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Las monarquías española y francesa (siglos xvi-xviii)

 | 
Anne Dubet
, 
José Javier Ruiz Ibáñez

II. — Los modelos extraños. Fabricación y recepción

La reestructuración de la administración judicial local en la Corona de Castilla (1700-1749)

Manuel Amador González Fuertes

Texte intégral

I. — EL MODELO FRANCÉS: TRADICIÓN, LIMITACIONES Y NUEVOS MODELOS INTERPRETATIVOS

  • 1 A. Dubet, «¿La importación de un modelo francés?».

1La historiografía tradicional sobre el reinado de Felipe V consideraba que el rey y un equipo de ministros franceses o influenciados por ideas francesas intentaron adaptar a la realidad hispana un presunto modelo administrativo que, derivado del reinado de Luis XIV, arraigaría con éxito a este lado de los Pirineos1.

2Este modelo se fraguó a lo largo del siglo XIX en el marco de la historiografía nacionalista de ambos países. Sin necesidad de pormenorizar, la historiografía francesa podía «presumir» de la influencia modernizadora de Francia sobre la atrasada Monarquía hispánica en un momento en el que su cultura era la que servía de guía y referencia a la alicaída cultura hispana.

3En el caso español, el modelo también era aceptado, aunque la interpretación que se hacía era contrapuesta en función de la ideología de los historiadores. Así, la historiografía conservadora no liberal proclamaba la presencia del modelo para atacar a la monarquía borbónica como la causante última de la decadencia por sus ideas extranjerizantes y la pérdida de un supuesto ideal católico como referente. Desde posiciones liberales era la influencia francesa la que había iniciado la recuperación de la monarquía tras el ocaso de los últimos Austrias. Tanto reaccionarios como liberales extrapolaban sus visiones contemporáneas a otro tiempo histórico.

4Pero también existían motivos históricos para justificar la pervivencia de este modelo. El más importante era que resolvía satisfactoriamente lo que era considerado un cambio profundo en la monarquía. Los Decretos de Nueva Planta o los intentos de implantación de los intendentes, tan diferentes, según los historiadores, a las prácticas políticas de los Austrias, sólo podían explicarse por la influencia de un modelo francés que la camarilla de Felipe V intentó implantar en la monarquía. No se había reparado todavía en sus posibles orígenes durante el reinado de Carlos II ni se habían realizado estudios pormenorizados sobre la realidad práctica de las medidas, por lo que parecía lógico que derivasen del cambio en las cabezas rectoras de la monarquía. Por otra parte, esta posible copia resultaba coherente con la imperante visión progresiva del avance humano y resultaba atractiva desde un punto de vista pedagógico, pues con un simple concepto se explicaban las causas últimas de los cambios.

5La crítica a la existencia de un modelo francés se inició cuando análisis detallados revelaron que el supuesto modelo interpretativo no explicaba la totalidad de las variantes e incluso, en ocasiones, se encontraron elementos que no sólo no se explicaban desde el exterior sino que tenían un origen en el reinado de Carlos II. Ante esta situación, los especialistas empezaron a poner en duda, basados en sus particulares estudios, la totalidad del modelo aunque casi nunca dieron el paso definitivo de no considerarlo útil.

  • 2 Dubet señala que la existencia del propio modelo francés —mal definido por los especialistas— relac (...)

6Nos encontramos así ante un momento de indeterminación frente al modelo, el cual no responde a todas las preguntas pero se considera lo suficientemente vigoroso como teoría para no desecharlo definitivamente2. A lo más que se atreven los críticos es a considerar que las decisiones se tomaron más allá del modelo en función de circunstancias concretas de cada momento.

  • 3 J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España.
  • 4 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía.

7En los últimos años la atención se ha centrado en el intento de crear otros modelos de interpretación. Tanto en el planteamiento explicativo en el cual la «vía reservada» va sustituyendo poco a poco la «vía de consulta»3 como en el defendido por Fernández Albaladejo, basado en el tránsito de una «monarquía jurisdiccional» a otra de tipo administrativo4, se presenta la evolución de la monarquía más en relación con su devenir interno que con posibles influencias externas, aunque éstas no se rechazan dentro de un planteamiento ideológico común a nivel continental.

8En esta misma línea interpretativa se mueve Anne Dubet, quien ha llamado la atención sobre la presencia de una cultura política común en las cortes de Versalles y Madrid que tendrá que enfrentarse a partir del siglo XVII con la necesidad de potenciar la «vía reservada» sobre las «vía de consejo» con el fin de alcanzar una mayor rapidez en la resolución de los negocios. Así, lo que sucederá en época de Felipe V, sin descartar la influencia de los asesores franceses, sería una muestra más de este traslado de «hacer lo extraordinario ordinario» al considerarlo más eficiente.

9Desde nuestro punto de vista, cuando se habla de modelos de interpretación debemos ser conscientes de su carácter ideal. Los ataques recibidos por el llamado modelo francés partieron de detallados análisis de aspectos concretos. Y tales análisis son útiles precisamente por centrarse en el marco de la realidad, presentándose como pruebas para verificar la solidez del modelo ideal, pero no pueden plantearse, desde ese plano de la realidad, como alternativas ideales válidas pues para ello tendríamos que pasar al plano de la teoría. Es precisamente ante las imperfecciones detectadas en la observación directa cuando se torna imprescindible buscar nuevos modelos que recojan las salvedades presentadas en los análisis de los hechos.

10En nuestro caso aportaremos a continuación un análisis, que pretendemos exhaustivo, sobre la participación del poder central en el nombramiento de la justicia local realenga de la Corona de Castilla durante la primera mitad del siglo xviii como ejemplo de investigación particularizada que permita, en este caso a nivel de ejemplo, validar la solidez de los nuevos modelos puestos en circulación en los últimos años presentando sus aciertos y, si fuera menester, sus limitaciones.

II. — NOMBRAMIENTOS DE CORREGIDORES REALENGOS EN CASTILLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: PERVIVENCIAS, EVOLUCIÓN Y REFORMAS

  • 5 Hay cuatro cambios de jurisdicción entre los corregimientos realengos; en tres, se reincorporaron a (...)

11La capacidad de juzgar por parte del monarca era una de sus principales regalías y, en algunas ocasiones, se la consideraba como la primera. Pero, una vez más, este componente teórico no era muy respetado en la práctica. La evolución de la monarquía había provocado la enajenación de numerosas preeminencias regias y, entre ellas, también la cesión del poder jurisdiccional de determinados territorios y el nombramiento de sus cargos de justicia, aunque en estas enajenaciones se permitió siempre a los litigantes acudir en grado de apelación a tribunales superiores nombrados por el rey5.

12Los nombramientos de los cargos de justicia no enajenados se tramitarían dentro de la administración polisinodial a través de diferentes Consejos en función de criterios geográficos —como en los casos de la Cámara de Castilla o del Consejo de Indias» o temáticos —como ocurría con el especial caso del Consejo de Indias—. La peculiar incorporación a la Corona durante el reinado de los Reyes Católicos de las diferentes órdenes militares con sus diferentes jurisdicciones a través de la adscripción personal de las mismas al rey trajo como consecuencia que, para el nombramiento de los jueces de dichas jurisdicciones, se crease una institución ad hoc, el Consejo de Órdenes, que se encargaría, en este campo, de la tramitación de los nombramientos de sus cargos de justicia.

13Para Castilla, el organismo encargado de consultar los cargos de justicia no enajenados ni bajo jurisdicción de las Órdenes fue la Cámara de Castilla, por lo menos desde que las ordenanzas de 1588 la institucionalizaron definitivamente. Será sobre este tipo de nombramientos, entre los que se encuentran las ciudades más importantes de la monarquía, sobre el que centraremos el estudio. Las fechas extremas del mismo vendrán marcadas por la llegada al poder de Felipe V el 1 de noviembre de 1700 y la publicación del Real Decreto de reinstauración de los intendentes de 2 de diciembre de 1749. En este decreto, se recoge un elemento poco desconocido pero muy relevante: la obligatoriedad de la tramitación por Cámara de los nombramientos de alcaldes mayores y tenientes de corregidor, que hasta ese momento eran nombrados por los diferentes corregidores sin que existiese un control por parte de la administración central. Con esta medida, que también pervivirá en el tiempo, se conseguirá definitivamente la participación de la administración central en la designación del primer escalafón de la carrera judicial.

  • 6 Sólo conocemos una relación a la altura de 1711 (B. González Alonso, El corregidor castellano).
  • 7 Serie «Nombramientos de corregidores» (AHN, Consejos, legs. 13588-13640) completados por la serie d (...)

14Lo primero que necesitamos conocer es la evolución anual de los corregimientos tramitados por la Cámara6. Para conocer esta evolución se han consultado los legajos del Archivo Histórico Nacional en donde se guardan los nombramientos de los corregidores7 —recogidos en el Anexo I (pp. 123-125)—. El número, evolución y tipología de corregimientos castellanos (ver anexo II, pp. 126-128) servirá como punto de partida.

  • 8 Además de los cambios provocados por enajenación o recuperación regia de la jurisdicción, el resto (...)

15La primera conclusión que se puede sacar de estos datos es la escasa evolución en el número de corregimientos. Sólo se produce un incremento de tres corregimientos entre los 83 registrados en 1700 y los 86 existentes en diciembre de 1749. Todo parece indicar que no se consideró oportuno reformar el número y la distribución territorial de los corregimientos heredados de los Austrias. Las escasas modificaciones se explican por pequeños ajustes a nivel local que, salvo en el caso de la creación de la Audiencia de Asturias, no tenían repercusiones de carácter general8.

16Este análisis de los nombramientos constata que no todos los corregimientos eran iguales y estas diferencias venían marcadas por tres factores diferentes:

17a. — Los organismos encargados de asesorar al monarca en su nombramiento. Los corregidores podían ser nombrados a través de tres organismos diferentes. El grupo más numeroso de corregidores, siguiendo la tradición, era consultado por la Cámara de Castilla, aunque en la práctica podían ser designados directamente por el rey a través de un Real Decreto.

18Fuera de los nombramientos que legalmente debía consultar la Cámara se comprueba que en tres casos —Hellín, Iniesta y Villanueva de la Jara y Linares—, el nombramiento regio se realizaba después de una consulta del Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla que proponía a un candidato, siendo invariablemente aceptado por el monarca.

19En otros nombramientos, las competencias de la Cámara se trasladaron en un primer momento a la secretaría del Despacho y posteriormente, tras la división de ésta, a las secretarías del Despacho de Guerra y de Hacienda. Va a ser en la evolución de este tipo de corregimientos consultados por la secretaría del Despacho en donde se centre el debate y las alternativas para un posible cambio en profundidad de los delegados del poder central —no sólo a nivel judicial— de la monarquía.

20b. — Los requisitos culturales y sociales necesarios para desempeñar un corregimiento. Al principio del siglo XVIII, eran dos los grupos sociales que podían alcanzar un corregimiento de la Corona. Los corregimientos que tenían un carácter letrado sólo podían ser desempeñados por licenciados en leyes con práctica en derecho común. Desde el punto de vista de la administración de justicia, serían estos letrados los más idóneos para el desempeño del cargo y más si se tiene en cuenta que quienes no tenían esta formación nombraban a los alcaldes mayores, debiendo ser éstos también letrados, pero sin ser supervisada su designación por la administración central.

21Por otra parte, se había reservado un importante grupo de corregimientos —los llamados corregimientos de capa y espada y los gobiernos militares y políticos— para otro grupo social determinado, el de los nobles y militares elegidos para estos cargos en función de su prestigio y liderazgo social. En el caso particular de los gobiernos militares y políticos, el predominio del componente militar sobre el nobiliario resultaba evidente, aunque lo que más diferenciaba a los gobernadores de los corregidores de capa y espada era que los primeros aunaban en su cargo la vertiente jurídico-gubernativa del corregidor con la máxima responsabilidad militar.

22Un tercer grupo social intentó consolidarse a lo largo del periodo en los cargos de la administración territorial mediante la implantación de las intendencias que pretendían crear, sobre todo en el proyecto de 1718, un nuevo grupo de servidores a nivel local preocupados por los aspectos hacendísticos, entre los cuales no resultaba necesaria la formación en derecho, la experiencia militar o el prestigio nobiliario. Es el inicio de un nuevo tipo de burócrata que dependerá de los secretarios del Despacho, profundo conocedor de los trámites y diligencias administrativas y con amplios conocimientos de tipo económico y hacendístico. Apuntado en este período consolidará su presencia en la administración a partir de 1749.

23c. — La acumulación de cargos por parte del corregidor. La posibilidad de aunar en una misma persona diferentes cargos provocará una diferencia real entre los corregidores. Se acaba de observar como, en el caso de los gobernadores militares y políticos, la acumulación de estos dos cargos les proporcionaba mayor poder que al simple corregidor. En similares circunstancias se encontraron los intendentes —aunque no en todos los casos— que acumularon las competencias del corregimiento con las hacendísticas propias de la nueva institución. En este caso, sin embargo, se debe señalar que en numerosas ocasiones los corregidores también eran nombrados superintendentes locales de la Real Hacienda. Estas superintendencias, mal conocidas por la historiografía, les permitían controlar la hacienda local, planteándose incluso como posible alternativa al propio cargo de intendente.

24Aparece una amplia tipología de corregidores que en función de estas tres variables pueden resumirse en los siguientes grupos: letrados consultados por la Cámara, de capa y espada consultados por la Cámara, intendentes consultados por la Cámara, intendentes de ejército nombrados por la secretaría del Despacho de Guerra, intendentes de provincia nombrados por la secretaría del Despacho de Hacienda, gobernadores militares y políticos y letrados nombrados por el Presidente del Consejo de Castilla. Aunque no todos son igualmente significativos, son los que hay que tener en cuenta para analizar la evolución de los nombramientos de corregidores castellanos.

25A la muerte de Carlos II, el grupo de corregidores más importantes de los 83 existentes eran los 45 corregidores de capa y espada consultados por la Cámara de Castilla (54,2%), seguidos por los 34 corregidores letrados también consultados por la Cámara (41%), lo que daba un total de 79 corregidores consultados por este organismo (95,2%). Entre los cuatro corregidores no consultados por la Cámara, tres eran nombrados directamente por el Gobernador del Consejo de Castilla (3,6%) mientras que la secretaría del Despacho era la encargada de nombrar al único gobernador militar y político, el de la importantísima ciudad de Cádiz. Se observa el absoluto predominio que al final de la época austriaca tenía la Cámara de Castilla, siguiendo la tradición establecida por las Ordenanzas de 1588, sobre la consulta de los corregidores.

  • 9 Como se refleja en la consulta de la Cámara para el nombramiento el 16 de mayo de 1757 del Alcalde (...)

26Partiendo de estos datos, se puede describir la evolución de los diferentes tipos de corregidores. De ellos, el grupo más homogéneo es el de los tres corregimientos nombrados directamente por el Presidente del Consejo de Castilla. Dicha práctica permanece inalterable hasta un mandamiento real fechado el 5 de enero de 1755 por el cual se ordena que estos corregimientos sean consultados por la Cámara, como en el caso del resto de los corregimientos letrados9.

27Diferente es el caso de los gobiernos militares y políticos, en los que se observa un incremento significativo. Desde el excepcional caso de Cádiz en 1700, el número de gobernadores militares y políticos se incrementa paulatinamente hasta llegar a once a la altura de 1749, lo que representaba el 12,8% del total de corregidores.

28Son las circunstancias bélicas de la Guerra de Sucesión el motivo originario por el cual se comienzan a añadir al mando militar las competencias civiles de las poblaciones. En la difícil coyuntura de finales de 1705, las principales ciudades del frente portugués —Badajoz y Ciudad Rodrigo— se transforman en gobierno militares y políticos y se separa la jurisdicción de Cartagena de la de Murcia, transformando a la primera en otro de estos gobiernos. Tres años después, en 1708, se produce este mismo fenómeno en Requena —puerta de entrada al recién conquistado reino de Valencia—, Asturias o Almería. El final de la Guerra de Sucesión no supone la disminución de estos gobiernos, quizá por ser la solución institucional ideada para la administración territorial de la Corona de Aragón. La efectiva presencia de este tipo de gobierno en Castilla y la influencia de los gobiernos aragoneses propician, no sólo su pervivencia, sino incluso su aumento en coyunturas problemáticas como a principios de los años veinte (Tarifa, Cartagena y Gibraltar) o a finales de los años treinta (Gibraltar y Puerto de Santa María).

29La situación geográfica de los nuevos gobiernos militares y políticos determina un carácter defensivo evidente. Se sitúan en lugares costeros (Almería, Cartagena, Málaga o cuatro villas del mar de Santander), alrededor de Gibraltar en donde se concentrarán cinco gobiernos (Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Gibraltar, Puerto de Santa María y Tarifa) y en territorios fronterizos tanto con Portugal (Badajoz y Ciudad Rodrigo) como con el reino de Valencia (Requena).

30Durante la primera mitad del siglo XVIII, los gobiernos militares y políticos, nombrados por la secretaría del Despacho de Guerra, se consolidan como una alternativa válida en situaciones políticas conflictivas y en determinados territorios costeros o fronterizos, teniendo como referente su existencia en los conflictivos territorios de la Corona de Aragón.

31El grupo de corregidores más perjudicado por el asentamiento, en primer lugar de los gobiernos militares y políticos y, posteriormente, las intendencias, serán los corregidores de capa y espada consultados por la Cámara. Como ya se ha indicado, los 45 corregidores de este tipo representaban el 54,2% del total en 1700. Sin embargo, su porcentaje disminuye moderadamente durante la Guerra de Sucesión hasta llegar incluso, tras la contienda, a recuperar su primitivo número. Es la creación del cargo de intendente en 1718 la que provoca su primera reducción significativa al pasar de 42 en 1718 (50,6%) a 33 el año siguiente (39,8%). La supresión de los intendentes en 1724 posibilita cierta recuperación, aunque desde finales de los años treinta se reinicia el paulatino descenso que ya no parará a lo largo del siglo.

32La explicación de esta reducción pasa por dos causas complementarias. En primer lugar, resultaba más efectivo para el poder central la tipología del gobierno militar y político, que unía en un militar en activo las funciones gubernativas y militares, que la del corregidor de capa y espada que no tenía funciones militares y, además, tampoco poseía una especialización letrada que pudiera argumentar como especificidad. Por otra parte, estos corregidores no eran valorados ni defendidos por la propia institución que los consultaba, la Cámara de Castilla. Para los camaristas, letrados en su mayoría, el cargo a defender era el de corregidor letrado, en una visión de la monarquía de tono civilista, y más cuando en la Corona de Aragón los letrados habían sido sustituidos por gobernadores. Aún así, todavía a la altura de 1749, era el grupo más importante entre los corregidores con 36 representantes (41,9%).

33La evolución de los corregidores letrados es bastante homogénea, como demuestra que en términos absolutos en 1749 sólo tengan un representante menos (33) que en 1700. El número de corregidores letrados sólo se redujo a partir de 1708 por el aumento de los gobiernos militares y políticos durante la Guerra de Sucesión, pero recuperaron su anterior número después de la guerra. Tampoco sufrieron gran pérdida de efectivos con la implantación de los intendentes de 1718 aunque, también es verdad, su número no se incrementó —manteniéndose en 31— después de la supresión de las intendencias. Sólo se aprecia un ligero incremento en su número desde mediados de la década de 1740 que continua más allá de 1749.

34La Cámara de Castilla, protectora de este tipo de corregimientos, bastante hace durante el reinado de Felipe V con defenderlos ante la situación bélica de principios de siglo que consolida como alternativa a los gobiernos militares y políticos y el intento reformista de las intendencias entre 1718 y 1724. Todavía no había llegado el momento letrado en este tipo de administración. La guerra y la hacienda marcaban el paso.

35La creación del cargo de intendente, junto con la supresión de la jurisdicción privilegiada en la Corona de Aragón, son los principales acontecimientos que desde un punto de vista administrativo justificaban, según la historiografía tradicional, la presencia de un modelo francés en la corte de Felipe V. Por ello convendrá dedicar al nombramiento de intendentes una atención especial.

36Si se observan los dos primeros intentos de instauración de los intendentes, lo primero que llama la atención es la ausencia de nombramientos de intendentescorregidores en el primer intento de implantación del cargo en 1711. Ello es así porque los nuevos cargos de superintendente general de provincia e intendente de ejército no afectaron a los corregimientos preexistentes. Así, en territorio castellano, de los 20 cargos de superintendente o intendente que se constituyen en este momento (Ávila, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, La Coruña, León, Mérida, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora) sólo en tres momentos puntuales se produjeron coincidencias entre el cargo de corregidor y el de intendente. Serían los siguientes:

    • 10 AGS, Estado, lib. 439; y AHN, Cons. leg. 13594.

    El Corregidor de Burgos —elegido el 12 de agosto de 1710— Antonio de Hoces Córdoba será designado superintendente general de la provincia de Burgos el 24 de febrero de 1712, reuniendo ambos cargos hasta el nombramiento como corregidor de Burgos, sin Intendencia, el 13 de abril de ese año de Francisco Coronado. Poco más de un mes estuvieron en manos de una persona ambas competencias10.

    • 11 AHN, Fondos Contemporáneos, Hacienda, lib. 8004, fº 78rº; AHN, Consejos, leg. 13614.

    En el caso de León, su corregidor —elegido el 17 de agosto de 1711—, Antonio Fernández de Castro, fue nombrado de manera interina superintendente general de la provincia de León el 2 de mayo de 1713 con el fin de sustituir a Tomás Moreno Pacheco. Este carácter interino denota que no se deseaba unir los dos cargos11.

    • 12 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, pp. 192-193; AHN, Consejos, leg. 1 (...)

    El último de los casos fue el sevillano. El marqués de Monroy, Asistente desde el 7 de noviembre de 1708, fue nombrado superintendente general del Ejército y provincia de Sevilla el 24 de febrero de 1712, mientras que el futuro asistente, el marqués de Aranda, era nombrado el 22 de septiembre de 1712 como intendente del Ejército de Andalucía, desempeñando ambos cargos hasta el 10 de noviembre de 1713. En este caso tampoco se puede hablar de una consolidación institucional de la unión ya que, por un lado, nos encontramos con dos cargos diferentes —el de superintendente general y el de intendente de ejército— lo que denotaría realmente cierta inseguridad institucional. Por otra parte, el nombramiento de asistente del marqués de Aranda no se confundió con el de intendente al ser consultado, como era tradicional, por la Cámara, siendo además el primero en la terna con todos los votos de los camaristas. Por último, cuando Aranda abandona la asistencia, el cargo de intendente del Ejército de Andalucía se desvincula de la misma12.

37El cargo de superintendente o intendente nunca interfirió en el nombramiento de corregidor. Además, todo parece indicar que no era intención de la monarquía que tal cosa ocurriera, pues las simultaneidades de ambos cargos coincidieron con interinidades o indefiniciones institucionales. Era más importante el papel personal de los marqueses de Monroy o Aranda que el poder que emanaban sus nuevos cargos.

38La necesidad de recursos por la guerra, el breve tiempo que duró el primer intento de instauración de los intendentes y el hecho de que en la práctica la nueva institución no colisionara con los corregidores imposibilitó una oposición efectiva hacia los nuevos oficios. No ocurrió así en el intento de reforma de 1718. Con la llegada al poder de Alberoni, se relanzó la idea de restablecer las intendencias bajo una nueva división territorial, ante la necesidad de allegar recursos a las arcas regias. Se apostó por una profunda reestructuración de la administración territorial, basada en la puesta en marcha de las intendencias en un intento de reforzar el poder de la «vía reservada» de las secretarías del Despacho frente a la «vía de consulta» de los Consejos.

  • 13 Ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento e instrucción de intendentes y para tesorer (...)
  • 14 La Intendencia de Valencia y Murcia tuvo como capital Valencia y la de Navarra y Guipúzcoa se estab (...)

39El nuevo enfoque propuesto para la implantación de los intendentes fue recogido por los enemigos de la reforma para presentarla como inviable. La Ordenanza de 4 de julio de 171813, que regulaba las competencias de las nuevas intendencias, recogía una división territorial que no coincidía con la división por reinos tradicional14 y que incluía diferentes corregimientos en una sola intendencia, convirtiéndose el intendente, en algunos casos, en corregidor de la capital de su intendencia.

  • 15 Ordenanza de 4 de julio de 1718… (Madrid, 1720), pp. 8-9.

40Además, desde un punto de vista jurisdiccional, la ordenación era bastante confusa. Los intendentes tendrían capacidad de control en los pleitos incoados por los corregidores de su jurisdicción15, lo que podría provocar la creación de un órgano intermedio entre corregimientos y Audiencias que desvirtuase la jerarquización clásica. Según el Consejo de Castilla, los intendentes intervenían por esa vía en los procesos judiciales civiles, creando un anormal tribunal intermedio que empeoraba la administración de justicia. No estamos en disposición de pronunciarnos sobre la exactitud de los argumentos del Consejo pero, sin duda, era un buen argumento teórico en contra de las intendencias.

41Aunque el intento de establecer intendentes debe interpretarse como un fortalecimiento de la «vía reservada» sobre la «vía de consejo», las explicaciones radicales por las cuales pretendía eliminar el papel de los Consejos resultan falsas, tanto por la aplicación de las medidas que analizaremos como por los «flecos» aprovechados por los enemigos de la reforma, fundamentalmente el Consejo de Castilla, para ponerla en duda.

  • 16 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 11.
  • 17 Las dos intendencias que no asumieron ningún corregimiento fueron Extremadura y Canarias.
  • 18 Los intendentes que también ejercían de corregidores en Castilla eran los de Sevilla, Salamanca y L (...)
  • 19 Eran: Córdoba, Valladolid, Ávila, León, Burgos, Guadalajara, Ciudad Real, Granada y Toledo.

42De las dieciséis intendencias que se crearon en agosto de 171816 con jurisdicción sobre territorio castellano, en catorce se fijó la capital en Castilla. De éstas, en doce (Sevilla, Córdoba, Salamanca, Valladolid, Ávila, La Coruña, León, Burgos, Guadalajara, Ciudad Real, Granada y Toledo) se unificó el cargo de intendente y de corregidor, lo que representaba el 14,5% de los corregimientos en 172017. Cifra significativa —y más si se tiene en cuenta que eran las principales ciudades de la Corona— pero que dejaba margen de maniobra para otras formas de designación. Por otra parte, dentro de las intendencias se diferenciaron las intendencias de ejército nombradas por el secretario del Despacho de Guerra18 y las intendencias de provincia nombradas por la secretaría del Despacho de Hacienda19.

  • 20 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 143.
  • 21 Así sucede en los nombramientos del conde de Ripalda —consultado por la Cámara en primer lugar por (...)
  • 22 Como la importancia institucional de la peculiar Asistencia de Sevilla, la trascendencia de la plaz (...)

43El establecimiento de los intendentes fue tema de debate en la época, creándose dos grupos enfrentados: los reformistas y los inmovilistas. La actuación práctica de tales grupos se puede apreciar en los nombramientos de estos cargos. Así, se comprueba en los nombramientos de la Intendencia de Sevilla, cuyo intendente no fue nombrado por la secretaría del Despacho de Hacienda hasta 1737. Hasta ese año, la Cámara continuó consultando al asistente-intendente de manera absolutamente excepcional. Tras el abandono de la Intendencia de Andalucía por Francisco de Paula Ocio Salazar en 1721, al ser nombrado Consejero de Hacienda20, el cargo fue asimilado por el asistente de Sevilla, el conde de la Jarosa, propuesto como asistente por la Cámara el 7 de febrero de 1720. Hasta aquí la situación podría ser normal, pero la Cámara siguió consultando los asistentes hasta el nombramiento de Ginés de Hermosa y Espejo el 8 de diciembre de 173721 que ya realizó la secretaría del Despacho de Hacienda. Aunque las razones que puedan explicar esta anomalía pueden ser diversas22, no cabe ninguna duda que durante estos 17 años la designación del intendente recayó en manos de la Cámara y no de la secretaría del Despacho de Guerra como intendente del ejército que era.

44Esta lucha soterrada entre reformistas e inmovilistas parecía concluir con el Real Decreto de 19 de julio de 1724 en el cual Luis I, persuadido por Luis de Miraval, Presidente del Consejo de Castilla, daba un paso atrás y suprimía las intendencias de provincia aunque mantenía las de ejército. La muerte de Luis I y el regreso de Felipe V cambiaron la situación política, aunque el nuevo rey mantuvo la decisión de su hijo introduciendo una serie de variantes en la práctica que limitaba el triunfo de los inmovilistas. En primer lugar, se mantuvieron las intendencias de ejército —Sevilla, Salamanca y La Coruña— siguiendo las disposiciones de Luis I.

  • 23 AHN, Consejos, leg. 13612.
  • 24 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 87.
  • 25 AHN, Consejos, leg. 13634.
  • 26 AHN., Consejos, leg. 13597.
  • 27 José Valdés Sierra fue nombrado por Real Decreto sin consulta de la Cámara Corregidor de Burgos el (...)
  • 28 Diego Merino Rojas fue nombrado Corregidor de Ávila en 1724. Había sido Intendente de Extremadura ( (...)
  • 29 Juan García Ramírez de Arellano fue nombrado por Real Decreto Corregidor de León sin prórroga tras (...)

45La evolución de las nueve intendencias de provincia fue variada y en la misma se vuelve a apreciar el enfrentamiento político entre los dos grupos, en donde el peso reformista de la Corona juega un papel determinante. La Intendencia de Guadalajara se vinculó con la Intendencia de la Fábrica de Paños de esa localidad, con lo que el control de la secretaría del Despacho de Hacienda continuaba presente23. En el caso de Toledo, unos días antes de la supresión de las intendencias, se nombró para la misma al marqués de Olías quien permaneció en su puesto con un confuso título de Corregidor Superintendente24 hasta 1745, lo que implica la continuidad de los planteamientos reformistas25 al ser prorrogado cada tres años sin participación de la Cámara. En Córdoba, el intendente, Francisco Bastardo de Cisneros, nombrado a finales de 1723, permanece en su puesto hasta su muerte en 1747 también con prórrogas automáticas26. En Burgos27, Ávila28 y León29, los nuevos corregidores provenían de intendencias, desempeñando su labor hasta 1742,1732 y 1727 respectivamente. Sólo en tres de las antiguas intendencias —Granada, Ciudad Real y Valladolid— no se observa influencia de antiguos intendentes en los corregimientos.

III. — UNA PARADOJA Y UNA REFLEXIÓN

46El pormenorizado análisis que se ha pretendido realizar sobre los nombramientos del personal judicial castellano durante la primera mitad del siglo XVIII ha puesto de manifiesto, en relación con los diferentes modelos interpretativos que la actual historiografía presenta, cierta paradoja. En efecto, de una parte, la detallada reconstrucción de las designaciones constata, por ejemplo, que tras la supresión de las intendencias en 1724, la influencia de antiguos intendentes fue decisiva todavía en importantes ciudades castellanas. Por otra parte, esta misma reconstrucción a nivel teórico, desde nuestro punto de vista, muestra las limitaciones interpretativas de los modelos propuestos que olvidan, quizá en pos de unas novedades que asienten el modelo, el importante peso con el que todavía cuentan las formas tradicionales, en este caso en la gestión del nombramiento de corregidores. Creemos que en una correcta imbricación entre novedades y pervivencias es en donde deberíamos centrar nuestro esfuerzo para la mejor comprensión histórica.

Annexes

Anexo I. — Cuadro de los corregimientos castellanos (1700-1479)

Anexo II. — Modificaciones en los corregimientos castellanos (1700-1749)

  • Tipos

Corregimientos

Letrado

Ágreda, Alcaraz, Almería, Andújar, Aranda de Duero, Arévalo, Asturias, Bayona, Becerril de Campos, Bujalance, Ciudad Real, Cuatro villas de la Hoya de Málaga, Guadalajara, Guipúzcoa, Huete, Illescas, Lorca, Madrigal, Molina y Atienza, Olmedo, Orense, Ponferrada, Quesada, Reinosa, Requena, Santo Domingo de la Calzada, Soria, Tordesillas, Utiel, Vélez-Málaga, Villarcayo, Villena, Vivero, Vizcaya.

Capa y Espada

Alcalá la Real, Antequera, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Isla de Canaria, Carmona, Carrión, Chinchilla, Ciudad Rodrigo, Córdoba, La Coruña, Cuatro villas de la costa del mar de Santander, Cuenca, Écija, Gibraltar, Granada, Guadix y Baza, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mancha Real, Medina del Campo, Motril, Murcia, Palencia, Plasencia, Ronda, Salamanca, San Clemente, Sanlúcar de Barrameda, Segovia, Sevilla, Tarifa, Tenerife y La Palma, Toledo, Toro, Trujillo, Úbeda y Baeza, Valladolid, Zamora.

Gobierno Militar y Político

Cádiz.

Presidencia Consejo Castilla

Hellín, Iniesta y Villanueva de la Jara, Linares.

23 de abril1703

Badajoz. Conversión en GMP

10 de octubre 1704

Sanlúcar de Barrameda. Conversión en GMP

11 de diciembre 1704

Badajoz. Conversión en CE

9 de septiembre 1705

Badajoz. Conversión en GMP

9 de septiembre 1705

Ciudad Rodrigo. Conversión en GMP

2 de noviembre 1705

Cartagena. Creación de un GMP

2 de noviembre 1705

Murcia. Conversión en CE

Noviembre 1706

Cartagena. Conversión en L

24 de agosto 1706

Guadalajara. Conversión en CE

21 de marzo 1708

Requena. Conversión en GMP

12 de junio 1708

Asturias. Conversión en GMP

24 de agosto 1708

Almería Conversión en GMP

4 de abril 1710

Soria. Conversión en CE

15 de septiembre 1711

Requena. Conversión en CE

27 de julio 1712

Sevilla. Elección letrada para la Asistencia.

19 de junio 1713

Soria. Conversión en L

18 de septiembre 1713

Guadalajara. Conversión en L

31 de octubre 1714

Requena. Conversión en L

Antes 1715-20 de marzo 1739

Puerto de Santa María. Conversión en CE

17 de noviembre 1716

Guadalajara. Conversión en CE

30 de julio 1717

Asturias. Supresión al crearse la Real Audiencia.

26 de julio 1718

Ciudad Real. Conversión en CI

10 de agosto 1718

La Coruña. Conversión en CI

10 de agosto 1718

Guadalajara. Conversión en Corregimiento-Intendencia-Intendencia de la Fábrica de Paños.

10 de agosto 1718

Valladolid. Conversión en CI

10 de agosto 1718

Ávila. Conversión en CI

10 de agosto 1718

Córdoba. Conversión en CI

10 de agosto 1718

León. Conversión en CI

10 de agosto 1718

Toledo. Conversión en CI

10 de agosto 1718

Granada. Conversión en CI

16 de agosto 1718

Salamanca. Conversión en CI

18 de agosto 1718

Burgos Conversión en CI

31 de agosto 1718

Almería Conversión en un CE

7 de febrero 1720

Sevilla. Conversión en Asistencia-Intendencia con consultas de la Cámara de Castilla.

21 de mayo 1720

Tarifa. Conversión en GMP

17 de abril 1722

Cartagena. Conversión en GMP

16 de septiembre 1722

Gibraltar. Conversión en GMP

24 de noviembre 1723

Córdoba. Conversión en CE

1724

Ávila. Conversión en CE

10 de junio 1724

Burgos. Conversión en CE

12 de julio 1724

Valladolid. Conversión en CE

14 de agosto 1724

Ciudad Real. Conversión en L

24 de noviembre 1724

León. Conversión en CE

4 de septiembre 1726

Granada. Conversión en CE

1734

Almería. Conversión en GMP

8 de abril 1734

Málaga. Conversión en GMP

13 de marzo 1735

Gibraltar. Conversión en CE

13 de julio 1736

Cuatro Villas de la Corta del Mar de Santander. Conversión en GMP

8 de diciembre 1737

Sevilla. Conversión en Intendencia-Asistencia sin consulta de la Cámara de Castilla.

3 de diciembre 1738

Gibraltar. Conversión en GMP

21 de marzo 1739

Puerto de Santa María. Conversión en GMP

25 de septiembre 1744

Toledo. Conversión en CE

24 de julio 1746

Madrid. Conversión en GMP

2 de febrero 1747

Pedroches de Córdoba. Creación de L

14 de octubre 1747

Madrid. Conversión en CE

4 de enero 1748

Salamanca. Conversión en CE

24 de abril 1748

Betanzos. Creación de L

1749

Quesada. Enajenación de la jurisdicción.

Mayo 1749

Cazalla de la Sierra. Creación de L

1 de diciembre 1749

Corregimientos castellanos antes de Real Decreto de 1749 reinstaurando las Intendencias:

Tipos

Corregimientos

Letrado

Ágreda, Alcaraz, Andújar, Aranda de Duero, Arévalo, Bayona, Becerril de Campos, Betanzos, Bujalance, Cazalla de la Sierra, Ciudad Real, Cuatro villas de la Hoya de Málaga, Guipúzcoa, Huete, Illescas, Lorca, Madrigal, Molina y Atienza, Olmedo, Orense, Pedroches, Ponferrada, Reinosa, Requena, Santo Domingo de la Calzada, Soria, Tordesillas, Utiel, Vélez-Málaga, Villarcayo, Villena, Vivero, Vizcaya.

Capa y Espada

Alcalá la Real, Antequera, Ávila, Burgos, Cáceres, Isla de Canaria, Carmona, Carrión, Chinchilla, Córdoba, Cuenca, Écija, Granada, Guadix y Baza, Jaén, Jerez de la Frontera, León, Logroño, Madrid, Mancha Real, Medina del Campo, Motril, Murcia, Palencia, Plasencia, Ronda, Salamanca, San Clemente, Segovia, Tenerife y La Palma, Toledo, Toro, Trujillo, Úbeda y Baeza, Valladolid, Zamora.

Corregimiento-Intendencia

La Coruña, Guadalajara, Sevilla.

Gobierno Militar y Político

Almería, Badajoz, Cádiz, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Cuatro villas de la costa del mar de Santander, Gibralar, Málaga, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa.

Presidencia Consejo Castilla

Hellín, Iniesta y Villanueva de la Jara, Linares.

Siglas:
A: Año. T: Total corregimientos. C: Corregimientos consultados por Cámara. C%: Porcentaje de corregimientos consultados por Cámara. L: Corregimientos letrados consultados por Cámara. L%: Porcentaje de corregimientos letrados consultados por Cámara. CE: Corregimientos de capa y espada consultados por Cámara. CE%: Porcentaje de corregimientos de capa y espada consultados por Cámara. IC: Intendencias consultadas por Cámara. IC%: Porcentaje de intendencias consultadas por Cámara. NC: Corregimientos no consultados por Cámara. NC%: Porcentaje de corregimientos no consultados por Cámara. I: Intendencias. I%: Porcentaje de Intendencias. IE: Intendencias de Ejército. IE%: Porcentaje de intendencias de Ejército. IP: Intendencias de Provincia. IP%: Porcentaje de intendencias de Provincia. GMP: Gobiernos Militares y Políticos. GMP%: Porcentaje de gobiernos Militares y Políticos. P: Corregimientos nombrados por el Presidente del Consejo de Castilla. P%: Porcentaje de corregimientos nombrados por el Presidente del Consejo de Castilla.

Anexo III. — Gráfica de la evolución de los corregimientos castellanos (1700-1749)

Notes

1 A. Dubet, «¿La importación de un modelo francés?».

2 Dubet señala que la existencia del propio modelo francés —mal definido por los especialistas— relacionándolo con la organización institucional y administrativa de Luis XIV está siendo puesto en duda por la actual historiografía francesa, la cual, al analizar el organigrama administrativo, constata que la supuesta homogeneidad del periodo no es tal en la práctica.

3 J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España.

4 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía.

5 Hay cuatro cambios de jurisdicción entre los corregimientos realengos; en tres, se reincorporaron a la Corona jurisdicciones enajenadas: Cazalla de la Sierra (reincorporada en 1749 al ser secuestrada por el rey de la dependencia que tenía de Sevilla [AHN, Consejos, leg. 13636]); Los Pedroches (reincorporada por Real Decreto de 2 de febrero de 1747 «por cesión de la Casa del Duque de Alba en pago de servicio y recompensa por la confirmación de Alcabalas de algunos lugares de su Estados» [AHN, Consejos, leg. 13623]), y el Puerto de Santa María (AHN, Consejos, leg. 13624). Por contra, la jurisdicción de la localidad de Quesada fue enajenada desde 1749 hasta 1792 (AHN, Consejos, leg. 13284).

6 Sólo conocemos una relación a la altura de 1711 (B. González Alonso, El corregidor castellano).

7 Serie «Nombramientos de corregidores» (AHN, Consejos, legs. 13588-13640) completados por la serie de nombramientos de Alcaldes Mayores (AHN, Consejos, leg. 13254-13284).

8 Además de los cambios provocados por enajenación o recuperación regia de la jurisdicción, el resto de los cambios se producen por: a. Creación de la Audiencia de Asturias el 30 de julio de 1717 con la supresión de su corregimiento (AHN., Cons. leg. 13489); b. Disgregación del Corregimiento de Betanzos del Corregimiento de La Coruña el 21 de marzo de 1748 (AHN, Consejos, leg. 13595); c. Separación del Corregimiento de Cartagena del Corregimiento de Murcia el 2 de noviembre de 1705 (AHN, Consejos, leg. 13604).

9 Como se refleja en la consulta de la Cámara para el nombramiento el 16 de mayo de 1757 del Alcalde Mayor de Motilla del Palancar, dependiente del Corregidor de Linares (AHN, Consejos, leg. 13271).

10 AGS, Estado, lib. 439; y AHN, Cons. leg. 13594.

11 AHN, Fondos Contemporáneos, Hacienda, lib. 8004, fº 78rº; AHN, Consejos, leg. 13614.

12 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, pp. 192-193; AHN, Consejos, leg. 13656.

13 Ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento e instrucción de intendentes y para tesorero general, pagadores y contadores de los Exércitos, y Provincias (Madrid, 1720).

14 La Intendencia de Valencia y Murcia tuvo como capital Valencia y la de Navarra y Guipúzcoa se estableció en Pamplona.

15 Ordenanza de 4 de julio de 1718… (Madrid, 1720), pp. 8-9.

16 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 11.

17 Las dos intendencias que no asumieron ningún corregimiento fueron Extremadura y Canarias.

18 Los intendentes que también ejercían de corregidores en Castilla eran los de Sevilla, Salamanca y La Coruña.

19 Eran: Córdoba, Valladolid, Ávila, León, Burgos, Guadalajara, Ciudad Real, Granada y Toledo.

20 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 143.

21 Así sucede en los nombramientos del conde de Ripalda —consultado por la Cámara en primer lugar por todos los votos en la terna militar el 22 de diciembre de 1723— y de Rodrigo Caballero —designado por Felipe V el 22 de agosto de 1731 fuera de la terna de la Cámara— (AHN, Consejos, leg. 13656).

22 Como la importancia institucional de la peculiar Asistencia de Sevilla, la trascendencia de la plaza de Sevilla en un momento en el que se había trasladado la Casa de Contratación a Cádiz y la presencia de la corte en la ciudad hispalense, sobre todo a la hora del nombramiento de Rodrigo Caballero elegido fuera de la terna.

23 AHN, Consejos, leg. 13612.

24 F. Abbad y D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, p. 87.

25 AHN, Consejos, leg. 13634.

26 AHN., Consejos, leg. 13597.

27 José Valdés Sierra fue nombrado por Real Decreto sin consulta de la Cámara Corregidor de Burgos el 10 de junio de 1724. Había sido Intendente de las Islas Canarias (AHN, Consejos, leg. 13596).

28 Diego Merino Rojas fue nombrado Corregidor de Ávila en 1724. Había sido Intendente de Extremadura (AHN, Consejos, leg. 13593).

29 Juan García Ramírez de Arellano fue nombrado por Real Decreto Corregidor de León sin prórroga tras su primer trienio. Había sido Intendente de Burgos, Álava y Vizcaya (AHN, Consejos, leg. 13614).

Auteur

Universidad Complutense de Madrid

© Casa de Velázquez, 2010

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