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Privauté, gouvernement et souveraineté

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François Foronda

Annexe finale

Privanza ¿Una definición?

Texte intégral

Cet essai de définition de la privanza n’est pas un résumé de l’ouvrage. Il s’agit d’une notice de dictionnaire, rédigée à la demande de Georges Martin, pour son Diccionario de historia medieval ibérica (Foronda, à paraître). Sa rédaction en 2015 a contribué à précipiter le projet de cet essai, finalement mené à terme en 2017-2018. Il semblait donc opportun, dans ce même ouvrage, de donner au lecteur la possibilité de lire aussi cette notice, que je considère comme un jalon de ma réflexion sur la privauté. Ce jalon offre en outre une vision du sujet à partir d’une chronologie plus ample que celle envisagée dans cet ouvrage.

1La privanza designa la cercanía regia y, con este fundamento, un sistema de gobierno. Aunque surjan privados y se experimenten gobiernos por la privanza en varios espacios de Europa donde emerge un poder de Estado a finales de la Edad Media, es solamente en Castilla donde estas dos circunstancias adquieren una notable continuidad histórica. Tal continuidad ha sido menospreciada hasta fecha reciente, por el peso historiográfico del modelo explicativo del valimiento, el cual llevaba a considerar la privanza bajomedieval como una mera prefiguración del valimiento, ejemplificada solo en algunos casos destacados de este tipo de experiencia gubernativa, como es, en especial, la privanza de don Álvaro de Luna. Los trabajos realizados desde finales de los años 1990 y principios de los años 2000 llevan, sin embargo, a subrayar la identidad propia del momento bajomedieval. Si bien durante este momento cada experiencia de privanza responde a circunstancias particulares, todas ellas favorecen la progresiva equiparación entre privanza y gobierno, así como la autonomía del propio gobierno. Esto puede resultar paradójico, dado que la privanza no deja nunca de remitir a una relación personal. Pero no lo es tanto si se considera que en la privanza predomina la amistad en la forma de acceder al rey y a su gobierno, el de su persona y el de su reino, sobre el parentesco de sangre y lo que podría considerarse como un derecho de nacimiento a gobernar. Al promover la descalificación gubernativa de los consejeros y gobernadores natos, la privanza participa por tanto de la «desparentalización» de lo social que singulariza la identidad histórica de la Edad Media (J. Morsel), y contribuye a asentar un gobierno propiamente político.

2Ahora bien, no se puede entender el surgimiento de la privanza sin tener en cuenta el quebranto de la amistad vasallática. Con ello conviene entender el sistema relacional que fue consolidándose a lo largo del siglo xii, basado principalmente en el desempeño de algunos oficios de la curia regis, en especial los de alférez y de mayordomo, la participación en el sistema revocable de las tenencias en un plano territorial, y la concesión vitalicia del título de conde, donde se mezclaban dimensiones honorificas, territoriales y clientelares. A partir de mediados del siglo xiii, tal sistema tiende a alterarse por varias razones: por el final de la conquista que había permitido asentar la paz nobiliaria; por la unión definitiva de los reinos de León y de Castilla que privaba de horizonte regio a unos infantes que pasaron a engrosar y a liderar las filas de los ricos hombres con los que iban emparentando; por esos frentes parentelares y nobiliarios que fueron así formándose, cuyo peligro para el trono fue acrecentándose por razón de la territorialización y transmisibilidad del poderío de este estrato superior de la nobleza, con capacidad desde ahora de resistir la ira regis sin tener que tomar los caminos del exilio; por la pretensión de este grupo de seguir mediatizando la distribución de tierras y soldadas cuando la corona se hace con una capacidad hacendística que le permite incrementar su patronazgo directo (vasallos del rey); por la diversificación y complicación de las tareas de gobierno que llevaban a revisar la estructura de la compañía regia y a organizar su apertura a especialistas y a otros sectores sociales; por la centralidad de la corte como órgano de poder, desde donde la monarquía afirma su ambición soberana. La muerte del mayordomo, alférez y conde don Lope Díaz de Haro en Alfaro (1288) de manos de Sancho IV marca probablemente el ocaso de este sistema relacional. Nótese, de hecho, que, si la historiografía atribuye con frecuencia a este personaje el estatus de privado, así como a don Nuño González de Lara cerca de Alfonso el Sabio, las fuentes se limitan a indicar para estos vástagos de los linajes, cuya oposición había estructurado las filas de la «nobleza vieja» desde finales del siglo xii, su condición de «amigos» del rey, resaltando la «amistad» que les une al monarca. Ambos términos, «amigos» y «amistad», remiten, desde el punto de vista semántico, a un contenido contractual. Frente a la amistad vasallática, o incluso aristocrática, cuyo quebranto es a la vez causa y consecuencia también de la implementación de la privanza, esta relación ha de ser identificada como una amistad gubernativa.

3Su proceso de construcción como tal no se inicia antes de 1250 y no concluye hasta pasado el primer cuarto del siglo xiv. Pero conviene diferenciar momentos a lo largo de este proceso. El primero, cuando la privanza adquiere su identidad terminológica y conceptual, se corresponde con el reinado de Alfonso X. Las traducciones entonces acometidas, tanto desde el latín como desde el árabe, rompen la situación de polisemia que caracterizaba el empleo de privado desde años atrás, haciendo triunfar la acepción de familiar sobre la de rápido y, la menos usada, particular. Tanto la Biblia prealfonsina como el Calila e Dimna, únicas obras del siglo xiii donde se registra, además de privado y privanza, el verbo privar con el sentido de entrar o de estar en la privanza, funcionaron en torno a 1250 como auténticos laboratorios verbales. El triunfo de la acepción privado como familiar -predomina en su empleo el plural sobre el singular y el adjetivo sobre el substantivo- indica la sistematización del vocabulario de la privanza. Aunque aparezca a la vez que privado/familiar, el verdadero éxito de privanza se sitúa en los años 1270-1280, cuando las Estorias promueven, además de la acepción privanza/familiaridad, la de privanza/cargo. Con ello, el uso sistemático de privado y privanza no sirve ya tanto para designar la familiaridad, sino, en particular, la familiaridad regia. ¿Pudo la reformulación de esta familiaridad, en el marco del pulimiento del espejo sapiencial e historiográfico alfonsí, encerrar alguna ambición, inspirada tanto en modelos oriental musulmán como romano, de establecer un régimen de acompañamiento regio y de asistencia gubernativa susceptible de confortar la reivindicación de imperium? La privanza quedó cuando menos proyectada como una relación de cercanía gubernativa, definida por la conjunción que se daba en ella de las nociones de consejo y de amistad (véase la definición del consejero/privado en las Partidas), susceptible de poner a su beneficiario en una situación de preeminencia sociopolítica.

4Ahora bien, resulta difícil identificar el momento en el que se le da a la privanza una concreción de tal calibre. Pues, si los privados y la privanza están absolutamente ausentes en los agravios denunciados por los ricos hombres cuando su revuelta de 1272-1274, según se desprende del cruce de cartas recogido en la Crónica del Alfonso X, en cambio, este mismo sector de la nobleza exige el despido de los privados en Grijota en 1308. Según la correspondencia entre Fernando IV y Jaime II de Aragón, se trata del vástago de un linaje nobiliario de segunda fila, en vías de ascenso social merced al servicio regio, el Justicia mayor Sancho Sánchez de Velasco, y de dos vástagos de linajes de caballeros urbanos de Toledo, muy ligados también al servicio del rey y de ya notable relevancia local, el Camarero mayor y Notario mayor de Toledo Ferrán Gómez, y el Almirante, Canciller del sello de la poridad, Mayordomo mayor de la reina y Alcalde mayor de Toledo García Gómez (sobrino de García Gómez, abad de Valladolid, el que aparece en la posterior Crónica de Sancho IV como privado de este rey). El despido exigido en Grijota obliga a María de Molina a defender el principio de libre elección de los privados por el rey -este mismo principio será reafirmado por Pedro I en Tejadillo (1354). Por tanto, no parece que la promoción efectiva de la privanza haya empezado antes de finales del siglo xiii, e incluso de principios del siglo xiv. Es de subrayar en efecto que el reinado de Sancho IV representa un momento contradictorio, al menos según se nos presenta en la reconstrucción posterior ofrecida por su Crónica. Si el rey parece optar por la privanza en un primer momento (la del «más privado» García Gómez, el ya citado abad, cuya condición de eclesiástico permitía quizá neutralizar la privanza para con la nobleza), se decanta después por la vuelta a la amistad aristocrática (en la persona del ya citado «amigo» don Lope Díaz de Haro), y parece finalmente rehusar de cualquier tipo de amistad, salvo quizá la de su mujer, doña María de Molina. Prueba de la realidad de esta prevención sanchista es, sin embargo, la manera en la que se ahonda, a partir de principios de los años 1290, en el encauzamiento ideológico de la amistad y de la privanza del rey, tarea que se proseguirá bajo el impulso de María de Molina, pero con especial empeño puesto en la cuestión del consejo, cuyo efecto es también el de terminar de configurar la denuncia de la privanza y de los privados.

5Si se toma precisamente esta denuncia como indicador de la promoción de la privanza, entonces cabe pensar que ésta entró en una fase ya determinante con el reinado de Fernando IV. Mejor que la Crónica de este reinado, que es también posterior, y además de la reclamación de despido expresada en Grijota, es testimonio de ello una carta del arcediano de Tarazona dirigida a Jaime II de Aragón en 1311, informando de nuevas desavenencias entre Fernando IV y algunos infantes y ricos hombres, donde se da noticia de posturas establecidas entre ellos, con el fin de obtener un nuevo despido de los privados del rey, incluso su ajusticiamiento, y que sean remplazados por aquellos obispos, ricos hombres y hombres buenos que esta liga tuviera a bien de nombrar. El común objetivo perseguido por las reiteradas pinzas parentelares y nobiliarias con las que hubo de lidiar el poder real durante el reinado de Fernando IV, evidencia por ende que infantes y ricos hombres consideran la privanza como una práctica de gobierno básicamente dirigida a expulsarles del poder. Además de los despedidos impuestos, algunos privados murieron en la tarea. Piénsese en las muertes ocurridas en extrañas condiciones del caballero Lorenzo Yáñez en 1301 y del Tesorero don Simuel en 1303, en el asesinato del Camarero mayor Sancho Ruiz de Escalante en 1305 y del caballero Juan Alfonso de Benavides en 1309. Pese a ello, el momento fernandino marca un punto de inflexión en la historia de la promoción de la privanza, por razón de su rodaje como fórmula de combate. Es así como se recurre de nuevo a ella cuando Alfonso XI sale de la minoría, ocupando la posición de «más privados» el caballero leonés Alvar Núñez de Osorio, el caballero castellano Garcilaso de la Vega — pero su misión queda frustrada por su asesinato en Soria en 1326 —, y el judío don Yuzaf, tesorero. En este grupo, la preeminencia del primero viene marcada por un cúmulo de oficios que le aseguran tanto el control de la Casa (Mayordomo Mayor, Camarero Mayor, Justicia) como una proyección territorial de primer orden (Merino Mayor de León y de Asturias, Adelantado Mayor de la Frontera, Pertiguero de Santiago). Aunque el personaje pertenezca a un linaje con profundas raíces, pero de segunda fila, que haya luchado en los rangos de los valedores del Infante don Felipe, y que su encumbramiento finalice con la concesión de un título condal que remite en definitiva al modelo de la amistad aristocrática, tal golpe de gracia, pero también el golpe de fortuna que representa su caída en 1329, termina de conferir al privado la identidad del homo novus, pura hechura de la gracia regia.

6La reflexión podría acabar aquí. Pues las reincidencias de la privanza bajo Pedro I, Enrique III, Juan II y, en menor grado, bajo Enrique IV, reiteran la lógica que se acaba de observar con los reinados de Fernando IV y de Alfonso XI. Aunque por supuesto vayan variando en estructura y en intensidad los frentes parentelares y nobiliarios contra los que se suscita circunstancialmente cada privanza, así como el resultado logrado, pues la fórmula puede llegar a potenciar la oposición a la tiranía en lugar de fomentar la adhesión a la soberanía. Estas reincidencias construyen la continuidad histórica de la privanza en la Castilla bajomedieval. Pero tal continuidad no es la mera suma de cada privanza y de cada trayectoria. Como se ha visto, el privado actúa como agente de exclusión, incluso de eliminación. Es expresión de ello su protagonismo, real o fantaseado, en la política regia del espanto, a la que responde la política aristocrática del miedo. Si analizáramos la cronología de tal lógica político-emocional, veríamos su correspondencia con la reiteración del recurso a la privanza. Pero los privados actuaron también como agentes de participación. Es más, solo pudieron ser eficaces agentes de exclusión, cuando también supieron hacerse atractivos agentes de participación. Es esta cuestión de la participación la que obliga a distinguir ya la suerte particular de cada privado y de su privanza del régimen de privanza. No cabe duda de que hubo otros privados a lo largo del reinado de Alfonso XI, ciertamente sin llegar a ostentar la posición de un Alvar Núñez de Osorio, y aunque Ferrán Sánchez de Valladolid se empeñe en reformular su relación de privanza merced al vocablo de la crianza y del servicio (Juan Martínez de Leiva, Martín Fernández Portocarrero, Alfonso Fernández Coronel, Gonzalo Martínez de Oviedo, Juan Alfonso de Benavides…). Pero no fueron ya más que piezas de una privanza llevada a un sistema de participación, al que dieron estabilidad, para con la nobleza, los cauces contractual y parentelar (pero que no implicaba la difusión de un derecho al trono) que representan la orden de la Banda y la otra familia del rey (Leonor de Guzmán y sus numerosos hijos), y, para las ciudades, los incipientes cauces gubernativos del regimiento y de la Audiencia. La estructura misma de este sistema de participación no fue realmente cuestionada, a pesar de las dificultades de Pedro I para hacerse con las riendas del sistema. Se ayudo, para ello, primero de don Juan Alfonso de Alburquerque (convendría reinterpretar su «privanza» como una tutoría prolongada, aunque Pedro López de Ayala la califique como tal); después recurrió a don Juan Fernández de Henestrosa con el grupo de privados principalmente unido por parentesco a doña María de Padilla. Pero, la guerra exterior y la guerra civil condujeron a radicalizar la lógica de exclusión, y a hacerla finalmente prevalecer sobre la lógica de participación. Es en la participación en donde reside, pues, la clave de la equiparación entre privanza y gobernanza (sentido que expresa Pedro López de Ayala cuando describe, ya en los años 1380, el gobierno de Alburquerque), o, si se prefiere, en la conversión de una relación de cercanía en sistema político.

7Su principal característica es la de organizar un traspaso de poder que va instalando la diferencia entre gobierno y soberanía. Aunque durante los reinados de Enrique II y de Juan I se cuida mucho de exhibir un rechazo de la privanza, es precisamente entonces cuando se instituye y se legitima una delegación de gobierno que abre la vía a la autonomización del mismo. Aunque las decisiones parezcan desarrollar un programa coherente — la justicia con la Audiencia (1371), el servicio de fuera con la condestablía (1382), el de dentro con la camarería de los paños (1385), el centro de mando con el Consejo (1385) — cabe dudar de un planteamiento previo, pues algunos de sus apartados fueron dictados por las circunstancias. Así, la crisis de régimen provocada por la derrota de Aljubarrota, donde se llega a acusar a Juan I de gobernar sin pedir consejo (en su crónica Ayala escenifica a la inversa la decidida opción realizada durante este reinado a favor de un gobierno por el c[C]onsejo, en contra pues de un gobierno por la privanza, en el que los privados vienen a ser sustituidos por oidores y consejeros), desemboca en la apertura del Consejo a las ciudades, justificada apelando al consejo que Jetro le dio a Moisés (Éxodo, 18.13-27), y que consistía, básicamente, en convencerle de delegar su poder. La reutilización de esta referencia en los años 1430, para justificar la privanza de don Álvaro de Luna frente al gobierno de parientes promovido por los Infantes de Aragón, y también en 1469, cuando en las Cortes de Ocaña se le recuerda a Enrique IV el contrato callado que unía su dinastía al reino, confirma que, más allá de la cuestión de la apertura del Consejo a la ciudades, en 1385, se le dio así legitimidad al gobierno delegado, autonomizado y compartido que la práctica misma venía perfilando desde años atrás. Este traspaso de poder transformaba el rey en instancia de confirmación de los grupos dirigentes a los que entregaba su privanza o que pretendían hacerse con ella, es decir con el gobierno de su persona y de su reino. De ahí surge el ritual político de secuestro y de liberación del rey que fue reiteradamente practicado por la nobleza castellana durante los reinados de Juan II y de Enrique IV a partir del golpe de Tordesillas (1420). Pero, su estructura básica había sido ya definida por el golpe de Toro (1354), y su oportunidad política legitimada por Pedro López de Ayala, probablemente bajo el reinado de Enrique III, mediante una suerte de sermón ad status en el que, hilvanando sobre la semejanza de la toma de una ciudad, enseñaba, en definitiva, como apropiarse de la privanza del rey, por tanto, de la gobernanza del reino.

8La inestabilidad provocada por la implementación de este ritual de acceso al ejercicio del poder no cuestionaba en cambio la permanencia de la privanza como sistema político, el cual encontró en la contractualización gubernativa su vía de asentamiento y, hasta cierto punto, de legalización. El paso decisivo hacia esta dirección se da precisamente durante el reinado de Enrique III. Sobre las bases de la experiencia del Consejo de regencia, y después de la privanza de combate, capitaneada principalmente por Ruy López Dávalos en contra de los epígonos trastámara, algunos contratos suscritos entonces evidencian la aspiración hacia un modelo de privanza con dirección colegiada, asumida ésta por los cabezas de los pujantes linajes de la nobleza de servicio (principalmente Stúñiga, Velasco y Mendoza), pero mantenidos entre ellos en rango de igualdad merced al arbitraje eclesiástico (principalmente el arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio y el cardenal don Pedro Fernández de Frías). Tal aspiración quedo frustrada tanto por la regencia como, sobre la base del poder acumulado por Fernando de Antequera durante la misma, por la formación de la amenaza aragonesista. Su intensidad motivó además la reiteración de la privanza orientada al combate, en beneficio ahora de don Álvaro de Luna. Sin embargo, durante todo este periodo, fue mediante contratos y acuerdos que fueron organizándose la gobernación del reino y definiéndose compromisos. Desde esta perspectiva, el gobierno lunista (más bien los sucesivos gobiernos lunistas, y en especial el segundo, que se corresponde con los años 1430), bien puede ser considerado como el momento de la instauración de una privanza básicamente definida como compromiso social. Lo es, precisamente, mediante la potenciación de una contractualización que, aunque no hiciera en ocasiones más que sancionar la difusión de la responsabilidad gubernativa ya existente en sectores tanto nobiliarios como municipales de la sociedad (he calificado está difusión como alfabetización política), terminaba de conectar estos mismos sectores no tanto con el gobierno lunista en particular, aunque también, sino, más allá, con un régimen de privanza concebido como el gobierno de los mejores. Llevada por esta dinámica gubernamentalizadora hacia el compromiso socio-político, en esta privanza se originó el crecimiento del poder en la sociedad, del poder regio hacia el poder soberano, del poder nobiliario hacia el poder aristocrático, del poder municipal hacia el poder oligárquico, del poder de los letrados hacia el poder burocrático, y de todos estos poderes, conjuntamente, hacia el poder de Estado.

9Para este poder, que no se resumía ya por tanto al solo poder regio, la función del privado no era ya tan necesaria, al menos en su dimensión unipersonal. Es interesante constatar desde esta perspectiva como, con la victoria definitiva del partido regio en 1445 contra los infantes de Aragón, se dio paso a un formato alternativo de liderazgo, bajo la forma de un duunvirato establecido por contrato, que fue asumido por don Álvaro de Luna y don Pedro Fernández de Velasco, al menos hasta 1449. Tras la muerte del de Luna en 1453 y la suerte de privanza sucesoria asumida por el obispo Barrientos, tal formato duunviral fue retomado al inicio del reinado de Enrique IV, cuando se inició la campaña andaluza, pero de manera duplicada, con el duunvirato in absentia, formado por el arzobispo Carrillo y el conde de Haro, y el duunvirato in presencia, formado por el arzobispo Fonseca y el marqués de Villena. La amplitud de las atribuciones gubernativas delegadas en estos personajes viene significada además por la condición de virrey que parecen haber ostentado algunos de ellos. Otro dato a tener en cuenta es como fueron alterándose tanto el proceso de encumbramiento del privado como el de su caída. Desde esta última perspectiva, el último privado es don Álvaro de Luna, y también representa este personaje, sobre todo por el carácter tan sonado de su caída, cierto espejismo. Conviene subrayar que es precisamente con este gran privado cuando se inicia la práctica negociada del destierro, que tendrá prolongaciones bajo Enrique IV, en la persona de don Beltrán de la Cueva. Pero lo que viene a significar esta misma práctica es la posibilidad para el privado de sobrevivir en definitiva a su privanza, salvo, precisamente, en el caso de don Álvaro de Luna. En cuanto al encumbramiento del privado, tan ligado a la privanza de combate como se ha visto, a la que Enrique IV recurre ahora para crear un contrapeso al poderío de su antiguo doncel, el marqués de Villena, en las personas de don Gómez de Solís o de Cáceres, de don Miguel Lucas de Iranzo y de don Beltrán de la Cueva, la eficacia del proceder queda puesta en entredicho. El primero verá su maestrazgo de Alcántara cuestionado y terminará uniéndose a la liga y depuesto; el segundo, aunque creado condestable, habrá de huir de la corte y quedarse en Jaén; y el tercero solo logrará cumplir un tiempo con su función merced a su absorción linajística por los Mendoza. Queda así de manifiesto una capacidad de maniobra por parte del poder regio muy insuficiente para intervenir en el panorama nobiliario, y cuestionar así lo que había venido a confirmar de alguna manera la sublimación nobiliaria de los cabezas de linajes de la nobleza de servicio a partir de los años 1440: su patrimonialización del liderazgo de la privanza-gobernanza.

10Con ello, quedaba configurada una monarquía nobiliaria. Se le intentó dar estabilidad mediante una fórmula contractual que no hacía más que llevar hasta las últimas consecuencias la creciente implicación del rey en los contratos suscritos por los que habían sido sus principales privados desde 1445. En 1456, la cancillería regia inventó un tipo de contrato, cuya expresa gubernamentalización, en 1457-1458, transformó en lo que puede ser denominado contrato de privanza. Se trata de un contrato doble, formado, primero, por un doble juramento, del rey para con sus «especiales servidores» y de estos para con el rey, y, segundo, por una alianza, pero solamente entre estos «especiales servidores». Mediante esta fórmula contractual quedaba garantizado tanto para el rey su majestad real como para sus especiales servidores su gobierno. El traspaso gubernativo organizado mediante la privanza era así establecido de jure y acercado pues a un régimen constitucional. En 1461, el conjunto de fuerzas políticas quedó integrando al gobierno de jure así formado, que terminó por explosionar en 1463-1464, aunque se siguieron firmando contratos de este tipo hasta 1466. Pero el último contrato de privanza es algo más tardío. Fue firmado en 1469, entre Fernando, Isabel y el arzobispo Carrillo. Sus cláusulas radicalizaban la lógica de la experiencia enriqueña: Fernando e Isabel declaraban recibir a Carrillo, su «tío», por su «espeçial servidor e verdadero amigo», tenerlo y acatarlo

por primero e prinçipal servidor e pariente e por amigo syngular e solo entre nosostros, e que todos tres seamos en las cosas e governaçion de nuestras cosas e de las tierras e reynos e provinçias que a nuestra disposiçion e ordenança fueren juntamente conformes, e syn vos el dicho arçobispo non faremos nin dispornemos cosa alguna, mas todos tres de un acuerdo e determinacion faremos e governaremos como sy un cuerpo e un anima fuesemos; e en dar ofiçios e merçedes e graçias seguiremos vuestro consejo e esperaremos vuestro consentimiento e con el las faremos e governaremos como sy un cuerpo e un anima fuesemos en dar ofiçios, merçedes e graçias seguiremos vuestro consejo e esperaremos vuestro consentimiento e con el las faremos e encomendaremos.

11Como es sabido, tal contrato no surtió efecto, pero indicaba la vía por la que terminó de agotarse la amistad gubernativa, retomando la vía del parentesco, pero de un parentesco ficticio, que encontró en la institución de la grandeza a favor de los más destacados linajes de la nobleza de servicio su definitiva consolidación.

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