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Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

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Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

III. — La violencia en el corazón del Estado

Fortaleza del Estado y acción colectiva en el cambio de régimen

España y Portugal en perspectiva comparada

Rafael Durán Muñoz

Résumé

Si pour de nombreux Espagnols, le processus de changement de régime vers la démocratie post-franquiste apparut comme un paradoxe historique qui laissait derrière lui l’essentialisme de l’« Espagne éternelle », au Portugal non plus ni l’histoire ni l’image du pays ne laissait présager du déroulement de sa transition. Le « coup d’Etat des capitaines » a facilité l’explosion populaire sous forme de mobilisations revendicatives de masse, dans un contexte politique confus où se succédaient des gouvernements provisoires tellement instables que de nombreux contemporains crurent à un dénouement révolutionnaire. En Espagne aussi, dès l’amorce de la démocratisation, les actions collectives ont connu un essor quantitatif spectaculaire dans le monde du travail, mais la conflictualité n’a connu aucune brutale altération qualitative. Au contraire du Portugal, où la transgression de l’ordre socio-économique fut une réalité à partir du 25 avril. La perception que les collectifs sociaux au cœur des conflits ont pu avoir des opportunités ou contraintes posées à leur mobilisation apparaît comme un facteur déterminant de la configuration du répertoire des formes de lutte susceptibles d’être menées dans un contexte de changement politique. L’étendue du répertoire d’actions collectives est déterminée par la perception du rapport de forces entre les parties, susceptible de varier dans le temps. Par conséquent l’État est d’une importance cruciale

Texte intégral

  • 1 R. M. Fishman, «Democracy (and employment) in Portugal and Spain: Legacies of Revolution and Refor (...)

1Un tercio de siglo ha transcurrido desde que a mediados de los setenta portugueses y españoles se reencontraran con la democracia. Aquel reencuentro, aquella reedición del contrato social en 1976 en Portugal y en 1978 en España, explica los marcos jurídicos y el actual funcionamiento de los respectivos Estados de Derecho, como permite entender el compromiso cívico y la cultura política de sus nacionales1. No todas las democracias son iguales cuando la dicotomía democracia versus autoritarismo está superada. Las transiciones son en sí mismas un legado, la matriz genética de las actuales democracias, de su funcionamiento y de la concepción que de la misma se tenga allí donde es el régimen político vigente. La comparación entre los dos vecinos ibéricos tiene tanta más razón de ser habida cuenta de la lectura que de sus respectivas transiciones se ha hecho en tanto que paradigmáticas en el conjunto de democratizaciones de la «tercera ola». Centrándose en la dispar y paradójica naturaleza de las presiones y protestas populares que co-protagonizaron aquella coyuntura de incertidumbre, inestabilidad y expectativas acrecentadas respecto del futuro por construir, de los trabajadores en concreto, este capítulo pretende ser una contribución, siquiera indirecta, a ese conocimiento y a ese debate.

LA PARADOJA DE LA DIFERENCIA

2Para muchos autores, la Guerra Civil española respondía a la esencia de «la España eterna» a que hiciera referencia Unamuno. La historia del país enhebraba maximalismos socialistas y anarcosindicalistas con largas fases autoritarias (represivas, excluyentes y clasistas). A lo largo de los 70 del siglo XX, tanto el imaginario colectivo como académicos y dirigentes políticos tenían asimismo presentes los crueles enfrentamientos fraticidas de los que el de 1936-39 no era sino el último acaecido. Tanto mayor era la incertidumbre respecto del proceso que se abriría a la muerte del dictador habida cuenta de los planteamientos independentistas que emanaban de los nacionalismos periféricos vasco y catalán; de entre sus grupos, los más radicales optaron por sembrar el terror como estrategia de lucha política.

3Empero, el cambio de régimen a la democracia post-franquista distó mucho de la violencia, la imposición y el extremismo que lo antecedieran históricamente. Se insiste en su carácter moderado, gradual, consensuado, dirigido y controlado por las élites, incruento y aun ejemplar. La paradoja es tanto mayor, ibérica, habida cuenta de la experiencia portuguesa. Tampoco la historia ni la imagen del país luso hacían presagiar el desarrollo de su transición a partir del régimen autoritario salazar-caetanista, pero por todo lo contrario. El caso portugués, rupturista, ha devenido igualmente paradójico y aun interpretado como contraejemplo. La ruptura se produjo de la mano de una intervención militar: el golpe de los capitanes, que el 25 de abril de 1974 precedió y facilitó o produjo el estallido popular en forma de masivas movilizaciones reivindicativas en un contexto político tan confuso y de gobiernos provisionales tan inestables que hicieron pensar a muchos coetáneos en un desenlace revolucionario del proceso de cambio.

4En España, el cambio de régimen quedó restringido desde el principio a la esfera de la organización de la autoridad pública y la representación ciudadana, y no se puso nunca en cuestión la economía de mercado, ni desde el poder político constituido ni desde la sociedad movilizada. En Portugal, por el contrario, cobraron relevancia los debates tanto en torno al modelo de democracia (representativa versus participativa, directa e intensa, popular) como en torno al modelo económico (de mercado versus colectivista). Fue un caso excepcional entre las transiciones latinoamericanas y sudeuropeas, en la medida en que los gobernantes no se abstuvieron de hacer cambios fundamentales en la definición de los derechos de propiedad o en la distribución del producto social; se nacionalizaron los bancos y los seguros, de resultas de lo cual hubo también amplias nacionalizaciones de industrias y de periódicos, así como expropiaciones de tierras, y se intensificó la función reguladora del Estado.

5Es más, desde el mismo momento de la ruptura y a lo largo de esos diecinueve meses de democratización, del 25 de Abril al 25 de Novembro, de 1975, las movilizaciones populares no sólo fueron multitudinarias y reivindicativas, sino también subversivas. De acuerdo con la evidencia empírica que proveen las fuentes archivísticas, hemerográficas y del Ministério do Emprego e da Segurança Social consultadas, al menos el 57% de los conflictos laborales registrados en el medio urbano experimentaron una transformación cualitativa: los trabajadores acometieron acciones virtualmente revolucionarias o cuando menos transgresoras de la ley y el orden; más allá del desafío al orden público y de la perturbación de la paz social, implicaban una subversión de las estructuras sociales y económicas vigentes, de que las nuevas autoridades se dijeron garantes desde un primer momento y, al menos, hasta la designación del IV gobierno provisional, en marzo de 1975. El curso de los acontecimientos desembocó en numerosas ocupaciones de las instalaciones empresariales, con paralización de la actividad productiva o con control y gestión autónomos de la misma, ya fuese con carácter provisional o definitivo.

6Los trabajadores movilizados también llegaron a organizar piquetes activos de vigilancia, que se apostaban a las puertas de las instalaciones y de los despachos correspondientes para impedir la salida de documentación, maquinaria, producción y aun de los propios administradores, directores o gerentes (que lo consideraban «secuestro»), cuando no su entrada, bien como medida de presión, bien porque hubieran procedido a su expulsión, esto es, a su depuración (saneamento). Se dieron también casos en los que los trabajadores vendieron los stocks de producción, y aun la producción misma realizada autogestionariamente a lo largo del conflicto, a fin de garantizarse el sustento económico o los salarios debidos. Los despedidos desafiaron a menudo la autoridad empresarial mediante su permanencia activa en los puestos de trabajo cuando no se produjo otro tipo de movilización, así como, con la misma naturalidad, los trabajadores impusieron sus reivindicaciones por la vía de los hechos consumados, tanto si se trataba de reducción de horas de trabajo o de reorganización de la semana laboral como si lo que estaba en cuestión era la continuidad en sus funciones y aun en la empresa de determinados cargos directivos.

7También en España se produjo un espectacular incremento cuantitativo de las acciones colectivas laborales como consecuencia del inicio de la democratización, a partir de que Suárez asumiera sus funciones como Presidente del Gobierno, en julio de 1976. De hecho, tanto el movimiento universitario como, sobre todo, el movimiento obrero fueron actores decisivos, analíticamente insoslayables en todo intento comprehensivo del acaecimiento y aun de la forma como se desarrolló la transición española. Desde 1971 se dio una pauta de crecimiento progresivo de la conflictividad laboral hasta 1976; cada año fueron más los conflictos, las horas de huelga y los trabajadores afectados, con una leve oscilación en 1972 para el número de horas de paralización de la actividad laboral y en 1975 para el de trabajadores afectados. Destaca sobremanera el corte radical que significó el año de inicio de la democratización: los tres aspectos referidos experimentaron en 1976 un crecimiento del índice de variación interanual respecto del año anterior de 1.173%, 281% y 634%, respectivamente. En 1977, el año de las elecciones fundacionales y de inicio de la fase constituyente, si bien se produjo un descenso del número de conflictos y de horas de huelga, las cotas alcanzadas siguieron siendo insólitas en el contexto de la evolución precedente.

8En España hubo un bloque político de oposición alternativo al régimen autoritario: Coordinación Democrática. La creciente y por momentos desestabilizadora y amenazante movilización social hizo ver la inevitabilidad del consenso a parte del régimen, tanto más habida cuenta de que se quería evitar una «portugalización» del proceso, que a su vez avivaba los temores a una repetición de la guerra civil. Semejante presión popular contribuyó, pues, a la crisis de la dictadura; hizo inviable la democracia controlada, «a la española», del último presidente del Gobierno de Franco, Arias Navarro; forzó a los reformistas del régimen a negociar y democratizar, y reforzó a la oposición de izquierdas en su relación y negociación con el gobierno reformista de Suárez. Ahora bien, la conflictividad no sufrió una alteración cualitativa brusca; los trabajadores siguieron presionando y protestando de acuerdo con el mismo repertorio de formas de lucha que utilizaran en vida del dictador, el mismo que se practicara en Portugal, de forma también creciente, durante los años de gobierno de Caetano: huelgas parciales o totales con asambleas, manifestaciones, concentraciones y encierros, que no ponían en cuestión ni el espacio ni el poder patronales. ¿Por qué?

LA PARADOJA DE LA SEMEJANZA

  • 2 S. Valenzuela, «Labour movements in transitions to democracy. A framework for analysis»; P.C. Schm (...)

9La paradoja de cada caso en su singularidad y la de ambos al compararlos resulta tanto más manifiesta al atender a cuantos aspectos los asemejan. No es sólo que, habiéndose producido en la década de los setenta y en el sur de Europa, supusieran, junto con la experiencia griega, la apertura de la tercera ola de democratización. Las dos transiciones se produjeron a partir de un régimen dictatorial que, nacido de una intervención militar contraria a la legalidad democrática vigente en cada país, no sólo se había institucionalizado, sino que su duración había sido lo suficientemente extensa como para permitir la existencia de dos o más generaciones que habrían crecido sin experiencia directa alguna de procesos ni derechos democráticos. Distintos autores han adjetivado tal tipo de régimen común como «políticamente cerrado» (Valenzuela), «estatal corporativista» (Schmitter), «civil autoritario» (Linz) o «excluyente» y «represivo» (O’Donnell), características a las que Gunther añade la de su sesgo contra la clase trabajadora2. La democracia de que se decían garantes los responsables políticos de uno y otro régimen era la «orgánica», y, si bien el Estado Novo portugués se diferenciaba del franquista por su peculiar estructura de semilibertad formal, que permitía la existencia legal de una oposición política, no puede obviarse el carácter fraudulento de las elecciones que tenían lugar, así como la prohibición de los partidos políticos distintos del oficial, de inspiración fascista, débil e inoperante, a semejanza del Movimiento Nacional español.

  • 3 R. Durán, «As crises económicas e as transições para a democracia. Espanha e Portugal numa perspec (...)

10Durante su vigencia, no obstante, y al margen de las diferencias cualitativas y cuantitativas argüibles entre uno y otro caso, en ambos se pusieron en marcha políticas de liberalización económica que, en el contexto occidental de prosperidad de los sesenta, produjeron transformaciones importantes de las estructuras sociales y económicas de los respectivos países. Aún en lo económico, los dos cambios de régimen fueron precedidos y paralelos a una crisis económica internacional que intervino a favor de la democratización. Las transiciones fueron forzadas por (o instrumentadas contra) la crisis política de la cual la económica fue un detonante más3. Atentaba ésta contra la única legitimidad de la dictadura (la de los resultados económicos) y contra el «orden» y la «paz social» de los cuales se hacían garantes ambos regímenes. La democratización, en consecuencia, parece devenir para algunos sectores intramuros el instrumento que garantiza la estabilidad política y el orden social y económico (cuando las subidas salariales dejan de ser moneda de cambio y la emigración, válvula de escape), y el único contexto en el cual podrían aplicarse las medidas económicas de estabilización y ajuste requeridas.

11Además de la politización del Ejército debida al factor colonial, básico, debe tenerse en consideración que los integrantes del Movimento das Forças Armadas (MFA) — si no todos, sí al menos los que se hicieron al principio con el control de las instituciones estatales — no sólo coincidían con la mayoría de los profesionales y con empresarios competitivos, así como con los tecnócratas del primer gobierno de Caetano, en lo perjudicial que era para la marcha de la economía la inestabilidad social que vivía el país; también coincidían con ellos en que, como en España, tal inestabilidad se debía a la inoperancia del régimen, incapaz de acometer las medidas que la crisis económica exigía, incapaz de ofrecer los instrumentos de negociación y acuerdo necesarios para canalizar pacíficamente la conflictividad laboral, e incapaz, también por su propia naturaleza dictatorial, de conseguir la aceptación comunitaria del ingreso de Portugal en la CEE.

12Íntimamente ligada a la liberalización económica, ambas dictaduras procedieron con anterioridad a la crisis de 1973 a una cierta liberalización de las relaciones laborales: dado el componente fascista de ambos regímenes en sus orígenes, también los sindicatos, como los partidos, fueron únicos y obligatorios, y estuvieron bajo control de las autoridades, siquiera pretendidamente; pero la convocatoria de elecciones sindicales y la legalización de la negociación colectiva tuvieron como consecuencia no intencionada, en ambos países, el reforzamiento clandestino de una oposición sindical de clase, muy ligada a las consignas y directrices de los respectivos partidos comunistas, y cuyo origen había sido la formación de comisiones espontáneas y coyunturales de trabajadores en las empresas. Surgen, así, la Comissão Intersindical, redenominada tras el 25 de abril CGT-IN, y la española CCOO.

  • 4 Véase F. Rosas y P. Oliveira (eds.), A transição falhada.

13El reformismo continuista de los gobiernos de Caetano y Arias también afectó al reconocimiento legal de ciertos derechos por medio de los cuales podría haberse protegido tanto a individuos como a grupos sociales de la arbitrariedad estatal, gubernamental o de terceros, así como a una mayor permisividad ante las expresiones críticas y las movilizaciones contrarias. Empero, tanto la «primavera política» de Caetano, su evolução na continuidade, como el «espíritu del 12 de febrero», la «democracia a la española» de Arias, fueron experiencias aperturistas que se vieron cercenadas por los ultras de cada régimen. Ni Caetano ni Arias tenían por afán cambio de régimen alguno; su propósito no era otro que el de mudar la apariencia del dictatorial para garantizar su continuidad4. Ambas fases de apertura, no obstante su clausura, se vieron seguidas de las correspondientes democratizaciones.

  • 5 Véase las obras de V. Pérez Díaz, Clase obrera, orden social y conciencia de clase; El retorno de (...)
  • 6 J. M. Maravall, La política de la transición, p. 131.
  • 7 Ibid.
  • 8 Véase R. del Águila, «La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición».

14Si pensamos en los pueblos, los datos empíricos de la cultura política de los españoles indican una correlación significativa entre aquella y el tipo de transición. En el análisis de la naturaleza de las creencias, actitudes y valores de los españoles con respecto al sistema político, los científicos sociales han enfatizado tanto el talante reformista gradual, no revolucionario ni conformista, de la sociedad española, y de la clase obrera en particular5, como su incidencia en el modelo de transición. Los trabajos que abundan en la cuestión vienen a coincidir en gran medida en una interpretación según la cual la mayoría de los ciudadanos españoles demandaban «reformas que se pueden legítimamente concebir […] como “en profundidad” o “radicales”»6. Ello no obstante, «el procedimiento para satisfacer tales demandas era visto como una acumulación de avances, no como un cambio súbito y drástico»7. Se aduce, por ejemplo, que el 77% de la población opinaba que lo más importante en nuestro país era «mantener el orden y la paz». Y se concluye adicionalmente que los reformistas evidenciaron la necesidad de legitimarse frente a esa población con argumentos ligados al orden, la seguridad y la estabilidad en el proceso de consecución de un régimen democrático8. Surge de esta forma el mito de la «madurez del pueblo español» como protagonista de la transición, que habría garantizado, así, su éxito. En definitiva, los españoles abogarían por el cambio que se daba vía consenso. Podría inferirse, pues, que también existió una correlación similar con el carácter de las movilizaciones sociales.

  • 9 T. Bruneau y M. Bacalhau, Os portugueses e a política quatro anos depois do 25 de Abril; M. Bacalh (...)

15Estimo, sin embargo, que se ha sobredimensionado la importancia del carácter moderado de los españoles como explicación de la naturaleza pacífica de tal transición. La precisión es tanto más válida si atendemos a su posible incidencia en la naturaleza de las acciones colectivas. En principio, porque las escasas aproximaciones efectuadas a la cuestión sobre la portuguesa en el período objeto de estudio no permiten sacar conclusiones sólidas, tampoco respecto de la radicalidad evidenciada de los comportamientos. Es más, en todo caso, apuntan a una relativización de la importancia de la cultura política en la determinación del carácter tanto de las transiciones como de las movilizaciones que en ellas se dan: los pocos estudios existentes sobre la cultura política de los portugueses antes y durante su transición no nos permiten deducir un carácter anárquico ni violento, tanto menos belicoso, de sus valores. Por el contrario, nos hablan de una sociedad portuguesa, y de unas clases média inferior y baixa, más moderadas que las vecinas, y, por ello, menos propensas a demandas y a actitudes radicales y de confrontación con la autoridad estatal9.

16Es más: en España se enfatizó la moderación de los ciudadanos precisamente por los temores que la experiencia histórica hacía alumbrar respecto de posibles comportamientos de signo contrario; la actitud finalmente mantenida devino, según se ha visto, paradójica. Para comprender no sólo la naturaleza de las movilizaciones sociales, sino, en general, los procesos políticos de transición, no deberíamos preguntarnos tanto por la cultura política de los pueblos (ni, en concreto, por la de los colectivos sociales movilizados) como por las razones que explican sus comportamientos; no siempre son estos coherentes con aquella (en Portugal no lo fueron) ni en cualquier caso coincidentes con los mantenidos hasta el inicio de la democratización. ¿No cabría preguntarse por el carácter conformista o posibilista, condicionado, de tal actitud y comportamiento? La cultura política no es algo externo al proceso, sino dinámico e interrelacionado con él mismo, al tiempo que muy ligado a las percepciones.

17Los resultados electorales de la convocatoria portuguesa para Cortes Constituyentes, de 1975, son, si cabe, más elocuentes: un partido de centro-izquierda, un partido de centro-derecha y un partido conservador, todos ellos a favor de la democracia formal, obtuvieron un 72% de los votos, sólo tres puntos menos que en las elecciones parlamentarias de 1976, y de acuerdo con un esquema de preferencias partidistas que se mantuvo estable hasta 1985. En el caso español, el mismo porcentaje, celebradas sus elecciones fundacionales también al año de iniciarse la democratización, fue apenas cuatro puntos superior al portugués. Y, si socialistas y comunistas portugueses sumaron el 50,5% de los votos, el dígito en España, incluidos los nacionalistas, alcanzó el 48%, sólo 2,5 puntos menos.

18No menos paradójicas resultan las semejanzas entre las plataformas reivindicativas de los trabajadores y las causas de la conflictividad laboral de ambas experiencias. Muchos de los autores que se han aproximado al estudio de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores portugueses, sobre todo en tanto que motivaciones de su movilización, han sobredimensionado frecuentemente las aspiraciones anticapitalistas que pudieran haberse dado durante los conflictos de los primeros meses, y en particular durante la primera presidencia, reformista. Ello podría conducir a la conclusión de que la radicalización de los comportamientos obedeció en Portugal a la previa radicalización de las actitudes y pretensiones de sus protagonistas; consecuentemente, en España habría imperado la contención de la naturaleza de las acciones colectivas a los límites imperantes durante la dictadura porque los trabajadores eran, asimismo, moderados en sus demandas. La evidencia empírica pone de manifiesto, sin embargo, importantes afinidades entre las respectivas reivindicaciones y motivaciones. Al mismo tiempo, la constatación de divergencias no debe llevarnos a establecer una relación causal distintas reivindicaciones/motivaciones-distintas formas de lucha sin antes preguntarnos por la razón de la diferencia; entre los dos países, pero también entre el Portugal anterior y el posterior al 25 de abril.

19El 52% de los conflictos manifiestos de que informó el diario español de tirada nacional El País entre julio de 1976 y junio de 1977 fueron originados con motivo de la negociación de una plataforma reivindicativa presentada para la firma de un convenio colectivo o al margen de su negociación. En Portugal, de los 580 conflictos registrados en los diez primeros meses de la democratización, al menos 268 (un 46%) tuvieron lugar con motivo de la presentación de un cuaderno reivindicativo socio-económico o simplemente de la reivindicación de aumentos salariales o del pago de un salario mínimo. Buena parte de los conflictos registrados con motivo de actitudes empresariales de represalia tuvieron su origen previo en negociaciones del mismo cariz. Independientemente de que estuviera encuadrada o no en la negociación o renovación de un convenio colectivo, la reivindicación más sistemáticamente planteada por los trabajadores movilizados de ambos países fue el incremento salarial. El desacuerdo entre lo reivindicado y la propuesta empresarial fue el principal motivo del inicio de las movilizaciones en ambos países.

  • 10 Estas reivindicaciones supusieron una politización de las actitudes obreras porque la denuncia de (...)

20A lo largo de los últimos años de la dictadura, en España como en Portugal, las reivindicaciones laborales planteadas por los trabajadores en la coyuntura de sus conflictos concretos de trabajo estuvieron indisoluble y crecientemente acompañadas durante esos conflictos por otras de índole política que exigían derechos de reunión (sobre todo, de asamblea), asociación, manifestación y huelga. Reivindicaciones también consideradas políticas, pero que al mismo tiempo resultaron un motivo frecuente del éxito o endurecimiento de los conflictos, fueron la demanda de que la empresa reconociera a las comisiones representativas elegidas en asamblea como interlocutoras válidas cuando rechazaran a los que ejercían oficialmente esta función y, sobre todo, la denuncia de la «victimización» que también propiciaban (y legalizaban) las dictaduras. Es decir: los trabajadores se movilizaban igualmente contra las represiones estatales y empresariales, que se traducían en reivindicaciones por la liberación de los detenidos y contra las intervenciones coactivas de las fuerzas del orden público, así como por la readmisión respetuosa de sus derechos laborales de los trabajadores despedidos por razón de su participación en los conflictos que nos ocupan, la retirada de cualquier otro tipo de sanción aplicada y expediente abierto, la garantía de que no se volverían a aplicar injustificadamente en el futuro y la reapertura sin consecuencias negativas para los trabajadores de las empresas en lock out también como represalia10.

21El gobierno de Suárez no supuso una solución de continuidad con ninguno de los tres bloques enumerados: tal politización de las movilizaciones se mantuvo en España durante la democratización, en particular, hasta la celebración de las elecciones fundacionales. El 25% de los conflictos contabilizados entre julio de 1976 y junio de 1977 se originaron con motivo de decisiones empresariales como despidos selectivos de trabajadores por causas que las plantillas entendían no justificadas (su indeseabilidad a los ojos de los empresarios habida cuenta de su ascendiente sobre las plantillas y de su capacidad de movilización) o por la presentación de expedientes de regulación de empleo, y aun de cierre definitivo de las instalaciones. El porcentaje se eleva casi hasta el 100% si consideramos los conflictos en los cuales los trabajadores hubieron de añadir a sus originales reivindicaciones y causas de la movilización la exigencia de readmisión de los despedidos y de retirada de las sanciones habidas y de los expedientes abiertos a cargos sindicales durante los mismos — y la promesa de que no se repetirían en el inmediato futuro —, así como la reapertura de las instalaciones. En ocasiones, tales reivindicaciones contra las represalias venían incluso a sustituir a las originarias y causantes de la movilización, de tal manera que se ofrecían como condición sine qua non — pero ya única — para la reincorporación al trabajo. Los trabajadores españoles llegaron a orientar sus reivindicaciones finales, no ya hacia la forma en que iban a reiniciar su actividad laboral (como readmitidos o como nuevamente contratados), sino incluso hacia el tipo de despido que se fuese a practicar cuando la empresa manifestara definitivamente inamovible la decisión de mantenerlo. También sintieron la amenaza y la realidad de los expedientes de regulación de empleo e incluso del cierre de la empresa en que trabajaban. No obstante las tensiones desatadas por tales medidas, los trabajadores afectados se movilizaron, de hacerlo, de acuerdo con el repertorio de formas de lucha habitual (el mismo que en situaciones menos dramáticas para ellos y que durante la dictadura).

22Salvo en las primeras semanas, en el Portugal posterior al 25 de abril no tuvieron razón de ser las reivindicaciones políticas referidas a derechos y libertades democráticas. Sus trabajadores no fueron ajenos, sin embargo, a las sombrías perspectivas de los despidos individuales y colectivos, las quiebras y los cierres de empresas, temporales y definitivos. Ahora bien, la coincidencia de situaciones y motivaciones/reivindicaciones tampoco determinó la similitud de la respuesta obrera en tales eventualidades: los trabajadores lusos afectados emprendieron acciones radicales inéditas en la península durante las respectivas dictaduras e impensables en el país vecino también durante la democratización. El argumento no desmerece la importancia del carácter de las reivindicaciones ni la de la gravedad de las motivaciones como factores que intervienen en el acaecimiento y desarrollo de las acciones colectivas. Los trabajadores acometieron el mayor porcentaje de acciones transgresoras precisamente en aquellos conflictos en los cuales los empresarios procedieron al cierre definitivo de las instalaciones, independientemente de que mediara o no la declaración institucional de quiebra, con el consiguiente despido de toda la plantilla: el 95% (en 19 de los 20 conflictos registrados). No puede dudarse de la inevitabilidad de los conflictos en tales circunstancias, pero tampoco parece derivarse de la gravedad de las motivaciones la explicación única y suficiente de la naturaleza de las acciones de los trabajadores afectados. Después de todo, habiéndose dado también en España experiencias semejantes, no fueron motivo de la radicalización de sus movilizaciones ni antes (como tampoco en Portugal) ni durante la democratización.

  • 11 J. Hammond, Building popular power, p. 17. El estudio cronológico de las reivindicaciones revela e (...)
  • 12 Hammond ha comparado la experiencia portuguesa en 1975 con otras revolucionarias de control obrero (...)
  • 13 Para el 28 de septiembre de 1974 fue convocada una manifestación nacional en apoyo del primer pres (...)
  • 14 El 11 de marzo de 1975 fue frustrada una intentona golpista contra-revolucionaria al frente de la (...)

23Con el discurrir de los meses, entre los trabajadores (como entre los campesinos y los ocupantes de viviendas deshabitadas) proliferaron en Portugal experiencias que sobrepasaban la búsqueda de la solución de problemas inmediatos y la consecución de demandas limitadas. Como ha indicado Hammond, «comenzaron localmente y con independencia unas de otras, pero, así como el alcance de sus objetivos se expandieron, también lo hicieron sus horizontes, hasta que se vieron [sus protagonistas] como parte de un único movimiento con un único propósito: una nueva forma de vida y una nueva forma de sociedad»11. El caso portugués entró en una dinámica que excede los parámetros que nos interesan en nuestro marco comparativo12, derivada tanto de los efectos psicosociales de los eventos y procesos ocurridos como de la propia radicalización de las medidas adoptadas por las autoridades en respuesta a las intentonas involucionistas del 28 de Setembro13 y del 11 de Março14. A partir sobre todo de esta fecha, serían los propios partidos políticos y los sindicatos quienes en muchas ocasiones, prácticamente en calidad de instituciones oficiales, fomentarían y canalizarían las movilizaciones tanto por la autogestión y el cooperativismo como por la nacionalización y otras formas de intervención del Estado.

  • 15 Véase H. Psomiades, «Greece: From the colonel’s rule to democracy»; N. Diamandouros, «Transition t (...)

24Lejos de encontrar solución a la paradoja, las similitudes observadas no hacen sino consolidarla. Podría aducirse, en otro orden de cosas, que el detonante de la radicalización en Portugal, a diferencia de lo ocurrido en España, fue la propia naturaleza sorpresiva y rupturista del inicio de la democratización, tanto más habida cuenta de que la iniciaba el sostén represivo último de todo régimen dictatorial, y aun de todo Estado: el Ejército. Fruto de ese inicio se habría generado un sentimiento de libertação frente a la opresión salazar-caetanista tal que, en los espacios del trabajo como en los de la educación y la vivienda, el pueblo habría tomado el cambio en sus manos hasta hacerlo revolucionario en la práctica. Ocurre, sin embargo, que también la transición griega se inició, el mismo año, merced a una intervención del Ejército como institución estatal, un golpe de Estado contra la dictadura de los coroneles que conllevó la depuración de militares y policías implicados en casos de torturas y de exceso de celo represivo, a pesar de lo cual no se produjo radicalización social ni política alguna15. Difícilmente podríamos atender al tipo de transición de forma genérica como causa suficiente de la trasgresión del sistema económico por parte de los colectivos sociales movilizados.

25En todo caso, y aun asumiendo que el carácter sorpresivo de la ruptura pudiere explicar un primer momento de radicalización, no explica su continuidad a lo largo de los meses. Tanto menos lo explica habida cuenta de que, en relación con las estrategias y decisiones de las autoridades gubernativas, las revolucionarias fueron adoptadas por los gobiernos provisionales IV y V; sobre todo, durante el verão quente, transcurridos diez meses desde el 25 de abril. Hasta entonces, tanto la presidencia de Spínola como los tres primeros gobiernos (con Palma Carlos y Vasco Gonçalves al frente del primero y de los dos siguientes, respectivamente) destacaron por su carácter moderado, esto es, comprometidos con la reinstauración de la democracia parlamentaria y el progreso material del país merced al eficiente funcionamiento de la economía de mercado. Y fue precisamente durante estos gobiernos, los dos primeros bajo la presidencia de Spínola, cuando se desarrollaron las acciones colectivas transgresoras que suscitan la paradoja.

  • 16 La otra tarea que las nuevas autoridades político-militares definieron desde un primer momento en (...)

26Resulta ciertamente paradójico que, habiendo sido tan dispares y en tantas ocasiones los comportamientos de los trabajadores movilizados en ambos países por la satisfacción de sus reivindicaciones y en protesta por los agravios sufridos, no fuesen igualmente extrañas entre sí las propuestas de cambio político esgrimidas por las autoridades de uno y otro país. Las portuguesas, políticas y militares, no se mostraban públicamente menos dispuestas que las españolas a defender la democracia parlamentaria y la economía de mercado desde el respeto a la propiedad privada. Así se ha constatado con profusión hasta diciembre de 1974: en perfecta coherencia política entre sí y lealtad hacia el Programa del MFA, así el manifiesto del propio Movimiento como el compromiso asumido por la Junta de Salvação Nacional al tomar posesión de sus poderes y el programa del primer Governo Provisório que la habría de sustituir, todos apuntaban el camino de una (re) democratización jalonada por las mismas medidas que se anunciarían y adoptarían en España16.

27Ciertamente, socialistas y comunistas portugueses abogaban por una elección de corte socializante, si no incluso socialista (como también ocurría en España, salvo que con menos difusión en los medios de comunicación de masas y menos presencia pública a través de actos multitudinarios). Pero era una opción que, enfatizaban los portugueses — en su doble cualidad de gobernantes y de miembros de una organización política —, no debía manifestarse sino a través de las urnas, por los cauces democráticos del parlamentarismo, en el proceso constituyente. Carrillo, a la sazón secretario general del PCE, sostuvo en su intervención como representante del grupo parlamentario comunista en los debates constituyentes que el proyecto constitucional no era «socialista o revolucionario», pero

  • 17 Cortes Generales, Constitución española. Trabajos parlamentarios, I-IV, t. I, p. 651.

tiene el mérito de no cerrar las puertas a los cambios estructurales, de no declarar, en definitiva, inconstitucionales los cambios sociales que mañana podría reclamar la soberanía popular17.

  • 18 Intervención pública de Mário Soares (Diário de Notícias, 5 de julio de 1974, p. 7).
  • 19 Así, afirmó en la misma ocasión, «[e]l Mercado Común estaba cerrado para nuestra economía, y va a (...)
  • 20 Entrevista del Diário Popular, 8 de julio de 1974.

28Las nuevas autoridades portuguesas partían de la idea según la cual, en palabras del Ministro de Asuntos Exteriores (secretario general del PSP), «mientras haya miseria y personas sin casa y sin pan, la democracia no puede funcionar»18. Siendo éste el objetivo, la solución había que buscarla allí donde estuviere, y, por tanto, también en la comunidad internacional, Estados Unidos y la CEE en particular19. Y todo ello, como en España y según declaraciones del adjunto del primer ministro Palma Carlos y secretario general del Partido Popular Democrático, desde el mantenimiento de «[la] estructura del actual sistema económico […], de acuerdo con lo que está previsto en las leyes constitucionales y en las leyes generales publicadas después del 25 de abril, hasta que haya una opción democrática del pueblo»20.

  • 21 Diário de Notícias, 26 de octubre de 1974.
  • 22 Ibid.
  • 23 Diário de Notícias, 23 de diciembre de 1974.
  • 24 Boletim de Informação Económica, nº 1, 4 de julio de 1974. Cabe añadir, como ha precisado Maravall (...)

29En cuanto al antimonopolismo, como sostuvo en una intervención televisada el primer ministro Vasco Gonçalves al comienzo de su segundo mandato, también moderado, «ser antimonopolista no significa estar contra la iniciativa privada […] Antimonopolismo significa — precisaba — que los destinos de nuestro país, su desarrollo integral, ora desde el punto de vista económico ora desde el social, deben ser atendidos por el propio país, y no por un grupo reducido de monopolios que dominen la economía»21, es decir — como ocurría durante la dictadura —, por «ciertas minorías muy reducidas que velaban básicamente por sus beneficios, y no por los intereses del pueblo portugués»22. De ahí que se propusieran, según decisión del Conselho Superior do MFA explicitada en un comunicado, que el Estado tuviese «una intervención efectiva en las actividades socio-económicas, corrigiendo las disparidades sangrantes que aún se observan en la distribución de la riqueza nacional»23. La pretensión no era ni nueva ni anacrónica: así ocurría, como se argumentara en el boletín del MFA, «en algunos países de estructura capitalista»24; citaban entre ellos a Francia, Inglaterra, España o Italia.

  • 25 Punto 12º, sobre la amnistía política, de la Declaración Programática del Gobierno Suárez, de juli (...)
  • 26 Ibid.
  • 27 Discurso televisado de cierre de la campaña para el referéndum sobre la Ley para la Reforma Políti (...)
  • 28 Ibid.
  • 29 Ibid. Del Águila y Montoro han profundizado en la reconciliación y la convivencia como argumentos (...)

30La hipótesis de que la opción defendida pudiera haber alentado el carácter revolucionario de tantas acciones colectivas en Portugal durante conflictos concretos de trabajo se debilita aún más al atender a las exhortaciones a la moderación y a las disposiciones de las autoridades a imponer el orden y el respeto de la ley, en Portugal como en España. A lo largo de todo el proceso de cambio, los responsables políticos españoles, muy particularmente los miembros del gobierno Suárez desde su temprana declaración programática, manifestaron su aspiración por «lograr una auténtica reconciliación nacional y superar diferencias y contradicciones alcanzando unos niveles de convivencia suficientemente positivos»25. Para conseguirlo, demandaron de los españoles una actitud firme frente al continuo «intento de deterioro del clima de orden y convivencia pacífica»26, alentado y perpetrado por los que Suárez calificara como «grupos extremistas»27 y «auténticos enemigos del Estado y del pueblo»28. La marginación de estos sectores y su arma, la violencia, y, en definitiva, una actitud cívica, de serenidad y moderación, era la demanda del Gobierno a los españoles para, así, dar «una nueva oportunidad a la concordia, la normalidad y la paz civil»29.

  • 30 «Terrorismo contra el pueblo», Claridad. Órgano de la UGT, febrero de 1977, p. 7.

31Las autoridades gubernativas españolas apelaban a la moderación, pues, con argumentos en positivo, sobre la convivencia nacional que entre todos había que construir y consolidar. Por parte de las organizaciones sindicales más importantes, que (como las autoridades políticas, y no sólo en España) también elogiaban en sus escritos e intervenciones orales la «madurez política del pueblo español», predominó más, sin embargo, el discurso explícito imperante en Portugal: el discurso del miedo a la involución que podía provocar algo tan ambiguo y subjetivo de entender como «el desorden». Existía, a su juicio, «un siniestro plan para frenar la marcha del pueblo hacia la Libertad y la democracia»30, orquestado por

  • 31 Ibid.

unas minorías dispuestas ilusoriamente a parar al pueblo, dispuestas a matar asesinamente con tal de seguir gozando de sus privilegios fascistas otros 40 años más31.

  • 32 Ibid. El mismo mensaje transmitieron puntualmente los partidos políticos de oposición, en particul (...)
  • 33 «Resolución del Secretariado», Secretariado de la Coordinadora General de CCOO, 15 de febrero de 1 (...)

32Alertaban sobre la estrategia de los reaccionarios: «la vieja táctica que siempre empleó el fascio para romper toda democracia o proceso democrático, y que consiste en provocar desórdenes […] para que estos produzcan nuevos desórdenes con esta cadena de acontecimientos, y luego […] incitar al Ejército a dar un golpe de Estado para restaurar unos decenios más la dictadura fascista»32, «creando las bases de una espiral de violencia que se saldara con un golpe de fuerza, marcado por el retorno a los peores tiempos fascistas de ejercicio del poder»33. Con o sin referencias explícitas a la intervención militar y a la guerra civil, tales llamadas a la moderación tuvieron su correlato durante conflictos laborales concretos. En estas situaciones, las centrales sindicales de clase, ilegales, y muy particularmente las más implantadas y mejor organizadas, se esforzaron por evitar que las huelgas derivasen en lo que se conocía — peyorativamente, pero también con intención desmovilizadora — como «huelgas salvajes».

  • 34 «El movimiento obrero en Aragón y la lucha política», informe de CCOO, agosto de 1976.
  • 35 Véase las entrevistas concedidas por Alvaro Cunhal, secretario general del PCP, al órgano del Part (...)
  • 36 Un manifiesto del MFA (Diário de Notícias, 26 de abril de 1974).
  • 37 Discurso de Spínola en su toma de posesión como Presidente (Diário de Notícias, 16 de mayo de 1974 (...)
  • 38 Comunicado de la JSN con motivo de la celebración del Primero de Mayo de 1974 (Diário de Notícias,(...)

33Si los gobernantes españoles temían una «portugalización» del proceso español y los sindicatos una «argentinización»34, el referente para la moderación en Portugal, esgrimido con relativa frecuencia por políticos y sindicalistas, fue el chileno: el golpe de Estado que puso fin al gobierno de Allende sólo un año antes de la intervención del MFA. A pesar de que los demócratas en Portugal reconocían la gran diferencia existente entre su Ejército y el chileno que se sublevara contra la democracia latinoamericana, lo cual animaba la confianza en el futuro, no eran menos conscientes de la existencia de elementos reaccionarios que podían dejarse seducir por los fascistas y pseudorrevolucionarios, ambos opuestos a la democratización35. Los miembros del MFA no sólo hicieron saber desde el mismo 25 de abril los objetivos de su intervención militar. Tanto ellos como Movimiento como las distintas autoridades político-militares que fueron haciéndose cargo de los nuevos órganos de gobierno, en Portugal como en España, apelaron en todo momento a la «calma y civismo de todos los portugueses»36, a la «disciplina cívica, sin la cual jamás podrá edificarse una auténtica democracia»37. Las movilizaciones debían «discurrir con la mayor libertad, más respetando el orden público, cuya alteración sólo puede servir a los intereses de aquéllos que acaban de ser derrotados por la acción de las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación»38. Spínola se caracterizó por afrontar estas cuestiones en todos sus comunicados y alocuciones con particular contundencia y claridad. Las demás autoridades no fueron ajenas a estos argumentos, como no lo fueron el PS, el PCP ni la CGT-IN.

  • 39 Ibid.
  • 40 Ibid. Como indicara Spínola en el discurso de toma de posesión del primer Gobierno Provisional, ha (...)
  • 41 Comunicado de 3 de mayo de 1974 de la JSN (Diário Popular, 4 de mayo de 1974).

34También como en España, en el discurso de las autoridades portuguesas la única forma de garantizar el triunfo del proceso de democratización en marcha, de consolidar las libertades conquistadas, era no atentando contra, sino propiciando la «concordia nacional»39; apelaban para ello a la capacidad de los portugueses para actuar con moderación, pero también con paciencia, es decir, apelaban a su «madurez cívica»40. Pero las exhortaciones a la moderación y a la paciencia no sólo se justificaban por el miedo a que las actuaciones contrarias condujeran «al sistema totalitario que el país quiere definitivamente abatid»41. Elemento desconocido en la experiencia española, se adujo reiteradamente y con el mismo énfasis el perjuicio que se derivaba de una oleada huelguística para la economía nacional, independientemente incluso de las formas de lucha desarrolladas. La crisis económica internacional afectó duramente también a Portugal; el debate en los órganos de gobierno y de dirección no estaba entre formas de lucha radicales o moderadas, sino entre movilización o contención.

35El tercer elemento que articuló el discurso común imperante en ambos países significaba un salto cualitativo respecto de los dos anteriores. No se trataba de un propósito de intenciones respecto del futuro que se construía (el discurso de la libertad y de la democracia) ni de una exhortación al tipo de comportamientos que debían jalonar el camino (el discurso de la moderación). Las autoridades estatales peninsulares advirtieron del respeto a la ley, que debía primar; de cómo los individuos y los colectivos debían amoldar sus acciones a los límites y modos que aquella imponía; advirtieron, en cualquier caso, y en última instancia, de su disposición a recurrir a los medios coactivos de que disponía el Estado para garantizar el éxito del proceso iniciado de democratización, es decir, para imponer la moderación allí donde primara la radicalización, y la ley, donde no fuera acatada. La constatación de esta tercera afinidad retórica entre las dos experiencias consolida la paradoja que venimos observando, ya que, a diferencia de los españoles, tampoco la amenaza represiva fue óbice en Portugal para que los colectivos obreros movilizados radicalizaran sus formas de lucha con la profusión con que lo hicieron. No sólo desoían los llamamientos a la moderación, sino que transgredían la ley y atentaban contra principios rectores del sistema socio-económico del que, en España como en Portugal, se dijeron garantes los titulares del poder político.

RESOLUCIÓN DE LA PARADOJA

  • 42 R. M. Fishman, «Rethinking state and regime: Southern Europe’s Transition to Democracy».
  • 43 Un tercer modelo sería el chileno de Pinochet (véase R. Durán, «Movilización y desmovilización del (...)
  • 44 El argumento explicativo que aquí se sostendrá ha sido aplicado a casos igualmente dicotómicos de (...)

36Toda transición política entraña una crisis del régimen objeto de cambio, cualquiera que sea su índole42. La crisis y el cambio, toda vez que hablamos de tránsito del autoritarismo a la democracia, generan incertidumbre y acrecientan las expectativas, incluso las impaciencias, tanto más habida cuenta de la tolerancia que practican las autoridades gubernativas en relación con la exteriorización de la protesta colectiva. De ahí la efervescencia participativa que entonces se da, cuando — en Portugal como en España, valgan de ejemplo por paradigmáticos — suele producirse un significativo y cuantitativo incremento de las movilizaciones populares43. La evidencia empírica pone de manifiesto, asimismo, que esa transformación cuantitativa puede venir acompañada de una transformación cualitativa del repertorio de acciones colectivas, de tal manera que, en lugar de continuar siendo moderadas, como durante la última fase de la dictadura, devienen radicales, transgresoras, revolucionarias. Ello es así cuando a la crisis de régimen (que fue común a Portugal y España) acompaña una crisis de Estado, siquiera sea ésta temporal, como sólo ocurrió en Portugal44.

  • 45 Agradezco a Sonia Alonso la puntualización territorial. Palacios ratifica su validez en un interes (...)

37Un Estado es tanto más fuerte — y, así, tanto menos débil — cuanto mayor es la cohesión, unidad y disciplina de y entre los distintos actores estatales: básicamente, el Gobierno, la Administración civil, la Judicatura, el Ejército y la Policía. Es decir: cuanto más capacitados están para canalizar y resolver los conflictos sociales vía acuerdo entre las partes enfrentadas y/o para imponer su autoridad, hacer valer la legalidad vigente y mantener el orden social y político por medios coercitivos. Por el contrario, se hallará en una situación de debilidad o de crisis coyuntural cuando, pese a mantener su estructura esencial intacta, prevalezca la incapacidad de acción de sus actores en estos dos puntos, y muy concretamente en el segundo, ora en la totalidad ora en parte del territorio nacional45.

38Ciertamente, previa a la acción está la adopción de decisiones. Como las disposiciones a actuar, son propias de los individuos; aquí, de las élites. Ahora bien, junto con la unidad y cohesión referidas, así como la asunción de la jerarquización del poder político, ha de considerarse también como elemento que se suma al fortalecimiento del Estado ante los colectivos sociales movilizados la disponibilidad que esos gobernantes tengan de recursos o instrumentos — órganos estatales — para la aplicación de sus decisiones — disuasivas, cuando menos —; órganos o instituciones, en fin, que, compuestos por personas, respetan las jerarquías y acatan las órdenes con disciplina, o no. Más allá, por tanto, de centrar la atención en las preferencias de las élites, hemos de considerar sus disposiciones y las capacidades para hacerlas coherentes con sus comportamientos. Excede ello el marco limitado de las individualidades; afecta al Estado, del que forman parte.

39En modo alguno se concibe el Estado como un bloque animado ni compacto u homogéneo, sin disensiones internas respecto a objetivos y estrategias políticas. Las diferencias que los colectivos movilizados puedan percibir en este sentido forman parte de la incertidumbre, así como de las expectativas acrecentadas, igualmente propias de los contextos históricos de cambio de régimen. Lo determinante en relación con la naturaleza de las acciones colectivas es que, más allá de la tolerancia que vislumbran nuestros protagonistas respecto de la cantidad de movilización, observen o no disparidades de criterio respecto del carácter e intensidad de las acciones colectivas permitidas y permisibles. Es decir, en cuanto a la naturaleza de las acciones colectivas, las autoridades competentes en la instrumentación de los recursos coactivos del Estado se vislumbran unidas, coherentes y cohesionadas (caso español), o no (caso portugués). Ciertamente, sin la guerra colonial no se habría producido el «golpe de los capitanes», y esa es una gran diferencia con el caso español, pero los motivos de la ruptura no afectan al comportamiento político de la población, sino la medida en que la crisis de régimen conllevó o no una crisis de Estado. En todo caso, profundizar en los motivos de la ruptura no alumbra luz sino sobre la naturaleza dual de la crisis en Portugal: de régimen y de Estado.

40Los trabajadores portugueses en general, y en particular aquéllos que participaron en las acciones más radicales, reconocieron y aplaudieron expresa, pública y reiteradamente a la nueva autoridad y, con ella, su discurso. Pero también quisieron tomar parte activa en el proceso de cambio, decidir y actuar sobre sus propios destinos, de acuerdo con sus propias necesidades y reivindicaciones. Respondían a la opresión y represión recibidas bajo la dictadura. Respondían, no obstante, a una opresión y represión semejantes a las sufridas en España. Respondían, y actuaban, cuando esas limitaciones a su movilización desaparecieron; cuando, convencidos de la justicia de sus reivindicaciones, subjetiva y positivamente liberados del régimen autoritario, no encontraron nuevos constreñimientos que restringiesen sus acciones. En Portugal, nadie con capacidad para hacer cumplir las advertencias (de acuerdo con una concepción weberiana le compete legítimamente y en última instancia al Estado) se encargó de desmentir (con eficacia) ni corregir (de hecho) las percepciones de libertação sentidas por los trabajadores como consecuencia de la ruptura con la dictadura, como nadie se encargó, en cualquier caso, de sancionar o someter a límites sus acciones durante el año y medio que siguió al 25 de abril.

41De acuerdo con la evidencia empírica, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, tan sólo intervinieron para contener la acción de los trabajadores en diez conflictos a lo largo de ese período de lucha siquiera eventualmente revolucionaria, esto es, un 1% del total de conflictos registrados, un 2% del total de conflictos registrados de naturaleza transgresora. Las razones que explican la inacción gubernativa, así percibidas por los actores sociales individuales que nos interesan, son varias y complementarias: en primer lugar, la oportunidad para radicalizarse habría venido posibilitada por la división interna y entre sí que padecían los distintos órganos de poder político-militar, que se traducía en discrepancias o, cuando menos, ambivalencias en cuanto a medios y objetivos; en segundo lugar, por la confusión respecto de la articulación jerárquica de esos órganos, tanto mayor habida cuenta de la quiebra de la cadena de mando que supuso la insurrección de los mandos militares intermedios contra sus superiores en torno al MFA. No sólo no se sabía quién mandaba realmente (ni tampoco lo sabían los propios policías y soldados, o al menos así era percibido por los trabajadores movilizados), sino que incluso se daba con frecuencia la situación (pero no la contraria, también a diferencia de lo que ocurriría posteriormente en España) de sucederse contraórdenes para retirarse a las órdenes que previamente recibieran las fuerzas policiales y militares para intervenir de forma disuasoria, si no represiva.

  • 46 D. Palacios, «Um caso de violência política: o verão quente de 1975».

42No sólo había un poder político muy debilitado por fragmentado. En tercer lugar, las nuevas autoridades recelarían de la Policía, no obstante las disoluciones de cuerpos, depuraciones y encarcelamientos practicados. Quizás más importante que la propia merma de la capacidad represora de la Policía por estas acciones, junto con la falta de preparación de los militares como fuerza antidisturbios46, es importante constatar que, a juicio de los trabajadores entrevistados, para políticos y militares con poder decisorio se trataba de «la misma Policía con la misma mentalidad». Más explícitamente, los trabajadores pensaban que las autoridades habrían evitado las intervenciones por temor a la contundencia represiva que pudieren haber desarrollado. Por otra parte, simbólicamente habría significado la utilización de los instrumentos coercitivos con los que, adjetivados de fascistas, se identificaba la dictadura por parte de aquellos que habían luchado contra ella. Correlato de lo anterior fue, en gran medida, la constatación de la falta de disciplina a la hora de obedecer eventuales órdenes represoras de acciones.

  • 47 F. Patriarca, «Práticas de acção operária e formas organizativas na Lisnave», pp. 650-652.

43En quinto lugar, no obstante carecer de datos que lo avalen, cabe colegir que la posibilidad de la radicalización se dio, no (sólo) porque los trabajadores percibieran la debilidad del Estado, sino (también) porque las autoridades estatales habrían percibido tal fortaleza de los trabajadores que la represión se hubiese tornado la más costosa de las alternativas. La incapacidad, la ineficacia y la falta de voluntad represoras fue tal en Portugal que ni siquiera los empresarios pudieron hacer uso de su potestad sancionadora. Es más: siguiendo a Patriarca, con tales «acciones directas antipatronales» los empresarios se veían, «aunque fuese momentáneamente, impedidos de ejercer su poder en el espacio de la empresa»; o sea, los trabajadores desarrollaron un modelo de protesta que «cuestionaba directamente el poder patronal»47.

44Bien diferente fue la situación en España en esa coyuntura inestable de cambio de régimen. No habiéndose dado ni percibido vacío de poder político en momento alguno, tampoco existió vacío de poder patronal ni, por lo tanto, oportunidad para la trasgresión, sino, antes al contrario, razones para la contención. Como se constata en el caso portugués, la mera existencia de un cuerpo legal no es suficiente para conformar la naturaleza de las acciones colectivas. Tampoco, la vigencia de normas sancionadoras. Se hace preciso un elemento añadido: la aplicación de éstas por parte de las distintas autoridades estatales; muy particularmente, el recurso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de las detentadoras del poder político, siempre que la ley y el orden de que se decían garantes fuesen subvertidos. Disoluciones, desalojos, detenciones (o retenciones, y con o sin procesamiento) y encarcelaciones, cargas, carreras, botes de humo, balas de goma, culatazos de fusil, mangueras de agua, gases lacrimógenos, disparos al aire, trabajadores atendidos con síntomas de asfixia, contusionados de diversa consideración, heridos (también de arma de fuego), hospitalizados, incluso muertos, fueron realidades de la España de la transición que, muy similares a las que tuvieran lugar durante y antes de los gobiernos de Arias, delimitaban en todo momento — no así en Portugal — el ámbito de la presión, la protesta y la reivindicación sociales, fueran obreras o no las movilizaciones.

45En España las autoridades no dieron motivo alguno para percibir falta de unidad y coherencia en y entre los distintos órganos de poder estatal, confusión respecto de la jerarquización de los mismos o indisciplina, como tampoco dieron muestras de recelar del recurso coactivo a las fuerzas del orden público. El discurso del gobierno devino realidad en España, a la inversa que en Portugal, pero también en todos sus territorios. Aquí sí hubo una autoridad que controlaba y controló los resortes e instrumentos del Estado para determinar el grado de tolerancia que se aplicaba a la movilización de los trabajadores, el grado de desorden público que estaba dispuesta a permitir para, de acuerdo con la legalidad vigente, acceder a la libertad y hacer uso de los derechos que le son consustanciales. En fin, los trabajadores también configuraron sus percepciones durante la transición respecto de los límites tolerables a sus movilizaciones habida cuenta de la potestad sancionadora que les garantizaba el Estado a los empresarios vía legislación y acción gubernativa.

  • 48 J. Ruiz-Tagle, «Trade unionism and the state under the Chilean military regime», p. 87.

46El caso español no es excepcional. Como Ruiz-Tagle ha indicado respecto del caso chileno de transición política desde la dictadura de Pinochet48, los empresarios aparecían no sólo como adversarios que presionaban merced a su poder económico, sino también como jefes que tenían a su servicio las estructuras legales y los cuerpos represivos. En España los empresarios pudieron seguir imponiendo su poder de dominación sobre los trabajadores durante la democratización, de tal manera que estos se vieron impedidos de desafiar tal potestas, precisamente porque el Estado siguió garantizando tanto su propia dominación como la de las empresas que hacían efectivo el orden socio-económico que ambos defendían. Así lo percibieron los propios trabajadores movilizados, que, conscientes de la inexistencia de oportunidad alguna para la satisfacción de sus reivindicaciones por medio de acciones colectivas distintas de las que venían practicando, se vieron constreñidos (se siguieron viendo constreñidos) no sólo a la franja de tolerancia que se les imponía desde la represión estatal, sino también desde la que configurara la represalia empresarial — estatalmente garantizada y auspiciada — mediante los despidos selectivos y colectivos, las sanciones de empleo y sueldo y otras menores, los lock outs o la amenaza de enjuiciamiento por delito de sedición.

APUNTES FINALES

47Las percepciones se fundan en realidades, y la realidad española no permitía percibir la democratización como una libertação. Se transitaba hacia la democracia, pero desde la legalidad vigente, controlando el proceso heredero del régimen anterior y, en última instancia, sin merma de su capacidad ni voluntad represivas. Fue la misma percepción que generó en Portugal el VI Governo provisório, que encabezara Pinheiro de Azevedo, pero, sobre todo, el 25 de Novembro. Significaba el fin de la oportunidad percibida. En el programa del nuevo gobierno se fijaba como compromiso el

ejercicio de una autoridad democrática fuerte, capaz de garantizar en toda la extensión del territorio nacional la paz, el orden público, las libertades democráticas y el respeto por la vida y los bienes de los ciudadanos. Es preciso que exista y sea respetado — continuaba — un orden democrático […], no tolerándose la dejación de las autoridades.

48En cuanto al 25 de noviembre de 1975, tuvo entonces lugar una intentona militar contra el VI Gobierno Provisional. El ala moderada del Ejército, comandada por el coronel Eanes, hizo frente con efectividad a la sublevación protagonizada por los grupos militares izquierdistas más radicalizados, dentro y fuera del MFA. Abortado el intento, dio lugar a una reacción institucional de la que se derivó la reconducción del proceso hacia la senda inicialmente propugnada por los gobernantes; sin paliativos, hacia la democracia representativa y la economía de mercado. Las percepciones de los colectivos movilizados o susceptibles de movilizarse se vieron reformuladas. La correspondencia entre el discurso explícito y el comportamiento de las autoridades estatales significó el fin de las acciones transgresoras; como nunca dejara de ocurrir en España, la correspondencia entre el discurso explícito y el comportamiento de las autoridades estatales significaron la contención de los trabajadores, de los ciudadanos en general, y aún su desmovilización.

  • 49 Véase B. Álvarez-Miranda, El sur de Europa y la adhesión a la Comunidad.

49Efectivamente, se produjo a partir de entonces una no traumática desmovilización de los colectivos obreros hasta entonces involucrados tanto en las acciones que fueran comunes a ambas experiencias peninsulares como en las exclusivas del caso portugués. La dinámica de las movilizaciones siguió a partir de entonces el curso que no había abandonado en España. A partir del 25 de Novembro, los gobiernos lusos procedieron en gran medida a retomar la actuación intentada por el primer presidente, aún no constitucional, de la nueva democracia representativa. El programa de estabilización y ajuste frente a la crisis y hacia la modernización de la economía portuguesa se aplicó según las directrices y con la ayuda técnica y económica del FMI. Aunque no fue hasta el 28 de marzo de 1977, unos meses antes que España, cuando el gobierno portugués solicitó oficialmente su adhesión a la CEE, desde junio de 1974 las relaciones eran de apoyo político y ayuda económica; es decir: se profundizaba en las relaciones iniciadas por el gobierno de Caetano en 1972, cuando éste firmara un acuerdo de libre comercio con la CEE49.

  • 50 R. M. Fishman, «Democracy (and employment) in Portugal and Spain: Legacies of Revolution and Refor (...)

50Reconducción no es sinónimo de vuelta a un supuesto curso «normal» de la historia. La renovação na continuidade (por usar la conocida expresión de Caetano) no fue posible en Portugal, como no lo fue en España con Arias. Aun así, la ruptura con el régimen autoritario fue gradual en España y revolucionaria en Portugal. En Portugal, los movimientos populares no sólo presionaron para, sino que participaron en el cambio; más aún, lo tomaron en sus propias manos. La participación colectiva sacudió los fundamentos del orden establecido. Fue la matriz genética de la democracia política y social constituida en 1976. Resulta sumamente interesante, por ello, comparar la calidad de las democracias española y portuguesa a fin de calibrar la medida en que las diferencias detectables puedan deberse a la transición como legado, esto es, a la distinta naturaleza de sus respectivos momentos fundacionales50.

Notes

1 R. M. Fishman, «Democracy (and employment) in Portugal and Spain: Legacies of Revolution and Reform».

2 S. Valenzuela, «Labour movements in transitions to democracy. A framework for analysis»; P.C. Schmitter «Still the century of corporatism?»; J. J. Linz y A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation; G. O’ Donnell, «Toward an alternative conceptualization of South American politics», y R. Gunther, Public policy in a No-Party State.

3 R. Durán, «As crises económicas e as transições para a democracia. Espanha e Portugal numa perspectiva comparada».

4 Véase F. Rosas y P. Oliveira (eds.), A transição falhada.

5 Véase las obras de V. Pérez Díaz, Clase obrera, orden social y conciencia de clase; El retorno de la sociedad civil y La primacía de la sociedad civil.

6 J. M. Maravall, La política de la transición, p. 131.

7 Ibid.

8 Véase R. del Águila, «La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición».

9 T. Bruneau y M. Bacalhau, Os portugueses e a política quatro anos depois do 25 de Abril; M. Bacalhau, Atitudes, opiniões e comportamentos políticos dos Portugueses, y T. Bruneau (ed.), Political parties and democracy in Portugal.

10 Estas reivindicaciones supusieron una politización de las actitudes obreras porque la denuncia de la represión y la represalia, o del abuso de autoridad, implicaban la denuncia de la legislación y, en definitiva, del régimen que las legitimaba. La democracia se ofrecía y acogía como solución a los problemas que los aquejaban como trabajadores.

11 J. Hammond, Building popular power, p. 17. El estudio cronológico de las reivindicaciones revela el paso de las económicas a las políticas con predominio de aquellas relativas a la estructura de poder en la empresa y al controle operário da produção, y, a partir de marzo de 1975, con una clara y predominante connotación anticapitalista, más allá de la inicial, «antimonopolista».

12 Hammond ha comparado la experiencia portuguesa en 1975 con otras revolucionarias de control obrero acaecidas en París en 1871, Rusia en 1905 y 1917, Alemania en 1918-19, Italia en 1919-20, España durante la guerra civil, Francia en 1968 y Chile en 1970-73. J. Hammond, «Worker control in Portugal: The revolution and today», y Building popular power.

13 Para el 28 de septiembre de 1974 fue convocada una manifestación nacional en apoyo del primer presidente de la República, Spínola. El llamamiento se hizo a la mayoría silenciosa, contraria al carácter que estaba adquiriendo la democratización iniciada cinco meses antes, y favorable a la involución (según sus detractores: la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, así como de las autoridades políticas y militares). Spínola dimitió y huyó a España. Se formó el III Governo Provisório, con Vasco Gonçalves como primer ministro.

14 El 11 de marzo de 1975 fue frustrada una intentona golpista contra-revolucionaria al frente de la cual se destacaba Spínola. Se neutralizaban políticamente, así, el centro y la derecha, y se abría una nueva fase de lucha por el poder en el seno de la izquierda y dentro del MFA. La constitución de un nuevo gobierno provisional, el cuarto, también bajo Vasco Gonçalves, evidenció la preeminencia del PCP como fuerza política con presencia o influencia en los principales órganos estatales.

15 Véase H. Psomiades, «Greece: From the colonel’s rule to democracy»; N. Diamandouros, «Transition to and consolidation of democratic politics in Greece: 1974-1983. A tentative assessment» y «Regime change and the prospects for democracy in Greece: 1974-1983»; Ph. C. Schmitter, «An introduction to Southern European transitions form authoritarian rule: Italy, Greece, Portugal, Spain, and Turkey»; R. Chilcote, Transitions from dictatorship to democracy; P. Aguilar Fernández, La memoria histórica de la guerra civil española (1936-1939), cap. III, y J. J. Linz y A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, cap. VIII.

16 La otra tarea que las nuevas autoridades político-militares definieron desde un primer momento en Portugal, no así en España, fue la descolonización. No es una cuestión, empero, que afecte a nuestro objeto de estudio.

17 Cortes Generales, Constitución española. Trabajos parlamentarios, I-IV, t. I, p. 651.

18 Intervención pública de Mário Soares (Diário de Notícias, 5 de julio de 1974, p. 7).

19 Así, afirmó en la misma ocasión, «[e]l Mercado Común estaba cerrado para nuestra economía, y va a abrirse para permitir aumentar el nivel de vida de los portugueses» (Ibid.).

20 Entrevista del Diário Popular, 8 de julio de 1974.

21 Diário de Notícias, 26 de octubre de 1974.

22 Ibid.

23 Diário de Notícias, 23 de diciembre de 1974.

24 Boletim de Informação Económica, nº 1, 4 de julio de 1974. Cabe añadir, como ha precisado Maravall, que también Karamanlis, muy influido por la política gaullista, llevó a cabo durante la transición griega un número considerable de nacionalizaciones. J. M. Maravall, La política de la transición, p. 11.

25 Punto 12º, sobre la amnistía política, de la Declaración Programática del Gobierno Suárez, de julio de 1976.

26 Ibid.

27 Discurso televisado de cierre de la campaña para el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política.

28 Ibid.

29 Ibid. Del Águila y Montoro han profundizado en la reconciliación y la convivencia como argumentos consensuales de la transición española (R. del Águila y R. Montoro, El discurso político de la transición española).

30 «Terrorismo contra el pueblo», Claridad. Órgano de la UGT, febrero de 1977, p. 7.

31 Ibid.

32 Ibid. El mismo mensaje transmitieron puntualmente los partidos políticos de oposición, en particular, el PSOE y el PCE, pero también otros como el PTE, e incluso la UMD, una suerte de MFA español (véase «Ejército y política», documento suscrito por la UMD, El Socialista, nº 66, junio de 1976, p. 4). El País recogió las opiniones que en tal sentido esgrimieron personalidades representativas de la derecha moderada y de la oposición democrática como interpretación y repulsa de la ola de violencia desatada durante la segunda quincena de enero de 1977. Apuntaban la existencia de un plan minuciosamente preparado para, por medio de una política de terror, desestabilizar el país y así imposibilitar la democracia como opción política (El País, 26 de enero de 1977).

33 «Resolución del Secretariado», Secretariado de la Coordinadora General de CCOO, 15 de febrero de 1977.

34 «El movimiento obrero en Aragón y la lucha política», informe de CCOO, agosto de 1976.

35 Véase las entrevistas concedidas por Alvaro Cunhal, secretario general del PCP, al órgano del Partido Comunista Checoeslovaco (Diário de Notícias, 8 de junio de 1974), y a los diarios Le Figaro (Diário de Notícias, 22 de junio de 1974) y Der Spiegel (Diário de Notícias, 2 de julio de 1974).

36 Un manifiesto del MFA (Diário de Notícias, 26 de abril de 1974).

37 Discurso de Spínola en su toma de posesión como Presidente (Diário de Notícias, 16 de mayo de 1974).

38 Comunicado de la JSN con motivo de la celebración del Primero de Mayo de 1974 (Diário de Notícias, 30 de abril de 1974).

39 Ibid.

40 Ibid. Como indicara Spínola en el discurso de toma de posesión del primer Gobierno Provisional, había que restarle razón de ser a la «argumentación totalitaria, siempre presta a denunciar la falta de preparación del pueblo portugués para asumir la democracia» (Diário de Notícias, 17 de mayo de 1974).

41 Comunicado de 3 de mayo de 1974 de la JSN (Diário Popular, 4 de mayo de 1974).

42 R. M. Fishman, «Rethinking state and regime: Southern Europe’s Transition to Democracy».

43 Un tercer modelo sería el chileno de Pinochet (véase R. Durán, «Movilización y desmovilización del movimiento obrero en la transición chilena a la democracia»).

44 El argumento explicativo que aquí se sostendrá ha sido aplicado a casos igualmente dicotómicos de la Europa del Este (véase R. Durán, «Regime change, State capacity and mass behaviour: Southern, Central and Eastern Europe in comparative perspective»).

45 Agradezco a Sonia Alonso la puntualización territorial. Palacios ratifica su validez en un interesante trabajo que viene a enriquecer mi concepción multidimensional del Estado (D. Palacios, «Um caso de violência política: o verão quente de 1975», y R. Durán Muñoz, Contención y transgresión, cap. VII). Por razones de espacio, este texto se centra en la concepción dinámica del mismo.

46 D. Palacios, «Um caso de violência política: o verão quente de 1975».

47 F. Patriarca, «Práticas de acção operária e formas organizativas na Lisnave», pp. 650-652.

48 J. Ruiz-Tagle, «Trade unionism and the state under the Chilean military regime», p. 87.

49 Véase B. Álvarez-Miranda, El sur de Europa y la adhesión a la Comunidad.

50 R. M. Fishman, «Democracy (and employment) in Portugal and Spain: Legacies of Revolution and Reform».

Auteur

Universidad de Málaga

© Casa de Velázquez, 2009

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