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Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

 | 
Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

III. — La violencia en el corazón del Estado

Estado y violencia en la transición española

Las violencias policiales

Sophie Baby

Résumé

Les réformistes aux commandes de la transition espagnole s’efforcent de transformer l’État répressif franquiste en un État démocratique garant des droits individuels et des libertés publiques. Mais l’État est confronté à un double défi. D’une part, il doit canaliser les protestataires afin d’éviter qu’ils ne s’érigent en obstacles infranchissables à la démocratisation. D’autre part, il se heurte à une violence interne, mise en œuvre par les institutions chargées de la contention de la violence externe et du maintien de l’ordre (armée, police, garde civile, justice), qui résistent à s’adapter à leurs nouvelles missions en démocratie. De cette double contention dépend la survie du processus de démocratisation, sa légitimité ainsi que la qualité de la démocratie future. L’analyse des violences perpétrées par les agents de l’Etat permet de formuler l’hypothèse de l’entrelacement de trois systèmes répressifs : aux deux systèmes qui se succèdent mais aussi se concurrencent en cette période de transition – ceux de la dictature franquiste et de l’horizon démocratique à atteindre -, s’ajoute un système propre à la lutte antiterroriste qui puise dans les ressources des deux autres. Ainsi, si les violences étatiques sapent d’emblée les principes fondateurs du nouveau régime, ce n’est pas seulement à cause de la pesanteur des héritages du régime antérieur, mais aussi parce que les attaques croissantes des contestataires mettent sérieusement en péril la démocratisation en cours

Texte intégral

  • 1 Pocos libros tratan de interpretar el fenómeno de la violencia política en su globalidad (J. Aróst (...)
  • 2 Basta con mirar la proliferación de libros existentes sobre el nacionalismo vasco y su vertiente r (...)

1Si la literatura del período de la transición española resulta abundante, son en cambio poco numerosos los estudios académicos que tocan el tema de la violencia política que se desarrolló por entonces, lo cual supone un fuerte contraste con la proliferación de publicaciones sobre la violencia de la época de la Guerra Civil y de la represión franquista1. En el imaginario colectivo, basado tanto en los discursos políticos y mediáticos como en los discursos académicos, la transición española aparece como «inmaculada», como este proceso negociado, reformista y pacífico que consiguió poner fin a décadas de enfrentamientos sangrientos entre grupos políticos y sociales opuestos, que supo reconciliar a esas «dos Españas» supuestamente irreconciliables en una nación democrática estable y unida. El hecho violento no encaja en este cuadro idílico de un período elevado al rango de mito histórico y político. Lógicamente, constituye un punto ciego de la historiografía de la transición. Un punto ciego que afecta aún más a la violencia de Estado que a la violencia contestataria, más conocida en su vertiente de terrorismo de extrema izquierda y separatista. De manera general, la cuestión de la violencia en España en el último cuarto del siglo XX está distorsionada por el problema vasco y la acción terrorista de ETA2. Y precisamente cuando hoy empieza a quebrarse el silencio público alrededor de las acciones policiales o parapoliciales violentas del final del franquismo y de la época de la transición, las iniciativas vienen del País Vasco y aparecen marcadas por la sospecha de la manipulación política.

  • 3 Entrevista a Juan José Ibarretxe en la cadena SER, 19 de junio de 2008.

2Así, el Parlamento Vasco aprobó el 19 de junio de 2008 una Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, poniendo fin a decenios de indiferencia y hasta de rechazo de la sociedad y del Gobierno vascos hacia las víctimas del terrorismo abertzale. Al mismo tiempo, el propio Gobierno vasco anunció el proyecto de redactar una ley que reparase el daño a las «víctimas de la Policía y desaparecidos»3, o sea a las víctimas de acciones policiales, parapoliciales y de grupos de la extrema derecha — Triple A, Batallón Vasco Español (BVE), Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) — en Euskadi en los años 70 y 80. Paralelamente, salió a la luz un informe redactado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que enumera el número de víctimas de este tipo de actos violentos, provocando de inmediato la polémica en el seno mismo del Gobierno vasco (a propósito del enfoque del informe y de las cifras presentadas) y en el ámbito público nacional. Para toda una franja de la sociedad española, la iniciativa vasca es percibida como una concesión a la izquierda abertzale, y supone equiparar a las víctimas de la Policía con las víctimas del terrorismo, lo que conduce, en fin, a equiparar a los policías con los etarras. Un planteamiento que no puede recibir ninguna legitimidad ética ni política, menos aún en una España democrática traumatizada por el hecho terrorista, no sólo por la larga y mortífera acción de ETA, sino también por el trágico atentado islamista del 11-M de 2004, cuyas repercusiones han sido amplificadas por la fuerte instrumentalización partidista de las víctimas de los distintos terrorismos.

  • 4 Véase sobre todo la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, (...)
  • 5 El País, 29 de junio de 2008.
  • 6 La Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían (...)

3Sin embargo, la proposición vasca parece legítima por varias razones. Permitiría en primer lugar sacar a la luz unos acontecimientos olvidados o silenciados de la época de la transición, iniciar investigaciones para esclarecer la verdad y acabar con espacios de impunidad intolerables en una democracia. En segundo término, ofrecería a las víctimas un espacio de diálogo y posibilidades de conocer la verdad, pedir justicia y obtener una reparación tanto moral como económica, ya que estas víctimas de la acción policial no encajan en los dispositivos de solidaridad con las víctimas del terrorismo4. Siguiendo esta perspectiva, las Juntas Generales de Álava acordaron en el mismo mes de junio de 2008 una compensación económica a las víctimas de la represión policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la Policía desalojó con fuego real a una asamblea de obreros encerrados en una iglesia, matando a cinco de ellos e hiriendo a unos cincuenta más5. Esta decisión, local anticipa no sólo el dispositivo vasco, sino también el dispositivo nacional previsto en la Ley de la Memoria Histórica, puesta en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para reparar el daño hecho a las víctimas del franquismo, excluidas de toda medida simbólica de reparación por la Ley de Amnistía de octubre de 19776.

4Aunque el hecho de investigar y luego reconocer los abusos policiales de la época de la transición esté incluido, de manera muy reciente, en un proyecto público de ámbito nacional — la Ley de la Memoria Histórica —, la cuestión no puede ser debatida de manera apaciguada en el espacio público en buena parte porque ETA sigue actuando y matando, distorsionando toda reflexión acerca de la violencia política que padeció España en el último cuarto del siglo XX. Además, por falta de análisis histórico que ponga en perspectiva los hechos referidos, el debate está viciado por las esquematizaciones y las maniobras partidistas. Lo que quiero hacer aquí es precisamente ir más allá de la polémica, abandonar la focalización sobre del problema vasco y plantear las bases de la necesaria reflexión histórica distanciada acerca de la violencia de Estado en la época de la transición.

5El presente trabajo es un intento de reflexión sobre el Estado español en el contexto especial de la transición a la democracia, es decir sobre el proceso complejo de transformación de un Estado autoritario y represivo en un Estado democrático garante de los derechos individuales y de las libertades públicas. Más precisamente, centraré el análisis en la difícil reconversión del sistema represivo, percibida a través de su plasmación más espectacular: la violencia empleada por los agentes del Estado.

ESTADO Y VIOLENCIA DE ESTADO EN PERÍODO DE TRANSICIÓN POLÍTICA

6En el período de la transición el Estado no constituyó ese bloque monolítico y todopoderoso que a veces se presenta, puesto que los poderes que se enfrentaron para alcanzar la autoridad legítima fueron numerosos y divergentes. Como parte del régimen anterior y desafío del nuevo régimen, el Estado español hubo de transformarse radicalmente, ya que con la muerte de Franco no desaparecía sólo un dictador, sino todo un régimen con sus valores normativos, sus principios e instituciones. Sin embargo, uno de los caracteres principales de la transición española fue precisamente la continuidad del Estado: continuidad jurídica (se habló de un proceso «de la ley a la ley»), de los hombres (no hubo ninguna depuración y los líderes de la transición venían del franquismo) y, en gran medida, del aparato administrativo bajo una nueva fachada democrática. Si el marco institucional y normativo cambió radicalmente, existe sin embargo una gran continuidad funcional y orgánica entre el Estado franquista y el Estado de la nueva democracia.

  • 7 M. Weber, Le savant et le politique, p. 100.
  • 8 Véase M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), caps. xii-xi (...)
  • 9 Sobre la memoria de la Segunda República, véase M. Á. Egido León (dir.), Memoria de la Segunda Rep (...)
  • 10 Sobre el ciclo de violencia contestataria de la transición, véase mi tesis doctoral, inédita, S. B (...)

7Además, si seguimos la famosa definición de Max Weber, el Estado es el que detenta el monopolio de la violencia física legítima7. El control de la violencia está en el corazón mismo de la definición de Estado y de la construcción de su legitimidad. Ahora bien, durante la transición española, el monopolio estatal de la violencia física se vio precisamente cuestionado por un lado por la violencia contestataria, y por otro por las veleidades disidentes dentro del aparato del Estado. De hecho, el Estado hubo de enfrentarse a un doble reto: en primer lugar, trató de democratizar su aparato y sustituir el sistema represivo de la dictadura por un sistema democrático de «seguridad pública»8. El Estado debía canalizar la violencia interna de los agentes del Estado que disponían de la fuerza y se resistían a someterse a la nueva autoridad democrática, es decir, las fuerzas del orden público — cuerpos de Policía, Guardia Civil —, el Ejército y el aparato de justicia. Tuvieron que aprender a hacer un uso contenido, regulado y aceptado de la fuerza física, lo que provocó resistencias en unas instituciones por naturaleza conservadoras y reacias al cambio. En segundo lugar, el Estado de la transición debía asegurar el orden público, garantía que tenía un sentido particular en el contexto de una España traumatizada por la Guerra Civil que cuarenta años de propaganda franquista imputaron precisamente a la incapacidad de la Segunda República para contener los desórdenes públicos, las violencias y el caos9. Por consiguiente, el Estado tuvo que canalizar la violencia externa de los actores contestatarios que no dejó de crecer durante todo el período, aprovechando el clima de libertades y la debilidad relativa de un Estado que hubo de afrontar un ciclo sin precedentes de violencias subversivas que pusieron en peligro la reforma10. Así, una de las claves del éxito de ésta radicó en la recuperación imperativa por parte del Estado democrático del monopolio de la dominación física y simbólica, tanto en el terreno de la violencia interna como de la violencia externa. De esta doble contención dependió tanto la legitimidad del proceso de democratización como la calidad de la futura democracia.

  • 11 Para un estudio global del sistema represivo, véase S. Baby, Violence et politique dans la transic (...)

8Lo que quiero demostrar aquí es hasta qué punto el proceso de transformación del sistema represivo, lejos de ser lineal, fue un fenómeno complejo. En el período de la transición no fueron dos los sistemas represivos que se sucedieron, sino fueron tres los que se superpusieron, compitieron entre sí y entraron en interacción constante con las fuerzas contestatarias y con la dinámica de la reforma. El primero fue el de la dictadura franquista, basado en la primacía del orden a costa de la libertad, autoritario, partidista, excluyente y violento. El segundo corresponde al horizonte democrático que se trataba de alcanzar, es decir, un sistema basado en la defensa de la libertad y de los derechos humanos, reconciliador y legítimo. Pero a lo largo de la transición, sobre todo a partir de 1978, apareció un tercer sistema represivo que se interpuso entre la mutación del primero al segundo: se trató del sistema propio a la lucha antiterrorista, cada vez más polarizada por el problema vasco, que sacaba sus recursos de los dos sistemas citados, entre la herencia dictatorial y la modernidad democrática. Este proceso complejo de transformación pudo observarse a varios niveles, desde la institucionalización de los principios de la política de orden público hasta su plasmación en las prácticas del mantenimiento del orden, y fue muy amplio el trecho que separó la regla de su aplicación. El presente artículo no pretende analizar el cambio global del sistema represivo11, sino centrarse en un caso poco estudiado por los especialistas de la transición: el estudio de las prácticas policiales y, sobre todo, de la violencia empleada por las fuerzas del orden público.

9Cuestionar la violencia policial es una tarea delicada, tanto desde un punto de vista teórico como metodológico. Porque ésta no depende tanto de la naturaleza brutal en sí misma de la actuación policial como de la legitimidad o no de la violencia empleada. En una democracia se delega el derecho de emplear la fuerza física a los agentes del orden público, y este uso de la fuerza es aceptado y percibido como legítimo; no se habla en este caso de violencia. Por consiguiente, hay que preguntarse por los criterios de legitimidad de la actuación policial, criterios que precisamente cambiaron radicalmente en el período de la transición. Sin embargo, observamos que, cuando la Policía mata, el escándalo estalla y se despierta la hostilidad popular: la consecuencia trágica de la actuación policial constituye un deslumbrante revelador de su inadecuación social y política, y representa, en este sentido, un excelente punto de entrada para el estudio de la violencia de Estado.

  • 12 La investigación se hizo a partir del periódico El País, completado por la lectura de ABC, y por l (...)
  • 13 Es, por ejemplo, el caso de la muerte de Bartolomé García en septiembre de 1976 en Tenerife, confu (...)

10Nuestro análisis de las violencias policiales se basa en un corpus establecido a partir de las actuaciones que provocaron víctimas mortales12. Por las mismas razones que acabamos de mencionar, se tiene en cuenta aquí a todas estas víctimas, sin prejuzgar por ahora su carácter político, ya que éste no depende tanto de la naturaleza política del acto, de la víctima o de su finalidad como de las percepciones que se tienen de él en la sociedad. Un presunto delincuente matado por la Policía en un control de carreteras será tomado en consideración porque, en la época de la transición, tal incidente pudo haber sido percibido como consecuencia del carácter represivo de las fuerzas del orden y haber desembocado en una movilización popular importante contra la violencia institucional heredada de la dictadura franquista13. Además, el propio criterio de definición de «delincuente» debe ponerse en tela de juicio, ya que lo establecían las autoridades, inmersas por ese entonces en un sistema normativo represivo donde casi cualquier gesto podía constituir un delito. Frente a tantos conflictos de caracterización y de interpretación, es aconsejable estudiar la violencia policial de manera global. Así en la transición, desde octubre de 1975 hasta diciembre de 1982, fueron 178 las personas que murieron a manos de las fuerzas del orden público.

  • 14 Para una primera aproximación al problema de la tortura, véase S. Baby, Violence et politique dans (...)

11Podemos distinguir tres tipos de violencias policiales existentes en la época de la transición española: la tortura, el incidente policial y el acto de brutalidad policial en las manifestaciones. El acto de tortura necesita un tratamiento tan específico que su análisis se sale del marco de este artículo. Señalemos solamente que fueron siete los individuos que murieron a consecuencia de torturas infligidas por las fuerzas del orden14. Lo que llamo aquí «incidente policial» pudo suceder en un control de carreteras, en un control de identidad, en la detención o la persecución de un sospechoso, es decir en el trabajo cotidiano de los agentes del orden público. Este tipo de actos provocaron casi el 80% de las víctimas (139 muertos), y fueron efectuados por la Guardia Civil en un 60%, como consecuencia lógica de su función de mantenimiento del orden público en el conjunto del territorio nacional, y sobre todo en las carreteras. Por último, los actos de brutalidad policial en las manifestaciones, que fueron protagonizados sobre todo por los agentes de la Policía Armada (los «grises», fuerzas antidisturbios encargadas de la disolución de las manifestaciones urbanas), y provocaron menos del 20% de las víctimas de la violencia policial (32 muertos).

12Son estos dos últimos tipos los que quiero analizar sucesivamente. Como sugiere el gráfico siguiente (cuadro 1), que muestra la evolución cronológica de los tres tipos de violencia policial evaluados, tienen éstos unos perfiles muy distintos que nos dicen mucho sobre el proceso de mutación del aparato represivo del Estado durante la transición.

CUADRO 1. — Cronología de la violencia policial (1976-1982) Número de muertos por tipo de actuación policial

CUADRO 1. — Cronología de la violencia policial (1976-1982) Número de muertos por tipo de actuación policial

EL ACTO DE BRUTALIDAD POLICIAL EN LAS MANIFESTACIONES: UNA ADAPTACIÓN RÁPIDA AL NUEVO MARCO NORMATIVO

  • 15 No hemos contabilizado aquí los individuos que fallecieron en el curso de la manifestación sin hab (...)

13Concentrándonos por ahora en los actos de brutalidad policial durante las manifestaciones, observamos que este tipo de incidentes fue bastante numeroso en los primeros años de la transición (10 muertos cada año en 1976 y 1977) antes de bajar significativamente en 1978, para casi desaparecer a partir de 1980 (no se señala ninguno en 1980 y en 1982)15.

  • 16 Véase en este libro el capítulo de P. Aguilar e I. Sánchez-Cuenca.

14Estos datos coinciden con la evolución de la movilización social en general, y de las manifestaciones en particular, que conocieron su fase más alta en el año 1977 antes de descender fuertemente en 197816, lo que nos conduce a una conclusión algo tautológica: cuanto más manifestaciones había, se producían más muertos. De hecho, en el período 1976-77, no se desarrollaba un sólo día sin manifestaciones de diversa índole (incluido encierros, ocupaciones o concentraciones) que se acompañaban de enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden público, cargas, carreras, disoluciones, desalojos, disparos al aire, botes de humo, gases lacrimógenos, detenciones o retenciones, contusionados o heridos, y hasta muertos. El auge sin precedentes de las manifestaciones en los años 1976 y 1977 aumentó naturalmente el número de enfrentamientos entre manifestantes y policías y el riesgo de que estos enfrentamientos cotidianos desembocasen en violencia mortal.

  • 17 Véase supra p. 107

15Sin embargo, si miramos con más precisión los datos aportados por Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez-Cuenca en otro capítulo de este libro, en particular su cuadro 4 que pone en evidencia la tasa de manifestantes17, constatamos que la movilización popular fue numéricamente muchísimo más importante en el año 1977 que en el año 1976, mientras que el número de muertos siguió siendo el mismo. En 1978, la tasa de participación en manifestaciones siguió siendo dos veces más alta que en 1976 a pesar del inicio de la desmovilización, mientras que el número de muertos en las manifestaciones cayó de más de la mitad.

  • 18 Las referencias a la violencia contestataria son el resultado de años de investigación en fuentes (...)

16Así, hay que buscar otras explicaciones a tal fenómeno. El paralelo cronológico vale no sólo para la movilización popular, sino también para los actos de violencia «de baja intensidad», según podemos constatar en el cuadro 218.

  • * Lectura del gráfico: en 1976, diez personas murieron a manos de la Policía en manifestaciones, mie (...)

CUADRO 2: Violencia policial y violencia contestataria (1).
Número de muertos por la actuación policial en las manifestaciones en relación con el número de acciones violentas de baja intensidad (escala 1/10e)*

CUADRO 2: Violencia policial y violencia contestataria (1).Número de muertos por la actuación policial en las manifestaciones en relación con el número de acciones violentas de baja intensidad (escala 1/10e)*

17Podemos distinguir dos tipos de violencias contestatarias durante la transición, las violencias «terroristas» y las «de baja intensidad». Las primeras son acciones preparadas en el seno de unos grupos estructurados (ya que necesitan de una organización material y técnica importante) y con fuerte incidencia mortal. Se trata de los atentados más violentos y típicos de los grupos terroristas reconocidos como tal: disparos con armas de fuego, explosiones o artefactos desactivados, secuestros... Las segundas son violencias mayoritariamente urbanas, difusas y poco mortales: atentados menores (por ejemplo, con cócteles Molotov), agresiones individuales aisladas, alteraciones del orden público, amenazas e intimidaciones.

  • 19 Basta con mirar los periódicos de este período para darse cuente de la intensidad de la conflictiv (...)
  • 20 R. Adell, La transición política en la calle: manifestaciones políticas de grupos y masas. Madrid, (...)
  • 21 El cálculo es nuestro, a partir del Boletín Informativo de la Policía, 11 de enero a 30 de julio d (...)

18La brutalidad policial en las manifestaciones está, por consiguiente, muy ligada al agitado período de los inicios de la transición, cuando los choques con la Policía, el lanzamiento de piedras o cócteles Molotov, la quema de mobiliario urbano y ruedas de coche, los encierros, huelgas con piquetes, desalojos, enfrentamientos entre grupos políticos radicales, sustracciones o exhibiciones de banderas (nacional, partidista, regionalista), llamadas sobre colocación de bombas o disturbios de otro tipo eran una realidad cotidiana19. La violencia no estallaba sólo en las manifestaciones, sino en todo tipo de movilización y protesta popular. De hecho, según el estudio que hizo Adell de las manifestaciones convocadas en Madrid durante la transición, casi la mitad de ellas derivaron, entre 1976 y20, en violencias 20. Otro índice de la violencia de las manifestaciones son los datos facilitados por la Policía para el primer semestre de 1977, que relatan 198 manifestaciones con incidentes violentos contra 627 pacíficas, o sea un cuarto del total21. No obstante, más allá de lo que podemos calificar de «clima» generalizado de violencia urbana y de represión, hay que intentar interpretar más precisamente las razones del estallido de violencia durante el acto manifestante.

19En primer lugar, hay que mencionar la responsabilidad de los manifestantes, cuyo comportamiento pudo provocar enfrentamientos fuera por falta de experiencia o por voluntad insurreccional. Manifestarse es un gesto que necesita un aprendizaje para desarrollarse de manera pacífica, por ejemplo en la elección de un lugar y un trayecto adecuados para la convocatoria, la organización de un servicio de orden eficaz, el control de los carteles, banderas y eslóganes empleados durante el acto, etc. Sin esta autorregulación, la manifestación podía quedar expuesta más fácilmente a la manipulación violenta de unas minorías incontroladas. Entre ellas, los extremistas de la ultraderecha, que se mezclaban con la multitud manifestante armados con porras, bates de béisbol, cuchillos o incluso armas de fuego para difundir el terror entre los manifestantes y deslegitimar el acto.

  • 22 El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) era el brazo armado del Partido Comunista (...)
  • 23 El País, 14 de mayo de 1977.

20Además, al principio de la transición, algunos movimientos preconizaban un uso deliberado de la violencia y buscaban el enfrentamiento sistemático con las fuerzas del orden público. Se trata de los grupos de extrema izquierda, cuya estrategia revolucionaria radicaba por aquel entonces en el empleo de la guerrilla urbana. El enfrentamiento directo con el Estado no pretendía ser solamente una manera de acosar el régimen, sino también provocar, a través de la represión subsiguiente, la agudización del conflicto entre el Estado y la población con miras a para impulsar el levantamiento de las masas. De este modo, los anarquistas radicales, los militantes del Partido Comunista de España (internacional)-línea proletaria o del FRAP22 siguieron actuando en los primeros años de la transición (hasta 1978) como minorías agitadoras, cometiendo atentados de baja intensidad con cócteles Molotov, destruyendo el mobiliario urbano, buscando enfrentamientos con los grupos de falangistas y radicalizando las manifestaciones. Los militantes del PCE (i)-línea proletaria eran conocidos por su habilidad para transformar las numerosas manifestaciones que se desarrollaban en el centro de Barcelona en algaradas, construyendo barricadas, incendiando cubos de basura y comercios y, sobre todo, lanzando piedras o cócteles Molotov a los policías. Violencias sediciosas y violencias policiales se intercambiaban en una escalada a veces difícilmente controlable, como la que ocurrió en el País Vasco en mayo de 1977 durante la semana pro-amnistía que desembocó en tumultos incontrolados que duraron varios días: «la gente temía salir a la calle por el miedo de ser sorprendidos por las frecuentes carreras o disparos de pelotas de goma», relató El País23. Los enfrentamientos acabaron con cinco muertos y varias decenas de heridos.

  • 24 Una de las pocas reformas abordadas por el Gobierno de Carlos Arias Navarro (el primer presidente (...)
  • 25 Pueden verse algunas de estas fotos en D. Ballester y M. Risques, Temps d’amnistia. Les manifestac (...)
  • 26 Amnistía Internacional, Amnistía Internacional, Informe 1977, p. 208.

21Pero la violencia estalló también, sin duda alguna, por causa del peso del sistema represivo heredado de la dictadura que regía aún en las leyes y el comportamiento de los agentes encargados del orden público. En primer lugar, la ausencia de libertades generaba la violencia policial: prohibir las manifestaciones atizaba el enfrentamiento. Al ser ilegal toda forma de concentración, las fuerzas de orden público recibían de manera sistemática la orden de disolverlas, provocando un choque frontal24. Unas imágenes bastante conocidas de la transición son las fotos de Manel Armengol, tomadas en Barcelona durante las manifestaciones pro-autonomía del 1 y del 8 de febrero de 1976: una muestra la brutalidad de la carga policial en contraste con la pasividad provocadora de los manifestantes sentados en la calle, convirtiéndose en el símbolo de la injusta brutalidad policial de un régimen que se resistía a desaparecer25. Amnistía Internacional denunció en 1977 «el continuo uso de métodos violentos, brutales y gratuitos por parte de la Policía para controlar a grandes concentraciones de gente, ignorando a menudo el comportamiento o el ánimo de esas masas», así como los «choques extremadamente violentos con abundante uso de armas de fuego»26.

  • 27 Entre las 32 víctimas del período, una persona falleció de las lesiones causadas por un bote humo (...)
  • 28 Sobre la Policía Armada, véase J. Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo.
  • 29 A finales del franquismo, Guardia Civil y Policía Armada eran cuerpos militares que formaban parte (...)

22Además de la ausencia de libertades, hay que apuntar las prácticas del mantenimiento del orden heredadas de la dictadura, es decir la responsabilidad de los hombres y de las técnicas empleadas. En la mayoría de los casos (tres cuartas partes), las balas son las que originan la muerte de los civiles manifestantes27, lo que resulta una prueba irrebatible del empleo abusivo de las armas de fuego en la disolución de las manifestaciones. De manera más general, era la escasa profesionalización de las fuerzas del orden la que estaba en juego, es decir, la carencia de formación de los agentes en la gestión pacífica de los conflictos sociales. Éstos no hacían un uso adecuado de las tanquetas lanza-agua, de los botes de humo, de las pelotas de goma o de las técnicas de negociación y de distanciamiento de los manifestantes hasta finales de los años setenta, a pesar de la presencia, desde el año 1969, de las Compañías de Reserva General de la Policía Armada (antidisturbios), creadas para hacer frente al auge de los conflictos sociales en el espacio urbano28. Aún más que la Policía, la Guardia Civil mostraba su escasa preparación frente a la violencia urbana, y empleaba de manera casi sistemática sus armas de fuego, el único objeto disuasorio disponible, en caso de incidentes incontrolados. Además, la responsabilidad la tenían los oficiales que dirigían las unidades antidisturbios, a menudo poco competentes por ser militares formados exclusivamente en las academias castrenses sin formación especializada en el mantenimiento del orden público29. Errores de juicio, a varios niveles de la escala de mando, pudieron provocar a veces graves costes humanos.

  • 30 Citado por J. Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, p. 328. Véanse también La C (...)

23Todos estos elementos tienden a relativizar el peso de la responsabilidad individual en beneficio de un disfuncionamiento global del aparato represivo. El resultado mortal sería, más que un exceso o abuso individual, la consecuencia extrema de una sucesión de errores cometidos en circunstancias dramáticas. Sin embargo, no se debe subestimar la realidad de unos comportamientos individuales fuertemente marcados por la ideología del régimen que les formó, ideología de vencedores para quiénes la subversión social y política configuraban un enemigo interior al que había que eliminar. No faltan durante la transición los casos de brutalidad voluntaria y autónoma. Así, en los incidentes de los Sanfermines de 1978, no cabe duda de la responsabilidad personal de algunos oficiales, como lo demuestra esta orden dada por un teniente: «Tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar»30. El balance oficial dado por el ministro del Interior el día siguiente daba cuenta de la importancia del arsenal desplegado: contabilizó 130 balas, 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo y 1.138 granadas lacrimógenas empleados en un solo día para disolver la multitud soliviantada por la irrupción de las fuerzas del orden en la plaza de toros y los rumores de la muerte de un joven, Germán Rodríguez.

  • 31 P. Bruneteaux, «Cigaville: quand le maintien de l’ordre devient un métier d’expert», p. 227.

24No obstante, este panorama no debe hacer olvidar la cronología establecida al principio, que muestra un declive espectacular de los incidentes mortales en la disolución de las manifestaciones a partir del año 1980, sugiriendo una normalización rápida de la práctica manifestante tanto del lado de los protagonistas de la contestación — los españoles que van aprendiendo a manifestarse pacíficamente — como del lado de las fuerzas policiales. Éstas aceptaron la manifestación como una práctica común en democracia, despojada de toda connotación política negativa. Poco a poco se formaron en las técnicas del mantenimiento del orden siguiendo una «pedagogía de la moderación», según el término acuñado por Patrick Bruneteaux. La represión dio paso a una gestión controlada del «desorden aceptable»31. La manifestación multitudinaria (unas 100.000 personas) convocada por el Partido Comunista el 26 de enero de 1977 en Madrid para protestar contra los asesinatos de los abogados de Atocha fue una prueba anticipada de tal aprendizaje: la Policía no intervino aunque el Partido Comunista no fuera por entonces legal, y la manifestación se desarrolló sin ningún incidente, en un silencio impresionante, con el servicio del orden del Partido demostrando su eficacia para controlar tanto a sus seguidores como a los potenciales agitadores. Los comunistas se ganaron entonces su legalización. En definitiva, la manifestación entró progresivamente en el juego regulado de la democracia y los actores obedecieron a un proceso acelerado de aprendizaje durante el período, demostrando la debilidad de las resistencias policiales a la democratización en este terreno.

EL INCIDENTE POLICIAL: UNA FUERTE SENSIBILIDAD A LA AMENAZA TERRORISTA

  • 32 F. Jobard, Bavures policières? La force publique et ses usages, p. 117.

25Entremos ahora en el análisis del incidente policial, del cual se extraen conclusiones muy diferentes. En términos cuantitativos, estos incidentes son mucho más numerosos que los que ocurrieron en el transcurso de las manifestaciones: contamos un promedio de 19 personas que murieron cada año a consecuencia de la actuación policial cotidiana. ¿Que representa tal cifra? A título de comparación, a principios de los años 90 en Francia se estima un promedio de 10 civiles muertos cada año por policías fuera del espacio manifestante32, es decir poco más de la mitad que en la España de la transición. Esta rápida comparación demuestra que esta cifra sobrepasa del doble lo que podemos considerar como un promedio residual inevitable en una democracia del mismo tamaño que España. ¿Como explicarlo?

  • 33 Juan José Rosón Pérez, respuesta escrita a la pregunta de Javier Luis Sáenz Cosculluela (PSOE), F- (...)
  • 34 Resolución n° 690 del Consejo de Europa, 8 de mayo de 1979.
  • 35 Ley Orgánica (LO) 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Est (...)

26La respuesta más inmediata nos remite a los factores enunciados en el párrafo anterior, es decir, al peso de la herencia de un sistema represivo inadaptado a los nuevos retos del mantenimiento del orden en una democracia. No cabe ninguna duda de que los policías tenían el hábito de disparar rápidamente, y que las autoridades miraban con tolerancia tales comportamientos, a falta de dar abiertamente su beneplácito. Aunque las consignas habituales limitaban el uso de las armas de fuego «cuando exista un peligro evidente para la vida, y ello entendido como legítima defensa», como recordó el ministro del Interior en 198033, habría que esperar hasta el año 1986, fecha de la reforma socialista de los cuerpos de Policía, para que los principios básicos de la actuación policial en democracia, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa en su Declaración sobre la Policía de 197934, quedasen inscritos en la ley con rango de norma orgánica y por consiguiente, sean imperativos para todos35. Eso significa que persistieron, más allá del término dado a la transición española, cierto vacío normativo y cierta confusión en el comportamiento de los agentes policiales en el momento de actuar.

27Ahora bien, si profundizamos un poco el análisis, surge otro elemento sin incidencia en el caso anterior del espacio manifestante: se trata del elemento terrorista. Volvamos un instante a la evolución cronológica de los incidentes policiales: su número aumentó en los años 1978-79 y, tras una baja en 1980, llegó a su máximo en 1981 antes de descender de nuevo a partir de 1982. Tal evolución corresponde al ritmo de la actuación terrorista, de manera simultánea en los primeros años de la transición (1976-78), y luego con cierto desfase, ya que la baja de 1980 corresponde con el apogeo terrorista en cuanto al número de muertos, mientras que el clímax de 1981 coincide con un declive de la acción contestataria (cuadro 3), como si las fuerzas del orden, que reaccionaban de inmediato a los golpes terroristas en el esquema represivo franquista, actuaran luego con cierto retraso, al tiempo de poner en marcha los nuevos dispositivos de la lucha antiterrorista.

  • * Lectura del gráfico: durante el año 1976, 14 personas murieron a manos de la Policía en circunstan (...)

Cuadro 3: Violencia policial y violencia contestataria (2).
Número de muertos en incidentes policiales en relación con el número de acciones violentas terroristas y de muertos en atentados terroristas (escala 1/10e)*

Cuadro 3: Violencia policial y violencia contestataria (2).Número de muertos en incidentes policiales en relación con el número de acciones violentas terroristas y de muertos en atentados terroristas (escala 1/10e)*

28Además, la actuación policial alcanzó directamente a los grupos terroristas: un quinto de las víctimas, o sea 29 muertos, eran miembros de los GRAPO o de ETA, mientras que no había ninguno entre las víctimas manifestantes.

  • 36 No existe una bibliografía específica sobre la violencia parapolicial durante la época de la trans (...)
  • 37 En el orden represivo franquista, que perduró en buena medida hasta 1978, la «subversión» constitu (...)
  • 38 La primera medida antiterrorista tomada por el parlamento democrático fue el Real Decreto-Ley 21/1 (...)

29De manera general, la actuación de la Policía en la transición obedeció a una política global de lucha antiterrorista que determinó también otros tipos de violencias policiales, como son la tortura y el recurso a la violencia parapolicial, es decir al terrorismo de Estado para luchar contra el terrorismo36. Recordamos que los gobiernos de la transición no adoptaron ningún dispositivo específico de lucha contra el terrorismo antes de finales de 1978, cuando la clase política tomó conciencia del peligro terrorista y cuando la figura del terrorista llegó a individualizarse del resto de la indistinta «subversión»37, coincidiendo con el auge de las acciones de ETA. Desde entonces, el terrorista quedó estigmatizado como el enemigo principal de la democracia. Los gobernantes, sorprendidos por el auge del terrorismo — no hay que olvidar que la mayoría, tanto desde el Gobierno que desde la oposición de izquierdas, pensaba que la democratización iba a acabar naturalmente con la violencia política —, tomaron con urgencia medidas de excepción que pretendían ser al principio provisionales, pero que frente a la persistencia de la amenaza fueron poco a poco incluidas en la legislación ordinaria38.

  • 39 Véase el análisis de Ó. Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996.
  • 40 Por ejemplo, la muerte de Juan Carlos Delgado de Codex, muerto en abril 1979 por unos policías en (...)

30Por consiguiente, la actuación policial fluctuó según los dispositivos legales — ellos mismos numerosos y cambiantes39 — y el clima social y político que determinaba la percepción del peligro terrorista. Algunos ejemplos dan fe de esta fuerte dependencia a la coyuntura, empezando con el aumento significativo del número de víctimas de la actuación policial a partir de 1978, es decir, al mismo tiempo que el auge de la acción de ETA y de los GRAPO. Otro ejemplo, el clímax mortal de 1981 en cuanto a abusos policiales: para comprenderlo, hay que volver a la situación general que reinaba por entonces en España. Después de la crisis global (política, social y económica) del año 1980, el golpe del 23-F recordó a los españoles el valor de la democracia y el empeño con que había a defenderla frente a las amenazas desestabilizadoras. En tal contexto de unión nacional, la sociedad ejerció una presión creciente para que el Estado acabara con el terrorismo que ponía en peligro el nuevo régimen, principalmente porque provocaba a las Fuerzas Armadas, favoreciendo al mismo tiempo los comportamientos tendenciosos. Otro ejemplo fue el tratamiento especial que sufrieron los miembros de los GRAPO: entre 1979 y 1982,12 murieron a manos de la Policía, incluyendo sus dirigentes más buscados, durante unos enfrentamientos con desenlaces a veces sospechosos40. Tal sucesión de «incidentes» da la imagen de una persecución inmisericorde para descabezar el grupo terrorista. Tal «caza del hombre» habría que relacionarla con el trato despectivo sufrido por los GRAPO desde su nacimiento: nadie los percibió como un grupo revolucionario marxista-leninista radical que condujo el enfrentamiento con el Estado hasta su extremo — siguiendo aquí la lógica etarra —, sino que siempre fueron sospechosos de tener connivencias oscuras con la extrema derecha o con la Policía, y motivaciones muy alejadas de los objetivos políticos enunciados.

  • 41 El tiroteo ocurrió el 11 de enero de 1978. Véase El País 12-13 de enero de 1978, y M. Castells Art (...)

31Por último, las autoridades políticas tenían también su responsabilidad: matar a un terrorista en activo parecía ser una actuación aceptada, e incluso alentada. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación de 1976 a 1979, fue duramente criticado por una frase dicha a la prensa en enero de 1978, tras un atentado de ETA militar en Pamplona que acabó con la muerte de dos terroristas y de un policía: «Van dos a uno. A nuestro favor», dijo, como si se trataba de una batalla campal entre dos ejércitos cual salida dependía del número de perdidas en cada bando41.

32Ahora bien, puede contestarse que los terroristas sólo representaban el 20% de las víctimas de los incidentes policiales. No obstante, caben pocas dudas de que la tensión propia a la lucha antiterrorista fue tan fuerte a partir de 1979 que no alcanzó solamente a miembros de ETA o de los GRAPO, sino también a numerosos civiles. Fuese real o imaginaria, la amenaza terrorista alimentaba una tensión aguda entre las fuerzas de Policía y la Guardia Civil, susceptibles de ser a cada instante los blancos de los tiros enemigos. Frente a esta presión cotidiana a veces insostenible, sobre todo en el País Vasco, los cuerpos armados pudieron reaccionar con nerviosismo, malinterpretando unos gestos anodinos y empleando unos medios desproporcionados en relación con el peligro real, lo que provocaba tragedias que alcanzaban a civiles.

  • 42 Interpelación del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, D-453-I, BOCG, 19 de septiembr (...)

33Existen numerosos de incidentes policiales causados por el miedo al atentado. Uno de ellos ocurrió el 24 de agosto de 1980 en un pueblo de Extremadura, cuando un joven murió de las heridas de bala causadas por un guardia civil, por haber lanzado piedras contra el cuartel de la localidad. Según un comunicado oficial de la Benemérita, el cuartel fue el objeto de tiros de piedras que destruyeron ventanas y fueron tan intensos que el centinela, «sorprendido por el ataque inesperado» disparó varios tiros de intimidación. El guardia civil pensaba, siempre según el comunicado, que el ataque podía ser terrorista, ya que el cuartel había sido objeto de amenazas el año anterior. El asunto llegó al Parlamento, donde unos diputados socialistas de Badajoz preguntaron con una triste ironía por la realidad de tal amenaza terrorista en una zona del territorio donde no hubo nunca ningún acto de terrorismo42. Este ejemplo, entre tantos otros, demuestra que la tensión mantenida por el peligro terrorista constituyó un factor decisivo de los incidentes policiales.

CONCLUSIONES

  • 43 Véanse, por ejemplo, A. Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición; E. Pons Prades, Crónica n (...)

34Volviendo a nuestras preguntas iniciales, ¿qué podemos deducir de este breve análisis de la violencia policial? En primer lugar, que no podemos entender la evolución del sistema represivo español desde el único punto de vista de la continuidad. Tal conclusión va en contra de toda una corriente crítica que se sublevó contra los efectos perversos del proceso de cambio político, en la que los vicios de la democracia actual son imputados a las deficiencias de la transición. En particular, la transición, que no rompió claramente con el pasado franquista, habría facilitado la persistencia de cierta mentalidad represiva y de ciertos hábitos antidemocráticos heredados del régimen dictatorial: tortura, prácticas policiales ilícitas, connivencias entre los agentes del Estado y los ultras nostálgicos del franquismo, resistencias en el aparato militar, pero también corrupción de magistrados y de la clase política. Toda esta literatura que denuncia confusamente estas prácticas puestas en el haber de la transición43 tiene el mérito de poner el dedo en la llaga de un aspecto oculto de la historia de la época, pero sigue siendo caricaturesca e impregnada de intención partidista. Porque si tenemos en cuenta las dinámicas del período, como hemos visto, los determinantes son múltiples y oscilan, en fin, entre el legado autoritario y la adaptación a los desafíos de la modernidad democrática.

a) Legado autoritario

  • 44 Habrá que esperar la reforma socialista de 1986 para que los Cuerpos de Policía sean despojados de (...)

35Existió sin duda durante la transición supervivencias directas de la dictadura franquista, que persistieron y pudieron observarse en el cotidiano de la práctica policial. Hemos mencionado el peso del sistema represivo franquista — perceptible en la falta de formación y de dotación material y técnica de las fuerzas del orden público — y el uso excesivo de las armas de fuego, así como una falta de voluntad política para reformar en profundidad las fuerzas de Policía44. A veces también intervino el factor ideológico, cuando algunos agentes actuaron como defensores nostálgicos de un orden franquista desaparecido, ya que en ausencia de cualquier tipo de depuración, los hombres continuaron siendo los mismos. Pero si bien hacen falta estudios monográficos más precisos para analizar el comportamiento de los agentes del orden, parece sin embargo que las actitudes de resistencia activa a la democratización no fueron la norma, ni mucho menos. Si un espacio policial autónomo perduró sin ninguna duda más allá de la normalización jurídica y política del sistema represivo, no hay que interpretarlo como una mera continuidad de las prácticas anteriores, sino también como la respuesta a la necesidad de enfrentar una nueva amenaza: el enemigo terrorista.

b) Desafío terrorista

  • 45 Se trata del derecho a la intimidad de la vida privada, limitado por la observación postal o telef (...)

36A partir de 1978, el factor terrorista comenzó a interferir, favoreciendo los excesos policiales y estimulando la imagen de una Policía política y represiva, digna de los tiempos más oscuros de la dictadura. De tal modo que la idea de que nada había cambiado desde la muerte de Franco siguió estando muy presente hasta principios de los años 1980. De hecho, no cabe duda de que algunas prácticas ilícitas que resultan intolerables en una democracia se desarrollaron al resguardo de la legislación antiterrorista, que permitió en particular suspender algunos derechos reconocidos como inalienables45. De este modo se produjeron las detenciones masivas e indiscriminadas en el País Vasco, las violaciones de derechos humanos en los procedimientos policiales y judiciales, el empleo de la tortura que pareció resurgir a partir de 1979 gracias a la prolongación de la detención preventiva hasta diez días en el marco de la lucha antiterrorista, y por fin la «guerra sucia» contra ETA.

37Para luchar de manera eficaz contra el terrorismo, los gobiernos de la transición también decidieron «reciclar», en nombre de la defensa de la democracia, a hombres — eran los mejores profesionales, dicen los gobernantes — y medios represivos procedentes de la dictadura. Se sabe que algunos torturadores tristemente famosos de la Brigada Política-Social (Roberto Conesa o Manuel Ballesteros, por ejemplo) llegaron a ser los jefes de la lucha antiterrorista durante la transición, llevando consigo los métodos empleados durante el régimen anterior, como la tortura y la «guerra sucia», que suponían eficientes en términos de información, pero que eran ilícitos en un régimen democrático.

  • 46 Por ejemplo, los juicios contra policías acusados de tortura fueron casi inexistentes durante la t (...)

38Por fin, si la reforma en profundidad de las fuerzas del orden fue demorada hasta la ley de 1986, no fue tanto para no provocar el Ejército como para no quedar inerme frente a la amenaza terrorista. Por esta misma razón, los responsables políticos mostraron una gran pasividad en la sanción de los excesos constatados46. Sin embargo tales prácticas antidemocráticas, que socavaban los principios del Estado de derecho y recordaban dolorosamente el pasado dictatorial, pueden también interpretarse como unas respuestas adecuadas y propias de los Estados modernos calificados de democráticos.

c) Modernidad democrática

  • 47 A partir de las elecciones del 15 de junio de 1977, los militantes de los partidos políticos de la (...)

39La desaparición de los abusos policiales mortales en las manifestaciones fue el indicio más evidente de la rápida adaptación de las fuerzas del orden público a los nuevos retos de la seguridad ciudadana en una democracia. También lo fue la evolución global de la represión política que dejó lugar, a partir de 1978, a una práctica regulada y profesional de la seguridad pública47.

  • 48 Véase en este mismo libro el capítulo de E. González Calleja dedicado a la violencia subversiva.
  • 49 Véase D. López Garrido, Terrorismo, política y derecho, La legislación antiterrorista en España, R (...)

40La legislación antiterrorista, que en apariencia debía mucho al legado dictatorial, fue también una adaptación moderna al nuevo desafío representado por el enemigo terrorista. En este terreno, España siguió el camino las democracias vecinas, enfrentadas igualmente al peligro terrorista48: Alemania (con la banda Baader-Meinhof), Italia (con las Brigadas Rojas y el terrorismo neofascista), el Reino Unido (con el IRA) y Francia (con Action Directe), que adoptaron durante los años 1970 unas legislaciones represivas que alteraban los principios fundamentales del Estado de derecho en nombre de la defensa de la democracia, como la suspensión de unos derechos fundamentales por otro lado garantizados constitucionalmente49.

  • 50 ¿Es necesario citar aquí el ejemplo de los Estados Unidos frente a la amenaza terrorista post 11-S

41La violencia parapolicial puede interpretarse de la misma manera. Naturalmente que la herencia directa de la dictadura no puede negarse, ya que el sistema establecido bajo la presidencia del almirante Carrero Blanco continuó siendo utilizado durante la transición para deshacerse de los indeseables, sobre todo a través del Batallón Vasco-Español y luego de los GAL. Sin embargo, estos excesos pueden ser percibidos como un elemento de defensa de un Estado moderno y todopoderoso contra el terrorismo. Como bien se sabe, los servicios secretos de las democracias occidentales están lejos de tener las manos limpias. Igualmente, el empleo de la tortura tiende a resurgir cuando estas naciones hacen frente a unas amenazas que ponen seriamente en peligro su supervivencia50.

42Los informes de Amnistía Internacional muestran perfectamente tal evolución en el sistema represivo español: se pasa poco a poco de la denuncia de unas prácticas represivas de un régimen dictatorial a la crítica de los excesos vinculados a la lucha antiterrorista, y luego a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en general, debidas al ejercicio cotidiano de la práctica policial: violencias racistas, sexuales, etc. Entramos entonces en otra problemática que atañe a la esencia misma de la función policial en nuestros Estados modernos, ya que los comportamientos ilícitos son frecuentes en el espacio policial que tiene un gran grado de autonomía, incluido en una democracia.

43España aparece, pues, como un espacio de experimentación particularmente interesante por su proceso de mutación acelerado. El peso del autoritarismo del régimen franquista se mezcló con la irrupción provocadora del problema terrorista para perturbar el proceso de la democratización. El terrorismo privó a la joven democracia de una «edad de oro», forzándola a infringir de inmediato los principios fundadores del nuevo régimen y hasta a legitimar de nuevo el empleo de la violencia ilícita por el Estado, en nombre de la salvación de la democracia. Sin embargo, tanto la afirmación de los principios democráticos como su alteración inmediata pueden interpretarse, como esperamos haber demostrado, como una adaptación de la cultura política a los nuevos desafíos que conocen los Estados fuertes de las naciones occidentales democráticas.

44Finalmente, no cabe ninguna duda de que la fuerte presencia de la violencia política ha determinado el ritmo y el alcance del proceso de democratización español, mucho más allá del mito tan difundido de la «Inmaculada Transición». Si las polémicas sobre las cifras exactas de las víctimas de todas las violencias cometidas durante la transición tienen su razón de ser, en particular cuando no se trata de depurar responsabilidades, sino de restablecer la verdad histórica y de satisfacer las exigencias simbólicas de reparación de las víctimas, nos pareció mucho más relevante desde un punto de vista científico intentar comprender como y por qué tales violencias fueron posibles. Esperamos que el presente artículo haya contribuido a tal propósito.

Notes

1 Pocos libros tratan de interpretar el fenómeno de la violencia política en su globalidad (J. Aróstegui, Violencia y política en España; S. Julia [coord.], Violencia política en la España del siglo XX; J. Muñoz Soro et alii [eds.], Culturas y políticas de la violencia, o E. González Calleja, La violencia política en Europa), algunos más tratan del terrorismo (J. L. Piñuel, El terrorismo en la transición española; A. Muñoz Alonso, El terrorismo en España; J. Avilés Farré, «El terrorismo en la España democrática»; E. Pons prades, Crónica negra de la transición española (1976-1985); F. Reinares (ed.), Terrorismo y sociedad democrática y «Democratización y terrorismo en el caso español») o de la política antiterrorista (D. López Garrido, Terrorismo, política y derecho, La legislación antiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, y Francia, u Ó. Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996). Mucho más numerosos y conocidos son los que tratan de ETA y de la amenaza golpista, sobre todo el 23-F (aquí la bibliografía es tan amplia que su mención rebasa el propósito de estas páginas).

2 Basta con mirar la proliferación de libros existentes sobre el nacionalismo vasco y su vertiente radical, ETA, para convencerse de ello.

3 Entrevista a Juan José Ibarretxe en la cadena SER, 19 de junio de 2008.

4 Véase sobre todo la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que se dirige hacia «las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana», en actos acaecidos a partir del 1 de enero de 1968 (art. 2), que fue el año del primer atentado mortal de ETA. Las víctimas de la acción policial o de las bandas de extrema derecha no encajan en la ley por la dificultad de depurar las responsabilidades. Una excepción notable es el «caso Menchaca»: en 2002, la Audiencia Nacional reconoció a María Norma Menchaca, muerta en en el transcurso de una manifestación en julio de 1976 en Vizcaya, como víctima del terrorismo a pesar de la duda persistente en cuanto al origen de los tiros (Policía o extremistas de derechas), y concedió una indemnización de 140.000 euros a su familia. Véase la sentencia del 27 de marzo de 2002, en la página web de la asociación Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/menchaca.html.

5 El País, 29 de junio de 2008.

6 La Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura), entre otras cosas, extiende las ayudas existentes a las víctimas del primer franquismo a las «personas fallecidas en defensa de la democracia y reivindicación de las libertades y derechos democráticos» entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 (art. 10). Tales víctimas no pueden pedir justicia porque la Ley de amnistía del 15 de octubre de 1977 borró las responsabilidades de los crímenes con motivación política, tanto si provienen de los terroristas contestatarios como de los agentes del Estado o de las bandas incontroladas de derechas. Las legislaciones posteriores de ayuda a las víctimas del terrorismo compensaron la imposibilidad de pedir justicia para los hechos anteriores a 1977 con reparaciones financieras, pero éstas no alcanzaron a las víctimas de la violencia de Estado. Tal deficiencia se ve ahora colmada por la Ley de la Memoria Histórica. Aún más, tales víctimas aparecen como héroes defensores de la libertad y de la democracia. Véase S. Baby, «Sortir de la guerre civile à retardement: le cas espagnol».

7 M. Weber, Le savant et le politique, p. 100.

8 Véase M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), caps. xii-xiii.

9 Sobre la memoria de la Segunda República, véase M. Á. Egido León (dir.), Memoria de la Segunda República. Mito y realidad.

10 Sobre el ciclo de violencia contestataria de la transición, véase mi tesis doctoral, inédita, S. Baby, Violence et politique dans la transición démocratique espagnole. 1975-1982, en particular los caps. iii-vii. Véase también en este libro, el capítulo de P. Aguilar e I. Sánchez-Cuenca dedicado a la movilización social.

11 Para un estudio global del sistema represivo, véase S. Baby, Violence et politique dans la transición démocratique espagnole. 1975-1982, caps. viii-xiii.

12 La investigación se hizo a partir del periódico El País, completado por la lectura de ABC, y por la consulta de varios archivos, entre otros los del Ministerio del Interior y los Gobiernos Civiles.

13 Es, por ejemplo, el caso de la muerte de Bartolomé García en septiembre de 1976 en Tenerife, confundido con el delincuente «El Rubio», autor presumido del secuestro del industrial Eufemiano Fuentes, que desembocó en una movilización popular espectacular en la isla, con 30.000 personas en los funerales, huelga general y motines urbanos durante seis días.

14 Para una primera aproximación al problema de la tortura, véase S. Baby, Violence et politique dans la transición démocratique espagnole. 1975-1982, cap. xii. Los siete muertos por tortura son Antonio González Ramos, obrero que murió tras un interrogatorio en Tenerife en octubre de 1975; Agustín Rueda, un anarquista fallecido en la cárcel de Carabanchel en marzo de 1978 tras haber sido golpeado por los funcionarios de la prisión; José España Vivas, un militante de los GRAPO fallecido en septiembre de 1980 después de su interrogatorio en los sótanos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol; José Ignacio Arregui Izaguirre, miembro de ETA, que falleció en febrero de 1981 tras un interrogatorio en los mismos locales; y por último, tres jóvenes que fueron asesinados en mayo de 1981 en la provincia de Almería, tras haber sido salvajemente torturados por los guardias civiles que les habían confundido con terroristas de ETA.

15 No hemos contabilizado aquí los individuos que fallecieron en el curso de la manifestación sin haber sido víctimas de manera directa de la violencia policial. Fueron seis durante la transición.

16 Véase en este libro el capítulo de P. Aguilar e I. Sánchez-Cuenca.

17 Véase supra p. 107

18 Las referencias a la violencia contestataria son el resultado de años de investigación en fuentes periodísticas y archivos, que condujeron a la construcción de una base de datos inédita, que recaudó unos 4.000 acontecimientos violentos de naturaleza política, y no sólo los que provocaron víctimas mortales. A partir de allí, pude establecer una tipología precisa de los actos violentos encontrados en la transición, aquí resumida. Para más detalles sobre la metodología empleada, véase S. Baby, Violence et politique dans la transición démocratique espagnole. 1975-1982, cap. i-ii.

19 Basta con mirar los periódicos de este período para darse cuente de la intensidad de la conflictividad social y política. Tal intensidad es corroborada por los documentos del Ministerio del Interior, que publicaba cada semana un Boletín Informativo con destino a las diversas administraciones interesadas. Estos boletines dan cuenta de las alteraciones del orden público semana tras semana en todo el territorio nacional. Es suficiente consultar el primer semestre de 1977 para confirmar la intensidad tremenda de los disturbios (Archivo General de la Administración [AGA], Cultura, 104.4/691).

20 R. Adell, La transición política en la calle: manifestaciones políticas de grupos y masas. Madrid, 1976-1987, pp. 219 y 226.

21 El cálculo es nuestro, a partir del Boletín Informativo de la Policía, 11 de enero a 30 de julio de (AGA, Cultura, 104.4/691).

22 El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) era el brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), fundado en 1971 y conocido por el asesinato de varios policías entre 1973 y 1975 que llevó a tres de sus miembros ante el pelotón de fusilamiento en septiembre de 1975. Su actividad terrorista fue esporádica después de la muerte de Franco. El PCE (i)-línea proletaria nació de una escisión del PCE (i) en 1975 y cometió varias acciones armadas de baja intensidad hasta 1979. Sobre la izquierda radical durante la transición, véase C. Laiz, La lucha final y L. Castro Moral, «La izquierda radical y la tentación de las armas». Sobre el anarquismo, J. Zambrana, La alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979 y Á. Herrerín López, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975).

23 El País, 14 de mayo de 1977.

24 Una de las pocas reformas abordadas por el Gobierno de Carlos Arias Navarro (el primer presidente de Gobierno de la transición) consistió en liberalizar precisamente el derecho de reunión y de manifestación (Ley 17/1976 de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión, y Ley 23/1976 de 19 de julio, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo). Pero la ley dejó una gran capacidad discrecional a la autoridad gubernativa para juzgar el carácter lícito o ilícito de la manifestación, y de hecho la prohibición, y por consiguiente, la dispersión por las fuerzas del orden público, siguió siendo la regla hasta las elecciones del 15 de junio de 1977.

25 Pueden verse algunas de estas fotos en D. Ballester y M. Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, páginas centrales.

26 Amnistía Internacional, Amnistía Internacional, Informe 1977, p. 208.

27 Entre las 32 víctimas del período, una persona falleció de las lesiones causadas por un bote humo recibido en la cabeza (María Luz Nájera, durante la «Semana Negra» en enero de 1977), otra a consecuencia de los golpes recibidos (Elvira Parcero Rodríguez en Vigo en abril de 1978), seis a consecuencia de tiros de pelotas de goma y 24 por disparos con fuego real.

28 Sobre la Policía Armada, véase J. Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo.

29 A finales del franquismo, Guardia Civil y Policía Armada eran cuerpos militares que formaban parte de las Fuerzas Armadas, al contrario del Cuerpo General de Policía, civil, conocido bajo la dictadura por su Brigada Político-Social que era, de hecho, la Policía política del régimen. Sus oficiales eran, por consiguiente, de formación estrictamente militar y sin ninguna experiencia en cuanto a la contención de la conflictividad social. Los mandos de la Policía Armada y de la Guardia Civil se incorporaban directamente del Ejército, donde no se estudiaban las técnicas policiales, o bien se estudiaban de manera muy general en la Academia especial de formación. Tal situación empezó a cambiar con la reforma de 1978, que transformó a la Policía Armada en Policía Nacional, incluyendo un cambio del color del uniforme, que pasó del gris al marrón. En cuanto a la Guardia Civil, sólo a partir de 1984 fueron introducidos cursos de «táctica policial» en la formación de los guardias. Véanse J. Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, p. 250 y D. López Garrido, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, pp. 151-165.

30 Citado por J. Delgado, Los grises. Víctimas y verdugos del franquismo, p. 328. Véanse también La Calle, nº 17, 18-24 de julio de 1978 y el documental de J. Gautier y J. Á. Jiménez, Sanfermines 78.

31 P. Bruneteaux, «Cigaville: quand le maintien de l’ordre devient un métier d’expert», p. 227.

32 F. Jobard, Bavures policières? La force publique et ses usages, p. 117.

33 Juan José Rosón Pérez, respuesta escrita a la pregunta de Javier Luis Sáenz Cosculluela (PSOE), F-1124-I, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), 21 de octubre de 1980. Respuesta en BOCG, 2 de diciembre de 1980.

34 Resolución n° 690 del Consejo de Europa, 8 de mayo de 1979.

35 Ley Orgánica (LO) 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y de las Policías Locales, cap. ii: «Principios básicos de actuación».

36 No existe una bibliografía específica sobre la violencia parapolicial durante la época de la transición. Hay que referirse a la bibliografía sobre los GAL, en particular R. Arques y M. Miralles, Amedo: el Estado contra ETA; J. García, Los GAL al descubierto. La trama de la «guerra sucia» contra ETA; J. L. Morales et alii, La trama del GAL; A. Rubio y M. Cerdán, El caso Interior: GAL, Roldán y fondos reservados: el triángulo negro de un ministerio y El origen del GAL. Guerra sucia y crimen de Estado; P. Woodworth, Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española; S. Belloch, Interior; I. Iruin, «GAL: el espejo del Estado»; J. Barrionuevo Peña, 2001 días en Interior; J. A. Perote, Confesiones de Perote, y J. Amedo, La conspiración. El último atentado de los GAL. Véanse también los testimonios del jefe de los servicios de seguridad de Carrero Blanco, J. I. San Martín, Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiun), y del general Sáenz de Santamaría, en D. Carcedo e I. Santos Peralta, Sáenz de Santa María, El general que cambió de bando.

37 En el orden represivo franquista, que perduró en buena medida hasta 1978, la «subversión» constituía un conjunto muy amplio, que incluía comportamientos de naturaleza social — conflictos del trabajo, paros colectivos, piquetes de huelga, encierros, concentraciones o manifestaciones en el marco de un conflicto social etc.; y también actos de delincuencia o contra la moralidad pública —, delitos de naturaleza política en un contexto de dictadura — manifestaciones y reuniones ilegales, delito de asociación (pertenecer a un partido ilegal), delitos contra las instituciones (el Jefe de Estado o la bandera nacional), propaganda ilegal etc.— y actos que implicaban un uso deliberado de la violencia. Las prácticas violentas no estaban estigmatizadas como tal. Véase, por ejemplo, el artículo 2° de la Ley 45/1959 de 30 de julio, de Orden Público, que define los actos contrarios al orden público, o la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo para el año 1977, que muestra una preocupación indiscriminada por los «atentados terroristas, atracos, aumento de la delincuencia violenta, huelgas ilegales, con frecuente apoyo de grupos o piquetes de coacción, abuso del derecho de manifestación, con acompañamiento de tumultos y desórdenes públicos [...], deterioro en la moralidad pública» (p. 13).

38 La primera medida antiterrorista tomada por el parlamento democrático fue el Real Decreto-Ley 21/1978, de 30 de junio, sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas. Constituyó el preludio a la Ley 56/1978 de 4 de diciembre, provisional pero prorrogada un año después, que no impidió al Gobierno decretar otro Decreto-Ley (3/1979 de 26 de enero sobre protección de la seguridad ciudadana). Después de la promulgación de la Constitución, dos leyes orgánicas tocaron el tema de la lucha antiterrorista antes de la famosa ley socialista de 1984 (LO 9/1984 de 26 de diciembre): se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley de Suspensión de los Derechos Individuales (LO 11/1980 de 1 de diciembre) y de la Ley de Defensa de la Constitución después el 23-F (LO 2/1981 de 4 de mayo).

39 Véase el análisis de Ó. Jaime Jiménez, Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996.

40 Por ejemplo, la muerte de Juan Carlos Delgado de Codex, muerto en abril 1979 por unos policías en Madrid mientras era perseguido y controlado por otros policías de la Brigada de Investigación Social, dirigida por Roberto Conesa (famoso torturador en el franquismo), apareció tan sospechosa que dio lugar a una pregunta del grupo socialista al Gobierno en el Congreso de los Diputados (F-9-I, BOCG, 9 de mayo de 1979).

41 El tiroteo ocurrió el 11 de enero de 1978. Véase El País 12-13 de enero de 1978, y M. Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, pp. 139-144.

42 Interpelación del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, D-453-I, BOCG, 19 de septiembre de 1980.

43 Véanse, por ejemplo, A. Grimaldos, La sombra de Franco en la Transición; E. Pons Prades, Crónica negra de la transición española (1976-1985) y Los años oscuros de la transición española. La crónica negra de 1975 a 1985 y J. Díaz Herrera e I. Durán, Los secretos del poder. Del legado franquista al ocaso del felipismo. Episodios inconfesables. Los títulos resultan explícitos por sí solos.

44 Habrá que esperar la reforma socialista de 1986 para que los Cuerpos de Policía sean despojados del legado del franquismo (LO 2/1986, de 13 de marzo, Reguladora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y de las Policías Locales).

45 Se trata del derecho a la intimidad de la vida privada, limitado por la observación postal o telefónica y el registro domiciliario; de la libertad individual limitada por la prolongación del plazo de detención gubernativa más allá del plazo ordinario de 72 horas; de la seguridad jurídica y del derecho de asistencia letrada fragilizado por la posible incomunicación del detenido; de la libertad de expresión amenazada por la sanción penal del delito de apología del terrorismo.

46 Por ejemplo, los juicios contra policías acusados de tortura fueron casi inexistentes durante la transición, y las sanciones gubernativas, cuando existían, eran despreciables: unos días de arresto y alguna pobre indemnización.

47 A partir de las elecciones del 15 de junio de 1977, los militantes de los partidos políticos de la oposición ya no fueron perseguidos, la práctica de la manifestación y de la huelga se normalizó (disminuyeron las que estaban prohibidas) y descendió de manera espectacular el número de detenciones y de sumarios por delitos contra el orden público.

48 Véase en este mismo libro el capítulo de E. González Calleja dedicado a la violencia subversiva.

49 Véase D. López Garrido, Terrorismo, política y derecho, La legislación antiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, y Francia.

50 ¿Es necesario citar aquí el ejemplo de los Estados Unidos frente a la amenaza terrorista post 11-S?

Notes de fin

* Lectura del gráfico: en 1976, diez personas murieron a manos de la Policía en manifestaciones, mientras que hubo 250 actos de violencia de «baja intensidad». No hemos contado dentro de este tipo de violencia las manifestaciones violentas, con excepción de las que provocaron muertos. De hecho, contabilizar las manifestaciones es otro tipo de trabajo. Véase en este libro el capítulo de P. Aguilar e I. Sánchez-Cuenca.

* Lectura del gráfico: durante el año 1976, 14 personas murieron a manos de la Policía en circunstancias accidentales fuera de las manifestaciones y 30 murieron en atentados terroristas. Contamos además 160 acciones terroristas cometidas en el mismo período.

Table des illustrations

Titre CUADRO 1. — Cronología de la violencia policial (1976-1982) Número de muertos por tipo de actuación policial
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/916/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 74k
Titre CUADRO 2: Violencia policial y violencia contestataria (1).Número de muertos por la actuación policial en las manifestaciones en relación con el número de acciones violentas de baja intensidad (escala 1/10e)*
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/916/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 75k
Titre Cuadro 3: Violencia policial y violencia contestataria (2).Número de muertos en incidentes policiales en relación con el número de acciones violentas terroristas y de muertos en atentados terroristas (escala 1/10e)*
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/916/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 82k

© Casa de Velázquez, 2009

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