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Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

 | 
Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

IV. — Transiciones parciales

De la guerra civil a la violencia cotidiana

El difícil arraigo de las democracias centroamericanas

David Garibay

Résumé

En la década de los 80, América Central fue uno de los escenarios de la guerra fría que se tradujo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua por guerras civiles, represiones militares y altos niveles de violencia política. Pero en ambos casos, la situación bélica fue resuelta por procesos negociados que establecieron por una parte el final de los enfrentamientos armados, la desmovilización de las guerrillas y reducción de los ejércitos, y por la otra, reformas institucionales que permitieron al conjunto de los actores políticos de participar en las contiendas electorales. El balance que se puede hacer de estos procesos es bastante contrastado: del punto de vista militar e institucional, los tres países viven hoy en día en una situación de paz y de respecto de la pluralidad política, los asesinatos políticos han sido limitados y los Acuerdos de paz han sido en general aceptados y respetados. Pero en un contexto de crecimiento económico estancado, los niveles de violencia «cotidiana» se han disparado a tal punto de producir más homicidios que en los años de la guerra civil. Las políticas implementadas por los gobiernos y la aceptación por parte de la sociedad de medidas ultra-represivas, que suspenden garantías y libertades constitucionales, muestran hasta que punto un alto nivel de violencia «cotidiana» puede amenazar las bases de democracias recientemente asentadas

Dans les années 1980, l’Amérique centrale fut l’un des terrains de la guerre froide qui s’est traduite au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua par des guerres civiles, des répressions militaires et des hauts niveaux de violence politique. Mais dans tous les cas, le conflit fut résolu par des processus négociés qui établirent d’une part, la fin des affrontements armés, la démobilisation des guérillas et la réduction des forces armées et, de l’autre, des réformes institutionnelles qui permirent à l’ensemble des acteurs politiques de participer aux échéances électorales. Le bilan que l’on peut faire aujourd’hui de ces processus est assez contrasté. D’un point de vue militaire et institutionnel, les trois pays vivent aujourd’hui en situation de paix et de respect de la pluralité politique, les assassinats politiques ont été limités et les accords de paix ont été en général acceptés et respectés. Mais dans un contexte de croissance économique bloquée, les niveaux de violence « quotidienne » ont explosé au point de provoquer plus d’homicides que pendant les années de guerre civile. Les politiques adoptées et l’acceptation de la part de la société de mesures ultra-répressives, qui suspendent les garanties et libertés constitutionnelles, montrent à quel point un haut niveau de violence « quotidienne » peut menacer les fondements des démocraties récemment instaurées

In the 1980s, Central America was one of the scenarios where in Guatemala, El Salvador and Nicaragua the cold war translated into civil wars, military repression and high levels of political violence. In both cases, however the state of war was resolved by means of negotiations which on the one hand brought an end to the armed confrontations, the demobilising of guerrilla forces and the reduction of armies; and on the other hand institutional reforms which enabled all the political actors to take part in elections. The outcome of these processes seems quite clear: from a military and institutional standpoint the three countries today are in a state of peace and respect for political plurality, political assassinations have been limited and peace agreements have generally been accepted and observed. Nonetheless, within a context of stagnant economic growth, levels of «day-to-day» violence have rocketed to the extent that there are more homicides than in the civil war years. The policies implemented by governments and the acceptance by society of ultra-repressive measures entailing the suspension of constitutional guarantees and freedoms show to what extent a high level of «day-to-day» violence can threaten the bases of recently-instituted democracies

Texte intégral

1En la década de los ochenta, América Central fue uno de los escenarios de la Guerra Fría que se tradujo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en guerras civiles, represiones militares y altos niveles de violencia política. Pero en ambos casos, la situación bélica fue resuelta por procesos negociados que establecieron, por una parte, el final de los enfrentamientos armados, la desmovilización de las guerrillas y la reducción de los ejércitos, y, por otra, reformas institucionales que permitieron al conjunto de los actores políticos participar en las contiendas electorales. El balance que se puede hacer de estos procesos es bastante contrastado: desde el punto de vista militar e institucional, los tres países viven hoy en día en una situación de paz y de respeto de la pluralidad política, con posibilidades de alternancia política a nivel local y nacional. Los asesinatos políticos han sido limitados, y a pesar de fuertes resistencias y de la postergación de ciertos aspectos de los acuerdos de paz, éstos han sido en general aceptados y respetados. Pero en un contexto de estancamiento económico, los niveles de violencia «cotidiana» — es decir, no relacionada con la existencia de una guerra o de una movilización política — se han disparado hasta el punto de ser considerados como el principal problema de dichos países, ya que se producen más homicidios que en los años de la guerra civil. Las políticas implementadas por los gobiernos y la aceptación por parte de la sociedad de medidas ultrarrepresivas, que suspenden garantías y libertades constitucionales, muestran hasta qué punto un alto nivel de violencia «cotidiana» puede amenazar las bases de estas democracias recientemente asentadas.

  • 1 D. Collier, y S. Levitsky, «Democracy with Adjectives».

2En el análisis comparado sobre las transiciones democráticas recientes, se suele considerar a los países centroamericanos como situaciones aparte: son casos que por sus características mismas no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados ejemplares en el cumplimiento del proceso analizado. Se señala con más frecuencia el camino que falta para alcanzar la meta del funcionamiento correcto de las instituciones democráticas que la propia dinámica de cambio. Los países del istmo son vistos como un compendio de los problemas que acechan a América Latina (pobreza, desigualdad, autoritarismo, inestabilidad, violencia…), y por lo tanto siempre hay razones para clasificarlos dentro de las «democracias con adjetivos»1.

3Pero si se comparan con los casos de Europa del Sur o de América del Sur, a partir de la problemática sobre violencia y transición, los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua deberían ser considerados como ejemplares de dos aspectos. Por una parte, la presencia de la violencia fue de gran magnitud antes y durante la transición desde el autoritarismo a la democracia. A pesar de esta característica, los logros de una transición política fueron innegables, y han llevado a una reducción notable de la presencia de la violencia política, situación aún más excepcional si recordamos la situación de pobreza, desigualdad, legado autoritario y ausencia de historia democrática que han marcado a estos países. En sí, esto ya es un elemento muy importante, pues los países centroamericanos son el contraejemplo de una de las afirmaciones centrales de la reflexión teórica sobre las transiciones democráticas: que un alto grado de recurso a la violencia política por parte de los actores no es un obstáculo para iniciar un proceso de negociación de la guerra a la paz, ni para conseguir una transición democrática negociada, ni tampoco para que todo esto se realice en un contexto relativamente pacífico.

4Por otra parte, el éxito en este primer momento no es una garantía para la consolidación en el tiempo de la transición democrática. Estos países padecen hoy en día altos niveles de violencia, y ello puede constituir una amenaza a la estabilidad de sus respectivas democracias. Pero ya no se trata de una violencia política heredada de los anteriores conflictos armados, sino de una violencia social, cotidiana, ordinaria. Estos casos, por lo tanto, son también interesantes en lo que respecta a la prolongación del cuestionamiento sobre la violencia y la transición democrática. La continuidad de altos niveles de violencia sí puede constituir un peligro para la continuidad en el tiempo de este logro, pues incide a dos niveles en el efecto de pacificación buscado por los procesos de paz: por una parte, la situación posbélica no significa una resolución de la violencia; por otro lado, los gobiernos, al pretender resolver la situación, interfieren en cierta medida en los avances representados por los acuerdos de paz en materia de respeto a los derechos humanos.

5Es necesario, en un primer momento, entender las características de las transiciones democráticas centroamericanas como conflictos armados internos, con grados de violencia de gran intensidad, que fueron resueltos por la negociación. Esta violencia tiene, por lo tanto, que ser tratada como tal en procesos que han llevado al mismo tiempo a la paz y a la democracia. Esto se ha logrado de cierta manera, pues la paz y las transiciones democráticas han significado efectivamente una reducción de la violencia política, pero dentro de este proceso cabe señalar el aumento notable de la violencia social. Es, pues, necesario prolongar el cuestionamiento para tratar de entender cómo la cuestión del tratamiento de la violencia armada en el proceso de transición se integra en la evolución de dichas sociedades, e interrogarse sobre la forma en cómo la lucha contra la violencia actual puede contribuir a revertir los aportes de los procesos de paz recientes.

UNA VIOLENCIA DE ALTO NIVEL

6En la década de 1980, América Central fue uno de los escenarios de la Guerra Fría, que se tradujo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en represiones militares brutales e insurrecciones armadas revolucionarias, las cuales condujeron a situaciones de guerra civil o, por lo menos, de enfrentamiento armado de gran intensidad. Los tres países conocieron procesos diferentes, pero todos sufrieron altos niveles de violencia.

  • 2 Para una síntesis de los trabajos académicos sobre América Central, véanse S. Martí, Tiranías, reb (...)

7En Nicaragua tuvo lugar desde 1976 una guerra revolucionaria contra el régimen somocista hasta la victoria armada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, y hasta 1990 hubo una guerra contrarrevolucionaria llevada a cabo por grupos de la contra enfrentados al régimen sandinista. En El Salvador se pudo contemplar entre 1980 y 1992 una guerra entre un régimen civil, apoyado por los Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la cual ninguno de los bandos pudo destruir al otro. En Guatemala se vivió entre 1980 y 1996 — aunque en realidad estaba latente desde 1960 — un enfrentamiento armado entre el régimen militar y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un nivel de confrontación armada menos importante, pero con efectos muy nocivos en términos de violencia, por la política represiva del régimen, dirigida en particular contra la población indígena. En los tres casos, el enfrentamiento fue reforzado por el contexto de Guerra Fría: para los Estados Unidos, los conflictos eran una amenaza para su seguridad nacional, y en consecuencia Washington tuvo una intervención directa, tanto militar como política, para mantener un estado de guerra permanente contra el régimen sandinista en Nicaragua y para reforzar al Ejército y al régimen político en El Salvador con el objetivo de evitar una victoria revolucionaria2.

8Este tipo de confrontación conlleva la existencia de formas de violencia características de las guerras civiles: por un lado, una movilización armada con un nivel importante de muertes y heridos entre combatientes de ambos lados, y por otro un número aún más grande de víctimas civiles como producto de la violencia desplegada por uno u otro de los actores armados. Esto puede traducirse en masacres colectivas (las más famosas fueron las de Guatemala, por el carácter sistemático de las persecuciones llevadas a cabo por el Ejército contra la población indígena), desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de dirigentes y militantes, y en desplazamientos forzados y masivos con un importante número de desplazados internos o de refugiados. En total, se estima que en Nicaragua hubo 90.000 muertos a raíz de la confrontación armada, en El Salvador 70.000 y en Guatemala 50.000. En toda la región, los refugiados se contaron por millones.

9En comparación con otros casos de América Latina y de Europa del Sur, los centroamericanos son países en los que la violencia está presente durante todo el proceso anterior a la transición, con fuerte intensidad y durante un tiempo prolongado. Son, por lo tanto, casos en los que este tema va a ser primordial. Cabe recordar que las negociaciones que llevaron a la paz se realizaron en los tres países durante el transcurso de los enfrentamientos, sin un previo alto el fuego. Como resulta clásico en este tipo de conflictos armados, las fases de negociación fueron siempre momentos de intensificación de la conflictividad, pues entonces se trataba, para uno u otro actor, de reforzar su posición en la perspectiva de la negociación. Uno de los casos más conocidos fue la situación en El Salvador en diciembre 1989, cuando apenas unas semanas después de haber empezado las negociaciones el FMLN lanzó su «ofensiva final», y se desató uno de los períodos de violencia álgidos del conflicto. La guerra llegó hasta la capital, en particular a los barrios residenciales, y para contener la ofensiva el Ejército bombardeó los barrios marginales de la capital, y sectores de las Fuerzas Armadas no dudaron en asesinar a los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana.

10El hecho de estar en una situación de conflicto armado abierto conlleva una situación particular en la negociación. Los aspectos relativos a la resolución de la violencia o la desmilitarización (desmovilización de la guerrilla, reducción de las fuerzas gubernamentales, disolución de los efectivos del Ejército entrenados para la lucha contra la guerrilla, conformación de la nueva Policía, etc.) son los puntos más complicados, y sobre los cuales se dedica más tiempo en la negociación. El problema resulta clásico en todo proceso de diálogo que mantienen el régimen y un actor insurgente en un contexto de guerra civil: la negociación, como resultado de la confrontación bélica, establece de hecho una igualdad entre los actores, a pesar de que uno sea el Gobierno y el otro un actor insurgente. La desmovilización del actor insurgente produce un «dilema de seguridad invertido», pues al abandonar las armas pierde fuerza de forma transitoria, mientras se transforma en partido político, lo que constituye su garantía de existencia frente a un régimen que recupera, por lo menos teóricamente, su estatus de actor que detenta el monopolio de la fuerza legítima. Pero los casos aquí considerados no son solamente situaciones de resolución negociada de conflictos armados, sino también procesos de transición democrática. Por lo tanto, lo que es central no es tanto el sobredimensionamiento que va a tener la cuestión del tratamiento de la violencia armada, sino más bien las incidencias que este asunto tiene sobre la transición que el régimen político va a experimentar hacia un funcionamiento más democrático.

COMPRENSIÓN E INTEGRACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS PROCESOS DE PAZ

  • 3 Para un análisis más detallado de los procesos en paz en América Central, véanse C. Arnson (dir.),(...)

11Es necesario, por lo tanto, ver cómo estos procesos integraron el tratamiento de la violencia, qué comprensión de la violencia propusieron y cómo pretendieron resolver esto en procesos que tenían tres dimensiones: el final de la confrontación armada, una reforma política que permitiera la implantación de un pluralismo efectivo, y la reconciliación nacional. Las modalidades de la negociación fueron diferentes, y por lo tanto la importancia que se dio al tratamiento de la violencia no incidió de la misma manera3.

12En el caso de Nicaragua, la vinculación entre las tres dimensiones se rompió rápidamente. Las negociaciones entre el régimen sandinista y los grupos de la contra habían avanzado hacia un acuerdo de paz, pero fueron suspendidas por la organización de las elecciones de 1990. La derrota electoral de los sandinistas condujo a un cambio de régimen político, selló la reconciliación nacional, y trajo consigo la desmovilización posterior de los contras, considerada como obvia e inevitable. Pero al desligar lo militar de lo político, esta desmovilización fue considerada desde un aspecto puramente técnico, y menospreciada, lo que llevó a numerosas inconformidades, y en ciertos casos a removilizaciones parciales. Fue, en realidad, una paz que se obtuvo sin un acuerdo firmado, y por lo tanto sin un verdadero proceso de desmovilización.

13En El Salvador, la negociación entre el gobierno y el FMLN se tradujo en el acuerdo de paz firmado en 1992. Los dos puntos más importantes eran la desmovilización de los dos actores armados y la democratización de las instituciones. Ambas dimensiones estaban ligadas: la buena implementación de cada proceso era considerada como una condición obligatoria del otro. La dimensión de reconciliación era vista como una consecuencia de la buena realización de estos dos procesos. Por esto se la ha dado tanta importancia a la transformación del FMLN en partido político y a la correcta realización de las elecciones. El acuerdo de paz, centrado en los aspectos de la desmilitarización y de la democratización, contiene pocos elementos sustantivos, como reformas de tipo socioeconómico o disposiciones sobre el reparto de la tierra.

  • 4 Para una comparación de los efectos del contenido de los acuerdos de paz sobre la evolución poster (...)

14En Guatemala, la negociación entre el Gobierno y una guerrilla debilitada se llevó a cabo de forma paralela a la de El Salvador y desembocó en los acuerdos de paz de 1996. Por el hecho de que el enfrentamiento armado era de menor importancia en el momento de la negociación, los aspectos estrictamente militares fueron menos relevantes. El acuerdo estaba más orientado a la implementación de políticas públicas que pretendían resolver los problemas que habían llevado a la situación de enfrentamiento, es decir, sobre todo el atraso político, social y económico de la población indígena4.

  • 5 Para un análisis más detallado de los términos utilizados en los acuerdos de paz de El Salvador, h (...)
  • 6 Acuerdo de México entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, septiembre de 1989. La formulación v (...)
  • 7 En los acuerdos, la única excepción son los artículos dedicados a la conformación de la Comisión d (...)

15Es interesante ver cómo los acuerdos evocan la situación de violencia y cómo pretenden resolverla. En el caso de Nicaragua, donde no hubo un acuerdo de paz formal, esta dimensión está ausente. En El Salvador se negocia durante la guerra, y los acuerdos procedieron a una suerte de eufemización de la violencia, pero también de sus causas. El análisis del texto de los acuerdos muestra hasta qué punto los redactores de los pactos fueron cautelosos al tratar de la violencia, evitando proponer un análisis de las causas del conflicto5. En uno de los primeros acuerdos, se definió de este modo el propósito de la negociación: «El Gobierno de El Salvador y el FMLN dialogarán en un esfuerzo de entendimiento negociador para terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país y reunificar a la sociedad salvadoreña»6. En este objetivo estaba ausente la evocación de la «violencia», que nunca se menciona en los textos de los acuerdos de paz. El tratamiento es parecido para todos los términos que pueden evocar la confrontación bélica (guerra, combate, hostilidad, enfrentamiento, combatiente, etc.), y en los acuerdos nunca se define lo que se entiende por conflicto armado, y cuáles serían las razones de éste. Es decir, en cierta forma nunca se define cuál es la situación que los acuerdos pretenden resolver. Esta característica de neutralización semántica de la violencia se puede entender por el carácter muy sensible del tema en la negociación, pero lleva a una situación paradójica: los acuerdos definen con mucha precisión las condiciones de la desmilitarización, pero no afirman el propósito de ésta. La violencia no es definida, ni en sus modalidades, ni en sus causas, ni en sus efectos, ni en sus responsables7.

  • 8 Acuerdo de paz firme y duradero firmado entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, diciembre de 199 (...)

16El caso guatemalteco presenta una caracterización inversa. En un contexto de enfrentamiento armado menor, los acuerdos finales de 1996 definen no sólo la violencia como uno de los primeros puntos que pretenden resolver, sino también las razones estructurales de ésta: «con los acuerdos de paz, el país dispone de una nueva agenda orientada a superar las causas del enfrentamiento armado»8. Los acuerdos de diciembre 1996 empiezan con largos «considerandos» que especifican que el conflicto armado se dio por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, por la represión, por la situación de injusticia social y económica y por la discriminación a la población indígena. Y para evitar un nuevo conflicto, los acuerdos pretenden terminar con las razones estructurales de la violencia, o por lo menos con parte de ellas.

17Por lo tanto, estos tres casos de resolución de conflictos armados, marcados por altos niveles de violencia, muestran cómo el tratamiento de la misma en los acuerdos de paz es muy diferente: está ausente en el caso nicaragüense, eufemizada en el salvadoreño y sobrerrepresentada en el caso guatemalteco. Pero es importante señalar que este tratamiento diferencial está más relacionado con la coyuntura y las modalidades de la negociación que con los niveles de violencia en sí mismos.

¿TRANSICIONES EXITOSAS?

18A pesar de estas diferencias en la manera cómo los acuerdos de paz pretenden tratar la situación de violencia, no deja de sorprendernos hasta qué punto estas transiciones llevaron a la implementación efectiva de algunos de los objetivos (como la desmilitarización y la democratización de las instituciones), y cómo este proceso se llevó a cabo de forma relativamente pacífica. La desmovilización se llevó a cabo con retrasos y problemas, pero se culminó de conformidad con los objetivos iniciales.

19En los tres países se logró implementar un proceso electoral efectivo: los calendarios electorales se han respetado, así como los resultados. No ha habido ningún caso de retorno al autoritarismo, ni por parte de los militares, ni por iniciativa de las élites civiles. Es más, ningún actor político ha criticado los procesos electorales, y si bien ha habido denuncias puntuales por fraude o disfunciones, éstas han sido muy limitadas.

20Los procesos electorales no solamente se han cumplido formalmente, sino que han llevado efectivamente a garantizar una expresión política pluralista, sin restricciones ni exclusividades. En los tres casos, los antiguos movimientos de guerrilla se han transformado en partidos políticos, y sus dirigentes se han presentado a elecciones sin que exista ni impedimento legal ni actos de violencia en su contra, como ha sido el caso de las elecciones presidenciales en las que han participado ex-comandantes guerrilleros como Daniel Ortega en Nicaragua, Shafick Hándal en El Salvador, o Rodrigo Asturias en Guatemala.

  • 9 Véanse los estudios hechos por la Universidad de Salamanca sobre Elites Parlamentarias Latinoameri (...)

21Pero el logro de este proceso no se resume únicamente en el respeto de los procedimientos electorales y del pluralismo. Estas elecciones han llevado a reflejar, por lo menos en Nicaragua y en El Salvador, de forma pacífica, la línea de fractura central del conflicto armado, sin que la fuerte polarización existente suponga un peligro para la continuidad institucional. En ambos casos se han presentado partidos que expresan las opciones políticas que estaban enfrentadas en la guerra civil: en El Salvador, el FMLN contra ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, partido político de derecha neoliberal, en el poder desde 1989), y en Nicaragua, el FSLN contra las diferentes corrientes del Partido Liberal. Incluso en el caso de El Salvador, esta polarización tiene una fuerte connotación ideológica: los dos partidos se sitúan en el extremo del espectro derecha/izquierda, en sus planteamientos ideológicos y en la forma como se posicionan sus electores y sus dirigentes9. Por otra parte, llama la atención de que en los dos casos, el nivel de votación obtenido por los partidos surgidos de la lucha armada, así como la diferencia con respecto a sus adversarios, sea más o menos constante elección tras elección. En cierta forma, se reproduce durante los comicios la polarización que existía durante el período del conflicto armado, pero ahora de forma institucionalizada y pacífica.

  • 10 La comparación con el caso colombiano es particularmente elocuente: los asesinatos de dirigentes y (...)

22Una última característica de estos procesos de transición desde un conflicto armado a una situación de paz es que se dieron, de forma general, sin violencia. Excepto las situaciones ya mencionadas en Nicaragua de removilizaciones parciales de grupos de excombatientes, no hubo por parte de los actores que participaron al conflicto situaciones de descontento manifestadas en forma de violencia, o como ha sucedido en otras situaciones parecidas, escisiones de grupos armados, del Ejército o de grupos paramilitares, que toman de nuevo las armas y ponen en peligro el acuerdo de paz. Salvo algunas excepciones notables, entre ellas el asesinato de monseñor Gerardi en abril 1998, dos días después de haber presentado públicamente el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se han producido relativamente pocos asesinatos políticos de dirigentes o militantes involucrados en los movimientos o partidos relacionados con el proceso, o de actores y mediadores en la negociación. En este aspecto, la situación resulta particularmente positiva si se toma en cuenta no solamente el grado de violencia sufrido durante la guerra, sino también el nivel de polarización partidaria después de ella, y se compara con otros procesos similares en el resto del continente10.

23Estos aspectos positivos no significan, sin embargo, que todo lo anunciado en los acuerdos se haya cumplido. Estos procesos tienen sus cuentas pendientes, tales como los contenidos socioeconómicos o el reconocimiento y condena de los responsables en materia de violaciones de los Derechos Humanos producidas durante el conflicto.

VIOLENCIA PASADA Y VIOLENCIA PRESENTE: LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA «COMÚN»

24Sin embargo, el problema central sobre la manera en que la violencia afecta la transición no reside hoy en día en los debates sobre cómo la violencia fue tratada o no durante la transición, y sobre cómo resolver estas cuentas pendientes. La vinculación se plantea en el hecho de que los altos niveles de violencia «cotidiana», si bien no son un producto del período de las guerras civiles ni de sus modos de resolución, están constituyendo un peligro para la estabilidad democrática de estas sociedades.

  • 11 D. Garibay, «Diversité des violences contemporaines en Amérique latine».
  • 12 Sobre las maras, véanse Maras y pandillas en Centroamérica y F. Faux, Les maras, gangs d’enfants: (...)
  • 13 A. S. Cardenal Izquierdo, «¿Son las guerras civiles responsables del crimen en Centroamérica?».
  • 14 M. Camara et alii, «Homicides en Amérique du sud: les pauvres sont-ils dangereux?».

25Desde la firma de la paz, se ha producido un aumento muy importante de la violencia «cotidiana» o «común», términos que se emplean para distinguirla de la violencia motivada por razones «políticas» que dominó durante el conflicto armado. Un indicador de esta evolución es que en países como Guatemala o El Salvador la tasa de homicidios es hoy superior a la tasa que se soportaba durante la guerra, o para decirlo de otra forma, que ha habido más homicidios por delincuencia común desde la firma de la paz que muertos por enfrentamiento armado durante la guerra civil, en un período de tiempo similar. De hecho, los países centroamericanos están en los niveles más altos a nivel mundial en estadísticas sobre violencia11. Ésta es interpretada de forma general como la expresión de niveles importantes de delincuencia y criminalidad, y más precisamente como una expresión del desarrollo de las maras. Estos grupos han sido formados en un primer tiempo por jóvenes de origen centroamericano que habían emigrado ilegalmente a Estados Unidos, de donde fueron deportados por haber participado en grupos de pandilleros ubicados en los barrios periféricos de las grandes ciudades, y que reprodujeron en sus países de origen formas de acción colectiva caracterizadas por una violencia extrema (control territorial o de circulación en las zonas urbanas mediante extorsión, asesinatos, etc.), dentro de comportamientos ritualizados como la pertenencia y fidelidad al grupo, los ritos de entrada, los tatuajes distintivos, etc. Agrupadas en dos grandes organizaciones que compiten entre si, las maras han conocido un desarrollo transnacional en todo el istmo12, pero sería inexacto reducir el conjunto de la violencia en América Central a las acciones de las maras. Si bien es difícil tener estadísticas precisas, y sin minusvalorar la magnitud de la violencia desplegada por estos grupos, todos los institutos de seguimiento de sus actividades indican que son responsables sólo por una parte del conjunto de la violencia. Hay, sin embargo, una asimilación de la violencia de posguerra en América Central con la presencia de las maras, y de forma más general una tendencia a interpretar este tipo de actuación como una herencia del período de la guerra, ya sea como el resultado de una forma de aceptación de la violencia, como un efecto de la desestructuración del tejido social y político, o como el producto catastrófico de la ausencia de políticas ambiciosas de desarrollo social en la etapa de la reconstrucción posbélica. Pero como muestra Ana Sofía Cardenal mediante un análisis cuantitativo, tanto a nivel de países como a nivel subnacional no es posible establecer ningún tipo de correlación entre la fuerte exposición a la guerra en la década de los ochenta y los altos niveles de violencia que se sufren en la actualidad13. En este aspecto, no hay una especificidad centroamericana: no son los efectos de la violencia pasada los que explican la violencia presente, sino, como en los demás países de América Latina, las fuertes desigualdades de ingresos, en zonas de movilidad reciente sometidas a fuertes cambios sociales14.

  • 15 J. M. Cruz, «Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad (...)

26Pero más que los efectos directos de la violencia, el eventual peligro para la estabilidad de las democracias actuales radica en la manera en que esta situación es interpretada por las sociedades centroamericanas y es enfrentada por los gobiernos. Por una parte, las sociedades centroamericanas padecen la continuidad de una situación de violencia. Aún si se distingue entre la violencia política pasada y la violencia común actual, existe la idea de que las sociedades surgidas de los acuerdos negociados han fracasado a la hora de garantizar el mantenimiento de la seguridad y del orden público. Los estudios de opinión pública han mostrado hasta qué punto el tema de la inseguridad es el principal motivo de preocupación, y sobre todo cómo conduce a una forma de asimilación, no tanto entre violencia política pasada y la violencia común actual, sino entre el conflicto pasado y la situación presente, por la incapacidad del régimen político a la hora de garantizar la ausencia de violencia. Esta situación tiene consecuencias muy graves en los actuales regimenes democráticos, que son percibidos como incapaces de controlar la violencia, lo que lleva a debilitar su legitimidad: las personas que dicen haber sido víctimas de un hecho violento («victimización») o las que se sienten inseguras («sentimiento de inseguridad») muestran tasas de apoyo político al gobierno más bajas que las personas que no están en esa situación, en particular en Guatemala y El Salvador15.

  • 16 Sobre las políticas anti-maras y sus efectos, véanse J. Anders et alii, «L’Amérique centrale au dé (...)

27Por otra parte, los altos niveles de violencia han llevado los gobiernos a implementar políticas que se enfrentan a esta situación, pero en sus orientaciones éstas políticas participan del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática, a través de dos dinámicas: la primera de ellas es el recurso extensivo a la argumentación partidaria del recurso a la violencia como un factor de deslegitimación del adversario. Esta es una estrategia particularmente eficaz en la situación de violencia actual, ya que frente a los partidos de la izquierda o las movilizaciones sociales, los partidos derechistas en el gobierno no dudan en recordar que dichos grupos políticos de oposición provienen de la lucha armada, o asimilan la movilización social a los disturbios violentos, como lo hacían en el período de la guerra civil. Este recurso tiene un doble propósito: descalificar al otro como un actor que no tiene su espacio en el escenario político, y convalidar una opción represiva contra él. La segunda dinámica es la orientación coactiva de los programas de lucha contra la violencia, en los que se opera una reducción de la violencia al actor que es presentado como el principal, y en ciertos casos, exclusivo, responsable de la violencia, es decir las maras, y se orienta la acción contra sus miembros mediante leyes que reducen de forma drástica los derechos de las personas consideradas como delictuosas16. Estos planes han brindado la oportunidad para revertir algunas de las modalidades negociadas en los acuerdos, en particular el papel del Ejército en temas de seguridad, la independencia de la justicia y el respeto de ciertos derechos fundamentales. Dentro de los programas gubernamentales (como el «Plan Libertad azul» en Honduras y el «Plan Mano dura» y el «Plan Super mano dura» en El Salvador), se tomaron medidas que llevaron a poder condenar a personas solamente por la sospecha de pertenecer a una mara (presunción que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de tener un tatuaje), o se ha reducido la protección judicial de los menores. Estos programas han recibido una legitimación internacional mediante la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, que ha tratado de coordinar una cooperación internacional contra las maras mediante la intensificación de la cooperación entre policías y la adopción de políticas represivas. Una legitimación que, a su vez, contribuye a debilitar el alcance de los acuerdos de paz.

28Unos altos niveles de violencia no impiden que se realice una transición democrática exitosa, o para ser más precisos, que la resolución negociada de un conflicto armado interno incluya una democratización, como lo muestran los casos centroamericanos. Y a su vez, este proceso de democratización puede arraigar en una sociedad políticamente polarizada entre dos opciones ideológicas radicalmente opuestas, sin que esto signifique un peligro de retroceso autoritario, como lo ilustra la situación de El Salvador, donde la polarización es efectivamente ideológica, o en Nicaragua, donde la polarización se construye más bien en torno al apoyo o al rechazo de ciertos dirigentes políticos. En este punto, los casos centroamericanos nos llevan a volver a interrogarnos sobre la importancia central que muchos autores dan a la moderación en el comportamiento de los actores políticos como condición para el éxito de un proceso de transición. Alineaciones políticas «radicales» de los actores centrales no impiden una transición exitosa; pero, sin embargo, el desafío actual de la lucha contre la violencia común está redefiniendo esta situación: en sociedades posbélicas, la moderación significa no utilizar el contexto de violencia, y la asimilación entre el pasado y el presente, para restar legitimidad a un actor político que ya no recurre a dicha violencia. En caso contrario, la continuidad de la institucionalidad democrática seguirá estando en juego.

Notes

1 D. Collier, y S. Levitsky, «Democracy with Adjectives».

2 Para una síntesis de los trabajos académicos sobre América Central, véanse S. Martí, Tiranías, rebeliones y democracia y J. Booth, et alii, Understanding Central America: global forces, rebellion, and change.

3 Para un análisis más detallado de los procesos en paz en América Central, véanse C. Arnson (dir.), Comparative peace processes in Latin America, y A. S. Cardenal Izquierdo et alii, América Central, las democracias inciertas.

4 Para una comparación de los efectos del contenido de los acuerdos de paz sobre la evolución posterior de los actores políticos, véase F. Chinchilla et alii, «Pactos de Paz: Proceso de pacificación y transición hacia la democracia en El Salvador y Guatemala».

5 Para un análisis más detallado de los términos utilizados en los acuerdos de paz de El Salvador, hecho a partir del conjunto de los textos firmados durante todo el proceso de negociación, véase D. Garibay, «Négocier, célébrer et commémorer la paix au Salvador».

6 Acuerdo de México entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, septiembre de 1989. La formulación va a ser retomada en el conjunto de los acuerdos de paz.

7 En los acuerdos, la única excepción son los artículos dedicados a la conformación de la Comisión de la Verdad. Ésta «tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad». El informe de la Comisión propuso una definición de la violencia, identificó los casos los más graves y dictaminó responsabilidades, pero esta Comisión era independiente de los actores del conflicto.

8 Acuerdo de paz firme y duradero firmado entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, diciembre de 1996.

9 Véanse los estudios hechos por la Universidad de Salamanca sobre Elites Parlamentarias Latinoamericanas, en M. Alcántara et alii, Partidos políticos de América Latina, Centroamérica, México y República Dominicana, y en los boletines Elites, en particular los números 24 y 25 sobre Nicaragua, y 33 y 34 sobre El Salvador.

10 La comparación con el caso colombiano es particularmente elocuente: los asesinatos de dirigentes y militantes de las guerrillas reinsertadas han sido muy importantes, tanto en la década de los ochenta, con la experiencia de la Unión Patriótica (UP), como en los noventa, con la del M-19 y el EPL, principalmente. En el primer caso fueron asesinados centenares de miembros de la UP. En el segundo, el dirigente del M-19 y candidato a la elección presidencial, Carlos Pizarro, fue asesinado tres semanas después de su desmovilización.

11 D. Garibay, «Diversité des violences contemporaines en Amérique latine».

12 Sobre las maras, véanse Maras y pandillas en Centroamérica y F. Faux, Les maras, gangs d’enfants: violences urbaines en Amérique centrale.

13 A. S. Cardenal Izquierdo, «¿Son las guerras civiles responsables del crimen en Centroamérica?».

14 M. Camara et alii, «Homicides en Amérique du sud: les pauvres sont-ils dangereux?».

15 J. M. Cruz, «Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los regimenes de posguerra».

16 Sobre las políticas anti-maras y sus efectos, véanse J. Anders et alii, «L’Amérique centrale au défi des gangs: les maras dans le débat public» y el conjunto de artículos «Ciudadanía y violencia social».

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Université Lumière Lyon 2-CNRS UMR5206 Triangle

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