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Gobernar colonias, administrar almas

 | 
Xavier Huetz de Lemps
, 
Gonzalo Álvarez Chillida
, 
María-Dolores Elizalde

III. — Territorios de conflicto

La controversia de las sepulturas en Filipinas

Finales del siglo xviii – finales del siglo xix

Xavier Huetz de Lemps

Texte intégral

1A finales del siglo xviii asistimos en Europa, impulsado por los médicos higienistas «ilustrados», a la intervención cada vez más insistente de las administraciones públicas en la gestión de las sepulturas. En nombre de la higiene, de la salud pública y, en menor medida, del ornato, este asunto permitió al poder regalista reivindicar con firmeza su supremacía en la gestión del bien público. La voluntad de normalizar los procedimientos de los enterramientos, reveladora de una nueva cultura administrativa naciente, se exportó con rapidez a las posesiones ultramarinas ibéricas, hacia contextos sociales y religiosos muy alejados de la metrópoli.

2Dado que los cementerios eran lugares sagrados, cargados de memoria y del testimonio de las identidades tanto individuales como colectivas de las diferentes entidades de las sociedades coloniales, fueron lugares donde pudieron surgir las tensiones y las fracturas que atravesaban dichas sociedades, generando fuentes privilegiadas para el historiador deseoso de investigar el funcionamiento social y las relaciones de poder en el contexto colonial. De hecho, las decisiones políticas que pretendían controlar y adjudicar el espacio que correspondía a los difuntos, engendraron en las colonias europeas conflictos y resistencias que sorprendieron a sus autoridades, poco conscientes del carácter inviolable de terrenos constitutivos del vínculo social así como de las identidades religiosas, étnicas o incluso políticas. Si bien la resistencia de la población pudo presentar diversos aspectos, que iban del alzamiento a la resistencia pasiva, pasando por la acción jurídica, el clero o los jefes religiosos fueron las instancias centrales para defender la tradición y los interlocutores ineludibles de la administración colonial.

  • 1 Zeller, 2002, p. 82.

3En Filipinas, los conceptos higienistas y secularizadores de los cementerios se concretaron, a principios del siglo xix, en la aplicación de medidas reglamentarias que prohibieron los enterramientos en los templos y que impusieron el traslado de los cementerios parroquiales a la periferia de las aglomeraciones, cualquiera que fuera su tamaño. Estas medidas se reiteraron a lo largo del siglo y cada epidemia se tradujo en un incremento de la presión de la administración colonial. La reiteración de las órdenes se explica por las reticencias del clero, que, en Filipinas, poseía el monopolio, tanto material como espiritual, de la gestión de los cementerios, y que no tenía la menor intención de abandonarlo. La «gran perturbación de los muertos»1 constituyó una de las principales querellas entre las autoridades espirituales (jerarquía eclesiástica, órdenes misioneras, clero secular) y las temporales (administración central, provincial, municipal) pues implicaba a todos los niveles de observación, desde la parroquia/municipio de una provincia alejada hasta las instancias de regulación del Patronato Real (gobierno central, arzobispado, administraciones centrales metropolitanas).

4Este estudio, basado en los expedientes conservados en los archivos de Manila (National Archives of the Philippines, Archdiocesan Archives of Manila) y en el Archivo Histórico Nacional (Madrid), trata de analizar los juegos de poder tanto material como simbólico que cristalizaron en los cementerios de la colonia asiática. Más allá del interés intrínseco del estudio del caso, la controversia de las sepulturas permite analizar el tratamiento de los conflictos entre el clero y la administración colonial. Si bien las tensiones locales fueron a veces violentas, tanto las autoridades espirituales como las temporales alardearon, en la mayoría de los casos, de una capacidad de diálogo y transigieron siempre que sus intereses vitales respectivos no entrasen en juego. El contexto colonial es en parte responsable de estos sutiles acomodamientos: cierto es que los colonizados rara vez tuvieron ocasión de expresarse, pero ejercieron de forma duradera cierta presión sobre el expediente. Si bien este estudio se centra en el siglo que se extiende desde finales del xviii a finales del xix, prestaremos especial atención a las últimas décadas del xix. Tomaremos en cuenta la totalidad del archipiélago, pero el arzobispado de Manila ocupa un puesto preeminente en nuestras fuentes y prestaremos una mayor atención al caso en particular complejo y significativo de la capital de la colonia.

Las primeras ofensivas higienistas (1789-1882)

El control sanitario de los cementerios

5Tanto las disposiciones introducidas en Filipinas como los argumentos invocados no fueron originales, puesto que resultaban de la extensión al Imperio de la legislación metropolitana. Numerosos estudios han tratado del gran temor a los cementerios que afectó toda la Europa de las Luces y nos limitaremos pues a recordar que los higienistas denunciaron, en nombre del bien público, los enterramientos en las iglesias, las exhumaciones prematuras de los cuerpos y el establecimiento de las necrópolis dentro de las aglomeraciones. Las teorías «aeristas» que legitimaban esta ofensiva eran bastante simples: supuestamente la descomposición de los cuerpos contaminaba los aires de emanaciones pútridas y miasmáticas que causaban graves enfermedades. Para proteger a la población, la administración debía prohibir las sepulturas en los lugares de culto, por una parte, y, por otra, obligar a que los cementerios se erigiesen en lugares adecuados según los conocimientos científicos de la época. Una circular de 1857 resume la localización ideal del cementerio:

  • 2 Es decir, según el médico titular de la provincia de Manila en 1865, a poco más de 4,5 kilómetros (...)
  • 3 Circular del 26 de noviembre de 1857 (AAM, Box 34B4, folder 3 y 34B4/3).

Un sitio suficientemente separado2 de aquellas [poblaciones], que tenga la mayor elevación posible y la ventilación necesaria […], cuidando de situarlo en el lado opuesto a aquel por donde soplen los vientos reinantes en la época de los mayores calores para evitar de este modo que los miasmas perniciosos se traigan por aquellos a la población3.

6El terreno escogido tenía que ser sano y, en función de la demografía de la parroquia, lo bastante amplio para prevenir todo riesgo de saturación. De igual manera, el cementerio debía estar bien cercado para evitar que los habitantes lo considerasen un espacio público o que los animales exhumasen los restos mortales.

  • 4 AAM, 34B4/2, traslado del cementerio de Caridad (Cavite), 1902.
  • 5 Transcurridos los cinco años, los huesos podían integrar el osario sin riesgos para la salud públi (...)
  • 6 AAM, 34B4/1, informe de la Junta Provincial de Sanidad acerca de la transferencia del cementerio d (...)

7Estas normas perduraron a lo largo de todo el siglo xix y, más de veinte años después de la «revolución microbiana», las autoridades estadounidenses, que pretendían encarnar el progreso en materia de colonización, seguían aplicándolas, preocupados por los vientos dominantes4. La mejora en la atención médica de la colonia con el nombramiento en 1866 de un médico titular en cada provincia, el progreso de los conocimientos, por ejemplo, en el campo de la topografías médicas, se tradujeron en una «cientificación» del discurso: poco a poco, los expertos encargados de establecer el lugar ideal para inhumar a los muertos, además de tener en cuenta los vientos dominantes, se refirieron a las características del suelo y del subsuelo, a la hidrografía subterránea y de la superficie. La superficie mínima de la «tumba higiénica» fue objeto de doctos cálculos: de 1,34 metros de profundidad, separada de la tumba contigua por la misma distancia, cada una cubrirá una superficie de 2,2 m2 durante cinco años5; multiplicando esta superficie por el número de muertos de los últimos cinco años y con un margen de seguridad para hacer frente a eventuales epidemias, se obtenía la superficie del futuro cementerio6.

La letanía de los textos

  • 7 Renaudet, 2016; Carreras Panchón, Granjel, 2005; Martínez de Sánchez, 2005; Santoja, 1998-1999. La (...)
  • 8 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845; NAP, Sanidad (...)

8La Déclaration Royale francesa de 10 de marzo de 1776 sirvió de modelo a la Real Cédula de 3 de abril de 1787 que prescribió en España el traslado de los cementerios lejos de los lugares habitados7. Por la Real Cédula de 27 de marzo de 1789, las autoridades metropolitanas requirieron a los vice patronos reales y a los obispos del Imperio para que reuniesen información sobre el traslado de los cementerios así como sobre los fondos de que disponían las fábricas para este objeto. Ese mismo año, en el contexto de una grave epidemia de viruela que afectó a Manila, el ayuntamiento y el clero se pusieron de acuerdo para abrir en la periferia de la ciudad un cementerio provisional. El gobernador general Félix Berenguer de Marquina (1788-1793) apoyó esta iniciativa y consideró la posibilidad de imponer el traslado de todos los cementerios del archipiélago fuera de los núcleos habitados8.

  • 9 Clément, 1983, pp. 87-93.
  • 10 Real Cédula de 15 de mayo de 1805, circulares del 23 de diciembre de 1806, 18 de marzo de 1807, 7  (...)

9La Cédula Real de 15 de mayo de 1804 fue la primera disposición conminatoria destinada a las Indias9 y, en consecuencia, a Filipinas: en el futuro, ningún cuerpo podría ser enterrado en las iglesias «tanto seculares como regulares», bajo pena de una multa de 25 pesos impuesta al cura que no atendiese a esta disposición; los difuntos deberían ser inhumados sólo en cementerios situados a cierta distancia de las aglomeraciones, bien ventilados, cercados por un muro o una empalizada y señalados por una cruz. Este texto sirvió de modelo y referencia a numerosas disposiciones adoptadas con posterioridad10.

  • 11 La circular del 27 de junio de 1821 reiteró la de 1806. El gobernador general Mariano Fernández de (...)
  • 12 AAM, 34B4/3.

10La brusca irrupción del cólera en Filipinas en 1820 y las epidemias posteriores, o alarmas coléricas sucesivas, incitaron a las autoridades a reiterar la legislación existente11. Frente a la ausencia de progresos tangibles, la irritación de los gobernadores generales se hizo cada vez más visible. A primera vista, las normas del 19 de enero de 1848, promulgadas por el enérgico Narciso Clavería, estaban desconectadas de la cronología epidemiológica del archipiélago, puesto que el cólera había aparecido entre 1842 y 1844, pero este texto estaba ya en preparación en 1845 y el miedo al cólera influyó con seguridad en esta decisión. Asimismo, fue consecuencia de una visita general a las provincias del archipiélago durante la cual Clavería pudo constatar que los textos redactados durante la primera década de 1800 no se habían aplicado, salvo en raros casos. En 1848, Clavería denunció los «mefíticos miasmas» de los cementerios parroquiales que «en todo país culto» legitimaban el alejamiento de los cementerios a lugares aislados. El gobernador impuso un firme ultimátum a las «autoridades» —al clero, en realidad— para que a costa de los fondos parroquiales y antes del 31 de diciembre de 1848, los cementerios estuviesen en conformidad con la ley12.

  • 13 AAM, 34B4/3.

11Menos de diez años después y justo tras las epidemias de cólera de 1854 y 1856, el gobernador general Fernando de Norzagaray constataba con indignación que las decisiones adoptadas por Clavería no se habían aplicado. La circular del 26 de noviembre de 185713 ordenó en nombre «de la religión, de la humanidad y de la salud de los pueblos» que los enterramientos en los atrios de las iglesias cesasen en un plazo de tres meses. Los cementerios parroquiales pegados a las miasmas y cerca de las casas debían transferirse a lugares despoblados: al «término improrrogable» de tres meses se prohibiría formalmente todo enterramiento en los antiguos cementerios. La administración colonial se hacía cargo del asunto: se consultaría al gobernadorcillo y al cura de la parroquia, pero la elección del lugar donde se llevarían a cabo los futuros enterramientos recaería en el gobernador de la provincia.

  • 14 Los días 9 y 10 de octubre de 1820 corrió en Manila el rumor de que los extranjeros habían envenen (...)

12En esta primera mitad del siglo la presión se ejerció, pues, en dos direcciones. La primera era de carácter sanitario: la preservación de la salud pública, que se consideraba una prioridad absoluta que incumbía en exclusiva a la administración colonial. Lo ocurrido en Manila en 1820 había demostrado que, más allá de las pérdidas humanas, las epidemias podían provocar graves disturbios en el orden público14. La segunda razón era de carácter general: se trataba de afianzar el poder público y obligar al clero a conformarse con la ley. Sin embargo, las sucesivas disposiciones no tenían por objeto la secularización de los cementerios. Con la intención de conciliar la dimensión sagrada y los principios higienistas, los textos insistían en el carácter católico del espacio reservado a los muertos. La circular de 1848 denunciaba la profanación de los «venerados restos de los antepasados», debido a que los antiguos cementerios se habían transformado en lugares públicos, donde incluso se representaban comedias. Clavería, en 1848, y más tarde Norzagaray en 1857, insistían en los signos exteriores de pertenencia religiosa (capillas, cruces, inscripciones) que simbolizaban en los nuevos cementerios el «respeto y la contemplación» de los vivos hacia los muertos.

El cementerio «modelo» de Paco

13Manila, por su importancia demográfica, económica, política y simbólica, era un caso aparte. Todos los actores de la controversia estaban presentes en la capital: las administraciones coloniales y su máxima autoridad, el cabildo eclesiástico y las órdenes misioneras que administraban una o varias parroquias de la aglomeración. A diferencia de las otras ciudades de la colonia, la gestión de Manila corría a cargo de un ayuntamiento compuesto por españoles, peninsulares o criollos, que disfrutaba de las mismas prerrogativas que los otros cabildos seculares, emanaciones de las «repúblicas» diseminadas en el Imperio. Así pues, la élite ilustrada del Ayuntamiento de Manila, como sus homólogos americanos, se apoderó, a finales del siglo xviii, del expediente de los cementerios para afianzar su autoridad sobre la «policía de salubridad y comodidad».

  • 15 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845; según el arzo (...)
  • 16 NAP, Sanidad y Vacuna, Copiador de Oficios de la Junta Municipal de Sanidad de Manila 1820-1826, 9 (...)
  • 17 Las obras se acabaron en 1822 (NAP, Ayuntamiento, leg. 3, Libro de Actas de 1819; NAP, Cementerios (...)

14Ya, en 1793, se había examinado la posibilidad de levantar contribuciones para financiar un cementerio municipal y el ayuntamiento propuso encargarse de su construcción15. Los ingenieros militares se opusieron a un primer proyecto que consideraban demasiado cercano a las fortificaciones. En 1814, se colocó la primera piedra del camposanto al este de la plaza fuerte, en el término municipal del pueblo de San Fernando de Dilao (Paco). Al estallar la terrible epidemia de cólera de 1820 cundió el pánico: se acusó a los cementerios parroquiales de Tondo, Santa Cruz, Sampaloc, en la orilla derecha del río Pasig, y de Paco y Malate en la orilla izquierda, de emponzoñar el aire con miasmas mortíferos; los cadáveres, por falta de espacio, se abandonaban en las calles y los caminos, se tiraban a los esteros16. Frente a tal emergencia, el cementerio de Paco, en plena construcción, se habilitó de forma urgente17.

  • 18 Reglamento para la policia y gobierno, 1882; NAP, Ayuntamiento, leg. 3, Libro de Cuentas de 1853.
  • 19 Las tarifas de concesión aumentaron a lo largo del siglo: 16 pesos en 1822, 20 en 1863 y 33 en 188 (...)
  • 20 Reglamento para la policia y gobierno, 1822.
  • 21 Los obispos y los arzobispos recibieron el honor de la capilla. En 1867, a pesar de las protestas (...)
  • 22 En Manila, cuando se enterraba a un difunto en otro cementerio (parroquial o municipal) fuera de s (...)

15Tras la gran crisis de 1820, la situación se normalizó durante cerca de cuarenta años: el cementerio municipal de Paco acogía a los muertos de Intramuros, de Paco, de Ermita, y de las parroquias de la orilla derecha que no disponían de un cementerio propio (Binondo, Quiapo, San Miguel). La necrópolis municipal (fig. 1), de forma circular y estilo neoclásico, estaba dividida en dos partes: 522 nichos instalados en el recinto del cementerio acogían a los muertos de las familias lo bastante adineradas como para comprar una concesión, cualquiera que fuera la parroquia de origen18; la parte central se reservaba a los pobres enterrados de forma gratuita19. Paco, con sus muros de mampostería, sus árboles y plantas aromáticas para sanear el aire, era, a mediados de 1820, el cementerio de los sueños higienistas. Hábilmente, el Ayuntamiento ofreció garantías al clero. El reglamento no contenía ningún indicio de laicización del camposanto20: el capellán mayor, nombrado por el arzobispo con el acuerdo del gobernador general, llevaba los registros de las sepulturas. Enterraban gratis a los sacerdotes en nichos reservados y atribuyeron nueve tumbas a los dominicos para agradecerles la ayuda caritativa de la orden de predicadores durante la epidemia de 182021. Los derechos de sepultura que correspondían al cura de la parroquia de procedencia del difunto se respetaban en todo caso: antes de la inhumación la familia debía presentar un documento, firmado por el cura, que precisaba que se habían pagado22.

Fig.1. — Vista del cementerio municipal de Paco (El Oriente, año I, n.o 6, 1875).

Fig.1. — Vista del cementerio municipal de Paco (El Oriente, año I, n.o 6, 1875).
  • 23 La pasividad del arzobispado de Manila contrastaba con la decidida gestión del obispo Espada en La (...)
  • 24 NAP, Cementerios y Sanidad de Cementerios.

16Es cierto que la municipalización del cementerio de Paco era un caso único en Filipinas, pero representaba un precedente peligroso para el clero23. De hecho, en el seno del ayuntamiento, algunos reclamaban el cierre de los cementerios parroquiales y querían imponer la gestión exclusiva de las necrópolis de la capital «según preceptos de la ciencia»24. El clero era consciente del peligro.

«Acatar pero no cumplir»

  • 25 Carreras Panchón, Granjel, 2005; Clément, 1983, pp. 92-93.

17Al igual que en Europa o en Hispanoamérica, a finales del siglo xviii, la Iglesia colonial de Filipinas interpretaba la insistencia higienista de las autoridades coloniales como una acometida tanto hacia las santas tradiciones como a sus fuentes de ingresos25. Sin embargo, los contextos locales eran muy diversos: la topografía, la demografía, las rentas de las parroquias filipinas eran muy heterogéneas; tanto la determinación de los gobernantes como la resistencia de los párrocos variaban, y mientras que en una parroquia podía surgir un conflicto, los otros pueblos de la provincia podían mantenerse en calma. De estas innumerables microhistorias, se pueden, sin embargo, extraer ciertas generalidades.

Acatar, eludir, resistir: variedad de respuestas

a) Los enterramientos dentro de las iglesias

  • 26 AAM, 34B4/5. El arzobispo exigió un acuse de recibo por parte de los curas de la diócesis. Hay que (...)
  • 27 AAM, 34B4/6.
  • 28 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845.

18Las autoridades eclesiásticas acataron la prohibición de enterrar a los difuntos en los templos. La circular del arzobispo, con fecha de 29 de octubre de 1812, aludía a la voluntad de ciertos párrocos de mantener la tradición, pero firmemente y so pena de sanciones no determinadas, ordenaba a todos ellos que respetasen las disposiciones de la Cédula Real de 15 de mayo de 180426. Asimismo, en 1848, el arzobispo transmitió a los curas la circular de Clavería del 19 de enero27. El motivo de esa sumisión aparente no aparece con claridad en los documentos de que disponemos. Algunos párrocos tuvieron en cuenta, sin duda, el peligro que representaban, según los preceptos de la ciencia de la época, las emanaciones de miasmas en lugares cerrados y frecuentados por el público, pero la hipótesis de que se tratase de una elección táctica es más verosímil: las autoridades eclesiásticas optaron por hacer determinadas concesiones en esta cuestión para salvar lo esencial, es decir, la gestión exclusiva de los cementerios28.

  • 29 AAM, 34B4/1, expediente del enterramiento de una india, 1822.
  • 30 NAP, Ayuntamiento, leg. 74, 1832.

19Además, algunos curas siguieron enterrando a los difuntos dentro de las iglesias o en el atrio. Incluso los contraventores se amparaban en la cédula de 1804 para exigir a las familias una «multa» de 25 pesos que se añadía al precio de la sepultura abonado a la fábrica29. A principios de la década de 1830, los curas de Paco y de Quiapo abrieron discretamente algunos nichos en el atrio de la iglesia30. En 1838, el cura de Binondo seguía enterrando dentro de la iglesia y el ayuntamiento se enfureció, pues

  • 31 NAP, Ayuntamiento, leg. 32, Libro de Actas, 1838, sesiones del 3 de abril y del 5 de abril.

los curas párrocos que deben ser los primeros en cumplir los mandamientos que sobre este particular emanan del Superior Gobierno son los primeros en proporcionar al fanatismo medios para infringirlos31.

  • 32 AAM, 34B4/5.
  • 33 AAM, 34B4/5.
  • 34 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

20En ambos casos, el gobernador ordenó la destrucción de los cementerios clandestinos. Esta práctica era todavía habitual a mediados de siglo: en mayo de 1848, el cura de Tondo fue condenado a desenterrar un cuerpo colocado subrepticiamente en la iglesia, a transferirlo a su costa al cementerio municipal y a devolver la multa de 25 pesos que había percibido de forma indebida32. En julio de 1851, el gobernador general Juan Antonio de Urbiztondo pidió cuentas al arzobispo por estas transgresiones repetidas. Su contestación fue algo engañosa: estos casos, que implícitamente reconocía, no eran muy frecuentes, pues escasos eran los parroquianos lo bastante adinerados como para costear una sepultura tan costosa33. Para financiar el traslado de los cementerios, proponía incluso organizar una especie de extorsión legal: las familias más adineradas podrían contravenir la ley y enterrar a sus familiares dentro de las iglesias o en los atrios, a cambio de una «limosna» ¡de 50 a 100 pesos34!

  • 35 AAM, 34B4/5. El muy oficial Manual para uso de los párrocos (1879) no descartaba por completo las (...)

21La resistencia se hacía aún más fuerte cuando se trataba de la sepultura de los curas. A principios de la década de 1850, la tradición de enterrarlos dentro de las iglesias estaba tan arraigada que el gobernador general dio parte a las autoridades madrileñas y estas reiteraron, el 12 de junio de 1853, lo prescrito por los anteriores textos legales. Para evitar que la situación degenerase, el arzobispo envió una circular a los curas de la diócesis en la que exigía el cumplimiento de la ley. La posición del arzobispo era aún bastante ambigua, pues, al mismo tiempo, reafirmaba que los cadáveres de los curas debían ser tratados con especial decoro y estar separados de las tumbas de los demás parroquianos35.

  • 36 AAM, 34B4/1, carta del arzobispo al gobernador general, 7 de septiembre de 1878. Por entonces, est (...)
  • 37 La iglesia de San Agustín, la única que ha sobrevivido a las destrucciones de la Segunda Guerra Mu (...)

22A favor de la Real Orden del 1 de agosto de 1863, que reiteraba la interdicción de proceder a enterramientos dentro de las iglesias en todos los territorios españoles, el clero se apoyó en estas directivas para legitimar y perpetuar la antigua costumbre de la exhumación36: se enterraban los cuerpos en el cementerio durante un período de dos a cinco años y, a continuación, los huesos se trasladaban a un nicho o una tumba abiertos en los muros o en el suelo de la iglesia. El arzobispo argumentaba que esta práctica permitía conciliar la piedad de las familias y la higiene, puesto que esta osamenta árida no presentaba ningún peligro en cuanto a la salud pública y que se consultaba a un médico cuando la exhumación intervenía antes del plazo de los cinco años. Así pues, las iglesias de Manila, la catedral y las iglesias de los conventos «tienen sus pavimentos inundados de lápidas sepulcrales»37.

  • 38 APAF, n.o 305/2, lista por orden alfabético de sepulturas en la iglesia de San Agustín, sin fecha, (...)

23Estos actos de desobediencia y estas argucias se explican, en gran parte, por el interés pecuniario ocasionado por dichas sepulturas: las familias adineradas estaban dispuestas a gastarse sumas considerables para asegurar la salvación del alma de su difunto y también por prestigio social (fig. 2). La interdicción de esta costumbre parece incluso haber engendrado un aumento de las tarifas. El negocio era más que rentable: en 1838, el cura de Binondo habría cobrado de 60 a 70 pesos por cada inhumación clandestina. El precio del traslado de la osamenta a la iglesia de los Agustinos variaba en función del emplazamiento dentro del templo: 50 pesos en el coro y entre 80 y 120 pesos en las capillas de San Nicolás y de Santa Rita, las más cotizadas38.

Fig.2. — Estela funeraria de Jacobo Zóbel, iglesia de San Agustín, Manila (fotografía: Xavier Huetz de Lemps).

Fig.2. — Estela funeraria de Jacobo Zóbel, iglesia de San Agustín, Manila (fotografía: Xavier Huetz de Lemps).

© Xavier Huetz de Lemps

b) El traslado de los cementerios

  • 39 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845; AAM, 34B4/5.
  • 40 AAM, 34B4/6, respuesta con fecha del 7 de abril de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de febr (...)

24La insistencia reiterada de los textos confirma indirectamente que la legislación vigente sobre el traslado de los cementerios se aplicaba de manera muy imperfecta. Ya en la década de 1800, algunos curas decidieron invertir en cementerios conformes a la legislación (fig. 3). Fue el caso de los curas de Balíuag (Bulacán), de Balanga (Bataán) o de Tondo39. Con motivo de la inspección general que realizó de los pueblos del archipiélago, Clavería elogió a estos curas modelo y, cerca de medio siglo después, el cura de Balanga mencionaba con orgullo que para Clavería «su» cementerio era el más hermoso del archipiélago, después del de Paco, por supuesto40.

Fig. 3. — Plano del cementerio proyectado para el pueblo-parroquia de Obando (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 1).

Fig. 3. — Plano del cementerio proyectado para el pueblo-parroquia de Obando (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 1).

© Archdiocesan Archives of Manila

  • 41 AAM, 34B4/1, el intercambio de correspondencia es del mes de abril de 1858.

25En otras localidades, la eventualidad de transferir el cementerio provocó o volvió a despertar tensiones entre el cura, el municipio indígena y la administración provincial. El conflicto entre el alcalde mayor de Pampanga y el cura de los Ángeles a causa de la circular del 26 de noviembre de 1857, presenta un particular interés pues ofrece un buen panorama de los distintos actores implicados y de las tácticas que empleaban41. Las tensiones surgieron durante una inspección del gobernador, durante la cual pudo comprobar que el cementerio no cumplía con las normas. El gobernador llamó la atención al gobernadorcillo y exigió la prohibición terminante de los enterramientos en el atrio y que se trasladasen de inmediato los restos a un nuevo cementerio parroquial en la periferia del pueblo. Prudentemente, el gobernadorcillo descargó su responsabilidad: el cura le había afirmado que el cementerio existente, pegado a la iglesia, ofrecía todas las exigencias de higiene requeridas y que, pretendiendo estar demasiado ocupado, había rechazado en dos ocasiones sus propuestas de averiguar un lugar idóneo para construir una nueva necrópolis. El gobernador tomó las riendas del asunto. Eligió con el gobernadorcillo un emplazamiento, delimitó el futuro cementerio y lo cercó. Exigió que el cura viniese a bendecir el terreno y ordenó que en el futuro los difuntos se enterrasen en él, fuese bendecido o no. El cura siguió oponiéndose afirmando que la bendición requeriría la autorización del arzobispo y, en espera de esta, o bien los muertos no tendrían sepultura o se les enterraría en el atrio de la iglesia. Frente a una situación cada vez más tensa, las autoridades diocesanas buscaron un compromiso: el vicario de la provincia se interpuso y trató directamente con el gobernador, mientras el arzobispo autorizaba al cura para que bendijese el nuevo cementerio e invirtiese fondos de la fábrica en su construcción.

  • 42 AAM, 34B4/5.

26Este expediente refleja la actitud de la jerarquía eclesiástica a mediados de siglo. Si bien no consideraba el cierre de los cementerios parroquiales una prioridad, por razones que veremos más adelante, intentaba evitar que los conflictos locales adquiriesen una importancia exagerada, y, sobre todo defendían con ahínco los derechos de plena propiedad, entera y exclusiva del clero sobre los cementerios. Cuando la presión de la administración colonial, tanto a escala local como diocesana, se hacía demasiado insistente, o cuando no acatar la ley podía servir de pretexto para confiar la gestión de los cementerios a las autoridades locales (administración provincial, municipios indígenas, Ayuntamiento de Manila), las autoridades eclesiásticas hicieron concesiones. Así pues, en 1848, tras la ofensiva de Clavería, el arzobispo aprobó todas las peticiones de fondos formuladas por los curas42. Sin embargo, estas no eran más que maniobras dilatorias, pues en esta guerra fría en la que los cementerios eran los puntos candentes, la determinación del clero permanecía inalterable.

Estrategias argumentativas

a) El cuestionamiento de la urgencia médica

  • 43 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

27El clero trató de demostrar que, en Filipinas, los cementerios no planteaban los mismos problemas sanitarios que en otros lugares del Imperio, donde eran amplios, estaban bien ventilados y apartados43:

  • 44 AAM, 34B4/6, contestación del 25 de febrero de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de febrero (...)

Pues es sabido que las casas en estos pueblos se encuentran diseminadas por todas partes hasta grandes distancias según el gusto caprichoso de los naturales44.

  • 45 En los pueblos de Filipinas, la palabra «convento» designa la casa parroquial.

28En las primeras décadas del siglo y, al menos en las zonas rurales, este argumento correspondía a una realidad morfológica: la densidad de población era todavía bastante baja y, en la mayoría de los pueblos, el conjunto formado por la iglesia, el convento45, la escuela y el cementerio, estaba o quedaba un poco apartado para mejor traducir su importancia simbólica en el espacio.

  • 46 AAM, 34B4/1, contestaciones de los curas a la circular del 24 de febrero de 1848, carta al arzobis (...)
  • 47 AAM, 34B4/6, contestación del 25 de febrero de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de diciembr (...)

29Determinados miembros del clero no se desentendieron de la salud pública y desearon con sinceridad conciliar las exigencias de la fe con las de la medicina. Bien es verdad que, según el discurso oficial de los médicos, eran ellos los primeros expuestos al contagio, pues la celebración de los funerales les ponía en contacto físico con los muertos y los cementerios parroquiales se encontraban cerca de su lugar de trabajo, la iglesia, y del convento donde residían. Así pues, el cura de Bacoor deseaba el traslado del cementerio que estaba pegado a la casa parroquial «que es la que está más expuesta a cuanto se cree emana de los cementerios»46. Medio siglo después, el cura de Orión quiso trasladar el cementerio lejos del huerto del convento y, por temor a la contaminación, enterraba a los difuntos muy profundamente47.

  • 48 Carreras Panchón, Granjel, 2005, p. 612.

30Sin embargo, estos eran casos aislados y la mayoría de los curas, al igual que los prelados metropolitanos de finales del xviii48, ponían en duda los argumentos de los médicos higienistas. La posición del arzobispo, en 1845, no podía ser más clara:

  • 49 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

O sea por el calor del clima y naturaleza del terreno que no permiten se conserven largo tiempo sin disolverse los Cadáveres como en otras partes, o sea por los frecuentes e impetuosos vientos que en esta región circulan, el hecho es que la práctica de enterrarse en los Cementerios en el centro del pueblo, y aún en las iglesias, jamás ha producido aquí epidemias, y solo cuando estas por otras se hallan entabladas, se hace peligroso continuar en la práctica referida49.

  • 50 AAM, 34B4/5, con fecha del 9 de noviembre de 1821, este documento está en muy mal estado y se lee (...)

31Al postulado higienista que relacionaba la descomposición de los cuerpos y la enfermedad, determinados curas oponían argumentos basados en la observación empírica. Uno de ellos, fray Francisco de Guascueña de Maycaso, cura de Meycauayan (Bulacán) contestó en estos términos a la circular del arzobispo del 2 de julio de 182150:

No ay [sic] inconveniente ni peligro alguno en la salud al enterrar los cadáveres en los Patios de las Iglesias, y aún en estas nunca lo huvo con la va(?)nia de toda la Pharmacopea; y respondan este argumento los Sres. Médicos en comprobación de lo dicho: ¿Quienes [sic] son los mas espuestos [sic] a participar los malos efluvios de los cadáveres en las Iglesias? precisamente son los Clérigos, Frailes y Monjes que se eternizan en ellas: pues hasta ahora no oy quejas de estos de sus enfermedades contraidas en las Iglesias por dichos malos efluvios.

32Recordando al arzobispo que en tiempo de confesiones durante la Cuaresma, el cura y sus coadjutores podían pasar siete, ocho e incluso nueve horas al día en el confesionario, daba rienda suelta a su ironía mordaz:

Ahora bien Señores médicos y a estos Ministros del Evangelio ¿cómo no les dañan los malos efluvios de los cadáveres, ni contraen enfermedades? respondan al argumento y entonces tendremos la humildad de coopinar con ellos que los efluvios de los cadáveres sean causativos de muchas enfermedades, pero entretanto debemos confesar ser opinión falsa, como la experiencia nos lo enseña: por lo cual si a los que tienen su residencia en las Iglesias con todos sus sirvientes y Sacristanes no les dañan los efluvios dichos, dañaran a los Sres. Médicos y Seculares, que apenas aparecen por las Iglesias dichas? Si dicha opinión médica fuera cierta no hallariamos [sic] quien nos administrasen [sic] los Sacramentos, y muchos siglos ha que se hubiera remediado tanto daño, sin esperar a estos tiempos llenos de novedades, y de mucha presunción en los dichos médicos que fueron la causa del dicho mandato del Soberano.

b) Los intereses materiales

  • 51 Este argumento se apoyaba en el derecho canónico, las Leyes de Indias y hasta las mismas Reales Cé (...)
  • 52 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.

33Para la jerarquía eclesiástica, los cementerios, además de su carácter sagrado, eran bienes inmobiliarios privados y se veían protegidos por un derecho de propiedad absoluto y exclusivo. El cierre de los cementerios parroquiales significaría un expolio que no podría realizarse sin una indemnización compensatoria cuantiosa51. En 1884, el arzobispo de Manila reiteraba que no sólo la elección del lugar de la sepultura pertenecía en exclusiva a la autoridad eclesiástica, sino que «desde el momento que haya sido consagrado pertenece a los bienes de la Iglesia inalienables», incluso si se habían invertido fondos municipales52.

  • 53 AAM, 34B4/6, carta del secretario del ayuntamiento al cura de Binondo, 6 de noviembre de 1845.
  • 54 AAM, 34B4/4, carta del arzobispo al gobernador general, 28 de junio de 1845. El gobernador general (...)
  • 55 Respecto a las especulaciones macabras de este tipo, véase el expediente de obras a ejecutar en el (...)

34Por otra parte, la recaudación de los derechos funerarios era una fuente de ingresos que no dejaba indiferente ni al clero ni a la municipalidad de Manila. En 1845, el inspector municipal de los cementerios, preocupado por la rápida saturación de la necrópolis de Paco, propuso al cura de Binondo la apertura de un modesto cementerio —¡pero conforme a las normas!— donde el sacerdote podría enterrar a los difuntos de escasos recursos de su parroquia, los que ocupaban mucho sitio en «su» cementerio, mientras que los muertos «rentables», capaces de costear un nicho, se seguirían enterrando en el cementerio de Paco53. En junio de 1856, el ayuntamiento reclamaba el cierre del cementerio parroquial de Paco, municipio donde se había abierto en 1820 el cementerio de Manila. El arzobispo propuso al cura de Paco que renunciase a negociar los nichos de su cementerio para evitar toda concurrencia con los del cementerio de Paco. El cura se negó en rotundo: «sus nichos» eran muy rentables porque, gracias a una sabia política de dumping, eran un tercio más baratos que los del cementerio municipal54. Los curas sabían hacer las cuentas55.

  • 56 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

35En la primera mitad del siglo xix, las autoridades diocesanas se valían de la pobreza de las parroquias para justificar la desobediencia a las disposiciones reales. Según el arzobispo, las rentas de las fábricas eran tan limitadas que apenas permitían asumir el servicio diario del culto56. Puesto que los curas debían obtener el aval del obispado para invertir los fondos de la fábrica o de las cofradías parroquiales, la correspondencia entre estos y el arzobispo de Manila permite evaluar la veracidad de este argumento.

  • 57 Las parroquias poseían a veces terrenos, en general, donaciones de los notables (principales) al s (...)
  • 58 AAM, 34B4/4, fray Mariano Martínez, cura de Pililla, al arzobispo, 1 de septiembre de 1888.
  • 59 AAM, 34B4/6, respuestas de los curas de Calapán y de Baler a la circular del arzobispo, 21 de febr (...)
  • 60 AAM, 34B4/2.
  • 61 AAM, 34B4/2, 1848.

36Para construir un nuevo cementerio, en la mayoría de los casos, la parroquia tenía que adquirir un terreno57. Era difícil escoger cuando el cura ignoraba los «requisitos exigidos por la moderna ciencia»58. La topografía de ciertos pueblos era accidentada; en otros los terrenos se encharcaban durante el monzón y hubiera sido necesario ubicar el nuevo cementerio muy lejos del pueblo59. Algunas jurisdicciones municipales eran muy reducidas; en otras, no había ningún terreno en venta o bien estos pertenecían al clero regular. A mediados de siglo, en la provincia de La Laguna, los curas de Biñán y Calambá tuvieron que negociar con los dominicos, cuyas haciendas ocupaban la totalidad del suelo disponible60. Una vez adquirido el terreno, faltaba construir el cementerio, vigilarlo y mantenerlo en un archipiélago en el que los edificios, de mampostería o de materiales ligeros, se veían sometidos a fuertes presiones medioambientales. En las provincias, el personal cualificado escaseaba: el pulso dudoso de un maestro de obras, o del mismo cura, alzaba los «planos» del futuro cementerio, y el cura de Boac (Marinduque) estuvo encantado de poder beneficiarse de los servicios de un dibujante aficionado, un español europeo de vacaciones en el pueblo61.

  • 62 AAM, 34B4/2, carta del cura de Balíuag (Bulacán) al arzobispo, 16 de mayo de 1848.
  • 63 AAM, 34B4/2, carta del cura fray Victorino del Moral al arzobispo, 13 de junio de 1848.
  • 64 AAM, 34N4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.
  • 65 AAM, 34B4/2, carta al arzobispo, 9 de diciembre de 1887.

37La construcción era costosa: el cura de Balíuag evaluaba el nuevo camposanto de la parroquia en tres años de ahorros62; el cementerio nuevo de Bocaue (fig. 4), costó 3500 pesos63. No todas las parroquias tenían las mismas posibilidades: algunas tenían medios para construir un camposanto de piedra, con una hermosa capilla, mientras que otras apenas llegaban a financiar una cerca vegetal (de madera o de caña) y una humilde cruz de madera (fig. 5). En 1845, el arzobispo abogaba por una legislación menos rígida que tuviese en cuenta estas desigualdades64. La desesperación del cura de Cainta al recibir la orden del gobernador de la provincia de Morong de transferir el cementerio parroquial no era fingida: la parroquia no tenía un céntimo65.

Fig. 4. — Plano y perfil del proyecto de cementerio octogonal para el pueblo-parroquia de Bocaue (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).

Fig. 4. — Plano y perfil del proyecto de cementerio octogonal para el pueblo-parroquia de Bocaue (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).

© Archdiocesan Archives of Manila

Fig. 5. — Plano de un humilde cementerio, con cerca y capilla de materiales ligeros, proyectado para el pueblo-parroquia de Cabiao (provincia de Nueva Écija), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).

Fig. 5. — Plano de un humilde cementerio, con cerca y capilla de materiales ligeros, proyectado para el pueblo-parroquia de Cabiao (provincia de Nueva Écija), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).

© Archdiocesan Archives of Manila

  • 66 AAM, 34B4/1, contestaciones de los curas a la circular del 24 de febrero de 1848; carta del arzobi (...)
  • 67 La práctica, habitual en el servicio de las iglesias (sirvientes de iglesia), fue legalizada por e (...)

38La correspondencia entre el arzobispo y los curas de la diócesis revela, sin embargo, que para la mayoría de estos el mantenimiento o el traslado del cementerio no era un gasto prioritario; preferían invertir en la restauración de las iglesias, o del convento, adquirir vestiduras litúrgicas, vasos sagrados, retablos, campanas, en lugar de imponer un gravamen en las cuentas de la parroquia a beneficio de los difuntos66. De igual forma, la falta de recursos era consecuencia de una opción política: para evitar que el poder colonial interviniese en su gestión, el clero insistió en que los fondos parroquiales financiasen los cementerios hasta el último peso. No tenemos conocimiento de que se haya presentado ningún requerimiento de préstamo o subvención a los municipios, a la administración provincial o a las autoridades centrales. En cambio, el clero solicitó a las autoridades de forma puntual que le facilitasen polistas —sujetos sometidos a la prestación personal— para el mantenimiento de los cementerios67.

c) Los intereses de poder

  • 68 Elizalde, Huetz de Lemps, 2014.
  • 69 Posteriormente dedicaremos un estudio a esta cuestión.
  • 70 AAM, 34B4/1, carta del cura párroco del pueblo de Pilar al arzobispo, 8 de noviembre de 1854. Para (...)

39El caso de los cementerios permitió al poder colonial afirmarse como único depositario de la autoridad pública. Esta pretensión se contradecía con la tradición que delegaba en los curas-misioneros amplias responsabilidades, tanto formales como informales, para controlar y vigilar los pueblos-parroquias del archipiélago. No es lugar adecuado para indagar sobre esta opción colonial68, pero tres puntos merecen nuestra atención: a lo largo del siglo xix, algunas reformas limitaron en teoría esta delegación del poder administrativo; asimismo, la administración colonial, por falta de personal lo bastante cualificado, no pudo prescindir del apoyo del clero; por último, la influencia temporal del clero era inseparable de su poder sobre las conciencias, y el control de los muertos era uno de los fundamentos de este poder moral. La amenaza de negar una sepultura en tierra cristiana o de marginalizar al difunto en una zona periférica del cementerio era un arma de control y de presión —incluso de chantaje— sobre las familias, vulnerables ante la muerte inminente o ya acaecida de su pariente. Así pues, los curas gozaban de una amplia autonomía —arbitraria según los anticlericales— que les permitía apoyarse en las modalidades de las exequias y en el lugar de la sepultura para favorecer o, al contrario, castigar a los fieles en función de su fe y de su sometimiento a las directrices del cura69. Las competencias administrativas de que gozaban permitían a los curas hacer presión sobre las autoridades municipales y provinciales. Los curas de la provincia de Bataán, «perseguidos» por el gobernador de la provincia, que denunciaba el estado lamentable de los cementerios, se negaron a abrir los registros parroquiales a los gobernadorcillos y a los cabezas de barangay: sin posibilidad de actualizar los padrones, el cobro del tributo se paralizó de inmediato70.

40A otro nivel del análisis, la controversia de las sepulturas nos informa sobre el funcionamiento del Patronato Real y sobre la voluntad de las autoridades diocesanas de proteger a toda costa sus fueros. En 1886, una querella, a primera vista sin importancia, opuso al cura de Pateros y al gobernador de la provincia de Manila. El primero se negaba a obedecer una orden de sepultura y a comparecer ante el tribunal provincial por desobediencia. El arzobispo, informado por el gobernador, ordenó al cura acatarla, pero aprovechó la ocasión para recordar a la administración colonial que la autoridad episcopal era soberana para decidir quién debía o no recibir una sepultura cristiana:

De haberse seguido este camino, no dude V. E. que se hubiera acelerado mucho la terminación de este incidente y evitado resistencias que acaso resulten justificadas por la necesidad de defender fueros sagrados.

  • 71 AAM, 2A2/5, carta del arzobispo al gobernador de la provincia de Manila, 17 de septiembre de 1886.

41Sobre la vertiente judicial del expediente la respuesta es mordaz: «El Párroco en el ejercicio de su ministerio es sólo responsable ante su propio Prelado»71.

d) Filipinas, tierra católica

  • 72 Lauwers, 1999 y 2005; Martorell Linares, 2017.

42El ahínco del clero colonial por custodiar «sus» cementerios iba más allá de estas consideraciones sanitarias, económicas o políticas. Se fundaba en la profesión de fe que había movido al clero colonial desde la Conquista: Dios había confiado a sus servidores la misión de hacer de Filipinas una tierra cristiana, incluso un modelo de cristiandad, y todos los esfuerzos debían tender hacia esta meta suprema. Esta misión espiritual sería la sola y única legitimización de la conquista y del dominio temporal de España. El caso de los cementerios nos muestra que para el poder espiritual la expresión «tierra cristiana» no era una metáfora: los cuerpos de los difuntos cristianos tenían que ser depositados próximos a los de los vivos para la salvación de sus almas, pero también porque pertenecían a la comunidad y porque esta proximidad física era una prueba material del triunfo de la fe sobre el paganismo. Hay que recordar que, al igual que en la América hispana, la conquista espiritual del archipiélago consistió en el agrupamiento de los nuevos conversos bajo las campanas. En la reducción de indios, al igual que en la Europa cristiana, no era por simple comodidad que el cementerio se encontrara junto a la iglesia: el cementerio era el apoyo visual de una predicación basada en la fragilidad de la vida y la comunión entre vivos y difuntos; era la prueba material de que los difuntos autóctonos habían adoptado durante su vida la fe verdadera y era prueba para el futuro de que sus descendientes no volverían a sus cultos paganos, a sus creencias primitivas, que precisamente otorgaban un papel primordial al culto de los muertos. En pocas palabras, el cementerio era, en Filipinas al igual que en toda la cristiandad desde la época medieval, una parte inherente de la Iglesia72.

  • 73 AAM, 34B4/2, carta al arzobispo en contestación a la circular del 24 de febrero, 16 de mayo de 184 (...)

43El alejamiento del cementerio significaba la ruptura de este lazo físico, simbólico y espiritual entre los vivos y los muertos; según los misioneros, ponía en peligro nada menos que el proceso de evangelización, aún frágil, de las islas Filipinas. En 1848, el cura misionero de Balíuag (Bucalán), que tenía una percepción muy negativa de la religiosidad de sus feligreses, rechazaba la idea de un cementerio alejado del pueblo: dada «la apatía de los indios», los cuerpos tardarían en recibir sepultura; dada «la vanidad de los indios» los iban a enterrar sin cuidado lo más cerca posible de la cruz y de la capilla; peor todavía «quedará a los indios una ocasión cómoda de resucitar las antiguas supersticiones sobre esta materia, que tanto costó a nuestros mayores desarraigar»73.

La crisis de final de siglo

  • 74 Smith, 1978; Huetz de Lemps, 1990; Bevoise, 1995.

44Durante las tres últimas décadas del siglo xix, los debates sobre el asunto de las sepulturas se tensaron a causa de la evolución del contexto. En primer lugar, las Filipinas sufrieron una grave crisis demográfica, que preocupó a la administración colonial74. Por otra parte, a partir de 1868, se articuló poco a poco un protonacionalismo filipino y los ilustrados hicieron del clero, de las órdenes misionales en particular, el blanco privilegiado de su crítica de la dominación colonial. El dominico Pedro Payo y Piñeiro, arzobispo de Manila del 28 de enero de 1876 al 1 de enero de 1889, tuvo que defender los intereses de la Iglesia en tiempos revueltos.

La creciente presión administrativa

a) Los brotes coléricos y la afirmación del poder administrativo

  • 75 Las reticencias de las órdenes misioneras al fraccionamiento de las parroquias por temor a perderl (...)

45En 1863, 1882 y 1888-1889, el cólera azotó con violencia al archipiélago y estos brotes evidenciaron las imperfecciones de las infraestructuras funerarias. A causa del fuerte crecimiento demográfico iniciado en Filipinas a mediados del siglo xviii, las zonas urbanas se densificaron, por lo que un buen número de cementerios se encontraron enclavados en las mismas y quedaron saturados, incluso en situaciones sanitarias normales75. Es obvio que cada epidemia resaltó estas deficiencias y los poderes públicos tomaron medidas de urgencia, pero también idearon soluciones más radicales que amenazaban el monopolio del clero sobre los muertos.

  • 76 AAM, 34B4/6, carta del secretariado del Ayuntamiento al cura de Binondo, 6 de noviembre de 1845.
  • 77 En 1859, se realizó una primera ampliación que permitió aumentar el número de nichos (de 522 a 124 (...)
  • 78 Las listas de los nichos ocupados por más de tres años se publicaban en la prensa y, si las famili (...)
  • 79 NAP, Cementerios, informe de la Subdelegación de Medicina y Cirugía, 19 de julio de 1883; AHN, Ult (...)

46El ejemplo de Manila ilustra este proceso. El cementerio municipal de Paco presentaba síntomas evidentes de saturación ya desde mediados de siglo76. Los nichos reservados a los difuntos de las familias adineradas no eran lo bastante numerosos y la zona reservada a los enterramientos no llegaba a absorber los cuerpos de los pobres de la plaza fuerte, de los hospitales o de los barrios que no poseían cementerios parroquiales. El ayuntamiento había aumentado varias veces la capacidad del cementerio77 y había organizado una rotación lo más rápida posible de los cuerpos78, pero la epidemia de cólera de 1863 reveló la magnitud de las necesidades: los cuerpos depositados en el osario no estaban descompuestos del todo, los nichos exhalaban un hedor insoportable, la tierra estaba saturada de osamentas y cuerpos putrefactos, era necesario cubrir los cadáveres de cal para acelerar la descomposición. Ante el caos, el consejo municipal consideró la necesidad de construir una o varias necrópolis en la periferia para sustituir de una vez por todas los cementerios existentes79.

  • 80 NAP, Ayuntamiento, leg. 13, proyecto de presupuesto para 1869; NAP, Cementerios; AHN, Ultramar, le (...)
  • 81 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de Vicente Carranceja, 20 de julio de 1864.
  • 82 NAP, Cementerios; AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de los consejeros Vicente Carranceja y (...)
  • 83 Algunos regidores abogaban por una sola y gran necrópolis, otros eran favorables a la construcción (...)
  • 84 Se consideraba la posibilidad de tres lugares: la loma de Sampaloc al nordeste, la loma de Santa C (...)
  • 85 ¿Se debía dar preferencia a los nichos, que se consideraban insalubres, pero que los notables de M (...)
  • 86 El arzobispo apoyó esta petición, AAM, 34B4/1, exp. 30; NAP, Sanidad de Cementerios.

47No le faltaban argumentos al consejo municipal para defender su proyecto. En primer lugar, la urgencia sanitaria: tomando como modelo los estados europeos, la política sanitaria de los cementerios de Manila debía estar bajo la autoridad de un funcionario público asistido por un médico; los cementerios de Manila —incluido el de Paco— demasiado pequeños, enclavados en la ciudad y responsables en apariencia de vehicular los miasmas del cólera, pero también del paludismo y la tuberculosis, debían cerrarse80. En segundo lugar, el cierre de los cementerios permitiría la venta de parcelas urbanizables, codiciadas por los notables81. Por último, una nueva necrópolis aportaría un incremento de las rentas municipales82. A pesar de todo, el expediente quedó empantanado durante cerca de veinte años. Se discutió sobre el número ideal de necrópolis83, sobre la localización de dichos cementerios84 o bien sobre su organización interna85. Como es lógico, el clero de la capital se opuso frontalmente a dicho proyecto: avisados por los rumores, los curas de Manila firmaron el 28 de septiembre de 1868 una protesta colectiva en nombre de las leyes «eclesiásticas y civiles de la Monarquía»86.

  • 87 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5.
  • 88 NAP, Ayuntamiento, leg. 13, 1875; AHN, Ultramar, leg. 5249, informe sobre la propuesta de decoraci (...)
  • 89 NAP, Orden Público, leg. 14, 4 de septiembre de 1882; AHN, Ultramar, leg. 5249, informes de propos (...)

48La epidemia de 1882 marcó una nueva pauta. A principios del año, el consejero Francisco de Paula Rodoreda, experto en la materia pues era marmolista, y el arquitecto Antonio Ulloa, redactaron un proyecto de cementerio general situado en la loma de Santa Cruz al norte de la aglomeración. La lentitud proverbial de la marcha de los expedientes en Filipinas permitía suponer un «entierro administrativo» del proyecto cuando los vibriones del cólera aparecieron87. Fue tal la violencia de la epidemia que no se sabía dónde enterrar a los difuntos: los cementerios de Paco, Tondo, Santa Cruz y Sampaloc estaban saturados y rodeados de edificios habitados; los nichos de Paco, dañados por el terremoto de 1880, estaban inutilizados88. Se produjo un espectáculo desolador: el regidor de Santa Cruz recibió cadáveres medio descompuestos del cementerio de Tondo que este no podía acoger, se abrieron grandes fosas comunes, los sepultureros escaseaban y la tropa debía vigilarlos para que no abandonasen los cuerpos donde les pareciera89.

  • 90 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 11; NAP, Cementerios; bando del Gobierno Civil de Manila, 19 de sept (...)
  • 91 Informe del consejero Luis R. de Elizalde, 21 de mayo de 1884 (NAP, Cementerios).

49El enérgico gobernador general Miguel Primo de Rivera se hizo con el expediente y el Ministerio de Ultramar, por temor a una posible contaminación de la Península, le autorizó a tomar medidas de urgencia. Primo de Rivera ordenó, el 19 de septiembre de 1882, el cierre inmediato de todos los cementerios existentes. Tras haber visitado todos los emplazamientos propuestos desde 1864, decidió que en el futuro todos los cuerpos deberían ser enterrados en la loma de Santa Cruz, en un terreno de 12 hectáreas cedido por la pareja Teresa de la Paz y Benito Legarda y por la comunidad china, en el lugar donde se hallaba su propio cementerio90. A primera vista, el ayuntamiento había ganado una batalla decisiva frente al clero: el nuevo cementerio de la Loma quedaba bajo su jurisdicción e incluso obtuvo que una comisión compuesta por un regidor, el arquitecto municipal y un médico titular de la provincia de Manila inspeccionase en el futuro todos los cementerios de la capital91.

  • 92 NAP, Cementerios, carta del corregidor Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de 18 (...)
  • 93 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.
  • 94 NAP, Orden Público, leg. 14, carta del cura de Santa Cruz, 11 de septiembre de 1882.
  • 95 NAP, Cementerios, carta del corregidor Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de 18 (...)

50El autoritarismo de Primo de Rivera provocó tensiones entre los poderes públicos, el ayuntamiento, la administración provincial y el clero. El arzobispo no apreció en absoluto que el gobernador general no le hubiera consultado, que se acusase a los curas recalcitrantes de insubordinación y que se les amenazase con sanciones administrativas92. Dos años después, le recordó con amargura, al sucesor de Primo de Rivera, Joaquín Jovellar, que esta decisión había menoscabado «los sagrados derechos de la Iglesia, de cuya autoridad se prescindía cerrando y abriendo cementerios, olvidando sin duda que estos, en su calidad de lugares sagrados, están sujetos a la autoridad eclesiástica», y que no había protestado para evitar «promover competencias ruidosas» en un contexto ya tenso93. Durante la epidemia, el poder civil presionó al clero para que «acelerase» los funerales: los muertos del cólera debían ser enterrados en la hora y el mínimo retraso daba lugar a amonestaciones94. Se precisó de toda la diplomacia del corregidor Vicente Barrantes para calmar los ánimos y llegar a un modus vivendi entre el arzobispo y el consejo municipal95. En las provincias, la epidemia tuvo consecuencias similares y se abrieron con urgencia cementerios provisionales para enterrar, lejos de los lugares habitados, los cuerpos de los muertos por el cólera.

b) El conflicto de 1887-1888

  • 96 Véase la contribución de María Dolores Elizalde en este libro.
  • 97 Sobre estos tres protagonistas, véase Schumacher, 1973, pp. 97-98. Sobre la carrera de Quiroga, vé (...)
  • 98 AAM, 7D11/10.

51El 12 de febrero de 1885, Emilio Terrero y Perinat fue nombrado gobernador general96. Su mandato supuso un ataque sin precedentes contra el poder temporal y espiritual del clero en el archipiélago. Más que Terrero, los responsables fueron dos funcionarios españoles que ocupaban por entonces dos puestos clave en la administración colonial: Benigno Quiroga y López-Ballesteros, director general de la administración civil y José Centeno y García, gobernador de la provincia de Manila97. Las primeras escaramuzas se produjeron desde el primer día del mandato de Quiroga, el 1 de julio de 1887, pero en realidad la tensión era patente desde 1884, fecha en la que las importantes reformas fiscales habían reducido la ayuda pública al clero98.

  • 99 Un buen resumen en Schumacher, 1973, pp. 98-99; véase también Díez Muñiz, 1991.
  • 100 Es evidente que los colaboradores de Quiroga, sin duda miembros de la Inspección General de Sanida (...)
  • 101 AAM, 7D11/11. La totalidad del informe se conserva en AHN, Ultramar, leg. 5266, exp. 26. La circul (...)

52El primer enfrentamiento sobrevino el 19 de octubre a causa de un conflicto de precedencia entre las distintas comunidades étnicas de Binondo (indios, mestizos y chinos) con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El cura dominico de la parroquia, José Hevia Campomanes, y en consecuencia, las órdenes religiosas de la diócesis, se vieron implicados en una polémica que duró más de un mes, la cual revela las complejas relaciones étnicas existentes en la capital99. Entretanto, Quiroga firmó100 el 18 de octubre una circular dirigida «a los jefes de provincias y distritos», publicada en la Gaceta de Manila al día siguiente y transmitida oficialmente el día 25 del mismo mes al arzobispo, junto a una petición de colaboración, que una vez leída, es claramente una provocación101.

  • 102 Es posible que Quiroga se inspirara en un texto metropolitano de 1884 (Elías de Molins, Legislació (...)
  • 103 Ulteriormente, dedicaré un estudio a la regulación colonial de las prácticas funerarias autóctonas

53En nombre de la «conservación de la salud pública y la vida de los ciudadanos», Quiroga se apoyaba en la Ley de Sanidad del Reino del 28 de noviembre de 1855102, extendida a Filipinas por la Real Orden de 19 de julio de 1882, para regular la cuestión de las sepulturas «por ser tantas, tan numerosas y continuas las faltas que desea corregir». La primera decisión trataba de las condiciones del traslado de los cuerpos, juzgadas antihigiénicas, irrespetuosas y contrarias «a las reglas y costumbres de los pueblos cultos»103. Sobre esta cuestión, las autoridades eclesiásticas estaban más o menos de acuerdo con la posición de la administración, pero no era el caso en lo que a la disposición siguiente se refiere, que trastornaba las tradiciones funerarias de la Iglesia colonial:

  • 104 Quiroga recuerda que es necesario observar un plazo de 24 horas entre la muerte y la inhumación.

Acontece en cambio104 con frecuencia, que el cariño y muchas veces la ostentación retienen los cadáveres en la casa mortuoria más tiempo del necesario y conveniente, o los hacen conducir a las Iglesias, en las que son expuestos al público, celebrándose en su presencia las ceremonias religiosas de misa y funeral, y en estos casos deberá V. S. mostrarse inflexible no consintiéndolo en manera alguna. Cuantos de higiene pública se han ocupado, han establecido la prohibición de conducir los cadáveres y exponerlos en los templos, como perjudicial a la salud pública, […] por lo que, y reconocida la exactitud de tales observaciones en todas épocas, se prohibieron los funerales de cuerpo presente: importante disposición que muchas veces se relegó al olvido por las preocupaciones y el orgullo que se arrastra hasta más allá del Sepulcro.

54Estas medidas de precaución eran aún más necesarias en el cálido clima de Filipinas. Quiroga pedía de forma implícita a los gobernadores de las provincias que prohibiesen la entrada de los cuerpos en los lugares de culto. La última disposición se apoyaba en una extensa lista de textos que insinuaban que no se habían cumplido y recordaba que los cementerios debían imperativamente estar alejados de los lugares habitados. Quiroga se valía de una retórica muy hábil:

  • 105 Como si no supiera que lo eran todos, a excepción del de Paco.
  • 106 Se dirige a los gobernadores de provincia.

Si el cementerio fuese eclesiástico105 y desgraciadamente ocurriese en él algo contrario a este respeto, V. S.106 usando de su celo y en las buenas relaciones que debe guardar con la autoridad eclesiástica, y en todo caso usando de las facultades que a V. S. otorgan las leyes, procurará y hará que la falta se corrija, exigiendo su completo cercamiento, su aseo o su ornato, según el caso lo requiera.

Llamo con todo interés la atención de V. S. sobre los preceptos legales que hacen referencia a la situación de los lugares destinados a enterramiento. En el caso de que en algún punto del distrito de su mando existiese algún Cementerio dentro de su poblado, no podrá V. S. sin grave responsabilidad y sin demostrar verdadera negligencia, pasar más tiempo sin proceder a su clausura, sujetándose por ello a las formalidades previas del expediente que deberá V. S. formar: cuando el caso lo requiera, se incoará el oportuno expediente de construcción del nuevo Cementerio, en armonía con las necesidades de la población y la conveniencia de la salud pública.

  • 107 Fernández, Arcilla, 1971, pp. 495-527.
  • 108 En la carta que acompañaba la circular, el gobernador general acusaba al clero de insubordinación (...)

55La última frase no evocaba tan siquiera un eventual acuerdo con el clero. En la provincia de Manila, el gobernador civil Centeno difundió la circular de Quiroga de inmediato. Mandó fijar carteles en tagalo en los lugares públicos en los que ordenaba el traslado de los difuntos directamente desde su lecho de muerte al cementerio y prohibió percibir derechos de estola por los funerales y el entierro107. Por el Superior Decreto del 23 de noviembre de 1887, el gobernador general Terrero extendió la circular de Quiroga a todo el archipiélago108.

56Si se examina con atención este texto, es evidente que las intenciones de Quiroga iban más allá del discurso higienista dominante desde principios del siglo: el objetivo era prohibir o, al menos, limitar la intervención de lo religioso en el espacio público, tanto en sentido propio como figurado. Por primera vez, en Filipinas, funcionarios coloniales afirmaban en público que la muerte y el luto podían —e, incluso, debían en nombre de la salud pública— escapar a la religión y al clero. Además, esta ofensiva no presentaba ninguna relación con la cronología de las epidemias, puesto que era posterior a la de 1882-1883 y anterior a la de 1888-1889. El que no coincidiesen las fechas tiene sentido. En efecto, el hecho de que se prohibieran las exequias de cuerpo presente tenía precedentes, pero hasta entonces se trataba de disposiciones en relación con urgencias epidémicas.

  • 109 AAM, 34B4/6, Superior Decreto del 13 de febrero de 1872.

57A principios del año 1872, el gobernador general ordenó que los muertos por enfermedad contagiosa fuesen trasladados desde la casa del fallecido al cementerio, pero esta medida temporal, debida a una violenta epidemia de viruela, sólo atañó a la provincia de Manila109. De igual forma, una circular de 1882, dirigida a los curas de la aglomeración de Manila, prohibió los funerales ostentosos, pues la ansiedad podía predisponer a «los ánimos débiles» a contraer el cólera:

  • 110 AAM, 3B6/4, circular del 22 de agosto de 1882. La ejecución de estas medidas dio lugar a algunos i (...)

A fin de evitar que el sonido de las campanas y el aparato de la administración de los Santos Sacramentos influyan en este sentido, prohibimos las exequias de cuerpo presente, y disponemos que no se toquen aquellas [campanas] para anunciar la agonía, ni la salida del viático, y que éste se administre sin pompa, para sin faltar a las rúbricas, y siempre con la cautela que demanda la propensión al vómito propia de la dolencia110.

58En realidad, el objetivo de la circular de Quiroga era muy distinto: se trataba de prohibir definitivamente los funerales de cuerpo presente cualquiera que fuera el contexto epidemiológico y la causa de la muerte.

La resistencia del clero

a) La politización del expediente

  • 111 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 10 de noviembre de 1887.

59La respuesta del arzobispo a la circular de Quiroga111 se situó de inmediato en el terreno de la política. En nombre del mantenimiento del orden público, monseñor Payo pidió a Terrero que suspendiera la entrada en vigor del texto en espera de la decisión de la metrópoli:

Un deber sagrado y patriótico a la vez nos fuerza a reclamar sobre este extremo, porque deber es para nosotros el velar por la conservación de la disciplina de la Iglesia, evitar en lo posible motivos de escándalo a los fieles, y alejar cualquier pretexto de perturbación en las conciencias cristianas, perturbación que del seno de la conciencia refluiría bien pronto sobre el orden político y social.

60Las medidas de Quiroga prohibían, de hecho, las exequias religiosas:

Que esa disposición Excmo. Sr. perturba y altera la disciplina funeral de la Iglesia no hay para que detenerse en demostrarlo; pues sabido es que el Ritual Romano, código que contiene esa disciplina, exige la presencia del cadáver en los preces y ceremonias funerales, lo mismo que en la misa especial que señala para los difuntos hasta el punto que la mayor parte de esos preces y ritos no pueden practicarse sin ese requisito.

61El arzobispo recordaba que el estado sanitario del archipiélago era satisfactorio, que se conducían los cadáveres en el último momento a las iglesias, aisladas de los lugares habitados y bien ventiladas, y que los funerales en Filipinas eran muy breves. Pedro Payo, consciente del poco peso de estos argumentos en cuanto a la naturaleza médica, insistía en los peligros políticos que conllevaba y esgrimió la amenaza de graves desórdenes públicos en la colonia:

Pero este asunto ofrece un aspecto todavía más grave bajo el cual, consternado, se vienen a la mente presentimientos harto tristes sobre el porvenir reservado a esta colonia en su relación con la Madre Patria. El Sr. Director de Administración Civil sin duda que no se ha propuesto en las disposiciones de que se trata, más que regularizar la higiene pública; pero en hecho de verdad, su medida afecta hondamente a los sentimientos religiosos de este pueblo y aquí es donde tropezamos con la gravedad trascendental del acto que rebasando el orden administrativo suscita recelos y levanta protestas en el religioso; y natural es temer que su influencia no quede ahí circunscrita, antes bien, logre última y fatal resonancia en el político. Los sucesos aquí acaecidos el 72 dan de ello alto testimonio.

62Según el arzobispo, el contexto económico desfavorable y el aumento «exorbitante» de la presión fiscal ya habían engendrado un profundo descontento, «que si no se ha manifestado ya de un modo ruidoso, debido es solamente al prestigio moral del poder público y a la educación religiosa de este pueblo». «Elementos perturbadores» podrían aprovecharse de la confusión que sufría «un pueblo de creencias vírgenes y sencillas» por una decisión que alteraba prácticas inhumatorias seculares y suscitar «conflictos de incalculables consecuencias». El que se prohibieran los funerales en presencia del cuerpo iba a empañar la reputación de la administración colonial y también de España; era la antecámara del separatismo y de la revolución:

Si alguna competencia se nos quiere conceder en orden a apreciar los sentimientos religiosos de este pueblo, diremos con leal franqueza que formará el concepto más desventajoso de los poderes públicos que tales medidas autoricen; mirará como anti-cristiano ese poder; y el descontento popular que en la capital y alrededores se manifiesta hoy con la frase: «se nos quiere enterrar hoy como a herejes» con la misma o análoga fórmula repercutirá luego por todo el Archipiélago. Por el amor que a este pueblo profesamos y por el amor que de la Patria nos contriste y estremece el solo pensar que puede llegar un día en que estos dóciles y sumisos hijos de España se arraiguen en la opinión de que sus gobernantes menosprecian o persiguen la Religión; en ese día el prestigio moral de la autoridad perderá la veneración tradicional que la religión les prestaba, y francamente no vemos con que otra influencia puede sustituirse la que tan fácilmente se deja perder.

  • 112 Circular de la Dirección General de Administración Civil, del 4 de noviembre de 1887 en Rodríguez (...)

63La amenaza de una insurrección era un arma lógica, pero estas profecías no se cumplieron. Cierto es que en buen número de provincias, y en particular en la de Manila, la aplicación de las circulares dio lugar a enfrentamientos aislados entre parroquianos y la fuerza pública que intentó prohibir el acceso de los cadáveres a las iglesias. Algunos curas desobedecieron descaradamente y siguieron trasladando los difuntos a las iglesias o se negaron a recitar las preces en la puerta de la iglesia112. Estos disturbios no vinieron a más porque la jerarquía trató de calmar los ánimos.

  • 113 Esta circular está reproducida en Pilar, Escritos, pp. 288-289.

64El 30 de octubre de 1887, el arzobispo publicó en el Boletín eclesiástico del Arzobispado de Manila una circular de apaciguamiento en la cual pedía a los curas que obedeciesen las directivas, abreviaran los funerales y relegaran los féretros cerrados a capillas aisladas113. Aquí no se trata de un doble juego, y cuando el cura de la parroquia de Luban le interrogó sobre cuál debía ser su conducta, el arzobispo le contestó:

  • 114 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al gobernador general, 6 de marzo de 1888.

Mientras otra cosa no se disponga, observe y cumpla en cuanto a la celebración de entierros el decreto del Gobierno General que cita de 23 de noviembre último114.

  • 115 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al cura de Binañgonan de Lampón (distrito de La Infanta), 23 de no (...)

65Fomentó el diálogo entre los curas y el gobernador de cada provincia. Asimismo, las autoridades episcopales intervinieron a lo largo de la década de 1880 para que los curas obedeciesen a las órdenes de los gobernadores cuando les exigían que mantuviesen convenientemente los cementerios115.

  • 116 Véase la contribución de María Dolores Elizalde en este libro.

66Esta política de apaciguamiento no significaba que el clero se sometiera. Se trataba de evitar enfrentamientos de consecuencias imprevisibles e incluso irreparables, en espera de que las influencias de que gozaba el clero se viesen coronadas de éxito en Madrid, y de que Terrero y su equipo cesasen en sus funciones. La victoria llegó el 25 de abril de 1888, pero no fue la consecuencia directa de la crisis generada por los funerales sino de la famosa manifestación pública del 1 de marzo de 1888 en contra de los frailes y del arzobispo116.

b) Entran en escena los colonizados

  • 117 «Por el Ex-Director de Administración Civil Sr. Quiroga. Discurso pronunciado en el banquete dado (...)

67Es obvio que Quiroga, Centeno y Terrero se hicieron con el asunto de las sepulturas porque, para ellos, representaba una prueba indiscutible —y lo era— de la insumisión del clero al poder temporal, de su rechazo oscurantista a las «leyes de la ciencia». Los ilustrados filipinos exiliados en Europa no se equivocaron: ensalzaron a los héroes del «progreso» de la «civilización» y de la «cultura» y celebraron el ataque de Quiroga contra la «frailocracia» y un avance hacia la laicización de la sociedad colonial117. Es difícil saber si los intelectuales reformistas filipinos eran del todo conscientes de que los funcionarios españoles destinados a Filipinas rendían, ajustaban también —y, tal vez, sobre todo—, cuentas a la metrópoli y que, lejos de compartir las aspiraciones reformistas de los autóctonos, a los que en el fondo despreciaban, perseguían el objetivo de consolidar su propio poder reduciendo la influencia de un clero regular que los anticlericales habían designado en la Península como el principal enemigo de los liberales, que en su mayoría eran, por otra parte, fervientes colonialistas…

  • 118 Véase el ejemplo de Malolos entre los años 1884 y 1887 en Schumacher, 1973, pp. 96-97. Sobre la in (...)
  • 119 Schumacher, 1973, pp. 100-101.

68Las ideas progresistas y nacionalistas de los ilustrados se infiltraban en el cuerpo social, primero entre los notables y después entre las clases populares. En ciertos pueblos, en determinadas provincias, nació una facción hostil a los misioneros peninsulares. Este núcleo opuesto a los frailes llegó en algunos pueblos a controlar los cargos municipales y, desde ellos, a librar una guerra de desgaste contra los curas misioneros y sus partidarios118. Resulta lógico que se hicieran con el expediente de los cementerios para molestar a los clericales, sobre todo cuando se sabían apoyados por funcionarios españoles que deseaban limitar las injerencias de los curas-misioneros. Así pues, en ciertos pueblos, los gobernadorcillos y los principales acogieron con agrado la circular de Quiroga, la aplicaron con rigor y aprovecharon la ocasión para reclamar la municipalización del cementerio parroquial119.

  • 120 AAM, 34B4/2.

69Las tensiones en Binañgonan de Lampón, cabecera del distrito político-militar de La Infanta, presentan un interés particular120. No tienen relación inmediata con la circular de Quiroga, ya que se manifestaron entre mayo y junio de 1887. Con ocasión de una investigación criminal, el comandante político-militar del distrito comprobó el estado lamentable del cementerio de la cabecera: la cerca se había venido abajo, la capilla y el depósito mortuorio no tenían puerta, los animales merodeaban, hasta el punto de que tuvo que mandar colgar el cadáver de una víctima entre dos postes para preservarle. Los principales se ensañaron con el cura fray Vicente Sangrador. Según ellos, el fraile dominico cobraba derechos de sepultura indebidos, se negaba a recitar las preces cuando la familia del difunto era pobre y se comportaba como un verdadero déspota. La situación degeneró. Un habitante acusó al cura de negarle la sepultura de su hijo por ser demasiado pobre, pero, es obvio, que fray Vicente ajustaba así las cuentas con sus enemigos. El gobernador, que por la lectura de la documentación no parece que fuera anticlerical, intervino y ordenó, para preservar la salud pública, la inhumación del niño sin servicio religioso y a coste de la provincia. Por desgracia, las fuentes no nos dan a conocer el resultado de este grave incidente, mas parece verosímil que el gobernador general y el arzobispo intervinieran conjuntamente para calmar los ánimos y llamar al orden a sus respectivos subordinados. Con toda seguridad, la fractura entre el cura y una parte de sus feligreses, revelada y agravada por este incidente, se mantuvo abierta.

  • 121 A mediados de la década de 1850, en la provincia de Bataán ya se había producido esta amenaza (AAM (...)
  • 122 Véase, por ejemplo, el informe de traslado del cementerio de Balanga en 1896 (AAM, 34B4/1).

70En las dos últimas décadas del dominio español, la conquista electoral de un número creciente de municipios por las élites filipinas hostiles a los frailes españoles e incluso abiertamente anticlericales planteaba en estas localidades la amenaza de una municipalización de los cementerios parroquiales. La idea de confiar a las autoridades locales el mantenimiento del cementerio, así como la de percibir los derechos de sepultura, no era una novedad121 y Paco era un precedente precoz pero, a finales de siglo, esta amenaza se podía considerar seria y era un medio de presión sumamente eficaz para obligar a los curas a que modernizasen los cementerios122.

c) Las muestras de buena voluntad del clero

  • 123 NAP, Cementerios, respuestas de los gobernadores y síntesis, 19 de febrero de 1890.
  • 124 Boletín Eclesiástico, n.o 8, 23 de febrero de 1890 y AAM, 34B4/6, las respuestas se conservan en e (...)

71Con la aparición del cólera a mediados de agosto de 1888, la presión de la administración no se redujo. El 30 de septiembre de 1888, los gobernadores recibieron una circular que les solicitaba que averiguasen el estado de los cementerios de sus provincias respectivas. La calidad de las respuestas, en las que se puede percibir el anticlericalismo de ciertos gobernadores, fue desigual, pero el resultado establecido por la administración colonial a partir de las respuestas de 41 provincias era inquietante: 115 cementerios requerían obras importantes, en particular la consolidación de cercados y puertas; era necesario desplazar 65 de ellos, bien sea porque estaban situados demasiado cerca de las aglomeraciones, bien porque el lugar había sido mal elegido123. El 18 de febrero de 1890, el gobernador general solicitó a la jerarquía eclesiástica que presionase a sus subordinados. El arzobispo de Manila accedió a esta petición y en una circular del 21 de febrero pidió a los curas de la diócesis datos precisos124. Como era de suponer, las respuestas a esta circular difirieron de las de los gobernadores y, según casi todos los curas, «su» cementerio cumplía con todos los requisitos, a excepción de los cercados, sobre todo los de materiales ligeros.

  • 125 «Inspirados en el deseo común de promover la gloria de Dios y bien de las Almas, y de obviar incon (...)
  • 126 En nuestra documentación, no aparece ningún indicio que haga pensar que el clero regular peninsula (...)

72Por otra parte, la hostilidad creciente preocupaba a las autoridades eclesiásticas hasta el punto de que trataron de concretar una estrategia común. El 3 de mayo de 1891, a raíz de una reunión en el arzobispado de Manila, los obispos y los procuradores de las órdenes religiosas adoptaron una lista de recomendaciones, que enviaron a los vicarios foráneos y por mediación de estos a los curas, para evitar que se les criticara sobre algunos puntos que juzgaban esenciales125. Este acuerdo, en cinco de sus siete puntos, animaba a que los procuradores controlasen con mayor firmeza las parroquias administradas por cada orden, y, en particular, que afirmasen la autoridad de los frailes sobre sus coadjutores, es decir, sobre los curas seculares filipinos que soportaban mal sus condiciones de vida y su dependencia de los curas peninsulares126. El séptimo punto versaba sobre las escuelas y la enseñanza del español. Por último, el sexto punto trataba de la urgencia de invertir dinero en los cementerios:

Debe darse hoy preferencia singular a la construcción de cementerios en las condiciones que exigen las leyes de sanidad. De mirarse el Cementerio con la indiferencia que hoy se mira por muchos, se corre inminente riesgo de que la autoridad civil se apodere de ellos.

  • 127 Este monumental cementerio «modelo» de 140 metros de fachada, de estilo ecléctico, fue edificado b (...)
  • 128 Véase la contribución de Adriam Camacho Domínguez en este libro.

73De hecho, durante los últimos años de la dominación española, asistimos a un esfuerzo sin precedentes en el traslado y la renovación de los cementerios127 (fig. 6) para anticipar, exactamente como en Cuba128, todo intento de municipalización.

Fig. 6. — Bendición del cementerio de Janiuay (provincia de Iloilo) por el arzobispo de Manila en 1885 (La Ilustración española y americana, año XXIX, n.o 35, 22 de septiembre de 1885, p. 164).

Fig. 6. — Bendición del cementerio de Janiuay (provincia de Iloilo) por el arzobispo de Manila en 1885 (La Ilustración española y americana, año XXIX, n.o 35, 22 de septiembre de 1885, p. 164).

Grabado de fotografía directa: Sr. Pertierra © Biblioteca Nacional de España, Madrid

  • 129 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al cura de Morong, 3 de septiembre de 1888.

74Se trató primero de solucionar el caso de los cementerios abiertos apresuradamente durante las dos epidemias de la década de 1880. Para el clero, estos cementerios eran provisionales. Las instrucciones del arzobispo eran bien claras: los difuntos que no habían muerto a causa del cólera debían ser enterrados en el cementerio parroquial y, cuando hubiese transcurrido el tiempo necesario para que se descompusieran los cuerpos, los restos de los muertos por el cólera debían ser trasladados al cementerio parroquial129. Las autoridades eclesiásticas de la diócesis se habían percatado de que estas necrópolis provisionales y periféricas podrían servir en el futuro como pretexto para cerrar los cementerios parroquiales próximos a las iglesias.

  • 130 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.
  • 131 NAP, Cementerios, corregidor V, carta de Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de  (...)
  • 132 NAP, Cementerios, informe de la Subdelegación de Medicina y Cirugía, 19 de julio de 1883 e informe (...)

75En Manila, el clero censuró con severidad el cementerio general de la Loma130, críticas fundadas que compartía incluso el ayuntamiento. El nuevo cementerio general estaba demasiado alejado —distaba más de tres cuartos de hora de marcha desde la plaza de Santa Cruz— y los pobres no tenían medios para alquilar coches. Además, las familias tenían que pagar derechos funerarios tanto al cura como a la municipalidad131. La elección del lugar no había sido afortunada: el cementerio se transformaba en un verdadero lodazal en la temporada de lluvias y, como los restos de los muertos a causa del cólera (ni más ni menos que 2800 cadáveres) no habían sido enterrados a suficiente profundidad, quedaban al descubierto… Al principio, la necrópolis no poseía ni capilla ni un cercado decente. Gracias a los esfuerzos del ayuntamiento, poco a poco el estado mejoró pero el arzobispado empezó a frenar todo avance, para evitar una apropiación simbólica del cementerio por parte de la municipalidad132.

  • 133 AAM, 34B4/3 y 34B4/4.

76Los curas de las parroquias de la capital se escudaron en las numerosas imperfecciones del nuevo cementerio y se aprovecharon de la benevolencia de algunos funcionarios, como Víctor Barrantes en 1883, para obtener la reapertura de ciertos cementerios parroquiales o la construcción de otros nuevos en la periferia133. Es irónico que los cementerios parroquiales de Binondo y de Santa Cruz abrieran sus puertas al lado de la necrópolis municipal y del cementerio chino.

  • 134 Estadística elaborada a partir del Boletín de Estadística de la Ciudad de Manila, Chofre y Cía., d (...)

77En vísperas de la revolución de 1896, el lugar de sepultura de las 7271 personas fallecidas en Manila entre junio de 1895 y junio de 1896 se repartió de la siguiente manera134:

Cementerio Número de enterramientos Porcentaje del total
La Loma (cementerio general) 2141 29,5
La Loma (cementerio chino) 155 2,1
Paco (cementerio municipal) 220 3
Tondo (cementerio parroquial) 1797 24,7
Binondo (cementerio parroquial situado en La Loma) 1284 17,7
Santa Cruz (cementerio parroquial situado en La Loma) 109 1,5
Sampaloc (cementerio parroquial) 630 8,7
Ermita (cementerio parroquial) 356 4,9
Malate (cementerio parroquial) 187 2,6
Paco (cementerio parroquial) 309 4,3
San Lázaro (cementerio del hospital) 83 1
Total 7271 100

78Al captar dos tercios de los enterramientos en sus cementerios, el clero había logrado, tras una paciente guerra de desgaste, mantener sus posiciones. Además, el traslado de los cementerios parroquiales permitía acallar los argumentos de los anticlericales basados en la defensa de la sanidad pública.

 

  • 135 Aries, 1977, pp. 479-484.

79La dimensión imperial del expediente es evidente: la asimilación legislativa a la metrópolis fue selectiva, Madrid arbitró constantemente los conflictos y los argumentos médicos que legitimaban la intromisión del poder secular apenas presentaban relación con las peculiaridades «filipinas». Asimismo, los argumentos invocados por el clero colonial en Filipinas son muy similares a los que se esgrimieron en otros contextos y tiempos, por ejemplo en el famoso Mémoire des curés de Paris, redactado en 1763 en contra de una sentencia del Parlamento de París, que prefiguraba la política de secularización de los cementerios para las décadas venideras135.

  • 136 Huetz de Lemps, 2017.
  • 137 Exceptuando el expediente de 1867, he encontrado una única referencia a la legislación funeraria v (...)

80Sin embargo, las autoridades coloniales tuvieron en cuenta las peculiaridades de la situación colonial en Filipinas. Es cierto que las presiones para «sanear» los cementerios fueron constantes, pero si dejamos de lado la breve ofensiva de los años 1887-1888, no se intentó privar al clero del cuasimonopolio que ejercía sobre las sepulturas. Algunas consideraciones políticas explican esta moderación. Por una parte, la administración colonial no podía permitirse el riesgo de perder el apoyo del clero —y, en particular, de las órdenes misioneras— a la dominación española. Por otra parte, una secularización de los cementerios hubiera supuesto confiar su gestión a municipios encabezados por «indígenas», en los que las autoridades coloniales no confiaban. En cambio, en Manila, la política de secularización fue mucho más precoz y ambiciosa, porque la capital era la única ciudad en Filipinas —hasta 1889— administrada por un ayuntamiento compuesto por españoles136. Por su parte, el clero colonial era consciente de que en Filipinas se beneficiaba de un trato privilegiado por parte de las autoridades: la secularización estaba más avanzada en la Península y en las Antillas, por lo que era mucho más eficaz apoyarse en las «tradiciones coloniales» del archipiélago filipino que sugerir malas intenciones en los «anticlericales», otorgando al expediente una dimensión imperial137.

  • 138 AHN, Ultramar, leg. 4677, exp. 28. Quedo muy agradecido a Adrian Camacho por haberme proporcionado (...)

81Así pues, cuando se pensó en extender a Filipinas las directivas promulgadas en Cuba, con vistas a confiar la construcción y la administración de los cementerios a los municipios, la jerarquía eclesiástica y las autoridades coloniales llegaron con facilidad a un consenso tácito para rechazar esta eventualidad en nombre de las peculiaridades del contexto colonial filipino y de la inferioridad de las «razas autóctonas»138:

En dicho expediente emite su informe el Arzobispo de Manila, el cual manifiesta que a su juicio no son aplicables a las Islas las reglas dictadas para Cuba, a consecuencia de la diferente organización administrativa que existe entre Cuba y dichas Islas, pues la justicia de los pueblos que suplen a los ayuntamientos en Cuba, se componen de personas instruidas, mas en estas Islas el Gobernadorcillo e individuos de justicia que constituyen en Tribunal pertenecen a la raza indígena, las cuales no tienen la instrucción suficiente para disponer de un proyecto de reglamento pero ni siquiera para poner un escrito de los más sencillos, lo cual sería un nuevo obstáculo para la marcha de dichos negocios. Y por otra parte encargados los Tribunales de la Administración de los cementerios, esto causaría gran admiración en la sencillez del indio ver entregados lugares sagrados a manos profanas, lo cual lo atribuirían a la mala administración de los párrocos, y esto sería causa de que decayesen algún tanto el alto concepto que tienen formado de la clase sacerdotal, teniendo en cuenta que las iglesias y casas parroquiales necesitan se inviertan considerables sumas en su conservación y como los derechos de sepultura constituyen un título importante de ingresos, si dicho producto se destina a otro objeto, y las iglesias no contasen con él sería difícil cubrir todas sus atenciones.

El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe del Arzobispo y comprende del mismo modo que las disposiciones dictadas para la Isla de Cuba originarían grandes inconvenientes en estas Islas, y el Consejo opina que las reglas que están en armonía con este país son las dadas por Decreto de 26 de noviembre de 1857.

  • 139 AAM, 34B4/7, carta del 3 de diciembre de 1900. La carta está dirigida a Chapelle, arzobispo y dele (...)
  • 140 AAM, 34B4/1, 7 y 8.
  • 141 Algunos datos en Dakudao, 1992, pp. 144-146.

82En 1898, las autoridades estadounidenses heredaron este espinoso expediente. Pretendieron solucionarlo de manera radicalmente diferente al «oscurantismo» colonial español. Cuando en 1900, el cura de Paco solicitó la concesión gratuita de un terreno perteneciente al municipio de Manila para construir un cementerio parroquial, James F. Bell, Provost Marshal General de Manila —Filipinas se encontraba por el momento bajo administración militar— le contestó sin rodeos139: en el porvenir, las organizaciones religiosas no podrán beneficiarse de fondos públicos, los cementerios dependerán de las autoridades civiles locales y serán laicos (non-sectarian). En un buen número de pueblos, entre 1899 y 1905, las facciones anticlericales se aprovecharon del cambio de soberanía para cerrar los cementerios parroquiales y abrir cementerios municipales140. Sin embargo, la administración colonial americana tuvo que transigir, como antes las autoridades españolas, para preservar el orden colonial y porque no podía prescindir del poder de influencia y de control de que disponía el clero en la sociedad del archipiélago. Por lo que sabemos, esta fase de transición en la gestión de las sepulturas y la implantación de las necrópolis «a la americana» en Filipinas queda aún por estudiar141.

Notes

1 Zeller, 2002, p. 82.

2 Es decir, según el médico titular de la provincia de Manila en 1865, a poco más de 4,5 kilómetros (2,5 millas), de las aglomeraciones (NAP, Cementerios, informe del 7 de octubre de 1865).

3 Circular del 26 de noviembre de 1857 (AAM, Box 34B4, folder 3 y 34B4/3).

4 AAM, 34B4/2, traslado del cementerio de Caridad (Cavite), 1902.

5 Transcurridos los cinco años, los huesos podían integrar el osario sin riesgos para la salud pública.

6 AAM, 34B4/1, informe de la Junta Provincial de Sanidad acerca de la transferencia del cementerio de Balanga (Bataán) en 1896.

7 Renaudet, 2016; Carreras Panchón, Granjel, 2005; Martínez de Sánchez, 2005; Santoja, 1998-1999. La bibliografía sobre las repercusiones de las nuevas normativas sobre los enterramientos y cementerios en la América española es considerable, nos limitamos a citar el magnífico libro de Voekel, 2002. Para el caso habanero, véase la contribución de Adriam Camacho Domínguez en este libro.

8 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845; NAP, Sanidad y Vacuna, Copiador de Oficios de la Junta Municipal de Sanidad de Manila, 1820-1826, 6 de noviembre de 1820; González Serrano, «El cementerio general de Manila».

9 Clément, 1983, pp. 87-93.

10 Real Cédula de 15 de mayo de 1805, circulares del 23 de diciembre de 1806, 18 de marzo de 1807, 7 de diciembre de 1808 y Real Cédula de 16 de abril de 1819.

11 La circular del 27 de junio de 1821 reiteró la de 1806. El gobernador general Mariano Fernández de Folgueras ordenó en firme al arzobispo Juan Antonio Zulaibar y Adalpe que se prohibieran las inhumaciones en las iglesias para evitar que «el interés particular de algunos Párrocos, y la corrupción de sus dependientes» perjudicara a «la preocupación de los pueblos» (AAM, 1D11/8). El arzobispo se atuvo a la circular de Fernández de Folgueras y la comunicó a los curas de la provincia de Manila el 2 de julio del mismo año (AAM, 34B4/5).

12 AAM, 34B4/3.

13 AAM, 34B4/3.

14 Los días 9 y 10 de octubre de 1820 corrió en Manila el rumor de que los extranjeros habían envenenado las fuentes de agua potable; durante el alboroto consiguiente unos cincuenta europeos y chinos fueron masacrados en la capital y sus afueras.

15 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845; según el arzobispo, la parroquia de la catedral había renunciado a contribuir por falta de dinero (AAM, 43B4/6).

16 NAP, Sanidad y Vacuna, Copiador de Oficios de la Junta Municipal de Sanidad de Manila 1820-1826, 9 de enero de 1821.

17 Las obras se acabaron en 1822 (NAP, Ayuntamiento, leg. 3, Libro de Actas de 1819; NAP, Cementerios; González Serrano, «El cementerio general de Manila».

18 Reglamento para la policia y gobierno, 1882; NAP, Ayuntamiento, leg. 3, Libro de Cuentas de 1853.

19 Las tarifas de concesión aumentaron a lo largo del siglo: 16 pesos en 1822, 20 en 1863 y 33 en 1884 por un nicho para un adulto (Reglamento para la policia y gobierno, 1822; NAP, Cementerios, 1863 y 1884).

20 Reglamento para la policia y gobierno, 1822.

21 Los obispos y los arzobispos recibieron el honor de la capilla. En 1867, a pesar de las protestas del arzobispo que interpretaba este gesto como una tentativa de laicización de los cementerios, se suprimieron «para aprovechar espacio» las plazas gratuitas reservadas a los sacerdotes difuntos, con excepción de los miembros del cabildo eclesiástico (carta del arzobispo del 16 de marzo de 1867, probablemente dirigida al gobernador general, AAM, 34B4/6).

22 En Manila, cuando se enterraba a un difunto en otro cementerio (parroquial o municipal) fuera de su parroquia, el reparto era el siguiente: la familia del difunto pagaba los derechos de sepultura y ataúd a la parroquia donde se celebraban los oficios, y, en caso de ocupar un nicho, los derechos se pagaban al cementerio que acogía al difunto (AAM, 34B4/6, 1875).

23 La pasividad del arzobispado de Manila contrastaba con la decidida gestión del obispo Espada en La Habana (véase la contribución de Adriam Camacho Domínguez en este libro). Es evidente que los recursos del cabildo eclesiástico de La Habana eran muy superiores a los de Manila y cabe suponer que la razón principal de esta falta de dinero resultaba de que el clero misional acaparara las parroquias más ricas del archipiélago.

24 NAP, Cementerios y Sanidad de Cementerios.

25 Carreras Panchón, Granjel, 2005; Clément, 1983, pp. 92-93.

26 AAM, 34B4/5. El arzobispo exigió un acuse de recibo por parte de los curas de la diócesis. Hay que subrayar que la práctica funeraria de realizar los entierros en las iglesias estaba mucho menos extendida en Filipinas que en la España moderna.

27 AAM, 34B4/6.

28 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, del 13 de noviembre de 1845.

29 AAM, 34B4/1, expediente del enterramiento de una india, 1822.

30 NAP, Ayuntamiento, leg. 74, 1832.

31 NAP, Ayuntamiento, leg. 32, Libro de Actas, 1838, sesiones del 3 de abril y del 5 de abril.

32 AAM, 34B4/5.

33 AAM, 34B4/5.

34 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

35 AAM, 34B4/5. El muy oficial Manual para uso de los párrocos (1879) no descartaba por completo las inhumaciones en las iglesias, pp. 171-173.

36 AAM, 34B4/1, carta del arzobispo al gobernador general, 7 de septiembre de 1878. Por entonces, esta cuestión suscitó una fuerte polémica en la provincia de Pampanga.

37 La iglesia de San Agustín, la única que ha sobrevivido a las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, es hoy en día un magnífico testimonio de lo importante que era desde el punto de vista simbólico para las familias de la élite colonial del siglo xix y de las primeras décadas del siglo xx, que sus difuntos reposasen, habitualmente uno al lado del otro, en estos lugares de gran prestigio.

38 APAF, n.o 305/2, lista por orden alfabético de sepulturas en la iglesia de San Agustín, sin fecha, pero el documento es del siglo xix.

39 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845; AAM, 34B4/5.

40 AAM, 34B4/6, respuesta con fecha del 7 de abril de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de febrero de 1890, sobre el estado de los cementerios.

41 AAM, 34B4/1, el intercambio de correspondencia es del mes de abril de 1858.

42 AAM, 34B4/5.

43 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

44 AAM, 34B4/6, contestación del 25 de febrero de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de febrero de 1890.

45 En los pueblos de Filipinas, la palabra «convento» designa la casa parroquial.

46 AAM, 34B4/1, contestaciones de los curas a la circular del 24 de febrero de 1848, carta al arzobispo, 16 de mayo de 1848.

47 AAM, 34B4/6, contestación del 25 de febrero de 1890 a la circular del arzobispo del 21 de diciembre de 1890.

48 Carreras Panchón, Granjel, 2005, p. 612.

49 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

50 AAM, 34B4/5, con fecha del 9 de noviembre de 1821, este documento está en muy mal estado y se lee con mucha dificultad.

51 Este argumento se apoyaba en el derecho canónico, las Leyes de Indias y hasta las mismas Reales Cédulas que preveían el traslado de los cementerios (NAP, Cementerios, expediente sobre la apertura del cementerio de Binondo, 1865-1866, carta del arzobispo, 12 de enero de 1866).

52 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.

53 AAM, 34B4/6, carta del secretario del ayuntamiento al cura de Binondo, 6 de noviembre de 1845.

54 AAM, 34B4/4, carta del arzobispo al gobernador general, 28 de junio de 1845. El gobernador general optó, al final, por favorecer los intereses del clero.

55 Respecto a las especulaciones macabras de este tipo, véase el expediente de obras a ejecutar en el cementerio de Santa Cruz en 1855, carta del cura al arzobispo, 27 de enero, AAM, 34B4/4, o en el de Bustos (Bulacán) en 1891 (AAM, 34B4/2).

56 AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

57 Las parroquias poseían a veces terrenos, en general, donaciones de los notables (principales) al santo patrón de la parroquia, que podían intercambiar (AAM, 34B4/1, traslado del cementerio de Balanga en 1896).

58 AAM, 34B4/4, fray Mariano Martínez, cura de Pililla, al arzobispo, 1 de septiembre de 1888.

59 AAM, 34B4/6, respuestas de los curas de Calapán y de Baler a la circular del arzobispo, 21 de febrero de 1890.

60 AAM, 34B4/2.

61 AAM, 34B4/2, 1848.

62 AAM, 34B4/2, carta del cura de Balíuag (Bulacán) al arzobispo, 16 de mayo de 1848.

63 AAM, 34B4/2, carta del cura fray Victorino del Moral al arzobispo, 13 de junio de 1848.

64 AAM, 34N4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845.

65 AAM, 34B4/2, carta al arzobispo, 9 de diciembre de 1887.

66 AAM, 34B4/1, contestaciones de los curas a la circular del 24 de febrero de 1848; carta del arzobispo al gobernador general, 6 de noviembre de 1854.

67 La práctica, habitual en el servicio de las iglesias (sirvientes de iglesia), fue legalizada por el bando del 23 de abril de 1874 (AAM, 34B4/6, carta del arzobispo al gobernador general, 13 de noviembre de 1845 y NAP, Cementerios).

68 Elizalde, Huetz de Lemps, 2014.

69 Posteriormente dedicaremos un estudio a esta cuestión.

70 AAM, 34B4/1, carta del cura párroco del pueblo de Pilar al arzobispo, 8 de noviembre de 1854. Para otro caso similar, ver NAP, Sanidad de cementerios, parroquia de Alaminos (Zambales), 1877.

71 AAM, 2A2/5, carta del arzobispo al gobernador de la provincia de Manila, 17 de septiembre de 1886.

72 Lauwers, 1999 y 2005; Martorell Linares, 2017.

73 AAM, 34B4/2, carta al arzobispo en contestación a la circular del 24 de febrero, 16 de mayo de 1848.

74 Smith, 1978; Huetz de Lemps, 1990; Bevoise, 1995.

75 Las reticencias de las órdenes misioneras al fraccionamiento de las parroquias por temor a perderlas en beneficio del clero secular acentuó este fenómeno.

76 AAM, 34B4/6, carta del secretariado del Ayuntamiento al cura de Binondo, 6 de noviembre de 1845.

77 En 1859, se realizó una primera ampliación que permitió aumentar el número de nichos (de 522 a 1242) y sobre todo doblar la superficie del sector reservado a los niños (angelarium). En la primera mitad de la década de 1870, se llevó a cabo una nueva extensión, más modesta.

78 Las listas de los nichos ocupados por más de tres años se publicaban en la prensa y, si las familias no se manifestaban en los veinte días siguientes para prolongar la concesión, los cuerpos eran retirados de inmediato y volcados en un osario que se encontraba entre los muros del recinto.

79 NAP, Cementerios, informe de la Subdelegación de Medicina y Cirugía, 19 de julio de 1883; AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe del consejero Vicente Carranceja, 20 de julio de 1864 y del consejero Marcelo Ramírez, 3 de marzo de 1865.

80 NAP, Ayuntamiento, leg. 13, proyecto de presupuesto para 1869; NAP, Cementerios; AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de Vicente Carranceja, 20 de julio de 1864 y de Marcelo Ramírez, 3 de marzo de 1865; NAP, Cementerios, informe de la Junta Superior de Sanidad sobre el proyecto de un cementerio general, 1884.

81 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de Vicente Carranceja, 20 de julio de 1864.

82 NAP, Cementerios; AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de los consejeros Vicente Carranceja y Marcelo Ramírez, 6 de agosto de 1864; NAP, Ayuntamiento, leg. 69, proyecto de presupuesto para 1893. De 1866 a 1870, el cementerio de Paco produjo un beneficio neto total de cerca de 12 500 pesos (la construcción del cementerio había costado en total 48 629 pesos, NAP, Ayuntamiento, leg. 68, Libro de Actas, 1835, fo 120).

83 Algunos regidores abogaban por una sola y gran necrópolis, otros eran favorables a la construcción de varios cementerios de barrio, pues temían que el ir y venir constante de los entierros que atravesarían la ciudad fuera igualmente peligroso para la salud pública y, además, desmoralizante.

84 Se consideraba la posibilidad de tres lugares: la loma de Sampaloc al nordeste, la loma de Santa Cruz al norte del hospital de leprosos de San Lázaro y la zona inmediatamente contigua a este último.

85 ¿Se debía dar preferencia a los nichos, que se consideraban insalubres, pero que los notables de Manila preferían? ¿Había que imponer tumbas y mausoleos al estilo europeo? Sobre los debates en el consejo, véase el expediente AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5.

86 El arzobispo apoyó esta petición, AAM, 34B4/1, exp. 30; NAP, Sanidad de Cementerios.

87 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5.

88 NAP, Ayuntamiento, leg. 13, 1875; AHN, Ultramar, leg. 5249, informe sobre la propuesta de decoración para la epidemia de 1882. Paco absorbió el 44% de los 23 078 difuntos del quinquenio 1877-1881, Tondo el 27%, Santa Cruz el 17%, Sampaloc el 12% (AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5). Malate disponía también de un cementerio parroquial pero este pueblo no perteneció jurídicamente a la municipalidad hasta 1884.

89 NAP, Orden Público, leg. 14, 4 de septiembre de 1882; AHN, Ultramar, leg. 5249, informes de proposiciones de decoración; Huetz de Lemps, 1990, p. 327.

90 AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 11; NAP, Cementerios; bando del Gobierno Civil de Manila, 19 de septiembre de 1882 en Rodríguez Berriz, Diccionario Administración Filipinas, t. VII, p. 179. Se bendijo el cementerio el 20 de septiembre de 1882. Sobre la sepultura de los no católicos en Filipinas, véase Huetz de Lemps, 2016; Chu y Ang See, 2016.

91 Informe del consejero Luis R. de Elizalde, 21 de mayo de 1884 (NAP, Cementerios).

92 NAP, Cementerios, carta del corregidor Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de 1883 e informe del cementerio de Sampaloc, junio de 1883.

93 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.

94 NAP, Orden Público, leg. 14, carta del cura de Santa Cruz, 11 de septiembre de 1882.

95 NAP, Cementerios, carta del corregidor Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de 1883.

96 Véase la contribución de María Dolores Elizalde en este libro.

97 Sobre estos tres protagonistas, véase Schumacher, 1973, pp. 97-98. Sobre la carrera de Quiroga, véase Roldán de Montaud, 2015, p. 117.

98 AAM, 7D11/10.

99 Un buen resumen en Schumacher, 1973, pp. 98-99; véase también Díez Muñiz, 1991.

100 Es evidente que los colaboradores de Quiroga, sin duda miembros de la Inspección General de Sanidad, participaron en la redacción del texto.

101 AAM, 7D11/11. La totalidad del informe se conserva en AHN, Ultramar, leg. 5266, exp. 26. La circular aparece en Pilar, Escritos, pp. 284-287. Véase, asimismo, Schumacher, 1973, p. 100, nota 13.

102 Es posible que Quiroga se inspirara en un texto metropolitano de 1884 (Elías de Molins, Legislación canónica, civil y administrativa, pp. li-lii).

103 Ulteriormente, dedicaré un estudio a la regulación colonial de las prácticas funerarias autóctonas.

104 Quiroga recuerda que es necesario observar un plazo de 24 horas entre la muerte y la inhumación.

105 Como si no supiera que lo eran todos, a excepción del de Paco.

106 Se dirige a los gobernadores de provincia.

107 Fernández, Arcilla, 1971, pp. 495-527.

108 En la carta que acompañaba la circular, el gobernador general acusaba al clero de insubordinación (AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 10 de febrero de 1887).

109 AAM, 34B4/6, Superior Decreto del 13 de febrero de 1872.

110 AAM, 3B6/4, circular del 22 de agosto de 1882. La ejecución de estas medidas dio lugar a algunos incidentes.

111 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 10 de noviembre de 1887.

112 Circular de la Dirección General de Administración Civil, del 4 de noviembre de 1887 en Rodríguez Berriz, Diccionario Administración Filipinas, t. IV, pp. 297-298; Navasquillo Sarrión, inédita, pp. 525-526; Blanco Andrés, 2017.

113 Esta circular está reproducida en Pilar, Escritos, pp. 288-289.

114 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al gobernador general, 6 de marzo de 1888.

115 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al cura de Binañgonan de Lampón (distrito de La Infanta), 23 de noviembre de 1887; carta del arzobispo al cura de Cainta, 14 de diciembre de 1887. Son muchas las cartas de esta índole en este expediente y el gobernador de la provincia de que se trataba, a menudo, estaba informado de la intervención del arzobispo.

116 Véase la contribución de María Dolores Elizalde en este libro.

117 «Por el Ex-Director de Administración Civil Sr. Quiroga. Discurso pronunciado en el banquete dado en el Hotel Internacional», López Jaena, Discursos y artículos varios, pp. 46-49, véase asimismo p. 196 y 199, y Pilar, Escritos, p. 6. Sobre el anticlericalismo y la voluntad secularizadora de parte de las élites filipinas, véase la contribución de Filomeno Aguilar en este libro.

118 Véase el ejemplo de Malolos entre los años 1884 y 1887 en Schumacher, 1973, pp. 96-97. Sobre la intromisión del clero en las elecciones locales, véase Inarejos, 2011, 2012, 2013.

119 Schumacher, 1973, pp. 100-101.

120 AAM, 34B4/2.

121 A mediados de la década de 1850, en la provincia de Bataán ya se había producido esta amenaza (AAM, 34B4/1, carta del arzobispo al gobernador general, 6 de noviembre de 1854).

122 Véase, por ejemplo, el informe de traslado del cementerio de Balanga en 1896 (AAM, 34B4/1).

123 NAP, Cementerios, respuestas de los gobernadores y síntesis, 19 de febrero de 1890.

124 Boletín Eclesiástico, n.o 8, 23 de febrero de 1890 y AAM, 34B4/6, las respuestas se conservan en este legajo.

125 «Inspirados en el deseo común de promover la gloria de Dios y bien de las Almas, y de obviar inconvenientes que se oponen a la mejor administración parroquial, y de quitar del medio pretextos que en nuestros tiempos revueltos se invocan para zaherir al clero y Corporaciones religiosas» (AAM, 2A3/2).

126 En nuestra documentación, no aparece ningún indicio que haga pensar que el clero regular peninsular y el clero secular filipino discreparan sobre la cuestión de los cementerios.

127 Este monumental cementerio «modelo» de 140 metros de fachada, de estilo ecléctico, fue edificado bajo la dirección del cura agustino Fernando Llorente y Santos.

128 Véase la contribución de Adriam Camacho Domínguez en este libro.

129 AAM, 2A2/7, carta del arzobispo al cura de Morong, 3 de septiembre de 1888.

130 AAM, 2A2/6, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.

131 NAP, Cementerios, corregidor V, carta de Vicente Barrantes al gobernador general, 29 de agosto de 1883; AHN, Ultramar, leg. 501, exp. 5, informe de Francisco de Paula Rodoreda, 15 de marzo de 1881. Con el fin de evitar que las familias pobres se deshiciesen discretamente de los cuerpos, el arzobispo y la municipalidad se pusieron de acuerdo para limitar el importe de sus derechos respectivos.

132 NAP, Cementerios, informe de la Subdelegación de Medicina y Cirugía, 19 de julio de 1883 e informe del consejero Luis R. de Elizalde, 21 de mayo de 1884.

133 AAM, 34B4/3 y 34B4/4.

134 Estadística elaborada a partir del Boletín de Estadística de la Ciudad de Manila, Chofre y Cía., de julio de 1895 a junio de 1896.

135 Aries, 1977, pp. 479-484.

136 Huetz de Lemps, 2017.

137 Exceptuando el expediente de 1867, he encontrado una única referencia a la legislación funeraria vigente en Cuba en la correspondencia de los arzobispos con los gobernadores generales de Filipinas: AAM 2A2/6, Libro de Gobierno Eclesiástico 1884-1889, correspondencia con el Vice-Real Patrono, carta del arzobispo al gobernador general, 20 de febrero de 1884.

138 AHN, Ultramar, leg. 4677, exp. 28. Quedo muy agradecido a Adrian Camacho por haberme proporcionado una copia de este importante expediente.

139 AAM, 34B4/7, carta del 3 de diciembre de 1900. La carta está dirigida a Chapelle, arzobispo y delegado apostólico en Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas.

140 AAM, 34B4/1, 7 y 8.

141 Algunos datos en Dakudao, 1992, pp. 144-146.

Table des illustrations

Titre Fig.1. — Vista del cementerio municipal de Paco (El Oriente, año I, n.o 6, 1875).
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 762k
Titre Fig.2. — Estela funeraria de Jacobo Zóbel, iglesia de San Agustín, Manila (fotografía: Xavier Huetz de Lemps).
Crédits © Xavier Huetz de Lemps
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 2,0M
Titre Fig. 3. — Plano del cementerio proyectado para el pueblo-parroquia de Obando (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 1).
Crédits © Archdiocesan Archives of Manila
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 612k
Titre Fig. 4. — Plano y perfil del proyecto de cementerio octogonal para el pueblo-parroquia de Bocaue (provincia de Bulacán), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).
Crédits © Archdiocesan Archives of Manila
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 1,3M
Titre Fig. 5. — Plano de un humilde cementerio, con cerca y capilla de materiales ligeros, proyectado para el pueblo-parroquia de Cabiao (provincia de Nueva Écija), 1848 (AAM, Box 34B4, folder 2).
Crédits © Archdiocesan Archives of Manila
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 449k
Titre Fig. 6. — Bendición del cementerio de Janiuay (provincia de Iloilo) por el arzobispo de Manila en 1885 (La Ilustración española y americana, año XXIX, n.o 35, 22 de septiembre de 1885, p. 164).
Crédits Grabado de fotografía directa: Sr. Pertierra © Biblioteca Nacional de España, Madrid
URL http://books.openedition.org/cvz/docannexe/image/6362/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 60k

© Casa de Velázquez, 2018

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