrativas emprendidas por Felipe V1. El afrancesamiento con el que, un tanto acríticamente, se ha venido definiendo esta primera etapa de gobierno borbónico, hacía lógica la supuesta genealogía francesa de la nueva institución dieciochista. De ahí que las intendencias, tanto las peninsulares, como posteriormente las americanas, pasaran a ser, en general, un ejemplo —además uno de los más representativos y aludidos— de los cambios administrativos que introdujeron los consejeros franceses enviados por el veterano Luis XIV para modernizar la gestión de los recursos necesarios para la guerra; percepción que ha sido la más predominante en la historiografía española.

  • 2 Un buen ejemplo de la necesidad de repensar la monarquía de Carlos II es C. Storrs, The Resilience (...)
  • 3 Entre esos primeros trabajos destaca J. A. Sánchez Belén, «Absolutismo y fiscalidad en Castilla». T (...)
  • 4 Sobre estos estereotipos, A. Dubet, Un estadista francés, esp. cap. ii.
  • 5 H. Kamen, «El establecimiento de los intendentes»; de forma similar A. Morales Moya, Reflexiones so (...)
  • 6 H. Pietschman, Las reformas borbónicas, pp. 37-57, así como su «Antecedentes españoles e hispanoame (...)

2Sin embargo, conforme fueron apareciendo trabajos relacionados con el gobierno de la monarquía española en la segunda mitad del siglo XVII —aún hoy, no tantos como sería de desear2—, esta perspectiva comenzó a ser matizada al disponer de mayor información acerca de la actuación y la organización de las superintendencias provinciales de rentas reales3. La existencia de estas superintendencias debilitaba, en buena medida, la posición de quienes defendían la procedencia francesa de las intendencias hispanas, así como el atraso estructural con el que se definía hasta entonces la administración española del postrer Habsburgo, epílogo de la tan manida decadencia hispánica4. El mismo H. Kamen en su trabajo pionero de 1964 sobre el establecimiento de los intendentes borbónicos en España, sin dejar de subrayar principalmente su clara influencia francesa, se vio obligado a reconocer algún tipo de relación con los superintendentes castellanos —si bien mínima y poco precisa—5; vínculos que comenzarían a hacerse más evidentes años después en estudios de historiadores americanistas sobre esta institución en el ámbito del Nuevo Mundo. Tal es el caso del profesor Horst Pietschman, uno de los primeros en explicar el origen de este delegado regio en los virreinatos americanos como consecuencia de la evolución de otros ya presentes en la administración hispánica6.

  • 7 Entre las últimas aportaciones que se vienen haciendo al debate inconcluso sobre el absolutismo des (...)

3Lo que aquí nos proponemos mostrar es que tanto los superintendentes austríacos como los intendentes borbónicos proceden de un mismo modelo de gestión fiscal de naturaleza comisarial, que circuló por las monarquías española y francesa para dar respuesta a la necesidad común de obtener un mayor control tributario en los territorios. Un modelo que, ciertamente, se adaptó en sus ámbitos competenciales —sólo gobierno económico o, incluso, más allá— y en su capacidad de imponerse o colaborar con el conjunto de poderes locales establecidos, pero que respondía a unas parecidas motivaciones fiscalizadoras surgidas dentro de las diversas interpretaciones nacionales del absolutismo regio7. En todas ellas era común un proceso más o menos intenso de concentración del poder político, que, sin acabar con la influencia de los diversos poderes locales, tenía entre sus manifestaciones más importantes la progresiva sustitución de los intermediarios tradicionales por agentes nombrados por el monarca.

4En el caso del superintendente/intendente, la diferente concreción formal con la que se dio en ambas monarquías europeas se explica por la multiplicidad de factores que en él confluían. Así, el uso de este delegado regio dependía en gran medida de la capacidad del soberano para hacer preeminente su autoridad en su respectivo espacio político; de la tolerancia social con la que se produjese esta mayor coerción ejercida desde la corte; del aumento fiscal derivado de coyunturas de extrema conflictividad armada; o del estado de gravedad que atravesasen las finanzas reales. Todos estos factores condicionaban la adopción de este agente o la amplitud de sus funciones, pero no tanto sus rasgos esenciales —legitimación monárquica, uso de instrumentos coactivos, ámbito fiscal— que fueron muy similares en donde llegó a implantarse.

  • 8 Sobre el concepto de disciplinamiento social ha surgido toda una extensa bibliografía, aunque su in (...)

5De ahí que, tanto en Francia como en España, la aparición y consolidación de este agente real estuviese relacionada con los periodos de intensa actividad militar que se repetirían durante el violento siglo XVII y las primeras décadas del siguiente. Era en esos momentos cuando en los medios cortesanos emergían los impulsos reformistas auspiciados por los monarcas para controlar más directamente sus derechos tributarios, y cuando se introducían o se readaptaban elementos coercitivos de ese modelo de gestión fiscal que ayudaban a hacer sostenible el gasto ocasionado por la guerra. Estos proyectos elaborados desde la corte se veían favorecidos, además, por una fidelidad de la población derivada de un largo proceso de disciplinamiento social, por lo que sus posibles resistencias constituían más reacciones de quienes se sentían agraviados por estas prácticas administrativas —algunos sectores de las elites locales— que formas de oposición a la soberanía real8. La relativa tolerancia mostrada por la población facilitó una notable expansión de la administración monárquica, y con ésta un ejercicio más cercano de las potestades reales en el que la coacción no excluía la búsqueda de acuerdos con los representantes locales.

  • 9 Los múltiples canales de relación han sido puestos de manifiesto por J. F. Schaub, La Francia españ (...)

6La circulación de estas experiencias fiscalizadoras conllevaba, además, otros efectos secundarios de no menos importancia. Por un lado, contribuyeron a normalizar discursos políticos que promovían unos mecanismos de gestión de los recursos más próximos al soberano, lo que se reflejaría en cuantas reformas administrativas se plantearon especialmente desde la segunda mitad del siglo XVII. Por otro, el hecho de difundirse estos discursos a ambos lados de los Pirineos implicaba un modo de relacionarse de dos potencias que, si bien mantenían un prolongado enfrentamiento por la hegemonía continental, también compartían numerosos puntos de contacto —dinásticos, políticos o culturales— y mantenían una cierta admiración mutua por ser modelos de expansión territorial. Ese era el caso de las corrientes de hispanofilia que abundaron en la sociedad francesa desde las Guerras de Religión, como también la consideración que alcanzaría la imagen de poder de Luis XIV entre muchos castellanos antes, incluso, de que se produjese la crisis sucesoria hispánica9. En consecuencia, las dos mayores monarquías europeas se servirían de las urgencias militares y de los impuestos que las hacían posibles para revitalizar los medios que componían la administración de sus territorios, de tal manera que ambas adoptaron soluciones que guardaban cierta coherencia entre ellas.

I. — ¿EN EL PRINCIPIO DE TODO? EL SUPERINTENDENTE PROVINCIAL DE RENTAS REALES CASTELLANO

  • 10 J. I. Fortea Pérez, «Reino y Corte»; J. J. Ruiz Ibáñez, «Tiempo de guerra»; B. Cárceles de Gea, «De (...)
  • 11 Sus características principales en R. Mousnier, Les institutions de la France, t. II, pp. 455-495; (...)

7El surgimiento de los superintendentes castellanos no consistió tanto en una innovación de los ministros reformadores de la década de 1680, ni en una circunstancia ajena a los diversos antecedentes que se dieron en la primera mitad del siglo XVII. La variedad de superintendentes, jueces ejecutores y comisarios en general enviados para procesos judiciales puntuales en las décadas de 1620-163010, constituyen unos inicios similares a los experimentados en la monarquía francesa. Así, desde 1611, los comisarios franceses fueron confirmados en su tutela sobre todos los oficiales de finanzas y la gestión financiera municipal, y, posteriormente, ya denominados como intendentes, se convirtieron en el administrador permanente de la Hacienda Real. Aunque entre 1648 y 1653 fueron suprimidos de la administración territorial francesa, a partir de esta última fecha iniciaron un nuevo periodo de expansión que culminaría en 1689 con el nombramiento del intendente para Bretaña, la única provincia que hasta ese momento carecía de él11.

  • 12 C. Sanz Ayán, «Reformismo y Real Hacienda»; Id., «Límites y objetivos de las reformas de la Haciend (...)
  • 13 J. A. Sánchez Belén, «Absolutismo y fiscalidad en Castilla» y, más ampliamente, en La política fisc (...)
  • 14 J. Contreras Gay, «Las milicias pecuniarias en la Corona de Castilla».
  • 15 AMM, Cartulario Real (CR) 1683-8 (Madrid, 16 de febrero 1683).

8En la Corona de Castilla, la consolidación de este agente real estuvo ligada a los cambios hacendísticos emprendidos por los dos ministros reformadores de Carlos II: el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa12. El Encabezamiento General (1682), aprobado por el primero, perseguía aliviar a los súbditos castellanos de la elevada presión fiscal a través de una administración más directa de los derechos tributarios que correspondían a la Corona, objetivo que también buscó unos años después don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo13. Con este fin, y gracias al cese de la guerra con Francia después de la Paz de Nimega (1678), se otorgó mayor protagonismo a las superintendencias de rentas, organismos hacendísticos que ya habían sido introducidos parcialmente con anterioridad —al menos desde la década de 1640— para ciertos ámbitos fiscales, por ejemplo, el servicio de Milicias14. La división de Castilla en veintiuna provincias en cada una de las cuales se situaba un superintendente de rentas reales permitió a Carlos II disponer de un agente especializado en el gobierno económico de los territorios, que asumiría gran parte de las competencias recaudadoras, hasta entonces dispersas en los diferentes arrendadores de impuestos, y se encargaría, además, de hallar los medios para reactivar las actividades productivas en el ámbito de su provincia. Buen ejemplo de esto último es el nombramiento de don Luis Salcedo como superintendente de Murcia en 1683 en el que se le obligaba a «reparar los daños producidos por diversos accidentes, así del contagio [de peste], como de la esterilidad de frutos y falta de comercio»15.

  • 16 J. P. Dedieu y C. Lèbre, «Monarchie et patriciats municipaux»; J. D. Muñoz Rodríguez, «Tantas Corte (...)
  • 17 J. A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla, pp. 283-286; J. D. Muñoz Rodríguez, Damus ut D (...)
  • 18 I. A. A. Thompson, «¿Fiel a qué?»; J. D. Muñoz Rodríguez, «Tantas Cortes como ciudades».

9El interés de la Corona por involucrarse más de cerca en la política de las ciudades de voto en Cortes respondía, asimismo, a la creciente influencia que habían adquirido los concejos en la fiscalidad castellana. Debido a la ausencia de Cortes desde 1667, eran los regidores de los principales ayuntamientos los encargados de votar, como representantes del reino, la renovación de los servicios aprobados en la última asamblea, entre ellos, el de Millones16. No obstante, a pesar de las prevenciones que parecían tomarse frente a los cabildos locales, la Corona siempre obtuvo la prorrogación de todos los servicios cada sexenio e, incluso, lograría imponer nuevos impuestos —los 4 reales nuevos por fanega de sal desde 169517—, lo que entraba en colisión con las disposiciones de Cortes. El éxito político de la Corona estaba relacionado con la identificación de muchos regidores castellanos con la defensa de las fronteras hispánicas y, en general, con la dinámica institucional desarrollada en el último tercio del Seiscientos, la cual ofrecía un amplio margen de posibilidades para hacer realidad los deseos de ascenso social. Los logros de la Corona se justificaban en las sesiones municipales a través de un lenguaje político basado en topoi como la «conservación de la monarquía» y «el servicio de ambas Majestades»18.

  • 19 AMM, Acta Capitular (AC) 1687, Ayuntamiento Ordinario (AO) [19 de julio 1687]; AHN, Consejos Suprim (...)
  • 20 Estas limitaciones también las señala J. I. Fortea Pérez, «Príncipes de la república», esp. pp. 108 (...)

10El superintendente ostentaba, por tanto, un espacio de poder propio, independiente tanto del que era consustancial a las elites locales, como del que venían ocupando los corregidores, hasta entonces únicos representantes del rey en las ciudades castellanas. Los problemas más recurrentes procedieron casi siempre de las resistencias de muchos oligarcas a la acción inspectora emprendida por los superintendentes en sus provincias, así como de los conflictos de jurisdicción surgidos entre éstos y los corregidores durante el tiempo en que ambos cargos estuvieron separados. De este modo, los regidores murcianos se quejaban en 1687 de las extralimitaciones del superintendente don Francisco López Camacho con los escribanos del ayuntamiento; en 1694 el corregidor don Antonio de Funes pediría que se suprimiese este cargo «por no ser Murcia capaz de mantener superintendente y corregidor»; y fueron innumerables los contenciosos abiertos por pagos de deudas atrasadas con prácticamente todas las oligarquías municipales de este reino castellano19. Estos continuos enfrentamientos, generalizados en el conjunto castellano, explican por qué la Corona claudicó en parte de sus propósitos de mayor control fiscal, y por qué las funciones de superintendente terminaron siendo intermitentemente asumidas por unos corregidores que, a la altura de este fin de siglo, se hallaban superados por sus crecidas responsabilidades político-administrativas20.

  • 21 Para éstas remitimos, especialmente, a C. de Castro, A la sombra de Felipe V, esp. cap. ii; A. Dube (...)

11Tantas resistencias locales a los superintendentes se explican por la naturaleza de su poder. A diferencia del corregidor, que estaba supeditado orgánicamente al Consejo de Castilla y actuaba en estrecha relación con los regidores, los superintendentes disponían de una mayor autonomía. Estos no se integraban en ninguna institución comunitaria y, sobre todo, eran ajenos al sistema polisinodial, ya que se trataba de un cargo de nombramiento regio que dependía directamente de un ministro con atribuciones específicas en la Hacienda Real, el denominado superintendente general. Tal circunstancia resultaba especialmente novedosa con respecto a lo que había sido usual en la administración hasta entonces, ya que suponía un ensayo de la vía reservada que se consolidaría unos años más tarde mediante el sistema de secretarías de despacho ideado por Jean Orry para Felipe V21.

  • 22 Los proyectos del marqués de los Vélez en G. Maura, Vida y reinado de Carlos II, pp. 447-450 y 509- (...)

12El superintendente general, a quien correspondían «todas las dependencias de la Hacienda para que unidas se faciliten las provisiones generales», ejercía unas funciones parecidas a las que en la corte francesa desempeñaba Jean Baptiste Colbert, marqués de Torcy, como contrôleur général des finances, o las que, como veedor general, alcanzó Orry en el gobierno borbónico que él contribuiría a organizar en España, lo que muestra el grado de circulación de estas prácticas administrativas entre ambas monarquías y su continuidad en el tiempo a pesar de la variedad de sus denominaciones. Para este ministerio especializado en las finanzas reales, Carlos II nombraría entre 1687 y 1700 a cortesanos de contrastado relieve social y con capacidad para idear alternativas que mejorasen la situación hacendística, como fue el caso del marqués de los Vélez, primo a su vez del influyente conde de Oropesa y partidario de introducir amplias reformas en la política fiscal —sustitución del servicio de Millones, por ejemplo—, el conde de Adanero, el duque de Veragua o el cardenal Portocarrero, entre otros22.

  • 23 Algunas actuaciones concretas en nuestro «Cuando el Rey se hace presente».

13Sin embargo, lo más significativo de estos cambios administrativos iba a estar en las provincias. Las facultades de los superintendentes de rentas para recaudar impuestos y servicios, y posteriormente aplicar cantidades a gastos consignados al erario real, los convirtieron en un resorte de gran utilidad en la movilización de recursos extraordinarios para la guerra. De este modo, sería frecuente la intervención de este agente real para facilitar dinero con el que reclutar soldados con destino a las distintas fronteras de la monarquía, o, también, reunir cereales que hiciesen posible el auxilio frumentario de alguna plaza o localidad con problemas de escasez. La defensa de los territorios mediterráneos —Cataluña, Italia, Orán— se debió en gran medida a la actividad que desarrolló este agente real desde las provincias que se encontraban bajo su autoridad23.

  • 24 Por ejemplo, el corregidor de Lorca reconocía que «en pocos años a esta parte [han asesinado] a och (...)

14Por otro lado, los superintendentes, al centralizar las competencias fiscalizadoras dispersas entre concejos y diversos intermediarios locales, crearon una burocracia relativamente amplia. Las superintendencias contaban con escribanos, abogados, contadores, tesoreros, fieles, administradores repartidos por los diversos distritos e, incluso, con guardas que escoltaban a estos ministros en sus labores de inspección y recaudación por las poblaciones que tenían encomendadas. El peligro que entrañaba una comisión de rentas reales era elevado debido a la posición social que ostentaban en muchas ocasiones los mismos defraudadores —miembros de las oligarquías locales— y al empleo tan habitual en la sociedad barroca de métodos violentos en la resolución de conflictos24.

  • 25 AMM, AC 1688, AO (12 de octubre 1688): carta de don Francisco Manuel de Lando.

15La formación técnica que requerían estas funciones implicaba que los superintendentes procediesen de empleos relacionados con las Chancillerías —oidores, alcaldes de casa y corte—, los Consejos —abogados, procuradores, secretarios—, o que fuesen miembros destacados de unas elites locales cada vez más experimentadas en el servicio real. La progresiva identificación de las principales ciudades castellanas con las necesidades imperiales convirtió a muchos de sus regidores en agentes de un monarca en el que descansaban las expectativas más seguras de promoción social. Así, don Francisco Manuel de Lando, caballero de Alcántara y veinticuatro de Córdoba, ocuparía las superintendencias de rentas reales de Murcia y Segovia —además de sus corregimientos—, recibiendo en 1688 el título de conde de Santa Cruz de los Manueles25; y don Juan Prado y Mármol, que había ejercido de administrador de las rentas reales en San Clemente y el corregimiento en Guadalajara antes de su nombramiento como superintendente en Murcia en 1693, había obtenido en reconocimiento de sus servicios el condado de Belmonte dos años antes. No obstante, desde otros puestos menores situados en los tribunales de las superintendencias también se podía iniciar carreras administrativas de larga proyección, como fue el caso de don Juan Valcárcel y Dato, que desde un modesto empleo de escribano de rentas reales consiguió alcanzar importantes empleos cortesanos en el gobierno de la monarquía: en 1725 lograría ostentar una plaza en el Consejo de Castilla.

16En cualquier caso, los servicios de estos hombres del rey no sólo les permitirían alcanzar una posición relevante en el organigrama del poder territorial en Castilla, sino también introducirse en el tan deseado estamento de la nobleza titulada a partir de unos orígenes familiares relativamente humildes. La nobleza de servicio que en la siguiente centuria se encargarían de fomentar los monarcas españoles de la casa de Borbón, tenía en estas últimas décadas del Seiscientos su antecedente más directo.

II. — NIHIL NOVUS SUB SOLE? LOS INTENDENTES BORBÓNICOS EN EL CONJUNTO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

  • 26 Los elementos que intervienen en la construcción de esta lealtad borbónica castellana en F. J. Guil (...)

17El contexto castellano en el que se inicia la Guerra de Sucesión dista de ser, por consiguiente, un espacio político ajeno a esas modificaciones y adaptaciones político-administrativas logradas con mayor o menor éxito desde décadas antes. Los consejeros franceses de Felipe V no se encontraron con ese erial que tantas veces ha sido puesto de manifiesto por la historiografía tradicional, sino que, muy al contrario, durante la segunda mitad del Seiscientos se había acumulado una dilatada experiencia en la renovación de los instrumentos de gobierno que dependían del soberano. Los lazos que ya unían a la población castellana con la Corona fueron la base de una notable lealtad a la causa borbónica que proporcionaría a Felipe V unos recursos económicos y personales hasta entonces inimaginables26.

  • 27 Estos cambios en el caso del reino de Murcia lo hemos tratado en F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Mu (...)
  • 28 Lo que se dio en fechas parecidas (1705-1706) tanto en Aragón (A. Dubet, Un estadista francés, pp. (...)
  • 29 E. Giménez López, «El debate civilismo-militarismo».

18Aunque es cierto que la organización de esa fiscalidad extraordinaria hizo surgir nuevos agentes de la Corona, a menudo con atribuciones no formalizadas, como fue el caso de los amplios poderes asumidos por algunos obispos —caso de don Luis Belluga, prelado de Cartagena—, también lo es que continuaron otros agentes ya presentes en la administración de los territorios castellanos. Las funciones de superintendente de rentas reales, por ejemplo, siguieron manteniéndose en las capitales de provincia, unidas al cargo de corregidor, como venía sucediendo desde la década de 1690. No obstante, en aquellas zonas que se habían convertido en fronteras entre poblaciones de diferente obediencia dinástica, sus funciones estuvieron solapadas coyunturalmente con las que ostentaban los representantes de una nueva administración de carácter militar. Comisarios, comandantes y gobernadores militares, nombrados a causa de las urgencias de la guerra, compitieron por un espacio de poder que hasta entonces había sido exclusivo de los corregidores-superintendentes27. Incluso, en aquellos territorios peninsulares que fueron frente de batalla se nombró un intendente del ejército encargado expresamente del mantenimiento de las fuerzas militares allí desplazadas o acuarteladas28. En ocasiones, el restablecimiento de la paz conllevó la vuelta a la antigua planta, pero también ocurrió que los nuevos agentes permanecieron en beneficio del control ejercido por la Corona, iniciándose una militarización de la administración que no sólo afectaría, como tantas veces se ha señalado, a los territorios aragoneses29.

  • 30 J. Mercader Riba, «Un organismo-piloto en la monarquía de Felipe V»; C. Corona Marzol, «Un centro d (...)

19Con la conquista y reorganización de los reinos de Valencia y Aragón (1707), esta forma de gobierno se aplicó a los territorios hasta entonces sublevados. De hecho, una de las primeras instituciones que se crearon en la Valencia borbónica fue la superintendencia de rentas reales (1707-1713) que, además de las tareas que le eran propias en Castilla, también asumió la administración de los numerosos bienes confiscados a los austracistas30. La introducción de esta institución castellana se ha interpretado como un aspecto más de la ruptura política que los decretos de Nueva Planta conllevaron en la antigua Corona de Aragón, aunque lo cierto es que supone la introducción de un modelo comisarial que, como sabemos, era ya habitual en las dos principales monarquías europeas. Felipe V no hizo sino trasladar el capital político que la Corona había acumulado entre los castellanos durante décadas antes, con el fin de gobernar a unos súbditos que habían perdido sus derechos y privilegios desde el momento en que se habían levantado en armas contra él.

  • 31 J. P. Dedieu, «Les “surintendants généraux de province”». En realidad, su aparición está estrechame (...)

20En consecuencia, el proyecto de intendencias que prepara Bergeyck en 1711 no surge precisamente ex novo31. A pesar del cambio nominativo —de superintendente al más breve de intendente que termina por imponerse después de algún tiempo—, y a pesar de que sus funciones se ven ostensiblemente ampliadas, Bergeyck capitaliza impulsos que venían de muchas décadas atrás. En medio de un conflicto armado que estaba permitiendo consolidar el poder soberano, la población no percibió con especial extrañeza un delegado del monarca que, además de reunir todas las competencias fiscales, también poseía las de justicia y guerra. Tampoco era de extrañar que este agente dependiera de un secretario de Despacho nombrado directamente por el monarca, encargado a su vez de ejecutar las órdenes reales y de coordinar a todos los intendentes, sustituyendo al antiguo superintendente general de origen carolino. En esta nueva redefinición de las atribuciones del rey no sólo contribuyeron los triunfos de las armas borbónicas, sino también toda una práctica política que venía otorgando un sentido más coercitivo a la potestad regia.

  • 32 Parte de esta rica documentación fiscal la hemos encontrado para el caso de la intendencia de Murci (...)

21Si bien el título de intendente sugería un amplio margen de maniobra —«Real Justicia, Político, Guerra y Hacienda»—, en realidad se centró en el control y autorización de repartimientos para el sostenimiento de las tropas, de lo que es fruto una minuciosa labor administrativa —autos, vecindarios y reparto de contribuciones— desarrollada en la mayor parte de las localidades de sus respectivas provincias; la supervisión de los comisarios de guerra, encargados de dar alojamiento a la tropas; la autorización de proveedores para cualquier tipo de suministro al ejército; así como también la inspección de los tesoreros distribuidos por los partidos de la provincia, que debían enviar informes trimestrales a las secretaría de Hacienda32.

  • 33 AHN E 438: Murcia (24 de julio 1713): el corregidor don García Ramírez de Arellano a don José Grima (...)

22No obstante, el avance que supuso el plan de Bergeyck en la administración territorial española, generalizado a todas las provincias a partir de la Real Ordenanza de 1718, terminó chocando con las resistencias planteadas por los poderes locales; una situación muy parecida a la que se había dado con la implantación de los superintendentes en la década de 1690. Los conflictos jurisdiccionales fueron frecuentes con los corregidores a la hora de realizar cualquier servicio demandado por la Corona, como también los enfrentamientos con unas oligarquías que se mostraban reacias a satisfacer en su tiempo las cantidades señaladas por estos agentes del rey33. Por consiguiente, en 1721, sus funciones quedarían relegadas a las estrictamente fiscales que habían desempeñado los antiguos superintendentes, si bien en 1749 volverían a nombrarse con un ámbito competencial parecido al ideado por Bergeyck en 1711.

  • 34 E. Orduña Rebollo, Intendentes e intendencias, esp. cap. v.

23Sobre esta renovada base establecida con Fernando VI, el posterior reformismo desarrollado principalmente por el conde de Floridablanca generalizaría esta institución en los territorios americanos, comenzando en 1764 con la creación de la intendencia de La Habana, y continuando con un nutrido número de intendencias distribuido por los cuatro virreinatos entre 1776 y 1786. Lo que parecía ser una traslación de una institución metropolitana al estilo de «mis reinos de Castilla», constituía la última etapa en la circulación de un modelo comisarial de más largo alcance34.

III. — DOS CARAS DE UN MISMO MODELO

24En la monarquía española, tanto superintendentes como intendentes, responden a unas motivaciones muy parecidas. La necesidad de optimizar los recursos indispensables para la guerra, una posición preeminente de la Corona que le permitió introducir reformas en sus instrumentos de gobierno territorial y una cierta asimilación por parte de la población, hicieron que se pudiesen mostrar en diversos momentos estas dos caras de un mismo modelo de gestión de los recursos que ampliaba directamente el poder del soberano.

25De ahí que, de no haberse dado el sistema administrativo preexistente, seguramente hubiese sido más difícil la inserción de esta figura en la España de Felipe V.

26Por consiguiente, la implantación de los intendentes responde más a una reordenación de la administración española que a una importación de métodos administrativos de procedencia foránea. Al menos así lo pensaban los redactores de la Real Ordenanza de Instrucción de Intendentes de 1718, cuando en su preámbulo se afirmaba que este comisario regio

  • 35 J. L. Bermejo Cabrera, «Superintendencias en la Hacienda».

[…] habiendo antiguamente nacido en España, fue luego aprovechado en otras naciones, con notorias ventajas de su gobierno, como se debe esperar lo será ahora en mis reinos […]35.

  • 36 F. J. Guillamón áLvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, Educando al príncipe, esp. carta I.

27El que tanto los superintendentes austríacos como los intendentes borbónicos guarden más semejanzas que diferencias, debería llevarnos a un debate más amplio sobre el grado de novedad de las reformas de gobierno del primer Felipe V. Sin ser ni mucho menos despreciable la sombra de Versalles en las decisiones tomadas en el viejo alcázar madrileño, lo que bien demuestra la correspondencia entre Luis XIV y su nieto36, quizás habría que reconsiderar la herencia de la cultura político-administrativa española y matizar, por tanto, el papel tan determinante que se le ha venido adjudicando a los consejeros franceses. Este es quizás uno de los fantasmas que todavía envuelven historiográficamente el gobierno del primer Felipe V.

  • 37 A. Dubet, Un estadista francés, esp. cap. iii; C. de Castro, A la sombra de Felipe V, esp. cap. i.

28Probablemente, la labor realizada por los burócratas españoles en la elaboración y ejecución de estas reformas no fuera tan secundaria. De hecho, gracias a trabajos como los de Anne Dubet, conocemos mejor, por ejemplo, que Jean Orry tuvo que adecuar muchas de sus propuestas reformistas a la tradición administrativa española; y en su formulación final, Orry contó con la colaboración de veteranos covachuelistas como Grimaldo y los no menos conocidos Macanaz o Ronquillo37. En este caso, como en otros muchos, las continuidades entre la monarquía española de los Austrias y la de los Borbones parecen que fueron mayores de lo que generalmente se ha supuesto, lo que no es óbice para comprender la capacidad de adaptación de este modelo de gestión fiscal.

Notes

1 Sobre su establecimiento en 1711, con una denominación confusa en sus inicios, H. Kamen, La Guerra de Sucesión, pp. 124-127; J. P. Dedieu, «Les “surintendants généraux de province”».

2 Un buen ejemplo de la necesidad de repensar la monarquía de Carlos II es C. Storrs, The Resilience of the Spanish Monarchy.

3 Entre esos primeros trabajos destaca J. A. Sánchez Belén, «Absolutismo y fiscalidad en Castilla». También, V. Montojo Montojo, «La intendencia de Provincia de Murcia».

4 Sobre estos estereotipos, A. Dubet, Un estadista francés, esp. cap. ii.

5 H. Kamen, «El establecimiento de los intendentes»; de forma similar A. Morales Moya, Reflexiones sobre el Estado español, pp. 75-77, u Orduña Rebollo, Enrique, Intendentes e intendencias, p. 39.

6 H. Pietschman, Las reformas borbónicas, pp. 37-57, así como su «Antecedentes españoles e hispanoamericanos».

7 Entre las últimas aportaciones que se vienen haciendo al debate inconcluso sobre el absolutismo destacamos a W. Beik, «The Absolutism of Louis XIV», si bien algunas de sus propuestas están en la línea de N. Henshall The Myth of Absolutism. También es de interés entre los últimos títulos que alimentan este debate F. Cosandey y R. Descimon, L’Absolutisme en France.

8 Sobre el concepto de disciplinamiento social ha surgido toda una extensa bibliografía, aunque su inflexión se encuentra en la obra editada por P. Prodi, Disciplina dell’anima. Las resistencias sociales en R. Mackay, The Limits of Royal Authority.

9 Los múltiples canales de relación han sido puestos de manifiesto por J. F. Schaub, La Francia española, esp. introducción; sobre esa hispanofilia, J. J. Ruiz Ibáñez, «Inventar una monarquía». La rivalidad entre ambas dinastías en A. Haran, Le Lys et le globe.

10 J. I. Fortea Pérez, «Reino y Corte»; J. J. Ruiz Ibáñez, «Tiempo de guerra»; B. Cárceles de Gea, «Del juez de comisión al comisario real».

11 Sus características principales en R. Mousnier, Les institutions de la France, t. II, pp. 455-495; R. Descimon y C. Jouhaud, La France du premier XVIIe siècle, pp. 182-188. Más recientemente, M. L. Legay, Les États provinciaux, así como su aportación en este libro.

12 C. Sanz Ayán, «Reformismo y Real Hacienda»; Id., «Límites y objetivos de las reformas de la Hacienda».

13 J. A. Sánchez Belén, «Absolutismo y fiscalidad en Castilla» y, más ampliamente, en La política fiscal en Castilla.

14 J. Contreras Gay, «Las milicias pecuniarias en la Corona de Castilla».

15 AMM, Cartulario Real (CR) 1683-8 (Madrid, 16 de febrero 1683).

16 J. P. Dedieu y C. Lèbre, «Monarchie et patriciats municipaux»; J. D. Muñoz Rodríguez, «Tantas Cortes como ciudades»; I. A. Thompson, «Conflictos políticos».

17 J. A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla, pp. 283-286; J. D. Muñoz Rodríguez, Damus ut Des, pp. 129-132.

18 I. A. A. Thompson, «¿Fiel a qué?»; J. D. Muñoz Rodríguez, «Tantas Cortes como ciudades».

19 AMM, Acta Capitular (AC) 1687, Ayuntamiento Ordinario (AO) [19 de julio 1687]; AHN, Consejos Suprimidos 13619, nº 47: Murcia (16 de febrero 1694): el corregidor al Consejo.

20 Estas limitaciones también las señala J. I. Fortea Pérez, «Príncipes de la república», esp. pp. 108-110.

21 Para éstas remitimos, especialmente, a C. de Castro, A la sombra de Felipe V, esp. cap. ii; A. Dubet, Un estadista francés, esp. cap. ix.

22 Los proyectos del marqués de los Vélez en G. Maura, Vida y reinado de Carlos II, pp. 447-450 y 509-511; J. A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla, pp. 241-242.

23 Algunas actuaciones concretas en nuestro «Cuando el Rey se hace presente».

24 Por ejemplo, el corregidor de Lorca reconocía que «en pocos años a esta parte [han asesinado] a ocho o diez ministros y guardas de dichas rentas reales y a todos con bocas de fuego cortas» (AGS, Consejos y Juntas de Hacienda 1593: Lorca [15 de mayo 1692]: don Baltasar Montoya al Consejo).

25 AMM, AC 1688, AO (12 de octubre 1688): carta de don Francisco Manuel de Lando.

26 Los elementos que intervienen en la construcción de esta lealtad borbónica castellana en F. J. Guillamón áLvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, «La lealtad castellana»; también, I. Vicent López, «La cultura política castellana». Una percepción global del conflicto sucesorio en el reciente trabajo de J. Albareda, La guerra de Sucesión de España.

27 Estos cambios en el caso del reino de Murcia lo hemos tratado en F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, «Las milicias de Felipe V»; nuevos cargos que podían estar condicionados por la extrema venalidad de la coyuntura como ha demostrado F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad, pp. 234-237.

28 Lo que se dio en fechas parecidas (1705-1706) tanto en Aragón (A. Dubet, Un estadista francés, pp. 266-267) como en Murcia (AHN, Estado 287: Murcia [9 de noviembre 1706]: el obispo Belluga a don José Grimaldo).

29 E. Giménez López, «El debate civilismo-militarismo».

30 J. Mercader Riba, «Un organismo-piloto en la monarquía de Felipe V»; C. Corona Marzol, «Un centro de experimentación castellana en Valencia».

31 J. P. Dedieu, «Les “surintendants généraux de province”». En realidad, su aparición está estrechamente relacionada con la nueva contribución de 60 reales por vecino que debería encargarse de recaudar (AMM, AC 1711 Ayuntamiento Extraordinario [AE], 26 de diciembre 1711).

32 Parte de esta rica documentación fiscal la hemos encontrado para el caso de la intendencia de Murcia en los legajos que custodia el Archivo Municipal de Murcia. La labor de de avituallamiento del ejército se dio, por ejemplo, en los preparativos para el asalto a Barcelona (AHN E 438: Cartagena [3 - de abril 1713]: el gobernador don Francisco Ibáñez a don José Grimaldo).

33 AHN E 438: Murcia (24 de julio 1713): el corregidor don García Ramírez de Arellano a don José Grimaldo por las diferencias con el intendente por la compra de cebada para las tropas; Murcia (1 de agosto 1713): el intendente don Antonio de la Pedrosa y Guerrero a don José Grimaldo por lo mismo.

34 E. Orduña Rebollo, Intendentes e intendencias, esp. cap. v.

35 J. L. Bermejo Cabrera, «Superintendencias en la Hacienda».

36 F. J. Guillamón áLvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, Educando al príncipe, esp. carta I.

37 A. Dubet, Un estadista francés, esp. cap. iii; C. de Castro, A la sombra de Felipe V, esp. cap. i.

Notes de fin

1 De una composición musical titulada Lauda Sion Salvatorum de Manuel de Sumaya, compositor que desde 1739 hizo de Antequera del Valle de Oaxaca uno de los centros musicales más destacados de la Nueva España.

Auteur

Universidad de Murcia

© Casa de Velázquez, 2010

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