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Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX

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Sophie Baby
, 
Olivier Compagnon
, 
Eduardo González Calleja

I. — La memoria de las violencias pasadas

El lugar de la violencia pasada en el marco de la transición y consolidación democrática

Un análisis comparado de los casos de Argentina y Uruguay

Jorge Errandonea

Résumé

L’Argentine et l’Uruguay ont dû affronter le même type de dilemme au moment du retour de l’État de droit, bien qu’ayant connu des chemins très différents, l’Argentine entreprenant son retour vers la démocratie suite à la déroute des Malouines, tandis que l’Uruguay le fit après un double processus électoral – le référendum de 1980 et les élections internes aux partis en 1982. Que faire avec la violence passée ? Comment reconstruire un État démocratique avec un tel héritage de violations des droits de l’homme, tout en assurant la gouvernance ? La publication du rapport Nunca Más fut traumatisante pour la société argentine, tandis qu’en Uruguay il fallut attendre 15 ans pour que soient abordées ces question de façon ouverte et officielle (la Commission pour la paix, créée en 2000 par le gouvernement de Jorge Batlle). Néanmoins, au début des années 1990, une vision pragmatique ainsi qu’une éthique de la responsabilité ont prévalu sur une application systématique du droit pénal aux auteurs des violations des droits de l’homme. L’objectif de ces politiques d’impunité était de faciliter la réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie. Aujourd’hui, parallèlement à un retour de la justice pénale, tant en Argentine qu’en Uruguay on assiste à une série d’actions symboliques qui prétendent opérer sur la mémoire collective. On ouvre les archives et des musées pour la mémoire, on inaugure des monuments, on change les noms des rues. Tout indique qu’un paradigme de la mémoire de la violence passée est en train de se construire dans cette région du Cône Sud de l’Amérique

Texte intégral

  • 1 S. P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.

1En el correr de los años 1980, el Cono Sur americano conoció un período en el cual se dieron una serie de procesos políticos conocidos como transiciones a la democracia. Algunos autores se refieren a este momento como la tercera ola de democratización que habría empezado en Europa en los años 1970, con las transiciones griega, portuguesa y española, para luego seguir en la década siguiente en América Latina1. De esa forma, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay comenzaron sus procesos de democratización en esa época.

  • 2 M. A. Garretón, «Revisando las transiciones democráticas en América Latina».

2Los recorridos y los factores explicativos de cada una de las transiciones son muy particulares a cada contexto. A pesar de ello, existieron y todavía existen problemáticas recurrentes en todos los procesos. Por lo general, todos los gobiernos autoritarios dieron lugar a violaciones masivas de los derechos humanos, principal y casi exclusivamente como consecuencia de la actuación de agentes estatales. Uno de los puntos de tensión principal de las nuevas democracias se relacionaba con la forma en que se debía tratar la herencia de la violencia pasada. Los dilemas de base implicaban encontrar un equilibrio entre gobernabilidad democrática y justicia para las víctimas de la violencia; todo ello en contextos nacionales marcados por relaciones de fuerza donde los perpetradores de las violaciones conservaban cuotas de poder muy importantes2.

  • 3 Llamadas de esa forma porque fueron leyes o decretos promulgados por los propios gobiernos autorit (...)

3Los equilibrios logrados para solucionar esos dilemas inherentes a las transiciones pactadas implicaron casi siempre una impunidad para los victimarios. Las diversas leyes de amnistía que fueron aprobadas, o conservadas en el caso de las auto-amnistías3, constituyeron la traducción jurídica de ese tratamiento político de la transición en el cual se cambió justicia retributiva por gobernabilidad democrática. En los años siguientes, durante el período de la consolidación democrática, la temática de las violaciones pasadas fue recurrente en varios de esos países, y los distintos gobiernos fueron implementando políticas sustitutivas y/o complementarias de la clásica justicia retributiva prevista en los ordenamientos penales clásicos. Además de ser difícil de implementar por imperativos políticos y por la correlación de fuerzas existentes, la justicia penal clásica se mostraba inadaptada o insuficiente para enfrentar el legado de violencia y violaciones masivas de los derechos humanos de estas dictaduras.

4Nos proponemos explorar el lugar de la violencia en el marco de la transición y consolidación democrática en dos países del Cono Sur que conocieron experiencias dictatoriales similares en forma coetánea: Argentina y Uruguay. Intentaremos describir y analizar las distintas políticas públicas para el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos durante estas dictaduras. Asimismo, procuraremos delinear algunos de los factores explicativos, particularmente aquéllos que tienen que ver con los factores endógenos de cada país, sin perjuicio de analizar los factores exógenos como factores explicativos que puedan haber jugado un rol. Para ello, en un primer momento abordaremos el tratamiento de la violencia pasada en el marco de la democratización a través de una breve síntesis de cada uno de los procesos y del papel jugado por las matrices político-culturales en cada uno. En un segundo momento intentaremos descifrar algunos componentes de la relación existente entre violencia y reconciliación nacional por una parte y violencia y memoria por otra. Es asimismo pertinente resaltar que nos planteamos abarcar tanto la violencia en el período de transición como el tratamiento de la violencia pasada de las dictaduras durante los períodos de transición y de consolidación democráticas. Es decir, aquí aparecen dos focos desde los cuales abordaremos la violencia.

VIOLENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN

a) Síntesis de los procesos

  • 4 Ley 22.924 de 22 de septiembre de 1983, llamada también Ley de Pacificación Nacional.
  • 5 Creada por Decreto 187 de 15 de diciembre de 1983.
  • 6 Ley 23.049 de 13 de febrero de 1984.
  • 7 La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en sentencia (...)

5En Argentina, la dictadura militar comenzada en 1976 finalizó en 1983 con una institución castrense debilitada después de la derrota militar en las Malvinas. Esa aparente debilidad del actor militar le permitió al gobierno de Alfonsín, electo el 10 de diciembre de 1983, emprender una serie de reformas y de acciones en materia de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. De esa forma, el 22 de diciembre de 1983 el Congreso anuló la autoamnistía decretada por los militares en 1982, justo antes de dejar el poder para asegurarse la impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura4. El mismo año se creó la Comisión Nacional para los Desaparecidos (CONADEP)5, encargada de investigar el paradero de los desaparecidos políticos durante la dictadura militar, se reformó el Código de Justicia Militar6 disponiendo una instancia de apelación en los tribunales civiles (la Cámara Federal) para las sentencias emanadas de los tribunales militares, y por primera vez en esa región se juzgó a los responsables de las juntas militares en 19857.

  • 8 Ley 23.492 de Punto Final promulgada el 24 de diciembre de 1986 y Ley 23.521 de Obediencia Debida (...)
  • 9 Entre otros, creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) el 25 de mayo (...)
  • 10 Ver F. Gonzalez, La Guerra de las memorias.
  • 11 Los escraches consistían en manifestaciones de repudio en frente de los domicilios de presuntos to (...)
  • 12 En la segunda mitad de los años 1990 se abren causas en Italia, España, Francia, México, Suecia y (...)
  • 13 Anuladas por Ley 25.779 de 3 de septiembre de 2003. El Congreso confirmó esa anulación en oportuni (...)
  • 14 La Ley 25.914 fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y refiere a indemnizaciones para los niños y n (...)

6A pesar de ello, en 1986 y 1987, en un contexto de rebeliones militares, el gobierno de Alfonsín se vio obligado a promulgar dos leyes de amnistía, seguidas por los indultos firmados por el presidente Menem en 1989 y 1990, que aseguraron la impunidad a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos en Argentina8. A partir de la segunda mitad de los años noventa, en un nuevo contexto internacional hostil a las leyes de amnistía9 y con una realidad nacional marcada por confesiones de militares10, la cuestión de las violaciones de los derechos humanos volvió al primer plano en el espacio público: juicios por la verdad en los cuales se buscaba averiguar los paraderos de los desaparecidos en ejercicio del derecho a la verdad, juicios por robos de niños, escraches11, derogación de las leyes de obediencia debida y punto final en 1998, juicios en el exterior12, etc. En el año 2001, el juez Cavallo declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sentencia que fue confirmada por los tribunales de alzada en sentencia del 14 de junio de 2005. Desde entonces, en Argentina asistimos a un regreso de la justicia retributiva. Con la llegada de Nestor Kirchner a la presidencia de la República en mayo de 2003, el impulso político para la lucha contra la impunidad se encontró en su apogeo. El Congreso de la Nación Argentina anuló las leyes de amnistía13, y se multiplicaron las iniciativas tendentes a la reparación simbólica a las víctimas (museos, archivos) y materiales (se ampliaron las mediadas de reparación dispuestas por el gobierno de Menem durante los años noventa14).

  • 15 El proyecto de reforma Constitucional solamente logró el apoyo de 41,9% de la ciudadanía contra el (...)
  • 16 Incluyendo al Partido del Proceso, que fue un partido político creado por el régimen para proyecta (...)
  • 17 Parte de las negociaciones fueron secretas, y todos los participantes en el pacto sostienen que es (...)
  • 18 La proscripción de Wilson Ferreira Aldunate tuvo seguramente un rol importante en la derrota del P (...)
  • 19 J. Rilla, «Uruguay 1980: transición y democracia plebiscitaría».

7En lo que se refiere al caso de Uruguay, la salida de la dictadura tuvo lugar a través de una doble instancia electoral. En primer término se llevó a cabo el plebiscito de 30 de noviembre de 1980, convocado por el gobierno militar y que tenía por objetivo la aprobación de una nueva Constitución de forma similar a como había ocurrido el mismo año en Chile. La propuesta apoyada por los militares fracasó15, y a partir de ese momento Uruguay comenzó a encaminarse hacia la salida de la dictadura. Las elecciones internas de 1982 marcaron un nuevo fracaso para el régimen militar en la medida en que todos los sectores próximos al Gobierno de facto resultaron claramentederrotados16. El proceso de negociación culminó con el Pacto del Club Naval en donde probablemente los militares obtuvieron una garantía de impunidad17 y la proscripción de los líderes políticos que defendían posturas menos conciliadoras vis-à-vis del actor militar18. Como vemos, contrariamente al caso argentino, se trató de una transición larga y gradual. Ese recurso al voto para resolver y encaminar la transición es una de las características principales del proceso uruguayo19.

  • 20 Ley 15.737 votada el 8 de marzo de 1985. Prevé la amnistía por todos los delitos políticos salvo l (...)
  • 21 El referéndum contra la ley de caducidad, en aplicación del artículo 79 de la Constitución de 1969 (...)
  • 22 E. Allier Montaño, «La mémoire et l’oubli dans l’espace public».
  • 23 Según ese artículo, el Poder Ejecutivo debía investigar para averiguar el paradero de los Desapa-S (...)
  • 24 Declaraciones del Capitán de Navio Jorge Tróccoli en mayo de 1996.

8El Presidente electo en las elecciones de 1984, Julio María Sanguinetti, hizo votar dos leyes de amnistía presentadas como simétricas a militares y a presos políticos20. La ley de amnistía a los militares (Ley de Caducidad de las Pretensiones punitivas del Estado sancionada el 22 de diciembre de 1986), votada en un clima de desacato del actor castrense al poder civil, fue declarada constitucional el 2 de mayo de 1988 por la Suprema Corte de Justicia y ratificada en referéndum en 198921. El tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura quedó enterrado y sellado por más de una década22. A pesar de una labor constante de las ONG de Derechos Humanos, no existía voluntad para priorizar el tema en la agenda política. A mitad de los años noventa, las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura resurgieron principalmente a través de la cuestión de los desaparecidos y del cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad23, así como por las confesiones de un militar que participó activamente en la represión24.

  • 25 Sobre la COMPAZ, véase J. Méndez, «The human right to truth».

9En el año 2000 el presidente electo, Jorge Batlle, creó una Comisión para la Paz (COMPAZ) encargada de investigar sobre el paradero de los desaparecidos uruguayos de la dictadura militar25, con el objetivo de sellar definitivamente la paz entre los uruguayos. Con ello se pretendía cerrar definitivamente el tema, aunque el efecto obtenido fue el contrario. Mientras que, en los años noventa, referirse a la cuestión de la violencia durante la dictadura era visto como algo de mal gusto (considerando que el referéndum de 1989 había consolidado definitivamente la solución uruguaya de salida de la dictadura), la COMPAZ confirió a este tópico una nueva legitimación política. Los desaparecidos y el tema de los derechos humanos dejaron de ser marginales y pasaron a ocupar uno de los primeros lugares en el espacio público.

  • 26 Creado por decreto el 26 diciembre de 2006 para ser celebrado por primera vez el 19 de junio de 20 (...)
  • 27 La Ley 18.033 fue aprobada el 19 de octubre de 2006 y se refiere a la recuperación de los derechos (...)
  • 28 Cinco tomos publicados en el sitio de la Presidencia y que contó con la colaboración de historiado (...)
  • 29 Hoy, algunos altos responsables políticos como Juan María Bordaberry (presidente que participó en (...)

10A partir del año 2005, se transitó por otro umbral. La elección por primera vez en la historia de una coalición de izquierda para ejercer el gobierno abrió la posibilidad de avanzar de forma más ambiciosa en la resolución de la temática de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Desde el principio, éstos fueron colocados en el centro de la agenda política. Una serie de medidas concretas fueron tomadas por el Gobierno en varias direcciones: facilitar la extradición de responsables de las violaciones a los derechos humanos en países extranjeros, establecer un museo de la memoria y otros actos simbólicos (proyecto de creación de un archivo de la memoria, instauración del «día del Nunca Más»26), crear en el año 2007 la Biblioteca de la memoria en el seno de la Subsecretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Cultura); impulsar reparaciones materiales27, averiguar el paradero de algunos desaparecidos, publicar un extenso reporte en cumplimiento del artículo 4 º de la Ley 15.84828, y propiciar el regreso de la justicia retributiva por parte de la justicia uruguaya29, procesando a civiles implicados en el gobierno cívico-militar y no amparados por la ley de amnistía uruguaya o a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos fuera del país, es decir claramente no amparados por las amnistías.

11A pesar de esos avances, la ley de caducidad uruguaya no fue anulada, aunque a través de medios indirectos, poco a poco fue vaciada de contenido o «perforada».

b) Las distintas matrices políticas culturales y su importancia en el tratamiento de la violencia pasada

12Las estructuras político-culturales de ambos países nos permiten explicar en parte (sin incurrir en determinismos, dado que el contexto jugó también un papel crucial) las salidas diferentes y los tratamientos distintos de la violencia.

  • 30 C. Real de Azúa, Uruguay: ¿una sociedad amortiguadora?
  • 31 Para una descripción de los mitos del imaginario colectivo uruguayo, véase C. Perelli y J. Rial, D (...)

13Como hemos mencionado, a imagen de los mitos fundadores de la matriz cultural, Uruguay transitó hacia la democracia a través del acuerdo político y del voto ciudadano, manteniendo siempre la estabilidad de los conflictos y atemperando las demandas maximalistas30. Los mitos del acuerdo y de la legalidad31 se tradujeron por el voto en las distintas instancias de democracia directa y en las instancias electorales (elecciones internas de 1992 y elecciones nacionales de 1984). Fue ese mismo sufragio el que, a través de la figura del referéndum, abrió y cerró las transiciones. En todas las votaciones, el ciudadano votó por opciones no maximalistas en su relación con el actor militar. El mito del acuerdo también apareció en la figura del pacto entre partidos para resolver los conflictos.

  • 32 D. Chasqueti y D. Buquet, «La democracia en Uruguay: una partidocracia de consenso».

14También aparece el rol central de los partidos políticos, verdadero eje y centro de la matriz político-cultural uruguaya, así como medio idóneo para canalizar los conflictos32. El objetivo de la transición uruguaya era cerrar un paréntesis bárbaro en el cual Uruguay no se pareció a si mismo y los principales aspectos del imaginario colectivo nacional fueron puestos en tela de juicio. La transición pretendía enlazar con la realidad anterior a la dictadura, momento en el que imperaba el Estado de Derecho y la civilidad. Veremos que, en ese sentido, la transición uruguaya contrasta con la Argentina, en la medida en que ésta pretende refundar un nuevo orden en ruptura con el pasado.

  • 33 J. Rilla, «Uruguay 1980: transición y democracia plebiscitaría», p. 5.

15En Uruguay, el juego de los actores es más concertado. El sistema no permite que uno de los actores genere demasiada tensión con respecto a los demás como para destabilizar el sistema en su conjunto. El juez uruguayo no escapó a esa regla, y — como vemos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 1988 — también siguió ese juego dejando la iniciativa al poder político para la conducción de la transición. El apego a la legalidad es importante, incluso por parte de los militares, que no encontraron mejor forma de consolidar su dictadura que a través de un referéndum33. En resumen, podemos sacar una primera conclusión: a prima facie, la salida uruguaya es una salida no violenta.

  • 34 A. Polack, «Ciudadanía y Derechos Humanos en el período de transición a la democracia».
  • 35 Carlos Nino, antiguo asesor de Raúl Alfonsín, explica hasta qué punto durante la transición argent (...)

16En lo que se refiere a Argentina, el rol de los partidos políticos no es tan central, ya que la política es más personalista34, los pactos son menos estables y dependen más de un individuo que de una institución. Un ejemplo claro de ello es el del presidente Nestor Kirchner, que a pesar de haber sido apoyado por Eduardo Duhalde — el Presidente anterior — tuvo sin embargo una política radicalmente diferente en materia de derechos humanos. El juego político pasa mucho por el conflicto, por el juego de suma cero, y se hace política «en contra de». Los acuerdos son menos estables en la medida en que reposan sobre los individuos más que sobre los partidos. Como consecuencia de ello, hay una tensión permanente entre los actores del sistema35. En ese sentido, la salida argentina surge de un conflicto, de la violencia; de una violencia que actuó como impulso inicial para la transición — la guerra de las Malvinas — y de una violencia que se mantuvo presente durante el período de consolidación democrática, en el cual las rebeliones militares de los Carapintadas jugaron un rol preponderante.

17La política de Alfonsín a la salida de la dictadura no pretendía cerrar un paréntesis violento en la historia del país como ocurría con Uruguay; se trataba de refundar un país, de romper con el ciclo de sucesiones entre dictadura y democracia; podríamos hablar de un cierto rupturismo. De ahí la política más audaz en materia de derechos humanos, en ruptura con lo que se venía haciendo hasta entonces después de los procesos militares. Agreguemos que esa política fue posible porque el contexto argentino lo permitió en la medida en que los militares salieron derrotados, tanto en la consecución de sus objetivos económicos como en su apuesta por la guerra.

MEMORIA, RECONCILIACIÓN NACIONAL Y VIOLENCIA

a) Reconciliación nacional y violencia

  • 36 Preámbulo del Decreto que crea la Comisión para la Paz.
  • 37 Sandrine Lefranc menciona estos dos decretos, así como el prólogo del reporte de la CONADEP para f (...)
  • 38 El texto del Decreto de Indulto del presidente Menem que benefició a los ex comandantes Camps y Ri (...)
  • 39 Informe 28/92 de 2 de octubre de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

18Los discursos políticos de los últimos treinta años — en ambos países, quizás con la excepción del kirchnerismo — aluden constantemente a la necesidad de reconciliarse y de dar vuelta a la página. En el caso de Uruguay, la Comisión para la Paz tenía como objetivo llegar a «consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos»36. En cuanto al caso de Argentina, la retórica fue clara durante el Gobierno de Alfonsín en los decretos 157 y 158 del año 1983, que determinaban los niveles de responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los integrantes de las guerrillas37. En esos decretos se quiso promover los procedimientos tanto contra los responsables del terrorismo de Estado como de los grupos terroristas revolucionarios. El preámbulo mismo del Decreto 157 se refiere a una amnistía del año 1973 que se había concedido para poner fin al enfrenamiento entre argentinos. La reconciliación es citada en el preámbulo del Decreto de Indulto 2.741 del 30 de diciembre de 199038, y la misma alusión se encuentra expresada en el Decreto de Indulto 2.742/90. El Gobierno argentino, al igual que el uruguayo, en las observaciones del Estado ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Argentina a raíz de las leyes de amnistía, se refiere a «la urgente necesidad de reconciliación nacional»39.

  • 40 Véase I. Orozco Abad, «Apuntes para una historia comparada de la justicia transicional», p. 65.

19Por lo visto en los ejemplos mencionados, se habla mucho de reconciliación en esos dos países en el contexto del tratamiento de la violencia pasada durante el período de transición, así como en el de la consolidación democrática. El discurso de la reconciliación hace alusión o implica un conflicto en el cual dos o más bandos están enfrentados. La reconciliación tendría lugar entre las partes en el conflicto. Podemos, por tanto, hacernos las siguientes preguntas en el caso de las dictaduras uruguayas o argentinas: ¿Hubo guerra en estos dos países? ¿Hubo dos bandos enfrentados? Y en tales casos, ¿con quién se reconcilian las víctimas que no pertenecían a ninguno de los bandos enfrentados? ¿Quiénes deben reconciliarse? En el caso de una violencia asimétrica tan acentuada como en las dictaduras del Cono Sur40, ¿por qué se habla de reconciliación? ¿Cuál es la necesidad de acudir a esta terminología? ¿La palabra «reconciliación» no seria en realidad un vocablo importado y funcional en otros contextos? Finalmente, podemos preguntarnos para el contexto de estos dos países: ¿Cómo debemos definir «reconciliación»?

  • 41 J. Zalaquett, «Equilibrar Imperativos Éticos y Restricciones Políticas».

20Como vimos, las soluciones adoptadas por los dos gobiernos para enfrentar la violencia pasada fue la resultante directa de una correlación de fuerzas en la cual se impuso la razón del más fuerte y una ética de la responsabilidad41. Podemos entonces cuestionar el hecho de que el vocablo «reconciliación» corresponda a una situación real. El término se referiría más bien a un calificativo útil y políticamente correcto para designar de forma ad hoc la resultante de una correlación de fuerzas entre el poder militar y el civil.

  • 42 Véase E. Fernández Huidobro, Historia de los Tupamaros.
  • 43 Véase J.-M. Coicaud, L’introuvable démocratie autoritaire, p. 114 y C. Acuña y C. Smulovitz, «Mili (...)

21La guerrilla uruguaya se encontraba ya en el año 1975 con sus principales líderes presos o en exilio42, mientras que en el caso argentino la guerrilla ya no tenía capacidad de operar en 197843, de modo que las dos dictaduras transcurrieron en un período en donde el enemigo ya no existía, y a pesar de ello se siguieron cometiendo violaciones de los derechos humanos. A final de cuentas, aparece que no se reconciliaron los dos bandos enfrentados, y que se debe dar otro tipo de explicaciones o de significación al término. Podemos dejar planteada la hipótesis de que se trató de la sociedad en su conjunto la que se intentó reconciliar con el Estado o incluso con las Fuerzas Armadas.

  • 44 Además de ser una violación a los derechos humanos en la jurisprudencia interamericana e internaci (...)
  • 45 Sería, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde a mediados de los años noventa el senador Rafael Mic (...)

22En el caso de Uruguay, podríamos referirnos a un tipo de violencia simbólica en el tratamiento de la violencia pasada que se traduciría en la negación de la verdad y la Justicia44. El mito del acuerdo y del voto impuso un silencio característico de una forma de violencia simbólica en contra de los portadores de un desacuerdo o de un disenso como si fuera algo de mal gusto45. El acuerdo/consenso a todo precio violentaba en una primera instancia al portador de disenso en el sistema político, en segundo término violentaba al juez que convalidaba ese acuerdo, en tercer lugar violentaba al ciudadano, y finalmente violentaba a las víctimas con un silencio impuesto. En el caso argentino, el tratamiento conflictual y violento en la transición y posterior consolidación a la democracia fue más evidente, más real.

  • 46 O. López Goldaracena, Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, p. 81.

23En Uruguay, el espacio público estuvo ocupado en la década de los noventa por un discurso consensual que apuntaba a una clausura definitiva de la temática de los derechos humanos por parte de los partidos políticos. Esa realidad fue reforzada por el enorme peso político del referéndum dentro del imaginario colectivo uruguayo. Nos hemos referido a la enorme importancia que adquirió la democracia directa en el sistema político-cultural uruguayo en el período de transición, aunque, al fin de cuentas, un referéndum no otorga más o menos validez jurídica a una ley sobre derechos humanos fundamentales46.

  • 47 R. Alfonsín, Memoria Política.

24En el esquema argentino, la verdad tuvo una gran importancia. El informe de la CONADEP, conocido como Nunca más, tuvo un enorme impacto en la opinión pública argentina, liberando por un tiempo las manos de los actores políticos y jurídicos, y enmarcándose en la política del Gobierno en materia de violaciones pasadas a los derechos humanos47. La verdad, además de constituir un pilar de la justicia transicional y un derecho humano, resultó funcional al objetivo refundacional argentino.

  • 48 El informe de la CONADEP hace estado de más de 8.961 desapariciones forzadas, pero las ONG de dere (...)

25La figura del desaparecido apela a la búsqueda de la verdad. La negación del crimen por parte del Estado es parte integrante de esa figura delictiva, y en esa medida, el hecho de revelar la verdad es crucial a la hora de enfrentar ese pasado violento. Dicho de otra manera, las desapariciones forzadas, en tanto que método represivo predilecto en Argentina48, favorecieron una forma específica de particularizar el pasado violento: la búsqueda de la verdad.

  • 49 Uruguay Nunca Más, informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985), Servicio Paz y J (...)

26En Uruguay, las características de la represión fueron otras. Las guarismos son menores (se cuentan las víctimas por centenares, mientras que en Argentina fueron decenas de miles), pero también hubo menos desapariciones forzadas. Pero, a su vez, Uruguay contó con el mayor número de presos políticos de toda América49.

  • 50 Expresión utilizada en el reporte final de la Comisión para la Paz en Uruguay de 10 de abril de 20 (...)

27En esa medida, las prioridades en la agenda política son otras, no solamente por las características de la salida democrática, también por la forma que adoptó la represión en ese país. En Uruguay, el intento oficial de crear una comisión para la paz correspondió más a una voluntad de cerrar un tema para llegar a una «verdad posible»50. En el caso argentino, por lo contrario, no se trataba de sellar una paz, sino de abrir; de propiciar una apertura hacia una refundación política a través de la verdad. Podríamos decir que son objetivos políticos casi diametralmente opuestos en torno al tópico de la verdad.

28Otro aspecto interesante es el rol detonante jugado por las confesiones y/o solicitudes de perdón por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. En Argentina, a mediados de los años noventa, se hablaba del «efecto Scilingo» a raíz de las confesiones del capitán de corbeta Adolfo Scilingo, o por las declaraciones del teniente general Martín Balza. En Uruguay, las declaraciones de Jorge Troccoli a mediados de esa década conmocionaron y ocuparon la primera plana en numerosos medios de prensa, sin por ello llegar a generar un efecto como ocurrió en Argentina. De cualquier forma, en ambos países las confesiones — es decir, la verdad — permitieron que la temática de los derechos humanos volviera a ocupar un lugar preponderante en el espacio público.

b) Memoria y violencia

29Es importante subrayar de forma preliminar que consideramos que la mirada actual sobre la violencia pasada es más propia de la época del que mira los eventos pasados que de la época en que se produjeron. Dicho de otra forma, la búsqueda de un relato sobre eventos pasados corresponde más a preocupaciones del presente. En esa medida, podemos observar que la búsqueda de un relato explicativo de lo ocurrido en el pasado resulta crucial para entender la forma en que cada sociedad se enfrenta la violencia pasada. El tratamiento fue distinto en los dos países, pero vemos que en ambos el relato se construyó desde lo político, aunque en el caso argentino la sociedad civil jugó un rol esencial. La gran diferencia reside en el hecho de que no existe un consenso político en Uruguay para construir ese relato común.

  • 51 En ese sentido, las posturas políticas asumidas con oportunidad de la presentación del Proyecto de (...)
  • 52 Para más información sobre la «teoría de los dos demonios», véase a S. Lefranc, Politiques du pard (...)
  • 53 Hemos hecho referencia al hecho que el presidente Tabaré Vázquez se refiere a un «Nunca Más entre (...)

30En Uruguay no se trata de llegar a una verdad histórica, sino de encontrar un consenso presente sobre lo ocurrido. Curiosamente, asistimos a verdaderas pugnas y negociaciones políticas para buscar ese relato común. Se trata de una búsqueda que desemboca en una memoria negociada que se encuentra plasmada en la opinión de todos los sectores políticos51. En el caso de Uruguay, el tratamiento del pasado violento por parte de la clase política (el sector del presidente y de una parte del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional) ha desembocado en el reconocimiento de la existencia de un conflicto bélico en el cual hubo caídos en ambos bandos52, con los excesos propios de un estado de guerra. Esa apreciación aparece reflejada tanto en los tratamientos legislativos paralelos (amnistías) como en los discursos, o en los actos simbólicos como el «día del Nunca Más»53. La falta de consenso en cuanto a un relato común de lo ocurrido es perceptible incluso en el seno del propio Gobierno. El día del «Nunca más entre uruguayos» es muy diferente de la Biblioteca de la memoria creada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura. No se trata aquí del mismo «Nunca más».

  • 54 Véase La Nación, 19 de mayo de 2006.

31En Argentina, el relato de lo ocurrido es más coherente y claro desde las estructuras del Estado, en armonía con la interpretación de las ONG de derechos humanos. Esto se pudo constatar en el caso del cambio del prólogo del informe Nunca Más de la CONADEP para eliminar todo los indicios de la «teoría de los dos demonios»54. Hoy en Argentina se intenta construir un relato común para el conjunto de la sociedad sin pasar por retóricas de reconciliación o de los «dos demonios». Eso configura un cambio importante con respecto al período anterior al 2003, atribuible únicamente a la administración Kirchner y a la incesante presión de las ONG de derechos humanos en Argentina. El largo plazo hizo su efecto, y la perspectiva temporal parece de fundamental importancia para aprehender los ciclos en las distintas políticas para el tratamiento a los derechos humanos. Hoy podemos hablar de un vanguardismo de Argentina tanto a nivel jurídico como político en la materia.

  • 55 J. Malamud Goti, «Dignidad, venganza y fomento de la democracia».

32Debemos, sin embargo preguntarnos, como hace Malamud Goti55 hasta qué punto ese relato no sigue los esquemas en blanco y negro de los tiempos de dictadura, que intentan circunscribir el mal a un cuerpo determinado. Aparentemente, este mecanismo genera más seguridad entre nosotros y los demás. Las lecturas actuales no tienen en cuenta, por ejemplo, el impacto de la colaboración con el régimen por parte de gran parte de la sociedad, particularmente en Uruguay, en donde hubo un golpe de Estado Cívico-militar y donde gran parte de la población acompañó y apoyó al actor castrense. Pensemos que en el referéndum de 1980 hubo más de cuatro uruguayos sobre diez que respaldaron el proyecto militar.

Notes

1 S. P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.

2 M. A. Garretón, «Revisando las transiciones democráticas en América Latina».

3 Llamadas de esa forma porque fueron leyes o decretos promulgados por los propios gobiernos autoritarios mientras que se encontraban en el poder. Tenemos, por ejemplo, la amnistía chilena de 1978, la brasileña de 1979 o la argentina de 1982.

4 Ley 22.924 de 22 de septiembre de 1983, llamada también Ley de Pacificación Nacional.

5 Creada por Decreto 187 de 15 de diciembre de 1983.

6 Ley 23.049 de 13 de febrero de 1984.

7 La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en sentencia de 9 de diciembre de 1985, condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.

8 Ley 23.492 de Punto Final promulgada el 24 de diciembre de 1986 y Ley 23.521 de Obediencia Debida de 4 de junio de 1987; Decretos 1.002, 1.003, 1.004 y 1.005 de 7 de octubre de 1989 y Decretos 2.741 y 2.742 de 30 de diciembre de 1990.

9 Entre otros, creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) el 25 de mayo de 1993 por la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) el 8 de noviembre de 1994 por Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; adopción del Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998; detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998.

10 Ver F. Gonzalez, La Guerra de las memorias.

11 Los escraches consistían en manifestaciones de repudio en frente de los domicilios de presuntos torturadores o perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

12 En la segunda mitad de los años 1990 se abren causas en Italia, España, Francia, México, Suecia y Alemania en aplicación de la jurisdicción extraterritorial (por desaparición de ciudadanos de esos Estados en Argentina) o por Jurisdicción Universal por crímenes de genocidio en el caso español.

13 Anuladas por Ley 25.779 de 3 de septiembre de 2003. El Congreso confirmó esa anulación en oportunidad del fallo sobre el caso Simón el 14 de junio de 2005.

14 La Ley 25.914 fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y refiere a indemnizaciones para los niños y niñas nacidos en cautiverio; la Ley 25.974 de 1 de diciembre de 2004 creó un fondo de reparación histórica para la localización y restitución de niños secuestrados y nacidos en cautiverio; la ley 25.985 prorrogó los plazos para acogerse a los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411.

15 El proyecto de reforma Constitucional solamente logró el apoyo de 41,9% de la ciudadanía contra el 55,9% de votos negativos. Véase G. Caetano y J. Rilla, Historia contemporánea del Uruguay, p. 560.

16 Incluyendo al Partido del Proceso, que fue un partido político creado por el régimen para proyectarse en el escenario político postdictatorial.

17 Parte de las negociaciones fueron secretas, y todos los participantes en el pacto sostienen que ese tema no fue tratado. Véase A. Rehren y M. del Huerto Amarillo, «Sanguinetti: liderazgo presidencial hacia la rutina democrática».

18 La proscripción de Wilson Ferreira Aldunate tuvo seguramente un rol importante en la derrota del Partido Nacional en las elecciones de 1984.

19 J. Rilla, «Uruguay 1980: transición y democracia plebiscitaría».

20 Ley 15.737 votada el 8 de marzo de 1985. Prevé la amnistía por todos los delitos políticos salvo los de Homicidio.

21 El referéndum contra la ley de caducidad, en aplicación del artículo 79 de la Constitución de 1969 tuvo lugar el 16 de abril de 1989, el 55.9% de la ciudadanía apoyó la ley.

22 E. Allier Montaño, «La mémoire et l’oubli dans l’espace public».

23 Según ese artículo, el Poder Ejecutivo debía investigar para averiguar el paradero de los Desapa-Según ese artículo, el Poder Ejecutivo debía investigar para averiguar el paradero de los Desaparecidos. Hasta ese momento, a pesar de las Comisiones Parlamentarias creadas en 1985, no había habido un avance substantive en la material.

24 Declaraciones del Capitán de Navio Jorge Tróccoli en mayo de 1996.

25 Sobre la COMPAZ, véase J. Méndez, «The human right to truth».

26 Creado por decreto el 26 diciembre de 2006 para ser celebrado por primera vez el 19 de junio de 2007. Esa fecha corresponde al nacimiento del prócer uruguayo José Artigas.

27 La Ley 18.033 fue aprobada el 19 de octubre de 2006 y se refiere a la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios de los exilados y presos políticos durante el período de facto. Asimismo, prevé pensiones especiales reparatorias para los detenidos y procesodas por la justicia militar.

28 Cinco tomos publicados en el sitio de la Presidencia y que contó con la colaboración de historiadores y diversos científicos sociales (http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm)

29 Hoy, algunos altos responsables políticos como Juan María Bordaberry (presidente que participó en el golpe de Estado de 1973), Juan Carlos Blanco (ministro de relaciones exteriores de Bordaberry) o el general Gregorio Álvarez (presidente de facto de 1981 a 1985) están siendo juzgados y/o condenados.

30 C. Real de Azúa, Uruguay: ¿una sociedad amortiguadora?

31 Para una descripción de los mitos del imaginario colectivo uruguayo, véase C. Perelli y J. Rial, De mitos y memorias políticos.

32 D. Chasqueti y D. Buquet, «La democracia en Uruguay: una partidocracia de consenso».

33 J. Rilla, «Uruguay 1980: transición y democracia plebiscitaría», p. 5.

34 A. Polack, «Ciudadanía y Derechos Humanos en el período de transición a la democracia».

35 Carlos Nino, antiguo asesor de Raúl Alfonsín, explica hasta qué punto durante la transición argentina fueron las demandas maximalistas de todos los actores las que pusieron el gobierno de Alfonsín contra la pared y le obligaron a amnistiar a los militares a pesar de haber tenido la intención de avanzar en lo que a justicia retributiva se refiere (C. S. Nino, «Respuesta: el deber de castigar los abusos cometidos en el Pasado»).

36 Preámbulo del Decreto que crea la Comisión para la Paz.

37 Sandrine Lefranc menciona estos dos decretos, así como el prólogo del reporte de la CONADEP para fundamentar que el Gobierno de Alfonsín se abonó a la «teoría de los dos demonios» (S. Lefranc, Politiques du pardon, pp. 29-31).

38 El texto del Decreto de Indulto del presidente Menem que benefició a los ex comandantes Camps y Riccheri dice lo siguiente: «Visto las medidas dispuestas por el gobierno nacional para crear las condiciones que posibiliten la reconciliación definitiva entre los argentinos…»

39 Informe 28/92 de 2 de octubre de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

40 Véase I. Orozco Abad, «Apuntes para una historia comparada de la justicia transicional», p. 65.

41 J. Zalaquett, «Equilibrar Imperativos Éticos y Restricciones Políticas».

42 Véase E. Fernández Huidobro, Historia de los Tupamaros.

43 Véase J.-M. Coicaud, L’introuvable démocratie autoritaire, p. 114 y C. Acuña y C. Smulovitz, «Militares en la transición argentina».

44 Además de ser una violación a los derechos humanos en la jurisprudencia interamericana e internacional. Véanse los informes 28 y 29 del año 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o los informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR/C/79/Add. 19,5 de mayo de 1993 y CCPR/C/79/Add. 90,8 de abril de 1998).

45 Sería, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde a mediados de los años noventa el senador Rafael Michelini y las ONG de Derechos Humanos pidieron el cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad que obligaba al Estado a investigar el paradero de los desaparecidos, sin encontrar eco en el espectro político

46 O. López Goldaracena, Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, p. 81.

47 R. Alfonsín, Memoria Política.

48 El informe de la CONADEP hace estado de más de 8.961 desapariciones forzadas, pero las ONG de derechos humanos hablan de hasta 30.000 desapariciones.

49 Uruguay Nunca Más, informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985), Servicio Paz y Justicia, 3ª ed., Montevideo, diciembre de 1989.

50 Expresión utilizada en el reporte final de la Comisión para la Paz en Uruguay de 10 de abril de 2003.

51 En ese sentido, las posturas políticas asumidas con oportunidad de la presentación del Proyecto de Reparaciones (en el cual la teoría de la guerra y de los «dos demonios» quedó consolidada) por parte de García Pintos, un diputado de ultraderecha apoyado por el presidente el 11 de enero de 2007, es sintomático de la orfandad de un relato común.

52 Para más información sobre la «teoría de los dos demonios», véase a S. Lefranc, Politiques du pardon.

53 Hemos hecho referencia al hecho que el presidente Tabaré Vázquez se refiere a un «Nunca Más entre uruguayos». Esa expresión fue muy mal recibida por los sectores de defensa de los derechos humanos.

54 Véase La Nación, 19 de mayo de 2006.

55 J. Malamud Goti, «Dignidad, venganza y fomento de la democracia».

Auteur

Université de Paris III

© Casa de Velázquez, 2009

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