Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

 | 
Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

Conclusiones

Mercedes Yusta

Texte intégral

1Si queremos señalar, de entrada, un rasgo común a las diferentes contribuciones que componen este volumen, éste podría ser la voluntad colectiva de inscribir esta reflexión comparatista sobre la violencia política y las transiciones a la democracia en el tiempo largo de la historia. Tal vez por ello, el siempre delicado ejercicio de establecer unas conclusiones generales — que no serán «concluyentes», sino más bien una reflexión que tratará de hilar entre sí los diferentes problemas abordados — recae sobre una historiadora, cuando quizá lo esperable habría sido encomendar la tarea a un politólogo, o incluso a un «transitólogo». Pero este anclaje en la historia, precisamente, nos aleja de la tentación «transitológica» de los modelos o las tipologías universales: lo que muestran los diferentes autores es tanto la particularidad de cada proceso, que se revela como un momento histórico único, como la posibilidad de un marco comparativo más complejo y dúctil que la rigidez de los modelos propuestos por la ciencia política. En efecto, elegir como hilo conductor la violencia política supone poner a las poblaciones y su experiencia en el centro de la reflexión, así como plantear obligatoriamente el problema de la memoria de la violencia y la forma en la que ésta va a orientar tanto el proceso de transición como el aprendizaje de la democracia.

2En este sentido, al abordar estas conclusiones quien esto escribe se ve confrontada a un hecho siempre perturbador para un historiador, como es la proximidad en el tiempo de los hechos estudiados y el guardar de ellos una memoria personal, que necesariamente ha de entrar en conflicto con los relatos históricos «oficiales». Así, yo misma tengo una «memoria vivida», por retomar la expresión de Anastassios Anastassiadis, de la transición española a la democracia. Pero al mismo tiempo, mi recuerdo y mi mirada son los de la niña que era entonces. Recuerdos que evocan una violencia real, física (mi madre y yo encerradas en una tienda con las persianas bajadas, para escapar a los botes de gas lacrimógeno con los que los «grises» disolvían una manifestación); el miedo (tomando la mano de mi madre, le pregunté «si es la guerra»); la coacción (en la campaña electoral del 77, frente a un cartel que pedía el voto para Adolfo Suárez, le pregunté a mi padre cómo es posible no votar por quien ya es Presidente del Gobierno, aunque la pregunta que no me atreví a hacer es qué te puede pasar si no lo haces). Retazos de memoria que cuestionan, aunque sea desde una mirada infantil e inocente, el relato consensual de una «transición de terciopelo».

3No siendo especialista de la transición, sino de la violencia política, este eje, así como la mirada inocente que guardo de la transición española (que me servirá de punto de anclaje experiencial), han sido las guías de esta reflexión final. Por otro lado, estas conclusiones se articulan no en torno a grandes ejes temáticos, según la forma que los coordinadores han dado al libro, sino en torno a los grandes conceptos — democracia, transición, violencia, memoria, identidad — que articulan la reflexión colectiva desarrollada en la obra, y que las diferentes contribuciones han puesto a prueba e interrogado, poniendo a veces seriamente en cuestión las certezas que creíamos acumular sobre palabras tan familiares, y finalmente tan ambiguas y poliédricas.

4La primera pregunta que deberíamos hacernos, a riesgo de que pueda parecer fuera de lugar de puro evidente, es qué es una democracia. Pero tras leer las diferentes contribuciones a este volumen, parece más fácil definir qué no lo es. Tanto el artículo de Cécile Lavrard sobre violencia, voto y pobreza en Perú como los ejemplos centroamericanos evocados por David Garibay y el caso colombiano estudiado por Sophie Daviaud demuestran que el hecho de crear instituciones democráticas y de convocar elecciones — fundamento mismo de la democracia — no es suficiente para garantizar la existencia de una verdadera democracia. La violencia y la pobreza — que, después de todo, es una forma de violencia más sutil e insidiosa — confluyen para viciar el funcionamiento de la democracia, que ya no puede garantizar, en esas condiciones, un acceso libre e igualitario a la representación política. En otro orden de cosas, también en España, presentada sin embargo como modelo ideal y exportable de transición, está emergiendo últimamente un debate que evoca una democracia imperfecta o deficitaria por el hecho de que habría integrado elementos autoritarios provenientes del pasado dictatorial. No solamente en lo que se refiere a la continuidad de las fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército, que no fueron objeto de ningún proceso de «depuración», sino también, como señala Alberto Reig Tapia, en cuanto a la existencia de una cultura política de exclusión que se percibe en filigrana en el discurso de ciertos sectores de la derecha, o a la aparente imposibilidad de integrar la memoria de los vencidos de la guerra civil en la memoria nacional. Claro que, en el caso de España, la existencia misma de este debate podría ser interpretada también como una señal de la buena salud de la democracia.

5En todo caso existirían, pues, ciertos déficits sociales, económicos o incluso memorialísticos en las democracias recientes que habría que colmar. De lo contrario, en particular en determinadas sociedades latinoamericanas que, en apariencia, han completado su transición a la democracia, estos déficits podrían hacer resurgir una violencia de carácter político y poner en peligro los logros de dicha democratización. Estos casos, que han sido evocados bajo el epígrafe de «transiciones parciales», son los que ponen a prueba y nos obligan a repensar el propio concepto de transición a la democracia. Parece que pensar la transición como un proceso únicamente político no basta; hay dimensiones sociales, económicas e incluso culturales que son fundamentales como elementos de explicación. Por otro lado, una transición política no se acompaña necesariamente de una transición social ni de un cambio de las mentalidades, sobre todo si ha habido grandes traumas colectivos ligados al uso de la violencia. Sin embargo, también puede suceder lo contrario, como en el caso español; es decir, una profunda transformación de la sociedad que precede o incluso induce en cierta medida la transición política. En todo caso, parece haber un cierto desfase entre los dos procesos, siendo los segundos (las transiciones sociales), en general, mucho más largos. Habría por tanto un período necesario para la instalación de la democracia, un tiempo durante el que se produciría la sedimentación del «olvido necesario» (necesario para la reconstrucción y la puesta en marcha de la democracia) evocado por Anastassios Anastassiadis en el caso griego. Un olvido que no es histórico sino antropológico, olvido necesario para el proceso de duelo, que debe estar forzosamente acompañado de un reconocimiento de la violencia pasada (pues, sin este reconocimiento, el olvido es imposible y el recuerdo deviene patológico) y de un reaprendizaje de la convivencia. Lo que es bastante perturbador, y Anastassiadis lo ha mostrado de forma muy satisfactoria, es cuando este olvido no es «antropológico» sino olvido en primer grado, es decir, cuando se hacen desaparecer las huellas del pasado y por tanto la posibilidad de una reconstrucción histórica de ese pasado, como ha ocurrido con la destrucción de archivos en Grecia, presentada como el símbolo de una reconciliación mal entendida.

6Por otra parte, las diferentes contribuciones muestran la necesidad absoluta de poner en relación violencia y transición. Una puesta en relación necesaria para comprender cómo operan los cambios (políticos, sociales...) y cuáles son los elementos que condicionan su evolución. Puede que la democracia «cure» los males de la violencia, pero lo que es seguro es que los procesos de transición favorecen la contestación y la violencia. Tanto más cuanto que estas transiciones tienen lugar en sociedades que ya están traumatizadas por la violencia, ya sea institucional (ligada a la represión) o subversiva; violencias que — ya lo hemos visto — se reactivan a menudo en momentos de indefinición política. Incluso en una transición como la española, presentada como modélica ante las jóvenes democracias latinoamericanas, percibimos que los niveles de violencia política han sido mucho más importantes que lo que se viene admitiendo hasta ahora, lo que alimenta el mito de una «transición incruenta», incluso si, como señala Rafael Durán, finalmente fue mucho menos violenta de lo que se esperaba que fuese. De ahí la importancia de la cuantificación y la conceptualización de esta violencia, que sólo ahora comenzamos a conocer en detalle, llevada a cabo en el caso español por Sophie Baby y por Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez-Cuenca.

7Pero aquí nos topamos de nuevo con otra cuestión fundamental: ¿qué entendemos por violencia, a fortiori por violencia política? ¿Qué indicadores podemos tomar para medir el grado alcanzado por esta violencia? ¿Quiénes son los actores, cuáles los objetivos y los efectos de dicha violencia? Tomar el número de muertos como indicador de la violencia es fundamental, evidentemente, pero no suficiente, como parece demostrar el caso brasileño estudiado por Maud Chirio. En efecto, en la transición brasileña la violencia es marginalmente asesina, pero sin embargo tiene un fuerte valor simbólico y funciona de manera muy eficaz como amenaza y como chantaje sobre las políticas gubernamentales. Por tanto, otro aporte fundamental es mostrar el papel representado no solamente por la violencia visible, bien conocido, sino sobre todo por formas de violencia más discretas e insidiosas. Ya hemos aludido a la violencia de la pobreza en el caso peruano: la miseria extrema es una forma de violencia que puede llegar a ser asesina. También es necesario evocar la reflexión de David Garibay acerca de las violencias sociales que dan lugar en América central a las maras, grupos juveniles cuya propia violencia es a menudo percibida como anómica y desprovista de contenido político. Y sin embargo, esta violencia tiene un papel central en la constitución identitaria de estos grupos de jóvenes y en el desarrollo de formas de control social que también podrían ser analizadas en términos políticos. Sin olvidar la violencia simbólica, a menudo presente incluso después de un proceso de transición, por ejemplo en el silencio a que son reducidas a menudo las víctimas de los regímenes dictatoriales, el miedo, la denegación de la palabra en el espacio público, e incluso la construcción de un relato histórico «oficial» que borraría de la historia la experiencia vivida por ciertos grupos sociales. En algunos casos asistimos a una imbricación compleja entre esta violencia simbólica y la violencia física, por ejemplo en el caso de los testigos asesinados por paramilitares para impedirles testificar en el caso colombiano evocado por Sophie Daviaud.

8No podemos dejar de aludir a una cuestión central en este debate, como es la del papel de las instituciones para permitir, impedir, provocar o canalizar esta violencia. Y también para convertirse ellas mismas en actrices y ejecutoras de la violencia. Así, por ejemplo, la debilidad de los estados latinoamericanos, evocada por varios de los autores, permite la ocupación del espacio político por otros actores, ocupación a menudo violenta, como en el caso de Perú o Colombia. También sería la crisis del Estado autoritario, evocada por Antonio Costa Pinto, la que en el caso portugués habría abierto las puertas del cambio político. Por otro lado, como señala Rafael Durán, los diferentes equilibrios de fuerzas impuestos por el Estado (débil con la extrema izquierda y fuerte con la extrema derecha en el caso portugués, e inversamente en el caso español) darían lugar a dos tipos diferentes de movilización social y de violencia política. Tampoco es posible soslayar el papel central del Ejército, a menudo protagonista de la violencia política, aunque pueda ocurrir, como en el caso portugués, que el Ejército rehúse representar ese papel permitiendo de ese modo la intensidad de la movilización política. En este sentido, hay que señalar la importancia de la cuestión del «enemigo interior» como factor movilizador de la violencia castrense, como señala Maud Chirio en el caso brasileño. En cuanto al papel de la Iglesia, que completaría esta tríada institucional, es una cuestión a profundizar en cuanto a su papel como agente movilizador que puede fomentar ciertas formas de violencia, o bien, al contrario, como pacificador y mediador en los conflictos, como en el caso de El Salvador.

9También hay que señalar la centralidad de los actores no institucionales de la violencia, en particular en el caso de la violencia subversiva. Así, Eduardo González Calleja pone de relieve el «mito insurreccional» operativo en toda América Latina que informa el imaginario de la izquierda tanto americana como europea en los años 60 y 70. Se habría podido evocar también el desfase entre este imaginario insurreccional y las condiciones reales de posibilidad de la lucha armada, así como la forma en que se toma la decisión de pasar a la acción violenta, paso que está lejos de ser banal: cuando se asume la posibilidad de matar se atraviesa un umbral a partir del cual no hay marcha atrás. Lo que, de paso, plantea otra cuestión crucial, como es la de la legitimidad de la violencia. Es interesante constatar hasta qué punto puede ser problemático abordar un tipo de violencia — la violencia subversiva — que pudo justificarse en un momento dado como resistencia armada contra la dictadura, pero que se prolonga una vez que la transición a la democracia ha tenido lugar, como es el caso de ETA en España, o la violencia que surge en contextos institucionalmente democráticos como la de los «años de plomo» en Europa, o la de guerrillas especialmente sangrientas como Sendero Luminoso. Este problema de la legitimidad de la violencia se refleja incluso en el lenguaje empleado para hablar de ella: para calificar un mismo fenómeno unas veces se habla de terrorismo y otras de guerrilla, más raramente de resistencia, y no parece haber una sistematización de los diferentes usos. Pienso, por otro lado, que se podría reflexionar más profundamente acerca de los orígenes sociales de estos actores de la violencia, sus motivos para tomar las armas, pero también, en el caso de los movimientos armados que tienen lugar en un contexto democrático, los déficits percibidos o imaginados en los sistemas democráticos a los que atacan. Por otro lado, se ha mostrado satisfactoriamente cómo, en ocasiones, esta violencia subversiva puede ser instrumentalizada por ciertos actores políticos para orientar o desnaturalizar procesos de transición, como en el caso del Perú de Fujimori. Lo que nos lleva a otra cuestión fundamental, como es la gestión de la violencia por parte de los estados: es importante poner de relieve, como hace Sophie Baby, que las políticas antiterroristas pueden conducir a una disminución de derechos y libertades democráticos. Lo cual no es solamente imputable a las herencias autoritarias de algunos estados o a una instrumentalización de la violencia por parte de los dirigentes, sino también a los nuevos desafíos reales a los que éstos se ven confrontados, como en el caso del terrorismo. En este sentido, y volveré sobre ello, las sociedades democráticas sin un reciente pasado autoritario también pueden verse confrontadas a un déficit de democracia.

10Pero es sobre todo al abordar la gestión de la memoria de la violencia pasada cuando podemos percibir de forma más clara la importancia de las transferencias culturales entre diferentes áreas geográficas. De ahí el gran interés del trabajo de Sandrine Lefranc, que responde en parte a varias preguntas que nos planteamos actualmente en España acerca del origen del discurso y las prácticas conocidos como «recuperación de la memoria histórica». Por ejemplo, la idea de crear una «Comisión de la Verdad», pero sobre todo el concepto de «desaparecidos del franquismo», la apertura sistemática de fosas comunes, la identificación de los restos por parte de equipos de antropólogos y de análisis de ADN... Conceptos y prácticas que tienen su origen en las sociedades postdictatoriales latinoamericanas. Es interesante, en este sentido, constatar cómo España, largo tiempo presentada como modelo, copia los instrumentos de gestión de la memoria creados en América Latina y evocados, entre otros, por Álvaro Soto y por Jorge Errandonea, quien también ha mostrado acertadamente la forma en la que las culturas políticas orientan la gestión memorial de la violencia y su integración o no en el relato nacional. En el caso griego, destaca el papel fundamental de la reparación y del reconocimiento de la víctima en el espacio público para reconstruir una convivencia nacional pacificada, lo que puede servirnos para establecer útiles comparaciones con el caso español. También se hubiese podido profundizar en la comprensión de cómo a partir de la reivindicación de este reconocimiento, la víctima (que como recuerda Annette Wieviorka no es un sujeto histórico sino que más bien «sufre» la historia) se convierte de nuevo en un actor histórico y político de pleno derecho. Aquí aparece en toda su dimensión el papel de los movimientos sociales como portadores de reivindicaciones de verdad y justicia que, en ocasiones, tienen una influencia indudable en los procesos de transición, como en el caso de las Madres de la Plaza de Mayo. Estos movimientos representan la creación, en un marco de resistencia a la dictadura, de nuevos repertorios de acción colectiva no violentos, que se prolongan a menudo durante los años de transición y que plantean sus reivindicaciones en el espacio público denunciando la violencia del Estado y ejerciendo una suerte de «vigilancia democrática». Se trata por otra parte de movimientos a menudo femeninos, como el precitado de las Madres de la Plaza de Mayo o el Movimiento Democrático de Mujeres en la España del ultimo franquismo y la Transición, lo cual revela que la perspectiva de género puede ser pertinente a la hora de conceptualizar las diferentes estrategias de resistencia desarrolladas por un determinado colectivo o grupo social. Las mujeres actúan así, a través de estos movimientos, como «pacificadoras» en el marco de los procesos de transición.

11A través de estos temas (la gestión de la memoria, el reconocimiento de los colectivos de víctimas) llegamos a una cuestión que es fundamental, como es la de la identidad nacional: en efecto, los procesos de violencia política dividen a la comunidad nacional en víctimas y verdugos, lo que tiene consecuencias particulares en los momentos de transición política. La construcción de identidades colectivas tiene así un papel fundamental en los procesos de transición, en la gestión de la memoria de un pasado violento e incluso directamente en el uso mismo de la violencia, en el que es fundamental la percepción de la radical alteridad del otro. Así llegamos a una pregunta de carácter antropológico planteada por Antonio Elorza: ¿cómo reconstruir la cohabitación entre dos comunidades que se perciben como radicalmente diferentes (ya sea desde un punto de vista étnico, político, social, religioso...)? Por ello es tan importante en estos procesos la cuestión de la definición de la Nación. ¿Quién pertenece a la Nación, quién es el garante de los valores nacionales? En el caso brasileño, por ejemplo, el odio al comunismo es fundamental, en la medida en que éste es presentado como un elemento externo que se habría introducido en el cuerpo sano de la Nación, o que más bien habría crecido desde el interior como un tumor maligno, y que es necesario extirpar. Concepciones y discursos que encontramos en otros lugares y no forzosamente en la misma época: un discurso similar sirvió de mecha para prender y legitimar el golpe de Estado que inició la guerra civil española, y en un marco contemporáneo ha sido empleado también con fines similares en Chile y Argentina. Los momentos de transición política son, además, momentos de indefinición de la Nación y de sus elementos constituyentes (como el Estado, que a menudo cambia de naturaleza radicalmente), lo que a su vez provoca una redefinición de la comunidad nacional y una reactivación de los odios identitarios, como evocaba desde un punto de vista antropológico Antonio Elorza. Y en estas redefiniciones y reactivaciones tiene un papel fundamental el miedo: miedo a los cambios y a la violencia, un miedo en ocasiones instrumentalizado y agitado como un trapo rojo delante de la población y que provoca que, a veces, en la percepción de ésta haya un desfase entre el grado real de violencia sufrida y la percepción de ésta. Una cuestión que aparece, por ejemplo, en la transición española, pero también en momentos plenamente democráticos: en el caso de la actividad de la banda ETA, los períodos en los que el terrorismo se convierte en una preocupación prioritaria no suelen coincidir con los de mayor actividad de la banda terrorista.

12Un elemento que viene a perturbar nuestro análisis es el hecho de que algunos de los elementos evocados (por ejemplo en lo que se refiere a la definición excluyente de la comunidad nacional, a la difícil gestión de la memoria común, a la sensación de inseguridad de la población que condiciona el discurso político y es condicionada por él, a la violencia simbólica e incluso física) los podemos encontrar en sociedades que son democracias antiguas y bien consolidadas, sin un pasado cercano de opresión. Pienso, evidentemente, en el caso de Francia, su gestión del tema de la inmigración (ligada de forma explícita e institucional, mediante la creación de un Ministerio ad hoc, a la identidad nacional), la dialéctica entre violencia policial y violencia subversiva y su instrumentalización política, la política antiterrorista que invade el territorio de los derechos individuales... Todo lo cual viene a mostrar una vez más la importancia de un análisis social, antropológico y cultural de los fenómenos de violencia en el marco de procesos que habían sido percibidos como exclusiva o principalmente políticos (las transiciones a la democracia), puesto que al poner la violencia en el centro del análisis vemos que no es el elemento político el que explica dichos fenómenos, sino que éstos son multicausales y aparecen en contextos políticos muy diversos.

13Con esto llegaríamos al final de esta recapitulación, planteándonos de nuevo una de las cuestiones que hemos evocado al comienzo de estas conclusiones: ¿puede «curar» la democracia los males de la violencia política? En todo caso, en vista de todo lo que antecede, parece que la democracia no es el antídoto definitivo para la violencia. Lo que sí es evidente es que sólo ella puede proporcionar los instrumentos para luchar eficazmente contra las eventuales veleidades de los actores políticos de utilizar esta violencia con fines de control social, para la instauración o prolongación de desigualdades sociales y políticas, o para la exclusión de la comunidad nacional de ciertas categorías de la población. En los tiempos que corren no está de más recordarlo.

Auteur

Université de Paris VIII

© Casa de Velázquez, 2009

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540